Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00532-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00532-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00532-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00532-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
10 de agosto de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00532-01
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicados: 11001-03-15-000-2026-00532-01
11001-03-15-000-2026-00551-00 (acumulado)
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
Accionado: Consejo De Estado-Sección Tercera-Subsección B
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial-Carácter excepcional. Requisitos generales y
especiales de procedencia. Ausencia de legitimación en la causa por activa y falta de cumplimiento
del requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia
proferida el 8 de mayo de 2026 por el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección
A, mediante la cual se declaró la improcedencia por falta de legitimación en la causa
por activa y de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 27 de enero de 2026, la abogada Mary Aidé Pantoja Mora, como agente oficiosa
de las señoras Rosa Carmelina Nastacuas Pai y Gloria Rocío Mosquera (fallecidas),
y como apoderada de José Otoniel Revelo Morán y otras 47 personas1, formuló acción
de tutela2 contra el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B, con el objetivo
de buscar la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, a la defensa y contradicción y de acceso a la administración de justicia.
1 Octavio Felipe Urbano Urbano, Luz Deisy Muñoz Parra, Juan Efren Diaz Morales, Julio Getial Getial, Zuleima
Biviana Diaz Benavides, Pedro Luis Ortiz Sánchez, Nidia Yolanda Palma, Floralba Tapia Guerrero, Carmen Luz
Vallejos Bastidas, Ramiro Papamija Diaz, Félix María Erazo De Tapia, Ana Lilia Cuaran, Nohemi Ceron Muñoz,
Alejandro Taicus Bisbicus, Clara Estella Cantincus Pascal, Edith Elena Imbacuan, Juan Carlos Cuaran, Marco
Antonio Rodríguez, Erasmo Benavides Quistanchala, Emilio Chate Ul, Segundo Roque Chavez, Aleida Luna
Fuentes, Hernando Bermúdez, Pedro Pablo Acosta Cantincus, Ruber Amable Sánchez Burbano, María Estella
García Burbano, José Rodolfo Rosero Rojas, Víctor Nelson Cuaran Toro, Gustavo Martínez Ramírez, María Edilma
Zambrano, Nelly Violeta Andi Aviles, Ovidio Bitelmo Hernández Chavez, Hugo Ordoñez Bravo, Dionicio Eladio
Arboleda Cabrera, Segundo Alfonso Guarnica Meneses, Mariela Genoveva Martínez Franco, Yivier Luna Fuentes,
Adriana Patricia Zuñiga López, Pedro Eugenio Yela Yela, María Jael Taquez, Jaime Ramiro León Rosero, , Adrián
Alfonso León Bastidas, Pablo Emilio Álvarez, Segundo Artemio Inagan Lucero, Félix Heriberto Ceron Muñoz,
Leonardo Antonio Ortega Escobar y Marelby López Rojas.
2 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia, certificado 100A773F06B24F2A DC0CF76836F28222
0F540C06737058D2 A0AB04DE9AE3ED75.
1
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00532-01
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
El 28 de enero de 2026, la abogada Mary Aidé Pantoja Mora presentó una segunda
solicitud de amparo contra la misma autoridad3. Actuó como agente oficiosa de las
siguientes personas fallecidas: José Arquímedes Ceballos, Gloria Rocío Mosquera
Jojoa, María Orfelina Escobar Cumbalaza, Ismenia Caicedo Larrahondo y Rosa
Carmelina Nastacuas Pai. Igualmente, obró como apoderada de José Otoniel Revelo
Morán y de 40 personas más de la primera demanda de tutela4, y de Luis Alveiro Díaz
Erazo y 77 ciudadanos más5.
2. Hechos
De los escritos de tutela6 y los documentos allegados al expediente se desprenden
los siguientes supuestos fácticos:
2.1. El 9 de agosto de 2017, José Otoniel Revelo y otras 159 personas presentaron
demanda, en ejercicio de la acción de grupo, contra la Nación–Ministerio de Defensa
Nacional–Policía Nacional. Solicitaron que se declarara la responsabilidad patrimonial
de la entidad demandada por los daños que sufrieron los agricultores que integraban
el grupo, con ocasión de la aspersión aérea con glifosato efectuada el 9 de agosto de
2015 en el corregimiento de Cofanía Jardines de Sucumbíos, municipio de Ipiales,
departamento de Nariño.
