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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02136-00

Fecha
20 de mayo de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02136-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta en contra de la sentencia de fecha 9 de julio de 2021, dictada por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección “B” dentro del proceso de reparación directa radicado 52001-23-31-000-2010-00511-01 (43590). SEGUNDO: RECONOCER personaría a la abogada Mary Aide Pantoja Mora, identificada con cédula de ciudadanía nro. 59.819.511 de la ciudad de Pasto – Nariño y T.P nro. 193683 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de los accionantes, en los términos y para los fines del poder a ella conferido. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si ella no es impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-02136-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

20 de mayo de 2022

Radicado: 11001 03 15 000 2022 02136 00
Demandantes: RIGOBERTO CUENU Y OTROS

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2022 02136 00
Demandante: RIGOBERTO CUENU Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN “B”

Tesis: No es procedente la acción de tutela que se interpone
más de seis meses después de que fue notificada la
providencia que se considera violatoria de derechos
fundamentales, si la parte actora no presenta
argumentos válidos que expliquen su tardanza en la
interposición de la solicitud de amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por los señores Rigoberto
Cuenu, María Nelly Cuenu y Floripe Escobar, por intermedio de abogada
en contra de la sentencia de segunda instancia dictada el 9 de julio de
2021, por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección “B”,
dentro del proceso de reparación directa 52001-23-31-000-2010-00511-
01(43590) en el que actúan como demandados la Nación-Ministerio de
Defensa y Policía Nacional.

I.- SÍNTESIS DEL CASO

El señor Rigoberto Cuenu y otros, por intermedio de apoderado, invocaron
la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia, que
estimaron vulnerados con la sentencia de segunda instancia de 9 de julio
de 2021, dictada por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección

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Radicado: 11001 03 15 000 2022 02136 00
Demandantes: RIGOBERTO CUENU Y OTROS

“B”, dentro del proceso de reparación directa en el cual se decidió revocar
la sentencia de primera instancia en la cual se había negado las
pretensiones de la demanda y en su lugar decidió declarar la
responsabilidad de las entidades demandadas por la fumigación aérea de
glifosato realizada el 6 de agosto de 2008 en Tumaco, sobre la propiedad
de los demandantes, sin respetar las franjas de seguridad del plan de
manejo ambiental impuesto para el PECIG y como consecuencia las
condenó a indemnizar los perjuicios morales y los perjuicios materiales
únicamente en la modalidad de daño emergente, sin tener en cuenta la
totalidad de las pretensiones reparatorias solicitadas en la demanda.

La parte accionante en la presente actuación constitucional formuló las
siguientes pretensiones1:

“Primero. Tutelar los derechos fundamentales a LA IGUALDAD, AL DEBIDO
PROCESO – DEFENSA, CONTRADICION y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA y los demás derechos fundamentales que se consideren vulnerados
extrapetita (sic) en favor del señor RIGOBERTO CUENU, FLORIPE ESCOBAR y
MARIA NELLY CUENU.

Segundo. Como consecuencia, ruego se ordene al H. Consejo de Estado – Sala
De Lo Contencioso Administrativo- Sección Tercera – Subsección B, con ponencia
del Honorable Magistrado Dr. ALBERTO MONTAÑA PLATA, dentro de la demanda
de Medio de Control de Acción de Reparación Directa No.
52001233100020100051101(43590), propuesta por RIGOBERTO CUENU Y
OTROS en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA
NACIONAL, dejar parcialmente sin efectos la sentencia de fecha 09 de julio de
2021 y en nuevo fallo se reconozcan sin limitar en la parte considerativa el valor
del perjuicio material del daño emergente, tal como pidió́ en la demanda y se
entre también al reconocimiento del valor del lucro cesante por estar probados
dentro del proceso su reclamación y en defensa del derecho a la igualdad por
existir fallos judiciales de esta misma corporación donde se reconocen dichos
daños en casos similares, sin las exigencias aquí impuestas.

Tercero. Se tomen las medidas y ordenes que se consideren necesarias para que
cese la vulneración a los derechos invocados.

