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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-31-000-2010-00511-01

Acción de reparación directa: daños ocasionados con aspersión aérea de glifosato

Fecha
9 de julio de 2021
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-31-000-2010-00511-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA EN EL SERVICIO / FUMIGACIÓN CON GLIFOSATO [E]n este caso está probado que el cultivo de palma de los demandantes sufrió un daño, que ese daño coincide con el que causa el glifosato en las palmas, que ocurrió poco después de que la DIRAN asperjó glifosato desde avionetas a menos de 600 metros del proyecto productivo familiar de los demandantes, y que ellos sufrieron perjuicios materiales e inmateriales. La intensidad de los perjuicios, en cambio no fue acreditada. La Sala, en consecuencia, revocará la sentencia de primera instancia. Declarará, en primer lugar, que ocurrieron los daños acreditados. Los imputará a la Policía Nacional a título de falla en el servicio, por desconocer las previsiones impuestas por el Plan de Manejo Ambiental del PECIG, que prohíbe la fumigación con glifosato a menos de 1600 metros de un proyecto productivo que no sea fragmentado o mixto. Y, finalmente condenará a la demandada a indemnizar los perjuicios acreditados. Tasará el valor de la indemnización por los perjuicios morales, y condenará en abstracto para que en un incidente se fije la cuantía de los perjuicios por daño emergente. (…) La pérdida por envenenamiento con glifosato, de las 2252 palmas que había en las 16 hectáreas concedidas por el Consejo Comunitario a los demandantes, es el daño que encuentra probado la Sala en el expediente. (…) [L]a Sala infiere razonablemente que haber fumigado a 592 metros del cultivo, es decir desconociendo la franja de seguridad de 1600 metros impuesta por el plan de manejo ambiental, facilitó que el veneno cayera sobre la palma y produjera el daño que ya se declaró. Contrario a lo que encontró probado esta Sala, la Policía Nacional negó la solicitud de reparación administrativa solicitada por el señor Cuenu por falta de certeza sobre la incidencia de la aspersión en el daño que reportaba sobre su cultivo. En el acto administrativo que negó la compensación, la DNA privilegió sin más la opinión del grupo técnico dirigido por la propia Policía sobre la conclusión de los funcionarios de la Alcaldía, y para su decisión resultó determinante la distancia a la que se asperjó el glifosato. (…) Como en otros casos similares, en esta oportunidad la […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 52001-23-31-000-2010-00511-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

9 de julio de 2021

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Accede

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Daños ocasionados con aspersión aérea de glifosato / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / FUMIGACIÓN CON GLIFOSATO - Prohibición de la fumigación con glifosato a menos de 1600 metros de un proyecto productivo que no sea fragmentado o mixto

SÍNTESIS DEL CASO: La DIRAN fumigó con glifosato un área del Distrito de Tumaco. Lo hizo a menos de 600 metros del proyecto productivo de los demandantes. El herbicida cayó sobre palma, que se necrosó y perdió definitivamente.

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Daños ocasionados con aspersión aérea de glifosato / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – No requiere demandar acto administrativo para acceder a la administración de justicia / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Presupuestos para obtener la reparación de los daños ocasionados con aspersión aérea de glifosato / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Las restricciones al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva tienen reserva de ley / FUENTE DEL DAÑO – Fumigación

[E]n este proceso no se demandaron los actos administrativos, ni hacía falta que se hiciera para acceder a la administración de justicia. El procedimiento para reclamar ante la policía por los daños ocasionados con una aspersión de glifosato fue creado mediante una resolución del Ministerio de Defensa. Dado que las restricciones al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva tienen reserva de ley, la clave es que, el agotamiento de ese procedimiento no ha sido consagrado legalmente como un requisito para acceder a la justicia en estos casos. Tampoco el legislador ha determinado al acudir al procedimiento administrativo, el acto que resuelva la queja se convierta en la única fuente posible del daño por el que pueda demandarse. A diferencia de las materias en que sí se ha determinado una condición de ese estilo, como en el régimen tributario, en estos casos la fuente del daño siempre puede ser la fumigación misma y no sólo lo que suceda durante el trámite de reclamación que ella motive. Otra cosa distinta es que, haya o no agotado el procedimiento administrativo de reclamación, el ciudadano pueda probar en el proceso judicial que existió un daño antijurídico, que fue causado por el estado y que le es imputable.

CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO – Prohibición de la fumigación con glifosato a menos de 1600 metros de un proyecto productivo que no sea fragmentado o mixto / RESPONSABILIDAD POR FALLA EN EL SERVICIO / FUMIGACIÓN CON GLIFOSATO

[E]n este caso está probado que el cultivo de palma de los demandantes sufrió un daño, que ese daño coincide con el que causa el glifosato en las palmas, que ocurrió poco después de que la DIRAN asperjó glifosato desde avionetas a menos de 600 metros del proyecto productivo familiar de los demandantes, y que ellos sufrieron perjuicios materiales e inmateriales. La intensidad de los perjuicios, en cambio no fue acreditada. La Sala, en consecuencia, revocará la sentencia de primera instancia. Declarará, en primer lugar, que ocurrieron los daños acreditados. Los imputará a la Policía Nacional a título de falla en el servicio, por desconocer las previsiones impuestas por el Plan de Manejo Ambiental del PECIG, que prohíbe la fumigación con glifosato a menos de 1600 metros de un proyecto productivo que no sea fragmentado o mixto. Y, finalmente condenará a la demandada a indemnizar los perjuicios acreditados. Tasará el valor de la indemnización por los perjuicios morales, y condenará en abstracto para que en un incidente se fije la cuantía de los perjuicios por daño emergente. (…) La pérdida por envenenamiento con glifosato, de las 2252 palmas que había en las 16 hectáreas concedidas por el Consejo Comunitario a los demandantes, es el daño que encuentra probado la Sala en el expediente. (…) [L]a Sala infiere razonablemente que haber fumigado a 592 metros del cultivo, es decir desconociendo la franja de seguridad de 1600 metros impuesta por el plan de manejo ambiental, facilitó que el veneno cayera sobre la palma y produjera el daño que ya se declaró. Contrario a lo que encontró probado esta Sala, la Policía Nacional negó la solicitud de reparación administrativa solicitada por el señor Cuenu por falta de certeza sobre la incidencia de la aspersión en el daño que reportaba sobre su cultivo. En el acto administrativo que negó la compensación, la DNA privilegió sin más la opinión del grupo técnico dirigido por la propia Policía sobre la conclusión de los funcionarios de la Alcaldía, y para su decisión resultó determinante la distancia a la que se asperjó el glifosato. (…) Como en otros casos similares, en esta oportunidad la Sala dará por probada la falla en el servicio a partir de las pruebas directas y de las indiciarias relacionadas antes. Para resumir ahora lo que ya se dijo, la Sala soporta su certeza sobre los elementos del título imputación por falla en las siguientes pruebas: Las directas que acreditan que en la fecha de la fumigación se desconocieron las obligaciones del plan de manejo ambiental, todas producidas y aportadas por la demandada: certificación de la fecha de fumigación y de la distancia de 592 metros respecto del cultivo de los demandantes. Las indirectas aportadas en las declaraciones de un vecino, un trabajador y el dueño de una comercializadora y de uno de los técnicos de la Alcaldía que visitó el predio que indican que ese día la palma entró en contacto con glifosato. Las que indican que el contacto con el glifosato causó la pérdida de las palmas de los demandantes: la certificación de la Alcaldía, el testimonio del dueño de la comercializadora a partir del concepto de su ingeniero que conceptuó que las palmas eran irrecuperables por el efecto del glifosato , el testimonio de uno de los técnicos de la Alcaldía que visitó el predio y definió claramente cuáles eran los síntomas que padecía la palma ante el contacto con ese herbicida , el del vecino que describió con coherencia y espontaneidad el proceso de deterioro de las hojas , y el del trabajador de la plantación que explicó cómo se fueron muriendo después de ese día. En definitiva, la Sala encuentra acreditado que la disminución de la franja de seguridad, a menos de la mitad de la distancia indicada en el plan de manejo ambiental, permitió que el veneno entrara en contacto con las palmas de los demandantes y las necrosara hasta dejarlas irrecuperables.

INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR DAÑO EMERGENTE / CONDENA EN ABSTRACTO – Procedencia / INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS – Parámetros para liquidar

La Sala encuentra acreditado el perjuicio material por daño emergente, pues hay evidencia en el expediente de que los demandantes eran los dueños del cultivo y que éste se perdió con todos costos que implicaron para ellos tenerlo en buenas condiciones a su tercer año de vida. No se probó, en cambio, el lucro cesante, pues nada acreditaba en el expediente que los demandantes fueran a vender los frutos de la palma con certeza. Se condenará, en consecuencia, a la reparación del perjuicio material por daño emergente. Sin embargo, como no se demostró la cuantía precisa de ese perjuicio, la condena será en abstracto, como lo ha decidido esta Corporación en casos similares. La Sala reconocerá el valor de restitución de las 16 hectáreas en las que había 2252 palmas que resultaron destruidas, como indemnización a título de daño emergente. Ordenará realizar un incidente de liquidación para estimar esos perjuicios.

INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / PERJUICIO MORAL POR PÉRDIDA DE BIEN MATERIAL

Está probado que el señor Rigoberto Cuenu padeció angustia y tristeza por la pérdida de su plantación. Primero mientras veía que el cultivo no se podía salvar, porque era el proyecto productivo en el que habían invertido todos sus ahorros y del que dependía la manutención y el futuro de todos los miembros de la familia. Así lo declaró por escrito el propio demandante a la Alcaldía como argumento para que se hiciera pronto una inspección de verificación de los daños. También lo afirmó en el proceso su vecino, y el señor Diego Gaviria. Además, la imposibilidad de asumir el pago de las deudas adquiridas para sacar adelante la plantación, que dependía de las cosechas, también le produjo sensación de zozobra. No hay ninguna prueba en el expediente que acredite que las otras dos demandantes padecieron este perjuicio, y como la jurisprudencia no permite presumirlo en estos casos, para ellas será negada su indemnización. Teniendo en cuenta la intensidad del sufrimiento y su permanencia en el tiempo, por la frustración de un proyecto familiar que prometía asegurar una vida mejor, y por la ansiedad que genera la imposibilidad de asumir deudas que se daban por aseguradas con lo que se perdió, la Sala reconocerá 10 SMLMV, calculados en equidad, para indemnizar el perjuicio moral acreditado.

NOTA DE RELATORÍA: Providencia con salvamento de voto del magistrado Martín Bermúdez Muñoz.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA

Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 52001-23-31-000-2010-00511-01(43590)

Actor: RIGOBERTO CUENU Y OTROS

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: Responsabilidad por daños ocasionados con aspersión aérea de glifosato. Imputación por falla en el servicio por desconocer las franjas de seguridad del plan de manejo ambiental del PECIG. Condena en abstracto para indemnizar perjuicio material por daño emergente.
Síntesis del caso: La DIRAN fumigó con glifosato un área del Distrito de Tumaco. Lo hizo a menos de 600 metros del proyecto productivo de los demandantes. El herbicida cayó sobre palma, que se necrosó y perdió definitivamente.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 10 de febrero de 2012 por el Tribunal Administrativo de Nariño, que negó las pretensiones de la demanda. Esta sentencia se aprobó después de que se derrotara la ponencia presentada por el Magistrado Martín Bermúdez Muñoz en Sala de 10 de febrero de 2021.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1 Posición de la parte demandante. 1.2 Posición de la parte demandada. 1.3 Sentencia de primera instancia. 1.4 Recurso de Apelación.

1.1 Posición de la parte demandante
El 3 de septiembre de 2010, los demandantes Rigoberto Cuenu, María Nelly Cuenu y Floripe Escobar presentaron demanda contra la Nación, Ministerio de Defensa - Policía Nacional, para obtener la indemnización por los perjuicios ocasionados por la aspersión con glifosato realizada por la Policía Antinarcóticos sobre el predio de su propiedad, que causó la pérdida de la totalidad de su cultivo de palma africana. En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:
<< … II- DECLARACIONES Y CONDENAS
PRIMERA- Se declare que la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, son responsables administrativamente, solidaria y patrimonialmente, por todos los perjuicios tanto materiales como extrapatrimoniales ocasionados a mi poderdantes RIGOBERTO CUENU, FLORIPE ESCOBAR y MARIA NELLY CUENU, (…) con motivo de la destrucción total de su proyecto productivo agrícola familiar, consistente en el cultivo de palma africana (…) y la afectación del terreno sobre el cual se encontraban sembrados dichos cultivos; como consecuencia de los hechos ocurridos en su finca ubicada en la Vereda “El Guachal Río Mira”, municipio de Tumaco, Nariño (…) el día 6 de agosto de 2008, ocasionados por la Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos, al fumigar indiscriminadamente con herbicida glifosato los predios de propiedad de mis poderdantes (…) lo que constituye no solo un daño especial sino una evidente, presunta y probada falla en el servicio, que a su vez puede igualmente responder bajo la teoría de riesgo, atribuible a la (…) Policía Nacional. SEGUNDA- Condénese a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL a pagar a mis poderdantes RIGOBERTO CUENU, FLORIPE ESCOBAR y MARIA NELLY CUENU, (…) con cargo a sus presupuestos, (…) todos los daños y perjuicios tanto materiales como extrapatrimoniales (daño moral y daño a la vida de relación), que se le ocasionaron con la destrucción total de sus cultivos sembrados en su propiedad, conforme a la siguiente liquidación, así: PERJUICIOS O DAÑOS MATERIALES (…):
-Por concepto de DAÑO EMERGENTE: La suma de CIENTO DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($116.864.928.oo) sin perjuicio de lo que resulte probado dentro del proceso, que corresponden a los gastos realizados por mis poderdantes para la instalación de los cultivos de palma de aceite en su predio, como son: compra de semillas, abono, insumo, preparación de la tierra, mano de obra, etc. (costos promedio por hectárea) (…)
Discriminado de la siguiente manera el valor que le corresponde a cada uno de mis mandantes por ele establecimiento del cultivo:
-Señor RIGOBERTO CUENU: Seis (6) hectáreas de palma africana, por $7.304.058.oo por hectárea, para un total de: $43.824.348.oo
-Señora FLORIPE ESCOBAR: Cinco (5) hectáreas de palma africana, por $7.304.058.oo por hectárea, para un total de $36.520.290.oo
-Señora MARIA NELLY CUENU: Cinco (5) hectáreas de palma africana, por $7.304.058.oo por hectárea, para un total de $36.520.290.oo
Para un total de: $116.864.928.oo
Por concepto de LUCRO CESANTE: La suma de DOS MIL CIENTO VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS ($2.123.520.000.oo), sin perjuicio de lo que resulte probado dentro del proceso que se liquidarán a favor de lo demandantes en la proporción indicada a continuación, y que corresponden a las sumas de dinero que los cultivos destruidos y la tierra fumigada dejará de producir a favor de los afectados durante el término de producción de la palma de aceite y el tiempo que demore a la tierra en ser apta nuevamente para cultivar(…) distribuida de la siguiente manera:
-Señor RIGOBERTO CUENU: Seis (6) hectáreas de palma africana, por $132.720.000.oo por hectárea (vida útil después de los tres años de edad de la palma), para un total de para un total de: $796.320.000.oo.
-Señora FLORIPE ESCOBAR:

Cinco (5) hectáreas de palma africana, por $132.720.000.oo por hectárea (vida útil después de los tres años de edad de la palma), para un total de $663.600.000.oo.
-Señora MARIA NELLY CUENU: Cinco (5) hectáreas de palma africana, por $132.720.000.oo por hectárea (vida útil después de los tres años de edad de la palma), para un total de $663.600.000.oo. Para un total de: $2.123.520.000.oo
PERJUICIOS O DAÑOS MORALES: El equivalente en moneda nacional de 100 salarios mínimos mensuales vigentes, para cada uno de mis poderdantes, por concepto de perjuicios moral (…) consistentes en el profundo trauma psicológico que produce el hecho de ser víctima de la destrucción total de su proyecto productivo agrícola (…) que fue destruido (…) por un acto arbitrario (…) cometido por miembros de la Policía Nacional, Dirección Antinarcóticos, entidad que tiene el deber constitucional de velar por la vida y bienes de todas las personas residentes en Colombia. TERCERA- La suma que se ordene pagar (…) se reconocerá actualizada a la fecha de la sentencia ejecutoriada, conforme a lo previsto en el artículo 178 del C.C.A., tomando como base para la liquidación la variación del índice de precios al consumidor. (…)>>. Las pretensiones de la demanda se fundaron en las siguientes afirmaciones: Los demandantes son propietarios de un predio en el que tenían un cultivo de dieciséis hectáreas de palma africana. Para la época de los hechos tenía tres años de edad. El 6 de agosto de 2008, la Dirección Antinarcóticos de la Policía realizó aspersiones aéreas con glifosato sobre el predio y destruyó de las dieciséis hectáreas de palma africana. El 15 de agosto de 2008, el demandante Rigoberto Cuenu presentó una queja ante la Alcaldía Municipal de Tumaco para obtener la compensación prevista en la Resolución número 8 de 2007 de la Dirección Nacional de Estupefacientes, por los daños causados a su cultivo con la aspersión. Dicha queja fue remitida a la Dirección Antinarcóticos de la Policía el 11 de septiembre de 2008. Como resultado de la queja, el 26 de agosto de 2008 la Oficina de Desarrollo Rural y del Ambiente de Tumaco realizó una inspección en el predio, constató los daños ocasionados como consecuencia de la fumigación y verificó que en él no existían cultivos ilícitos. Los demandantes señalaron que la policía era responsable del daño a sus cultivos porque no cumplió con los procedimientos del Plan de Manejo Ambiental establecido en la Resolución 1065 de 2001 para adelantar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG). Según los demandantes, esta disposición imponía a la policía antinarcóticos la obligación de verificar la existencia de cultivos ilícitos antes y después de realizar las aspersiones, además prohibía adelantar fumigaciones con glifosato a una distancia de menos de 1.600 metros de cultivos lícitos. La demandada no cumplió con esta exigencia y omitió dicha prohibición. 1.2 posición de la parte demandada
La Policía Nacional contestó la demanda de manera extemporánea. En sus alegatos expuso que no estaba probada la actuación irregular de la entidad, ni el nexo causal entre el daño alegado y su actuación. 1.3 Sentencia recurrida
Mediante sentencia del 10 de febrero de 2012 el Tribunal Administrativo de Nariño negó las pretensiones de la demanda, porque consideró que las pruebas del proceso no permitían inferir que la conducta de la demandada hubiera sido la causa eficiente del daño. Estimó que las pruebas solo daban cuenta que el demandante adelantó un proceso administrativo de compensación por la afectación de su cultivo ante la Dirección Antinarcóticos, que fue denegada por no cumplir con los requisitos de la solicitud. Agregó que los accionantes no adelantaron en debida forma el proceso de reclamación administrativa y que los testimonios y el peritaje allegado al proceso no daban cuenta de las circunstancias de causación del daño.

