Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02075-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02075-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02075-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
15 de diciembre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02075-01
Accionantes: Edinson Alberto González Rivera y Alirio Tapiera Trillera
Se confirma la sentencia que declaró improcedente
la acción por falta de relevancia constitucional
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C. quince (15) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02075-01
Accionantes: Edinson Alberto González Rivera y Alirio Tapiera Trillera
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial / Prima de actividad / Asignación de retiro /
Decreto 2070 de 2003 / Sentencia C-432 de 2004 / Fecha de retiro del servicio y fecha de
reconocimiento de asignación de retiro / Excepción de inconstitucionalidad / Se confirma la
sentencia que declaró improcedente la acción por falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada contra la sentencia proferida
el 14 de septiembre de 2022 por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente por falta de relevancia
constitucional la acción de tutela presentada por Edinson Alberto González Rivera
y Alirio Tapiera Trillera contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y los Juzgado
Noveno y Veintiocho Administrativos de Medellín. Los accionantes consideraron
que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales
al proferir las sentencias del 3 de marzo de 2022, 10 de noviembre de 2020 y 25 de
octubre de 2018, respectivamente, que negaron sus pretensiones en los procesos
de nulidad y restablecimiento del derecho que cada uno promovió contra la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional con radicados 05001-33-33-009-2018-
00318-00/01 y 05001-33-33-028-2017-00578-00/01.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer de la impugnación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86
de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de
2017 y 333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 6 de abril de 2022 Edinson Alberto González Rivera y Alirio Tapiera Trillera
presentaron, mediante apoderado judicial, acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia y los Juzgado Noveno y Veintiocho Administrativos de
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Accionantes: Edinson Alberto González Rivera y Alirio Tapiera Trillera
Se confirma la sentencia que declaró improcedente
la acción por falta de relevancia constitucional
Medellín porque estimaron vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia y seguridad social.
2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se
transcriben textualmente:
<<1. TUTELAR los derechos fundamentales A LA IGUALDAD, DERECHO A LA
IGUALDAD EN LAS DECISIONES JUDICIALES, AL DEBIDO PROCESO, A LA
SEGURIDAD SOCIAL, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y AL
PRINCIPIO DE LEGALIDAD, por cuanto la sentencias proferidas por EL JUZGADO
NOVENO Y VEINTIOCHO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN Y EL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA DE DECISIÓN ORAL el 25
de octubre de 2018, 10 de noviembre de 2020 y 03 de marzo de 2022, incurrieron
por lo menos en 3 defectos o casuales específicas de procedibilidad de la acción de
tutela contra sentencias judiciales: 1. Defecto material o sustantivo, 2.
Desconocimiento del precedente y 3 violación directa de la constitución.
2. Se DEJE SIN VALOR NI EFECTO las sentencias del 3 de marzo de 2022
proferidas en los procesos de ALIRIO TAPIERO TRILLERA y EDINSON ALBERTO
GONZÁLEZ RIVERA, y en su lugar se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE ANTIOQUIA SALA DE DECISIÓN ORAL, que en el término que el Juez de
tutela considere prudente, profiera una nueva sentencia, teniendo en cuenta los
lineamientos establecidos por la ley, el precedente judicial y los propios del fallo de
la presente tutela.
3. CONMINAR a la Sala del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA
DE DECISIÓN ORAL, para que aplique las sentencias de unificación proferidas por
el Consejo de Estado, toda vez que las mismas son obligatorias para las
autoridades, pues así lo dispone los artículos 10 y 270 de la Ley 1437 de 2011, por
los efectos vinculantes de las mismas>>.
B. Hechos
3.- Los accionantes basaron su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
3.1.- Alirio Tapiera Trillera trabajó como agente de la Policía Nacional durante 24
años, 4 meses y 17 días; se desincorporó de la fuerza pública el 1º de abril de 2004
y se le otorgó asignación de retiro por parte de la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional (en adelante, CASUR) a través de Resolución 4857 del 8 de
septiembre de 2004. Edinson Alberto González Rivera prestó sus servicios como
agente de la Policía Nacional por un lapso de 21 años, 5 meses y 16 días; el 4 de
marzo de 2004 fue retirado de la institución por llamamiento a calificar servicios y
se le reconoció asignación de retiro en la Resolución 3838 del 26 de julio de 2004.
