Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 18001-23-31-000-2011-00273-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 18001-23-31-000-2011-00273-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 18001-23-31-000-2011-00273-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
23 de noviembre de 2022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 18001-23-31-000-2011-00273-01 (59.994)
Demandante: ALBERTO HOYOS ARTUNDUAGA Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA
NACIONAL Y OTROS
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN SENTENCIA – FUMIGACIÓN CON GLIFOSATO
Síntesis del caso: los demandantes afirman que el 17 de abril de 2010 la Policía Antinarcóticos
fumigó sus predios con glifosato, ubicados en la jurisdicción de los municipios de Cartagena
del Chairá, El Paujil, y El Doncello (Caquetá) sin que existieran cultivos ilícitos, lo cual conllevó
la pérdida de pastos mejorados, cultivos de maíz y afectación de semovientes.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (fls. 312 a
320 cdno. apelación) en contra de la sentencia proferida el 29 de junio de 2017 por el
Tribunal Administrativo de Caquetá (fls. 297 a 309 cdno. apelación) que dispuso:
“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de acuerdo a lo
expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: No condenar en costas.
TERCERO: Disponer el Archivo del expediente, una vez en firme esta
decisión.
CUARTO: Devolver al demandante el remanente de la suma que se ordenó
pagar para gastos del proceso, si los hubiere.
QUINTO: Por secretaria, déjense las constancias de rigor, y realicen las
anotaciones en el programa de justicia Siglo XXI (fl. 309 cdno. apelación -
negrillas y mayúsculas sostenidas del original).
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Expediente 18001-23-31-000-2011-00273-01 (59.994)
Actor: Alberto Hoyos Artunduaga y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito presentado el 13 de agosto de 2010 (fls. 1 a 12 cdno. ppal. no. 1),
Alberto Hoyos Artunduaga y otros presentaron demanda de reparación directa en
contra de la Nación – Ministerio del Interior y de Justicia – Dirección Nacional de
Estupefacientes – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional con las siguientes
pretensiones:
“A. CON RESPECTO AL SEÑOR CONRADO CASTELLANOS
MARTINEZ:
PRIMERA: Se declare administrativamente responsable a la NACIÓN
COLOMBIANA – MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA –
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES – MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, reconozca su
responsabilidad administrativa por los perjuicios morales y materiales
causados al señor CONRADO CASTELLANOS MARTÍNEZ, por la falla del
servicio que condujo a que aviones de la Policía Antinarcóticos fumigaran
con el químico distinguido como Herbicida Glifosato, el predio La Martina de
la Vereda Valledupar del Municipio de El Paujil (Caquetá) y el predio La
Reforma de la Vereda La Cabaña del Municipio de El Paujil (Caquetá),
ambos de propiedad de mi representado, en desarrollo del PROGRAMA DE
ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS CON EL HERBICIDA
GLIFOSATO, lugar en donde no existen cultivos ilícitos, destruyendo 100 y
15 hectáreas de pastos mejorados (brachria de cumbes, brisanta),
respectivamente, junto con 2 hectáreas de cultivos de maíz.
SEGUNDA: PRETENSIÓN MAYOR: Como consecuencia de la anterior
declaración, condenar a las demandadas a pagar a favor del demandante
como reparación del daño ocasionado al señor CONRADO CASTELLANOS
MARTÍNEZ o a quien represente legalmente sus derechos, la suma de
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS
($564’000.000,oo) por concepto de los perjuicios de ordena material (lucro
cesante y daño emergente).
TERCERA: La demandada dará cumplimiento a la sentencia en los términos
de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
CUARTA: Las condenas respectivas serán actualizadas de conformidad con
lo previsto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo,
aplicando en la liquidación la variación mensual del índice de precios al
consumidor, desde la fecha de la ocurrencia de los hechos, hasta la
ejecutoria de la correspondiente sentencia definitiva.
QUINTA: Condenar en costas a los demandadas de conformidad a lo
señalado en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
B. CON RESPECTO AL SEÑOR ALBERTO HOYOS ARTUNDUAGA:
PRIMERA: PRIMERA: Se declare administrativamente responsable a la
NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA –
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Expediente 18001-23-31-000-2011-00273-01 (59.994)
Actor: Alberto Hoyos Artunduaga y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES – MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, reconozca su
responsabilidad administrativa por los perjuicios morales y materiales
causados al señor ALBERTO HOYOS ARTUNDUAGA, por la falla del
servicio que condujo a que aviones de la Policía Antinarcóticos fumigaran
con el químico distinguido como Herbicida Glifosato, el Predio La Dorada
(Antes la Unión) de la Vereda Anaya del Municipio el Doncello (Caquetá), de
propiedad de mi representado, en desarrollo del PROGRAMA DE
ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS CON EL HERBICIDA
GLIFOSATO, lugar en donde no existen cultivos ilícitos, destruyendo 20
hectáreas de pastos mejorados (brachria de cumbes, brisanta),
respectivamente, junto con la intoxicación de 200 cabezas de ganado.