El tribunal señaló que el Gobierno Nacional había creado mecanismos legales para resarcir los posibles daños causados con las misiones de erradicación de cultivos ilícitos. Indicó que estos mecanismos requerían la participación del reclamante quien debía demostrar que fue la conducta de los agentes del Estado la que produjo la destrucción de sus plantaciones, precisando el área y número de palmas afectadas, máxime cuando la aspersión se realizó a más de medio kilómetro, como lo afirmó la Dirección Antinarcóticos de la Policía (DIRAN). 1.4 Recurso de apelación
Los demandantes apelaron la sentencia de primera instancia y solicitaron que se revocara y que en su lugar se concedieran las pretensiones de la demanda. Indicaron que el tribunal incurrió en una vía de hecho porque cambió el título de imputación invocado en la demanda, esto es, el daño especial. Expusieron que en los títulos de responsabilidad objetiva sólo se exigía la prueba del daño y que éste fuera imputable a la demandada. Sostuvieron que el tribunal abordó erradamente el problema jurídico y lo resolvió como falla del servicio. En todo caso, el tribunal no analizó la disposición de la Resolución 1065 de 2001 que establece la prohibición de adelantar fumigaciones a una distancia de menos 1600 metros de cultivos lícitos. En el expediente quedó probado que la Policía realizó las aspersiones a medio kilómetro. Alegaron que el trámite especial de compensación de quejas mencionado por el tribunal no contempla un procedimiento que respete el debido proceso, por cuanto es adelantado por la misma entidad que causa el daño y no obedece al principio de reparación integral que caracteriza a la acción de reparación directa. 2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1 Síntesis del caso. 2.2. Daño. 2.3. Imputación por falla en el servicio: la inobservancia de la prohibición del plan de manejo ambiental. 2.4 Perjuicios. 2.5 Costas
2.1 Síntesis del caso
La Sala se pronunciará sobre el fondo de este asunto porque encontró acreditados los presupuestos procesales de la acción. La acción fue ejercida dentro del término legal, pues en ella se solicitó la indemnización por los perjuicios causados con el glifosato asperjado el 6 de agosto de 2008 y se presentó el 3 de septiembre de 2010, un día después de que la procuraduría expidiera la constancia de la audiencia de conciliación, celebrada el 1 de septiembre y solicitada el 5 de agosto de 2010. Está probado que el 6 de agosto de 2008 la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional fumigó con glifosato 592 metros del cultivo de los demandantes. El 15 de agosto siguiente el demandante Rigoberto Cuenu presentó una queja ante la Alcaldía Municipal de Tumaco para obtener la compensación prevista en la Resolución número 8 de 2007 por los daños causados a su cultivo de palma. Pese a que los demandantes afirmaron que al momento de la presentación de la demanda no habían obtenido respuesta de la Dirección de Antinarcóticos a la queja presentada, en el expediente está probado que la demandada resolvió la reclamación de forma negativa y que esa decisión fue remitida al alcalde de Tumaco el 17 de diciembre de 2009 para que la notificara, como consta en las copias del procedimiento administrativo adelantado ante la Dirección Antinarcóticos de la Policía. En todo caso, en este proceso no se demandaron los actos administrativos, ni hacía falta que se hiciera para acceder a la administración de justicia. El procedimiento para reclamar ante la policía por los daños ocasionados con una aspersión de glifosato fue creado mediante una resolución del Ministerio de Defensa. Dado que las restricciones al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva tienen reserva de ley, la clave es que, el agotamiento de ese procedimiento no ha sido consagrado legalmente como un requisito para acceder a la justicia en estos casos.

Tampoco el legislador ha determinado al acudir al procedimiento administrativo, el acto que resuelva la queja se convierta en la única fuente posible del daño por el que pueda demandarse. A diferencia de las materias en que sí se ha determinado una condición de ese estilo, como en el régimen tributario, en estos casos la fuente del daño siempre puede ser la fumigación misma y no sólo lo que suceda durante el trámite de reclamación que ella motive. Otra cosa distinta es que, haya o no agotado el procedimiento administrativo de reclamación, el ciudadano pueda probar en el proceso judicial que existió un daño antijurídico, que fue causado por el estado y que le es imputable. Como se desarrollará más adelante, en este caso está probado que el cultivo de palma de los demandantes sufrió un daño, que ese daño coincide con el que causa el glifosato en las palmas, que ocurrió poco después de que la DIRAN asperjó glifosato desde avionetas a menos de 600 metros del proyecto productivo familiar de los demandantes, y que ellos sufrieron perjuicios materiales e inmateriales. La intensidad de los perjuicios, en cambio no fue acreditada. La Sala, en consecuencia, revocará la sentencia de primera instancia. Declarará, en primer lugar, que ocurrieron los daños acreditados. Los imputará a la Policía Nacional a título de falla en el servicio, por desconocer las previsiones impuestas por el Plan de Manejo Ambiental del PECIG, que prohíbe la fumigación con glifosato a menos de 1600 metros de un proyecto productivo que no sea fragmentado o mixto. Y, finalmente condenará a la demandada a indemnizar los perjuicios acreditados. Tasará el valor de la indemnización por los perjuicios morales, y condenará en abstracto para que en un incidente se fije la cuantía de los perjuicios por daño emergente. 2.2 El daño
Está probado en el expediente que el Consejo Comunitario de Bajo Mira y Frontera había concedido a los demandantes 16 hectáreas de tierra para que las cultivaran dentro del título colectivo adjudicado a esa comunidad. De acuerdo con la Ley 70 de 1993 y con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ninguna otra autoridad está legitimada para certificar quién hace parte de una comunidad negra,o cuál es el uso y destinación para su territorio colectivo, más que sus instancias de gobierno propio, en este caso el representante legal del Consejo Comunitario, su Asamblea o su Junta Directiva. Por esa razón, la Sala encuentra suficiente y ajustado a derecho el certificado del representante legal del Consejo Comunitario sobre la propiedad de las palmas ubicadas en el área concedida a Rigoberto Cuenu, a Floripe Escobar y a María Nelly Cuenu. No valorará ninguno de los demás documentos que los interesados tuvieron que allegar al expediente administrativo a fuerza de la insistencia de la Policía Nacional, que desconoció la autoridad y competencia de las autoridades propias del pueblo negro de Bajo Mira y Frontera. El daño a los cultivos de los demandantes también está acreditado en el expediente. De acuerdo con el procedimiento establecido en la Resolución 8 de 2007 del CNE, cuando un particular presenta una reclamación por daños causados por el glifosato a sus plantaciones legales, la Alcaldía debe verificar que el ciudadano cumpla los requisitos de legitimación para reclamar antes de remitir la queja a la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional. El 26 de agosto de 2008, dos técnicos de la Oficina de Desarrollo Rural y del Ambiente de la Alcaldía de Tumaco visitaron la plantación y encontraron 2252 palmas africanas amarillentas, quemadas y así lo certificó la Oficina de Desarrollo Rural y del Ambiente de la Secretaría de Planeación Distrital de Tumaco, con detalle sobre la ubicación del predio y la cantidad de palmas quemadas.

