Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-33-000-2014-00434-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-33-000-2014-00434-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 19001-23-33-000-2014-00434-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
7 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 7 de septiembre de 2023
Radicación: 19001-23-33-000-2014-00434 01 (63011)
Actor: Juvenal García Saa y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Acción de reparación directa
Temas: reparación directa – responsabilidad extracontractual del Estado por daños
causados con glifosato – condena en abstracto.
Síntesis del caso: los cultivos de los demandantes, usufructuarios de terrenos en la
propiedad colectiva del Consejo Comunitario Negros en Acción, fueron asperjados con
glifosato.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes, en contra
de la Sentencia de 23 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda.
Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada –
1.3. Sentencia de primera instancia – 1.4. Recursos de apelación
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 27 de agosto de 20141, Juvenal García Saa, Solanyi Saa Núñez, Daniel
Núñez Saa, José Ramón Góngora Núñez y José Barney Góngora Núñez,
cada uno con su respectivo grupo familiar2, presentaron demanda3, en
1 La demanda fue presentada oportunamente. De acuerdo con lo narrado en los hechos, las aspersiones
con glifosato ocurrieron el 11 de julio de 2012 y el 16 de abril de 2013. La solicitud de conciliación
extrajudicial fue presentada el 26 de junio de 2014, cuando faltaban 17 días y 9 meses y 22 días,
respectivamente. La constancia de no conciliación fue expedida el 15 de agosto de 2014 (folio 182 del
cuaderno principal). Por tanto, la demanda presentada el 27 de agosto de 2014 fue, en ambos eventos,
oportuna.
2 Los grupos familiares tienen la siguiente conformación. Juvenal García Saa y su compañera permanente
Agraciana Mosquera Candela, y sus hijos Duván Felipe, Eida y Jhoan Sebastián García Mosquera; Solanyi
Saa Núñez y su esposo Misael Amú Saa, y sus hijos Mirlady, Irlen Dayana y Erlin Yuliana Amú Saa; Daniel
Núñez Saa y su esposa Teodolina Sinisterra Banguera, y su hija Magola Núñez Sinisterra; José Ramón
Góngora Núñez y su compañera permanente Benita Venté García, y sus hijos Sindy Vanessa, Jhon Jairo y
Luis Eder Góngora Venté, y; José Barney Góngora Núñez y su compañera permanente Ana Milena Zora
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 19001-23-33-000-2014-00434 01 (63011)
Actor: Juvenal García Saa y otros
Demandado: Policía Nacional
Referencia: acción de reparación directa
Decisión: modifica
ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional (la Policía) con el fin de que se
hiciera la siguiente declaración respecto de cada grupo familiar (se
trascribe):
“PRIMERA: DECLÁRESE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA
NACIONAL (DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS), administrativa y civilmente
responsable de todos los daños y perjuicios tanto patrimoniales como
extrapatrimoniales, ocasionados a los demandantes (…) como consecuencia
de la fumigación a su policultivo de cacao, plátano, papachina, chontaduro,
guama, guayaba y limón, realizada [el 11 de julio de 2012 o el 16 de abril de
2013]4, en la vereda la trinidad del río Bubuey del corregimiento de Bubuey,
municipio de Timbiquí, Cauca”.
2. Los perjuicios reclamados se resumen a continuación por grupos
familiares. Para la familia de Juvenal García Saa:
Tipo de perjuicio Valor
Morales 100 salarios mínimos para cada uno de los demandantes
A la vida de relación 100 salarios mínimos para cada uno de los demandantes
Daño emergente $9.000.000 por “el capital adeudado al banco agrario”, al
no poder pagar el crédito destinado para el cultivo y
$34.295.520 por el valor de los árboles sembrados en el
terreno de los demandantes
Lucro cesante $645.600.000 de acuerdo con la vida útil del árbol de cacao
y la extensión cultivada
3. Para la familia de Solanyi Saa Núñez:
Tipo de perjuicio Valor
Morales 100 salarios mínimos para cada uno de los demandantes
A la vida de relación 100 salarios mínimos para cada uno de los demandantes
Daño emergente $9.000.000 por “el capital adeudado al banco agrario”, al
no poder pagar el crédito destinado para el cultivo y
$24.893.800 por el valor de los árboles sembrados en el
terreno de los demandantes
Lucro cesante $1.749.000.000 de acuerdo con la vida útil del árbol de
cacao y la extensión cultivada
Sinisterra, y sus hijos Yeiny Mirleth y Andri Paola Góngora Zora. Adicionalmente José Barney Góngora Núñez
demandó en representación de sus hijos Daira Dayana Góngora Mosquera, José Dávinson Góngora
Banguera y Yiner Góngora Banguera.
3 Folios 188-227 del cuaderno principal. La demanda fue corregida mediante memorial allegado el 9 de
diciembre de 2014 (folios 299-338 del cuaderno 2), para subsanar los defectos advertidos por el Tribunal en
el Auto de 25 de noviembre de 2014 (folios 231-233 del cuaderno principal). La demanda fue admitida
mediante Auto de 16 de enero de 2015 (folios 342-347 del cuaderno 2) y reformada mediante memorial
allegado el 5 de febrero de 2015 (folios 359-402 del cuaderno 2). En la reforma la parte demandante
desistió de unos testimonios solicitados y agregó uno nuevo. La reforma a la demanda fue admitida
mediante Auto de 12 de febrero de 2015 (folios 403-405 del cuaderno 2).
4 Según la demanda, la fumigación que afectó los cultivos de Juvenal García Saa, Solanyi Saa Núñez,
José Ramón Góngora Núñez y José Barney Góngora Núñez ocurrió el 11 de mayo de 2012. La fumigación
que afectó los cultivos de Daniel Núñez Saa ocurrió el 16 de abril de 2013.
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Actor: Juvenal García Saa y otros
Demandado: Policía Nacional
Referencia: acción de reparación directa
Decisión: modifica
4. Para la familia de Daniel Núñez Saa:
Tipo de perjuicio Valor
Morales 100 salarios mínimos para cada uno de los demandantes
A la vida de relación 100 salarios mínimos para cada uno de los demandantes
Daño emergente $9.000.000 por “el capital adeudado al banco agrario”, al
no poder pagar el crédito destinado para el cultivo y
$23.688.720 por el valor de los árboles sembrados en el
terreno de los demandantes
Lucro cesante $1.749.000.000 de acuerdo con la vida útil del árbol de
cacao y la extensión cultivada
5. Para la familia de José Ramón Góngora Núñez:
Tipo de perjuicio Valor
Morales 100 salarios mínimos para cada uno de los demandantes
A la vida de relación 100 salarios mínimos para cada uno de los demandantes
Daño emergente $7.000.000 por “el capital adeudado al banco agrario”, al
no poder pagar el crédito destinado para el cultivo y
$28.941.800 por el valor de los árboles sembrados en el
terreno de los demandantes
Lucro cesante $322.800.000 de acuerdo con la vida útil del árbol de cacao
y la extensión cultivada
6. Para la familia de José Barney Góngora Núñez:
Tipo de perjuicio Valor
Morales 100 salarios mínimos para cada uno de los demandantes
A la vida de relación 100 salarios mínimos para cada uno de los demandantes
Daño emergente $9.000.000 por “el capital adeudado al banco agrario”, al
no poder pagar el crédito destinado para el cultivo y
$35.076.120 por el valor de los árboles sembrados en el
terreno de los demandantes
Lucro cesante $484.200.000 de acuerdo con la vida útil del árbol de cacao
y la extensión cultivada
7. Como pretensión común en la demanda se solicitó (se trascribe):
“PERJUICIOS INNATURA: reconózcase a cada uno de los actores los perjuicios
ocasionados a la naturaleza, a causa de la fumigación con glifosato a sus
terrenos por parte de la entidad demandada. Perjuicios que se estimarán de
conformidad con el estudio que hiciere la Corporación Regional del Cauca, y la
afectación a la administración de los Consejos Comunitarios”.
