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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-24-000-2022-00198-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2022-00198-00

Fecha
30 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2022-00198-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR la nulidad del artículo primero de la Resolución núm. R-857 de 20 de septiembre de 2019, “Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado y posgrado”, expedida por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, respecto de la señora KELLY ALEJANDRA MEDINA MONCAYO. SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acta de grado acta de grado núm. 55 de 4 de octubre de 2019 y del diploma núm. 1910-19 de 4 de octubre de 2019, expedidos por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, a través de los cuales se le otorgó el título de abogada a la señora KELLY ALEJANDRA MEDINA MONCAYO. TERCERO: INSTAR a la institución académica para que, en el marco de su autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 47 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00198-00 Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA regulan, adopte las medidas que estime pertinentes a fin de evaluar si la señora KELLY ALEJANDRA MEDINA MONCAYO estaría en condiciones de culminar el proceso de graduación con la acreditación de los requisitos que le hacen falta para optar por el título de abogada. CUARTO: COMPULSAR copia de la presente decisión a la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, con miras a que ejerza sus competencia legales y reglamentarias tendientes a vigilar que la parte actora subsane los problemas de gestión documental que afronta. QUINTO: Por la Secretaría PONER EN CONOCIMIENTO de la Unidad de Registro Nacional de Abogados (URNA) del Consejo Superior de la Judicatura la presente providencia, para los fines que estime pertinentes, y teniendo en cuenta la eventual configuración de una de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo de inscripción de la tarjeta profesional de abogada de la señora KELLY ALEJANDRA MEDINA MONCAYO. SEXTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 48 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00198-00 Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2022-00198-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

30 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00198-00
Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

TESIS: LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS, POR MEDIO DE
LOS CUALES LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA OTORGÓ EL TÍTULO
PROFESIONAL, ESTÁN VICIADOS DE NULIDAD POR EXPEDIRSE SIN
EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE GRADO PREVISTOS EN
EL REGLAMENTO DE DICHA INSTITUCIÓN.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la

UNIVERSIDAD DEL CAUCA1, tendiente a que se declare la nulidad

del artículo 1° (parcial) de la Resolución núm. R-857 de 20 de

septiembre de 2019, “Por la cual se confieren unos títulos

académicos a estudiantes de pregrado y posgrado”, del acta de

1
En adelante la UNIVERSIDAD.

2

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00198-00
Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

grado núm. 55 de 4 de octubre de 2019 y del diploma núm. 1910-19

de 4 de octubre de 2019, actos por medio de los cuales otorgó el título

de abogada a la señora KELLY ALEJANDRA MEDINA MONCAYO.

I.- LA DEMANDA

I.1. LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, por conducto de apoderada

judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad, previsto en el

artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo -CPACA-, presentó demanda ante esta

Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

“[…] 4.1. Declárese la nulidad parcial del artículo primero de la
Resolución No. R-857 de 20 de septiembre de 2019, en concreto el
aparte que confiere a la señora KELLY ALEJANDRA MEDINA
MONCAYO, identificada con la cédula de ciudadanía No.
1.061.703.801, expedida en Popayán – Cauca, el título de
abogada.

4.2. Declárese la nulidad del Acta de Grado No. 55 de 04 de octubre
de 2019 - 025989 y el Diploma No. 1910-19 de 04 de octubre de
2019, actos administrativos con los cuales la Universidad del Cauca
materializa parcialmente lo dispuesto en el artículo primero de su
Resolución No. R- 857 de 2019 y otorga el título de Abogada a la
señora KELLY ALEJANDRA MEDINA MONCAYO, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 1.061.703.801, expedida en Popayán –
Cauca.

4.3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene
la cancelación de la Tarjeta Profesional de Abogada No. 337.211,
otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura a la señora KELLY
ALEJANDRA MEDINA MONCAYO, identificada con la cédula de
ciudadanía No 1.061.703.801, expedida en Popayán – Cauca […]”.

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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los

siguientes:

1°. Sostuvo que la UNIVERSIDAD es una institución de educación

superior del orden nacional, vinculada al Ministerio de Educación

Nacional, que cuenta con nueve (9) facultades, entre ellas, la Facultad

de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, a través de la cual ha ofertado

el programa de pregrado de Derecho.

2°. Adujo que para la fecha en que la señora KELLY ALEJANDRA

MEDINA MONCAYO2 se matriculó en el programa de Derecho, esto

es, en el segundo semestre del año 2005, la UNIVERSIDAD tenía

previsto como requisito de grado la presentación y aprobación de

exámenes preparatorios, al igual que la prueba de suficiencia de idioma

extranjero – PSI, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo

Académico núm. 014 de 3 de noviembre de 2004, “Por el cual se

Modifica parcialmente el Plan de estudios del Programa de

Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y

Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”.

3°. Señaló que el Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas

y Sociales, con base en la información registrada en el Sistema

2
Tercero con interés directo en las resultas del proceso.

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Integrado de Matrícula y Control Académico -SIMCA-, expidió paz y

salvo académico a favor de la estudiante KELLY ALEJANDRA

MEDINA MONCAYO quien, dentro de la oportunidad otorgada por la

Secretaría General, presentó la documentación exigida para el

otorgamiento del título de abogada a fin de ser incluida en la ceremonia

colectiva de graduación que tuvo lugar el 4 de octubre de 2019, en la

cual recibió el diploma correspondiente.

4°. Aseveró que el rector de la UNIVERSIDAD, mediante la Resolución

núm. 695 de 30 de julio de 2019, conformó un equipo de seguimiento

y apoyo a la mejora de los procedimientos académicos administrativos

de registro de exámenes preparatorios del programa de derecho, con

el propósito de verificar posibles irregularidades que se habrían

presentado en el registro de tales exámenes.

5°. Lo anterior, con fundamento en una denuncia anónima recibida en

el correo electrónico de la Institución y en el escrito presentado por

uno de los docentes de la UNIVERSIDAD, en los que se informaba

que a varios estudiantes se les registraron como aprobados los

exámenes en el SIMCA, a pesar de que no los habían superado.

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6°. Indicó que, en cumplimiento de la tarea encomendada por el Rector

de la UNIVERSIDAD, el equipo constituido mediante la Resolución

núm. 695 de 2019 procedió a analizar la información consignada en el

SIMCA, en relación con la inscripción, calificación y registro de

exámenes preparatorios de estudiantes, egresados y graduados desde

el año 2015, confrontando dicha información con los respectivos

soportes físicos que reposaban en el expediente de la correspondiente

historia académica.

7°. Señaló que respecto de la situación académica de la señora KELLY

ALEJANDRA MEDINA MONCAYO se advirtió que, según la

información registrada en el SIMCA, habría presentado y aprobado los

siete (7) exámenes preparatorios exigidos por el reglamento; sin

embargo, corroborado dicho reporte con el expediente de la historia

académica, pudo advertir que la graduada solo había aprobado tres (3)

exámenes, quedando pendiente de aprobación los correspondientes a

las áreas de derecho penal, derecho administrativo, derecho

constitucional y derecho de familia, al igual que la prueba de suficiencia

en idioma extranjero.

8°. Destacó que la UNIVERSIDAD desconoce el medio o mecanismo

utilizado por la señora MEDINA MONCAYO para obtener el registro

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de notas aprobatorias, sin haber superado los respectivos exámenes,

situación que fue puesta en conocimiento de las autoridades

competentes.

9°. Finalmente, mencionó que los actos acusados de nulidad se

expidieron bajo el supuesto de que la señora KELLY ALEJANDRA

MEDINA MONCAYO había cumplido con todos y cada uno de los

requisitos previstos para que se le otorgara el título de abogada.