Uno de esos técnicos declaró que él y su compañero encontraron la plantación “destruida por la fumigación”, que tenía los “síntomas que ocasiona ese veneno” que consisten en el “amarillamiento y necrosamiento de todas sus hojas”. Aseguró, además, que en ese predio no había ningún cultivo ilícito, pues si hubieran encontrado alguno no habrían tramitado la queja ante la Policía Nacional. El concepto de los técnicos de la UMATA coincide con la declaración del dueño de la comercializadora que prestaba asistencia al cultivo. Aseguró que la plantación estaba en perfecto estado, incluso que esa fue la razón por la que decidieron darle asistencia técnica y hacer los procesos de abono a crédito, contra la producción futura de fruto. Cuando se le informó que las palmas habían sido fumigadas con glifosato, envió a un ingeniero para recuperarlas, pero después de un mes en que ese ingeniero hizo lo que estuvo a su alcance para salvarlas, informó que había sido imposible. El declarante contó que él también había estado allí y que efectivamente las palmas estaban amarillas y marchitas. Un vecino de la parcela en donde estaba la plantación de los demandantes declaró en el mismo sentido de los dos testigos anteriores. Dijo que él vio las avionetas de fumigación y que después, cuando visitó el cultivo, pudo notar que las hojas de las palmas empezaron a marchitarse, que en los días siguientes se pusieron amarillas y que, “con el trascurrir de los días, las palmas ya se habían muerto”. Lo mismo dijo un trabajador del cultivo. Él dijo que antes del 6 de agosto de 2008 “las palmas estaban bonitas”, que les hacían drenaje, limpia y abonos todo el tiempo, pero que más o menos a los dos días de haber caído el glifosato las palmas empezaron a secarse y el cogollo se empezó a caer. Contó que ellos trataron de limpiar el líquido, el glifosato, pero sin éxito porque las palmas después se murieron. Ciertamente no obra en el expediente una prueba científica que de manera directa dé cuenta del daño a las palmas y de cómo se produjo. Sin embargo, la Sala encuentra que son suficientes los indicios relacionados para dar por probado el daño consistente en la muerte de las palmas por su contacto con el glifosato. Así lo indican de manera consistente y coherente, el certificado de la Alcaldía y los diversos testimonios, todos valorados en conjunto para corroborar su solidez aun a pesar de que algunos declarantes podrían ser cercanas a los intereses de los demandantes. Todos coinciden en que las palmeras estaban sanas antes del 6 de agosto de 2008, que entraron en contacto con glifosato ese día y que después de eso padecieron los síntomas que genera ese veneno en ese tipo de plantas cuando se les aplica indiscriminadamente: se amarillaron sus hojas, se marchitaron y posteriormente se murieron. La pérdida por envenenamiento con glifosato, de las 2252 palmas que había en las 16 hectáreas concedidas por el Consejo Comunitario a los demandantes, es el daño que encuentra probado la Sala en el expediente. 2.3 Imputación por falla en el servicio: la inobservancia de la prohibición del plan de manejo ambiental
Está probado que el 6 de agosto de 2008, la Policía Nacional asperjó glifosato a 592,64 metros de la plantación de palma de los demandantes, pese a que en ella no había cultivos de coca, y a que estaba prohibido hacer fumigaciones aéreas a menos de 1600 metros de proyectos productivos que no fueran mezclados o fragmentados. Está probado que el día de la fumigación, las palmas entraron en contacto con el glifosato y que presentaron todos los síntomas que produce ese herbicida sobre sus hojas. La prueba directa de la fecha de la fumigación y de la distancia a la que se asperjó (a 592 metros del cultivo), acredita el incumplimiento de las obligaciones del plan de manejo ambiental en esa específica operación.

El conjunto de declaraciones que coincidieron en que el 6 de agosto de 2008 cayó glifosato sobre el palmar, el certificado de la Alcaldía sobre la afectación al sembrado, junto con las declaraciones que indicaron que el amarilleamiento de las hojas y la progresiva necrosis de la planta coincidían con los efectos de ese herbicida sobre las palmas, por otra parte, indican que el día de la aspersión la palma entró en contacto con ese veneno. En suma, ese conjunto probatorio acredita que la ocurrencia de una falla en el servicio generó el daño. A partir de esas pruebas directas e indiciarias, en efecto, la Sala infiere razonablemente que haber fumigado a 592 metros del cultivo, es decir desconociendo la franja de seguridad de 1600 metros impuesta por el plan de manejo ambiental, facilitó que el veneno cayera sobre la palma y produjera el daño que ya se declaró. Contrario a lo que encontró probado esta Sala, la Policía Nacional negó la solicitud de reparación administrativa solicitada por el señor Cuenu por falta de certeza sobre la incidencia de la aspersión en el daño que reportaba sobre su cultivo. En el acto administrativo que negó la compensación, la DNA privilegió sin más la opinión del grupo técnico dirigido por la propia Policía sobre la conclusión de los funcionarios de la Alcaldía, y para su decisión resultó determinante la distancia a la que se asperjó el glifosato. El “auto decisión de fondo” N. 7647 de 17 de diciembre de 2009, en efecto, declaró que no era procedente la compensación económica porque, aunque en la visita de verificación del 31 de agosto el grupo técnico pudo corroborar que no había cultivos de coca, no encontró afectación en las zonas de bosque o sobre la cobertura vegetal y/o vegetación circundante y en consecuencia no procedía la compensación económica. Además determinó que la reclamación no tenía fundamento porque “las operaciones de aspersión se realizaron a 592 metros del polígono del predio y sobre cultivos de coca detectados por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos SIMCI 2007 y 2008 lo que permite concluir que no se pudo haber causado el daño reportado por el quejoso”. Las conclusiones de la Policía no vinculan al juez de ninguna manera. Aun así, como ese acto administrativo es una prueba más que obra en el expediente, debe especificarse el valor que se le da en la resolución del caso. Ese acto administrativo no mencionó siquiera el daño por el que se demandó, pues no se refirió a la afectación de las palmas, sino exclusivamente al estado de los bosques circundantes que nada tenían que ver con el objeto esa queja y de esta demanda. De otra parte, según el auto de la DNE, la distancia de la fumigación define por sí misma la ausencia o suficiencia de fundamento del reclamo por los daños. En sede judicial ese argumento es irrelevante, pues aún si la fumigación hubiera respetado las distancias impuestas en el plan de manejo ambiental del PECIG, el daño causado con ella podría imputarse a la entidad bajo un título objetivo. Pero si, como sucede en este caso, justamente la distancia es la prueba de que la aspersión no respetó las condiciones obligatorias del plan de manejo ambiental, que fumigó demasiado cerca de un cultivo lícito y que eso facilitó que el veneno llegara al predio afectado, el daño debe imputarse a título de falla en el servicio. Está probado que la DNE desconoció sus obligaciones, pese a la orden expresa que el Ministerio de Ambiente le dio en la Resolución 1065 de 2001: esa Dirección de la Policía debía ajustar las franjas (distancias) de seguridad, porque las que había presentado no garantizaban la preservación y protección de las áreas descritas. La resolución -que impuso el plan de manejo ambiental al PECIG- obligó a la Dirección de Antinarcóticos a adoptar la tabla del Ministerio de Ambiente, incluida en su artículo 5.d, que prohibió asperjar sobre proyectos productivos lícitos y ordenó establecer para su protección una franja de seguridad mínima de 1600 metros.

Como en otros casos similares, en esta oportunidad la Sala dará por probada la falla en el servicio a partir de las pruebas directas y de las indiciarias relacionadas antes. Para resumir ahora lo que ya se dijo, la Sala soporta su certeza sobre los elementos del título imputación por falla en las siguientes pruebas: Las directas que acreditan que en la fecha de la fumigación se desconocieron las obligaciones del plan de manejo ambiental, todas producidas y aportadas por la demandada: certificación de la fecha de fumigación y de la distancia de 592 metros respecto del cultivo de los demandantes. Las indirectas aportadas en las declaraciones de un vecino, un trabajador y el dueño de una comercializadora y de uno de los técnicos de la Alcaldía que visitó el predio que indican que ese día la palma entró en contacto con glifosato. Las que indican que el contacto con el glifosato causó la pérdida de las palmas de los demandantes: la certificación de la Alcaldía, el testimonio del dueño de la comercializadora a partir del concepto de su ingeniero que conceptuó que las palmas eran irrecuperables por el efecto del glifosato, el testimonio de uno de los técnicos de la Alcaldía que visitó el predio y definió claramente cuáles eran los síntomas que padecía la palma ante el contacto con ese herbicida, el del vecino que describió con coherencia y espontaneidad el proceso de deterioro de las hojas, y el del trabajador de la plantación que explicó cómo se fueron muriendo después de ese día. En definitiva, la Sala encuentra acreditado que la disminución de la franja de seguridad, a menos de la mitad de la distancia indicada en el plan de manejo ambiental, permitió que el veneno entrara en contacto con las palmas de los demandantes y las necrosara hasta dejarlas irrecuperables. 2.4 Perjuicios
2.4.1 Perjuicios materiales
La Sala encuentra acreditado el perjuicio material por daño emergente, pues hay evidencia en el expediente de que los demandantes eran los dueños del cultivo y que éste se perdió con todos costos que implicaron para ellos tenerlo en buenas condiciones a su tercer año de vida. No se probó, en cambio, el lucro cesante, pues nada acreditaba en el expediente que los demandantes fueran a vender los frutos de la palma con certeza. Se condenará, en consecuencia, a la reparación del perjuicio material por daño emergente. Sin embargo, como no se demostró la cuantía precisa de ese perjuicio, la condena será en abstracto, como lo ha decidido esta Corporación en casos similares. La Sala reconocerá el valor de restitución de las 16 hectáreas en las que había 2252 palmas que resultaron destruidas, como indemnización a título de daño emergente. Ordenará realizar un incidente de liquidación para estimar esos perjuicios con base en las siguientes pautas: Determinar el valor del número total de las 2252 palmas de 3 años de edad sembradas en las 16 hectáreas afectadas, para la fecha del daño (agosto de 2008). Determinar el valor de las erogaciones económicas necesarias para el mantenimiento de un cultivo de 3 años de maduración, incluyendo la mano de obra, los insumos utilizados y su cantidad, entre ellos, semillas, fertilizantes, insecticidas, fungicidas, plaguicidas, controles fitosanitarios, servicios públicos, y los gastos de recuperación del terreno para poder iniciar otro proceso productivo. Para tener conocimiento preciso sobre las pautas anteriores, deberá acudirse a la información fiable y sistematizada disponible en las asociaciones gremiales de palma africana más consolidadas. Los valores deberán actualizarse desde la fecha del daño hasta el momento en el que se rinda el dictamen. El valor de la condena sin actualizar no podrá superar el valor estimado de la cuantía de las pretensiones de la demanda, que asciende a $116’864.928.oo. 2.4.2 Perjuicios morales
Está probado que el señor Rigoberto Cuenu padeció angustia y tristeza por la pérdida de su plantación.

