Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03712-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-03712-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03712-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-03712-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
4 de agosto de 2022
Demandante: Rubiel Idárraga Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03712-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03712-00
Demandante: RUBIEL IDÁRRAGA HERNÁNDEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA
TERCERA DE ORALIDAD
Tutela contra providencia judicial – defecto sustantivo –
Temas: desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA SOLICITUD
Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el señor Rubiel
Idárraga Hernández contra el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera
de Oralidad, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Rubiel Idárraga Hernández, por conducto de apoderado judicial, mediante
escrito radicado el 7 de julio de 2022 a través de la ventanilla virtual de la
Secretaría General del Consejo de Estado, presentó acción de tutela con el fin de
que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad
social, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y el principio de
legalidad.
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión del
fallo de 21 de junio de 2022 proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Tercera de Oralidad, que revocó la sentencia de 27 de junio de 2019 dictada
por el Juzgado 17 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, a través de
la cual había accedido en primera instancia a la reliquidación de la asignación de
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Rubiel Idárraga Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03712-00
retiro del actor dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 05001-33-33- 017- 2018-00177-01, para, en su lugar,
denegar las pretensiones.
1.2. Pretensiones
“1 TUTELAR los derechos fundamentales (…) por cuanto la sentencia proferida por
EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA TERCETA DE
ORALIDAD, quien incurrió por lo menos en 3 defectos o causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales: 1. Defecto
material o sustantivo, 2. Desconocimiento del precedente y 3 violación directa
de la constitución.
2 Se DEJE SIN VALOR NI EFECTO la sentencia del 21 de junio de 2022 y en su
lugar se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA
TERCETA DE ORALIDAD, que en el término que el juez de tutela considere
prudente, profiera una nueva sentencia, teniendo en cuenta los lineamientos
establecidos por la ley, el precedente judicial y los propios del fallo de la presente
tutela.
3 CONMINAR a la Sala del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA
TERCERA DE ORALIDAD, para que aplique las sentencias de unificación
proferidas por el Consejo de Estado, toda vez que las mismas son obligatorias para
las autoridades, pues así lo dispone los artículos 10 y 270 de la Ley 1437 de 2011,
por los efectos vinculantes de las mismas.” (Énfasis del texto y sic para la cita)
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los supuestos que a continuación se relacionan,
los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
El señor Rubiel Idárraga Hernández adujo que ingresó a la Policía Nacional como
agente alumno el 10 de agosto de 1987, y que fue retirado por disminución de la
capacidad psicofísica mediante Resolución No. 0896 de 29 de abril de 2004.
Indicó que, con Resolución No. 04736 de 27 de agosto de 2004, la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – en adelante CASUR – le reconoció una
asignación de retiro mensual correspondiente al 58% del sueldo básico en
actividad de conformidad con lo estipulado en el Decreto 1213 de 1990, y se
incluyó el 15% de la prima de actividad.
Adujo que, el 2 de octubre de 2017 le solicitó a CASUR el reconocimiento y pago
de la totalidad de la prima de actividad1 con su respectivo retroactivo en virtud de
lo señalado en el Decreto 2070 de 2003. Lo anterior, porque la referida norma
estaba vigente al momento de su retiro (29 de abril de 2004), la cual, si bien fue
1
El 50% del monto de la prima de actividad.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Rubiel Idárraga Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03712-00
declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-432 de 6 de
mayo de 2004, lo cierto es que ocurrió después de la culminación del servicio.
Señaló que, la mencionada petición fue despachada negativamente mediante el
Oficio No. E-00003-201722312-CASUR Id. 271131 del 9 de octubre de 2017.
Inconforme con la decisión, refirió que promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, asunto que en primera instancia le correspondió al
Juzgado 17 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín que, con
sentencia de 27 de junio de 2019 accedió a las pretensiones de la demanda tras
considerar que el señor Idárraga Hernández tenía derecho a que su asignación se
reliquidara con base en el Decreto 2070 de 2003 por ser la norma vigente en la
fecha de su retiro, es decir, debía percibir el 50% del monto de la prima de
actividad, no el 15%.
El recurso de apelación2 interpuesto por el extremo pasivo fue resuelto por el
Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Oralidad, judicatura que
con fallo de 21 de junio de 2022 revocó la decisión del a quo para, en su lugar,
denegar las pretensiones de la demanda luego de colegir lo siguiente:
«Así pues, según el acto administrativo a través del cual se le reconoció al agente
policial la asignación de retiro se tiene que se ordenó reconocer la prestación así:
Reconocer y ordenar pagar con cargo al presupuesto de esta entidad asignación
mensual de retiro al señor agente (R) Idárraga Hernández Rubiel identificado con
CC 9856384 en cuantía equivalente al 58% del sueldo básico de actividad para el
grado y partidas legalmente computables, efectiva a partir del 29 de julio de 2004,
de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.”
