Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00532-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00532-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00532-00
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
8 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D. C., ocho (8) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicados: 11001-03-15-000-2026-00532-00
11001-03-15-000-2026-00551-00 (acumulado)
Demandantes: JOSÉ OTONIEL REVELO MORÁN Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN – Ausencia de legitimación en la causa por activa
y de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve las demandas de tutela instauradas por José Otoniel Revelo Morán
y otros contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado1.
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Se declararán improcedentes las demandas de tutela. Se configura la falta de
legitimación por activa respecto de los demandantes fallecidos, representados por
una agente oficiosa, y el asunto carece de relevancia constitucional frente a los demás
actores.
2. La acción de tutela no es una instancia adicional. La parte actora pretende reabrir
un debate probatorio sobre el reconocimiento de los perjuicios materiales (daño
emergente y lucro cesante) que ya fue resuelto de fondo, y sin arbitrariedad alguna,
por el juez natural.
II. ANTECEDENTES
Demanda
3. El 27 de enero de 20262, la abogada Mary Aidé Pantoja Mora instauró demanda de
tutela contra la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación (radicado
1 Los expedientes son electrónicos y se encuentran almacenados en Samai.
2
Índice 2 del expediente 11001-03-15-000-2026-00532-00, archivos identificados con los certificados
«3E7D831E4592D920 (…)» y «100A773F06B24F2A (…)».
Radicados: 11001-03-15-000-2026-00532-00
11001-03-15-000-2026-00551-00 (acumulado)
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
No. 11001-03-15-000-2026-00532-00). Actuó como agente oficiosa de las señoras
Rosa Carmelina Nastacuas Pai y Gloria Rocío Mosquera Jojoa (fallecidas), y como
apoderada de José Otoniel Revelo Morán y otras 46 personas3.
4. Al día siguiente4, presentó una segunda solicitud de amparo contra dicha autoridad
(radicado No. 11001-03-15-000-2026-00551-00). Actuó como agente oficiosa de las
mencionadas accionantes fallecidas y de los señores José Arquímedes Caballos,
María Orfelina Escobar Cumbalaza e Ismenia Caicedo Larrahondo, también
fallecidos. Igualmente, actuó como apoderada de José Otoniel Revelo Morán, de 395
personas de la primera demanda de tutela y de Luis Alveiro Díaz Erazo y 77
ciudadanos más6.
3 Octavio Felipe Urbano Urbano, Luz Deisy Muñoz Parra, Juan Efrén Díaz Morales, Julio Getial Getial,
Zuleima Biviana Díaz Benavides, Pedro Luis Ortiz Sánchez, Nidia Yolanda Palma, Floralba Tapia Guerrero,
Carmen Luz Vallejo Bastidas, Ramiro Papamija Díaz, Félix María Erazo de Tapia, Ana Lilia Cuarán, Nohemí
Cerón Muñoz, Alejandro Taicus Bisbicus, Clara Estela Cantincus Pascal,
Edith Elena Imbacuán, Juan Carlos Cuarán, Marco Antonio Rodríguez Gómez, Erasmo Benavides
Quistanchala, Emilio Chate Ui, Segundo Roque Chávez, Aleida Luna Fuentes, Hernando Bermúdez,
Pedro Pablo Acosta Cantincus, Ruber Amable Sánchez Burbano, María Estella García Burbano, José
Rodolfo Rosero Rojas, Víctor Nelson Cuarán Toro, Gustavo Martínez Ramírez, María Edilma Zambrano
Rivera, Nelly Violeta Andi Áviles, Ovidio Bitelmo Hernández Cháves, Hugo Ordóñez Bravo, Dionicio Eladio
Arboleda Cabrera, Segundo Alfonso Guarnica Meneses, Mariela Genoveva Martínez Franco, Yivier Luna
Fuentes, Adriana Patricia Zúñiga López, Pedro Eugenio Yela Yela, María Jael Taquez, Jaime Ramiro León
Rosero, Adrián Alfonso León Bastidas, Pablo Emilio Álvarez, Segundo Artemio Inagán Lucero, Félix
Heriberto Cerón Muñoz, Marelby López Rojas y Leonardo Antonio Ortega Escobar.
4 Índice 2 del expediente 11001-03-15-000-2026-00551-00, archivos identificados con los certificados
«E13BDAB59E5BC92C (…)» y «02C9729165A25B01 (…)».
5 Octavio Felipe Urbano Urbano, Luz Deisy Muñoz Parra, Juan Efrén Díaz Morales, Julio Getial Getial,
Zuleima Biviana Díaz Benavides, Pedro Luis Ortiz Sánchez, Nidia Yolanda Palma, Floralba Tapia Guerrero,
Félix María Erazo de Tapia, Nohemí Cerón Muñoz, Clara Estella Cantincus Pascal, Edith Elena Imbacuán,
Juan Carlos Cuarán, Marco Antonio Rodríguez, Erasmo Benavides Quistanchala, Pedro Pablo Acosta
Cantincus, Ruber Amable Sánchez Burbano, María Estella García Burbano, José Rodolfo Rosero Rojas,
Víctor Nelson Cuarán Toro, Hernando Bermúdez, Gustavo Martínez Ramírez, María Edilma Zambrano, Nelly
Violeta Andi Áviles, Ovidio Bitelmo Hernández Chávez, Hugo Ordóñez Bravo, Dionicio Eladio Arboleda
Cabrera, Segundo Alfonso Guarnica Meneses, Mariela Genoveva Martínez Franco, Adriana Patricia Zúñiga
López, Pedro Eugenio Yela Yela, María Jael Taquez, Segundo Artemio Inagán Lucero, Félix Heriberto Cerón
Muñoz, Aleida Luna Fuentes, Segundo Roque Chávez, Leonardo Antonio Ortega Escobar, Emilio Chate Ui,
Yidier Luna Fuentes y Jaime Ramiro León Rosero.