SEGUNDA: PRETENSIÓN MAYOR: Como consecuencia de la anterior
declaración, condenar a las demandadas a pagar a favor del demandante
como reparación del daño ocasionado al señor ALBERTO HOYOS
ARTUNDUAGA o a quien represente legalmente sus derechos, la suma de
CIEN MILLONES DE PESOS ($100’000.000,oo) por concepto de los
perjuicios de ordena material (lucro cesante y daño emergente)
TERCERA: La demandada dará cumplimiento a la sentencia en los términos
de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
CUARTA: Las condenas respectivas serán actualizadas de conformidad con
lo previsto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo,
aplicando en la liquidación la variación mensual del índice de precios al
consumidor, desde la fecha de la ocurrencia de los hechos, hasta la
ejecutoria de la correspondiente sentencia definitiva.
QUINTA: Condenar en costas a los demandadas de conformidad a lo
señalado en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
C CON RESPECTO AL SEÑOR JUAN PABLO ZAMBRANO ALARCÓN:
PRIMERA: PRIMERA: Se declare administrativamente responsable a la
NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA –
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES – MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, reconozca su
responsabilidad administrativa por los perjuicios morales y materiales
causados al señor JUAN PABLO ZAMBRANO ALARCÓN, por la falla del
servicio que condujo a que aviones de la Policía Antinarcóticos fumigaran
con el químico distinguido como Herbicida Glifosato, el Predio La Ceiba de
la Vereda La Gallineta del Municipio de El Paujil (Caquetá), de propiedad de
mi representado en desarrollo del PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE
CULTIVOS ILÍCITOS CON EL HERBICIDA GLIFOSATO, lugar en donde no
existen cultivos ilícitos, destruyendo 25 hectáreas de pastos mejorados
(brachria de cumbes, brisanta) y 15 hectáreas de cultivo de maíz,
respectivamente.
SEGUNDA: PRETENSIÓN MAYOR: Como consecuencia de la anterior
declaración, condenar a las demandadas a pagar a favor del demandante
como reparación del daño ocasionado al señor JUAN PABLO ZAMBRANO
ALARCÓN o a quien represente legalmente sus derechos, la suma de la
suma de CIEN MILLONES DE PESOS ($100’000.000, oo) por concepto de
los perjuicios de ordena material (lucro cesante y daño emergente)
TERCERA: La demandada dará cumplimiento a la sentencia en los términos
de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
CUARTA: Las condenas respectivas serán actualizadas de conformidad con
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Expediente 18001-23-31-000-2011-00273-01 (59.994)
Actor: Alberto Hoyos Artunduaga y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
lo previsto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo,
aplicando en la liquidación la variación mensual del índice de precios al
consumidor, desde la fecha de la ocurrencia de los hechos, hasta la
ejecutoria de la correspondiente sentencia definitiva.
QUINTA: Condenar en costas a las demandadas de conformidad a lo
señalado en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
D. CON RESPECTO AL SEÑOR GENTIL ANDRADE TOVAR:
PRIMERA: PRIMERA: Se declare administrativamente responsable a la
NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA –
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES – MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, reconozca su
responsabilidad administrativa por los perjuicios morales y materiales
causados al señor GENTIL ANDRADE TOVAR por la falla del servicio que
condujo a que aviones de la Policía Antinarcóticos fumigaran con el químico
distinguido como Herbicida Glifosato, el Predio Los Morros de la Vereda La
cabaña del Municipio de El Paujil (Caquetá), de propiedad de mi
representado en desarrollo del PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE
CULTIVOS ILÍCITOS CON EL HERBICIDA GLIFOSATO, lugar en donde no
existen cultivos ilícitos, destruyendo 12 hectáreas de pastos mejorados
(brachria de cumbes, brisanta).
SEGUNDA: PRETENSIÓN MAYOR: Como consecuencia de la anterior
declaración, condenar a las demandadas a pagar a favor del demandante
como reparación del daño ocasionado al señor GENTIL ANDRADE TOVAR
o a quien represente legalmente sus derechos, la suma de la suma de
SESENTA MILLONES DE PESOS ($60’000.000,oo) por concepto de los
perjuicios de ordena material (lucro cesante y daño emergente)
TERCERA: La demandada dará cumplimiento a la sentencia en los términos
de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
CUARTA: Las condenas respectivas serán actualizadas de conformidad con
lo previsto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo,
aplicando en la liquidación la variación mensual del índice de precios al
consumidor, desde la fecha de la ocurrencia de los hechos, hasta la
ejecutoria de la correspondiente sentencia definitiva.
QUINTA: Condenar en costas a los demandadas de conformidad a lo
señalado en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998” (fls. 1 a 4 cdno. ppal. no.
1 – mayúsculas sostenidas y negrillas del texto original).