Primero mientras veía que el cultivo no se podía salvar, porque era el proyecto productivo en el que habían invertido todos sus ahorros y del que dependía la manutención y el futuro de todos los miembros de la familia. Así lo declaró por escrito el propio demandante a la Alcaldía como argumento para que se hiciera pronto una inspección de verificación de los daños. También lo afirmó en el proceso su vecino, y el señor Diego Gaviria. Además, la imposibilidad de asumir el pago de las deudas adquiridas para sacar adelante la plantación, que dependía de las cosechas, también le produjo sensación de zozobra. No hay ninguna prueba en el expediente que acredite que las otras dos demandantes padecieron este perjuicio, y como la jurisprudencia no permite presumirlo en estos casos, para ellas será negada su indemnización. Teniendo en cuenta la intensidad del sufrimiento y su permanencia en el tiempo, por la frustración de un proyecto familiar que prometía asegurar una vida mejor, y por la ansiedad que genera la imposibilidad de asumir deudas que se daban por aseguradas con lo que se perdió, la Sala reconocerá 10 SMLMV, calculados en equidad, para indemnizar el perjuicio moral acreditado. 2.5. Costas
Sin condena en costas por no aparecer causadas. III.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 10 de febrero de 2012 del Tribunal Administrativo de Nariño. SEGUNDO: DECLARAR LA RESPONSABILIDAD DEL MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL por el daño padecido por Rigoberto Cuenu, Floripe Escobar y María Nelly Cuenu, con la fumigación aérea de glifosato realizada el 6 de agosto de 2008 en Tumaco sin respetar las franjas de seguridad del plan de manejo ambiental impuesto para el PECIG. TERCERO: CONDENAR AL MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL a indemnizar los perjuicios morales con 10 SMLMV al señor Rigoberto Cuenú, y los perjuicios materiales a los demandantes en la modalidad de daño emergente, con la cuantía que se establezca dentro del trámite incidental que para el efecto deberá promover la parte actora dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión, y que deberá resolverse de conformidad con las pautas establecidas en la parte motiva de esta sentencia. CUARTO: SE NIEGAN las demás pretensiones de la demanda. QUINTO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ALEXÁNDER JOJOA BOLAÑOS MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Salvamento de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

SALVAMENTO DE VOTO / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Para reclamar indemnización de los perjuicios materiales causados por ocasionados con aspersión aérea de glifosato / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

No comparto la decisión de condenar a la Policía Nacional a reparar los daños causados al predio de los demandantes por la aspersión con glifosato realizada el 6 de agosto de 2008. Considero que la acción de reparación directa es improcedente para reclamar la indemnización de los perjuicios materiales causados por este daño, (…) A pesar de que los demandantes afirmaron que al momento de la presentación de la demanda no habían recibido respuesta alguna de la Dirección Antinarcóticos respecto de la queja presentada, en el proceso está probado que la entidad demandada resolvió dicha reclamación de forma negativa y que esa decisión fue remitida al alcalde de Tumaco el 17 de diciembre de 2009 para que llevara a cabo su notificación. Así consta en las copias del procedimiento administrativo adelantado ante la Dirección Antinarcóticos de la Policía. Los demandantes debían controvertir el acto administrativo que negó la compensación económica a través de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y no hay prueba de que lo hubieran hecho. (…) Frente a los perjuicios causados a cultivos lícitos con aspersión con glifosato la ley prevé un mecanismo de reparación en el cual la víctima debe formular una petición a la Administración. La decisión que la resuelva por el juez contencioso administrativo. Lo que resulta improcedente es pretender obtener la reparación acudiendo directamente a la jurisdicción sin impetrar la anulación de la decisión de la Administración. Es cierto que en el sistema de reparación de daños causados por el Estado es el juez quien determina la procedencia de la misma, sin que sea necesario acudir previamente a la Administración para solicitarla. Pero en este caso, está previsto el derecho a solicitar la indemnización directamente a las autoridades administrativas, con lo cual el control jurisdiccional recae en las decisiones que ellas adopten. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la C.P., el Estado debe responder patrimonialmente <<por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas>>. Y, con fundamento en esa norma, los particulares tienen la posibilidad de impetrar la reparación de tales perjuicios cuando ellos se causen en desarrollo de actividades lícitas; en tales eventos, no tienen la obligación de acreditar que las autoridades obraron irregularmente o que incurrieron en falla del servicio. La resolución 008 del 2 de marzo de 2007 del Consejo Nacional de Estupefacientes establece un procedimiento administrativo para reconocer y pagar este tipo de daños; le otorga competencia a <<la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección Antinarcóticos>> para <<tramitar y decidir la procedencia o no de la compensación económica, por los eventuales daños causados a actividades agropecuarias lícitas>>. Dispone que la reclamación puede ser formulada por <<la persona natural o jurídica propietaria de la actividad agropecuaria que considere fundadamente que ha sido afectada directamente por las operaciones de aspersión área con el herbicida Glifosato>>. Y establece que la indemnización sólo procede cuando el cultivo, <<no forme parte o se mezcle con cultivos ilícitos.>> La reparación prevista por la citada resolución resulta acorde con lo dispuesto en el artículo 90 de la C.P: el particular no requiere probar ninguna <<falla del servicio de la administración>>; simplemente debe acreditar que su cultivo sufrió un daño como consecuencia de la aspersión; y no tiene derecho a ella cuando los cultivos son ilícitos, caso en el cual el daño es justificado y no puede calificarse de antijurídico.

El hecho de que el CPACA consagre la acción de reparación directa como el proceso judicial a través del cual los particulares pueden reclamar la indemnización de los perjuicios causados por las autoridades públicas, en los términos del artículo 90 de la C.P., no significa que la propia Administración no pueda establecer mecanismos dirigidos a otorgar tal reparación, en los cuales se determinen las condiciones para formularla y para reconocer determinado tipo de daños, que es precisamente lo que hace la resolución 008 del 2 de marzo de 2007 del Consejo Nacional de Estupefacientes.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 90

SALVAMENTO DE VOTO / DAÑO ANTIJURÍDICO – Presupuestos del deber del Estado de reparación reparar los daños antijurídicos que cause con actividades lícitas a los particulares / DAÑO ANTIJURÍDICO – La reparación administrativa no significa traslado de funciones jurisdiccionales

La obligación a cargo de la Administración de reparar los daños antijurídicos que cause con actividades lícitas a los particulares puede cumplirse mediante mecanismos distintos al trámite de una acción judicial de reparación directa o a la aprobación jurisdiccional de una conciliación. Ella puede regularse mediante un trámite expedito que permite a las víctimas de estos daños obtener con mayor facilidad la reparación de perjuicios, como quiera que, si bien el particular tiene la carga de reclamar y demostrar el daño recibido, puede lograr la indemnización en un término más breve que el que tardaría tramitando un proceso judicial. Ello no significa trasladar a las autoridades administrativas una función jurisdiccional. Para que ello ocurriera, la resolución tendría que haber dispuesto que el <<acto administrativo que resuelve la reclamación no es susceptible de control jurisdiccional>> y ello no es así. La jurisdicción sí puede controlar la decisión que adopte la Administración, cuando el particular formule la demanda. Lo que ocurre es que debe hacerlo a través de la acción de <<nulidad y restablecimiento>> en la cual demostrará que el rechazo de la solicitud de reparación o el monto que le fue otorgado por la Administración desconoce las disposiciones legales. Afirmar que la Administración no puede establecer este tipo de mecanismos o que no puede arrogarse este tipo de competencias implicaría desconocer el carácter normativo de la resolución y su obligatoriedad para los particulares y las autoridades públicas, incluyendo las jurisdiccionales. Habría que concluir que la Administración no puede establecer procedimientos dirigidos a reconocer directamente los daños antijurídicos que generan sus actividades lícitas; que los particulares afectados, por el contrario, deben someterse siempre al trámite jurisdiccional (que no es propiamente expedito) para obtener su reconocimiento. Al concluir que la acción que puede tramitar el particular es la de nulidad y restablecimiento no se está afirmando que el perjuicio se causa con la expedición de un acto administrativo: el perjuicio es causado por la aspersión. Se trata de que tales perjuicios, causados a los cultivos lícitos por esta causa, deben reclamarse aplicando una resolución que establece el alcance del derecho y la forma de reclamarlos.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA

Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 52001-23-31-000-2010-00511-01(43590)

Actor: RIGOBERTO CUENU Y OTROS

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

No comparto la decisión de condenar a la Policía Nacional a reparar los daños causados al predio de los demandantes por la aspersión con glifosato realizada el 6 de agosto de 2008. Considero que la acción de reparación directa es improcedente para reclamar la indemnización de los perjuicios materiales causados por este daño, por las siguientes razones:

1.- La Resolución 008 del 2 de marzo de 2007 fue expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes y modificó la Resolución 0017 de 2001 que establecía un procedimiento para la atención de quejas derivadas de los daños causados por la aspersión aérea con glifosato, dentro del marco del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG).

Según el artículo 2° de esta disposición, la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional es la encargada de tramitar y decidir la procedencia de las solicitudes de compensación económica por los daños causados a actividades agropecuarias lícitas.

2.- Los artículos 14 y 15 de la Resolución 008 de 2007 establecen los criterios para la compensación de cultivos permanentes, como es el caso del cultivo de palma africana. Éstos incluyen la inversión en la instalación del cultivo y el valor de la cosecha perjudicada a precios de mercado, según las tablas de las centrales de abastos cercanas a la zona afectada con la aspersión, así:

<<ARTICULO DECIMO CUARTO. CLASIFICACION DE CULTIVOS LICITOS. Para efectos de la compensación de los daños causados a los cultivos lícitos, estos se clasificarán en permanentes y transitorios.

Se entiende por permanentes, aquellos cultivos cuyo periodo vegetativo sea mayor a un año y que durante el mismo haya lugar a más de una cosecha. Los transitorios serán aquellos cultivos que por su genética o por razones de tipo técnico, sólo obtengan una cosecha en un periodo vegetativo, sin que se supere un año.>>

<<ARTICULO DECIMO QUINTO. CONCEPTOS PARA LA COMPENSACION: Para la compensación de cultivos permanentes, se tendrán en cuenta los siguientes conceptos:

a. La inversión en la instalación.

b. El valor de la cosecha perjudicada a precios de mercado según las tablas de las Centrales de Abastos más cercanas a las zonas presuntamente afectadas.

La compensación de los cultivos transitorios comprenderá, exclusivamente, conforme a lo enunciado en el literal b de este artículo, el valor de la cosecha perjudicada a precios de mercado según las tablas de las Centrales de Abastos más cercanas a las zonas presuntamente afectadas. (…)>>

3.- En el expediente consta que, durante período comprendido entre enero y diciembre de 2008, la Dirección Antinarcóticos de la Policía recibió un total de 781 quejas y que 59 fueron resueltas de manera favorable en virtud de dicho procedimiento,

4.- Está probado que el 15 de agosto de 2008 el demandante Rigoberto Cuenu presentó una queja ante la Alcaldía Municipal de Tumaco para obtener la compensación prevista en la Resolución número 008 de 2007 por los daños causados a su cultivo con la aspersión de glifosato que la Dirección Antinarcóticos realizó cerca a su predio el 6 de agosto de 2008.

5.- A pesar de que los demandantes afirmaron que al momento de la presentación de la demanda no habían recibido respuesta alguna de la Dirección Antinarcóticos respecto de la queja presentada, en el proceso está probado que la entidad demandada resolvió dicha reclamación de forma negativa y que esa decisión fue remitida al alcalde de Tumaco el 17 de diciembre de 2009 para que llevara a cabo su notificación. Así consta en las copias del procedimiento administrativo adelantado ante la Dirección Antinarcóticos de la Policía.

6.- Los demandantes debían controvertir el acto administrativo que negó la compensación económica a través de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y no hay prueba de que lo hubieran hecho.

7.- Frente a los perjuicios causados a cultivos lícitos con aspersión con glifosato la ley prevé un mecanismo de reparación en el cual la víctima debe formular una petición a la Administración. La decisión que la resuelva por el juez contencioso administrativo. Lo que resulta improcedente es pretender obtener la reparación acudiendo directamente a la jurisdicción sin impetrar la anulación de la decisión de la Administración.

8.- Es cierto que en el sistema de reparación de daños causados por el Estado es el juez quien determina la procedencia de la misma, sin que sea necesario acudir previamente a la Administración para solicitarla. Pero en este caso, está previsto el derecho a solicitar la indemnización directamente a las autoridades administrativas, con lo cual el control jurisdiccional recae en las decisiones que ellas adopten.

9.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la C.P., el Estado debe responder patrimonialmente <<por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas>>. Y, con fundamento en esa norma, los particulares tienen la posibilidad de impetrar la reparación de tales perjuicios cuando ellos se causen en desarrollo de actividades lícitas; en tales eventos, no tienen la obligación de acreditar que las autoridades obraron irregularmente o que incurrieron en falla del servicio.

10.- La resolución 008 del 2 de marzo de 2007 del Consejo Nacional de Estupefacientes establece un procedimiento administrativo para reconocer y pagar este tipo de daños; le otorga competencia a <<la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección Antinarcóticos>> para <<tramitar y decidir la procedencia o no de la compensación económica, por los eventuales daños causados a actividades agropecuarias lícitas>>. Dispone que la reclamación puede ser formulada por <<la persona natural o jurídica propietaria de la actividad agropecuaria que considere fundadamente que ha sido afectada directamente por las operaciones de aspersión área con el herbicida Glifosato>>. Y establece que la indemnización sólo procede cuando el cultivo, <<no forme parte o se mezcle con cultivos ilícitos.>>

11.- La reparación prevista por la citada resolución resulta acorde con lo dispuesto en el artículo 90 de la C.P: el particular no requiere probar ninguna <<falla del servicio de la administración>>; simplemente debe acreditar que su cultivo sufrió un daño como consecuencia de la aspersión; y no tiene derecho a ella cuando los cultivos son ilícitos, caso en el cual el daño es justificado y no puede calificarse de antijurídico.

12.- El hecho de que el CPACA consagre la acción de reparación directa como el proceso judicial a través del cual los particulares pueden reclamar la indemnización de los perjuicios causados por las autoridades públicas, en los términos del artículo 90 de la C.P., no significa que la propia Administración no pueda establecer mecanismos dirigidos a otorgar tal reparación, en los cuales se determinen las condiciones para formularla y para reconocer determinado tipo de daños, que es precisamente lo que hace la resolución 008 del 2 de marzo de 2007 del Consejo Nacional de Estupefacientes.

13.- La obligación a cargo de la Administración de reparar los daños antijurídicos que cause con actividades lícitas a los particulares puede cumplirse mediante mecanismos distintos al trámite de una acción judicial de reparación directa o a la aprobación jurisdiccional de una conciliación. Ella puede regularse mediante un trámite expedito que permite a las víctimas de estos daños obtener con mayor facilidad la reparación de perjuicios, como quiera que, si bien el particular tiene la carga de reclamar y demostrar el daño recibido, puede lograr la indemnización en un término más breve que el que tardaría tramitando un proceso judicial.

14.- Ello no significa trasladar a las autoridades administrativas una función jurisdiccional. Para que ello ocurriera, la resolución tendría que haber dispuesto que el <<acto administrativo que resuelve la reclamación no es susceptible de control jurisdiccional>> y ello no es así. La jurisdicción sí puede controlar la decisión que adopte la Administración, cuando el particular formule la demanda. Lo que ocurre es que debe hacerlo a través de la acción de <<nulidad y restablecimiento>> en la cual demostrará que el rechazo de la solicitud de reparación o el monto que le fue otorgado por la Administración desconoce las disposiciones legales.

15.- Afirmar que la Administración no puede establecer este tipo de mecanismos o que no puede arrogarse este tipo de competencias implicaría desconocer el carácter normativo de la resolución y su obligatoriedad para los particulares y las autoridades públicas, incluyendo las jurisdiccionales. Habría que concluir que la Administración no puede establecer procedimientos dirigidos a reconocer directamente los daños antijurídicos que generan sus actividades lícitas; que los particulares afectados, por el contrario, deben someterse siempre al trámite jurisdiccional (que no es propiamente expedito) para obtener su reconocimiento.