Cuarto. Se ordene al Honorable Tribunal Administrativo De Nariño –, que en un
término no mayor a 48 Horas, de cumplimiento al fallo de tutela.”

En ese orden, el accionante para sustentar las anteriores pretensiones
argumentó lo siguiente:

En primer término, la parte actora señaló que en la sentencia de segunda
instancia al momento de reconocer el valor del perjuicio material en la

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Escrito de tutela cargado en el aplicativo SAMAI.

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modalidad de daño emergente, decidió́ condenar al Ministerio de Defensa
– Policía Nacional a pagar a favor de los demandantes la suma de
$116’864.928, sin tener en cuenta que en las pretensiones de la demanda
se solicitó además de la suma ya reconocida que, el juez reconociera el
valor del daño emergente que resultara probado en el proceso, aspecto
que no fue tenido en cuenta, por cuanto en la sentencia acusada no se
hizo mención alguna frente a esa solicitud.

En segundo término señaló que en la sentencia acusada no se reconoció
ningún valor por concepto de lucro cesante, toda vez que el juez de
segunda instancia señaló que no se había probado este perjuicio por parte
de los demandantes, en atención a que no existía evidencia certera de
que fueran a vender los frutos de la palma que se encontraba plantado
en los terrenos que sufrieron la aspersión por glifosato. Lo anterior en
consideración de la parte actora configuraba una vía de hecho al no
valorar adecuadamente las pruebas que demostraban el perjuicio, y en
suma, explicó que la sentencia acusada cae en una contradicción evidente
al momento que hace el reconocimiento del perjuicio moral con
fundamento en que “era un proyecto productivo en el que habían invertido
todos sus ahorros y del que de pendía la manutención y el futuro de todos
los miembros de la familia” lo cual solo se podía considerar si se
comercializaba dicho producto.

Frente al no reconocimiento del lucro cesante adujo que la sentencia
acusada violó el derecho a la igualdad, puesto que en su consideración se
desconoció la sentencia del veintisiete (27) de enero de dos mil dieciséis
(2016) identificada con radicación número: 52001-23-31-000-2006-
00395-01 (34797) la cual “en caso similar reconoció en sentencia también
ordenó en condena en abstracto el reconocimiento y pago de los perjuicios
materiales en la modalidad de lucro cesante para la liquidación de este
perjuicio en un cultivo de palma, sin exigir cargas o pruebas como las
ahora exigidas en este fallo”.

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II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

2.1. De la admisión de la acción de tutela

La solicitud de amparo de la referencia fue radicada por la parte
accionante el 8 de abril de 20222 y posteriormente fue repartida y
allegada a este despacho el 18 de abril de 2022.

El 21 de abril de 2022, se admitió la acción de tutela, se ordenó notificar
a los Magistrados que integran la Subsección “B” de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, y dispuso comunicar la iniciación del presente
trámite a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, y
al Tribunal Administrativo de Nariño, en atención al interés que les asiste
en las resultas de este proceso, así como a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado ANDJE.

De otra parte, requirió a la apoderada judicial de la parte accionante para
que allegara los documentos pertinentes que la facultaban para actuar en
el presente trámite.

La apoderada de los accionantes respondió al requerimiento aportando el
poder que la facultaba para interponer la presente tutela junto con sus
anexos mediante escrito del 4 de mayo de 20223. En consecuencia, se
procederá al reconocimiento de la personería en la parte resolutiva de
esta providencia.

2.2. De las contestaciones de la acción de tutela

2.2.1. La Policía Nacional a través del jefe del área jurídica, manifestó lo
siguiente:

Adujo que la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
al momento de proferir la sentencia acusada realizó un análisis de las
pruebas que obraban en el expediente y que las condenas se concedieron

2
Aplicativo Samai 2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) Nr oActua 2
3
Aplicativo Samai “RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO_PODERESTUTELARIGO(.pdf) NroActua
10”

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efectivamente a partir de lo probado, no existiendo una indebida
valoración probatoria, y en consecuencia no existía violación de derecho
fundamental alguno.