Como fundamento de las súplicas se narraron, básicamente, los siguientes hechos:
1) El señor Conrado Castellanos Martínez es propietario de los predios La Martina
ubicado en la vereda Valledupar del municipio de Cartagena del Chairá (Caquetá) y
La Reforma localizado en la vereda La Cabaña del municipio El Paujil (Caquetá), los
cuales el 17 de abril de 2010, aproximadamente a la 1:30pm, fueron fumigados con el
herbicida glifosato por una avioneta de la Policía Antinarcóticos pese a que ellos no
existían cultivos ilícitos; razón por la cual en los fundos La Martina y La Reforma se
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Expediente 18001-23-31-000-2011-00273-01 (59.994)
Actor: Alberto Hoyos Artunduaga y otros
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perdieron 100 y 15 hectáreas de pastos mejorados, respectivamente, como también 2
hectáreas de maíz en el último terreno, cuyo valor asciende a $564’000.000
2) Por su parte, el señor Alberto Hoyos Artunduaga es propietario del predio La Dorada
(antes la Unión) situado en la vereda Anaya en jurisdicción del municipio El Doncello
(Caquetá) el cual, el 17 de abril de 2010, aproximadamente a la 1:30pm, fue fumigado
con el herbicida glifosato por una avioneta de la Policía Antinarcóticos pese a que en
ese terreno no existían cultivos ilícitos; razón por la cual se perdieron 20 hectáreas de
pastos mejorados y 200 cabezas de ganado resultaron intoxicadas cuyo valor asciende
a $ 100’000.000.
3) El señor Juan Pablo Zambrano Alarcón es poseedor del predio La Ceiba localizado
en la vereda la Gallineta del municipio El Paujil (Caquetá) el cual, el 17 de abril de
2010, aproximadamente a la 1pm, fue fumigado con el herbicida glifosato por una
avioneta de la Policía Antinarcóticos pese a que en ese terreno no existían cultivos
ilícitos; razón por la cual se perdieron 25 hectáreas de pastos mejorados y 15
hectáreas de cultivos de maíz cuyo valor asciende a $100’000.000.
4) El señor Gentil Andrade Tovar es poseedor del predio Los Morros ubicado en la
vereda la Cabaña jurisdicción del municipio El Paujil (Caquetá) el cual el 17, de abril
de 2010, aproximadamente a la 1pm, fue fumigado con el herbicida glifosato por una
avioneta de la Policía Antinarcóticos pese a que en ese terreno no existían cultivos
ilícitos; razón por la cual se perdieron 12 hectáreas de pastos mejorados cuyo valor
asciende a $60’000.000.
2. Contestación de la demanda
La demanda fue admitida el 1 de agosto 2011 (fls. 61 a 62 cdno. ppal. no. 1),
providencia en la que se ordenó la notificación personal de los representantes legales
de las entidades demandadas.
1) El Ministerio de Justicia y del Derecho contestó la demanda en virtud de lo dispuesto
en el artículo 39 del Decreto 2897 de 20111 y propuso la excepción de “indebida
1
“Los procesos judiciales, de cobro coactivo y disciplinarios en los que sea parte el Ministerio del Interior
y de Justicia quedarán a cargo del Ministerio del Interior, salvo aquellos que por su naturaleza, objeto o
sujeto procesal deban ser adelantados por el Ministerio de Justicia y del Derecho, los cuales le serán
transferidos dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto, lo cual
debe constar en las Actas que se suscriban para el efecto (…)”
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Expediente 18001-23-31-000-2011-00273-01 (59.994)
Actor: Alberto Hoyos Artunduaga y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
representación en la causa por pasiva” por considerar que según el Decreto 2897 de
2011, ese ministerio no tiene las funciones de erradicación de cultivos ilícitos con el
herbicida glifosato, razón por la cual no es posible imputarle el daño alegado por
ausencia de nexo causal y tampoco podría ser condenado a reparar por existir falta de
legitimación material en la causa por pasiva (fls. 73 a 77 cdno. ppal. no. 1).
2) Por su parte, la Dirección Nacional de Estupefacientes se opuso a las súplicas de
la demanda, replicó los hechos de la misma y propuso las excepciones de “falta de
integración del legítimo contradictorio” porque no se demandó a los miembros del
Consejo Nacional de Estupefacientes; “hecho de un tercero” por cuanto las acciones
imputadas corresponden a la Policía Nacional - Dirección Antinarcóticos; “falta de
legitimación en la causa por pasiva” debido a que la DNE no intervino en las
operaciones que causaron el presunto daño; “inexistencia de la obligación” dado que
el daño reparado debería ser reparado por el Consejo Nacional de Estupefacientes y,
la “innominada”.
