Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00487-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00487-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00487-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
26 de febrero de 2026
Demandantes: José Wilson Hoyos y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00487-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00487-00
Demandantes: JOSÉ WILSON HOYOS Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B
Tema: Tutela contra providencia judicial. Improcedente por no superar
el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Los señores José Wilson Hoyos; José Fidencio Quinisquin; Luz Margarita Coronel
López; Arley Eladio Espinoza Coronel; Olegario Bañol Correa; Lizardo Quisacue
Trochez; Cesar Zambrano Yatacue; Segundo Nazario Chamba Canticus; Marleny
del Socorro Getial y, Luis Alveiro Diaz Erazo1, actuando por intermedio de
apoderada judicial2, iniciaron acción de tutela3 contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B4, en la que solicitaron el amparo de sus derechos
1 Si bien dentro de los poderes allegados se encontró uno suscrito por el señor Raúl Antonio Marín,
lo cierto es que la profesional del derecho Mary Aidé Pantoja Mora aclaró que el mencionado
falleció, razón por la cual ella actúa como agente oficiosa en su nombre.
2 Índice 2 de Samai. Poderes debidamente otorgados por mensaje de datos a la abogada Mary
Aidé Pantoja Mora.
3 Acción de tutela promovida el 26 de enero de 2026, por medio del buzón web del aplicativo de
Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
4 La Sala se encuentra conformada por los magistrados: Fredy Ibarra Martínez y Alberto Montaña
Plata.
1
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Demandantes: José Wilson Hoyos y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00487-00
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de
justicia y de defensa y contradicción.
Las referidas garantías constitucionales las consideraron transgredidas con
ocasión de la sentencia del 18 de julio de 2025, dictada por la autoridad judicial
accionada que confirmó parcialmente la providencial del 29 de agosto de 2018,
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño en el medio de control de
reparación de perjuicios causados a un grupo, identificado con el radicado 52001-
23-33-000-2017-00412-00/01, iniciado por los actores y otros contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, los accionantes solicitaron el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidieron:
[…]
Segundo.- En consecuencia, ordenar al Consejo De Estado-Sala De Lo
Contencioso Administrativo -Sección Tercera -Subsección B, M.P. Dr. ALBERTO
MONTAÑA PLATA, que en segunda instancia analice y le dé el valor probatorio a
todas y cada una de las pruebas aludidas en los hechos de la presente acción que
acreditan la legitimación en causa por activa de mis representados dentro de la
acción de grupo No. 2017-00412, cursante en el H. Tribunal Administrativo de
Nariño – Sala de Decisión y entre a estimar si se les causó daño para ser
acreedores de las pretensiones de la acción.
Tercero.- Se tomen las medidas que se considere necesarias para que cese la
vulneración a los derechos invocados.
Cuarto.- Se ordene al Honorable Consejo De Estado-Sala De Lo Contencioso
Administrativo-Sección Tercera-Subsección B, M.P. Dr. ALBERTO MONTAÑA
PLATA, que, en un término no mayor a 48 Horas, de cumplimiento al fallo de
tutela5.
1.3. Hechos
La Sala encontró los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:
El señor José Wilson Hoyos y los integrantes del grupo de agricultores de las
veredas Argentina; Santa Lucía; Playa; Brisas de Rumiyaco; Empalme;