8. La parte demandante narró, en síntesis, los siguientes hechos:
9. Las familias demandantes vivían en el corregimiento de la Trinidad de
Bubuey, a la orilla del río Bubuey, del municipio de Timbiquí (Cauca).
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Actor: Juvenal García Saa y otros
Demandado: Policía Nacional
Referencia: acción de reparación directa
Decisión: modifica
10. De acuerdo con la Resolución 2203 de 2002 del Instituto Colombiano
de Reforma Agraria (Incoder), la comunidad en que habitaban los
demandantes se constituyó en consejo comunitario y era un territorio
colectivo, en el que sus integrantes solo tenían “la posesión de las tierras
para su usufructo”.
11. En el marco de un convenio interadministrativo entre el Banco Agrario y
la alcaldía de Timbiquí, los demandantes obtuvieron un crédito para la
siembra de cultivos lícitos, que incluían, entre otros, cacao, plátano,
chontaduro y limón.
12. Los policultivos5 de los demandantes fueron fumigados, mediante
aspersión aérea, por la Policía Nacional. Por los hechos, presentaron una
queja ante la alcaldía municipal, que fue remitida a la Dirección de
Antinarcóticos de la Policía. La entidad respondió desfavorablemente a sus
peticiones porque, alegó, en la visita al lugar no encontró cultivos de uso
lícito sino de coca. El concepto de la parte demandada contradecía la
visita del Defensor Regional del Pueblo, del gerente seccional del Banco
Agrario, del entonces director de la Umata en Timbiquí, y del representante
legal de la asociación de consejos comunitarios de Timbiquí.
13. A la fecha de presentación de la demanda, estaba pendiente la
decisión respecto de la queja presentada por Daniel Nuñez Saa, cuyos
cultivos fueron afectados el 16 de abril de 2013.
14. Agregó que los demandantes, como comuneros, estaban en una
situación de vulnerabilidad, como lo había reconocido la Corte
Constitucional, y con la aspersión perdieron los cultivos con los que
esperaban mejorar su calidad de vida. El daño era atribuible a la Policía
porque desconoció el procedimiento del artículo 77 de la Ley 30 de 1986,
según el cual, previo a la destrucción de los cultivos de uso ilícito, debía,
entre otros, identificar la plantación, los linderos, el área, y los datos del
propietario o poseedor.
1.2. Posición de la parte demandada
15. La Policía contestó la demanda6 y se opuso a las pretensiones. Sostuvo
que no existían elementos de juicio que comprometieran su
responsabilidad y que las pretensiones eran desproporcionadas, si se
consideraba la relación entre el monto invertido y las ganancias
esperadas. En general, cuestionó cada uno de los perjuicios solicitados e
5 De acuerdo con los hechos de la demanda, además de los árboles de cacao, los demandantes tenían
cultivos de, entre otros, plátano, limón, chontaduro y guayaba, que fueron afectados con la aspersión de
glifosato (hechos 16-20).
6 Folios 419-429 del cuaderno principal 2.
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Demandado: Policía Nacional
Referencia: acción de reparación directa
Decisión: modifica
hizo énfasis en que no estaba probada la edad de los árboles y su
producción en potencia.
16. Señaló que, de acuerdo con la conclusión del procedimiento
administrativo adelantado por la entidad, los demandantes “mezclaron los
cultivos de pan coger con plantaciones de coca”, lo que justificaba la
fumigación.
17. Agregó que los demandantes no tenían legitimación activa en la
causa porque no acreditaron la propiedad de los inmuebles sobre los que
reclamaron los perjuicios y que observó todos los lineamientos para la
aspersión de glifosato previstos en la Resolución 1054 de 2003.
1.3. Sentencia de primera instancia
18. El 23 de noviembre de 2017, el Tribunal Administrativo de Cauca
decidió7 (se trascribe):
“PRIMERO.- DECLARAR a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA
NACIONAL administrativamente responsable de los perjuicios padecidos por los
demandantes JUVENAL GARCÍA SAA, SOLANYI SAA NÚÑEZ, JOSÉ RAMÓN
GÓNGORA y JOSÉ BARNEY GÓNGORA NÚÑEZ, como consecuencia de los
hechos acaecidos el 11 de julio de 2012, por la pérdida de cultivos lícitos con la
aspersión con glifosato.
SEGUNDO.- En consecuencia de lo anterior y a título de reparación, CONDENAR
a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, a pagar
indemnización por los siguientes conceptos:
• POR PERJUICIOS MORALES a favor de JUVENAL GARCÍA SAA, SOLANYI SAA
NÚÑEZ, JOSÉ RAMÓN GÓNGORA Y JOSÉ BARNEY GÓNGORA NÚÑEZ, en monto
de 20 smlmv a cada uno.
• Por daños a bienes constitucional y convencionalmente protegidos:
A favor de los señores JUVENAL GARCÍA SAA y JOSÉ BARNEY GÓNGORA NÚÑEZ,
la suma de (…) $12.393.645 a cada uno.
A favor de la señora SOLANYI SAA NÚÑEZ (…) $12.892.141.
Para el señor JOSÉ RAMÓN GÓNGORA NÚÑEZ (…) $10.027.221.
• Condenar en abstracto por concepto de LUCRO CESANTE a favor de JUVENAL
GARCÍA SAA, SOLANYI SAA NÚÑEZ, JOSÉ RAMÓN GÓNGORA y JOSÉ BARNEY
GÓNGORA NÚÑEZ, trámite que se deberá surtir en los términos del artículo 193
de la Ley 1437 de 2011 y teniendo en cuenta los precisos términos señalados en
la parte motiva de esta providencia.
• Daño emergente a favor de JUVENAL GARCÍA SAA, SOLANYI SAA NÚÑEZ y JOSÉ
BARNEY GÓNGORA NÚÑEZ por la suma de $9.000.000, suma que deberá ser
indexada a la fecha de la presente providencia. A favor de JOSÉ RAMÓN
GÓNGORA $7.000.000, los cuales serán indexados a la fecha de la presente
providencia.