Finalmente, sostuvo que según el artículo 13 de la Ley 785 de 2002, la entidad tiene
funciones de asesoría y apoyo en el tema de erradicación de cultivos ilícitos, pues, el
programa de erradicación de cultivos ilícitos con el herbicida glifosato está a cargo de
la Policía Nacional - Dirección Antinarcóticos de conformidad con lo establecido en la
Resolución no. 013 de 2002; por consiguiente, la entidad demandada no es
responsable del presunto daño que se reclama (fls. 78 a 130 cdno. ppal. no.1).
3) El Ministerio de Defensa – Policía Nacional se opuso a las súplicas de la demanda,
frente a los hechos de la misma dijo atenerse a lo que se pruebe y propuso las
excepciones de “falta de prueba para pedir” porque las aportadas no son suficientes y
la “innominada”; en su defensa aseveró que los demandantes no aportaron pruebas
para demostrar que hubo fumigación aérea de cultivos ilícitos, que se realizó sobre
predios que no poseían dichos cultivos, que se causó un daño y que este fue causado
con el herbicida glifosato (fls.131 a 137 cdno. ppal. no.1).
3. Alegatos de conclusión
El 23 de abril de 2013, el Tribunal Administrativo de Caquetá declaró fenecido el
período probatorio y corrió traslado a las partes para alegar de conclusión por el
término común de diez (10) días y, por el mismo lapso al Ministerio Público para que
emitiera concepto (fl. 183 cdno. ppal. no. 1).
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Expediente 18001-23-31-000-2011-00273-01 (59.994)
Actor: Alberto Hoyos Artunduaga y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
1) La parte demandante adujo que las pruebas obrantes en el proceso evidencian
existencia del daño y que este era imputable al Ministerio de Defensa - Policía
Nacional, pues, aunque las aspersiones con glifosato no se realizaron directamente
sobre los predios de los demandantes, dichos terrenos sí resultaron afectados porque
se trató de una acción ejecutada desde el aire, más aún cuando no se acreditó que en
estos hubiese cultivos ilícitos (fls. 214 a 223).
2) El Departamento Nacional de Estupefacientes en Liquidación reiteró los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda en el sentido que no es responsable del
daño reclamado, porque no realiza operaciones de erradicación de cultivos ilícitos,
pues, esa función de erradicación de cultivos ilícitos con el herbicida glifosato está a
cargo de la Policía Nacional - Dirección Antinarcóticos según lo dispuesto en la
Resolución no. 013 de 2002 expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes (fls.
198 a 202 cdno. no.1).
3) La Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional sostuvo que la parte actora no
cumplió con su carga probatoria de demostrar el daño alegado y el nexo causal, pues,
las pruebas allegadas no permiten establecer que los cultivos fueron fumigados con
glifosato y que dicha actividad fue realizada por la entidad demandada (fls. 184 a 187).
4) El Ministerio del Interior y de Justicia no presentó alegatos y el Ministerio Público no
emitió concepto.
4. Sucesión procesal
El 23 de septiembre de 2014, el Tribunal Administrativo del Caquetá determinó tener
como sujeto pasivo en el presente proceso a la Nación – Ministerio de Justicia y del
Derecho en su condición de sucesor procesal de la extinta Dirección Nacional de
Estupefacientes (fl. 264 cdno. ppal. no. 1).
5. La sentencia impugnada
El 29 de junio de 2017, el Tribunal Administrativo de Caquetá negó las súplicas de la
demanda con fundamento en los siguientes argumentos:
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Expediente 18001-23-31-000-2011-00273-01 (59.994)
Actor: Alberto Hoyos Artunduaga y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
1) Se encuentra acreditado que para la fecha de los hechos los demandantes eran
propietarios de los siguientes predios rurales: i) Conrado Castellano Martínez de los
terrenos “La Martina” ubicado en la vereda Valledupar y “La Reforma” localizado en la
vereda La Cabaña, ambos situados en el municipio El Paujil (Caquetá); ii) Alberto
Hoyos Artunduaga del fundo “La Dorada” ubicado en la vereda Anaya jurisdicción del
municipio de El Doncello (Caquetá); iii) Juan Pablo Zambrano Alarcón del terreno “La
Ceiba” situado en la vereda Gallineta del municipio El Paujil (Caquetá) y, iv) Gentil
Andrade Tovar del predio Los Morros localizado en la vereda La Cabaña del municipio
el Paujil (Caquetá).
2) Las fotografías aportadas con la demanda no serán valoradas porque, aunque
demuestran el registro de unas imágenes, se desconoce si las mismas corresponden
a los hechos que se presentaron en la demanda, dado que no fue posible determinar
su origen, el lugar y la fecha en que fueron realizadas ni tampoco fueron reconocidas,
ratificadas o confrontadas con otros medios de prueba.