Amarradero; Libertad; Paraíso de Sapoyaco; Jardines de Sucumbíos y, Brisas del
Gavilán del corregimiento Cofania Jardines de Sucumbíos del municipio de Ipiales
5 Transcripción literal que puede contener errores.
2
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Demandantes: José Wilson Hoyos y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
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(Nariño)6 presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional, con ocasión de los daños sufridos en sus cultivos como
consecuencia de las aspersiones con glifosato realizadas el 9 de agosto de 2015
por la Dirección de Antinarcóticos.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Nariño en providencia del 29 de
agosto de 2018, accedió a las pretensiones de la demanda, en el sentido de
declarar la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada y condenarla al
pago por concepto de daño emergente a 119 de los integrantes del extremo activo
6 Jose Otoniel Revelo Morán, Jeiner Alfonso Zuñiga López, Octavio Felipe Urbano Urbaño, Juanito
Javier Getial Getial, Servio Tulio Figueroa, Luz Deisy Muñoz Parra, Henry López Rojas, Linda
Jazmín Arteaga Benavides, Jean Claude Laso Cuaspud, Juan Efrén Díaz Morales, Marelby López
Rojas, Pedro Marino Delgado, Lilia Sandra Zúñiga López, Julio Getial Getial, Zuleima Biviana Díaz
Benavides, José Elver Pantoja Biana, Pedro Luis Ortiz Sánchez, Aura Emiria Mavisoy Santacruz,
Eberardo Arcesio Cuastumal Montero, María Blanca Yandun, Genaro Polivio Tapia Guerrero,
Tabita Elsa Pinchao de Vallejo, Jesús Amilcar Laso Cerón, Nidia Yolanda Palma, Benito José Abel
Portillo Oliva, Floralba Tapia Guerrero, Mariano Luna Guerrero, Derly Yurani Arteaga Palma,
Alberto Miguel Benavides Pérez, Carmen Luz Vallejos Bastidas, Sigifredo Ospina Lina, Sonia
Amparito Cuaran, Nilzon Madroñero León, Ramiro Papamija Díaz, Yessica Lorena Fajardo Hidalgo,
Félix María Erazo de Tapia, Gabriel Venegas Rueda, María Lucia Chindoy Becerra, Ana Liliana
Cuaran, Nohemí Cerón Muñoz, Alejandro Taicus Bisbicus, Clara Estella Canticus Pascal, Edith
Elena Imbacuan, Juan Carlos Cuaran, Marco Antonio Rodríguez, Erasmo Benavides Quistanchala,
Juana Elizabeth Chamorro López Morro López, Ana Lucia Florez Cerón, Ismenia Caicedo
Larrahondo, Fernando Asdrúbal Alvis Gutiérrez, Pedro Pablo Acosta Cantincus, Héctor Enrique
Cuaran Hernández, María Verónica Yela Madroñero, Rosa Carmelina Nastacuas Pai, Adjemiro
Jiraldo Imbacuan, Jesús Alberto Ramírez Chalparpued, Ruber Amable Sánchez Burbano, María
Estella García Burbano, José Rodolfo Rosero Roja, Uldarico Enriquez Guerrero, Arcenio Montoya
Obando, Jesús Daniel Coronel López, Eli Urbano Samboni, Luz Yanira Ordoñez Anacona, Rosa
Elvira Imbacuan, Mario Pascal Pai, Víctor Nelson Cuaran Toro, Nelson Yovani Lasso Arias, Yudi
Iglet Díaz Quintero, Graciela Navia, Marlon Kelly Fajardo Hidalgo, María Celina Quintero Ropero,
Raúl Antonio Marín, Miguel Ángel Rodríguez Erazo, Mariana de Jesús Paguay Cuaran, Leonardo
Antonio Ortega Escobar, Miguel Arturo Hernández Montaña, Carlos Alberto Gualmatán Cáliz,
Jimmy Javier Marín Valencia, Albeiro Armando Espinosa Coronel, José Gustavo Hernández
Velásquez, Hernando Bermúdez, Carlos Arturo Chapid Cuaran, Rosa Albina Castillo, Gustavo
Martínez Ramíres , María Edilma Zambrano, Luis Alberto Tulcán, Alcides Henao Quintero, Gloria
Roció Mosquera Jojoa, Julio Hernando Cuaran Cuaran, María Rosa Alba Cuaran, María Nidia
Quisacue Trochez, María Nelly Restrepo Murillo, William Prado Chávez, Emilio Chate Ul, Adrián
Armando Hernández, Ángel Armando Hernández, María Orfelina Escobar Cumbalaza, Misael
Antonio Tucanes Inguilan, Nelly Violeta Andí Aviles, Ovidio Bitelmo Hernández Chávez, Florentino
Narváez, Marco Antonio García Guanga, José Francisco Getial, Hugo Ordoñez Bravo, María Gloria
Cueltan Ituyan, Dionicio Eladio Arboleda Cabrera, Segundo Alfonso Guarnica Meneses, Fidel