En ese sentido, se tiene que el status adquirido por el actor en su calidad de agente
retirado es a partir del 29 de julio de 2004, fecha en la cual la Corte Constitucional
ya había proferido la inexequibilidad de la norma sobre la que pretende hoy la parte
actora se le de aplicación». (Énfasis del texto)
En ese orden, el tribunal tomó como referencia para la adquisición del derecho del
demandante el 29 de julio de 2004, debido a que computó los tres meses de alta
señalados en el artículo 106 del Decreto 1213 de 1990 3, periodo contabilizado a
partir dela fecha del acto de retiro del accionante, esto es, el 29 de abril de 2004.
2
Se indicó que el Decreto 2070 de 2003 no consagró un porcentaje diferente para liquidar la prima
de actividad como partida computable en la asignación, a la establecida en el artículo 101 del
Decreto 1213 de 1990; el cual precisa que, para agentes con menos de 20 años de servicios, el
cómputo de la prima de actividad es del 15%, tal y como lo realizó la entidad en la liquidación de
la asignación de retiro del accionante.
3
“ARTÍCULO 106. TRES MESES DE ALTA. Los Agentes de la Policía Nacional que pasen a la
situación de retiro temporal o absoluto y tengan derecho a asignación de retiro o pensión
continuarán dados de alta en la respectiva pagaduría por tres (3) meses a partir de la fecha en que
se cause la novedad de retiro, para la formación del expediente de prestaciones sociales. Durante
dicho lapso y salvo lo dispuesto en el artículo 133 de este Decreto, continuarán percibiendo la
totalidad de los haberes devengados en actividad correspondientes a su categoría. El lapso de
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Rubiel Idárraga Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03712-00
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora alegó que el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera
de Oralidad incurrió en los siguientes yerros:
1.4.1. Defecto sustantivo
(i) Porque no se aplicó en la resolución de su caso el artículo 45 de la Ley 270 de
1996, en el cual se establece que los efectos de las sentencias proferidas por la
Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control, en los términos del
artículo 241 superior, tienen efectos hacia el futuro siempre y cuando estos no se
modulen en la misma providencia.
Al respecto, acotó que la sentencia C-432 de 2004 a través de la cual se declaró
la inexequibilidad del Decreto 2070 de 2003, fue publicada por edicto que se
desfiJó el 3 de junio de 2004 según la constancia proferida por la Secretaría
General de la Corte Constitucional, lo que deja en evidencia que CASUR y el
tribunal censurado no podían otorgarle efectos retroactivos, en consecuencia, el
tutelante tenía derecho a que se le reliquidara la prima de actividad hasta el 50%
de su monto según lo señalado en el decreto ejusdem.
(ii) Adujo que se interpretó de forma errónea el artículo 106 del Decreto 1213 de
1990 por considerar que los tres meses de alta son un periodo de servicio activo
“cuando de todas maneras la codificación ut supra señala que lo es, únicamente para
efectos de prestaciones sociales, es decir para liquidar los haberes percibidos en
actividad”.
Al respecto, precisó que el actor adquirió la calidad de retirado el día en que le fue
notificado el acto de finalización del servicio activo, no la fecha en la que CASUR
efectuó el reconocimiento de la asignación de retiro, toda vez que entre estas dos
fechas ha transcurrido el lapso de los tres meses de alta que tiene como finalidad
la ejecución de actuaciones administrativas como la conformación de la hoja de
servicios y el expediente prestacional para enviarlos a la entidad pagadora.
(iii) Advirtió que se omitió el artículo 10° de la Ley 1437 de 2014, en el cual se
indica la obligación que tienen todas las autoridades de aplicar de manera
uniforme las normas al resolver casos con similitud fáctica y jurídica.4
los tres (3) meses de alta se considerará como de servicio activo, únicamente para efectos
de prestaciones sociales.” (Énfasis propio)
4
Si bien en este punto advirtió que se configuró un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial, la Sala lo infiere y adecúa a un yerro sustantivo por encuadrar en esta causal
especial y también para efectos prácticos.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Rubiel Idárraga Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03712-00
1.4.2. Arguyó que se configuró el desconocimiento del precedente del Consejo
de Estado, comoquiera que en el sub lite no se acudió a la sentencia a través de
la cual se resolvió un recurso extraordinario de revisión de 7 de marzo de 2013
proferida dentro del expediente No. 11001-33-31-010-2007-00575-01, en la que
se señaló que los tres meses de alta tienen como objetivo primordial la elaboración
de la hoja de servicios y el reconocimiento de la prestación a través del acto que
expida la entidad.
Agregó que se desconoció la sentencia de la subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado de 10 de julio de 2014, dictada en el proceso No. 11001-
33-31-702-2009-00041-01, en la cual se interpretó el artículo 116 del Decreto 1213
de 1990 y lo concerniente a la aplicación del Decreto 2020 de 2003, por ello citó
el siguiente aparte: “el Decreto 2070 de 2003, entró a regir el 25 de julio de 2003 y el
actor fue retirado por solicitud propia a partir del 3 de marzo de 2004, con disposición de
retiro contenida en Resolución No. 00420 de 2 de marzo de 2004, es decir, que se
comparte la argumentación del interesado en el sentido de indicar que el Decreto 2070
era la norma que debía servir de sustento al reconocimiento de la Asignación de Retiro”.