3) Los actores presentaron como única prueba para acreditar la ocurrencia de los
daños ocasionados a sus predios sendas certificaciones de las visitas realizadas por
los coordinadores agropecuarios de los municipios El Paujil y el Doncello; sin embargo,
esos documentos no son claros y objetivos, pues, no acreditan la calidad técnica o
profesional de los funcionarios que las emitieron, no realizan un análisis técnico o
comercial que de razón de sus conclusiones y no demuestran la preexistencia material
de los cultivos que supuestamente fueron afectados con las fumigaciones realizadas
el 17 de abril de 2010; por consiguiente, los demandantes no cumplieron con su carga
probatoria, pues, no aportaron pruebas que demuestren la existencia de los daños
reclamados ni que estos fueron el resultado de la aspersión con glifosato realizada por
la Policía Nacional, sumado a que se libraron los oficios respectivos para determinar
si efectivamente en la fecha indicada se realizaron las fumigaciones sobre los predios
de los actores (fls. 277 a 309 cdno. apelación).
6. El recurso de apelación
La parte demandante solicita que se revoque la decisión de primera instancia y se
acceda a los pedimentos de la demanda por cuanto i) el tribunal no podía desconocer
el valor demostrativo de las fotografías luego de que en su momento las decretó como
pruebas; ii) debió decretar un auto para mejor proveer con el fin de que la Dirección
Antinarcóticos allegara las pruebas correspondientes de los procesos administrativos
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Expediente 18001-23-31-000-2011-00273-01 (59.994)
Actor: Alberto Hoyos Artunduaga y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
adelantados frente a las quejas presentadas por los demandantes y, iii) las
certificaciones aportadas y los formatos de quejas acreditaban que las fumigaciones
se realizaron el día de los hechos sobre los predios de los demandantes. (fls. 277 a
309 cdno. apelación).
7. Actuación surtida en segunda instancia
El 26 de octubre de 2017 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte
actora (fl. 326 cdno. apelación); el 1 de diciembre de 2017 se dio traslado para alegar
de conclusión por el término común de diez (10) días y se ordenó que en caso de que
Ministerio Público lo solicitara se diera cumplimiento a lo previsto en el artículo 59 de
la Ley 446 de 1998 (fl. 328 cdno. apelación).
8. Alegatos de conclusión
Las partes no presentaron alegatos y el Ministerio Público guardó silencio (fl. 329).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos el trámite procesal, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente
derrotero: 1) síntesis de la controversia y anuncio de la decisión, 2) hechos probados,
3) análisis del recurso, 4) conclusión y, 5) condena en costas.
1. Síntesis de la controversia y anuncio de la decisión
Presentada la demanda en tiempo2, la Sala procede a verificar si las entidades
demandadas deben indemnizar los perjuicios reclamados por los demandantes a raíz
de los daños ocasionados a sus predios, cultivos y ganado debido a que fueron,
supuestamente, fumigados con el herbicida glifosato en hechos ocurridos el 17 de abril
de 2010 en el área rural de los municipios el Paujil y el Doncello (Caquetá).
2 Según la demanda, las fumigaciones sobre los predios de los actores ocurrieron el 17 de abril de 2010;
por lo tanto, el plazo para demandar fenecía el 18 de abril de 2012, término que además se interrumpió
con la solicitud de conciliación extrajudicial radicada el 1 de junio de 2011; sin embargo, como el libelo
se presentó el 13 de agosto de 2010 no se configuró la caducidad de la acción de reparación directa,
conforme lo dispuesto en el artículo 136-8 del CCA. (fls.12 y 53 a 54 cdno. ppal. no. 1).
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Actor: Alberto Hoyos Artunduaga y otros
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Apelación sentencia
La Sala modificará el fallo apelado con el objeto de i) declarar la “excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Justicia y el Derecho”3 por
cuanto para la fecha de los hechos no se demostró que tuviese funciones de
erradicación de cultivos ilícitos; ii) declarar de oficio la excepción de “falta de
legitimación en la causa por activa del señor Conrado Castellanos Martínez” porque
no acreditó que era propietario de los predios afectados y, iii) confirmar en todo lo
demás la sentencia de primer grado que negó las súplicas de la demanda, por cuanto
la parte actora no demostró la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional.
2. Hechos probados
En primer lugar, con fundamento en las reglas procesales la Sala otorgará valor
probatorio a las copias simples de los documentos aportados al proceso porque no
fueron cuestionadas por las partes, según reiterada jurisprudencia de esta Sección4;
igualmente, serán valoradas las fotografías aportadas al proceso en conjunto con los
demás medios probatorios aportados al proceso.
En ese orden, las pruebas aportadas al proceso dan cuenta de los siguientes
hechos con relación a los demandantes, así:
2.1. Conrado Castellano Martínez
a) Según las escrituras públicas 1313 de 25 de mayo de 2006 y 1768 de 6 de
agosto de 1991 de la Notaría Primera del Círculo de Florencia, el actor adquirió los
predios “La Martina” ubicado en la vereda “Valledupar” jurisdicción del municipio de
Cartagena del Chaira (Caquetá) y “La Reforma” situado en la vereda “La Cabaña”
en el municipio El Paujil (Caquetá), respectivamente5.
b) En las certificaciones del 12 de mayo de 2010, el coordinador agropecuario del
municipio El Paujil (Caquetá) se anotó que en la visita practicadas a los predios “La
3 Dicho ministerio continuó en este proceso como parte demandada en razón de la escisión del Ministerio
del Interior según lo dispuesto en el artículo 39 del Decreto y como sucesor procesal de la Dirección
Nacional de Estupefacientes conforme lo ordenado por el a quo en proveído de 23 de septiembre de
2014.
