Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04297-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04297-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-04297-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
14 de septiembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04297-00
Demandante: Manuel Nemecio Vergel Vergel
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04297-00
Demandante: MANUEL NEMECIO VERGEL VERGEL
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ARAUCA Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial que declaró la falta de
legitimación en la causa por pasiva de la Dirección Nacional de
Estupefacientes en un proceso de responsabilidad del Estado por
aspersión aérea con glifosato que afectó cultivos lícitos. Alega
desconocimiento del precedente
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Manuel Nemecio Vergel Vergel
contra el Tribunal Administrativo de Arauca y el Juzgado Primero Administrativo de
Arauca.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 10 de agosto de 20231, en ejercicio de la acción de tutela y a través de apoderado,
Manuel Nemecio Vergel Vergel pidió la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.
A juicio del demandante, la vulneración se presenta con ocasión de las providencias
del 15 de abril de 2015 y 2 de junio de 2023, dictadas, respectivamente, por el Juzgado
Primero Administrativo de Arauca y el Tribunal Administrativo de Arauca, que
declararon la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Dirección Nacional de
Estupefacientes en un proceso de responsabilidad del Estado por aspersión aérea con
glifosato que afectó cultivos lícitos.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad
jurídica y acceso a la administración de justicia y, en consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la
decisión emitida por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE ARAUCA del 15 de abril de
2015 por adolecer de defecto material o sustantivo.
DEJAR SIN EFECTOS la decisión proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ARAUCA
de fecha 2 de junio de 2023 por desconocer el precedente jurisprudencial.
Consecuente a ello, se ORDENE a las entidades accionadas que profieran una nueva decisión
teniendo en cuenta la responsabilidad de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
1 Índice 1 de Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04297-00
Demandante: Manuel Nemecio Vergel Vergel
por los daños ocasionados en relación con la fumigación realizada el día 27 de agosto de 2007,
dentro de las cuales se vieron afectadas 30 hectáreas de cultivo licito de carácter transitorio de
Yuca Tecnificada Variedad Armenia en la finca Bellavista ubicada en la Vereda El Salem- Límite
Mate Caña, Municipio Fortul, Departamento de Arauca, de propiedad del señor MANUEL
NEMECIO VERGEL VERGEL.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El actor interpuso demanda de reparación directa contra la Dirección Nacional de
Estupefacientes (sucedida procesalmente por el Ministerio de Justicia y del Derecho)
para que fuera declarada responsable por los daños ocasionados por la aspersión
aérea con glifosato, que, según dice, afectó 30 hectáreas de cultivo lícito de yuca.
La demanda se adelantó bajo el radicado 81001333100120090010700 y correspondió
al Juzgado Primero Administrativo de Arauca, que, por sentencia del 15 de abril de
2015, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de
la Dirección Nacional de Estupefacientes porque, con fundamento en la Resolución
No. 005 de 2000, consideró que «cuando se trata de fumigación aérea con el químico
glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos, en cumplimiento de las políticas trazadas por
el Consejo Nacional de Estupefacientes, la responsable directa y en forma autónoma por sus
acciones u omisiones es la Policía Nacional -Dirección de Antinarcóticos, que es la entidad
que debió́ ser demandada en forma directa». En consecuencia, denegó las pretensiones.
Inconforme con la decisión, el actor apeló y el Tribunal Administrativo de Arauca, por
sentencia del 2 de junio de 20232, la confirmó porque consideró que, en efecto, la
Dirección Nacional de Estupefacientes no estaba legitimada en la causa por pasiva.
Sin embargo, precisó que la Resolución No. 005 de 2000 (fundamento de la decisión
de primera instancia) fue sustituida por la Resolución No. 013 de 2003, pero que, en
todo caso, esa resolución mantenía la responsabilidad de la Policía Nacional,
Dirección Antinarcóticos sobre los programas de erradicación de cultivos ilícitos con
glifosato.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, el demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que las sentencias acusadas
incurrieron en los siguientes vicios de fondo:
Defecto sustantivo: Según el actor, la sentencia del 15 de abril de 2015, dictada por
el Juzgado Primero Administrativo de Arauca, incurrió en este defecto porque declaró
la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Dirección Nacional de
Estupefacientes con fundamento en el artículo 5 de la Resolución No. 005 de 2000,
sin tener en cuenta que esa norma había sido derogada por la Resolución No. 013 de
2003.