I.3.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

La parte actora sostuvo que los actos acusados de nulidad incurren en

las causales de falsa motivación y expedición irregular, pues vulneran

los artículos 6º, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución

Política; la Ley 30 de 1992; los artículos 3º, 6º y 137 de la Ley 1437

de 2011; y los acuerdos núms. 027 de 28 de septiembre de 2000, “Por

medio del cual se modifica el componente de segunda lengua o

lengua extranjera en los programas de pregrado que ofrece la

Universidad del Cauca, para quienes ingresen a partir del

segundo periodo académico de 2000”; 009 de 5 de octubre de

2005, “Mediante la cual se aclara la exigencia de la Prueba de

Suficiencia en Idioma Extranjero PSI, como requisito de grado

para los estudiantes de Pregrado de la Universidad del Cauca”;

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015 de 2 de noviembre de 2011, “Mediante el cual se modifica el

Acuerdo No. 005 de 2006 donde se unifican las condiciones y

características de la participación de los estudiantes de los

programas de pregrado, en el Programa de Formación en

idiomas – PFI y los requisitos y procedimientos para la

presentación de la Prueba de Suficiencia de Idioma Extranjero

– PSI”; y el Acuerdo núm. 014 de 3 de noviembre de 2004, “Por el

cual se Modifica parcialmente el Plan de estudios del Programa

de Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y

Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”, en concordancia

con el Acuerdo 001 de 4 de diciembre de 2014, “Por el cual se adopta

el reglamento de preparatorios del Plan de Estudios del

programa de Derecho”.

Respecto de la transgresión de las normas antes citadas, indicó que “la

presentación y aprobación de la totalidad de la totalidad de los

exámenes preparatorios constituye una condición o requisito sin el cual

el estudiante del Programa de Derecho de la Universidad del Cauca, no

tendría el derecho a que se le confiera el título de abogado y, de

otorgarse sin el cumplimiento de ese requisito de grado, dicho título

deberá ser dejado sin efectos, tal y como lo ha entendido y dispuesto

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la Honorable Corte Constitucional en su Sentencia de Unificación SU-

783 de 2003”.

Aseveró que la señora KELLY ALEJANDRA MEDINA MONCAYO no

cumplió con los requisitos exigidos por la ley y los reglamentos internos

de la UNIVERSIDAD para que se otorgue el título de abogada, pues

de acuerdo con las pruebas recaudadas por el equipo de seguimiento

se pudo establecer que la graduada no aprobó los exámenes

preparatorios de las áreas de derecho penal, derecho administrativo,

derecho constitucional y derecho de familia, al igual que la prueba de

suficiencia en idioma extranjero - PSI.

II.- TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL

II.1. Admisión. Mediante proveído de 1o. de abril de 20223 se admitió

la demanda de la referencia y se ordenó vincular a la señora KELLY

ALEJANDRA MEDINA MONCAYO, en calidad de tercero con interés

directo en las resultas del proceso.

3
Visible en el índice núm. 4 del expediente digital.

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II.2. Medida cautelar. Con la demanda, la actora solicitó la medida

de suspensión provisional de los efectos de los actos acusados, a la

cual se accedió mediante proveído de 26 de agosto de 20224.

II.3.- Contestación

II.3.1. La señora KELLY ALEJANDRA MEDINA MONCAYO, en

calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso,

contestó la demanda5 y manifestó que las presuntas fallas que alega

la demandante como fundamento de nulidad de los actos acusados,

son exclusivamente atribuibles a las actuaciones desplegadas por la

institución universitaria, por lo que en este caso debe prevalecer el

principio de la buena fe, teniendo en cuenta que no participó en la

producción de los actos administrativos que se demandan.

Sostuvo que las pruebas aportadas al proceso no permitían inferir la

existencia de actos contrarios a ley y las buenas costumbres, pues “de

los hechos y pruebas aportadas con la demanda solo es posible inferir

que la Universidad del Cauca no ha cumplido con su deber de

administrar, proteger, guardar y custodiar adecuadamente sus

archivos”.

4
Visible en el índice núm. 31 del expediente digital.
5
Visible en el índice núm. 18 del expediente digital.

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Adujo que los actos administrativos acusados de nulidad estaban

conforme a la ley, pues cumplió con los requisitos exigidos por la

UNIVERSIDAD para obtener el título de abogada, lo cual se podía

corroborar con la expedición del respectivo paz y salvo académico.

Señaló que el informe que aportó la UNIVERSIDAD con la demanda

no acreditaba el incumplimiento de los requisitos de grado, pues

obedeció a una actuación selectiva en contra del tercero con interés

directo en las resultas del proceso, el cual desconoció el límite

temporal que previó la Resolución núm. 695 de 2019. Finalmente,

sostuvo que la demandante no le notificó las inconsistencias en su

historial académico.

II.4. El Despacho Sustanciador mediante proveído de 23 de septiembre

de 20226 prescindió de realizar la audiencia inicial establecida en el

artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182A

del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, fijó el

litigio7 y resolvió sobre las pruebas aportadas y solicitadas por las partes.

6
Visible en el índice núm. 39 del expediente digital.
7
El litigio se fijó en los siguientes términos:

“[…] Siendo ello así, es menester resaltar que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la
contestación de la misma, consiste en determinar si la Resolución núm. R-857 de 20 de septiembre de 2019,
“Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado y posgrado”, y el
acta de grado núm. 55 de 4 de octubre de 2019, expedidas por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA,
desconocieron o no los artículos 6º, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política; los artículos
3º, 6º y 137 de la Ley 1437 de 2011; y los acuerdos núms. 027 de 28 de septiembre de 2000, “Por medio
del cual se modifica el componente de segunda lengua o lengua extranjera en los programas
de pregrado que ofrece la Universidad del Cauca, para quienes ingresen a partir del segundo

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En auto de 2 de junio de 20238, se decidió correr traslado a las partes

y al Ministerio Público, para que presentaran sus alegatos de

conclusión.

II.5. Alegatos de conclusión

II.5.1- La UNIVERSIDAD9 efectuó un recuento de lo reseñado en el

libelo introductorio e insistió en que se debe acceder a las pretensiones

de la demanda porque dentro del proceso está acreditado que la señora

KELLY ALEJANDRA MEDINA MONCAYO incumplió con el requisito

de presentar y aprobar los exámenes preparatorios de las áreas de

derecho penal, derecho administrativo, derecho constitucional y

derecho de familia, al igual que la prueba de suficiencia en idioma

extranjero - PSI.

periodo académico de 2000”, 009 de 5 de octubre de 2005, “Mediante la cual se aclara la exigencia
de la Prueba de Suficiencia en Idioma Extranjero PSI, como requisito de grado para los
estudiantes de Pregrado de la Universidad del Cauca”, 015 de 2 de noviembre de 2011, “Mediante
el cual se modifica el Acuerdo No. 005 de 2006 donde se unifican las condiciones y
características de la participación de los estudiantes de los programas de pregrado, en el
Programa de Formación en idiomas – PFI y los requisitos y procedimientos para la presentación
de la Prueba de Suficiencia de Idioma Extranjero – PSI”; y el Acuerdo núm. 014 de 3 de noviembre
de 2004, “Por el cual se Modifica parcialmente el Plan de estudios del Programa de Derecho, de
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”,
en concordancia con el Acuerdo 001 de 4 de diciembre de 2014, “Por el cual se adopta el reglamento
de preparatorios del Plan de Estudios del programa de Derecho”, conforme a lo expuesto por la parte
actora en el índice núm. 2 del expediente digital y a lo indicado por el tercero con interés directo en las resultas
del proceso en escrito obrante en el índice núm. 18 del expediente digital […]”.

8
Visible en el índice núm. 61 del expediente digital.
9
Visible en el índice núm. 72 del expediente digital.

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II.5.2- La señora KELLY ALEJANDRA MEDINA MONCAYO10 sostuvo

que no se demostró el incumplimiento de los requisitos de grado, ni

que hubiere actuado de forma dolosa o inducido a error a la

UNIVERSIDAD, pues lo que se acreditó fue la inadecuada gestión

documental de la demandante.

Adujo que no se desvirtuó su presunción de buena fe, además de que

tampoco se podía descartar que las inconsistencias expuestas en la

demanda obedecieran a un manejo inadecuado de los archivos,

documentos y bases de datos de la UNIVERSIDAD.

III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

III.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución

Política y teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo 149 del CPACA

y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, la Sección Primera del

Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la

referencia.

10
Visible en el índice núm. 71 del expediente digital.

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III.2. Los actos acusados

En el caso en concreto, la UNIVERSIDAD solicitó la nulidad del artículo

primero de la Resolución núm. R-857 de 20 de septiembre de 2019,

respecto del título de abogada que se le otorgó a la señora KELLY

ALEJANDRA MEDINA MONCAYO, la cual establece:

“[…] RESOLUCIÓN NÚMERO R-857 DE 2019
(20 de septiembre)

Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de
pregrado y posgrado.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA en uso de sus
facultades legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO

Los graduandos de pregrado y posgrado de la Universidad del
Cauca solicitan a la Rectoría se les confiera el título
correspondiente.