De otra parte, señaló que la acción de tutela presentada no cumplía con
el requisito de procedibilidad de la inmediatez, así:

“Para el sub lite, se va a indicar por qué no se encuentra demostrado en el escrito
de tutela por parte de los accionantes los argumentos relacionados con uno de
los requisitos generales para la procedencia de la acción constitucional contra
providencias judiciales, como es el REQUISITO DE INMEDIATEZ, toda vez que
la solicitud de amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, defensa, contradicción y acceso a la administración de Justicia,
formulados por los accionantes, carece de tal exigencia, por cuanto la presente
acción de tutela fue presentada el ocho (8) de abril de 2022, mientras que la
providencia objeto de estudio fue notificada el veintidos (22) de septiembre del
2021. Acordé a lo expuesto la parte actora dejó transcurrir más de SEIS (6)
MESES, DIECISIETE (17) DÍAS, para solicitar la protección de sus derechos
fundamentales presuntamente vulnerados por la providencia objeto de
controversia, circunstancia que, sin lugar a dudas, desconoce el requisito de
inmediatez.” (resaltado del texto original)

2.2.2. El Tribunal Administrativo de Nariño, presentó un informe del
trámite que se adelantó en su despacho dentro del proceso de reparación
directa objeto del presente estudio, y concluyó señalando lo siguiente:

“13. En el fallo, que se menciona en el memorial de tutela, se consignaron las
circunstancias procesales y probatorias por las que el H. Consejo de Estado emitió
en sentido positivo a las pretensiones de la demanda, sin que en este informe se
pueda plasmar alguna otra situación, ya que los jueces se expresan a través de
sus providencias; por lo tanto, no se puede pretender que la acción de tutela se
convierta en una etapa procesal adicional, en la que se controvierta un asunto
que ya fue resuelto atendiendo las garantías legales y constitucionales en la etapa
procesal correspondiente, en los asuntos de primera y segunda instancia,
definidos y discutidos en esta Jurisdicción.

14. Por lo anterior, respetuosamente solicito se tenga en cuenta, a manera de
informe, este corto escrito, ya que lo realmente relevante en relación con la
condena se encuentra consignado en las líneas de la decisión judicial que se
adoptó como resultado del proceso que se incoó a través de la antigua acción de
reparación directa.”

2.2.3. La Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, así
como los demás vinculados a este trámite constitucional, pese a ser
debidamente notificados, guardaron silencio.

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III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. COMPETENCIA

Conforme a lo previsto por el numeral séptimo del artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del
Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta
Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.

3.2. HECHOS

3.2.1. El señor Rigoberto Cuenu y otros presentaron una acción de
reparación directa en contra de la Nación Ministerio de Defensa – Policía
Nacional para obtener la indemnización por los perjuicios ocasionados por
la aspersión con glifosato realizada por la Policía Antinarcóticos sobre el
predio de su propiedad, que causó la pérdida de la totalidad de su cultivo
de palma africana.

3.2.2. El proceso fue conocido en primera instancia por el Tribunal
Administrativo de Nariño, correspondiéndole el número de radicado
520012331000201000511 00, en el cual se decidió negar las pretensiones
de la demanda.

3.2.3. La anterior decisión fue apelada por la parte demandante y el
estudio del recurso de apelación correspondió a la Sección Tercera -
Subsección “B” del Consejo de Estado, que, mediante sentencia de fecha
9 de julio de 2021, decidió:

“PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 10 de febrero de 2012 del Tribunal
Administrativo de Nariño.

SEGUNDO: DECLARAR LA RESPONSABILIDAD DEL MINISTERIO DE DEFENSA-
POLICÍA NACIONAL por el daño padecido por Rigoberto Cuenu, Floripe Escobar y
María Nelly Cuenu, con la fumigación aérea de glifosato realizada el 6 de agosto
de 2008 en Tumaco sin respetar las franjas de seguridad del plan de manejo
ambiental impuesto para el PECIG.