Sebastián Gelpud Obando, Danny Bayron Calvache Díaz, Mariela Genoveva Martínez Franco,
Yivier Luna Fuentes, Adriana Patricia Zúñiga López, Favio Alexander Benavides Benavides, Jhon
Fernando Ordoñez Anacona, Pedro Eugenio Yela Yela, Ana Deifilia Chávez Bravo, Jorge Germán
Malpud Tulcán, José Floriberto Benavides Morales, Zoila Cruz Cuaran Cuaran, Ángel María
Pinchao Quinsquin, José Arquímedes Ceballos, José Hernando Arteaga Díaz, María Jael Taquez,
Héctor Julio Rojas, Jaime Gabriel Meneses Romo, Arcenio Montoya Obando, Libardo Antonio
Pabón Ramírez, Jaime Ramiro León Rosero, Aura Elisa Rosero Muñoz, Adrián Alfonso León
Bastidas, Jhon Eduard Coral Garzón, José Hernando Mueses Inagan, Pablo Emilio Álvarez, Saulo
Rigoberto Daza Gómez, Segundo Artemio Inagan Lucero, Félix Heriberto Cerón Muñoz, Diego
Giraldo Pinchao Taquez, Leonardo Mueses Yandun, Rebeca Anacona Joaqui, Clemencia León
Sigindoy, Luis Alfonso Mejía, Rosa Elena Calvache, Eusebio Andrés Gelpud, Franco Reimán Díaz
Morales, Edith Luna Fuentes, Segundo Roque Chávez, Aleida Luna Fuentes, Fredy Alexander
Taquez y Apolonio García Guanga.
3
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y negó las súplicas para las siguientes personas: i) José Fidencio Quinisquín; ii)
Luz Margarita Coronel López; iii) Arley Eladio Espinoza Coronel; iv) Raúl Antonio
Marín; v) José Wilson Hoyos; vi) Olegario Banol Correa; vii) William Prado
Sánchez; viii) Lizardo Quisacué Trochez; ix) Cesar Zambrano Yatacué; x) Segundo
Nazario Chanba Canticus; xi) Marleny del Socorro Getial; xii) Luis Alveiro Díaz
Erazo; xiii) Aura Emiria Mavisoy Santacruz; xiv) Miguel Ángel Rodríguez Erazo; xv)
Favio Alexander Benavides; xvi) Jorge Germán Malpud Tulcán; xvii) Arcenio
Montoya Obando y, xviii) Apolonio García Guanga.
En sentencia del 18 de julio de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B confirmó parcialmente la decisión del a quo en el sentido de i)
declarar la falta de legitimación en la causa de: José Fidencio Quinisquín; Luz
Margarita Coronel López; Arlei Eladio Espinoza Coronel; Raúl Antonio Marín; José
Wilson Hoyos; Olegario Banol Correa; William Prado Sánchez; Lizardo Quisacué
Trochez; Cesar Zambrano Yatacué; Segundo Nazario Chanba Canticus; Marleny
del Socorro Getial y, Luis Alveiro Díaz Erazo y, ii) negar las pretensiones respecto
de: Aura Emiria Mavisoy Santacruz; Miguel Ángel Rodríguez Erazo; Favio
Alexander Benavides; Jorge Germán Malpud Tulcán; Arcenio Montoya Obando y,
Apolonio García Guanga.
Como fundamento de ello, explicó que en lo relativo a los que se negó se debía a
que no lograron demostrar que existió un daño, sin embargo, frente a los que no
se encontró acreditada la legitimación fue porque no probaron que para la época
de los hechos tenían la calidad de poseedores o propietarios de los predios que
habían resultado afectados.
Dicho proveído fue notificado electrónicamente el 30 de julio de 2025.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora manifestó que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B vulneró sus derechos fundamentales en el fallo del 18 de julio de 2025 al incurrir
en los siguientes yerros:
Defecto fáctico: sostuvo que, no se adelantó una correcta valoración probatoria de
los medios obrantes en el plenario, en especial los que acreditaban la calidad de
propietarios de los cultivos afectados, como lo fueron las visitas oculares de daños
realizadas por la inspectora de policía de Cofania Jardines de Sucumbíos en
compañía con el técnico de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio
Ambiente del municipio de Ipiales.
A su juicio, tales pruebas «[…] constituyen hechos posesorios y/o de mera
tenencia que facultan a mis representados para reclamar su daño». Además, alegó
4
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que dichas posesiones eran de notorio conocimiento, razón por la cual los
presidentes de junta de las veredas Argentina, el Empalme y Brisas del Gavilán
dieron fe y certeza de ello.