Puntualizó que lo anterior fue iterado por la Sección Segunda del Consejo de
Estado en la sentencia de 4 de septiembre de 2017, dictada en el expediente No.
17001-23-33-000-2015-00061-01, en el sentido de señalar que el accionante de
dicho proceso contaba con el derecho a que el reconocimiento de su asignación
se efectuara con base en el Decreto 2070 de 2003, por ser el vigente en la fecha
de retiro.
1.4.3. Violación directa de la Constitución
Expuso que con la expedición de la sentencia censurada se transgredieron sus
derechos fundamentales a la dignidad, a la igualdad, a la seguridad social y de
acceso a la administración de justicia, debido a que no se atendió la postura
señalada en la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 7 de marzo de
2003 dictada dentro del expediente No. 11001-33-31-010-2007-00575-01 y en la
providencia de 10 de julio de 2014, dictada en el proceso No. 11001-33-31-702-
2009-00041-01 por la subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación,
casos en los que se resolvieron asuntos similares al de la referencia, pero en favor
de los demandantes luego de verificar que a la fecha de retiro, que es anterior a
la del reconocimiento del derecho, se encontraba vigente el Decreto 2070 de 2003.
1.4.4. Finalmente, resaltó que CASUR vulneró su garantía fundamental a la
igualdad, habida cuenta que en otros casos accedió a conciliar con algunos
retirados del servicio activo de la Policía Nacional en vigencia del Decreto 2070 de
2003, como sucedió con el señor Ignacio Tarazona Celi y Celso Enrique Sánchez
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Rubiel Idárraga Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03712-00
Mera, procesos5 que se adelantaron ante el Juzgado 7° Administrativo del Circuito
Judicial de Cúcuta. En ese orden, precisó:
“Recordemos que el Comité de Conciliación y defensa Judicial de CASUR,
mediante acta 27 del 8 de abril de 2021 y acta 30 del 29 de abril de 2021, decidió
CONCILIAR las pretensiones formuladas por los señores IGNACIO TARAZONA
CELI y CELSO ENRIQUE SANCHEZ MERA.; formula (…) conciliatoria que
consistió en reajustar la asignación mensual de retiro de los señores IGNACIO
TARAZONA CELI y CELSO ENRIQUE SANCHEZ MERA liquidando la prima de
actividad de acuerdo con lo estipulado en el decreto 2070 de 2003”.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Con auto de 12 de julio de 2022 se admitió la acción de tutela y se dispuso tener
como autoridad judicial accionada al Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala
Tercera de Oralidad. En calidad de terceros con eventual interés en las resultas
del trámite constitucional, se dispuso la vinculación del Juzgado 17 Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Medellín y de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional.
También se requirió al Juzgado 7° Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta
para que allegara copia digitalizada de las decisiones adoptadas en los procesos
N°. 2017-00330 y 2018-00428.
Finalmente, se ordenó a la Oficina de Sistemas de la Corporación realizar una
publicación de la información relativa a esta acción de tutela en la página web del
Consejo de Estado, y se reconoció personería al abogado Robinson Oswaldo
Rodríguez Caicedo como apoderado del extremo accionante.
1.6. Intervención
Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, de conformidad con las
constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Oralidad a través de la
magistrada ponente de la decisión reprochada solicitó que se deniegue la acción
de tutela por cuanto no se configuran los presupuestos procesales y materiales
para que se dicte una decisión favorable a los intereses del accionante.
Agregó que en el sub examine no se evidencia la existencia de las causales
especiales de procedencia del mecanismo constitucional contra providencia
judicial, toda vez que el fallo de 21 de junio de 2022 se ajusta a derecho y fue
proferido con observancia del debido proceso.
5
Expedientes identificados con los radicados 54001-33-40-007-2017-00330-00 y 54001-33-33-
007-2018-00428-00.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Rubiel Idárraga Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03712-00
Finalmente, indicó que la decisión tuvo como fundamento la sentencia C-432 de 6
de mayo de 2014, que declaró la inconstitucionalidad de lo dispuesto en el Decreto
2070 de 2003.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por el señor
Rubiel Idárraga Hernández contra el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala
Tercera de Oralidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta la
vulneración de los derechos fundamentales alegados por la parte accionante con
ocasión de la providencia de 21 de junio de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Oralidad en la segunda instancia
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el
señor Rubiel Idárraga Hernández contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional, por presuntamente incurrir en los defectos sustantivo, desconocimiento
del precedente y violación directa de la Constitución.
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de
los requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados; (iii) las
generalidades de los defectos; y (iv) el análisis del caso concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 6
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema7.
6 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de
Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María
Elizabeth García González.
7
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Rubiel Idárraga Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03712-00
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales8.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “ fijados hasta el
momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Para la Sala resulta necesario precisar que, el caso objeto de estudio está
revestido de relevancia constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio
origen a la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda,
las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte
actora solicita la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la seguridad social, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y el
principio de legalidad.
De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto, se evidencia una tensión o
contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de las
garantías alegadas por el accionante, en tanto a su juicio, la autoridad judicial
incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y violación
directa de la Constitución, por lo que se evidencia que trasciende un estudio de lo
meramente legal.