4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 28 de agosto de 2013, proceso no. 25.022. MP
Enrique Gil Botero.
5 Fls. 21 a 25 cdno. ppal. no. 1.
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Expediente 18001-23-31-000-2011-00273-01 (59.994)
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Martina” y “La Reforma” estos fueron afectados con la fumigación en 100 hectáreas de
pastos mejorados (el primero), y en 2 hectáreas de cultivos de maíz y 15 hectáreas de
pastos mejorados (el segundo); asimismo, que en esos terrenos no se encontraron
plantaciones ilícitas6.
c) Figuran dos formularios de recepción de quejas por presuntos daños causados en
actividades agropecuarias lícitas generadas en el marco del programa de erradicación
de cultivos ilícitos con el herbicida glifosato de 4 de mayo de 2010, presentados por el
actor ante el municipio de El Paujil por las afectaciones de los predios mencionados7.
2.2. Juan Pablo Zambrano Alarcón
a) Según el documento privado contrato de compraventa de 13 de febrero de 2008, el
actor compró el predio “La Ceiba” localizado en la vereda “Gallineta” del municipio El
Paujil (Caquetá)8.
b) En la certificación del 5 de mayo de 2010, el coordinador Agropecuario del municipio
El Paujil (Caquetá) dio cuenta que en la vista practicada al predio “La Ceiba” la
fumigación afectó 25 hectáreas de pastos mejorados y 15 hectáreas de cultivos de
maíz; asimismo, que en ese terreno no se encontró plantaciones ilícitas9.
c) Igualmente está acreditado el formulario de recepción de quejas por presuntos
daños causados en actividades agropecuarias lícitas generadas en el marco del
programa de erradicación de cultivos ilícitos con el herbicida glifosato de 9 de abril de
2010, presentados por el actor ante el municipio de El Paujil por las afectaciones del
predio mencionado10
2.3. Alberto Hoyos Artunduaga
a) Según la escritura pública 945 de 20 de abril de 2009 de la Notaría Primera del
Círculo de Florencia y el certificado de tradición y libertad, el actor es propietario del
6 Fls. 15 y 16 cdno ppal. no. 1.
7 Fls. 22 a 25 cdno. ppal. no. 1
8 Fls. 28 cdno. ppal. no. 1.
9 Fls. 29 y 30 cdno. ppal. no. 1.
10 Fls. 46 a 47 cdno. ppal. no. 1.
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predio “La Dorada” situado en la vereda “Anaya” jurisdicción del municipio El
Doncello11.
b) En el acta de inspección no. 003 de 27 de junio de 2010, el coordinador agropecuario
del municipio El Doncello (Caquetá) estableció que con la fumigación se afectó el
predio “La Ilusión” ubicado en la vereda “Puerto Hungría” de ese municipio12.
2.4. Gentil Andrade Tovar
a) Según el documento privado contrato de compraventa de 7 de marzo de 2010, el
actor compró el predio “Los Morros” ubicado en la vereda La Cabaña jurisdicción del
municipio El Paujil (Caquetá)13.
b) En la certificación del 5 de mayo de 2010, el Coordinador Agropecuario del municipio
El Paujil (Caquetá) anotó que en la visita realizada al predio “Los Morros” la
fumigación afectó 12 hectáreas de cultivos de maíz, plátano y yuca; asimismo, que en
ese terreno no se encontraron plantaciones ilícitas14.
c) Se cuenta con el formulario de recepción de quejas por presuntos daños causados
en actividades agropecuarias lícitas generadas en el marco del programa de
erradicación de cultivos ilícitos con el herbicida glifosato de 4 de mayo de 2010,
presentados por el actor ante el municipio de El Paujil por las afectaciones del predio
mencionado15.
5) En el CD – ROM allegado por la Universidad Nacional de Colombia figuran
investigaciones relativas a los daños que causa el glifosato al medio ambiente16
11 Fls. 39 a 41 cdno. ppal. no. 1.
12 Fl. 44 cdno. ppal. no. 1.
13 Fl. 57 cdno. ppal. no. 1.
14 Fl.49 cdno. ppal. no. 1.
15 Fls. 54 a 55 cdno. ppal. no. 1.
16 Fls. 15 a 16 cdno. no. 3.
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3. Análisis del recurso
1) La Sala considera que se encuentra acreditada la excepción de “falta de legitimación
en la causa por pasiva” del Ministerio de Justicia y del Derecho, por cuanto, para la
fecha de los hechos, el programa de erradicación de cultivos ilícitos con el herbicida
glifosato estaba a cargo de la Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Resolución 0013 de junio 27 de
2003 expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes17; por consiguiente, ese
ministerio no tenía la función de realizar los operativos de aspersión área de dicha
sustancia.