Para optar al título respectivo los graduandos cumplieron con todos
los requisitos de Ley y los exigidos por cada unidad académica y
demás instancias administrativas universitarias.

(…)

En mérito de lo expuesto

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: La Universidad del Cauca en nombre de la
República de Colombia y por autorización del Ministerio de
Educación Nacional, en atención a que los graduandos cumplieron
con los requisitos de Ley y los reglamentarios de la Institución, les
confiere el título de:

(...)

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

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(…)

ABOGADA (O)

KELLY ALEJANDRA MEDINA MONCAYO
CC. (…) de POPAYÁN […]”.

De igual forma, la demandante solicitó la nulidad del acta de grado

núm. 55 de 4 de octubre de 2019, en la que se indicó lo siguiente:

“[…] ACTA DE GRADO No. 55 del 4 de octubre de 2019

En Popayán, Capital del Departamento del Cauca, República de
Colombia, a las 3:30 p.m., del día viernes cuatro (4) de octubre de
dos mil diecinueve (2019) y en cumplimiento de la Resolución R-
857 del 20 de septiembre de 2019 expedida por la Rectoría de la
Alma Máter, se realizó un acto solemne de grado en el Paraninfo
Francisco José de Caldas, para la entrega de títulos conferidos por
la Universidad del Cauca. La Secretaria General, una vez instalada
la Ceremonia, lee la resolución afirmando que la graduanda ha
cursado y aprobado el plan de estudios con la intensidad horaria
requerida y cumple con los requisitos legales y reglamentarios. El
Rector le toma el Juramento y le otorga el título de:

ABOGADA
A:
KELLY ALEJANDRA MEDINA MONCAYO
CC. (…) de POPAYÁN

El diploma acredita su idoneidad para ejercer la profesión de
Abogada

Se registra en el Libro de Diplomas No. 083; Folio No: 1910;
Diploma No: 1910-19

La ceremonia finaliza a la(s) 4:30 p.m.

Para constancia se expide la presente Acta de Grado. (Firmado)
JOSE LUIS DIAGO FRANCO – Rector; EDGAR CAMACHO GODOY –
Decano Encargado de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales; LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS – Secretaria
General.

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Se expide en Popayán, Ciudad Universitaria, a cuatro (4) de
octubre de dos mil diecinueve (2019).

LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS
Secretaria General […]”.

Por último, se pretende la nulidad del diploma núm. 1910-19 de 4 de

octubre de 2019, en el que se lee:

“[…] La UNIVERSIDAD DEL CAUCA en nombre de la REPÚBLICA
DE COLOMBIA y por autorización del Ministerio Educación
Nacional, en la atención a que KELLY ALEJANDRA MEDINA
MONCAYO (…) ha cumplido con todos los requisitos legales y
estatutarios le otorga el título de ABOGADA con todos los
derechos, privilegios y dignidades que la facultan para el ejercicio
profesional. Popayán, 4 de octubre de 2019. Registrado en el Libro
de Diplomas No. 083, Folio No. 1910, Diploma No. 1910-19 […]”.

III.3. Problema jurídico

El asunto por dilucidar se centra en establecer la legalidad del artículo

1° (parcial) de la Resolución núm. R-857 de 20 de septiembre de 2019,

“Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes

de pregrado y posgrado”, del acta de grado núm. 55 de 4 de octubre

de 2019 y del diploma núm. 1910-19 de 4 de octubre de 2019, actos

por medio de los cuales la UNIVERSIDAD DEL CAUCA otorgó el título

de abogada a la señora KELLY ALEJANDRA MEDINA MONCAYO.

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A juicio de la demandante, los actos acusados vulneran los artículos

6º, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política; la

Ley 30 de 1992; los artículos 3º, 6º y 137 de la Ley 1437 de 2011; y

los acuerdos núms. 027 de 28 de septiembre de 2000, “Por medio del

cual se modifica el componente de segunda lengua o lengua

extranjera en los programas de pregrado que ofrece la

Universidad del Cauca, para quienes ingresen a partir del

segundo periodo académico de 2000”; 009 de 5 de octubre de

2005, “Mediante la cual se aclara la exigencia de la Prueba de

Suficiencia en Idioma Extranjero PSI, como requisito de grado

para los estudiantes de Pregrado de la Universidad del Cauca”;

015 de 2 de noviembre de 2011, “Mediante el cual se modifica el

Acuerdo No. 005 de 2006 donde se unifican las condiciones y

características de la participación de los estudiantes de los

programas de pregrado, en el Programa de Formación en

idiomas – PFI y los requisitos y procedimientos para la

presentación de la Prueba de Suficiencia de Idioma Extranjero

– PSI”; y el Acuerdo núm. 014 de 3 de noviembre de 2004, “Por el

cual se Modifica parcialmente el Plan de estudios del Programa

de Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y

Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”, en concordancia

con el Acuerdo 001 de 4 de diciembre de 2014, “Por el cual se adopta

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el reglamento de preparatorios del Plan de Estudios del

programa de Derecho”.

El fundamento de la demanda descansa en que la graduada no cumplió

con los requisitos previstos en el reglamento de la UNIVERSIDAD

para optar por el título de abogada, en tanto omitió la presentación y

aprobación los exámenes preparatorios de las áreas de derecho penal,

derecho administrativo, derecho constitucional y derecho de familia, al

igual que la prueba de suficiencia en idioma extranjero - PSI.

Por su parte, el tercero con interés directo en las resultas del proceso

alegó que no está acreditado el incumplimiento de los requisitos para

optar por el título de abogada; y que no se advierte la vulneración de

normas superiores, sino un desorden administrativo por parte del ente

universitario y que se debe garantizar el postulado de la buena fe,

puesto que no hay pruebas que demuestren un actuar fraudulento.

Para resolver lo planteado, la Sala abordará el estudio de los siguientes

asuntos: (i) la autonomía universitaria; (ii) los requisitos de grado de

los programas universitarios; (iii) el principio de la buena fe; y (iv) la

solución del caso concreto.

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(i) La autonomía universitaria

El artículo 69 Superior establece el principio de la autonomía

universitaria en los siguientes términos:

“[…] Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las
universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus
propios estatutos, de acuerdo con la ley.

La ley establecerá un régimen especial para las universidades
del Estado.

El Estado fortalecerá la investigación científica en las
universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones
especiales para su desarrollo.

El Estado facilitara mecanismos financieros que hagan posible
el acceso de todas las personas aptas a la educación superior
[…]”.

El mencionado principio constitucional garantiza que las universidades

impartan la enseñanza sin interferencias públicas ni privadas, así como

también les permite la gestión independiente de sus asuntos

administrativos y académicos.

La Corte Constitucional definió la autonomía universitaria como la “[…]

capacidad de autoregulación filosófica y de autodeterminación

administrativa [en virtud de la cual] cada institución universitaria ha

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de contar con sus propias reglas internas (estatutos), y regirse

conforme a ellas […]”11.

También la jurisprudencia de la Corporación ha sostenido que el

principio constitucional de la autonomía universitaria tiene por finalidad

garantizar que la enseñanza que se imparta en dichos centros

educativos esté alejada de cualquier tipo de intervención del poder

político y, asimismo, asegurar que se respete la libertad de acción de

dichas instituciones, con los límites que establezca la ley. En este

sentido, la Sección Segunda mencionó:

“[…] La autonomía de que trata el artículo 69 constitucional
tiene como finalidad garantizar que la enseñanza que se
imparta en dichos centros educativos esté alejada de cualquier
tipo de intervención del poder político en todos sus ámbitos:
ideológico, administrativo o financiero[12]. En otros términos,
busca el respeto en la libertad de actuar de dichas instituciones.