2.4.2. La acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia de
la misma naturaleza, puesto que la providencia judicial que censura la parte
accionante fue proferida en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
2.4.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la providencia
censurada fue proferida el 21 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia – Sala Tercera de Oralidad, y la solicitud de amparo se presentó el 7 de
julio de 2022, razón por la cual, sin que sea necesario establecer la fecha de
8
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Rubiel Idárraga Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03712-00
notificación y ejecutoria de la referida decisión, resulta ser un término que a juicio
de la Sala es razonable, es decir, antes de transcurridos 6 meses.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201410, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200511,
para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias
judiciales y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar
el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.
2.4.4. Por otra parte, en consideración al agotamiento de los mecanismos
judiciales, en el caso concreto, el proveído que se cuestiona es el proferido por
el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Oralidad el 21 de junio
de 2022, mediante el cual revocó la decisión de primer grado en el marco del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Rubiel
Idárraga Hernández contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional,
razón por la cual contra la providencia controvertida no procede ningún recurso
ordinario y los cargos alegados no se encuadran en las causales de procedencia
de los recursos extraordinarios de revisión ni de unificación de jurisprudencia.
Sin embargo, los argumentos que el señor Rubiel Idárraga Hernández elevó contra
la entidad pagadora, CASUR, no satisfacen el análisis de este requisito de
procedibilidad debido a que tal discusión fue abordada y zanjada por los jueces
naturales de la causa ordinaria en sus respectivas instancias, razón por la cual se
declarará su improcedencia.
Lo anterior, por cuanto las apreciaciones relativas a la vulneración del derecho a
la igualdad del accionante por parte de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional se subsumen en las inconformidades que este tiene respecto de la
decisión administrativa adoptada en el Oficio No. E-00003-201722312-CASUR Id.
271131 del 9 de octubre de 2017, a través del cual se negó la petición de
reliquidación de la asignación de retiro con base en el Decreto 2070 de 2003, acto
que constituyó la causa del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 05001-33-33- 017- 2018-00177-01.
Al respecto, el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Rubiel Idárraga Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03712-00
determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, cuando existen otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a
estos y no a la tutela.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo
su competencia12.
Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige
que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos
judiciales deben buscar la defensa de aquellos.
Por tanto, debe haber claridad en que la jurisdicción de lo contencioso
administrativo es la que tiene la competencia para conocer de las controversias
que se puedan suscitar de un acto administrativo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala encuentra superadas las exigencias de
procedencia únicamente frente a los argumentos planteados contra la providencia
judicial dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de
Oralidad el 21 de junio de 2022, por lo que abordará el fondo de la solicitud, sin
perjuicio de resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin
garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial,
y la protección de derechos de terceros.
12
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la
Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que
tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en
consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.
Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de
subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es
contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los
derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Rubiel Idárraga Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03712-00
2.5. Generalidades de los defectos
2.5.1. Defecto sustantivo
La Corte Constitucional13, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de
aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”14.
Puntualmente, el defecto sustantivo lo configuran los siguientes supuestos:
a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente15 o porque ha sido derogada16, es inexistente17,
inexequible18 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
Legislador19.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma20.
c) La disposición aplicada es regresiva21 o contraria a la Constitución22.
d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición23.
e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma24 .
13
Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio
Palacio.
14
Corte Constitucional, Sentencias SU.159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de
marzo de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del
24
de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre
otras.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3 de marzo de 2005. M.P. Manuel José cepeda
Espinosa.
16 Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4 de marzo de 2004. M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araújo
Rentería.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
19
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
20 Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30 de enero de 2009. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa y T-1101 del 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
21
Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
22
Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
23 Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
24 Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26 de agosto de 2004. M.P. Clara Inés Vargas.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Rubiel Idárraga Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03712-00
f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó
o justificó de manera insuficiente su actuación.
2.5.2. Desconocimiento del precedente
Resulta importante precisar la posición de la Sala sobre el concepto de
precedente, el cual se sintetiza en los siguientes términos:
“…es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que
debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud en
sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio decidendi
constituye la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en determinado
sentido…”.25
Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos26 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del
sentido de la decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, la cual
no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en
donde se especifique una regla o subregla de derecho.
Cabe resaltar que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho
creadas por las Altas Cortes cuando actúan como órganos de cierre, encuentra su
fundamento en la jerarquía del juez, a sus funciones asignadas por la norma
superior y a la garantía de los principios de igualdad y seguridad jurídica, así como,
en la coherencia del ordenamiento jurídico.
2.5.3. Violación directa de la Constitución
La Corte Constitucional, en sentencia SU-069 del 21 de junio de 2018, con
ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, indicó sobre el defecto
denominado violación directa a la Constitución, lo siguiente:
“(…) 32. El fundamento de esta causal es el modelo actual del ordenamiento
constitucional, puesto que a los preceptos contenidos en la Carta de 1991 se les ha
reconocido valor normativo, de manera que pueden ser aplicados directamente por
las autoridades y los particulares en algunos casos. En ese sentido, es posible
discutir las decisiones judiciales por medio de la acción de tutela en los eventos
donde los jueces omiten o no aplican debidamente los principios superiores.