TERCERO.- DENEGAR las demás pretensiones.
CUARTO.- CONDENAR en costas de primera instancia a la NACIÓN – MINISTERIO
DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL. Liquídese por secretaría (…)”.
7 Folios 503-524 del cuaderno del Consejo de Estado.
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19. Según el Tribunal, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de
Estado, los daños causados por los programas de erradicación de cultivos
ilícitos debían estudiarse bajo el título de imputación de riesgo
excepcional, sin perjuicio de que, acreditada una falla del servicio, así se
declarara. Señaló que los demandantes acreditaron su calidad de
usufructuarios, por lo que estaban legitimados para demandar.
20. Estaba probado que el 11 de julio de 2011 la Policía realizó aspersión
con glifosato en el municipio de Timbiquí. Las quejas presentadas por
Juvenal, Solanyi, José Ramón y José Barney ante la Dirección
Antinarcóticos coincidían con los certificados del Banco Agrario y el oficio
de la Defensoría del Pueblo, documento que indicaba que, de acuerdo
con la visita realizada a los predios, “no había evidencia o rastros de
cultivos de coca en el sitio de verificación”. Las declaraciones de Fabio
Enrique Cambindo, entonces director de la Umata municipal, y de Raúl
Angulo Saa, presidente de la Asociación de Consejos Comunitarios de
Timbiquí, quienes visitaron los terrenos afectados, fueron en el mismo
sentido.
21. Por el contrario, la verificación que realizó la Policía fue aérea y no
confrontó la información en el terreno. La entidad debió verificar
cuidadosamente las zonas a asperjar, con mayor razón por tratarse de una
propiedad colectiva y no adelantar la actividad de “manera
indiscriminada”.
22. Respecto del daño alegado por Daniel Núñez Saa, el 16 de abril de
2013, el Tribunal sostuvo que no existía certeza. De un lado, según la
certificación de la alcaldía municipal, ese día hubo fumigaciones “en el
territorio de la comunidad afro de la Trinidad de Bubuey”, en las que resultó
afectado el demandante. Sin embargo, de acuerdo con los documentos
aportados por la Policía, la fumigación realizada ese día fue en el
departamento de Nariño. Además, no se allegó el formato de queja
diligenciado de este actor, como sí lo hicieron los demás.
23. Reconoció los perjuicios morales para los usufructuarios, pues de
acuerdo con los testimonios, las aeronaves generaron pánico en la
comunidad y tristeza al ver los cultivos, con los que esperaban mejorar su
calidad de vida, afectados. Desestimó los perjuicios para los integrantes de
cada grupo familiar, ya que no se demostró su afectación.
24. Indicó que, pese a que el Consejo de Estado había “reevaluado” el
perjuicio a la vida de relación, en el presente caso podía subsumirse en la
categoría de bienes constitucional y convencionalmente protegidos,
porque estaba probado que “las condiciones de vida de los demandantes
fueron sobreseídas con la fumigación de sus cultivos lícitos, cercenando su
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Referencia: acción de reparación directa
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derecho al trabajo y a la vida en condiciones dignas”. La medida de
satisfacción que “permitiría superar el daño” debía estar encaminada a
dotarlos de la posibilidad de “iniciar nuevos proyectos productivos”. Sin
embargo, como esa actuación no era competencia de la Policía,
reconoció “un monto proporcional” al desembolsado por el Banco Agrario
para que los demandantes puedan “recomenzar nuevos proyectos
productivos”.
25. Por concepto de daño emergente reconoció el valor del crédito
desembolsado por el Banco Agrario y desestimó el valor de los árboles y
plantas porque solo estaba acreditada la compra de las semillas, sin que
existiera certeza de que fue realizada con dinero de los actores.
26. Ordenó la condena en abstracto del lucro cesante, pues a partir de la
certificación de la Federación de Cacaoteros no era posible obtener un
valor concreto de acuerdo con el número de plantas sembradas por cada
demandante, las proyecciones anualizadas y los costos asociados a la
actividad.
27. Finalmente, desestimó lo solicitado por perjuicio in natura, porque no se
demostraron afectaciones por las aspersiones. No existían muestras de
suelo anteriores y posteriores que acreditaran alguna modificación del
entorno.
1.4. Recursos de apelación
28. La Policía interpuso recurso de apelación8. Afirmó que la fumigación se
realizó con base en el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos,
que determinaba su presencia en el sector de Bubuey, Timbiquí. Que para
el procedimiento cumplió con los protocolos previos y tras la fumigación
encontró “los vestigios de los sembrados ilegales”. Destacó que sí hubo
testigos técnicos y presenciales en la investigación que hizo la entidad,
como se podía verificar en las actas de visitas de campo y a partir de los
testimonios del intendente Helmer Javier Bayona y del teniente Miguel
Antonio Tunjano. Así, la conducta de los demandantes constituía el hecho
de la víctima y liberaba a la entidad de responsabilidad.
29. Agregó que la decisión condenatoria se contradecía al señalar que
solo se probó la compra de unas semillas y que no existía certeza árboles
supuestamente afectados, como lo destacó el informe de la Corporación
Regional Autónoma del Cauca. Por tanto, el lucro cesante resultaba
incierto y no era posible indemnizar un daño que se fundamentaba en
suposiciones o conjeturas. Insistió en que las pretensiones resarcitorias
8 Folios 527-536 del cuaderno del Consejo de Estado.
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Demandado: Policía Nacional
Referencia: acción de reparación directa
Decisión: modifica
estimadas en una ganancia eventual eran desproporcionadas frente a las
inversiones realizadas.
30. La parte demandante interpuso recurso de apelación9. Solicitó que se
reconocieran los perjuicios morales en favor de todos los demandantes,
pues, de acuerdo con la cultura de la comunidad afrodescendiente en la
que ocurrieron los hechos, “con grandes tintes patriarcales”, el sufrimiento
del “padre cabeza de familia permea[ba] y afecta[ba] a su esposa o
compañera permanente y a sus hijos”. La afectación también constaba en
las pruebas testimoniales, en las que se señalaba el pánico que sintió la
comunidad por la presencia de las aeronaves y al ver sus cultivos
fumigados. Incluso, tras el hecho, algunos se desplazaron a la cabecera
municipal para procurar su subsistencia y, los que permanecieron en la
propiedad colectiva, vieron sus condiciones de vida desmejoradas, según
el testimonio de Raúl Angulo Saa.
31. Sobre el daño emergente señaló que, de acuerdo con el certificado
de la Federación Nacional de Cacaoteros, Manuel Leudo Góngora
compró las semillas en nombre del Consejo Comunitario, con los recursos
suministrados por los beneficiarios de los créditos del Banco Agrario. En
todo caso, la existencia de los árboles fue demostrada mediante la
verificación de la Defensoría del Pueblo y las certificaciones del Banco
Agrario y del secretario de desarrollo municipal, que coincidían con los
testimonios de Raúl Angulo y Fabio Cambindo. Asimismo, con el informe de
la Corporación Regional del Cauca, en el que se constató la presencia de
nuevo follaje en la zona, de lo que se infería que, antes de la aspersión
había cultivos.