Desconocimiento del precedente: citó un aparte de una sentencia de tutela del
Consejo de Estado, Sección Quinta, identificada con el radicado 11001-03-15-000-
2013-01318-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
1.5. Admisión de la tutela
En auto del 30 de enero del 2026, la Magistrada Ponente admitió la solicitud de
amparo y ordenó notificar a la parte accionante7 y, como parte demandada, a los
magistrados integrantes del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B8.
Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso al grupo de agricultores de las veredas Argentina, Santa
Lucia, Playa, Brisas de Rumiyaco, Empalme, Amarradero, Libertad, Paraíso de
Sapoyaco, Jardines de Sucumbíos y Brisas del Gavilán del corregimiento Cofania
Jardines de Sucumbíos del municipio de Ipiales9; al Tribunal Administrativo de
7 Índice 7 de Samai. La notificación fue enviada a los buzones web: maryaidepm@gmail.com.
8 Índice 7 de Samai. Notificación realizada a los siguientes correos electrónicos:
despacho004s3@consejodeestado.gov.co; lsanchez@consejodeestado.gov.co;
notiffibarra@consejodeestado.gov.co; jgarciab@consejodeestado.gov.co;
despacho004s3@consejodeestado.gov.co; lsanchez@consejodeestado.gov.co;
lsierrae@consejodeestado.gov.co; notiffibarra@consejodeestado.gov.co;
jgarciab@consejodeestado.gov.co; notiftutelas3@consejodeestado.gov.co;
ces3secr@consejodeestado.gov.co.
9 Conformado por: Jose Otoniel Revelo Morán, Jeiner Alfonso Zuñiga López, Octavio Felipe Urbano
Urbaño, Juanito Javier Getial Getial, Servio Tulio Figueroa, Luz Deisy Muñoz Parra, Henry López
Rojas, Linda Jazmín Arteaga Benavides, Jean Claude Laso Cuaspud, Juan Efrén Díaz Morales,
Marelby López Rojas, Pedro Marino Delgado, Lilia Sandra Zúñiga López, Julio Getial Getial,
Zuleima Biviana Díaz Benavides, José Elver Pantoja Biana, Pedro Luis Ortiz Sánchez, Aura Emiria
Mavisoy Santacruz, Eberardo Arcesio Cuastumal Montero, María Blanca Yandun, Genaro Polivio
Tapia Guerrero, Tabita Elsa Pinchao de Vallejo, Jesús Amilcar Laso Cerón, Nidia Yolanda Palma,
Benito José Abel Portillo Oliva, Floralba Tapia Guerrero, Mariano Luna Guerrero, Derly Yurani
Arteaga Palma, Alberto Miguel Benavides Pérez, Carmen Luz Vallejos Bastidas, Sigifredo Ospina
Lina, Sonia Amparito Cuaran, Nilzon Madroñero León, Ramiro Papamija Díaz, Yessica Lorena
Fajardo Hidalgo, Félix María Erazo de Tapia, Gabriel Venegas Rueda, María Lucia Chindoy
Becerra, Ana Liliana Cuaran, Nohemí Cerón Muñoz, Alejandro Taicus Bisbicus, Clara Estella
Canticus Pascal, Edith Elena Imbacuan, Juan Carlos Cuaran, Marco Antonio Rodríguez, Erasmo
Benavides Quistanchala, Juana Elizabeth Chamorro López Morro López, Ana Lucia Florez Cerón,
Ismenia Caicedo Larrahondo, Fernando Asdrúbal Alvis Gutiérrez, Pedro Pablo Acosta Cantincus,
Héctor Enrique Cuaran Hernández, María Verónica Yela Madroñero, Rosa Carmelina Nastacuas
Pai, Adjemiro Jiraldo Imbacuan, Jesús Alberto Ramírez Chalparpued, Ruber Amable Sánchez
Burbano, María Estella García Burbano, José Rodolfo Rosero Roja, Uldarico Enriquez Guerrero,
Arcenio Montoya Obando, Jesús Daniel Coronel López, Eli Urbano Samboni, Luz Yanira Ordoñez
Anacona, Rosa Elvira Imbacuan, Mario Pascal Pai, Víctor Nelson Cuaran Toro, Nelson Yovani
Lasso Arias, Yudi Iglet Díaz Quintero, Graciela Navia, Marlon Kelly Fajardo Hidalgo, María Celina
Quintero Ropero, Raúl Antonio Marín, Miguel Ángel Rodríguez Erazo, Mariana de Jesús Paguay
Cuaran, Leonardo Antonio Ortega Escobar, Miguel Arturo Hernández Montaña, Carlos Alberto
Gualmatán Cáliz, Jimmy Javier Marín Valencia, Albeiro Armando Espinosa Coronel, José Gustavo
5
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
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Nariño10; a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional11; al Ministerio de
Justicia y del Derecho12; al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible13 y al
Instituto Agropecuario Colombiano14.