(…)
33. El desconocimiento de la Constitución puede producirse por diferentes hipótesis.
Así, se ha sostenido que esta figura se estructura cuando el juez en la decisión
desconoce la Carta. Ello puede ocurrir, primero, porque no se aplica una norma
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 19 de
febrero de 2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 2013-02690-01.
26
Entre otras ver sentencia de 6 de mayo de 2021; expediente 11001-03-15-000-2021-0281-01.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Rubiel Idárraga Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03712-00
fundamental al caso en estudio, lo cual se presenta porque: (a) en la solución del
caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no
se tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.
En segundo lugar, porque se aplica la ley al margen de los preceptos consagrados
en la Constitución. En este caso, se ha señalado que los jueces, en sus fallos, deben
tener en cuenta la excepción de inconstitucionalidad contenida en el artículo 4º
Superior, en tanto la Carta es norma de normas y, cuando existe incompatibilidad
con las disposiciones legales, debe aplicarse de preferencia las constitucionales.
34. En suma, esta causal de procedencia específica de la acción de tutela se genera
a partir del desconocimiento de los jueces de aplicar la Constitución, conforme con
el mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados (…)”. (Énfasis propio)
2.6. Caso concreto
2.6.1. La parte actora consideró que el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala
Tercera de Decisión vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad social, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y el
principio de legalidad, al incurrir en los defectos sustantivo, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución en el fallo de 21 de junio de 2022.
2.6.1.1. En cuanto al yerro sustantivo indicó que se configuró por las siguientes
razones:
(i) Porque no se aplicó en la resolución de su caso el artículo 45 de la Ley 270 de
1996, en el cual se establece que los efectos de las sentencias, en los términos
del artículo 241 superior, rigen hacia el futuro, razón por la cual la solución de su
caso debía tener como fundamento el Decreto 2070 de 2003, en el sentido de
reconocer en la asignación de retiro, el 50% del monto de la prima de servicio, ello,
porque la referida norma se encontraba vigente en la fecha de retiro del actor (29
de abril de 2004).
(ii) Además, porque se interpretó erróneamente el artículo 106 del Decreto 1213
de 1990 por considerar que los tres meses de alta son un periodo de servicio activo
“cuando de todas maneras la codificación ut supra señala que lo es, únicamente para
efectos de prestaciones sociales, es decir para liquidar los haberes percibidos en
actividad”, en consecuencia, la fecha a tenerse en cuenta es aquella en la que fue
retirado del servicio (29 de abril de 2004), no el momento en que CASUR le
reconoció el derecho que ya había adquirido.
(iii) Advirtió que se omitió el artículo 10° de la Ley 1437 de 2014, en el cual se
indica la obligación que tienen todas las autoridades de aplicar de manera
uniforme las normas al resolver casos con similitud fáctica y jurídica.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Rubiel Idárraga Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03712-00
2.6.1.2. Respecto al desconocimiento del precedente del Consejo de Estado,
resaltó que no se acudió a la sentencia de 7 de marzo de 2013 proferida dentro
del expediente No. 11001-33-31-010-2007-00575-01, en la que se señaló que los
tres meses de alta tienen como objetivo primordial la elaboración de la hoja de
servicios y el reconocimiento de la prestación a través del acto que profiera la
entidad.
Agregó que se desconocieron las sentencias de la subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado de 10 de julio de 2014, dictada en el proceso No.
11001-33-31-702-2009-00041-01, y de la Sección Segunda del Consejo de Estado
de 4 de septiembre de 2017, expedida en el expediente No. 17001-23-33-000-
2015-00061-01, en las que se resolvieron asuntos similares en el sentido de
acceder a las pretensiones de los demandantes por considerar que a la fecha de
retiro de los funcionarios la norma vigente era el Decreto 2070 de 2003.
2.6.1.3. Violación directa de la Constitución
Expuso que con la expedición de la sentencia censurada se transgredieron sus
derechos fundamentales a la dignidad, a la igualdad, a la seguridad social y de
acceso a la administración de justicia, debido a que no se atendió la postura
señalada en la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 7 de marzo de
2003 dictada dentro del expediente No. 11001-33-31-010-2007-00575-01 y en la
providencia 10 de julio de 2014, dictada en el proceso No. 11001-33-31-702-2009-
00041-01.
2.6.2. En este punto del planteamiento del debate, se precisa que los tres cargos
se encuentran íntimamente relacionados debido a que el argumento principal
concierne a que, el señor Rubiel Idárraga Hernández tiene derecho a que el valor
de la prima de servicio se ajuste hasta el 50% de su monto, lo cual tiene incidencia
en la asignación de retiro que percibe mensualmente.
Ello, con fundamento en que la norma que debía aplicársele era la que se
encontraba vigente en el momento en que fue retirado del servicio activo, esto es,
el Decreto 2070 de 2003, pues su labor finalizó el 29 de abril de 2004, antes de
que se expidiera y publicara la sentencia C-432 de 2004 a través de la cual la
Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la referida norma.