6 Jeiner Alfonso Zúñiga López, Juanito Javier Getial Getial, Servio Tulio Figueroa, Henry López Rojas, Linda
Jazmín Arteaga Benavides, Jean Claude Laso Cuaspud, Pedro Marino Delgado, Lilia Sandra Zúñiga López,
José Elver Pantoja Biana, Eberardo Arcesio Cuastumal Montero, María Blanca Yandun, Genaro Polivio
Tapia Guerrero, Tabita Elsa Pinchao De Vallejo, Jesús Amilcar Laso Cerón, Mariano Luna Guerrero, Derly
Yurani Arteaga Palma, Alberto Miguel Benavides Pérez, Sigifredo Ospina Luna, Sonia Amparito Cuarán,
Nilzon Madroñero León, Gabriel Venegas Rueda, María Lucía Chindoy Becerra, Juana Elizabeth Chamorro
López, Ana Lucía Flores Cerón, Fernando Asdrúbal Alvis Gutiérrez, María Verónica Yela Madroñero,
Adjemiro Jiraldo Imbacuán, Jesús Alberto Ramírez Chalparpued, Uldarico Enríquez Guerrrero, Jesús Daniel
Corononel López, Eli Urbano Sambonícuar, Luz Yanira Ordóñez Anacona, Rosa Elvira Imbacuán, Mario
Pascal Pai, Yudi Iglet Díaz Quintero, Graciela Navia, Marlon Kelly Fajardo Hidalgo, María Celina Quintero
Ropero, Mariana De Jesús Paguay Cuarán, Miguel Arturo Hernández Montaña, Carlos Alberto Gualmatan
Caliz, Albeiro Armando Espinosa Coronel, José Gustavo Hernández Velasquez, Carlos Arturo Chapid
2
Radicados: 11001-03-15-000-2026-00532-00
11001-03-15-000-2026-00551-00 (acumulado)
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
Hechos relevantes7
5. El 9 de agosto de 2017, los aquí accionantes y otras 47 personas 8 instauraron
demanda de reparación de los perjuicios causados a un grupo contra la Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional. Pretendieron la declaratoria de
responsabilidad por la destrucción de sus cultivos en el corregimiento de Cofania
Jardines de Sucumbíos, perteneciente al municipio de Ipiales (Nariño), a causa de
una aspersión de glifosato ejecutada el 9 de agosto de 2015.
6. El Tribunal Administrativo de Nariño tramitó el proceso en primera instancia. En
sentencia del 29 de agosto de 2018 accedió parcialmente a las pretensiones de 119
actores. Declaró la responsabilidad del Estado y lo condenó a indemnizar el daño
emergente.
7. Ambas partes apelaron. A través de sentencia del 18 de julio de 2025, la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó parcialmente el
fallo. Declaró la falta de legitimación en la causa por activa de Luis Alveiro Díaz Erazo
y de 11 personas más9. Declaró la responsabilidad estatal por los daños derivados de
la aspersión de glifosato, condenó en abstracto a indemnizar el lucro cesante causado
y negó las demás pretensiones.
Cuarán, Rosa Albina Castillo, Luis Alberto Tulcán, Alcides Henao Quintero, Julio Hernando Cuarán Cuarán,
María Nidia Quisacue Trochez, María Nelly Restrepo Murillo, Adrián Armando Hernández, Ángel Armando
Cerón Meza, Misael Antonio Tucanes Inguilan, Florentino Narváez, Marco Antonio Garcial Guanga, José
Francisco Getial, María Gloria Cueltan Ituyan, Fidel Sebastián Gelpud Obando, Danny Bayron Calvache
Díaz, Jhon Fernando Ordóñez Anacona, Ana Delfila Chávez Bravo, José Floriberto Benavides Morales, Zoila
Cruz Cuarán Cuarán, José Hernando Arteaga Díaz, Jaime Gabriel Meneces Romo, Aura Elisa Rosero
Muñoz, Jhon Eduard Coralo Garzón, José Herrnando Mueses Inagan, Saulo Rigoberto Daza Gómez, Diego
Giraldo Pinchao Taques, Rebeca Anacona Joaqui, Clemencia León Sigindoy, Luis Alfonso Mejía, Rosa
Elenia Calvache, Eusebio Andrés Gelpus, Franco Reiman Díaz Morales y Edit Luna Fuentes.
7 Extraídos de las demandas de tutela y del proceso 52001-23-33-000-2017-00412-01, en el que se expidió
la providencia relacionada con las pretensiones de los accionantes.
8 Aura Emiria Mavisoy Santacruz, Benito José Abel Portillo Oliva, Carmen Luz Vallejos Bastidas, Ramiro
Papamija Díaz, Yessica Lorena Fajardo Hidalgo, Ana Lilia Cuarán, Alejandro Taicusbisbicus, José Fidencio
Quinisquin, Luz Margarita Coronel López, Arley Eladio Espinosa Coronel, Ismenia Caicedo Larrahondo,
Héctor Enrique Cuarán Hernández, Rosa Carmelina Nastacuas Pai, Arcenio Montoya Obando, Nelson
Yovani Lasso Arias, Raúl Antonio Marín, Miguel Ángel Rodríguez Erazo, Jimmy Javier Marín Valencia, José
Wilson Hoyos, Gloria Rocío Mosquera Jojoa, María Rosa Alba Cuarán, Olegario Bañol Correa, William Prado
Chávez, María Orfelina Escobar Cumbalaza, Lizardo Quisacue Tróchez, César Zambrano Yatacue,
Segundo Nazario Chamba Canticus, Marleny del Socorro Getial, Favio Alexander Benavides Benavides,
Jorge Germán Malpud Tulcán, Ángel María Pinchao Quinisquin, José Arquímedes Caballos, Héctor Julio
Rojas, Libardo Antonio Pabón Ramírez, Adrián Alfonso León Bastidas, Pablo Emilio Álvarez, Leonardo
Mueses Yandún y Fredy Alexander Táquez.