3 Índice 00002 del expediente digital del radicado 11001031500020260055100, certificado 02C9729165A25B01
034DEDDB4E7FBC89 302A1632C24CDB9F 7F5DB5ED2221E3BA.
4 Octavio Felipe Urbano Urbano, Luz Deisy Muñoz Parra, Juan Efrén Díaz Morales, Julio Getial Getial, Zuleima
Biviana Díaz Benavides, Pedro Luis Ortiz Sánchez, Nidia Yolanda Palma, Floralba Tapia Guerrero, Félix María
Erazo de Tapia, Nohemí Cerón Muñoz, Clara Estella Cantincus Pascal, Edith Elena Imbacuán, Juan Carlos
Cuarán, Marco Antonio Rodríguez, Erasmo Benavides Quistanchala, Pedro Pablo Acosta Cantincus, Ruber
Amable Sánchez Burbano, María Estella García Burbano, José Rodolfo Rosero Rojas, Víctor Nelson Cuarán Toro,
Hernando Bermúdez, Gustavo Martínez Ramírez, María Edilma Zambrano, Nelly Violeta Andi Áviles, Ovidio
Bitelmo Hernández Chávez, Hugo Ordóñez Bravo, Dionicio Eladio Arboleda Cabrera, Segundo Alfonso Guarnica
Meneses, Mariela Genoveva Martínez Franco, Adriana Patricia Zúñiga López, Pedro Eugenio Yela Yela, María
Jael Taquez, Segundo Artemio Inagán Lucero, Félix Heriberto Cerón Muñoz, Aleida Luna Fuentes, Segundo Roque
Chávez, Leonardo Antonio Ortega Escobar, Emilio Chate Ul, Yivier Luna Fuentes y Jaime Ramiro León Rosero.
5 Jeiner Alfonso Zúñiga López, Juanito Javier Getial Getial, Servio Tulio Figueroa, Henry López Rojas, Linda Jazmín
Arteaga Benavides, Jean Claude Laso Cuaspud, Pedro Marino Delgado, Lilia Sandra Zúñiga López, José Elver
Pantoja Biana, Eberardo Arcesio Cuastumal Montero, María Blanca Yandun, Genaro Polivio Tapia Guerrero, Tabita
Elsa Pinchao De Vallejo, Jesús Amilcar Laso Cerón, Mariano Luna Guerrero, Derly Yurani Arteaga Palma, Alberto
Miguel Benavides Pérez, Sigifredo Ospina Luna, Sonia Amparito Cuarán, Nilzon Madroñero León, Gabriel Venegas
Rueda, María Lucía Chindoy Becerra, Juana Elizabeth Chamorro López, Ana Lucía Flores Cerón, Fernando
Asdrúbal Alvis Gutiérrez, María Verónica Yela Madroñero, Adjemiro Jiraldo Imbacuán, Jesús Alberto Ramírez
Chalparpued, Uldarico Enríquez Guerrrero, Jesús Daniel Coronel López, Eli Urbano Sambonícuar, Luz Yanira
Ordóñez Anacona, Rosa Elvira Imbacuán, Mario Pascal Pai, Yudi Iglet Díaz Quintero, Graciela Navia, Marlon Kelly
Fajardo Hidalgo, María Celina Quintero Ropero, Mariana De Jesús Paguay Cuarán, Miguel Arturo Hernández
Montaña, Carlos Alberto Gualmatan Caliz, Albeiro Armando Espinosa Coronel, José Gustavo Hernández
Velasquez, Carlos Arturo Chapid Cuarán, Rosa Albina Castillo, Luis Alberto Tulcán, Alcides Henao Quintero, Julio
Hernando Cuarán Cuarán, María Nidia Quisacue Trochez, María Nelly Restrepo Murillo, Adrián Armando
Hernández, Ángel Armando Cerón Meza, Misael Antonio Tucanes Inguilan, Florentino Narváez, Marco Antonio
Garcia Guanga, José Francisco Getial, María Gloria Cueltan Ituyan, Fidel Sebastián Gelpud Obando, Danny
Bayron Calvache Díaz, Jhon Fernando Ordóñez Anacona, Ana Delfila Chávez Bravo, José Floriberto Benavides
Morales, Zoila Cruz Cuarán Cuarán, José Hernando Arteaga Díaz, Jaime Gabriel Meneces Romo, Aura Elisa
Rosero Muñoz, Jhon Eduard Coral Garzón, José Herrnando Mueses Inagan, Saulo Rigoberto Daza Gómez, Diego
Giraldo Pinchao Taques, Rebeca Anacona Joaqui, Clemencia León Sigindoy, Luis Alfonso Mejía, Rosa Elenia
Calvache, Eusebio Andrés Gelpus, Franco Reiman Díaz Morales y Edit Luna Fuentes.