3.2.- El 2 de octubre de 2017 y 14 de agosto de 2018 los actores solicitaron ante
CASUR la inclusión de la prima de actividad en su asignación de retiro en los
términos establecidos en el Decreto 2070 de 2003. Sus solicitudes fueron negadas
mediante los oficios E-00003-201722146 del 9 de octubre de 2017 y E-00001-
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la acción por falta de relevancia constitucional
201818658 del 14 de septiembre de 2018, pues cuando fueron desincorporados de
la institución aquel decreto ya no se encontraba vigente.
3.3.- Los actores presentaron demandas de nulidad y restablecimiento del derecho
contra CASUR para obtener la nulidad de los actos administrativos que negaron la
inclusión de la prima de actividad en la asignación de retiro en los términos
establecidos en el Decreto 2070 de 2003. Dichos procesos fueron conocidos por los
Juzgados Veintiocho y Noveno Administrativos de Medellín bajo los expedientes No.
05001-33-33-028-2017-00578-00/01 y 05001-33-33-009-2018-00318-00/01.
3.4.- Mediante sentencias del 25 de octubre de 2018 (2017-00578-00) y 10 de
noviembre de 2020 (2018-00318-01) los señalados juzgados negaron las
pretensiones de la demanda. En dichas providencias se encontró que los
demandantes consolidaron su derecho pensional el 5 de julio y el 5 de junio de
2004, fechas en las cuales culminaron los tres <<meses de alta>>, respectivamente.
Concluyeron que no era posible resolver la situación de los actores con base en el
Decreto 2070 de 2003, pues este fue declarado inexequible por la sentencia C-432
del 6 de mayo de 2004, esto es, antes de que fueran desvinculados del servicio y
se liquidara su respectiva asignación de retiro.
3.5.- Los actores apelaron las sentencias referidas al considerar que para liquidar
sus prestaciones sociales debía tenerse en cuenta la fecha de retiro del servicio
activo –4 de marzo y 1º de abril de 2004–, no aquella de reconocimiento de la
asignación de retiro –26 de julio y 8 de septiembre de 2004–. En consecuencia, el
Decreto 2070 de 2003 no había sido declarado inexequible para el momento en que
fueron retirados del servicio.
3.5.1.- Estimaron equivocado que los respectivos juzgados consideraran como
fecha de retiro aquella en la cual se reconoció su asignación de retiro. Sostuvieron
que si bien entre la fecha de retiro y la fecha de reconocimiento de la asignación
transcurrieron tres <<meses de alta>>, estos meses tienen como finalidad la
elaboración de actuaciones administrativas como la conformación de la hoja de
servicios y el expediente prestacional para luego ser enviados a la entidad
pagadora. Sin embargo, afirmaron que dicho lapso no tiene efectos sobre el
reconocimiento de la asignación de retiro y, por tanto, fue equivocado contabilizar
esos meses para determinar la vigencia del Decreto 2070 de 2003 al momento del
reconocimiento de la prestación de los actores.
3.5.2.- Agregaron que el Consejo de Estado ha sostenido en múltiples
pronunciamientos que, para el caso de los miembros de la fuerza pública, se deben
observar las normas vigentes a la fecha de retiro para efectos del reconocimiento
de la asignación de retiro, no la fecha en que la respectiva entidad pagadora expide
el acto administrativo de reconocimiento, pues entre la primera fecha y la segunda
transcurren los llamados <<tres meses de alta>>.
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la acción por falta de relevancia constitucional
3.6.- En sentencias del 3 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo de Antioquia
confirmó los fallos apelados. Sostuvo que si en gracia de discusión se aceptara que
la fecha a tener en cuenta para calcular la prima de actividad reclamada hubiera
sido la de desvinculación del servicio activo (con exclusión de los tres meses de
alta), tampoco era posible la aplicación del Decreto 2070 de 2003. Esto, pues el
decreto fue retirado del ordenamiento jurídico por medio de la sentencia C-432 de
2004 porque fue expedido por parte del ejecutivo, pese a que carecía de
competencia para ello. Por lo anterior, el tribunal sostuvo que los jueces no estaban
obligados a aplicarlo aun antes de que fuera proferida la mencionada sentencia de
constitucionalidad, pues siempre fue contrario a la Constitución Política, de manera
que, incluso, podía aplicarse de oficio la excepción de inconstitucionalidad.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- Los accionantes indican que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
tres defectos: sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa
a la Constitución.