Lo anterior no significa que las universidades, aun cuando son
entes autónomos, puedan desligarse por completo del Estado,
en la medida que al pertenecer a un estado de derecho están
sometidas también al régimen constitucional y a las leyes.[13]

En ese sentido, la autonomía no es absoluta y el legislador
puede determinar límites a esa libertad de acción a través de
la ley, siempre que estos no se extiendan hasta desvirtuarla o
impedir su ejercicio [14][…]”.15

11
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 1999, M.p. Alejandro Martínez Caballero.
[12] Corte Constitucional, sentencia T-492 del 12 de agosto de 1992, M.p., José Gregorio Hernández
Galindo.
[13] Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 26 de marzo de 2014, número de
radicado 11001 03 06 000 2014 00026 00.
[14] Sentencia C-220 del 29 de abril de 1997, M.p., Fabio Morón Díaz.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 2 de diciembre de 2021, número único de radicación
25000-23-42-000-2017-05197-02 (0711-21), C.p. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS.

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La Ley 30 de 28 de diciembre de 199216 desarrolló el artículo 69

Superior y dispuso que las universidades públicas pueden darse sus

propios estatutos, designar a las autoridades administrativas y

académicas, decidir sobre la creación y desarrollo de programas

académicos, definir y organizar labores formativas, académicas,

docentes, científicas y culturales, conferir los títulos a sus egresados y

seleccionar los profesores, admitir a los alumnos y adoptar sus

regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el

cumplimiento de su misión social y la función institucional.17

En este marco normativo, los entes universitarios están facultados para

adoptar las determinaciones que en su normativa interna garanticen

una mejor calidad de la educación y una óptima calidad de formación

de sus egresados.

(ii) Requisitos de grado de los programas universitarios

El artículo 29 de la Ley 30 de 1992, preceptúa:

“[…] Artículo 29. La autonomía de las instituciones
universitarias o escuelas tecnológicas y de las instituciones

16
“Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”.
17
Artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992.

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técnicas profesionales estará determinada por su campo de
acción y de acuerdo con la presente Ley en los siguientes
aspectos:

a) Darse y modificar sus estatutos.

b) Designar sus autoridades académicas y administrativas.

c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo
mismo que expedir los correspondientes títulos.

d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas,
docentes, científicas, culturales y de extensión.

e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus
alumnos.

f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes.

g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su
misión social y de su función institucional.

Parágrafo. Para el desarrollo de lo contemplado en los literales
a) y e) se requiere notificación al Ministro de Educación
Nacional, a través del Instituto Colombiano para el Fomento de
la Educación Superior (Icfes) […]” (Resaltado fuera del texto
original).

En relación con la fijación de los requisitos de grado que las

instituciones de educación pueden establecer en sus programas

académicos, la Corte Constitucional ha dicho:

“[…] [L]as universidades, orientadas por el propósito de garantizar
una óptima calidad de formación de sus egresados, pueden exigir
exámenes preparatorios, diferentes tipos de pruebas de
conocimiento, la realización de cursos especiales para la
profundización en determinados temas, o la demostración
satisfactoria del dominio de un idioma, como requisito de
grado, siempre y cuando sean razonables y respeten la
Constitución Política. Esta interpretación no es nueva, sino que
está explícita en la sentencia C-505 de 2001, la cual produce efectos
erga omnes desde la fecha en la que fue proferida.

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Esta potestad encuentra su sustento directo en la autonomía que
la Constitución les reconoce y en el deber institucional que la
misma les impone, lo cual es concordante con la función social que
conlleva la educación. En efecto, no sólo es deber de las instituciones
educativas graduar estudiantes, sino brindar a la sociedad
profesionales de óptimas calidades en virtud del riesgo social
que implica el ejercicio de profesiones como la abogacía
[…]”18. (Resaltado fuera del texto original).

Específicamente, en relación con los exámenes preparatorios para

optar por el título de abogado, la Corte, en la sentencia C-1053 de

2001, afirmó:

“[…] No obstante cabe precisar que los establecimientos educativos
que imparten formación a quienes aspiran a obtener el título de
abogado, pueden exigir los exámenes preparatorios u otros
requisitos distintos a los vigentes para otorgar el título de
abogado de acuerdo con sus planes de estudios, con miras al
cumplimiento de los objetivos y propósitos de los mismos, en
ejercicio de la autonomía universitaria que les reconoce artículo 69
constitucional […].”(Resaltado fuera del texto original)

De lo trascrito es posible afirmar que las universidades pueden incluir

en sus planes de estudio los exámenes preparatorios u otros requisitos

distintos, como la prueba de suficiencia de idioma extranjero – PSI,

para cumplir sus objetivos, de manera que el estudiante de derecho

que se matricule en la institución educativa que así lo prevea, adquiere

la obligación de acreditar dichos exámenes, para obtener su título

18
Sentencia SU-783 de 2003.

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profesional, dado que los reglamentos universitarios son normas

vinculantes para la comunidad educativa.

(iii) El principio de la buena fe

La Constitución Política, en su artículo 83, establece que “Las

actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán

ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas

las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”.

Respecto de dicho principio, la jurisprudencia de la Sección Primera ha

precisado que la presunción de buena fe no implica que las actuaciones

de los ciudadanos dejen de estar sujetas al cumplimiento de una serie

de requisitos indispensables para su ejecución, pues el obrar de buena

fe implica “que se haya realizado la actuación con la diligencia

debida”.19

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de diciembre
de 2017, número único de radicación 11001-03-24-000-2010-00120-00. C.p.: ROBERTO AUGUSTO
SERRATO VALDÉS.

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Por su parte, la Corte Constitucional se ha pronunciado en relación con

al significado, alcance y contenido de este postulado superior, en los

siguientes términos:

“[…] La Corte Constitucional ha considerado que en tanto la
buena fe ha pasado de ser un principio general de derecho para
transformarse en un postulado constitucional, su aplicación y
proyección ha adquirido nuevas implicaciones, en cuanto a su
función integradora del ordenamiento y reguladora de las
relaciones entre los particulares y entre estos y el Estado.[20]

En este orden de ideas la jurisprudencia constitucional ha
definido el principio de buena fe como aquel que exige a los
particulares y a las autoridades públicas ajustar sus
comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con
las actuaciones que podrían esperarse de una “persona
correcta (vir bonus)”[21]. En este contexto, la buena fe
presupone la existencia de relaciones reciprocas con
trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad y
credibilidad que otorga la palabra dada” [22]

En este sentido la Corte ha señalado que la buena fe es un
principio que “de conformidad con el artículo 83 de la Carta
Política se presume, y dicha presunción solamente se desvirtúa
con los mecanismos consagrados por el ordenamiento jurídico
vigente”[23].

Concretamente con respecto al contenido concreto del artículo
83 Superior, debe la Corte indicar que conforme con este (i) las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas
deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella
se presume en las actuaciones que los particulares adelanten
ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico
administrativas […]”24.

[20] Sentencia C-071 de 2004
[21] Sentencia T-475 de 1992
[22] Ibidem.
[23] Sentencia C-253 de 1996.
24
Corte Constitucional, Sentencia C-1194 de 2008. M.p. RODRIGO ESCOBAR GIL.

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De acuerdo con la jurisprudencia en comento, el obrar de buena fe

requiere que el particular haya tenido la debida diligencia en la

ejecución de la actuación ante la Administración, pues, en caso

contrario, no es factible derivar de una actuación negligente una

aplicación favorable a quien no ha cumplido con su deber.

(iv) La solución del caso concreto

Sea lo primero advertir que la Sala, en sentencia de 31 de julio de

202325, ya tuvo la oportunidad de resolver un caso de similares

supuestos fácticos y jurídicos al que se estudia, en el que la

UNIVERSIDAD DEL CAUCA demandó los actos mediante los cuales

había otorgado el título profesional de abogado a un estudiante

matriculado en el primer período académico del año 2013, como parte

de las acciones emprendidas por esa Institución para esclarecer los

hechos relacionados con denuncias anónimas y de algunos docentes

que daban cuenta de un procedimiento irregular en el proceso de

graduación, y que dieron lugar a que se iniciaran investigaciones

internas, así como por parte de la Fiscalía General de la Nación -

Dirección Seccional del Cauca, y de la Contraloría General de la

República.

25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2023, número único de radicación 11001-03-24-000-2020-00240-00, C.p. Roberto Augusto Serrato
Valdés.