9 José Fidencio Quinisquín, Luz Margarita Coronel López, Arlei Eladio Espinoza Coronel, Raúl Antonio Marín,
José Wilson Hoyos, Olegario Banol Correa, William Prado Sánchez, Lizardo Quisacué Trochez, César
Zambrano Yatacué, Segundo Nazario Chanba Canticus y Marleny del Socorro Getial.
3
Radicados: 11001-03-15-000-2026-00532-00
11001-03-15-000-2026-00551-00 (acumulado)
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
8. La decisión de condenar en abstracto el lucro cesante se sustentó en que el
dictamen pericial carecía de los soportes de los valores señalados para cuantificar el
perjuicio.
9. Además, entre los parámetros para liquidar la indemnización correspondiente, se
incluyeron los siguientes:
10. Primero, un dictamen pericial rendido por «un profesional en agronomía con
experiencia en el avalúo de cultivos».
11. Segundo, la prohibición de incluir la pérdida de cultivos de pasto, sustentada en
que no se probó su comercialización.
12. Tercero, la obligación de tomar el lucro cesante como «el valor bruto que le
hubiera reportado la primera producción de la plantación».
13. La negativa a reconocer el daño emergente se fundamentó en que los gastos para
la producción de un cultivo se recuperan con la venta de sus frutos, conforme a la
lógica y la experiencia.
Pretensiones
14. En ambas demandas de tutela se reclamó el amparo de los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la
igualdad. Se solicitó ordenar a la Subsección B de la Sección Tercera de esta
corporación que disponga la indemnización del daño emergente y del lucro cesante.
15. Además, en la solicitud de amparo identificada con la radicación 11001-03-15-
000-2026-00532-00, se pidió reconocer el lucro cesante de la «primera producción»,
en caso de que se considere improcedente la indemnización del daño emergente.
Fundamentos de la demanda
16. La parte demandante, en síntesis, sostuvo lo siguiente:
17. La Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación aplicó indebidamente
el principio de equidad. Para negar la indemnización del daño emergente derivado de
la afectación de los cultivos y reconocer «el lucro cesante en su primera producción»,
únicamente se refirió a la lógica y a la experiencia, y prescindió de todo fundamento
técnico.
4
Radicados: 11001-03-15-000-2026-00532-00
11001-03-15-000-2026-00551-00 (acumulado)
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
18. Desconoció que, como el ciclo productivo de varios cultivos oscilaba entre los 10
y los 25 años, era inviable recuperar la inversión de su instalación y mantenimiento
con la primera venta de sus frutos. También ignoró la distinción entre la recuperación
de la inversión y la utilidad.
19. El argumento relativo a la falta de prueba de la explotación de los cultivos de pasto
desconoció el «hecho notorio» de que los campesinos siembran para obtener
ganancias, así como «la naturaleza del lucro cesante», que solo exige una
probabilidad objetiva y razonable, no certeza absoluta.
20. Por lo anterior, y porque no se ordenó la indemnización por la afectación de los
cultivos de pasto, aun cuando compartía causa con el daño de los demás, se violó el
principio de imparcialidad, se discriminó a población campesina y se vulneró su
mínimo vital.
21. La autoridad judicial demandada restó valor probatorio a los testimonios y
certificaciones expedidas por la Alcaldía de Ipiales, que demostraban los daños
causados a los cultivos.
22. Finalmente, limitar «en el tiempo el reconocimiento [d]el lucro cesante» contravino
la sentencia C-750 de 2010 de la Corte Constitucional, en la que precisamente se
declaró inexequible tal limitación.
Trámite inicial del proceso 11001-03-15-000-2026-00532-00
23. Por auto del 30 de enero de 202610, (i) se admitió la demanda de tutela identificada
con la radicación 11001-03-15-000-2026-00532-00; (ii) se vinculó, en calidad de
terceros con interés, al Ministerio de Defensa Nacional, a la Policía Nacional y a las
demás personas que hubieran intervenido en el proceso contencioso-administrativo;
(iii) se comisionó al Tribunal Administrativo de Nariño para la notificación de estos y
(iv) se requirió a la abogada Mary Aidé Pantoja Mora, para que aportara los poderes
especiales y específicos para presentar la solicitud de amparo en nombre de Jaime
Ramiro León Rosero, Adrián Alfonso León Bastidas y Pablo Emilio Álvarez.
24. El 4 de febrero de 202611, la abogada Mary Aidé Pantoja Mora aportó el poder
especial conferido por Jaime Ramiro León Rosero para presentar la demanda de
tutela en su nombre y excluyó a los señores Adrián Alfonso León Bastidas y Pablo
Emilio Álvarez.
10
Índice 4 del expediente 11001-03-15-000-2026-00532-00.
11 Índice 16 del expediente 11001-03-15-000-2026-00532-00.
5
Radicados: 11001-03-15-000-2026-00532-00
11001-03-15-000-2026-00551-00 (acumulado)
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
25. El 10 de febrero de 202612, el expediente 11001-03-15-000-2026-00532-00 fue
ingresado al despacho para que se profiriera sentencia, aun cuando el Tribunal
Administrativo de Nariño no había notificado el auto admisorio de la demanda a la
totalidad de terceros con interés.