32. Afirmó que varios documentos acreditaban Daniel Núñez Saa sí sufrió
un daño. Además, que este presentó la queja ante la alcaldía municipal
para que dicha entidad la trasladara a la Policía. Indicó que en el
documento del Banco Agrario hubo un error de digitación, que no
desvirtuaba su contenido. De la valoración conjunta de las pruebas se
concluía que el daño era cierto y, por tanto, correspondía su
indemnización en los mismos términos que para los demás demandantes.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Síntesis de la controversia – 2.2. Análisis sustantivo – 2.3. Liquidación de perjuicios – 2.4.
Condena en costas
2.1. Síntesis de la controversia
9 Folios 537-551 del cuaderno del Consejo de Estado.
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33. La Sala confirmará la declaración de responsabilidad por la aspersión
con glifosato del 11 de julio de 2012 y revocará la decisión que negó las
pretensiones respecto de la fumigación del 16 de abril de 2013. En el
procedimiento de reclamación ante la entidad y en este proceso la Policía
afirmó que en los predios explotados por los demandantes existían cultivos
de uso ilícito, lo que constituía el hecho de la víctima. Lo anterior significa
que fue su decisión asperjar allí y que no se trató, entre otras posibilidades,
de un error en las coordenadas, de una falla en el sistema de fumigación o
de la desviación del glifosato por el viento desde predios aledaños. En este
contexto, dado que todas las demás versiones provenientes de diversas
autoridades señalan que en los predios afectados solo había cultivos de
uso lícito, el título de imputación aplicable es el de falla del servicio y no el
de riesgo excepcional, como consideró el tribunal. En otras palabras, la
entidad demandada incurrió en una falla del servicio, pues no identificó
correctamente los lotes a asperjar, como se expondrá más adelante.
34. Los demandantes están legitimados como usufructuarios. Mediante la
Resolución 2203 de 2002 el Incora adjudicó “en favor de la Comunidad
Negra organizada en el Consejo Comunitario Negros en Acción”10 un
terreno baldío en Timbiquí. De acuerdo con las certificaciones expedidas
por el Consejo Comunitario Negros en Acción11, los demandantes tenían
asignadas unas hectáreas dentro de la propiedad colectiva para su
usufructo.
35. La acción de reparación directa es el medio idóneo para pretender la
reparación de daños derivados de las actividades materiales de ejecución
de órdenes de erradicación de cultivos ilícitos —operación administrativa
para la materialización de un acto administrativo— o, en ausencia de la
orden de operación, por tratarse de un hecho administrativo. En atención
a la causa del daño, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
no es el mecanismo adecuado para solicitar la reparación de este tipo de
daños, de acuerdo con la jurisprudencia uniforme de las tres subsecciones
de la Sección Tercera de esta corporación12.
10 Folios 151-171 del cuaderno principal.
11 Respecto de Juvenal García Saa se allegaron las certificaciones de 18 de agosto de 2011 y de 11 de
abril de 2014 (Folios 22 y 28 del cuaderno principal). De Solanyi Saa Núñez la certificación de 11 de abril de
2014 (folio 58 del cuaderno principal. De Daniel Núñez Saa la certificación de 11 de abril de 2014 (folio 80
del cuaderno principal). De José Ramón Góngora Núñez la certificación de 11 de abril de 2014 (folio 104
del cuaderno principal). De José Barney Góngora las certificaciones de 15 de junio de 2011 y de 11 de
abril de 2014 (folios 115-122 del cuaderno principal).
12 En una única sentencia se declaró la indebida escogencia de la acción, porque se consideró que, al
haber realizado la reclamación administrativa por los daños derivados de la fumigación, debía
demandarse la nulidad y restablecimiento del derecho respecto del acto administrativo de respuesta
frente a la queja: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 6 de febrero de 2020,
exp. 18001-23-31-000-2010-00476-01(54797), SV María Adriana Marín. Sin embargo, tal posición fue
abandonada por dicha subsección y, por el contrario, de manera expresa y por parte de las tres
subsecciones de la Sección Tercera, se ha reiterado la procedencia de la acción de reparación directa y
se ha negado que el mecanismo adecuado sea la acción de nulidad y restablecimiento del derecho:
Consejo de Estado, Secc. 3, Sub. A, Sentencia del 23 de abril de 2021, exp. 52001-23-33-000-2014-00209-
9 de 20
Radicación: 19001-23-33-000-2014-00434 01 (63011)
Actor: Juvenal García Saa y otros
Demandado: Policía Nacional
Referencia: acción de reparación directa
Decisión: modifica
36. La Sala abordará el estudio del caso en dos partes. En la primera, se
referirá a los cuatro grupos familiares demandantes que alegaron que la
afectación de sus cultivos ocurrió el 11 de julio de 2012. En la segunda, a
Daniel Núñez Saa, ya que, según la demanda, la fumigación de sus cultivos
tuvo lugar el 16 de abril de 2013.
37. Los perjuicios reconocidos en primera instancia y la liquidación en
abstracto serán ajustados de acuerdo con lo probado en el proceso y la
jurisprudencia del Consejo de Estado.
2.2. Análisis sustantivo
2.2.1. La aspersión del 11 de julio de 2012: afectaciones de Juvenal, Solanyi,
José Ramón y José Barney
38. De acuerdo con el Acta 179 de 11 de julio de 2012 13, elaborada por la
Policía, ese día, desde las 6:30 a.m. hasta las 4:00 p.m., la entidad realizó
tres misiones de aspersión aérea en el Cauca. El 30 de julio de 2012 los
cuatro demandantes presentaron el formulario por “daños causados en
actividades agropecuarias lícitas”14, en el que señalaron como fecha de
aspersión el 11 de julio de 2012.
39. El formulario fue presentado ante la alcaldía municipal acompañado
de un documento suscrito por el presidente del consejo comunitario
“Negros en Acción”15 y por el presidente de la Asociación de Consejos
Comunitarios de Timbiquí, en el que reseñaron que, en el territorio
colectivo, 24 familias fueron afectadas por con la aspersión “en sus
plantaciones de cacao y otros cultivos lícitos”. Que los proyectos eran
desarrollados con recursos de créditos del Banco Agrario y eran apoyados
por el municipio. Que, además de los comuneros, observaron la
fumigación el entonces director de la Umata, Fabio Enrique Cambindo, y el
entonces director del Banco Agrario en Timbiquí, Luis Elcias Ocoro Vásquez.