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En esa oportunidad, la Sala estudió la exigibilidad de los exámenes

preparatorios en el reglamento interno de la UNIVERSIDAD y la

obligatoriedad del reglamento estudiantil para los estudiantes que se

matricularon por primera vez o reingresaron al programa de derecho a

partir del segundo período académico de 2011, y concluyó que tales

reglamentos académicos son normas vinculantes y de obligatorio

cumplimiento, a fin de acreditar los requisitos para que esa Institución

confiera válidamente el título de abogado.

En el presente asunto, la Sala advierte que si bien al tercero con interés

directo en las resultas del proceso no le resulta aplicable el Acuerdo

Académico núm. 02 de 17 de febrero de 2011, “Por el cual se adopta

la reforma curricular del Programa de Derecho que ofrece la

facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales”, dado que

ingresó al Programa de Derecho en el segundo semestre del año 2005,

es de precisar que la norma que la UNIVERSIDAD señaló como

transgredida es el Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de noviembre de

2004, “Por el cual se Modifica parcialmente el Plan de estudios

del Programa de Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias

Políticas y Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”,

expedido por el Consejo Académico, en el que se indicó lo siguiente:

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“[…] ARTÍCULO SEGUNDO: Para optar al Título de Abogado, el
estudiante deberá, además de cursar y aprobar las asignaturas del
plan de estudios, cumplir con los siguientes requisitos de grado:

a. Realizar la presentación de los exámenes preparatorios.
b. Presentar un trabajo de investigación o realizar una Práctica
Social denominada “Judicatura”.
c. Presentar examen de suficiencia en un idioma extranjero
[…]”. (Negrillas fuera del texto).

Lo anterior, en concordancia con el Acuerdo 001 de 29 de abril de 2010,

expedido por el Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y

Sociales de la UNIVERSIDAD, el cual estableció dentro del plan de

estudios la presentación de exámenes preparatorios así:

“[…] ARTÍCULO 2. Los exámenes preparatorios de grado se
deberán presentar en las siguientes ramas del Derecho.

1. DERECHO PÚBLICO I: Teoría del Estado I y II. Teoría de la
Constitución y Derecho Constitucional; Derecho
Constitucional Colombiano I, II, III.

2. DERECHO PÚBLICO II: Derecho Administrativo General,
Derecho Administrativo Colombiano I, II, III y Procedimiento
Administrativo.

3. DERECHO PENAL: Derecho Penal General I, II; Derecho
Penal Especial I, II y Derecho Procesal Penal I, II, III, Pruebas
Penales, Criminalística, Criminología.

4. DERECHO LABORAL: Derecho Laboral Individual, Derecho
Laboral Prestaciones, Derecho Laboral Colectivo, Derecho
Procesal Laboral, Derecho de la Seguridad Social.

5. DERECHO PRIVADO I: Derecho Privado I y Teoría del
Negocio Jurídico; Derecho de Familia I; Derecho de Familia II;
Derecho Privado V Sucesiones.

6. DERECHO PRIVADO II: Derecho Privado II Bienes, Derecho
Privado III Obligaciones; Derecho Privado IV Contratos.

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7. DERECHO PRIVADO III: Teoría General del Proceso;
Procesal Civil General; Derecho Probatorio; Derecho Procesal
Civil Especial I y II […]”.

Respecto de la presentación y aprobación de la prueba de suficiencia

en idioma extranjero – PSI, el Acuerdo Académico núm. 015 de 2 de

noviembre de 2011, “Mediante el cual se modifica el Acuerdo No.

005 de 2006 donde se unifican las condiciones y características

de la participación de los estudiantes de los programas de

pregrado, en el Programa de Formación en idiomas – PFI y los

requisitos y procedimientos para la presentación de la Prueba

de Suficiencia de Idioma Extranjero – PSI”, expedido por la

UNIVERSIDAD, la estableció como requisito para optar por un título

académico, en los siguientes términos:

“[…] Artículo 10: La Prueba de Suficiencia de Idioma Extranjero -
PSI es un examen que evalúa las habilidades comunicativas a nivel
básico y debe ser presentado y aprobado por los estudiantes de las
carreras profesionales, técnicas y tecnológicas establecido por la
Universidad como requisito para optar por el título de grado. La PSI
determina si el estudiante de la Universidad del Cauca posee
conocimientos básicos de un idioma extranjero que le permita
mayores y mejores relaciones internacionales así como también ser
más competitivo a nivel académico y laboral.

Artículo 11: La prueba de Suficiencia de Idioma Extranjero – PSI
se considera aprobada si:

a. El resultado del examen es igual o superior al 70%.
b. Si al cursar los cuatro niveles del Idioma extranjero escogido en
el PFI, el estudiante obtiene una nota promedio igual o superior a
3.5 (tres, cinco), ésta se homologará a la Prueba de Suficiencia y se
considerará cumplido el requisito de idioma extranjero. La

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homologación aplica independientemente si el estudiante pierde
alguno de los niveles, ya sea por faltas o por nota, o haya cancelado
alguno de los niveles en el término establecido para ello. Igualmente
el estudiante deberá cursar los 4 niveles sin interrupciones mayores
a 2 períodos lectivos en la Universidad del Cauca y aprobarlos con
una nota promedio igual o superior a 3.5 (tres, cinco).

Artículo 12: Quien sea beneficiario de Amnistía Académica o quien
re-ingrese a la Universidad después de la interrupción de sus
estudios, deberá acogerse al plan de estudios vigente al momento
de su reintegro y por tanto, satisfacer la totalidad de los requisitos
para optar al título correspondiente, entre ellos la presentación y
aprobación de la PSI […]”

En ese sentido, la Sala reitera lo que se consideró sobre el particular al

momento de resolverse la solicitud de medida cautelar, en los

siguientes términos:

“[…] La norma que la UNIVERSIDAD señaló como transgredida es
el Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de noviembre de 2004, “Por
el cual se Modifica parcialmente el Plan de estudios del
Programa de Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas y Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”,
expedido por Consejo Académico, en el que se indicó lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO SEGUNDO: Para optar al Título de Abogado, el
estudiante deberá, además de cursar y aprobar las asignaturas
del plan de estudios, cumplir con los siguientes requisitos de
grado:

a. Realizar la presentación de los exámenes
preparatorios.
b. Presentar un trabajo de investigación o realizar una Práctica
Social denominada “Judicatura”.
c. Presentar examen de suficiencia en un idioma extranjero […]”.
(Negrillas fuera del texto).

Por su parte, el Acuerdo 001 de 4 de diciembre de 2014, expedido
por el Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales de la UNIVERSIDAD, adoptó la reglamentación de los
exámenes preparatorios y estableció aspectos procedimentales
(físicos y tecnológicos) de obligatorio cumplimiento, los cuales

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permiten verificar desde diferentes mecanismos la presentación y
aprobación del requisito objeto de debate26.

De igual forma, el Reglamento Estudiantil (Acuerdo núm. 002 de
1988) reguló lo concerniente a la presentación de exámenes
preparatorios así:

“[…] 57. Los alumnos deben presentarse a todo examen en la
fecha y hora fijadas. Quienes por causa justificada no pudieren
presentarse, podrán solicitar examen supletorio cuando haya
lugar a ello, de acuerdo con el artículo 51 del presente
Reglamento.

La no presentación de un examen de acuerdo con el
procedimiento anterior, será calificada con nota cero
punto cero (0.0). De igual forma se calificará a quien se
ausente sin causa justificada durante el desarrollo de una
prueba.

58. Las notas de examen serán entregadas por el profesor en
la Secretaría Académica dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la fecha del examen. Estas notas serán publicadas.
Los estudiantes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes,
podrán hacer los correspondientes reclamos y pedir
correcciones. Cumplido lo anterior, el Decano podrá conceder
revisión de exámenes escritos por medio de un segundo
calificador, ante solicitud motivada del estudiante. En este caso
se considerará como calificación del examen la nota del segundo
calificador.

59. Vencido el término de publicación, las calificaciones
serán registradas y no podrán ser modificadas excepto en
casos de errores aritméticos o de trascripción. En este
evento deberá hacerse la salvedad correspondiente, con
la aclaración y la firma del Secretario Académico, previa
autorización del Consejo de Facultad.

60. Tendrán nota definitiva de cero punto cero (0.0) las
asignaturas matriculadas que no aparezcan calificadas o
canceladas en los libros de la Facultad.