16.- Al concluir que la acción que puede tramitar el particular es la de nulidad y restablecimiento no se está afirmando que el perjuicio se causa con la expedición de un acto administrativo: el perjuicio es causado por la aspersión. Se trata de que tales perjuicios, causados a los cultivos lícitos por esta causa, deben reclamarse aplicando una resolución que establece el alcance del derecho y la forma de reclamarlos.

17.- Lo consagrado por la resolución No. 008 del 2 de marzo de 2007 no es una reparación administrativa fundada en el principio de solidaridad para indemnizar perjuicios no causados por las autoridades (víctimas del conflicto armado, de ataques terroristas, de desastres naturales) sujeta a límites económicos dependiendo del presupuesto que pueda asignarse por este concepto. En esos casos, es claro que la víctima sí puede reclamar una indemnización por la vía de la reparación directa, si demuestra que el daño sufrido fue causado por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

18.- En este caso se trata de un procedimiento de reparación para indemnizar un daño antijurídico causado por las autoridades públicas y no está previsto como una indemnización tarifada. La indemnización de los cultivos depende del tipo de cultivos (permanentes o transitorios); en el primer caso comprende la inversión inicial y el valor de la cosecha, y en el segundo únicamente el segundo concepto (art. 10)

19.- La resolución No 008 del 2 de marzo de 2007 consagra de manera precisa el privilegio de la decisión previa para la Administración, pues le otorga competencia para decidir sobre la reparación de daños a cultivos lícitos como consecuencia de la aspersión, razón por la cual el particular no puede acudir directamente a la jurisdicción a reclamarlos. Este privilegio forma también parte de la noción de debido proceso, puesto que, si una disposición normativa vigente establece una forma particular de reclamación, los particulares deben acudir a ella.

20.- En un estudio realizado por los profesores José Luis Benavides y Andrés Fernando Ospina Garzón se hace un recuento de este privilegio en Francia y en España. Al referirse a esta legislación se advierte que <<tenía la función de preservar las decisiones propias de la administración, evitando la interferencia de los tribunales contenciosos>>. Los autores anotan que el CPACA conserva este privilegio y el del agotamiento de la vía gubernativa, al cual se le introducen varios matices y se le cambia de denominación, dándole el tratamiento de requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción; advierten que su conservación como mecanismos compatibles con la Constitución Política depende de no considerarlos exclusivamente como <<privilegios de la Administración>> y resaltan que los mismos contribuyen a garantizar la protección eficiente de los derechos de los administrados y son un instrumento dirigido también a evitar la congestión judicial.

21.- En el estudio se lee:

<<(…) El Estado social de derecho implica que los privilegios de que goza la administración deben ser sometidos a un control para determinar su justificación. El privilegio solamente se explica en razón de su vínculo con las finalidades que persigue la acción administrativa a través de este privilegio. Dichas finalidades deben ser conformes con aquellas del Estado social. Así, cuando el privilegio es un instrumento de la realización de los fines del Estado social de derecho, resulta más adecuado hablar de una prerrogativa de la administración, que de un privilegio. La justificación de los recursos administrativos no se limita hoy en día al carácter de privilegio de la administración. El reconocimiento de los derechos procesales de los administrados en el contexto de los recursos administrativos los justifica como un medio de protección de los administrados que, a su vez, puede contribuir a la lucha contra la congestión jurisdiccional. (…)

<<(…) En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha considerado los recursos administrativos como un sustituto de la jurisdicción, que garantiza también el derecho de defensa de los ciudadanos, en el que la administración ejerce una forma de "justicia interna" ya que puede proceder a la "composición del conflicto planteado" y, de esta manera, el administrado dispone de la posibilidad de obtener una resolución más rápida y menos costosa que la jurisdiccional. Así, los recursos administrativos contribuyen a la disminución de asuntos llevados al conocimiento del juez cuando, a raíz del recurso, el administrado obtiene satisfacción a sus pretensiones, y por lo tanto no tendría ningún objeto acudir posteriormente al juez, o cuando, gracias a la decisión fundamentada del recurso, incluso simplemente confirmativa, el administrado comprende que sus pretensiones no tienen posibilidad de prosperar ante el juez. (…)

<<(…) La decisión administrativa de los recursos se caracteriza por ser más rápida y eficiente que aquella dispensada por las jurisdicciones. Gracias a la decisión seria de los recursos, la administración reduce los riesgos patrimoniales de una eventual condena jurisdiccional, agravada por el paso del tiempo y la consecuente causación de intereses. Esto implica que los recursos administrativos, a más de no ser contrarios al derecho de acceso a la justica, sean una de sus manifestaciones, en cuanto son un medio de acceso a la justicia o un requisito previo de acceso a esta. (…)>>
22.- Sobre el privilegio de la decisión previa, el Consejo de Estado ha precisado que consiste en la imposibilidad de convocar a juicio a la entidad estatal sin que previamente el administrado haya solicitado un pronunciamiento sobre la pretensión que se propone someter al Juez Administrativo.
<<(…) De esta manera, es preciso señalar que en casos como que el que ahora ocupa la atención de la Sala, ante la ausencia de pronunciamiento de la entidad administrativa, se impone el respeto por el privilegio de la decisión previa, según el cual, por regla general, la administración pública, a diferencia de los particulares, no puede ser llevada a juicio contencioso si previamente no se le ha solicitado por el administrado un pronunciamiento sobre la pretensión que se propone someter al juez. Así, la reclamación previa, que se opone al derecho de citación directa que tienen los demandantes en los procesos civiles, constituye un privilegio por cuanto le permite a la autoridad reconsiderar la decisión que se impugna; cuestión que también puede resultar ventajosa para el administrado, ya que es posible que mediante su gestión convenza a la administración y evite así́ un pleito. (…) >>
<<La actora debió provocar el pronunciamiento de la administración para que esta, mediante acto administrativo fijara su posición en relación con los derechos de los que creía gozar, concretamente para el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, para que, con base en tal manifestación, pudiera acudir a la acción judicial correspondiente, haciendo uso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. (…)
<<Es preciso aclarar que una cosa es la falta de decisión previa y otra muy distinta la falta de agotamiento de la vía gubernativa, pues mientras 'en la primera no existe decisión previa (expresa o presunta) de la administración que se pueda juzgar por falta de petición del interesado cuando haya lugar, la segunda opera cuando no se hayan interpuesto los recursos obligatorios en la vía gubernativa. (…)>>
23.- A partir de lo anterior, no es necesario que una norma expresamente disponga que para reclamar perjuicios causados a cultivos lícitos como consecuencia de aspersión con glifosato no puede acudirse a la reparación directa, sino que ella debe formularse en los términos de la resolución No. 008 del 2 de marzo de 2007. Si se establece este procedimiento y la norma que lo prevé está vigente -y por tanto goza de presunción de legalidad-, es obligatoria para los particulares, las autoridades públicas y los jueces.

24.- En este caso el interrogante que se debe resolver es ¿puede el particular presentar la reclamación y luego no demandar el acto que resuelve su petición, para acudir a la reparación directa? La respuesta debe ser negativa, pues implica desconocer la obligatoriedad de utilizar determinado medio de control para obtener determinado derecho, desconoce normas procesales imperativas y afecta el derecho al debido proceso de la entidad demandada.

25.- Y el siguiente interrogante que debe resolver es el siguiente: Si la resolución determina el alcance de un derecho y las condiciones para ejercerlo, ¿podría reclamarse bajo otro <<título de imputación>>, por ejemplo, falla del servicio? y en tal caso ¿podrían impetrarse, perjuicios morales como perjuicios indemnizables como consecuencia de la aspersión en cultivos lícitos? Mientras la resolución 008 del 2 de marzo de 2007 goce de presunción de legalidad, formular tales reclamaciones a través de la acción de reparación directa resulta improcedente: existe una norma vigente y por lo tanto obligatoria que determina el alcance del derecho a la indemnización para un daño antijurídico que la Administración determina que debe ser reparado por ella, como es la afectación de cultivos lícitos con la aspersión con glifosato.