2) Aunque las entidades demandadas no cuestionaron si los demandantes acreditaron
su condición de propietarios y/o poseedores de los inmuebles afectados con las
presuntas fumigaciones de glifosato, los hechos probados dan cuenta de que el señor
Conrado Castellanos Martínez fue el único que no probó su condición de propietario
de los predios afectados, puesto que no aportó los respectivos certificados de tradición
y libertad para demostrar esa condición conforme lo estableció esta Sección en la
sentencia de 13 de mayo de 2014 18; por lo cual es evidente que dicho actor no se
encuentra legitimado en la causa por activa; por el contrario, los demás actores sí
demostraron la calidad en la que concurren al proceso.
3) De cara al juicio de responsabilidad, la Sala encuentra que con excepción del señor
Alberto Hoyos Artunduaga los demás demandantes si acreditaron sumariamente el
daño ocasionado a sus predios con la presunta fumigación, tal como se desprende de
las certificaciones expedidas por el señor Iván Espinosa Ferla en su condición de
coordinador agropecuario del municipio El Paujil y de los formularios de queja donde
se da cuenta en forma genérica de ese hecho con relación a los señores, Juan Pablo
Zambrano Alarcón y Gentil Andrade Tovar.
17 “El programa de erradicación de cultivos ilícitos con el herbicida glifosato, en adelante PECIG, a cargo
de la Policía Nacional-dirección antinarcóticos, operará en todas las regiones del país donde se
evidencie presencia de cultivos ilícitos. Las áreas de cultivos ilícitos fraccionados y/o mezclados con
cultivos lícitos, que corresponden a formas de cultivo utilizadas para evadir las acciones del PECING,
también serán objeto de dicho programa.
El PECING deberá contar con un plan de manejo ambiental elaborado, ejecutado y controlado por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en coordinación con la Policía Nacional-
dirección antinarcóticos”.
18 Proceso no. 23128, MP Mauricio Fajardo Gómez.
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4) Sin embargo, para efectos de atribuir el daño a la entidad demandada, dicha
pruebas no permiten establecer si los daños ocasionados a los pastos, cultivos y
animales fue causado con el herbicida glifosato asperjado el día de los hechos por la
policía antinarcóticos.
En efecto, el mencionado documento sólo da cuenta de que i) se visitaron los predios
de los demandantes; ii) se realizó una fumigación sobre dichos terrenos, pero no se
específica la fecha de la misma, iii) se causó un daño a los terrenos, cultivos y algunos
semovientes y, iv) que en esos fundos no se encontraron cultivos ilícitos.
Es claro que del texto de esas certificaciones que es idéntico y general para sus
destinatarios no es posible establecer ninguno de los supuestos fácticos necesarios
para establecer la eventual responsabilidad de la entidad demandada, esto es, si hubo
una fumigación con el glifosato y esta fue realizada por la Policía Antinarcóticos sobre
los predios de los demandantes legitimados, sumado al hecho de que esas
constancias tampoco permiten conocer cuál era la formación técnica o profesional del
funcionario que expidió esos documentos.
5) Lo mismo se puede predicar de los formularios de recepción de quejas por presuntos
daños causados en actividades agropecuarias lícitas generadas en el marco del
programa de erradicación de cultivos ilícitos con el herbicida glifosato que, al parecer,
presentaron los actores ante el respectivo alcalde municipal, para obtener la
indemnización por los daños causados en el marco de la Resolución no. 0008 del CNE
de marzo 2 de 2007, pues, aparte de que no se advierte la respectiva constancia de
radicación, lo cierto es que esos documentos por sí mismos no tienen la fuerza
demostrativa suficiente para establecer que los daños reclamados fueron causados
por la entidad demandada en desarrollo de una aspersión área con glifosato, más aún
cuando se afirma en el texto de los mismos que el único soporte probatorio que
acompaña con dichas quejas se limita a aportar en algunos casos fotografías y
escrituras y en otros solamente las primeras; sin embargo, se desconoce cuál era el
contenido de esos registros fotográficos y si los mismos dan cuenta de los hechos que
fundamentan las pretensiones de las demandas.
6) En idéntico sentido, las fotografías aportadas con la demanda tampoco permiten
establecer si el daño es imputable a la entidad demandada, pues, esos registros no
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acreditan si corresponden a los predios afectados ni demuestran las circunstancias de
modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos dañosos.
De modo que, la valoración conjunta de esos formularios, las referidas certificaciones
y las fotografías aportadas no le permite a la Sala inferir razonablemente si los daños
reclamados fueron causados con la fumigación de los terrenos afectados con ese
herbicida por parte de la policía antinarcóticos el 17 de abril de 2010.