26
Al respecto, el Acuerdo 001 dispuso lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 10. Los exámenes preparatorios se deben realizar en los recintos universitarios y
por profesores designados para tal efecto. No podrán realizarse exámenes preparatorios en
fechas distintas de las establecidas y por fuera de los turnos adjudicados en la Secretaría
General. En casos excepcionales se podrá programar el examen en otro lugar previa aprobación de la
Coordinación del programa y de la Secretaría General de la Facultad.

ARTÍCULO 11. Para autorizar la presentación del preparatorio será requisito indispensable la
previa cancelación de los derechos respectivos. […]”.

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61. Para presentar exámenes de habilitación, validación,
clasificación, supletorios o preparatorios es
indispensable- comprobar previamente ante la
Decanatura la cancelación de los derechos
correspondientes […]”. (Resaltado fuera del texto original).

Precisado el alcance de los reglamentos expedidos por la

UNIVERSIDAD, en torno a los requisitos de grado que le eran

exigibles a la señora KELLY ALEJANDRA MEDINA MONCAYO al

ingresar al Programa de Derecho en el segundo semestre del año 2005,

la Sala procede a resolver los cargos de nulidad formulados en la

demanda.

Alega la parte actora que la señora KELLY ALEJANDRA MEDINA

MONCAYO no cumplió con los requisitos exigidos por la ley y los

reglamentos internos de la UNIVERSIDAD para que se otorgue el

título de abogada, pues de acuerdo con las pruebas recaudadas por el

equipo de seguimiento se pudo establecer que la graduada no aprobó

los exámenes preparatorios de las áreas de derecho penal, derecho

administrativo, derecho constitucional y derecho de familia, al igual

que la prueba de suficiencia en idioma extranjero - PSI.

Ahora bien, en el expediente está acreditado que en el año 2019 la

UNIVERSIDAD DEL CAUCA confirió el título profesional de abogada

a la señora KELLY ALEJANDRA MEDINA MONCAYO, mediante la

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Resolución núm. R-857 de 20 de septiembre de 2019, el acta de grado

núm. 55 de 4 de octubre de 2019 y el diploma núm. 1910-19 de 4 de

octubre de ese mismo año.

Con ocasión de las irregularidades advertidas por la UNIVERSIDAD

en el proceso de graduación de los alumnos de la facultad de derecho,

esa institución expidió la Resolución núm. R-695 de 30 de julio de

2019, “Por la cual se conforma el equipo de seguimiento y apoyo

a la mejora de los procedimientos académico administrativos

de registro de exámenes preparatorios del programa de

Derecho de la Universidad del Cauca”.

El referido equipo de trabajo procedió a la verificación del cumplimiento

de los requisitos de grado de la señora KELLY ALEJANDRA MEDINA

MONCAYO, para lo cual tuvo en cuenta los siguientes documentos:

• Archivo de los registros de calificación de preparatorios en el
sistema SIMCA 2.0
• Reporte de pagos por concepto de preparatorios entregado por
la División de Gestión Financiera, según el sistema de recaudos
SQUID.
• La historia académica de la estudiante, suministrado por la
División de Admisiones, Registro y Control Académico.
• El archivo de gestión de la División de Admisiones, Registro y
Control Académico.

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• Los documentos facilitados por la Fiscalía General de la Nación –
Seccional Cauca.
• Los documentos remitidos por la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales.

Con fundamento en lo anterior, el Equipo de Seguimiento y Apoyo

entregó el informe de 22 de julio de 2021, en el que formuló las

siguientes conclusiones:

“[…] IV. CONCLUSIONES

1. El (La) señora (a) MEDINA MONCAYO KELLY ALEJANDRA,
identificada(a) con cédula de ciudadanía No. 1061703801 y código
estudiantil No. 01052073 adscrito(a) al programa de Derecho,
presenta siete (7) registros de preparatorios con nota aprobado (A)
en SIMCA 2.0, de los cuales una vez verificadas las diferentes
fuentes de información (registro informático y soportes físicos) se
estableció que, tres (3) de ellos cuentan con soporte documental en
la historia académica:

Preparatorio Procesal Civil
Preparatorio Bienes, Obligaciones y Contratos
Preparatorio Derecho Laboral

2. El preparatorio de Derecho Administrativo, registrado el 20 de
agosto de 2015 por el usuario DARCA “CLAUDIAPARRA”, el
preparatorio de Derecho Penal, el preparatorio de Derecho
Constitucional, el preparatorio de Derecho de Familia registrados el
09 de abril de 2019; por el usuario DARCA “GLORIA BELALCAZAR”,
en estado de aprobados, en los periodos académicos 2014.2, 2016.1
y 2018.1, carecen de evidencia física o documental en la hoja de
vida o historia académica del estudiante, esta última condición se
indica con una X en la columna “Sin soporte en hoja física”. Hecho
del que se deriva la imposibilidad de registrar información
relacionada con la “modalidad” que refiere a la forma de
presentación del preparatorio que puede ser escrito u oral; “fecha
de presentación” que alude al día, mes y año de presentación del
examen preparatorio; “calificación” que detalla la nota cualitativa
o cuantitativa que el estudiante obtuvo en el examen preparatorio.

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(…)

2. INFORME SOBRE EL REGISTRO INCONSISTENTE DE LA
PRUEBA DE SUFICIENCIA EN IDIOMA EXTRANJERO (PSI)
DE MEDINA MONCAYO KELLY ALEJANDRA

(…)

3. CONCLUSIÓN GENERAL

Revisados los elementos de cada una de las fuentes de información
se encuentra que el (la) señor (a) MEDINA MONCAYO KELLY
ALEJANDRA, identificado (a) con cédula de ciudadanía No.
1061703801 y código estudiantil No. 01052073 aparece en SIMCA
2.0 con PSI aprobatoria en 2016.1, con fecha de registro 8 de junio
de 2016; sin embargo:

1. No existe examen físico a nombre de MEDINA MONCAYO KELLY
ALEJANDRA, que dé cuenta de una nota aprobatoria en el primer
periodo académico de 2016, ni entre el rango de auditoría
adelantada por el Equipo de Seguimiento.

2. No aparece en la lista de admitidos para la presentación de la
PSI aplicada el 27 de mayo de 2016, ni durante el rango de
auditoria adelantada por el Equipo de Seguimiento; es decir, entre
2015 y 2019.1.

3. Aparece en la lista de resultados de las PSI aplicada el día 27
de mayo de 2016, con una calificación aprobatoria inconsistente
de setenta (70) puntos, sin que exista prueba física que
compruebe su nota de aprobado.

4. Su nombre está incluido en la comunicación del 03 de junio de
2016, mediante la cual desde el correo del PFI se remite a DARCA
la relación de estudiantes que el 27 de mayo de 2016 aprobaron
la PSI, asignándole un resultado aprobatorio de setenta puntos
(70), sin que exista prueba física que compruebe esta nota.

5. De la anterior comunicación, elaborada y remitida desde el PFI,
se deriva la creación del grupo clase, la inclusión del (de la) señor
(a) MEDINA MONCAYO KELLY ALEJANDRA en él y el posterior
registro de la calificación aprobatoria en el Sistema SIMCA 2.0.

En mérito de lo anterior, el registro aprobatorio de la prueba PSI
correspondiente al (la) señor (a) MEDINA MONCAYO KELLY
ALEJANDRA adscrito (a) al programa de Derecho, es inconsistente
en atención a que no cuenta con soporte documental que acredite
su presentación y no aprobatoria […]”.

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Se reitera que a la señora KELLY ALEJANDRA MEDINA MONCAYO

al ingresar al programa de Derecho en el período 2005-II, le era

exigible como requisito de grado para obtener el título académico de

abogada, la presentación y aprobación de exámenes preparatorios en

áreas de derecho, al igual que la prueba de suficiencia en idioma

extranjero – PSI, según lo previsto en los Acuerdos núms. 014 de 3 de

noviembre de 2004, 001 de 29 de abril de 2010 y 015 de 2 de

noviembre de 2011.