26. En vista de lo anterior, por auto del 25 de febrero de 202613, se ordenó notificar a
quienes obraron como demandantes en el proceso de origen junto con los aquí
accionantes; también al ICA y a los ministerios de Justicia y del Derecho y de
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Además, se ordenó publicar un aviso sobre la
existencia del presente trámite, en caso de que no se lograra notificar a tales
demandantes.
Trámite inicial del proceso 11001-03-15-000-2026-00551-00 y acumulación
27. Por auto del 3 de febrero de 202614, el magistrado Carlos Fernando Mantilla
Navarro, integrante de la Sección Primera de esta corporación, admitió la demanda
de tutela identificada con la radicación 11001-03-15-000-2026-00551-00 y vinculó
como terceros con interés al Tribunal Administrativo de Nariño y a la Nación, Ministerio
de Defensa, Policía Nacional.
28. Por auto del 9 de marzo siguiente15, dicho magistrado remitió la demanda al
entonces consejero encargado Fernando Alexei Pardo Flórez, para que estudiara la
procedencia de acumular el proceso originado en ella a aquel identificado con la
radicación 11001-03-15-000-2026-00532-00.
29. El 17 de marzo de 202616, el expediente de tutela 11001-03-15-000-2026-00551-
00 fue ingresado al despacho y, por auto del 24 de marzo siguiente17, se acumuló al
identificado el radicado 11001-03-15-000-2026-00532-00.
Intervenciones
30. El magistrado Alberto Montaña Plata18, integrante de la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, señaló que la providencia cuestionada
contiene la información necesaria para resolver las solicitudes de amparo.
12 Índice 20 del expediente 11001-03-15-000-2026-00532-00.
13 Índice 21 del expediente 11001-03-15-000-2026-00532-00.
14 Índice 4 del expediente 11001-03-15-000-2026-00551-00.
15 Índice 17 del expediente 11001-03-15-000-2026-00551-00.
16 Índice 22 del expediente 11001-03-15-000-2026-00551-00.
17 Índice 23 del expediente 11001-03-15-000-2026-00551-00.
18
Índice 14 del expediente 11001-03-15-000-2026-00532-00 e índice 13 del expediente 11001-03-15-000-
2026-00551-00.
6
Radicados: 11001-03-15-000-2026-00532-00
11001-03-15-000-2026-00551-00 (acumulado)
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
31. El Tribunal Administrativo de Nariño19 calificó las demandas de tutela como
improcedentes, por incumplimiento de los requisitos de subsidiariedad y de relevancia
constitucional. La parte accionante debió interponer el recurso extraordinario de
revisión; su verdadero propósito es reabrir la discusión sobre el reconocimiento de
perjuicios.
32. La Policía Nacional20 se opuso a las pretensiones. Los actores persiguen un fin
económico y formulan inconformidades con la interpretación normativa y la valoración
probatoria tras perder la oportunidad de hacerlo en el proceso de origen. La
providencia se ajustó a derecho y no se configura un perjuicio irremediable. Solicitó
estudiar una posible temeridad, porque la sentencia ya fue censurada en el proceso
de tutela con radicado 11001-03-15-000-2026-00487-00.
33. El ICA21 y los Ministerios de Justicia y del Derecho22 y de Ambiente y
Desarrollo Sostenible23 alegaron la falta de legitimación en la causa por pasiva.
Consideraron que las pretensiones son improcedentes porque buscan sustituir al juez
natural y reabrir el debate probatorio, sin cumplir la carga argumentativa.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
34. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela
de primera instancia, en virtud de lo establecido en los artículos 86 de la Constitución
y 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, concordantes con el artículo 13 del reglamento
interno de esta corporación, contenido en el Acuerdo 80 de 2019.
Cuestión previa: ausencia de temeridad
35. La Policía Nacional solicitó estudiar si la parte actora incurrió en una actuación
temeraria, porque la sentencia aquí cuestionada también fue controvertida en la
demanda de tutela identificada con la radicación 11001-03-15-000-2026-00487-00.
19 Índice 17 del expediente 11001-03-15-000-2026-00532-00, archivo identificado con el certificado
«3435DDFD196C8908 (…)», e índice 15 del expediente 11001-03-15-000-2026-00551-00, archivo
identificado con el certificado «2499E4B777F74ADD (…)».
20 Índice 18 del expediente 11001-03-15-000-2026-00532-00, archivo identificado con el certificado
«77C76EE6A9E8064B (…)».
21 Índice 26 del expediente 11001-03-15-000-2026-00532-00, archivo identificado con el certificado
«C25069522AAE3286 (…)».
22 Índice 28 del expediente 11001-03-15-000-2026-00532-00, archivo identificado con el certificado
«C8FC53D32C0125DF (…)».
23
Índice 29 del expediente 11001-03-15-000-2026-00532-00, archivo identificado con el certificado
«9CC7BE521CE0B4D8 (…)».
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Radicados: 11001-03-15-000-2026-00532-00
11001-03-15-000-2026-00551-00 (acumulado)
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
36. Con base en el artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 199124, la Corte
Constitucional25 estableció que la temeridad se configura cuando (i) existe identidad
de partes, de causa (hechos) y de objeto (pretensiones) entre dos demandas de tutela
y (ii) la presentación de la segunda de ellas carece de justificación y se vincula a un
actuar doloso y de mala fe. Esto último, según la Corte26, significa un obrar amañado,
que denota el propósito desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda
costa y evidencia el abuso del derecho27. Desprovista de mala fe, la identidad de los
tres elementos puede derivar en cosa juzgada constitucional28.