Desconocimiento del precedente: Para el demandante, la sentencia del 2 de junio
de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Arauca, desconoció el precedente
fijado por la Sección Tercera, Subsección C, en sentencia del 8 de septiembre de
2 Notificada el 12 de junio de 2023.
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Demandante: Manuel Nemecio Vergel Vergel
20173, que, según dice, señaló que la Dirección Nacional de Estupefacientes es
responsable por los daños causados en actividades de fumigación en desarrollo del
programa de erradicación de cultivos lícitos con glifosato.
Que, en aplicación de ese precedente, el tribunal demandado debió revocar la
decisión de primera instancia y acceder a las pretensiones de la demanda de
reparación directa porque la Dirección Nacional de Estupefacientes es la entidad
encargada de implementar la política antidrogas y ejecuta las decisiones del Consejo
Nacional de Estupefacientes.
5. Trámite
Por auto del 14 de agosto de 2023, el Despacho sustanciador la admitió y dispuso la
notificación, en calidad de demandados, a los magistrados del Tribunal Administrativo
de Arauca y al juez primero administrativo de Arauca. Además, en calidad de tercero,
se dispuso la notificación al ministro de Justicia y Derecho que actuó́ como demandado
en el proceso de reparación directa No. 81001333100120090010700.
La Secretaría General del Consejo de Estado realizó las notificaciones ordenadas
mediante correos electrónicos del 17 de agosto de 2023.
6. Intervenciones
Las magistradas del Tribunal Administrativo de Arauca pidieron que se denegara la
solicitud de amparo y, de manera subsidiaria, que se declarara improcedente.
Explicaron que no cumplía con el requisito de relevancia constitucional porque
pretendía usarla como una instancia adicional al proceso ordinario.
Precisaron que la sentencia de segunda instancia dictada en el proceso de reparación
directa fue debidamente motivada y que la sentencia citada como precedente por el
demandante es diferente porque en ese caso la Policía Nacional, Dirección de
Antinarcóticos si fue demandada.
El apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho pidió que se declarara
improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito general de relevancia
constitucional. Señaló que la discusión propuesta por el demandante coincide con la
ya resuelta en el proceso ordinario.
El Juzgado Primero Administrativo de Arauca aportó copia magnética del
expediente de reparación directa con radicado 81001333100120090010700, pero
nada dijo sobre la demanda de tutela.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
La Sala se abstendrá de analizar el defecto sustantivo en relación con la sentencia del
15 de abril de 2015, dictada por el Juzgado Primero Administrativo de Arauca, dado
que esta decisión no marcó el fin del proceso de reparación directa radicado con el
3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de septiembre de 2017, Exp. 52001-23-31-
000-2006-00435-01(38040), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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Demandante: Manuel Nemecio Vergel Vergel
número 81001333100120090010700. En consecuencia, el análisis de la Sala se
centrará exclusivamente en la sentencia del 2 de junio de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Arauca, que confirmó la falta de legitimación en la causa
por pasiva de la Dirección de Estupefacientes, entidad que fue sucedida
procesalmente por el Ministerio de Justicia y del Derecho.
Siendo así, corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela interpuesta
por Manuel Nemecio Vergel Vergel para dejar sin efectos la sentencia del 2 de junio
de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Arauca, por presuntamente haber
incurrido en desconocimiento del precedente judicial.
La Sala anticipa que la providencia acusada no incurrió en desconocimiento del
precedente, porque, en realidad, el fallo citado por el actor como desconocido no
resulta aplicable al caso. Además, existe jurisprudencia de la Sección Tercera del
Consejo de Estado que, en casos similares, ha declarado la falta de legitimación en la
causa por pasiva de la Dirección Nacional de Estupefacientes. En consecuencia,
denegará las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor Manuel
Nemecio Vergel Vergel.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y, finalmente, (iii) el análisis del caso concreto.
2. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales4 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se
estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los
requisitos específicos5 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se
analizan cuando se han superado los requisitos generales.
3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala comenzará por verificar si la acción de tutela promovida por el señor Manuel
Nemecio Vergel Vergel cumple los requisitos generales de procedencia la acción de
tutela contra providencia judicial.
3.1. La relevancia constitucional se encuentra acreditada, pues, a pesar de que en
ambas instancias del proceso de reparación directa se declaró la falta de legitimación
en la causa por pasiva de la Dirección Nacional de Estupefacientes, se llegó a esa
conclusión con fundamentos normativos diferentes. Además, la Sala considera que el
demandante no pretende usar la acción de tutela como una instancia adicional al
proceso ordinario. Tampoco propone argumentos nuevos no debatidos en el proceso
ordinario y no se trata de una discusión de carácter legal o económico.