Del anterior recuento es dable concluir: (i) que la señora KELLY

ALEJANDRA MEDINA MONCAYO se matriculó al programa de

Derecho de la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, cuya reglamentación se

adoptó mediante el Acuerdo núm. 014 de 3 de noviembre de 2004; ii)

que el artículo 2º del referido Acuerdo, en concordancia con el artículo

2º Acuerdo 001 de 29 de abril de 2010, prevé como requisito para

obtener el título de abogada la aprobación de los exámenes

preparatorios; iii) que el Acuerdo Académico núm. 015 de 2 de

noviembre de 2011 prevé como requisito de grado la presentación y

aprobación de la prueba se suficiencia en idioma extranjero – PSI, iv)

que la estudiante únicamente superó satisfactoriamente tres (3) de los

siete (7) exámenes exigidos; (v) que la estudiante no acreditó la

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presentación y aprobación de la prueba de suficiencia en idioma

extranjero – PSI; y (vi) que la UNIVERSIDAD no podía conferirle el

título de profesional en derecho, contrariando su propio reglamento.

Significa lo anterior que le asiste razón a la demandante al endilgarle a

los actos acusados la violación de las normas superiores en que debían

fundarse, esto es, el Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de noviembre

de 2004, “Por el cual se Modifica parcialmente el Plan de

estudios del Programa de Derecho, de la Facultad de Derecho y

Ciencias Políticas y Sociales, establecido en el acuerdo 009 de

2003”, en concordancia con el Acuerdo 001 de 29 de abril de 2010,

“Por el cual se modifican, derogan y reforman los Acuerdos 003

de 2008, 001 de 1995 y 001 de 1991”, al igual que lo dispuesto en

el Acuerdo Académico núm. 015 de 2 de noviembre de 2011,

“Mediante el cual se modifica el Acuerdo No. 005 de 2006 donde

se unifican las condiciones y características de la participación

de los estudiantes de los programas de pregrado, en el

Programa de Formación en idiomas – PFI y los requisitos y

procedimientos para la presentación de la Prueba de Suficiencia

de Idioma Extranjero – PSI”.

iv.3. De los argumentos de la contestación

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El tercero con interés directo en las resultas del proceso, en su defensa,

argumenta que no está acreditado que no haya cumplido los requisitos

para optar por el título de abogada, pues, en su criterio, lo que se

observa es una “desorganización interna” que no le es imputable.

A juicio de la Sala, tal argumento queda desvirtuado con las diferentes

pruebas allegadas al proceso, que dan cuenta de que los actos

administrativos por medio de los cuales la UNIVERSIDAD DEL

CAUCA le confirió el título de abogada a la señora KELLY ALEJANDRA

MEDINA MONCAYO, están viciados de nulidad por violación de la

norma superior en que debían fundarse, esto es, de los acuerdos

académicos examinados.

En efecto, como quedó acreditado a partir de los registros de

calificación de preparatorios del sistema SIMCA 2.0, del reporte de

pagos por concepto de preparatorios entregado por la División de

Gestión Financiera, de la historia académica del estudiante,

suministrado por la División de Admisiones, Registro y Control

Académico y del archivo de gestión de la División de Admisiones,

Registro y Control Académico, la egresada KELLY ALEJANDRA

MEDINA MONCAYO, no reunía los requisitos legales y

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estatutarios para obtener el título profesional que le fue

otorgado.

Respecto de la presunción de buena fe de la actuación de la egresada,

conviene traer a colación lo indicado en el proveído que decretó la

medida cautelar del proceso:

“[…] Respecto del argumento de la señora KELLY ALEJANDRA
MEDINA MONCAYO relacionado con la aplicación del principio de
buena fe con el que actuó la UNIVERSIDAD al otorgarle el título
de abogada, es preciso traer a colación lo mencionado en el citado
auto de 10 de mayo de 202127, en el que la Sección indicó:

“121. Respecto de la petición del apoderado judicial del tercero
interesado enfocada a que prime y se aplique «el principio de la
buena» y, en consecuencia, se mantengan los efectos jurídicos de
los actos demandados, considera la Sala Unitaria que en el caso
que nos ocupa no se materializan los supuestos fácticos exigidos
para la aplicación del mismo.
(…)
124. Como puede observarse, en virtud del principio de buena
fe, nadie puede contravenir válidamente sus propios actos,
cuando tal comportamiento es objetivamente incompatible
con su conducta precedente.

125. La buena fe está entonces relacionada con la confianza
legítima que exige a las autoridades y a los particulares mantener
una coherencia en sus actos, respetar los compromisos adquiridos
y garantizar la estabilidad de las situaciones jurídicas, cuando no
se suscitan razones objetivas que justifiquen un cambio.
(…)
127. Obsérvese que, cuando la universidad demandante tuvo
conocimiento de los errores del registro calificativo que
fundamentaron su primera decisión, así como del consecuente
incumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 6° y 9°

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 10 de mayo de
2021, Rad. 11001-03-24-000-2020-00248-00, Cp. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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del Acuerdo Académico N° 02 de 2011, acertadamente acudió a
esta jurisdicción con el propósito de obtener el respectivo estudio
de legalidad.

128. Tal cuestionamiento de la legalidad de los actos acusados se
justifica si se tiene en cuenta que la decisión inicial de conferir el
título posee un vicio en el consentimiento, en virtud del cual es
posible contravenir el acto académico propio para garantizar el
respeto del ordenamiento superior.

129. Nótese que el tercero con interés, en la oportunidad conferida
para intervenir, no aportó ni solicitó la práctica de algún medio
probatorio (documental, testimonial, o pericial) que permita
deducir que sí aprobó los exámenes preparatorios de Derecho
Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Penal, Derecho de
Familia, Derecho Civil Bienes, Derecho Procesal Civil y Obligaciones
y Contratos.

130. Es importante traer a colación que en nuestro sistema jurídico
nadie puede obtener provecho de su propia culpa (nemo auditur
propriam turpitudinem allegans). De manera que el tercero
interesado conocía los requisitos que debía acatar y su silencio no
modifica las consecuencias de no haber aprobado toda la malla
curricular. El error de la institución educativa al momento de
verificar los registros calificativos no subsana la ausencia de los
requisitos académicos que debía cumplir el señor (…) para obtener
el título de abogado […]”. (Resaltado fuera del texto).

Es decir, que a pesar de que la señora KELLY ALEJANDRA MEDINA

MONCAYO alegó que su actuación fue de buena fe, lo cierto es que en

virtud de dicho principio “nadie puede contravenir válidamente sus

propios actos, cuando tal comportamiento es objetivamente

incompatible con su conducta precedente” 28.

28
Idem.

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En efecto, el comportamiento que le resultaba exigible a la estudiante,

una vez accedió al sistema de registro académico de la UNIVERSIDAD

para consultar sus notas, era el de informar oportunamente a las

autoridades educativas las incongruencias en sus resultados

académicos y no pretender beneficiarse indebidamente del desorden

administrativo, para obtener un título profesional sin el cumplimiento

de los requisitos legales exigidos.

Es importante destacar que el título profesional es el reconocimiento

expreso de carácter académico, otorgado a una persona natural, a la

culminación de un programa, por haber adquirido un saber

determinado en una Institución de Educación Superior29, y que,

además, el ejercicio de la profesión del derecho está estrechamente

ligado a la búsqueda del orden justo, como lo ha precisado la

jurisprudencia de la Corporación, teniendo en cuenta que “ […] la

abogacía tiene como función social la de colaborar con las autoridades

en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y

en la realización de una recta y cumplida administración de justicia

[…]”.

29
Ley 30 de 1992, artículo 24.

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A este respecto también se refirió la sentencia de 31 de julio de 2023

en comento, al indicar:

“[…] 162. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, la
profesión de abogado tiene las siguientes connotaciones sociales:

[…] mediante las sentencias de 1º de octubre de 199230 y del
18 de abril de 199731, el Consejo de Estado se encargó de
definir y dar alcance al concepto de “ejercicio de la profesión
de abogado”, así: “El ejercicio de la profesión de abogado es
una actividad que tradicionalmente, se ha: entendido en los
términos precisos de la definición contenida en el Diccionario
de la Real Academia de la lengua española, o sea `... defender
en juicio, por escrito o de palabra, los derechos e intereses de
los litigantes, también en dar dictamen sobre las cuestiones o
puntos legales que se le consultan`, es decir, actuar en defensa
de causas ajenas ante estrados judiciales, o emitir conceptos
jurídicos. Esta concepción tradicionalista por considerarse
reducida y estrecha, como bien lo observó la Sala en sentencia
del 1 de octubre de 1992 dictada en el expediente No. 0676,
ha venido evolucionando bajo la perspectiva jurisprudencial, en
la medida que el punto es materia de análisis, pues se
encuentra que son muchas las actividades comprendidas en
ese ejercicio que deben tenerse en cuenta para la acreditación
del requisito constitucional, quedando relegado el concepto de
vieja data que circunscribía al litigio. […]” (destaca el
Despacho).