37. En el presente caso, las personas en cuyo nombre se presentaron las solicitudes
de amparo —descritas en los párrafos 3 y 4 y en los pies de página 3, 5 y 6—, a
excepción de Luis Alveiro Díaz Erazo, son distintas de quienes instauraron la
demanda de tutela identificada con la radicación 11001-03-15-000-2026-00487-0029.
Esta falta de identidad de partes descarta la temeridad para la gran mayoría de los
accionantes.
38. Con respecto al señor Díaz Erazo, no existe identidad de objeto. En la acción de
tutela 2026-00487-00 solicitó valorar las pruebas de su legitimación en la causa,
mientras que en las que aquí se analizan reclama una condena por daño emergente
y del lucro cesante. Por tanto, no se configura la temeridad.
Problema jurídico
39. La Sala establecerá si se cumplen los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales. De superarse, se determinará si la
autoridad judicial demandada incurrió en los defectos alegados, únicamente, al decidir
sobre los perjuicios reclamados, pues los accionantes no cuestionaron la declaración
de responsabilidad del Estado.
24 «ACTUACIÓN TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o
decidirán desfavorablemente todas las solicitudes».
25 Sentencias de unificación 168 de 2017 y 027 de 2021.
26 Sentencia de unificación 168 de 2017.
27 En esa sentencia de unificación 168 de 2017, la Corte explicó que no existe temeridad cuando la
presentación de la segunda solicitud de amparo resulta de (i) la ignorancia del accionante, (ii) del
asesoramiento errado de profesionales del derecho o (iii) del sometimiento del actor a un estado de
indefensión, propio de situaciones en que se obra por miedo insuperable o por la necesidad extrema de
defender un derecho.
28 Sentencia T-219 de 2018.
29 José Wilson Hoyos, José Fidencio Quinisquin, Luz Margarita Coronel López, Arley Eladio Espinoza
Coronel, Olegario Bañol Correa, Lizardo Quisacue Tróchez, César Zambrano Yatacue, Segundo Nazario
Chamba Canticus, Marleny del Socorro Getial y Raúl Antonio Marín (ver la sentencia del 26 de febrero de
2026, proferida en el proceso 11001-03-15-000-2026-00487-00 y disponible en el índice 24 del expediente
almacenado en Samai).
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Radicados: 11001-03-15-000-2026-00532-00
11001-03-15-000-2026-00551-00 (acumulado)
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
Legitimación en la causa por activa
40. En la sentencia de unificación 215 de 2022, que reiteró las sentencias C-590 de
2005 y SU-026 de 2021, la Corte Constitucional explicó que la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales está sometida al cumplimiento de los
requisitos generales y de las causales específicas.
41. Además, señaló que los primeros son «presupuestos cuyo completo
cumplimiento es una condición indispensable para que el juez de tutela pueda
entrar a valorar de fondo el asunto»30, y los segundos, «vicios o defectos presentes
en la decisión judicial[,] que constituyen la causa de la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales».
42. Entre los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales31 se encuentran la legitimación en la causa, tanto por activa
como por pasiva, y la relevancia constitucional del asunto.
43. En la sentencia T-406 de 2017, con fundamento en los artículos 86 de la
Constitución32 y 10 del Decreto Ley 2591 de 199133, la Corte Constitucional explicó
que la legitimación en la causa por activa implica que el amparo debe ser solicitado
por el titular de los derechos presuntamente vulnerados, quien puede actuar por sí
mismo o a través de representante legal, de apoderado judicial o de agente oficioso.
30 Énfasis añadido.
31 En la sentencia de unificación 215 de 2022, la Corte indicó que tales requisitos son (i) legitimación en la
causa; (ii) inmediatez; (iii) subsidiariedad; (iv) relevancia constitucional del asunto; (v) identificación clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales invocados y que,
si fue posible, debieron manifestarse en el proceso correspondiente; (vi) carácter determinante de la
irregularidad procesal alegada, si es el caso, y (vii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de
tutela ni un fallo mediante el cual la Corte Constitucional o el Consejo de Estado hayan resuelto,
respectivamente, una demanda de inconstitucionalidad o de nulidad por inconstitucionalidad. Además, en la
sentencia de unificación 388 de 2023, dicha corte estableció que, por vía de tutela, tampoco pueden
controvertirse sentencias interpretativas de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la JEP,
expedidas «como consecuencia de una petición específica de algún órgano de dicha Jurisdicción y que
detenten exclusivamente un carácter general, impersonal y abstracto».
32 «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública» (énfasis añadido).
33 «La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud» (énfasis añadido).
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Radicados: 11001-03-15-000-2026-00532-00
11001-03-15-000-2026-00551-00 (acumulado)
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
44. En la sentencia T-249 de 1998, la Corte señaló que el carácter esencial e
inherente de los derechos fundamentales hace que las personas sean las únicas
facultadas para ejercer la acción de tutela, por sí mismas o por intermedio de quien
actúe en su nombre.
45. Igualmente, indicó que el ejercicio de tal acción «se deriva de la condición de
sujetos de derechos y obligaciones, por la mera circunstancia de la existencia física
y dado el derecho al reconocimiento de una personalidad jurídica»34. Además, advirtió
que «esa especie de subjetividad jurídica sólo estará vigente durante el transcurso
de la respectiva vida»35.
46. Sobre esto último, añadió que, según el artículo 94 del Código Civil, «[l]a
existencia de las personas termina con la muerte», de modo que, con el
fallecimiento, dejan de ser sujetos de derechos.