4 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión
objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho
fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
5 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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Por el contrario, de lo expuesto se advierte que la Sala debe determinar si el Tribunal
Administrativo de Arauca, al confirmar la falta de legitimación en la causa por pasiva
de la Dirección Nacional de Estupefacientes en un caso de responsabilidad por
aspersión aérea, incurrió en desconocimiento del precedente y ese argumento está
directamente relacionado con los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia de la parte actora.
3.2. La demanda de tutela también cumple con el requisito de inmediatez, porque la
sentencia del 2 de junio de 2023, dictada por el tribunal demandado, fue notificada el
12 de julio de 2023. Eso quiere decir que entre esa fecha y la presentación de la tutela
(10 de agosto de 2023) no ha transcurrido los seis meses establecidos por la Sala
Plena de esta Corporación6 como término razonable para ejercer la acción de tutela.
3.3. La demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios
dado que promovió el medio de control procedente para reclamar la responsabilidad
extracontractual del Estado. Además, en el proceso de reparación directa fue agotado
el recurso de apelación en contra la decisión de primera instancia.
Tampoco era viable que el señor Vergel Vergel presentara recurso extraordinario de
revisión en contra la sentencia del 2 de junio de 2023 porque no se configura ninguna
de las causales de que trata el artículo 2507 del CPACA.
3.4. Así mismo, advierte la Sala que la actora identificó de manera razonable los
hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, esto es,
expuso de manera clara que la vulneración de los derechos fundamentales invocados
proviene, en suma, de un desconocimiento del precedente de la Sección Tercera,
Subsección C del Consejo de Estado.
3.5. Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la actora cuestiona
la decisión de segunda instancia adoptada en un proceso de reparación directa.
4. Análisis del caso concreto
Previo a resolver, conviene precisar que la acción de reparación directa que presentó
el señor Vergel Vergel tuvo por objeto la reparación de los perjuicios causados «en
desarrollo de las actividades aéreas de aspersión del herbicida glifosato efectuadas en
desarrollo del proceso de erradicación de cultivos ilícitos».
6 Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Exp. Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01, demandante: Alpina
Productos Alimenticios S.A., C P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7 ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o
caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en
su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud
legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales
para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella
fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa
juzgada y fue rechazada.
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A partir de los fundamentos de la demanda de reparación directa, el Tribunal
Administrativo de Arauca, en sentencia del 2 de junio de 2023, estudió el asunto bajo
los títulos de imputación de falla del servicio y riesgo excepcional. Al verificar los
elementos de la responsabilidad concluyó que, aunque estaba probado el daño
antijurídico, no resultaba imputable a la Dirección Nacional de Estupefacientes porque
la producción del daño no obedecía a alguna acción u omisión de esa entidad.
Precisó que el artículo 1º de la Resolución No. 013 del 27 de junio de 2003 del Consejo
Nacional de Estupefacientes señalaba que el programa de erradicación de cultivos
ilícitos con el herbicida glifosato estaba a cargo de la Policía Nacional, Dirección
Antinarcóticos.
Que, además, los artículos 77 de la Ley 30 de 1986 y 1º del Decreto 2253 de 1991 y
1º de la Resolución No. 1053 de 2003 señalaban la responsabilidad de la Policía
Nacional, Dirección Antinarcóticos por la ejecución del programa de erradicación de
cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea con glifosato y por el cumplimiento de las
fichas de manejo ambiental, asuntos que implicaban la obligación de efectuar labores
de identificación, ubicación, extensión y establecimiento del medio circundantes del
posible cultivo ilícito.
Agregó que dentro de las funciones establecidas para la Dirección Nacional de
Estupefacientes en el Decreto 494 de 1990 y el artículo 13 de la Ley 785 de 2002, esa
autoridad no contaba con «responsabilidades directas o indirectas en relación con las
actividades de la erradicación forzosa por aspersión aérea sobre cultivos ilícitos». Sobre el
material probatorio encontró que:
La operación por la que se vio afectado el demandante derivó de la orden de servicios 168,
suscrita por el Brigadier General Director de Antinarcóticos de la Policía Nacional, Álvaro Cano
Meléndez, actuación denominada «OPERACIÓN “ARAUCA IV” DE ASPERSIÓN AÉREA E
INTERDICCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA», en el que se definió́ como vigencia a
partir del 6 de agosto de 2007, hasta la aspersión total de los núcleos autorizados mediante
caracterización previa y de acuerdo al cronograma de aspersión concertado entre la Dirección
de Antinarcóticos y la Sección de Asuntos Narcóticos de la Embajada Americana (fls. 219-222,