Por último, le reconoció personería a la abogada Mary Aidé Pantoja Mora para
actuar como apoderada judicial de la parte accionante.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Por medio de informe rendido el 4 de febrero del presente año, el Magistrado
Ponente de la providencia enjuiciada indicó que la sentencia del 18 de julio de
2025 contenía los argumentos y elementos necesarios para que el juez
constitucional tomara la decisión que en derecho correspondiera. En
consecuencia, estaría presto a atender lo que se dispusiera.
Hernández Velásquez, Hernando Bermúdez, Carlos Arturo Chapid Cuaran, Rosa Albina Castillo,
Gustavo Martínez Ramíres , María Edilma Zambrano, Luis Alberto Tulcán, Alcides Henao Quintero,
Gloria Roció Mosquera Jojoa, Julio Hernando Cuaran Cuaran, María Rosa Alba Cuaran, María
Nidia Quisacue Trochez, María Nelly Restrepo Murillo, William Prado Chávez, Emilio Chate Ul,
Adrián Armando Hernández, Ángel Armando Hernández, María Orfelina Escobar Cumbalaza,
Misael Antonio Tucanes Inguilan, Nelly Violeta Andí Aviles, Ovidio Bitelmo Hernández Chávez,
Florentino Narváez, Marco Antonio García Guanga, José Francisco Getial, Hugo Ordoñez Bravo,
María Gloria Cueltan Ituyan, Dionicio Eladio Arboleda Cabrera, Segundo Alfonso Guarnica
Meneses, Fidel Sebastián Gelpud Obando, Danny Bayron Calvache Díaz, Mariela Genoveva
Martínez Franco, Yivier Luna Fuentes, Adriana Patricia Zúñiga López, Favio Alexander Benavides
Benavides, Jhon Fernando Ordoñez Anacona, Pedro Eugenio Yela Yela, Ana Deifilia Chávez
Bravo, Jorge Germán Malpud Tulcán, José Floriberto Benavides Morales, Zoila Cruz Cuaran
Cuaran, Ángel María Pinchao Quinsquin, José Arquímedes Ceballos, José Hernando Arteaga Díaz,
María Jael Taquez, Héctor Julio Rojas, Jaime Gabriel Meneses Romo, Arcenio Montoya Obando,
Libardo Antonio Pabón Ramírez, Jaime Ramiro León Rosero, Aura Elisa Rosero Muñoz, Adrián
Alfonso León Bastidas, Jhon Eduard Coral Garzón, José Hernando Mueses Inagan, Pablo Emilio
Álvarez, Saulo Rigoberto Daza Gómez, Segundo Artemio Inagan Lucero, Félix Heriberto Cerón
Muñoz, Diego Giraldo Pinchao Taquez, Leonardo Mueses Yandun, Rebeca Anacona Joaqui,
Clemencia León Sigindoy, Luis Alfonso Mejía, Rosa Elena Calvache, Eusebio Andrés Gelpud,
Franco Reimán Díaz Morales, Edith Luna Fuentes, Segundo Roque Chávez, Aleida Luna Fuentes,
Fredy Alexander Taquez y Apolonio García Guanga.
10 Índice 7 de Samai. Notificación enviada a: sgtadminnrn@notificacionesrj.gov.co y
secgraltadmpso@cendoj.ramajudicial.gov.co.
11 Índice 7 de Samai: Notificaciones remitidas a: notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co;
notificacion.tutelas@policia.gov.co; segen.consejo@policia.gov.co;
notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co y notificaciones.judiciales@mindefensa.gov.co.