En ese orden, el tribunal cuestionado dio un alcance indebido al artículo106 del
Decreto 1213 de 1990 que establece la finalidad de los tres meses de alta, puesto
que la interpretación realizada por la mencionada judicatura radicó en que al
finalizar dicho lapso se concretaba el momento del retiro del agente, pese a que
tal período se usa para temas netamente administrativos y por ello no incidía en
el reconocimiento del derecho reclamado.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Rubiel Idárraga Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03712-00
Por lo anterior y para efectos prácticos, esta Colegiatura estudiará las tres
causales especiales en conjunto desde la óptica del defecto sustantivo por
corresponder a la alegación cardinal derivada de la omisión de resolver el asunto
ordinario con sustento en la norma vigente al momento del retiro del servidor.
2.6.3. Ahora, al revisar la sentencia reprochada de 21 de junio de 2022 se observa
que la razón de la decisión consistió en que el Decreto 2070 de 2003 no le era
aplicable al señor Rubiel Idárraga Hernández debido a que, si bien la fecha de su
retiro fue el 29 de abril de 2004, lo cierto es que los tres meses de alta culminaron
el 29 de julio de la misma anualidad, momento para el cual ya se había declarado
la inexequibilidad de la norma ibídem en sentencia C-432 de 6 de mayo de 2004.
Luego, el tribunal accionado consideró que el Decreto 1213 de 199027 era el
vigente para la fecha de consolidación del derecho, el cual en su artículo 3028
estipuló la prima de actividad para los Agentes de la Policía Nacional en servicio
activo.
Adicionalmente, precisó que en el artículo 101 ejusdem se establecieron las bases
de liquidación de las prestaciones sociales unitarias y periódicas de los
mencionados agentes en el siguiente sentido:
“ARTÍCULO 101. COMPUTO PRIMA DE ACTIVIDAD. A los Agentes que se retiren
o sean retirados del servicio activo a partir de la vigencia del presente Decreto, para
efectos de asignación de retiro, pensión y demás prestaciones sociales, la prima de
actividad se les computará de la siguiente forma:
• Para Agentes con menos de veinte (20) años de servicio, el quince por ciento
(15%) del sueldo básico.
• Para agentes entre veinte (20) y veinticinco (25) años de servicio, el veinte por
ciento (20%) del sueldo básico.
• Para Agentes con más de veinticinco (25) años de servicio, el veinticinco por ciento
(25%) del sueldo básico (…)”. (Énfasis propio).
Sin embargo, resaltó que en aplicación del principio de oscilación en el Decreto
2863 de 200729 se dispuso un incremento en el porcentaje de la prima de actividad
tanto para el personal activo como para el retirado, así:
27
“Por el cual se reforma el estatuto del personal de agentes de la Policía Nacional.”
28
“ARTÍCULO 30. PRIMA DE ACTIVIDAD. Los Agentes de la Policía Nacional en servicio activo,
tendrán derecho a una prima mensual de actividad, que será equivalente al treinta por ciento (30%)
del sueldo básico y se aumentará en un cinco por ciento (5%) por cada cinco (5) años de servicio
cumplido.”
29
“Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1515 de 2007 y se dictan otras disposiciones”.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Rubiel Idárraga Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03712-00
“Artículo 2°. Modificar el artículo 32 del Decreto 1515 de 200730 el cual quedará
así:
Incrementar en un cincuenta por ciento (50%) a partir del 1° de julio de 2007, el
porcentaje de la prima de actividad de que tratan los artículos 84 del Decreto-ley
1211 de 1990, 68 del Decreto-ley 1212 de 1990 y 38 del Decreto-ley 1214 de 1990.
Para el cómputo de esta prima en las prestaciones sociales, diferentes a la
asignación de retiro o pensión, de que tratan los artículos 159 del Decreto-ley 1211
de 1990 y 141 del Decreto-ley 1212 de 1990, se ajustará el porcentaje a que se
tenga derecho según el tiempo de servicio en el cincuenta por ciento (50%).
Artículo 4°. En virtud del principio de oscilación de la asignación de retiro y pensión
dispuesto en el artículo 42 del Decreto 4433 de 2004, los Oficiales y Suboficiales de
las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional con asignación de retiro o pensión de
invalidez o a sus beneficiarios y a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes
de los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional
obtenida antes del 1° de julio de 2007, tendrán derecho a que se les ajuste en el
mismo porcentaje en que se haya ajustado el del activo correspondiente, por razón
del incremento de que trata el artículo 2° del presente decreto que modifica el
artículo 32 del Decreto 1515 de 2007.”
En ese orden, al descender al caso concreto advirtió que según la hoja de servicio,
el actor prestó un tiempo de servicio de 17 años, 2 meses y 18 días, por ello le fue
reconocida la asignación de retiro mediante la Resolución No. 04736 de 27 de
agosto de 2004 equivalente al 58% del sueldo básico de actividad, incluida la prima
de actividad en un 15%.