Que también presenció la aspersión Raúl Angulo Saa, el representante
legal de la asociación de Consejos Comunitarios de Timbiquí, quien,
01(AG); Secc. 3, Sub. B, Sentencia del 28 de abril de 2021, exp. 52001-23-31-000-2011-00193-01(53465), AV
Alberto Montaña; Secc. 3, Sub. A, Sentencia del 4 de junio de 2021, exp. 50001-23-31-000-2006-01036-
01(48352); Secc. 3, Sub. B, Sentencia del 9 de julio de 2021, exp. 52001-23-31-000-2010-00511-01(43590), SV
Martín Bermúdez; Secc. 3, Su. bC, Sentencia del 29 de julio de 2021, exp. 19001-23-31-000-2002-01149-
01(40809); Secc. 3, Sub. A, Sentencia del 27 de agosto de 2021, exp. 54001-23-31-000-2012-00034-01(54316);
Secc. 3, Sub. A, Sentencia del 8 de noviembre de 2021, exp. 68001-23-31-000-2012-00107-02(62022) SV
Marta Nubia Velásquez; Secc. 3, Sub. C, Sentencia del 19 de noviembre de 2021, exp. 52001-23-31-000-
2010-00514-01(51279).
13 Archivo denominado “Acta y poligrama 11072012” del CD visible a folio 430 del cuaderno de pruebas 2.
14 Las quejas presentadas fueron asignadas bajo el número 23912, 24010, 24014 y 24021, y contienen todo
el procedimiento adelantado ante la entidad demandada hasta la decisión definitiva (CD visible a folio
430 del cuaderno de pruebas 2).
15 Folios 36 y 37 del cuaderno principal. El mismo documento se encuentra en cada uno de los
expedientes aportados por la Policía (CD visible a folio 430 del cuaderno de pruebas 2).
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además, realizó “el inventario de los daños causados”. Junto con el
documento se allegó una tabla con el título de “plantaciones afectadas
por fumigación con glifosato”16, consistente en una lista de 26 personas
pertenecientes al consejo comunitario, incluidos los cuatro demandantes,
en la que se incluyeron el número de plantas afectadas clasificadas por
especie.
40. Por los hechos, el Defensor del Pueblo Regional del Cauca, mediante
oficio 453017, indicó (se trascribe):
“El 22 de julio de 2012 en mi calidad de Analista del Sistema de Alertas
Tempranas de la Defensoría del Pueblo Regional Cauca y en conjunto con la
oficina del Alto Comisionado para la ONU realizamos la misión de verificación al
municipio de Timbiquí respecto de las afectaciones por conflicto armado y de
afectaciones de cultivos lícitos como consecuencia de las fumigaciones por
aspersión aérea realizadas en el sector, el día 11 de julio de 2012.
Al realizar un recorrido en la quebrada La Pacha de la vereda Trinidad del río y
corregimiento de Bubuey del municipio de Timbiquí, donde encontramos
extensiones de siembras de cacao, plátano, papa china, palma de chontaduro,
árboles de guama, guayaba, limón, así como caña y yuca quemadas por la
fumigación.
Igualmente quiero expresarle que la comisión de la defensoría del pueblo y la
ONU no encontraron evidencia o rastros de cultivos de coca en el precitado
sitio de verificación”.
41. La Defensoría del Pueblo, mediante oficio de 10 de noviembre de
201518, allegó en medio magnético las fotos que hizo en la visita. En las
imágenes se observan diferentes plantas con sus hojas y tallos quemados,
principalmente de cacao y plátano, sin que ninguna de las registradas
coincida con la morfología de la coca. Adicionalmente, la afectación
definitiva de estos cultivos consta en el documento elaborado por la
Corporación Autónoma Regional del Cauca19 que, si bien no pudo
determinar los perjuicios por la falta de criterios para su tasación20, reseñó
que, para la visita de 17 de febrero de 2016, no había cultivos sino “bosque
en estado sucesional de recuperación”.
42. Dos certificaciones adicionales dieron cuenta de los daños sufridos por
los cuatro demandantes. La primera, suscrita por Luis Elcias Ocoro Vásquez,
entonces director del Banco Agrario en Timbiquí y una de las personas que
visitó los predios tras la fumigación, en la que consta que:
“El Banco Agrario de Timbiquí y la Alcaldía de Timbiquí el 29 de julio de 2009
suscribieron [un convenio interadministrativo] con el objetivo de desarrollar el
16 Folios 38-39 del cuaderno principal.
17 Folio 174 del cuaderno principal.
18 Folios 38-39 del cuaderno de pruebas 1.
19 Folios 465-467 del cuaderno de pruebas 2.
20 En el dictamen pericial la Corporación Autónoma Regional del Cauca destacó que sin conocer “la
edad de las matas y árboles, su número exacto y cuales estaban produciendo”, no era posible determinar
los perjuicios materiales.
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cultivo de cacao en el municipio de Timbiquí. Como piloto se escogió el
corregimiento de la trinidad de Bubuey y la parte baja del río Saija, zona libre de
cultivos ilícitos.
El día 11 de julio de 2012, el cultivo [del demandante] (…) fue afectado y
quemado por la acción de fumigación por la dirección de antinarcóticos”21.
43. La segunda, suscrita por el secretario de desarrollo económico y
ambiental de Timbiquí, en la que señaló que los cultivos de los
demandantes fueron dañados por aspersión aérea22 y se incluyeron los
valores estimados por el número de plantas afectadas.
44. En el proceso declararon Fabio Enrique Cambindo23, entonces director
de la Umata municipal, quien, según el documento suscrito por el
presidente de la asociación de consejos comunitarios, visitó los predios.
También declaró Raul Angulo Saa24, presidente de dicha asociación. El
primero sostuvo que en el 2012 fueron fumigados unos cultivos de cacao y
otros de “pancoger”, de los integrantes del Consejo Comunitario Negros en
Acción. Que en la visita estuvo el director del Banco Agrario y personal de
la Defensoría del Pueblo y de Naciones Unidas. Que en el lugar observaron
que los cultivos fueron destruidos por el glifosato, sin que se observara
presencia de cultivos ilícitos.
45. El segundo afirmó que en el 2012 y 2013 realizó acompañamiento al
Consejo Comunitario Negros en Acción, pues debía velar por la protección
de los derechos fundamentales de las comunidades que integraban la
asociación de Consejos Comunitarios. Indicó que los cultivos “fueron
fumigados de forma indiscriminada por parte de la policía antinarcóticos,
quedando en ruina”; señaló que los policultivos se secaron y se convirtieron
en maleza, “convirtiéndose así en un sitio totalmente desolado y sin
vegetación”. Agregó que el acompañamiento también lo hicieron el
director del Banco Agrario, el director de la Umata, la Defensoría del
Pueblo y la Organización de las Naciones Unidas. Que los sembrados
tenían por finalidad reemplazar la explotación maderera por una actividad
agrícola que no afectara el bosque y permitiera a los pobladores mejorar
su calidad de vida. Finalmente, que algunos de los afectados debieron
abandonar el Consejo Comunitario e irse a vivir a la cabecera municipal
con el fin de procurar la subsistencia de sus familias.