12 Índice 7 de Samai. Notificación realizada a: notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co.
13 Índice 7 de Samai. La notificación fue enviada al buzón:
procesosjudiciales@minambiente.gov.co.
14 Índice 7 de Samai. Notificación remitida a: notifica.judicial@ica.gov.co.
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1.6.2. Ministerio de Justicia y del Derecho
En documento remitido el 4 de febrero de 2026, el apoderado judicial de la cartera
ministerial sostuvo que la acción tutelar se estaba utilizando como una tercera
instancia, buscando reabrir un debate probatorio, por lo cual se debía declarar la
improcedencia por no superar el requisito de relevancia constitucional.
Aunado a lo anterior, explicó que el fallo en cuestión sí valoró adecuadamente las
pruebas obrantes en el proceso, pues identificó individualmente a cada
demandante excluido, enumeró los medios probatorios aportados por cada uno y
analizó su contenido, fecha y alcance probatorio para concluir la falta de
legitimación en la causa por activa para el momento del daño.
Seguido de ello, indicó que existía una diferencia entre no valorar una prueba y
valorar desfavorablemente, lo cual era un ejercicio legítimo de la función
jurisdiccional. Igualmente, puso de presente que la autoridad judicial accionada no
desconoció las visitas oculares ni las certificaciones comunitarias, sino que
determinó que fueron posteriores al hecho dañoso y no acreditaban la posesión
para el 9 de agosto de 2015.
Finalmente, solicitó su desvinculación.
1.6.3. Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
En memorial del 4 de febrero del año en curso, el apoderado judicial de la entidad
argumentó que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la
parte actora, en atención a que el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B realizó un estudio detallado frente a cada uno de los integrantes del
grupo para determinar el daño con pruebas fehacientes.
Así las cosas, pidió que se declarara la improcedencia por no encontrar satisfecho
el requisito de relevancia constitucional.
1.6.4. Instituto Colombiano Agropecuario
En documento del 5 de febrero de 2026, el apoderado judicial del ente comentó
que se debía declarar la improcedencia del mecanismo constitucional, por cuanto
no se avizora la vulneración de las garantías fundamentales, en tanto la decisión
debatida se dictó con estricto apego a las normas aplicables.
Igualmente, señaló que la entidad carecía de legitimación en la causa por pasiva,
razón por la que debía ser desvinculada del trámite.
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1.6.5. Tribunal Administrativo de Nariño
En informe rendido el 3 de febrero de 2026, el titular del Despacho 02 sostuvo que
la acción tutelar no involucraba un asunto de relevancia constitucional, en tanto se
estaba utilizando como una instancia procesal adicional para cuestionar aspectos
de mera legalidad o de apreciación judicial que no comprometían derechos
fundamentales.
Asimismo, explicó que el simple desacuerdo de la parte accionante con el sentido
de la decisión adoptada no constituía un fundamento válido para recurrir a la acción
de tutela como un mecanismo de revisión extraordinaria.
Finalmente, expuso que el mecanismo no cumplía con el requisito de
subsidiariedad dado que le correspondía a la parte actora agotar el recurso
extraordinario de revisión.
1.6.6. Pese a que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el grupo
de agricultores de las veredas Argentina, Santa Lucia, Playa, Brisas de
Rumiyaco, Empalme, Amarradero, Libertad, Paraíso de Sapoyaco, Jardines
de Sucumbíos y Brisas del Gavilán del corregimiento Cofania Jardines de
Sucumbíos del municipio de Ipiales fueron debidamente notificados, guardaron
silencio.
II.CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por el señor José Wilson Hoyos y otros, contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, de conformidad con lo establecido en los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Solicitud de desvinculación
El Ministerio de Justicia y del Derecho; así como el ICA solicitaron su
desvinculación del presente trámite, pues a su juicio, se configura la falta de
legitimación en la causa por pasiva.
No obstante, dichas peticiones serán denegadas, en atención a que no son las
autoridades accionadas en este trámite constitucional y les asiste un interés en las
resultas de la tutela por haber sido entidades demandadas al interior del medio de
control enjuiciado.