Indicó que, comoquiera que el artículo 106 del Decreto 1213 de 1990 estipula los
tres meses de alta que se considera “como de servicio activo únicamente para efectos
prestacionales sociales”, en el acto de reconocimiento de la asignación de retiro se
señaló que esta sería efectiva a partir del 29 de julio de 2004, fecha en la que ya
había sido declarado inexequible el Decreto 2070 de 2003.
2.6.4. En este contexto, se anuncia que atendiendo a la postura de la Sala31 se
accederá al amparo de los derechos fundamentales del señor Rubiel Idárraga
Hernández al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, por las razones que se exponen a continuación:
30 “Por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de Oficiales y Suboficiales de las
Fuerzas Militares; Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional; Personal del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional, y Empleados Públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional; se establecen bonificaciones para Alféreces, Guardiamarinas,
Pilotines, Grumetes y Soldados, se modifican las comisiones y se dictan otras disposiciones en
materia salarial.”
31
Sentencia de 20 de agosto de 2020, expediente No. 11001-03-15-000-2020-03301-00, M.P.
Rocío Araújo Oñate.
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Rubiel Idárraga Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03712-00
La Sección Segunda del Consejo de Estado, en relación con la aplicación y
alcance del Decreto 2070 de 200332 ha sostenido una posición reiterada dentro de
lo cual se encuentran enlistadas las providencias señaladas por la parte actora
como desatendidas, criterio que se contrae a señalar que cuando el retiro del
agente se produce en vigencia de la referida norma, tendrán que aplicarse las
reglas contenidas en el mencionado decreto, pese a que los tres meses de alta
finalicen con posterioridad, pues tal como lo adujo el tutelante, la regla general es
que los efectos de las sentencias rigen hacia el futuro, salvo que en el mismo
proveído se disponga lo contrario.
Corolario, en la sentencia de 7 de marzo de 2013 el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, manifestó lo que se cita in extenso:
“En efecto sobre el tema, ésta (sic) Subsección se pronunció acerca de la vigencia
del mencionado Decreto 2070 de 2003, en sentencia del 1° de marzo de 2012, con
ponencia del Consejero Dr. Alfonso Vargas Rincón, dentro del proceso radicado con
el No. 17001-23-31-000-2005-02204-01(0702-09), en el que señaló:
Es cierto que el Decreto 2070 de 2003 fue objeto de declaratoria de inexequibilidad
a través de la sentencia C-432 de 2004, sin embargo, para cuando se profirió esta
providencia, 6 de mayo de 2004, estaba vigente y el reconocimiento de la asignación
de retiro había sido efectuado desde el 13 de abril de 2004.
Sin embargo, no era posible modificar el acto de reconocimiento de la asignación
de retiro del actor con base en la declaratoria de inexequibilidad de la norma que le
había servido de fundamento a la entidad, por cuanto los efectos de dichos fallos
rigen hacia el futuro, salvo que la misma providencia determine lo contrario, criterio
que no sólo está fundado en el principio de la presunción de legalidad, de respeto
por los efectos que ya surtió la Ley y por las situaciones establecidas bajo su
vigencia, sino también por el principio de seguridad jurídica.
Así lo dispone el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, al decir:
32
“Artículo 23. Partidas computables. La asignación de retiro, la pensión de invalidez, y la pensión
de sobrevivencia a las que se refiere el presente decreto del personal de la Policía Nacional, se
liquidarán según corresponda en cada caso, sobre las siguientes partidas así: (…)
Parágrafo 1º. Los Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional que hubieren ingresado
al escalafón antes del 29 de julio de1988, que sean retirados por llamamiento a calificar servicios,
por disminución de la capacidad psicofísica, o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General
de la Policía Nacional, según corresponda, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen
los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se les
pague una asignación mensual de retiro, así:
El cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas computables a que s e refiere el artículo
23 del presente decreto, por los quince (15) primeros años de servicio, y un cuatro por ciento (4%)
más por cada año que exceda de los quince (15) hasta los veinte (20) años, sin sobrepasar el
setenta por ciento (70%). A partir de los veinte (20) años de servicio la asignación de retiro se
adicionará en un cuatro por ciento (4%) por cada año que exceda de los veinte (20) primeros hasta
los veinticuatro (24) años, sin sobrepasar el ochenta y cinco por ciento (85%).”
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Rubiel Idárraga Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03712-00
ARTÍCULO 45. REGLAS SOBRE LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS
PROFERIDAS EN DESARROLLO DEL CONTROL JUDICIAL DE
CONSTITUCIONALIDAD.
Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su
control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos
hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario.
En consecuencia, por lo expuesto, la Caja de Retiro de la Policía Nacional no podía
como lo hizo, modificar el régimen bajo el cual había reconocido la asignación de
retiro y por tal razón se confirmará la providencia consultada, modificándola en el
sentido de señalar que el porcentaje en que debe reconocerse la prima de actividad
corresponde a un 54% más, como bien lo señaló el Procurador Segundo Delegado
ante esta Corporación en su concepto, por disposición del artículo 23 del Decreto
2070 de 2003.