Fecha ut supra,

Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado

Folios 129,327,329 y 362 cuaderno 1. Dictamen pericial, folios 51-55, cuaderno 1. Folios 40-41, cuaderno 1. Folios 39 y 329, cuaderno1. Folio 42, cuaderno 1. Fls.83-87, cuaderno 1. Fls.377-380, cuaderno 1. Cuaderno principal, fls.418-427. Cuaderno principal, fls.430-442. Cuaderno No. 1, folio 1
Así lo certificó el Coordinador del Grupo de Aspersión de la Dirección de Antinarcóticos
Así lo certificó la Dirección de Antinarcóticos en documento que aportó dentro del expediente administrativo. Folio 328 Cuaderno 1
Folios 40-41, cuaderno 1. Fls.335-337, C.1. Folio 334, C.1. En ese sentido, puede verse una completa explicación en la Sentencia de la Corte Constitucional C-507 de 2014, y sobre la imposibilidad de “deslegalizar” las materias reservadas al legislador, puede ver la Sentencia C-1262 de 2005
Ver certificación del representante legal del consejo comunitario de Bajo Mira y Frontera, en el folio 37 cuaderno 1. Ver, Resolución 46 de 21 de julio de 2003 del INCORA. El derecho al autogobierno o gobierno propio incluye la gestión de sus formas propias de desarrollo, el control de sus planes de desarrollo y su ordenamiento territorial dentro de su propiedad colectiva y la gestión de los conflictos, entre otras. Ninguna autoridad estatal está autorizada a suplantar a las autoridades propias asumiendo posiciones paternalistas o coloniales, sin perjuicio de la necesaria coordinación para algunos asuntos, especialmente para la protección de los derechos fundamentales. Ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias T-973 de 2009, T-201 de 2016, T-009 de 2018. Ver, entre otras Corte Constitucional, Sentencia T-576 de 2014
Ver el auto de rechazo de la queja por esa razón en el folio 320 de cuaderno 1. Ver la declaración rendida por Jander Quiñones en este proceso, en folios 166 a 167 del cuaderno 1. Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria. Aunque esa oficina luego cambió de denominación oficialmente, en la ruralidad los ciudadanos siguen nombrándola de esa forma. Ver declaración de Diego Gaviria Prado en el folio 172 a 173 del cuaderno 1. Ver declaración de Martín Italo Quiñones en el folio 170 a 171 del cuaderno 1
Ver declaración de Jhonni Rosales Quiñones, en el folio 168 a 169 del cuaderno1
Folio 42 del cuaderno 1
La literatura especializada da cuenta de que las pruebas que se hacen con ese veneno para tratar las malezas en ese tipo de plantaciones se hacen con especial cuidado para que no entre en contacto directo con la planta. En un caso de estudio de los pocos que han medido el efecto de ese herbicida en palmas se advirtió que en la aspersión con bomba de espalda se debió cuidar que se hiciera en horas sin lluvia ni viento, nunca a más de 40 cm de altura sobre la maleza, y en todo caso sin tocar las hojas o estípite de la palma. en la parte baja y cuidando las medidas de dilución del químico. Ver, Rivera-M, Y. D., Ayala, I. M. & Romero, H. M. (2020). “Respuesta fisiológica de la palma de aceite a la aplicación de herbicidas al plato”. EnPalmas, 41(2), 27-37. Disponible en https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmas/article/view/13165
La Sala tendrá ese número de palmas como cierto porque fue el certificado por la Alcaldía, con competencia para ello y sin que nadie durante el proceso se opusiera o tachara de falsedad el documento que obra en el folio 42 del cuaderno 1 y del que se corrió traslado a la Policía Nacional junto con la demanda. Así consta en el oficio que envió la Dirección de Antinarcóticos al Magistrado ponente del tribunal, ver folios 129 a 138 del cuaderno 1. También en la certificación numero 6891de la Dirección de Antinarcóticos, ver folio 327 de cuaderno 1
Así lo certificó la Dirección de Antinarcóticos, ver folio 328 del cuaderno 1. Así lo certificó la Alcaldía en su informe de inspección del predio, ver folio 42 del cuaderno 1 y así quedó registrado también en el “auto decisión de fondo” N. 7647 de 17 de diciembre de 2009 que puede verse en el folios 335 a 337 del cuaderno 1.

Así lo dispone el artículo 5, literal d. del plan de manejo ambiental, impuesto por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -de ese entonces- al “Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida Glifosato – PECIG”, en todo el territorio nacional, mediante la resolución 1065 de noviembre de 2001. La vigencia de esa resolución y su pertinencia para este caso, fue ratificada por el propio Ministerio en memorando que envió la Directora de licencias, permisos y trámites ambientales al coordinador de procesos judiciales con ocasión de este proceso. Ver folio 117
La Resolución 0013 de 27 de julio de 2’’3 del CNE definió El área de cultivo fraccionado como el área de terreno que se divide mediante barreras vivas y/o artificiales, secuencia de plantaciones lícitas, cultivos de pancoger o bosque nativo con cultivo ilícitos; y área de cultivo mezclado como aquella siembra que presenta platas lícitas e ilícitas y resolvió que esas áreas son objeto del PECIG. Según las normas administrativas, en consecuencia la prohibición se refiere a aquellas plantaciones que no sean mezcladas o fragmentadas
Así lo declararon el vecino del predio (ver folio 170 a 171 del cuaderno 1), un trabajador del cultivo que estaba en el palmar en ese momento e incluso afirmó que el veneno le cayó sobre la piel y le dio escozor (ver folio 168 a 168 del cuaderno 1) y el dueño de la comercializadora que asistía técnicamente el cultivo (ver folio 172 a 173 del cuaderno 1)
Así lo certificó la Alcaldía de Tumaco (ver folio 42 del cuaderno 1). También declaró en ese sentido el experto de la UMATA que visitó el predio para emitir ese certificado (ver folios 166 a 167 del cuaderno 1). En el mismo sentido declaró el dueño de la comercializadora, cuyo ingeniero intentó salvar la plantación de los efectos del glifosato. Esa comisión está prevista en el articulo 13 del d la resolución 8 de 2 de marzo de 2007 para hacer la visita de verificación de quejas y rendir un informe. La resolución mencionada establece un procedimiento para la atención de quejas derivadas de los presuntos daños causados por la aspersión aérea con el herbicida glifosato, dentro del marco del programa de erradicación de cultivos ilícitos
Ver, entre otros, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 23 de abril de 2021, exp, 2014-00209-01(AG), y Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección B, sentencia de 20 de febrero de 2014, exp 29028. Aunque en este último caso se imputó por riesgo excepcional, los elementos de ese título se dieron por probados a partir de indicios construidos desde pruebas como las que aquí se analizan, es decir, pruebas testimoniales sobre la fecha de la fumigación, pruebas sobre el daño como el acta de inspección de la UMATA, el concepto de un ingeniero sobre el estado necrótico del cultivo afectado, que llevaron a la Sala a “la conclusión lógica y altamente probable” de que existió un nexo causal entre la fumigación y el daño. Ver oficio enviado por la Dirección de Antinarcóticos al Magistrado Ponente del tribunal en folio 129 del cuaderno 1. También certificación de la misma Dirección en el folio 327 del cuaderno 1. Ver certificación y mapa con medición de las distancias de la fumigación respecto de los cultivos de los demandantes, de la Dirección de Antinarcóticos, en el folio 328 del cuaderno 1. Ver declaración de Martín Italo Quiñones en el folio 170 a 171 del cuaderno 1
Ver declaración de Jhonni Rosales Quiñones, en el folio 168 a 169 del cuaderno1
Ver declaración de Diego Gaviria Prado en el folio 172 a 173 del cuaderno 1. Ver la declaración rendida por Jander Quiñones en este proceso, en folios 166 a 167 del cuaderno 1. Ver folio 42 del cuaderno 1
Ver declaración de Diego Gaviria Prado en el folio 172 a 173 del cuaderno 1.

Ver declaración de Jander Quiñones en los folios 166 a 167
Ver declaración de Martín Italo Quiñones en el folio 170 a 171 del cuaderno 1
Ver declaración de Jhonni Rosales Quiñones, en el folio 168 a 169 del cuaderno1
Ver la certificación del Representante legal del Consejo Comunitario de Bajo Mira y Frontera en el folio 37 del cuaderno 1. Ver también la certificación de la Alcaldía en el folio 42 del cuaderno 1
Todos los declarantes señalaron que el cultivo tenía 3 años de vida. Ver, entre otros, el reciente caso fallado por la Sección Tercera, Subsección B, el 28 de abril de 2021, exp. 53465. Así lo declaró el vecino que los conocía desde hace 10 años y por su cercanía pudo conocer esos sentimientos. Ver declaración de Martín Italo Quiñones en el folio 170 a 171 del cuaderno 1
Ver folio 43 del cuaderno 1. Ver declaración de Martín Italo Quiñones en el folio 170 a 171 del cuaderno 1
Ver folio 172 del cuaderno 1. Así lo declaró también el señor Diego Gaviria, dueño de la comercializadora que había hecho la asistencia técnica y los abonos del cultivo a crédito. Folios 147-160, cuaderno 1. Folios 40-41, cuaderno 1. Fls.335-337, C.1. Folio 334, C.1. José Luis Benavides y Andrés Fernando Ospina Garzón, “La justificación de los recursos administrativos”, disponible en: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/download/3293/3068?inline=1
Sentencia del 12 de junio de 2012, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, radicación 25000- 23-24.-000-2012-00401 (AC). Así lo manifestó en sentencia del 7 de noviembre de 2013, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Alfonso Vargas Rincón, radicado No 08001-23-31-000-2009-00907-01 (0643-13).

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