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2.3. Legitimación en la causa por activa y agencia oficiosa
De acuerdo con el inciso 2 del artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el
trámite de tutela es posible «[…] agenciar derechos ajenos cuando el titular de los
mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa».
Para que se encuentre procedente la agencia oficiosa, se deben acreditar dos
requisitos, en atención a su carácter excepcional. El primero, es la manifestación
de que el agente está actuando en tal calidad. La segunda, es que exista una
imposibilidad del agenciado de defender directamente sus derechos.
El trámite de tutela fue instituido por el Constituyente de 1991 «[…] como un
mecanismo procesal de protección y garantía constitucional directo, inmediato,
autónomo, informal, preferente y sumario de los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por los
particulares, en los casos legalmente establecidos, y al cual puede acudirse,
exclusivamente, cuando no existan otros medios de defensa judicial, excepto ante
la eventualidad de un perjuicio irremediable que la haga indispensable en forma
transitoria»15.
Tales garantías fundamentales resultan ser inalienables, inherentes y esenciales
al ser humano, las cuales derivan de la condición de sujetos de derecho y
obligaciones que tienen las personas por mera circunstancia de la existencia física.
De manera que, como lo establece el artículo 94 del Código Civil Colombiano «[L]a
existencia de las personas termina con la muerte», reflejando así dos aspectos,
tanto el físico como el jurídico, pues el fallecimiento pone fin a su personalidad y
la persona deja de ser sujeto de derechos.
Las anteriores afirmaciones adquieren relevancia en el asunto sub examine, pues
la abogada Mary Aidé Pantoja Mora pretende hacer valer la legitimación en la
causa por activa respecto del señor Raúl Antonio Marín ya fallecido, en calidad de
agente oficiosa para poder discutir lo sucedido en el medio de control.
Al dar aplicación a los criterios expuestos, la Sala estima que, en el presente caso,
no se dan los presupuestos propios de la agencia oficiosa en materia de tutela,
pues la finalidad que persigue la acción es la de restablecer los derechos
constitucionales conculcados, recuperando para su titular el goce efectivo o, así
mismo, evitando se produzca su vulneración cuando se trata de una amenaza,
15 Corte Constitucional, Sentencia T-249 de 1998.
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cuya existencia física le permitirá al sujeto destinatario de las medidas de amparo,
la protección de las consiguientes garantías solicitadas. Así pues, el fallecimiento
de la persona hace improcedente el amparo de los derechos por la vía tutelar, en
relación con los derechos fundamentales que por su naturaleza son esenciales e
inherentes a su condición humana.
Por consiguiente, no existe legitimación en la causa por activa para el mecanismo
constitucional en lo que atañe a la señora Mary Aidé Pantoja Mora respecto del
señor Raúl Antonio Marín.
No obstante, su legitimación como apoderada judicial del grupo que acude en el
presente trámite seguirá manteniéndose, tal como fue declarado en el auto
admisorio del 30 de enero de 2026. En consecuencia, se continuará adelante con
el análisis frente a estos.
2.4. Problema jurídico
Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas,
corresponde a la Sala resolver:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:
• ¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B vulneró las
garantías invocadas por el señor José Wilson Hoyos y otros con ocasión de
la sentencia del 18 de julio de 2025, dictada en el medio de control de
reparación de perjuicios causados a un grupo, al no reconocerles la
legitimación en la causa por activa?
Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y, (iii) el caso
concreto.
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2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201216
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema17 y declaró su
procedencia.18
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.6. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.6.1. Relevancia constitucional
Para el caso en concreto, la Sala anticipa que declarará la improcedencia de la
presente acción de tutela por carecer de relevancia constitucional, puesto que no
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
17 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
18 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
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cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-
215 de 202219.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen
relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces
de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico,
pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de
su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal20 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
19 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
20 Sentencia SU-573 de 2019.
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exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico21; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional22.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva
de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal23”. En este
orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la
solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales24”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto25, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal26. (Resaltado de la Sala)
2.7. Caso concreto
Los señores José Wilson Hoyos; José Fidencio Quinisquin; Luz Margarita Coronel
López; Arley Eladio Espinoza Coronel; Olegario Bañol Correa; Lizardo Quisacue
Trochez; Cesar Zambrano Yatacue; Segundo Nazario Chamba Canticus; Marleny
del Socorro Getial y, Luis Alveiro Diaz Erazo presentaron acción de tutela por
considerar vulneradas sus garantías fundamentales con ocasión del fallo del 18 de