TERCERO: CONDENAR AL MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL a
indemnizar los perjuicios morales con 10 SMLMV al señor Rigoberto Cuenú, y los
perjuicios materiales a los demandantes en la modalidad de daño emergente, con

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la cuantía que se establezca dentro del trámite incidental que para el efecto deberá
promover la parte actora dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria
de esta decisión, y que deberá resolverse de conformidad con las pautas
establecidas en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO: SE NIEGAN las demás pretensiones de la demanda.”

3.2.4. Inconforme con la decisión dictada por el Consejo de Estado –
Sección Tercera – Subsección “B” (segunda Instancia), los aquí
accionantes interpusieron la presente acción de tutela, invocando como
derechos fundamentales vulnerados a la igualdad, al debido proceso, a la
defensa y al acceso a la administración de justicia.

3.3. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Tratándose de tutelas contra providencias judiciales, la jurisprudencia
constitucional adoptó los siguientes requisitos de carácter general, los
cuales han sido acogidos por esta corporación4:

“[…] a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a
estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el
sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto
es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo,
se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de
las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora. No obstante, de acuerdo

4
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García
González)

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con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una
grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la
protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta
exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de
unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento
de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre la
protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera
indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un
riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual
las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva,
se tornan definitivas. […]”

En consideración a lo expuesto, la Sala advierte que, cuando se cuestiona
una providencia judicial por medio de una acción de tutela, el actor debe
cumplir con los requisitos de procedencia. En este sentido, el éxito de la
solicitud de amparo en estos eventos se encuentra supeditado al
cumplimiento de los denominados requisitos generales de procedencia, a
la verificación de al menos una de las “causales específicas de
procedibilidad” que representan las razones concretas por las cuales se
puede acusar una providencia de infringir derechos fundamentales, y a
que el actor despliegue una carga argumentativa consistente en explicar
las anomalías que le atribuye a la providencia, las cuales se pueden
enmarcar dentro de las siguientes categorías: a) El defecto material o
sustantivo; b) La violación directa de la Constitución; c) El defecto fáctico;
d) El defecto procedimental; e) La decisión sin motivación; f) El defecto
orgánico; g) El desconocimiento del precedente, y h) El error inducido, o,
como mínimo, que en la petición de amparo haga una exposición
suficientemente clara de los hechos y derechos que la fundamentan, de
forma tal que el juez constitucional pueda deducir, sin elucubraciones,
cuál es el defecto que la parte actora reprocha de la providencia.

3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

8
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De conformidad con lo anterior, el análisis de las acciones de tutela contra
providencias judiciales exige una cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este instrumento
excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial. En ese orden, la Sala analizará, si se
cumplen los requisitos generales fijados por la jurisprudencia constitucional
para la procedencia de la acción de tutela formulada por el señor Rigoberto
Cuenu y otros, contra de sentencia de 9 de julio de 2021 dictada por el
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección “B”, dentro del proceso
de reparación directa radicado 520012331000201000511 01(43590).

3.1.1. El requisito de inmediatez en la acción de tutela contra
providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional ha considerado que, dado que la finalidad
de la tutela es la protección urgente e inmediata de los derechos
fundamentales del solicitante, éste debe formularla en un plazo razonable
y proporcionado contado a partir del hecho que originó la amenaza o
vulneración de tales derechos, pues aceptar lo contrario desvirtuaría el
carácter excepcional de la acción de tutela.

Ahora bien, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
corporación, mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014,
en lo concerniente a la verificación del cumplimiento del requisito de
inmediatez en los casos que se controvierten providencias judiciales 5,
consideró que dicha exigencia, por regla general, se debe tener por
cumplida cuando la acción se interpone dentro de los seis (6) meses
siguientes a la notificación de la providencia que se pretende controvertir.

Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la
naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las

5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014.
Rad.11001-03-15-000-2012-02201-01 (M. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez).