46. En el procedimiento adelantado ante la Policía, se realizó la visita a los
predios de los peticionarios el 13 de febrero de 2013. Ese mismo día, la
21 El Banco Agrario certificó lo anterior respecto de Juvenal, Solanyi, José Ramón y José Barney (folios 16,
47, 94 y 111 del cuaderno principal, respectivamente).
22 El secretario de desarrollo económico y ambiental emitió la certificación para Juvenal, Solanyi, José
Ramón y José Barney (folios 42, 72, 105 y 136 del cuaderno principal).
23 Folios 350-354 del cuaderno de pruebas 2.
24 Folios 355-359 del cuaderno de pruebas 2.
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entidad elaboró el Acta 525, en la que indicó que hizo el análisis de material
fotográfico en la verificación de campo y de los conceptos técnicos.
Mediante el Acta 60 de 13 de marzo de 2013, el grupo técnico
interinstitucional de verificación de quejas concluyó, respecto de cada
uno de los demandantes, “que no se encontró implementación de
actividad agrícola lícita” y que “se observaron algunos lotes de coca”, lo
que concordaba con los reportes previos de detección. Por tanto, no
procedía “compensación económica alguna”. Con base en lo anterior, la
entidad profirió el “auto de decisión de fondo” para cada administrado26.
47. No obstante, la Sala otorga mayor credibilidad a los documentos que
no provienen de la Policía, por tres motivos. En primer lugar, porque tienen
origen en diferentes fuentes y son coincidentes entre sí. En segundo lugar,
porque la visita para resolver las quejas se hizo pasados siete meses desde
el día de la fumigación, es decir, no evaluó de manera inmediata el
impacto de la aspersión en la zona. En tercer lugar, porque, de acuerdo
con los testimonios del teniente27 coronel Miguel Antonio Tunjano y del
intendente Elmer Javier Bayona Lemus, la visita de verificación posterior se
hizo desde el aire, método que resulta más impreciso que la verificación en
el terreno que hizo la Defensoría del Pueblo y el entonces director de la
Umata. En cualquier caso, el primero de los testigos mencionados afirmó
que no hizo parte del comité técnico de campo, por lo que desconocía el
resultado de la operación y el segundo que se encargaba de trabajo
logístico, pero que, los que realizaban la observación, eran agrónomos.
48. En resumen, está acreditado respecto de los cuatro demandantes en
este apartado, que el 11 de julio de 2012 sufrieron un daño consistente en
la aspersión de sus cultivos lícitos, sin que la entidad demandada hubiera
acreditado la excepción de hecho de la víctima en la que fundó su
defensa.
2.2.1. La aspersión del 16 de abril de 2013: la afectación de Daniel Núñez
Saa
49. El 22 de abril de 2013, Daniel Núñez presentó la queja por “aspersión de
cultivos ilícitos”28. Con base en lo anterior, el alcalde municipal29 suscribió
un documento con destino a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía,
en el que señaló que, en la tarde del 16 de abril de 2013 avionetas
asperjaron con glifosato “el territorio colectivo de la comunidad afro” que
25 El acta está visible en los archivos correspondientes a las quejas 23912, 24010, 24014 y 24021 (CD visible a
folio 430 del cuaderno de pruebas 2).
26 Los documentos están visibles en los archivos correspondientes a las quejas 23912, 24010, 24014 y 24021
(CD visible a folio 430 del cuaderno de pruebas 2).
27 Testimonios practicados en la audiencia de pruebas, visible en medio magnético a folios 1 del cuaderno
de pruebas 1 y 427 del cuaderno de pruebas 2.
28 Folio 554 del cuaderno del Consejo de Estado.
29 Folios 555-556 del cuaderno del Consejo de Estado.
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habitaba en el corregimiento de la Trinidad del Río Bubuey. Que en el área
no existían cultivos de uso ilícito y que entre los afectados estaba este
demandante30.
50. El secretario de desarrollo económico y ambiental del municipio
suscribió un oficio en el que indicó que los cultivos del demandante
sufrieron daños como consecuencia de la aspersión aérea31 y cuantificó la
pérdida de acuerdo con el número de plantas afectadas. De acuerdo con
un oficio del Banco Agrario32, el demandante obtuvo un crédito para
establecer un cultivo de cacao, el cual fue afectado por “la fumigación
por la dirección nacional de antinarcóticos”.
51. El Tribunal consideró que no existía certeza de que la fumigación del 16
de abril de 2013 hubiera ocurrido. Sin embargo, además de los
documentos mencionados, otros tres permiten llegar a la conclusión
contraria. En primer lugar, la orden de servicio 906 de la Dirección de
Antinarcóticos de la Policía33, en la que se incluyeron los lineamientos para
“erradicar los cultivos detectados en los departamentos de Cauca y
Nariño”, con vigencia entre el 5 de enero hasta el 15 de diciembre de
2013. En segundo lugar, el comandante de la compañía antinarcóticos de
aspersión aérea allegó un oficio en el que señalaba que el 16 de abril de
2013 se asperjaron 12,1 hectáreas en el municipio de Timbiquí 34. Junto con
el oficio la entidad allegó un mapa de Timbiquí, en el que se observan las
líneas de aspersión en las inmediaciones del río Bubuey.
52. Finalmente, el Tribunal solicitó a Raúl Angulo Saa, presidente de la
Asociación de Consejos Comunitarios de Timbiquí, que remitiera el informe
que elaboró con ocasión de las fumigaciones. Mediante un oficio35, esta
persona indicó que conoció de los hechos del 11 de julio de 2012 y del 16
de abril de 2013. Que no hizo un informe, pero que en la visita a los predios
pudo comprobar el daño de los cultivos, en detrimento de los proyectos
productivos con los que los demandantes esperaban mejorar su calidad
de vida.
30 Si bien los documentos enunciados se encuentran en el cuaderno de segunda instancia, lo cierto es
que fueron aportados por la parte demandante y decretados como pruebas en audiencia en el trámite
de la primera instancia, oportunidad en que la parte demandada se mostró conforme con su
incorporación al expediente (Audiencia de pruebas de 3 de febrero de 2016, cd visible a folio 5 del
cuaderno de pruebas 1).
31 Folio 83 del cuaderno principal.
32 Si bien en el documento referido se indicó como fecha de la afectación el 11 de julio de 2012 (la misma
que los demás demandantes), lo cierto es que se trata de un error tipográfico porque el formato utilizado
por la entidad fue el mismo para todos los demandantes. En todo caso, como se expondrá, la Policía
reconoció haber realizado actividades de aspersión con glifosato el 16 de abril de 2013, de donde se
concluye, sin duda alguna, que el error en la fecha fue por falta de atención. En cualquier caso, el
documento en mención no fue cuestionado en ningún momento por la Policía (folio 79 del cuaderno
principal).
33 Archivo denominado “orden de servicio 96”, visible en el CD obrante en el folio 430 del cuaderno de
pruebas 2.
34 Documento denominado “respuesta tribunal cauca” visible en el CD obrante a folio 470 del cuaderno
de pruebas 2.