C. Pruebas).
En suma, respecto a lo afirmado por el demandante en cuanto a los perjuicios que se le
ocasionaron con ocasión de la fumigación vía aérea y con glifosato sobre los plantíos de yuca
sembrados en el inmueble de su propiedad situado en el municipio de Fortul, el 27 de agosto de
2007, se tiene ampliamente demostrado que durante el mes de agosto de 2007 la Policía
Nacional—Dirección Antinarcóticos desarrolló en el departamento de Arauca actividades de
aspersión aérea a cultivos ilícitos, sin que haya concurrido en dichas operaciones la Dirección
Nacional de Estupefacientes.
Como se vio, el tribunal demandado encontró que, pese a que se encontraba
acreditado el daño antijurídico, no le era imputable a la Dirección Nacional de
Estupefacientes porque quien ejecutaba la aspersión aérea con glifosato era la Policía
Nacional a través de la Dirección Antinarcóticos.
Sin embargo, la parte actora alegó que la autoridad judicial demandada incurrió en
desconocimiento del precedente fijado por la Sección Tercera, Subsección C, en
sentencia del 8 de septiembre de 20178, que, según dice, señaló que la Dirección
Nacional de Estupefacientes es responsable por los daños causados en actividades
de fumigación en desarrollo del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con
Glifosato.
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de septiembre de 2017, Exp. 52001-23-31-
000-2006-00435-01(38040), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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Al respecto, la Sala debe precisar que la sentencia del 8 de septiembre de 2017 no
constituye un precedente aplicable al caso del demandante. Si bien en esa sentencia
también fue estudiado un caso de responsabilidad extracontractual por aspersión
aérea con glifosato que afecto un cultivo lícito, circunstancia que, en principio, daría la
apariencia de similitud fáctica, lo cierto es que en ese proceso actuó como
demandada, además de la Dirección Nacional de Estupefacientes, la Dirección
Antinarcóticos de la Policía Nacional, y fue desde esa perspectiva que se adoptó la
decisión, mientras que el señor Vergel Vergel demandó únicamente a la Dirección
Nacional de Estupefacientes.
Siendo así, no se trata de un precedente que el juez natural del proceso hubiese
dejado de aplicar. Por el contrario, la Sala advierte que la decisión del tribunal atiende
los lineamientos de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
En efecto, sobre la imputación de responsabilidad por aspersión aérea con glifosato,
la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 9 de julio de 20219, señaló
que “imputará a la Policía Nacional a título de falla en el servicio, por desconocer las previsiones
impuestas por el Plan de Manejo Ambiental del PECIG, que prohíbe la fumigación con glifosato a menos
de 1600 metros de un proyecto productivo que no sea fragmentado o mixto”.
Y, posteriormente, en un caso en el que también fue demandado el Ministerio de
Justicia y del Derecho como sucesor procesal de la Dirección Nacional de
Estupefacientes, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 23 de
noviembre de 202310 explicó que carecía de legitimación en la causa por pasiva. En
lo pertinente la providencia dice:
La Sala considera que se encuentra acreditada la excepción de “falta de legitimación en la causa
por pasiva” del Ministerio de Justicia y del Derecho (sucesor procesal de la Dirección Nacional
de Estupefacientes), por cuanto, para la fecha de los hechos, el programa de erradicación de
cultivos ilícitos con el herbicida glifosato estaba a cargo de la Policía Nacional – Dirección de
Antinarcóticos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Resolución 0013 de junio
27 de 2003 expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes17; por consiguiente, ese
ministerio no tenía la función de realizar los operativos de aspersión área de dicha sustancia.
Lo anterior es suficiente para concluir que la sentencia cuestionada no incurrió en
desconocimiento del precedente judicial, al declarar la falta de legitimación en la causa
por pasiva de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Por lo tanto, se denegarán
las pretensiones de la acción de tutela.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela presentada por Manuel Nemecio
Vergel Vergel, por las razones expuestas en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 9 de julio de 2021, Exp.
520012331000201000511 01(43590), C.P. Alberto Montaña Plata.
10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 23 de noviembre de 2022, Exp. 18001-23-31-
000-2011-00273-01 (59.994), C.P. Fredy Ibarra Martínez
7
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Demandante: Manuel Nemecio Vergel Vergel
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
8
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