163. De allí que quienes ejercen aquella profesión, están llamados
a cumplir los fines previstos en los artículos 1° y 2° del Decreto
196 de 1971, a saber:

Artículo 1. La abogacía tiene como función social la de
colaborar con las autoridades en la conservación y
perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la
realización de una recta y cumplida administración de
justicia.

Artículo 2. La principal misión del abogado es defender en
justicia los derechos de la sociedad y de los particulares.
También es misión suya asesorar, patrocinar y asistir a las

[30]Sección Quinta, Rad. 0676, actor: Héctor Rodríguez Cruz.
[31] Sección Quinta, Rad. No. 1628, actor: Iván Darío Gómez Lee.

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personas en la ordenación- y desenvolvimiento de sus
relaciones jurídicas.

164. Los entes universitarios, en este contexto, se convierten en el
primer rasero para que la ciudadanía pueda contar con servicios
profesionales con altos estándares de calidad, puesto que, al
conferir un título, el centro universitario certifica que formó a un
servidor de la justicia capaz de promover acciones individuales
y colectivas que respeten la ética y el fin social de su labor.

165. Por ello, antes de titular a un abogado(a), las universidades
deben verificar que ese estudiante cuente con las competencias
necesarias para ejercer su profesión con suficientes estándares
éticos y jurídicos, en el marco de los 21 deberes previstos en el
artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 […]”. (Resaltado fuera del texto
original)

Alega también el tercero que el Equipo de Seguimiento que conformó

la UNIVERSIDAD no era competente para determinar la validez de

los requisitos de grado y, por tanto, los resultados de su gestión no son

vinculantes, la Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse en los

siguientes términos32:

“[…] Aduce el señor (…) que el informe del equipo de seguimiento
no es vinculante, dado que no contó con su participación.

Al respecto, el Despacho precisa que tal informe no se elaboró
en el marco de un proceso sancionatorio, por lo que su traslado
y contradicción debe realizarse en las oportunidades previstas
para el efecto, en este proceso, esto es, en el traslado de la
medida cautelar, oportunidad en la que no se cuestionó la
veracidad del citado informe, ni se aportaron pruebas con ese
mismo fin.

Por lo anterior, el Despacho considera que no le asiste razón al
apoderado del tercero con interés directo en las resultas del

32
Ver, entre otras, la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, providencia de 18 de junio de 2021, Rad. núm. 11001032400020200026400, CP. Nubia
Margoth Peña Garzón.

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proceso al indicar que la UNIVERSIDAD no tenía fundamentos
para solicitar la suspensión provisional de los efectos de los
actos administrativos demandados, pues, como quedó visto,
del informe en comento se pudo establecer la inexistencia de
los soportes que acrediten la presentación y aprobación de la
totalidad de los exámenes preparatorios, requeridos para
obtener el título de abogado […]”.

Adicionalmente, la Sala encuentra necesario precisar que, en el caso

bajo examen, era el ente universitario el interesado en acreditar que

la estudiante no cumplió con la totalidad de requisitos para optar por

el título de abogada, para lo cual allegó las pruebas que fueron

debidamente valoradas y que llevaron al convencimiento del vicio de

nulidad endilgado a los actos acusados, de modo que, a juicio de la

Sala, la parte que estaba en mejor posición de probar los hechos

debatidos cumplió con la carga procesal que le correspondía.

Finalmente, la Sala encuentra que no le asiste razón al tercero con

interés directo en las resultas del proceso al indicar que el informe que

presentó la UNIVERSIDAD estaba por fuera de lo plazos que previó la

Resolución núm. 695 de 30 de julio de 2019, pues los actos acusados

de nulidad se expidieron en el año 2019 y el artículo noveno de la citada

resolución estableció “ALCANCE: La verificación, confrontación y

análisis de datos comprenderá los registros de notas de preparatorios

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presentados en el programa de Derecho, en un espectro temporal de

cinco (5) años”.

Por las razones expuestas la Sala concluye los argumentos esgrimidos

por el tercero con interés directo no tienen vocación de prosperidad.

III.4. La decisión

De conformidad con los planteamientos expuestos, la Sala declarará la

nulidad de la Resolución núm. R-857 de 20 de septiembre de 2019,

“Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes

de pregrado y posgrado”, respecto de la señora KELLY ALEJANDRA

MEDINA MONCAYO, al igual que la nulidad del acta de grado núm.

55 de 4 de octubre de 2019 y del diploma núm. 1910-19 de la misma

fecha, expedidos por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, a través de los

cuales se le otorgó el título de abogada a la antes citada.

Cabe señalar que, como lo precisó la Sala en la citada sentencia de 31

de julio de 2023, el modelo de gestión documental de la

UNIVERSIDAD presentó graves deficiencias atribuibles al

incumplimiento de los deberes señalados en los artículos 11, 12, 13,

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19 y 21 de la Ley 594 de 200033, que le impidieron adoptar adecuadas

decisiones al momento de evaluar los requisitos de grado respecto de

la señora KELLY ALEJANDRA MEDINA MONCAYO, y, en

consecuencia, la condujeron al indebido otorgamiento de un título

profesional que en la presente decisión se está anulando. Dicha

circunstancia da lugar a que la Sala inste a la institución académica

para que, en el marco de su autonomía y en desarrollo de los procesos

internos que la regulan, adopte las medidas que estime pertinentes a

fin de evaluar si la señora MEDINA MONCAYO estaría en condiciones

de culminar el proceso de graduación con la acreditación de los

requisitos que le hacen falta para optar por el título de abogada.

Por último, la Sala estima procedente compulsar copia de la presente

decisión a la Dirección de Educación Superior del Ministerio de

Educación Nacional, con miras a que ejerza sus competencias legales

y reglamentarias tendientes a vigilar que la parte actora subsane los

problemas de gestión documental que afronta; así como también poner

en conocimiento de la Unidad de Registro Nacional de Abogados

(URNA) del Consejo Superior de la Judicatura la presente providencia,

para los fines que estime pertinentes, y teniendo en cuenta la eventual

configuración de una de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria

33
“Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”

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del acto administrativo de inscripción de la tarjeta profesional de

abogada de la señora KELLY ALEJANDRA MEDINA MONCAYO.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del artículo primero de la Resolución

núm. R-857 de 20 de septiembre de 2019, “Por la cual se confieren

unos títulos académicos a estudiantes de pregrado y posgrado”,

expedida por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, respecto de la señora

KELLY ALEJANDRA MEDINA MONCAYO.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acta de grado acta de grado

núm. 55 de 4 de octubre de 2019 y del diploma núm. 1910-19 de 4 de

octubre de 2019, expedidos por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, a

través de los cuales se le otorgó el título de abogada a la señora KELLY

ALEJANDRA MEDINA MONCAYO.

TERCERO: INSTAR a la institución académica para que, en el marco

de su autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la

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regulan, adopte las medidas que estime pertinentes a fin de evaluar si

la señora KELLY ALEJANDRA MEDINA MONCAYO estaría en

condiciones de culminar el proceso de graduación con la acreditación

de los requisitos que le hacen falta para optar por el título de abogada.

CUARTO: COMPULSAR copia de la presente decisión a la Dirección de

Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, con miras a

que ejerza sus competencia legales y reglamentarias tendientes a

vigilar que la parte actora subsane los problemas de gestión

documental que afronta.

QUINTO: Por la Secretaría PONER EN CONOCIMIENTO de la Unidad

de Registro Nacional de Abogados (URNA) del Consejo Superior de la

Judicatura la presente providencia, para los fines que estime

pertinentes, y teniendo en cuenta la eventual configuración de una de

las causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo de

inscripción de la tarjeta profesional de abogada de la señora KELLY

ALEJANDRA MEDINA MONCAYO.

SEXTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las

anotaciones de rigor.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de noviembre de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Ausente con excusa

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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