julio de 2025, dictado por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
en el que se declaró su falta de legitimación en la causa por activa, por no
encontrar acreditado que para la época de los hechos tenían la calidad de
poseedores o propietarios de los predios que habían resultado afectados con la
21 Sentencia SU-103 de 2022.
22 Sentencia SU-103 de 2022.
23 Sentencia SU-103 de 2022.
24 Sentencia SU-128 de 2021.
25 Sentencia SU-573 de 2019.
26 Ibid.
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aspersión de glifosato.
En consecuencia, la parte actora indicó que la autoridad judicial accionada incurrió
en los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente dirigidos a cuestionar
el estudio probatorio, normativo y jurisprudencial realizado que, a su juicio, no
valoró adecuadamente el material suasorio que permitía concluir la calidad de
propietarios o poseedores de los terrenos afectados y, por ende, su legitimación
en la causa por activa.
Se advierte que, tras la revisión de la providencia controvertida, no se
evidencia prima facie vulneración de los derechos fundamentales por parte de la
autoridad judicial demandada, la cual apoyó su decisión en el marco legal y
jurisprudencial y, soportó sus conclusiones en la valoración del acervo probatorio,
como se observa a continuación.
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B en la sentencia del 18 de
julio de 2025, analizó cada una de las situaciones de los 11 integrantes del grupo
frente a los cuales se declaró la falta de legitimación en la causa. Entre las
consideraciones se tuvieron en cuenta las pruebas aportadas, como las
certificaciones de las juntas de acción comunal de cada vereda y de las
autoridades indígenas del correspondiente resguardo, así como contratos de
compraventa.
No obstante, de estas no fue posible determinar la fecha de inicio de la posesión
de los predios, dado que no se indicaba específicamente el tiempo en que ello
sucedió o se certificaban las situaciones bajo periodos posteriores a la ocurrencia
del hecho dañoso.
En consecuencia, se reitera que la valoración de los medios de prueba o la
normativa que soporta la decisión es un ejercicio intelectivo en el que el juez,
aplicando las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia, determina
el valor que asigna a cada prueba y escoge la norma que resulta aplicable al caso
concreto. Lo cual, se encuentra cobijado por la independencia y autonomía que
gozan las autoridades judiciales, por lo que, salvo casos excepcionalísimos, no es
viable su reproche en este trámite judicial.
Por lo tanto, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones vía acción de
tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el debate
planteado por la parte accionante busca mutar el amparo constitucional en una
tercera instancia, en tanto los mismos argumentos planteados en la acción de
tutela fueron los discutidos en las sentencias de primer y segundo grado del medio
de control.
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Desde el ámbito argumentativo, los reparos que son expuestos en el escrito
introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías y hacer un uso de
lenguaje de carácter constitucional, no expone con suficiencia razones de peso
que justifiquen la intromisión del juez constitucional. Máxime cuando no se
observa, a primera vista, la vulneración de los derechos fundamentales por parte
del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
De igual forma, no se evidencia una carga argumentativa mínima en cuanto a la
sentencia citada como desconocida, pues no se indicó siquiera la razón por la cual
debió realizarse el mismo análisis y, por ende, proferir una decisión en igual
sentido, pues tratándose de la sentencia enjuiciada una dictada por una alta corte,
requiere de una fundamentación rigurosa y un mayor análisis que le permita al juez
constitucional revisar si en efecto existió inaplicación de un precedente.
En consecuencia, la controversia propuesta en el escrito de tutelar no es un debate
cuya solución sea competencia del presente juez constitucional. En efecto, la
problemática propuesta obedece a un asunto probatorio en el marco de una
inconformidad de la parte actora con respecto a la decisión adoptada por el juez
que conoció de la causa.
Por las razones expuestas, se declarará la improcedencia de acción de tutela
porque no se encontró satisfecho el requisito de relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación realizadas por el Ministerio
de Justicia y del Derecho y el ICA.
SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de la
señora Mary Aidé Pantoja Mora, en lo referente al señor Raúl Antonio Marín.
TERCERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por
el señor José Wilson Hoyos y otros, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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QUINTO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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