6Índice 00002 del expediente digital de primera instancia, certificado
00A773F06B24F2ADC0CF76836F282220F540C06737058D2A0AB04DE9AE3ED75; índice 00002 del
expediente 11001-03-15-000-2026-00551-00, certificado
02C9729165A25B01034DEDDB4E7FBC89302A1632C24CDB9F 7F5DB5ED2221E3BA
2
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00532-01
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
2.2. Mediante sentencia del 29 de agosto de 20187, el Tribunal Administrativo de
Nariño accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En concreto, declaró
la responsabilidad patrimonial de la Nación–Ministerio de Defensa Nacional–Policía
Nacional por los daños derivados de la aspersión con glifosato. Aunque negó las
pretensiones respecto de 41 integrantes del grupo, reconoció, en favor de las otras
119 personas, la indemnización correspondiente al daño emergente.
2.3. Tanto el grupo demandante como la Nación–Ministerio de Defensa Nacional–
Policía Nacional interpusieron recurso de apelación contra la sentencia del 29 de
agosto de 2018.
2.4. Por medio de la sentencia del 18 de julio de 20258, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado modificó parcialmente el fallo de primera instancia. En
la parte resolutiva adoptó, en síntesis, las siguientes determinaciones:
(i) Declaró la falta de legitimación en la causa de José Fidencio Quinisquín; Luz
Margarita Coronel López; Arlei Eladio Espinoza Coronel; Raúl Antonio Marín;
José Wilson Hoyos; Olegario Banol Correa; William Prado Sánchez; Lizardo
Quisacué Trochez; Cesar Zambrano Yatacué; Segundo Nazario Chanba
Canticus; Marleny del Socorro Getial y Luis Alveiro Díaz Erazo. De manera que
estas personas fueron excluidas del grupo que obtendrá la reparación de
perjuicios.
(ii) Negó las pretensiones de la demanda respecto de Aura Emiria Mavisoy
Santacruz, Miguel Ángel Rodríguez Erazo, Favio Alexander Benavides, Jorge
Germán Malpud Tulcán, Arcenio Montoya Obando y Apolonio García Guanga.
Estas personas también fueron excluidas del grupo que obtendrá la reparación
de los perjuicios.
(iii) Declaró la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía
Nacional por los daños causados al grupo demandante derivados de la aspersión
de glifosato el 9 de agosto de 2015.
(iv) Condenó a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a reparar el lucro
cesante al grupo demandante por la afectación de los cultivos y plantaciones,
con exclusión de quienes carecían de legitimación en la causa y de a quienes se
negaron las pretensiones de la demanda. Se dispuso que este perjuicio debía
liquidarse mediante el trámite incidental, conforme fue ordenado en la parte
motiva de la providencia.
(v) Negó las demás pretensiones de la demanda.
Para sustentar esa decisión, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado señaló que un grupo conformado por 160 personas había solicitado la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a sus
cultivos como consecuencia de la aspersión aérea con glifosato que tuvo lugar, el 9
7 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia, certificado EEB62BF6A4CE87BB 4D585E6A98C4A760
34072C55499A7605 6DA4862920A9DB69, p. 1-114.