47. En la sentencia T-553 de 2012, consideró que los familiares del demandante
fallecido en el curso de un proceso contencioso-administrativo estaban legitimados
para cuestionar la sentencia proferida en este y, por esa vía, reclamar la protección
de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, porque tenían la aptitud para ser reconocidos como sucesores procesales, lo
que se frustró por el silencio de la autoridad judicial sobre la solicitud correspondiente.
Explicó que, aunque el demandante fallezca, el juez sigue sometido al principio de
legalidad y a la obligación de garantizar el debido proceso.
48. Finalmente, en la sentencia de unificación 126 de 2025, concluyó que los
familiares de quien fue privado de libertad estaban legitimados para cuestionar la
sentencia expedida en el proceso de reparación directa promovido por tal privación,
no solo porque obraron como demandantes en este, sino porque «no es necesario
que el juez de tutela evalúe los efectos de la sucesión procesal del fallecido», toda
vez que en la legislación aplicable se consagró que el fallo «produce efectos respecto
de los sucesores procesales, independientemente de que concurran o no al proceso».
49. En el caso concreto, la abogada Mary Aidé Pantoja Mora presentó demandas de
tutela como agente oficiosa de los fallecidos Rosa Carmelina Nastacuas Pai, Gloria
Rocío Mosquera Jojoa, José Arquímedes Caballos, María Orfelina Escobar
Cumbalaza e Ismenia Caicedo Larrahondo y aportó documentos relativos a su
deceso36.
34 Énfasis añadido.
35 Énfasis añadido.
36
Índice 2 del expediente 11001-03-15-000-2026-00551-00, archivo identificado con el certificado
«F0EBB3DE4DB80CF9 (…)», páginas 80, 117, 144, 239 y 391.
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Radicados: 11001-03-15-000-2026-00532-00
11001-03-15-000-2026-00551-00 (acumulado)
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
50. Al fallecer, esas personas perdieron su titularidad de derechos y dejaron de ser
susceptibles de agencia oficiosa. Adicionalmente, la abogada Pantoja Mora no
identificó a los sucesores procesales37 ni aportó poderes para actuar en su
representación.
51. La referida abogada carece de legitimación para reclamar la protección de los
derechos fundamentales de Rosa Carmelina Nastacuas Pai, Gloria Rocío Mosquera
Jojoa, José Arquímedes Caballos, María Orfelina Escobar Cumbalaza e Ismenia
Caicedo Larrahondo. En consecuencia, las solicitudes de amparo presentadas en su
nombre son improcedentes.
52. Frente a las demandas de tutela presentadas como apoderada de José Otoniel
Revelo Morán, de Luis Alveiro Díaz Erazo y de 121 personas más38, se aportaron los
poderes especiales y específicos otorgados por ellos. Estos se ajustaron a las
exigencias para el ejercicio de la acción de tutela a través de apoderado judicial, por
lo que se encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa.
Relevancia constitucional
53. La acción de tutela no es una instancia adicional para discutir aspectos
económicos, de mera legalidad o la interpretación legítima de los jueces naturales 39.
Este mecanismo solo procede cuando afloran serias dudas sobre la arbitrariedad,
capricho o irracionalidad de una decisión judicial.
54. Además, la Corte Constitucional40 ha establecido que, si la solicitud de amparo se
encamina a cuestionar una providencia de una alta corte, debe evidenciar una
afectación desproporcionada de derechos fundamentales derivada de una actuación
judicial arbitraria.
55. En el caso concreto, los accionantes sostuvieron que, para negar la indemnización
del daño emergente y reconocer «el lucro cesante en su primera producción», la
Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación (i) solo se refirió a la lógica
37 Se advierte que en dicho proceso no se solicitó ni se reconoció sucesión alguna.
38 Descritas en los pies de página 3 y 6, de las cuales fueron excluidas los señores Adrián Alfonso León
Bastidas y Pablo Emilio Álvarez, como se expuso en el párrafo 11 de esta providencia.
39 En la sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional determinó que el requisito de relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de las autoridades
judiciales de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por lo tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad, (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
disputas vinculadas con la afectación de los derechos fundamentales e (iii) impedir que esta acción se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
40 Sentencia de unificación 215 de 2022.
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11001-03-15-000-2026-00551-00 (acumulado)
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
y a la experiencia; (ii) prescindió de todo fundamento técnico; (iii) desconoció que,
como el ciclo productivo de varios cultivos oscilaba entre los 10 y los 25 años, era
inviable recuperar la inversión de su instalación y mantenimiento con la primera venta
de sus frutos e (iv) ignoró la distinción entre la recuperación de la inversión y la
utilidad.
56. Para pronunciarse al respecto, la Sala debe recordar que, por sentencia del 18 de
julio de 2025, dicha subsección confirmó parcialmente el fallo del 29 de agosto de
2018, dictado por el Tribunal Administrativo de Nariño, en el sentido de (i) declarar la
falta de legitimación en la causa por activa de Luis Alveiro Díaz Erazo y de 11
personas más, (ii) declarar la responsabilidad de la parte demandada por los daños
derivados de la aspersión de glifosato del 9 de agosto de 2015 y condenarla, en
abstracto, a la indemnización del lucro cesante causado y (iii) negar las demás
pretensiones formuladas en la demanda de reparación directa.
57. También fijó los parámetros para la liquidación de tal indemnización, entre los
cuales incluyó la obligación de tomar el lucro cesante como «el valor bruto que le (sic)
hubiera reportado la primera producción de la plantación».