35 Folio 473-474 del cuaderno de pruebas 2.
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53. Aunque según el oficio S-2015-79976 de la Policía36 el demandante no
presentó reclamación alguna, el documento solo demuestra que, por
algún motivo, la queja se extravió en el trámite, sin que desacredite todos
los documentos hasta aquí enlistados y que son coincidentes entre sí
respecto del daño alegado. Además, como fue precisado en la síntesis de
la decisión, la reparación directa es el medio de control idóneo para
reclamar los daños causados por la aspersión con glifosato, sin que pueda
considerarse como un requisito de procedibilidad la reclamación ante la
Policía. Por lo anterior, la Sala revocará la decisión que desestimó lo
pretendido por este demandante y liquidará los perjuicios de acuerdo con
lo probado en el proceso.
2.3. Liquidación de perjuicios
2.3.1. Daños a bienes constitucional y convencionalmente protegidos
54. La Sala revocará lo reconocido en primera instancia por este
concepto. De acuerdo con lo probado en el proceso, los demandantes
sufrieron daños en sus cultivos, con los que esperaban mejorar su calidad
de vida. Sin embargo, los demandantes no acreditaron que se tratara de
una afectación relevante, diferente de los demás perjuicios reclamados,
en los términos de la decisión unificada de la Sección Tercera del Consejo
de Estado37. De hecho, al carecer de elementos de juicio para su tasación,
el Tribunal acudió al valor del crédito obtenido en el Banco Agrario, lo que
se superponía con lo reconocido por concepto de daño emergente.
2.3.2. Perjuicios morales
55. La Sala confirmará el monto reconocido en primera instancia de 20
salarios mínimos para los demandantes principales e incluirá, de acuerdo
con las consideraciones de esta decisión, la misma suma para Daniel
Núñez Saa. Fabio Enrique Cambindo38, quien para 2012 trabajaba como
director de la Umata municipal, y visitó los predios afectados, afirmó (se
trascribe):
“La expectativa económica del convenio era elevar la calidad de vida de
cada uno de los beneficiarios que tuvieran acceso al crédito (…) la afectación
de los demandantes fue de gran desconsuelo, ya que en el momento de la
visita sus cultivos fueron destruidos a causa de la fumigación y además
manifestaban que en el momento se les quedaba un problema ya que habían
contraído una deuda con el Banco Agrario (…) las condiciones de vida
36 Folio 28 del cuaderno de pruebas 1.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 28 de agosto
de 2014, exp. 32988.
38 Folios 350-354 del cuaderno de pruebas 2.
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empeoraron, ya que esas personas deben hacer doble esfuerzo para cubrir el
pago de la deuda y además conseguir el sustento para sus familias”.
56. Por su parte, Raúl Angulo Saa39, entonces presidente de la Asociación
de Consejos Comunitarios de Timbiquí, afirmó que su función consistía en
(se trascribe):
“[V]elar por la protección de los derechos fundamentales de las comunidades
que lo integran, y por consiguiente por la integridad del territorio como parte
fundamental para el desarrollo de nuestras vidas, como circunstancia por el
hecho de conocer que los cultivos de cacao establecidos en el área dentro del
territorio colectivo del consejo comunitario Negros en Acción (…) los habitantes
de la comunidad Bubuey generaban sus ingresos familiares a través de la
explotación de madera, lo que afectaba ostensiblemente los bosques, de ahí
que decidieran adelantar actividades productivas mediante el establecimiento
de policultivos, con miras a mejorar sus ingresos, y condiciones de vida (…) a raíz
de la fumigación con glifosato, estos fueron destruidos totalmente, lo que frustró
las esperanzas de dichos agricultores, además fueron sometidos a seguir
pagando la deuda contraída con el banco (…) [tras la fumigación] algunos
sufrieron el flagelo de desplazamiento y tuvieron que venirse a la cabecera
municipal para buscar su subsistencia, otros, que decidieron quedarse en la
comunidad, hoy sus condiciones de vida están muy desmejoradas, ya que ahí
también fueron fumigados los productos de pan coger (…) la expectativa era
grande, era la de mejorar sus ingresos económicos, su calidad de vida,
autoabastecerse de productos alimenticios y vender excedentes mientras
entraba en productividad el cultivo de cacao (…) [durante la fumigación] el
ruido de los helicópteros y aviones generó pánico en todos los habitantes de la
comunidad. Segundo, al ver a sus cultivos afectados por la fumigación generó
en ellos grandes fatigas emocionales, incluso hasta desmayos (…)”.
57. La Sala da credibilidad a los testimonios trascritos. Ambos testigos
manifestaron conocer a los demandantes, ser habitantes del municipio de
Timbiquí, y haber visitado los predios afectados. El primero trabajaba en la
Umata, entidad a cargo de asesorar técnicamente los préstamos del
Banco Agrario para la siembra de cacao. El segundo trabajaba con los
consejos comunitarios de la zona, entre los que estaba el denominado
“Negros en Acción”, del que hacían parte los demandantes. En ese
sentido, dada la proximidad de los declarantes con los hechos de la
demanda y el conocimiento de primera mano que tuvieron de estos, la
Sala confirmará el monto reconocido en favor de los usufructuarios
únicamente.
58. No accederá a la petición de la parte demandante en el sentido de
reconocer los perjuicios morales para los demás integrantes de los grupos
familiares, pues las referencias en los testimonios se hicieron principalmente
respecto de los propietarios de los cultivos y no hay otras pruebas que
permitan derivar, de las cabezas de familia, los perjuicios a los demás
integrantes.
39 Folios 355-359 del cuaderno de pruebas 2.
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2.3.3. Perjuicios materiales
59. En la demanda se solicitaron perjuicios materiales por varios conceptos,
que se precisan a continuación para tasar adecuadamente la
indemnización. Como daño emergente la parte actora solicitó: i) el valor
del crédito del Banco Agrario, que según la certificación emitida por la
entidad era para el desarrollo del cultivo de cacao, y ii) el valor de los
árboles al momento de la fumigación. Este segundo ítem, incluía tanto el
valor de los árboles de cacao y de los demás cultivos referenciados en la
pretensión, y fue tomado de la certificación expedida por el secretario de
desarrollo económico y ambiental de Timbiquí40. Por su parte, el lucro
cesante se solicitó con base en la producción estimada de los árboles de
cacao. Como puede verse, únicamente respecto del cultivo de cacao fue
solicitado tanto daño emergente como lucro cesante.
60. En estas condiciones, la Sala modificará la condena impuesta en
primera instancia y reconocerá, en relación con los cultivos de cacao,
únicamente el lucro cesante, pues las inversiones que un agricultor realiza
en la siembra son recuperadas mediante la venta de las cosechas. Por
tanto, el pago de una suma por lo invertido y otra suma por lo que habrían
vendido no corresponde a la realidad económica41.