8 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia, certificado EEB62BF6A4CE87BB 4D585E6A98C4A760
34072C55499A7605 6DA4862920A9DB69, p. 129-159.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00532-01
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
de agosto de 2015, en diez veredas del corregimiento de Cofanía, municipio de Ipiales,
Nariño.
Precisó que el tribunal de primera instancia había negado las pretensiones respecto
de 41 integrantes del grupo y declarado la responsabilidad estatal frente a los demás.
En consecuencia, atribuyó el daño a la Nación–Ministerio de Defensa Nacional–
Policía Nacional y profirió una condena en concreto, limitada a la indemnización del
daño emergente.
En relación con los recursos de apelación, indicó que el grupo demandante cuestionó
la negativa de las pretensiones respecto de algunos de sus integrantes, así como la
falta de reconocimiento de los demás perjuicios solicitados. A su turno, la Policía
Nacional controvirtió la legitimación en la causa de varios demandantes y la
responsabilidad que le fue atribuida. De manera subsidiaria, solicitó que una eventual
condena se impusiera de forma solidaria a las demás entidades vinculadas y que el
perjuicio indemnizable se limitara al lucro cesante.
La autoridad judicial accionada concluyó que las doce personas previamente
identificadas carecían de legitimación en la causa por activa, pues no demostraron
que, para la fecha de la aspersión, fueran propietarias o poseedoras de los predios
afectados. En cuanto a los demás integrantes del grupo, consideró acreditados los
elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, advirtió que
seis de ellos no demostraron la existencia del daño, razón por la cual los excluyó de
la reparación. Finalmente, ante la falta de certeza sobre la cuantía de los perjuicios,
profirió condena en abstracto.
En particular, tuvo por probado el hecho generador del daño, consistente en las
labores de aspersión aérea con glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos,
efectuadas el 9 de agosto de 2015. Asimismo, calificó la afectación de los cultivos de
los demandantes como un «daño ambiental impuro», pues correspondía a las
consecuencias concretas que el menoscabo del medioambiente produjo sobre
determinadas personas o sus bienes.
No obstante, respecto de las seis personas antes mencionadas, concluyó que no se
acreditó el daño, dado que no obraba certificación expedida por la Secretaría de
Agricultura, por la inspectora de Policía ni otro medio probatorio que ofreciera certeza
sobre la existencia de los cultivos y su afectación.
En cuanto al nexo causal entre el daño y la aspersión con glifosato, explicó que, pese
a la ausencia de prueba técnica, resultaba posible acudir a testimonios e indicios para
establecer una causa altamente probable. Con ese propósito, valoró las declaraciones
de quienes presenciaron el hecho dañoso; las certificaciones expedidas por la
Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del municipio de Ipiales
y por la inspectora de Policía, así como los interrogatorios rendidos por esta última y
por el técnico agropecuario que acompañó las visitas a los predios.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00532-01
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
Respecto de la causal eximente de responsabilidad relativa al hecho exclusivo de la
víctima, la Subsección B de la Sección Tercera sostuvo que correspondía a la Policía
Nacional demostrar, mediante prueba técnica y con un alto grado de certeza, la
presencia de cultivos ilícitos en los predios afectados. Como la entidad no satisfizo
esa carga probatoria, se apartó de la decisión de primera instancia, que había excluido
de la reparación a 17 integrantes del grupo por la supuesta existencia de tales cultivos.
Al respecto, consideró que las pruebas documentales aportadas por la Policía
Nacional no ofrecían el mismo grado de convicción que los demás elementos de juicio
obrantes en el expediente.
Por último, concluyó que se acreditó una falla del servicio, consistente en la ejecución
indiscriminada de la aspersión, sin la identificación previa y precisa de los cultivos
ilícitos. Además, señaló que la Policía Nacional no demostró que hubiera adelantado
labores de planeación dirigidas a limitar los efectos nocivos de la fumigación ni que
hubiera adoptado medidas posteriores para contener los efectos adversos del
glifosato.