4.1.- Respecto al defecto sustantivo, señalan que las autoridades accionadas dieron
un alcance indebido al artículo 106 del Decreto 1213 de 19901, que establece la
finalidad de los tres meses de alta. Afirman que dicho lapso no modifica los
beneficios pensionales que se obtienen de acuerdo con la fecha en que se produce
el retiro del servicio. Agregan que desatendieron los artículos 45 de la Ley 270 de
1996 que prevé los efectos de los fallos de la Corte Constitucional, pues la sentencia
C-432 de 2004 rigió hacia el futuro y no en forma retroactiva, y 10 y 270 del CPACA
que consagran el deber de las autoridades judiciales de aplicar de manera uniforme
las normas y la jurisprudencia a situaciones con los mismos supuestos de hecho.
4.2.- Frente al desconocimiento del precedente, indican que las autoridades
judiciales inobservaron el criterio adoptado por la Sección Segunda del Consejo de
Estado2 que, al resolver casos similares, precisó que los tres meses de alta solo
tienen como finalidad la elaboración de la hoja de servicios y el reconocimiento de
la prestación a través del correspondiente acto administrativo. Esto, pues el régimen
pensional es el vigente al momento en el que se efectuó el retiro de la institución.
1 <<Los Agentes de la Policía Nacional que pasen a la situación de retiro temporal o absoluto y tengan derecho
a asignación de retiro o pensión continuarán dados de alta en la respectiva pagaduría por tres (3) meses
a partir de la fecha en que se cause la novedad de retiro, para la formación del expediente de prestaciones
sociales. Durante dicho lapso y salvo lo dispuesto en el artículo 133 de este Decreto, continuarán percibiendo
la totalidad de los haberes devengados en actividad correspondientes a su categoría. El lapso de los tres (3)
meses de alta se considerará como de servicio activo, únicamente para efectos de prestaciones
sociales>> (negrilla fuera de texto).
2 Al respecto, citó los fallos de (i) 7 de marzo de 2013, expediente 11001-33-31-010-2007-00575-01 (2108-
2010), C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; (ii) 4 de septiembre de 2017, expediente 17001-23-33-000-
2015-00061-01 (0256-16), C.P. Rafael Francisco Suárez; y (iii) 1 de marzo de 2018, expediente 17001-23- 33-
000-2014-00342-01 (4311-15), C. P. Gabriel Valbuena Hernández.
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la acción por falta de relevancia constitucional
4.3.- Por último, afirman que a otros compañeros de la Policía Nacional, que se
retiraron para la misma época, sí les fue otorgada la asignación de retiro con la
totalidad de la prima de actividad, de manera que se desatiende el artículo 48 de
Constitución Política, pues la pensión se causa cuando se colman todos los
requisitos para acceder a ella y no de manera posterior, como erróneamente lo
consideraron las autoridades accionadas.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- El Juzgado Veintiocho Administrativo de Medellín (accionado) envió copia
electrónica del expediente No. 05001-33-33-028-2017-00578-00/01 y rindió informe.
Afirma que no se vulneraron los derechos fundamentales de Alirio Tapiera Trillera,
pues la providencia atacada se sustentó en los precedentes jurisprudenciales de
unificación en materia de reconocimiento, liquidación y pago del reajuste de la
asignación de retiro. Además, se analizó debidamente el material probatorio obrante
en el expediente y se aplicó la ley vigente al momento de proferir el fallo.
6.- El Juzgado Noveno Administrativo de Medellín (accionado) envió copia
electrónica del expediente No. 05001-33-33-009-2018-00318-00/01, pero no rindió
informe.
7.- El Tribunal Administrativo de Antioquia (accionado) y la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional (tercero con interés), pese a estar debidamente
notificados, guardaron silencio.
E. Fallo impugnado
8.- En sentencia del 14 de septiembre de 2022 la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por falta
de relevancia constitucional3. Consideró que los actores reiteraron los argumentos
expuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en particular, en
los recursos de apelación allí presentados. Adujo que se limitaron a repetir
argumentos sobre el indebido análisis de los supuestos fácticos y jurídicos para
defender que se debió ordenar la reliquidación de la asignación de retiro con
inclusión de la prima de actividad, conforme lo establecía el Decreto 2070 de 2003.