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mismas y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad. Este plazo, en todo caso, es indicativo, por lo que
deberá ser analizado en cada caso particular, teniendo en consideración
las circunstancias especiales de modo, tiempo y lugar en que se encuentre
el accionante.

A este respecto, en sentencia SU-354 de 2017, la Corte Constitucional
destacó que la importancia de exigir un término razonable entre la
notificación de la sentencia que se controvierte y la interposición de la
acción de tutela radica en que dicho requisito: “[…] (i) garantiza una
protección urgente de los derechos fundamentales presuntamente
amenazados o vulnerados; (ii) evita una lesión desproporcionada a
atribuciones jurídicas de terceros; (iii) resguarda la seguridad jurídica; y
(iv) desestima las solicitudes negligentes[…]”. En adición, la corporación
reiteró que no existe un término de caducidad para acudir al amparo
constitucional, de manera que cada caso debe ser analizado en concreto,
teniendo en cuenta todos los matices y circunstancias que puedan
presentarse en el curso del acontecimiento de los hechos.

Por lo mismo, la Corte Constitucional6 ha establecido criterios
excepcionales para valorar la admisibilidad de una acción de tutela
presentada luego de que hubiese transcurrido un largo período respecto
de la vulneración o amenaza de derechos. En ese orden de ideas,
tratándose de los criterios excepcionales para evaluar la presentación
proporcional en el tiempo de la acción de tutela, resulta necesario que el
escrito de demanda despliegue un mínimo de carga argumentativa en
aras de acreditar: (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los
accionantes; (ii) si esta inactividad vulnera el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo
causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los
derechos de los interesados, y (iv) si el fundamento de la acción de tutela
surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos

6
Sentencias T-584 de 2011 y SU-499 de 2016 entre otras.

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fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha
de interposición7.

Una vez verificado lo anterior, el juez constitucional deberá examinar las
circunstancias propias del caso objeto de su estudio, en aras de establecer
si éstas se adecúan a los criterios excepcionales fijados por la Corte
Constitucional, los cuales pueden responder a parámetros de índole
subjetiva u objetiva, según corresponda.

Las razones de índole subjetiva, son aquellas que atañen a las condiciones
especiales del sujeto o sujetos que instauran la acción de tutela. Así pues,
el juez constitucional deberá evaluar: (i) si el demandante pertenece a un
grupo vulnerable; (ii) si de conformidad con la situación personal o
coyuntural del actor no era posible acudir de forma inmediata al juez
constitucional; (iii) si el accionante se encuentra en condiciones de
aislamiento geográfico o de vulnerabilidad económica que le impidieron
ejercer la tutela; (iv) si está en estado de indefensión que le impidió hacer
uso de la acción de tutela, y (v) si la vulneración a los derechos
fundamentales ha sido permanente en el tiempo.

Por su parte, el criterio objetivo hace referencia a aquellos eventos en que
la Corte Constitucional haya expresamente determinado un plazo especial
para la interposición del amparo dada las condiciones propias del caso en
concreto, como sucede cuando se discuten pensiones de sobrevivientes.

En conclusión, este requisito implica, como regla general, que la acción
de tutela debe interponerse dentro de los seis (6) meses siguientes a la
notificación de la providencia que se pretende controvertir. Sin embargo,
si de conformidad con la argumentación expuesta por el demandante en
el escrito de tutela, el juez constitucional evidencia que existe una causal
de justificación para que éste no haya acudido al procedimiento de
amparo en ese plazo, deberá acudir a los criterios excepcionales para el
cumplimiento del requisito de inmediatez, esto es, el objetivo o subjetivo,

7
En ese sentido, ver entre otras las sentencias SU-961 de 1999 (M. P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-814 de
2004 (M. P. Rodrigo Uprimny Yepes), T-743 de 2008 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa) y T-172 de 2013
(M. P. Jorge Iván Palacio Palacio).

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para analizar si el tiempo de presentación y la fecha en que fue instaurada
la tutela es proporcional a las condiciones del caso en concreto.