Con fundamento en lo anterior, consideró reunidos los presupuestos necesarios para
declarar la responsabilidad patrimonial de la Policía Nacional, entidad encargada de
ejecutar las actividades de erradicación de cultivos ilícitos. Como el daño no resultaba
imputable a las demás entidades vinculadas al proceso, descartó la procedencia de
una condena solidaria.
3. Pretensiones y argumentos de las solicitudes
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
11001-03-15-000-2026-00532-00 11001-03-15-000-202600551-00
“Primero.- Tutelar los derechos fundamentales “Primero.- Tutelar los derechos fundamentales a
a la igualdad, debido proceso, de defensa, la igualdad, debido proceso, de defensa,
contradicción y acceso a la administración de contradicción y acceso a la administración de
justicia y los demás derechos fundamentales que justicia y los demás derechos fundamentales que
se consideren vulnerados a mis poderdantes con se consideren vulnerados a mis poderdantes con
el estudio de la presente acción. el estudio de la presente acción.
Segundo.- En consecuencia, ordenar al Consejo Segundo.- En consecuencia, ordenar al Consejo
De Estado-Sala De Lo Contencioso De Estado-Sala De Lo Contencioso
Administrativo -Sección Tercera -Subsección B, Administrativo -Sección Tercera -Subsección B,
M.P. Dr. ALBERTO MONTAÑA PLATA, que M.P. Dr. ALBERTO MONTAÑA PLATA, que
reconozca y ordene el pago de la reparación de reconozca y ordene el pago de una reparación
la reparación integral del daño ( daño emergente integral del daño (daño emergente y lucro
y lucro cesante) y en el evento que el Juez cesante) causado a todos y cada uno de mis
constitucional considere que no es procedente mandantes, a causa de la destrucción de sus
reconocer la reparación del daño emergente, se cultivos lícitos que fueron destruidos con la
les reconozca a mis mandantes la reparación del aspersión aérea con glifosato realizada el día 9
del lucro cesante en su primera producción de los de agosto de 2015 por avionetas de la policía
cultivos de pastos y/o potreros de propiedad de nacional,
mis poderdantes, tal como se reconoció para los Tercero.- Se tomen las medidas que se
demás cultivos afectados de propiedad del grupo considere necesarias para que cese la
de agricultores afectados con la aspersión aérea vulneración a los derechos invocados.
con glifosato realizada el día 9 de agosto de 2015 Cuarto.- Se ordene al Honorable Consejo De
por avionetas de la policía nacional. Estado-Sala De Lo Contencioso
Tercero.- Se tomen las medidas que se AdministrativoSección Tercera-Subsección B,
considere necesarias para que cese la M.P. Dr. ALBERTO MONTAÑA PLATA, que, en
vulneración a los derechos invocados.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00532-01
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
Cuarto.- Se ordene al Honorable Consejo De un término no mayor a 48 Horas, de
Estado-Sala De Lo Contencioso cumplimiento al fallo de tutela.”
AdministrativoSección Tercera-Subsección B,
M.P. Dr. ALBERTO MONTAÑA PLATA, que, en
un término no mayor a 48 Horas, de
cumplimiento al fallo de tutela.”
Para sustentar sus solicitudes, la parte actora alegó lo siguiente:
3.1. Escrito de tutela del proceso 11001-03-15-000-2026-00532-00
Sostuvo que la sentencia del 18 de julio de 2025 negó el reconocimiento de la
reparación del daño emergente de los cultivos, así como que solo reconoció la primera
producción de los cultivos por lucro cesante, lo que revictimizaba a los accionantes.
Adujo que la decisión era errada, pues con la primera cosecha no se recuperaba la
inversión de instalación y sostenimiento de los cultivos afectados. Sumado a que la
falta de reconocimiento de daño emergente significaba negar el derecho a la
reparación integral, más aún cuando estaba demostrado documentalmente el daño
causado por las aspersiones aéreas, a las cuales se les quitó su valor probatorio.