8.1.- El juez de tutela de primera instancia consideró que los reparos de los actores
fueron debidamente resueltos por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que
concluyó que, independientemente de que se consolidara el derecho a la asignación
de retiro cuando inician los tres meses de alta o cuando terminan, no era posible
aplicar el Decreto 2070 de 2003, pues fue declarado inexequible a través de la
3 En auto del 28 de julio de 2022 la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado ordenó eliminar
el documento que contenía el proyecto de fallo del 5 de mayo de 2022, el cual fue subido por error a SAMAI a
pesar de que había sido derrotado por la sala de decisión en la mencionada fecha.
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Accionantes: Edinson Alberto González Rivera y Alirio Tapiera Trillera
Se confirma la sentencia que declaró improcedente
la acción por falta de relevancia constitucional
sentencia C-432 de 2004 y, si no hubiera sido así, los jueces podían inaplicarlo
mediante la excepción de inconstitucionalidad, por haber sido proferido sin
competencia.
8.2.- Precisó que el tribunal accionado evidenció que no se desconoció el
precedente jurisprudencial relacionado con el momento en que se considera
consolidado el derecho a la asignación de retiro, es decir, cuando inician los tres
meses de alta o cuando terminan, pues no existe sentencia de unificación al
respecto. Agregó que en procesos similares al analizado, la Sección Segunda del
Consejo de Estado ha sostenido que no existe un criterio unificado sobre el Decreto
2070 de 2003, en concreto, el momento en que se consolida el derecho a la
asignación de retiro. A manera de ejemplo para respaldar su tesis, citó la sentencia
del 25 de julio de 20194.
F. Impugnación
9.- La parte actora impugna la sentencia del 14 de septiembre de 2022 proferida por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Aduce que la acción
de tutela sí tiene relevancia constitucional, pues se solicita la protección de derechos
fundamentales de rango constitucional. Cita algunas sentencias del Consejo de
Estado en donde afirma que se ha reconocido la relevancia constitucional en casos
similares al aquí analizado5. Agrega que su acción de tutela es procedente, máxime
en tanto alega la configuración de tres defectos en las providencias atacadas y
existen precedentes en los cuales han prosperado pretensiones similares a la suya6.
II. CONSIDERACIONES
10.- La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente
la acción de tutela porque se fundamenta en argumentos que ya fueron planteados
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 25 de julio de 2019. Radicado No. 11001-
03-15-000-2019-00103-01. C.P. William Hernández Gómez.
5 Entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 20 de agosto de 2020. Radicado No. 11001-
03-15-000-2020-03301-00. C.P. Rocío Araujo Oñate. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de
noviembre de 2020. Radicado No. 11001-03-15-000-2020-04386-00. C.P. Nicolas Yepes Corrales.
6 (i) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 25 de noviembre de 2019. Radicado No.
11001-03-15-000-2019-04561-00. C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. (ii) Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B. Sentencia del 05 de febrero de 2020. Radicado No. 11001-03-15-000-2019-03495-01.
C.P. Nicolás Yepes Corrales. (iii) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Radicado No. 11001-03-
15-000-2019-04619-01. C.P. María Adriana Marín. (iv) Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 20
de agosto de 2020. Radicado No. 11001-03-15-000-2020-03301-00. C.P. Rocío Araújo Oñate. (v) Consejo de
Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 20 de agosto de 2020. Radicado No. 11001-03-15-000-2020-03316-00.
C.P. Milton Chaves García. (vi) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 23 de
noviembre de 2020. Radicado No. 11001-03-15-000-2020- 04386-00. C.P. Nicolás Yepes Corrales. (vii)
Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 4 de noviembre de 2021. Radicado No. 11001-03-15-000-
2021-06905-00. C.P. Milton Chaves García. (viii) Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 4 de agosto
de 2022. Radicado No. 11001-03-15-000-2022-03712-00. <<C.P. Nicolás Yepes Corrales>>.
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Accionantes: Edinson Alberto González Rivera y Alirio Tapiera Trillera
Se confirma la sentencia que declaró improcedente
la acción por falta de relevancia constitucional
por la parte actora y resueltos en el proceso ordinario7. De cualquier manera, se
advierte que la tutela no podía prosperar por las siguientes razones:
11.1.- Aunque la tutela se interpuso también contra las sentencias del 10 de
noviembre de 2020 y 25 de octubre de 2018, solo se hará referencia a las
providencias proferidas el 3 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, pues con ellas se resolvió en segunda instancia y de manera definitiva
los procesos ordinarios objeto de análisis en este fallo de tutela.