58. Para motivar la decisión sobre el lucro cesante, la autoridad judicial demandada
consideró que, aunque el dictamen pericial aportado para probar los perjuicios
reclamados no permitía determinar su cuantía, porque los valores consignados en él
carecían de soporte técnico, era posible imponer una condena en abstracto con
fundamento en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo 41.
59. Y, para sustentar el parámetro de liquidación de indemnización aludido, citó su
sentencia del 28 de abril de 2021, proferida en el proceso 52001-23-31-000-2011-
00193-01(53465), según la cual «el reconocimiento del valor de la cosa en el estado
41 En la sentencia controvertida, textualmente, se expuso lo siguiente: «Para la Sala, este dictamen no permite
determinar con certeza los perjuicios materiales y, con base en él, no es posible realizar adecuadamente su
liquidación, ya que no responde a las exigencias del artículo 237 del CPC, en particular, la prevista en su numeral
sexto, según el cual “El dictamen debe ser claro, preciso y detallado; en él se explicarán los exámenes,
experimentos e investigaciones efectuados, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las
conclusiones”. En efecto, el dictamen no indica el método utilizado, los documentos o las pruebas en las que se
funda o los procedimientos u operaciones a partir de los cuales llegó a las conclusiones. Las cifras expuestas no
tienen fundamento o soporte documental objetivo constatable, en particular, de documentos comerciales que
funden los estudios de mercado y, por el contrario, se trata de conclusiones subjetivas, sustentadas en los dichos
del demandante y el mismo expediente. Es decir que el dictamen no se encuentra debidamente fundamentado de
manera objetiva, a partir de datos constatables y objetivos. Por todo lo anterior, dicho dictamen no permite realizar
la liquidación de los perjuicios materiales padecidos por el grupo demandante.
Ahora bien, la falta de pruebas que den certeza para la cuantificación de los perjuicios no es obstáculo para
acceder a las pretensiones de reparación, ya que es posible realizar una condena genérica o en abstracto, prevista
en el artículo 172 del CCA, como ha ocurrido en la mayoría de los casos en los que esta corporación ha accedido
a reparar perjuicios por aspersión de glifosato (…)».
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11001-03-15-000-2026-00551-00 (acumulado)
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
en que se hallaba al momento de su destrucción indemniza integralmente al dueño,
pues le permite explotar la cosa restituida durante todo el periodo de vida útil».
60. Así las cosas, no es cierto que la decisión sobre el lucro cesante se haya
sustentado únicamente en una alusión a la lógica y a la experiencia ni, mucho menos,
que para llegar a ella se haya prescindido de todo fundamento técnico. Por el
contrario, se otorgó un valor determinante al dictamen pericial, es decir, a un medio
de prueba técnico. Además, se tuvo en cuenta el precedente establecido por la misma
autoridad judicial demandada, como órgano de cierre de la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo.
61. Tal decisión se basó en que el dictamen no permitía determinar la cuantía de los
perjuicios reclamados, lo que no guarda ninguna relación con la supuesta
imposibilidad de recuperar la inversión de instalación y mantenimiento de los cultivos
con la primera venta de sus frutos ni con la distinción entre tal recuperación y la
utilidad.
62. En lo atinente al lucro cesante, los reparos de los accionantes no permiten siquiera
sospechar que la Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación haya
obrado de forma arbitraria o caprichosa. En cambio, evidencian una simple
inconformidad con la decisión de aquella, ligada a una falta de comprensión de su
fundamento.
63. Para concluir que debía negarse el reconocimiento del daño emergente, la
autoridad judicial demandada citó sus sentencias del 14 de julio de 2023 y del 7 de
septiembre de 202342, y señaló que, «de acuerdo con la lógica y la experiencia, los gastos
o inversiones hechas para la producción de un cultivo, se recuperan con la venta de sus
frutos.
64. Lo anterior muestra que, para decidir sobre el daño emergente, la Subsección B
de la Sección Tercera de esta corporación no solo acudió a las reglas de la lógica y
la experiencia, sino a su propio precedente.
65. La parte accionante no desarrolló el reproche relativo a la omisión de todo
fundamento técnico, pues no explicó si con ello se refería a una falta de valoración o
a una apreciación indebida del dictamen pericial o de algún otro medio de prueba
aportado para acreditar la causación del daño emergente. En consecuencia, tal
reproche no permite siquiera sospechar que, al haber acudido a las reglas de la lógica
42 Proferidas, respectivamente, en los procesos 68001-23-31-703-2009-00064-01 (54752) y 19001-23-33-
000
2014-00434-01 (63011).
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Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
y la experiencia y a su propio precedente, la autoridad judicial demandada haya
obrado de forma arbitraria o caprichosa.
66. Lo mismo sucede con el alegato relativo al desconocimiento (i) de la supuesta
inviabilidad de recuperar la inversión de instalación y mantenimiento de los cultivos
con la primera venta de sus frutos y (ii) de la distinción entre tal recuperación y la
utilidad, pues los demandantes no relacionaron un solo medio de prueba al respecto
ni pusieron de presente una falta de valoración o indebida valoración probatoria.
67. Por ello, en relación con el daño emergente, los argumentos de los actores, lejos
de dar cuenta de una providencia abiertamente arbitraria o caprichosa, únicamente
evidencian la intención de variar la decisión sobre dicho perjuicio, sin sustento
constitucional alguno.
68. Aquellos sostuvieron que, con el argumento relativo la falta de prueba de la
explotación de los cultivos de pasto, la Subsección B de la Sección Tercera de esta
corporación desconoció el «hecho notorio» de que los campesinos siembran para
obtener ganancias y «la naturaleza del lucro cesante», frente al que «la jurisprudencia
exige únicamente una probabilidad objetiva y razonable, no certeza absoluta».