61. La liquidación en abstracto se hará con base en el número de árboles
sembrados que tenía cada demandante, de acuerdo con la certificación
del secretario de desarrollo económico y ambiental de Timbiquí. Este
documento fue proferido por una entidad pública, fue conocido por la
entidad demandada en el proceso y no fue tachado su contenido, por lo
que resulta adecuado para la liquidación. En la siguiente tabla se sintetiza
el número de plantas de cacao por demandante:
Demandante Número de plantas de cacao afectadas
Juvenal García Saa 1632
Solanyi Saa Núñez 1280
José Ramón Góngora Núñez 1205
José Barney Góngora Núñez 1317
Daniel Núñez Saa 1112
40 Folios 42, 72, 83, 105 y 136 del cuaderno principal.
41 No comparto la posición, según la cual, no debe reconocerse el daño emergente en las afectaciones a
cultivos, bajo el argumento de que mediante la venta de los frutos se espera que el trabajador recupere
lo invertido. Menos aún, cuando al retorno de la inversión se le descuentan las erogaciones necesarias
para llegar a la cosecha. En este contexto, no solo no se indemniza al demandante por la pérdida del
árbol –que, en muchos casos puede tardar años (incluso décadas) en dar frutos– sino que, además, a lo
cosechado se le descuenta lo que el demandante habría invertido para llegar a ese punto. Para el
ponente de esta sentencia, la aplicación de esta postura de forma generalizada es problemática y sería
más adecuado, de acuerdo con la lógica de la responsabilidad extracontractual, realizar una evaluación
en cada caso concreto. No pueden evaluarse de igual modo, por ejemplo, los cultivos de ciclos cortos,
que tras una cosecha deben ser iniciados nuevamente, a los denominados cultivos perennes, que tienen
una vida útil de años.
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62. La liquidación de la condena en abstracto deberá observar los
siguientes puntos42:
63. (1) En el trámite del incidente de liquidación de la condena deberá
realizarse un dictamen pericial por parte de un profesional en agronomía
con experiencia en el avalúo de cultivos.
64. (2) El dictamen deberá establecer las erogaciones necesarias para
cada plantación de cacao, de acuerdo con el número de árboles
afectados por demandante. El documento determinará lo relativo a los
insumos (fertilizantes, insecticidas, fungicidas, controles fitosanitarios, agua,
electricidad, etcétera), durante el período comprendido entre la siembra y
la existencia de frutos.
65. (3) El dictamen deberá establecer el lucro cesante, que consiste en el
valor bruto que le hubiera reportado a cada demandante el primer año
de producción plena de los árboles de cacao, de acuerdo con el número
de plantas afectadas. Al resultado de esta operación deberá descontarse
el valor establecido como erogaciones necesarias. El cálculo deberá
soportarse documentalmente, por ejemplo, en certificaciones oficiales de
precios para la época en la que se encontraba prevista la recolección de
los frutos, documentos comerciales, como contratos celebrados en esa
época, comparación con utilidades documentadas de cultivadores para
la misma época y en condiciones equivalentes, facturas y análisis
estadísticos.
66. (4) Tanto el total de las erogaciones necesarias, como el lucro cesante,
se actualizarán con base en el IPC histórico hasta la fecha de liquidación
de la condena.
67. (5) En todo caso, la liquidación no podrá superar el valor de las
pretensiones de la demanda, indexadas o traídas a valor presente.
68. Finalmente, como se indicó, dado que respecto de los demás cultivos
referidos en los hechos 16-20 de la demanda (ver pie de página 5), no fue
solicitado lucro cesante, la Sala ordenará la indemnización del daño
emergente de conformidad con los valores consignados en la certificación
del secretario municipal de desarrollo económico y ambiental43, así:
42 En un pronunciamiento reciente la Sala acudió al mismo razonamiento para la liquidación en abstracto
de los perjuicios por la afectación de cultivos con glifosato. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 14 de julio de 2023, exp. 54752.
43 Folios 42, 72, 83, 105 y 136 del cuaderno principal. De acuerdo con las certificaciones referidas, los
demandantes tenían en menor cantidad, entre otros, plantas de plátano, naranja, chontaduro y limón.
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Actor: Juvenal García Saa y otros
Demandado: Policía Nacional
Referencia: acción de reparación directa
Decisión: modifica
Demandante Valor histórico44 Valor actualizado45
Juvenal García Saa $4.332.000 $7.548.384
Solanyi Saa Núñez $1.393.000 $2.427.262
José Ramón Góngora Núñez $6.818.000 $11.880.167
José Barney Góngora Núñez $10.896.000 $18.985.964
Daniel Núñez Saa $3.272.400 $5.608.940
2.4. Condena en costas
69. En el auto admisorio de la demanda fue otorgado el amparo el
amparo de pobreza para la parte actora. Por tanto, de acuerdo con el
artículo 154 del CGP, no podría ser condenada en costas. Por otra parte, el
recurso de la parte demandada prosperó parcialmente, por lo que la Sala
se abstendrá de condenar en costas de conformidad con el artículo 365.5
del Código General del Proceso.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de 23 de noviembre de 2017, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cauca, la cual quedará así:
“PRIMERO: DECLARAR responsable a la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional, por los daños causados como consecuencia de la
aspersión aérea con glifosato sobre el municipio de Timbiquí, el 11 de julio de
2012 y el 16 de abril de 2013.
SEGUNDO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
al pago de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de
perjuicios morales, para cada uno de los siguientes demandantes: Juvenal
García Saa, Solanyi Saa Núñez, José Ramón Góngora Núñez, José Barney
Góngora Núñez y Daniel Núñez Saa.
Los salarios mínimos legales mensuales vigentes otorgados como
indemnización de perjuicios en favor de cada uno de los demandantes son
los equivalentes al momento en que cobre ejecutoria la decisión.
TERCERO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional,
al pago de las siguientes sumas por concepto de daño emergente:
• $7.548.384 para Juvenal García Saa.
• $2.427.262 para Solanyi Saa Núñez.
44 Corresponde al valor de la suma de todos los cultivos afectados, sin tener en cuenta el valor de las
plantas de cacao.
45 De acuerdo con el IPC de agosto, último disponible al momento de proferir esta decisión.
19 de 20
Radicación: 19001-23-33-000-2014-00434 01 (63011)
Actor: Juvenal García Saa y otros
Demandado: Policía Nacional
Referencia: acción de reparación directa
Decisión: modifica
• $11.880.167 para José Ramón Góngora Núñez.
• $18.985.964 para José Barney Góngora Núñez.
• $5.608.940 para Daniel Saa Núñez.
CUARTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
al pago de los perjuicios materiales para los demandantes Juvenal García
Saa, Solanyi Saa Núñez, José Ramón Góngora Núñez, José Barney Góngora
Núñez y Daniel Núñez Saa, en la cuantía que se establezca en el trámite
incidental.
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda”.
SEGUNDO: sin condena en costas.
Por Secretaría, una vez ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con salvamento de voto
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Firmado electrónicamente
20 de 20
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