11.2.- Se observa que el reparo central de la impugnación consiste en que el juez
de tutela de primera instancia debió declarar procedente la acción de tutela y
analizar de fondo los defectos alegados. Si bien los impugnantes se refieren a la
configuración de tres defectos distintos, se observa que el reparo por
desconocimiento del precedente se dirige contra la argumentación desplegada por
los Juzgados Veintiocho y Noveno Administrativos de Medellín, esto es, si el
régimen pensional aplicable es aquel vigente al momento de retiro o una vez
transcurridos los tres meses de alta.
11.3.- Sin embargo, los precedentes citados por los actores no se refieren a la
argumentación del tribunal de segunda instancia, esto es, que podía inaplicarse el
Decreto 2070 de 2003 aun cuando estuviese vigente al momento del retiro, pues los
jueces no están obligados a aplicar normas contrarias a la Constitución Política y
para ello pueden acudir de oficio a la excepción de inconstitucionalidad. En
consecuencia, en tanto el reparo por desconocimiento del precedente no tiene
entidad suficiente para modificar el fallo de segunda instancia, su estudio es
superfluo en el caso concreto.
11.4.- Por otra parte, aunque los actores alegan la violación directa a la Constitución
como un defecto independiente, su argumentación se limita a sostener la violación
de derechos fundamentales, sin que sea posible apreciar un reparo distinto a aquel
formulado como defecto sustantivo: la norma aplicable para liquidar su asignación
de retiro es el Decreto 2070 de 2003 porque para el momento en el que fueron
desvinculados del servicio, esa norma estaba vigente. Por lo anterior, los reparos
de los actores se estudiarán como un posible defecto sustantivo.
12.- Como bien reconoció el juez de tutela de primera instancia, el Tribunal
Administrativo de Antioquia precisó que el Decreto 2070 de 2003 estuvo vigente
7 El magistrado ponente advierte que considera que la presente acción de tutela debe estudiarse de fondo
porque los actores alegan la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y seguridad social, y desarrollan los defectos que consideran configurados en la
decisión atacada: sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa a la Constitución. Sin
embargo, acoge la posición mayoritaria de la Sala, según la cual cuando se reiteran argumentos que fueron
resueltos dentro del proceso ordinario, no se cumple con este requisito.
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Accionantes: Edinson Alberto González Rivera y Alirio Tapiera Trillera
Se confirma la sentencia que declaró improcedente
la acción por falta de relevancia constitucional
entre el 25 de julio de 2003 y el 6 de mayo de 2004, fecha en que fue declarado
inexequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-432 de 20048.
12.1.- Sin embargo, el tribunal encontró que si en gracia de discusión se aceptara
(i) que los demandantes hubieran sido efectivamente retirados del servicio el 5 de
abril de 2004 y el 5 de marzo de 2004, en vez del 5 de julio de 2004 y el 5 de
junio de 2004, y (ii) que la sentencia C-432 de 2004 hubiera sido notificada el 3 de
junio de 2004, los demandantes tampoco tendrían derecho a que les sea
reconocida la totalidad de la prima de actividad prevista en el Decreto 2070 de 2003.
12.2.- El tribunal accionado consideró que si no hubiera sido proferida la sentencia
C-432 de 2004 que declaró inexequible el mencionado decreto, este se habría
podido inaplicar de oficio a través de la excepción de inconstitucionalidad, pues no
fue expedido por la autoridad competente. Señaló que la norma siempre fue
contraria a la Constitución Política, por lo cual, con independencia de la vigencia de
la mencionada sentencia de constitucionalidad, no es exigible a un juez aplicar una
norma que no se adecúa al marco legal y constitucional.
12.3.- En consecuencia, el tribunal accionado no incurrió en el defecto sustantivo
alegado, pues actuó dentro del marco de sus funciones y sustentó de manera
adecuada su posición conforme con la normativa aplicable.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia proferida el 14 de
septiembre de 2022 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado que declaró improcedente la acción de tutela.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
8 Esto, pues vulneraba la reserva de ley prevista en el artículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución
Política al conferir facultades extraordinarias al Presidente de la República para regular el régimen prestacional
especial de los miembros de la Fuerza Pública, contra expresa prohibición constitucional prevista en el numeral
10 del mismo artículo.
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Accionantes: Edinson Alberto González Rivera y Alirio Tapiera Trillera
Se confirma la sentencia que declaró improcedente
la acción por falta de relevancia constitucional
CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto
9
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