69. Al respecto, se recuerda que entre los parámetros para liquidar la indemnización
del lucro cesante, la mencionada subsección incluyó la prohibición de incluir la pérdida
de cultivos de pasto, porque no se probó que se obtuviera un lucro de ellos ni, en
particular, si eran comercializados.
70. Esa determinación únicamente corresponde a una consecuencia del
incumplimiento de la carga probatoria en cabeza de la parte actora, establecida en la
ley, lo que de ninguna manera puede ser considerado una actuación arbitraria o
caprichosa.
71. En ese sentido, los reproches de los actores frente a la exclusión de los cultivos
de pasto de la liquidación de la condena solo muestran una inconformidad con la
decisión que fue parcialmente desfavorable a sus pretensiones.
72. Los demandantes también indicaron que se restó mérito probatorio a los
testimonios y a las certificaciones expedidas por la Alcaldía de Ipiales, que
acreditaban los daños causados a los cultivos.
73. Sin embargo, tales medios probatorios fueron determinantes para considerar
configurada la responsabilidad del Estado, pues en la sentencia cuestionada se
expuso que, aunque no había ninguna prueba técnica que demostrara
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Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
«fehacientemente» que la afectación de los cultivos hubiera sido consecuencia de la
aspersión de glifosato, los testimonios practicados en el proceso y las certificaciones
de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Ipiales
permitían determinar que «la causa muy probable» del daño reclamado fue la
fumigación43.
74. El alegato en cuestión carece de asidero y, en consecuencia, no permite siquiera
sospechar que la providencia cuestionada haya sido arbitraria o caprichosa. Además,
no guarda ninguna relación con la razón de la decisión relativa a los perjuicios
reclamados, sobre la cual, precisamente, recaen las pretensiones de amparo.
75. Por último, los actores adujeron que, como se limitó «en el tiempo el
reconocimiento [d]el lucro cesante», se contravino la sentencia C-750 de 2010, en la
que la Corte Constitucional declaró inexequible tal limitación.
76. El anterior reparo carece de todo desarrollo argumental, pues ni siquiera se
acompañó de la especificación del fundamento de la decisión sobre el lucro cesante
que se pretendía atacar. De ninguna manera permite considerar que tal decisión haya
sido arbitraria o caprichosa, sino que, al igual que los demás reproches de los
accionantes, da cuenta de una simple inconformidad.
77. En suma, los alegatos de los actores, lejos de evidenciar que la providencia
cuestionada derivó en una violación de sus derechos fundamentales, únicamente
demuestran su inconformidad con ella, por lo que se concluye que su propósito es
acceder a una instancia adicional.
78. Finalmente, la Sala advierte que ninguno de los argumentos abordados en
precedencia guarda relación con la decisión que afectó al señor Luis Alveiro Díaz
Erazo: la relativa a su falta de legitimación para reclamar la reparación del daño
43 Textualmente, se expuso lo siguiente: «En el presente caso no existe una prueba técnica que, tras realizar
análisis científicos sobre las plantaciones o sobre el suelo, demuestre fehacientemente que la afectación de los
cultivos sea la consecuencia de la aspersión por glifosato. No obstante, la prueba científica no es la única
conducente o con aptitud demostrativa en la materia y no existe tarifa probatoria legal al respecto. Aunque dicha
prueba técnica tiene una idoneidad y, por lo tanto, conducencia ideal para demostrar la causa de la afectación, la
jurisprudencia de esta corporación ha reconocido que la ausencia de dicho medio de convicción no obsta para
que la relación causal pueda demostrarse por otros medios de prueba. Por lo tanto, los precedentes en la materia
han aceptado que la relación causal sea establecida mediante testimonios e indicios, que permitan
establecer una “causa altamente probable”.
En el caso bajo estudio, tanto los testimonios recaudados, de personas que presenciaron el hecho generador
del daño, como las certificaciones expedidas por la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio
Ambiente del municipio de Ipiales, elaboradas con el apoyo técnico de Gabriel Tucanes indican que los daños
verificados son una “sintomatología causada por la posible fumigación con químico de glifosato, realizada
el 9 de agosto de 2015, ya que para la fecha reportada por el quejoso no existían enfermedades fitosanitarias en
la zona ni el predio objeto de la visita”. (…)
Según la jurisprudencia administrativa, estas pruebas son suficientes para determinar que la causa muy
probable de los daños del grupo demandante fue la fumigación con glifosato. (…) (énfasis añadido)».
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Radicados: 11001-03-15-000-2026-00532-00
11001-03-15-000-2026-00551-00 (acumulado)
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
derivado de la aspersión de glifosato realizada el 9 de agosto de 2015. En
consecuencia, con respecto a ese accionante, las solicitudes de amparo carecen de
todo sustento, por lo que no satisfacen la carga argumentativa necesaria para
considerar que el asunto es constitucionalmente relevante.
79. Por lo anterior, las demandas de tutela presentadas en nombre de José Otoniel
Revelo Morán, de Luis Alveiro Díaz Erazo y de 121 personas más también resultan
improcedentes.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTES las demandas de tutela presentadas en
nombre de los fallecidos Rosa Carmelina Nastacuas Pai, Gloria Rocío Mosquera
Jojoa, José Arquímedes Caballos, María Orfelina Escobar Cumbalaza e Ismenia
Caicedo Larrahondo, así como las instauradas José Otoniel Revelo Morán, Luis
Alveiro Díaz Erazo y 121 personas más.
SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes e intervinientes por el medio
más expedito.
TERCERO. De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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Radicados: 11001-03-15-000-2026-00532-00
11001-03-15-000-2026-00551-00 (acumulado)
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
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