7) La Sala echa de menos otros elementos probatorios que acreditasen
fehacientemente los anteriores supuestos de hecho, pues, de la revisión del proceso
se verifica que se decretaron las pruebas y se libraron los oficios correspondientes
dirigidos demostrar si la entidad demandada el 17 de abril de 2010 fumigó con dicha
sustancia los fundos de los demandantes, pero lo cierto es que esos medios de
convicción no se allegaron al expediente (fls. 169 a 170 cdno. ppal. no. 1 y 2 a 4 cdno.
no. 2).
De ese modo, con el exiguo material probatorio que obra en el proceso no es posible
realizar el respectivo juicio de imputación para efectos de adjudicar el daño a la entidad
demandada a título de riego excepcional, pues, se desconoce si los predios fueron
fumigados con glifosato y si esa aspersión fue realizada por la policía antinarcóticos
dentro del programa de erradicación de cultivos ilícitos.
Encuentra la Sala que la parte interesada no desplegó, como era su deber procesal,
ejercer una actividad conducente a lograr la recolección de las pruebas decretadas
con el fin de sacar avante sus pretensiones, de ahí que no es de recibo el argumento
de la apelación relativo a que el tribunal debió proferir un auto de mejor proveer para
suplir las deficiencias probatorias del proceso, más aún cuando no se evidencia que
en esta causa los demandantes se encontraban en circunstancias de indefensión que
ameritase la intervención oficiosa del juez para ordenar la práctica de las pruebas que
les correspondía aportar, o en su caso, solicitar su adjunción o práctica efectiva, pues,
nótese que se había decretado un repertorio de medios de convicción necesarios,
idóneos y conducentes para demostrar la eventual ocurrencia de los hechos.
Sin embargo, el expediente da cuenta que el 13 de abril de 2013 la parte actora le
solicitó al Tribunal Administrativo de Caquetá dar aplicación al artículo 210 del CCA,
razón por la cual el 23 de agosto de 2013 esa Corporación declaró fenecido el período
probatorio y corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio
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Público para rendir concepto por el término común de diez (10) días, empero, la parte
demandante no recurrió esas decisiones, con lo cual demostró su conformidad con lo
decidido en esa ocasión19; igualmente, se advierte que los actores tampoco solicitaron
la práctica de pruebas en segunda instancia.
8) Por consiguiente, frente a la ausencia de medios probatorios directos o indirectos
que permitan establecer fehacientemente que el daño reclamado fue causado por la
policía antinarcóticos, quien, en desarrollo del programa de erradicación de cultivos
ilícitos, fumigó con glifosato y sin justificación alguna los predios de los demandantes
pese a que no tenían esa clase de sembrados, no es posible para la Sala atribuir el
daño a la entidad demandada, pues, los demandantes no cumplieron con la carga
probatoria de acreditar el nexo causal.
4. Conclusión
No prospera el recurso de apelación propuesto por la parte demandante, por cuanto
i) se encuentra configurada la excepción de “falta de legitimación en la causa por
pasiva” del Ministerio de Justicia y el Derecho20 debido a que para la fecha de los
hechos no se demostró que tuviese funciones de erradicación de cultivos ilícitos; ii)
prospera de oficio la excepción de “falta de legitimación en la causa por activa” del
señor Conrado Castellanos Martínez, porque no acreditó que era propietario de los
predios afectados y, iii) no se demostró la responsabilidad de la Nación – Ministerio
de Defensa – Policía Nacional. Por consiguiente, se modificará la sentencia de 29
de julio de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá, en los términos
enunciados.
5. Condena en costas
Finalmente, no hay lugar a la imposición de costas en esta instancia debido a que no
se evidencia en el caso concreto una actuación temeraria de alguna de las partes,
condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta
forma.
19 Fls. 181 a 183 cdno. ppal. no. 1.
20 Dicho ministerio continuó en este proceso como parte demandada en razón de la escisión del
Ministerio del Interior según lo dispuesto en el artículo 39 del Decreto y como sucesor procesal de la
Dirección Nacional de Estupefacientes conforme lo ordenado por el a quo en proveído de 23 de
septiembre de 2014.
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En mérito de lo expuesto, EL CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
1º) Modifícase la sentencia de 29 de junio de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo de Caquetá, la cual queda así:
PRIMERO: Declárase la excepción de “falta de legitimación en la causa por
pasiva” del Ministerio de Justicia y del Derecho.
SEGUNDO: Declárase de oficio la excepción de “falta de legitimación en la
causa por activa” del señor Conrado Castellanos Martínez.
TERCERO: Confírmase en todo lo demás el fallo apelado.
2°) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia.
3°) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al tribunal
de origen, previas las respectivas constancias secretariales.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
Aclara voto
(Firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado ponente Magistrado
(Firmado Electrónicamente) Aclara voto
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados en la
plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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