3.1.2. Caso Concreto

En el caso bajo estudio, el accionante mediante la presente acción
constitucional pretende cuestionar la providencia del 9 de julio de 2021,
dictada por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección “B”,
dentro del proceso de reparación directa radicado 52001-23-31-000-
2010-00511-01 (43590), mediante la cual se revocó la sentencia de
primera instancia que había negado las pretensiones de la demanda y en
su lugar declaró la responsabilidad del Ministerio de Defensa-Policía
Nacional por el daño padecido por Rigoberto Cuenu, Floripe Escobar y
María Nelly Cuenu, con la fumigación aérea de glifosato realizada el 6 de
agosto de 2008 en el muncipio de Tumaco sin respetar las franjas de
seguridad del plan de manejo ambiental impuesto para el PECIG.

La anterior decisión fue notificada por edicto electrónico a través de oficio
nro. 39737 del 22 de septiembre de 2021 a la apoderada de la parte
demandante de conformidad con las actuaciones registradas en el
aplicativo SAMAI del proceso de reparación directa8.

En este punto es importante señalar que en la presente acción
constitucional los accionantes actuaron a través de la misma apoderada
que los representó en el proceso ordinario y a la cual se le notificó la
sentencia que se acusa en el sub lite.

No obstante lo anteior, la presente acción constitucional fue radicada el día
ocho (8) de abril de 2022, es decir, seis (6) meses y doce (12) días
después de la fecha en la cual quedó efectivamente notificada la sentencia
que se censura, superando el término de los 6 meses establecidos por la
jurisprudencia como tiempo razonable para la presentación de tutelas
contra providencias judiciales.

8
Aplicativo samai del proceso de reparación directa “Soporte notificación FALLO de fecha 09/07(.pdf) NroActua
49”

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Ahora bien, revisado de manera detallada el escrito de tutela así como los
anexos aportados, se puede establecer que la parte actora no se
pronunció frente al cumplimiento del requisito de inmediatez, así como
tampoco expuso algún motivo válido que explicara su tardanza en la
interposición de la presente acción de tutela dentro del término
establecido por la jurisprudencia.

De igual manera, los accionantes no acreditaron la existencia de algún
perjuicio irremediable que permitiera superar de manera excepcional el
requisito de inmediatez.

En ese orden de ideas, esta Sala advierte que en el presente caso se
incumple con el requisito general de inmediatez, por cuanto de los hechos
de la demanda se puede advertir claramente que entre la fecha de
notificación de la providencia cuestionada que se pretende dejar sin
efectos de manera parcial, transcurrió un tiempo superior a los 6 meses
que la jurisprudencia constitucional ha estimado como plazo razonable para
la interposición de las acciones de tutela contra providencias judiciales.

Así las cosas, debe recordarse que, como se expuso en el acápite
precedente, el primer presupuesto para la prosperidad de una acción de
tutela contra providencias judiciales consiste en la acreditación del
cumplimiento de la totalidad de los requisitos generales de procedencia
de este mecanismo constitucional antes explicados. En esa medida, el
incumplimiento del requisito de inmediatez en el presente caso no fue
desvirtuado por la parte actora.

En consecuencia, ante el incumplimiento del requisito general examinado,
la Sala declarará improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Rigoberto Cuenu y otros en contra de la sentencia de fecha 9 de julio de
2021, emitida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección
“B”, dentro del proceso de reparación directa radicado 52001-23-31-000-
2010-00511-01 (43590).

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
en contra de la sentencia de fecha 9 de julio de 2021, dictada por el
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección “B” dentro del proceso
de reparación directa radicado 52001-23-31-000-2010-00511-01
(43590).

SEGUNDO: RECONOCER personaría a la abogada Mary Aide Pantoja
Mora, identificada con cédula de ciudadanía nro. 59.819.511 de la ciudad
de Pasto – Nariño y T.P nro. 193683 del Consejo Superior de la Judicatura,
como apoderada de los accionantes, en los términos y para los fines del
poder a ella conferido.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional
para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia, si ella no es impugnada oportunamente
en los términos señalados por la Ley.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Ausente con permiso

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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