En efecto, para nuestro caso es importante resaltar que si bien el retiro del actor se
produjo el 13 de febrero de 2004 y los tres meses de alta culminaron el 13 de mayo
de 2004, es claro que tal periodo tiene como uno de los objetivos primordiales la
elaboración de la hoja de servicios y el reconocimiento de la prestación a través de
acto administrativo proferido por la entidad, culminados los cuales se goza del
derecho al pago de la asignación de retiro, como lo disponen los artículos 24 y
siguientes del Decreto 2070 de 2003 (…).
Por ello, no queda duda, que el actor cuenta con el derecho a que el reconocimiento
de la asignación de retiro se efectúe con base en el Decreto 2070 de 2003, vigente
a la fecha de retiro del actor, atendiendo al 55% de la prima de actividad, y que
debido a esto, sea reajustada su asignación de retiro, efectiva desde el 13 de junio
de 2004, como lo pidió en la demanda, debido a la no ocurrencia del fenómeno de
prescripción (…)”.
En este punto de la discusión, se evidencia que el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Tercera de Oralidad al proferir la decisión cuestionada tuvo como
punto de partida que: (i) el señor Idárraga Hernández se retiró del servicio por
disminución de la capacidad psicofísica el 29 de abril de 2022 y que los tres meses
de alta se extendieron hasta el 26 de julio de la misma anualidad; y (ii) mediante
Resolución No. 04736 de 27 de agosto de 2004 se le reconoció al accionante el
pago de una asignación de retiro, razones por las que el tutelante adquirió el
estatus a partir del 29 de julio de 2004, fecha en la que ya se había proferido la
sentencia C-432 de 6 de mayo de 2004.
Así las cosas, atendiendo a la postura del órgano de cierre en la materia, esto es,
la Sección Segunda del Consejo de Estado, esta Sala de Decisión advierte que
en el caso sub lite se configuran los defectos por desconocimiento del precedente
y violación directa de la Constitución, a la luz del análisis del defecto sustantivo
alegado, al proferir la decisión de 21 de junio de 2022.
Lo anterior, por cuanto el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de
Oralidad, no atendió a la definición de la vigencia y alcance del Decreto 2070 de
2003, en relación con la liquidación de la asignación de retiro de los funcionarios
de la Policía Nacional, en lo que respecta a la prima de actividad, consistente en
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Rubiel Idárraga Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03712-00
que la norma aplicable es la que se encuentre vigente a la fecha del retiro, que en
este caso fue el 29 de abril de 2004 pues, la finalidad del periodo de tres meses
de alta es permitir que la entidad disponga de un tiempo prudente para elaborar la
hoja de servicios y expedir el acto de reconocimiento de la asignación de retiro, de
modo que el derecho surge con anterioridad a este.
En ese orden de ideas, le asiste razón al señor Rubiel Idárraga Hernández al
defender su derecho de ajuste en el monto de la prima de actividad, por cuanto al
momento en que se materializó su retiro, es decir, el 29 de abril de 2004, el Decreto
2070 de 2003 se encontraba rigiendo de forma plena, norma que estipulaba que
tal partida debía calcularse sobre el 50% del sueldo básico, asunto distinto es que
el empleador cuente legalmente con tres meses durante los cuales debe finiquitar
la situación administrativa del funcionario y enviar los documentos requeridos a la
entidad pagadora para que se produzca el acto de reconocimiento y se inicie con
los pagos correspondientes.
Lo cual deja sin piso jurídico el hecho de que el tribunal censurado señalara que
el estatus de retirado solo se adquirió hasta el momento en que culminó el periodo
de alta que señaló como el 29 de julio de 2004, por cuanto con ello se desconoce
arbitrariamente que el señor Idárraga Hernández consolidó su derecho desde el
29 de abril de 2004.
Así las cosas, la Sección Quinta del Consejo de Estado, actuando como juez
constitucional, accederá al amparo de las prerrogativas fundamentales invocadas
por el señor Rubiel Idárraga Hernández, tras encontrar acreditados los defectos
sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.
2.7. Conclusión
Con base en lo expuesto, se ampararán los derechos fundamentales del señor
Rubiel Idárraga Hernández al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad
y de acceso a la administración de justicia, en consecuencia, se dejará sin efectos
la sentencia de 21 de junio de 2022 dictada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, para que, dentro de los 20 días siguientes a
la notificación de esta providencia, profiera una sentencia de reemplazo dentro del
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado N°. 05001-33-
33- 017- 2018-00177-01, en la cual atienda los lineamientos expuestos por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, relacionados con la vigencia y
aplicación del Decreto 2070 de 2003.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Rubiel Idárraga Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03712-00
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo por no satisfacer el
requisito de subsidiariedad respecto a los argumentos elevados contra la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia del señor
Rubiel Idárraga Hernández. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la
sentencia de 21 de junio de 2022 dictada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, para que, dentro de los 20 días siguientes a
la notificación de esta providencia, profiera una sentencia de reemplazo dentro del
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado N°. 05001-33-
33- 017- 2018-00177-01, en la cual atienda los lineamientos expuestos por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, relacionados con la vigencia y
aplicación del Decreto 2070 de 2003.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.