Frente al reconocimiento del lucro cesante en su primera producción, se sostuvo que
el fallo se sustentó únicamente en la lógica y la experiencia, sin soporte técnico, lo
cual resultaba inaplicable a cultivos de larga duración cuyo ciclo productivo oscila
entre diez y veinticinco años. De manera que insistieron que con la primera cosecha
no se recupera la inversión de instalación. Añadió que no se le otorgó valor probatorio
a las documentales de visitas oculares realizadas por funcionarios de la alcaldía
municipal de Ipiales (quienes comparecieron a audiencia), en las cuales se indica que
se demostraron los daños causados a los cultivos de pasto y potreros. Agregó que en
las visitas de la inspectora de Cofanía Jardines de Sucumbíos y el técnico ambiental
de la Secretaría de Agricultura del municipio de Ipiales se determinaron la cantidad y
clase de cultivos afectados y la muerte de semovientes del señor Héctor Enrique
Cuarán Hernández.
Asimismo, se aseveró que la decisión acusada rompió el principio de imparcialidad y
generó un trato discriminatorio, al excluir de la indemnización los cultivos de pasto y
negar la reparación integral de los demás cultivos lícitos, los cuales eran el sustento
directo de las familias campesinas quienes esperaban un beneficio de los cultivos que
no recibieron.
Sumado a lo anterior, invocaron la vulneración de los artículos 1, 2,13, 25, 64, 65 y 90
de la Constitución, que consagran la función social de la propiedad, la especial
protección al campesinado y la obligación estatal de promover el desarrollo rural.
Asimismo, indicaron que ocurrió una indebida aplicación del principio de equidad sin
motivación suficiente al haber rechazado el reconocimiento de la reparación. Lo
anterior, implicaba el desconocimiento del principio de reparación integral (sentencias
C-242 de 2012 y C-732 de 2000). Sumado a que se excluyó la naturaleza del lucro
cesante, pues se exigía únicamente una probabilidad objetiva y razonable, más no
6
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00532-01
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
certeza absoluta. En esta línea, exigir contratos previos correspondía a desconocer la
realidad mercantil agrícola, requiriendo acreditar lo imposible. Asimismo, resaltó que
la decisión afectó el mínimo vital de las familias campesinas, las cuales correspondían
a sujetos de especial protección.
Por último, sostuvo que la decisión acusada difería de lo señalado por la Corte
Constitucional en sentencia C-750 de 2015, en lo relativo a la inexequibilidad de limitar
en el tiempo el lucro cesante, así como el artículo 399 del Código General del Proceso.
3.2. Escrito de tutela del proceso 11001-03-15-000-2026-00551-00
Se reiteraron los argumentos del primer escrito de tutela respecto a la limitación del
lucro cesante a la primera producción y la negativa a reconocer el daño emergente.
La actora profundizó en que se negó el reconocimiento de este último tipo de perjuicio
conforme a la lógica y la experiencia, sin sustento técnico-profesional. Insistió en que
se debían diferenciar los cultivos afectados, pues su edad productiva era distinta.
En esencia, se estima que se replicaron las consideraciones expuestas en la tutela ya
descrita para argumentar la necesidad del reconocimiento del daño emergente:
documentalmente se había demostrado el daño causado; debido a que los cultivos
tenían una edad productiva diferenciada, no se recuperaba la inversión con la primera
producción; se revictimizaba a los accionantes; se vulneraba el principio de
imparcialidad, pues se impactaba el mínimo vital y subsistencia digna de familias
campesinas; inobservancia de los artículos 1.º, 13, 25, 64 y 65 constitucionales sobre
la función social de la propiedad; contravención del derecho a la reparación integral;
el daño se encontraba demostrado mediante las actas de visita de los funcionarios de
la alcaldía del municipio de Ipiales y las pruebas testimoniales; la indebida aplicación
del principio de equidad sin motivación suficiente; se desconoció la naturaleza del
lucro cesante y el exigir contratos ignoraba la realidad mercantil agrícola.
Sumado a que se estaba afectando la reparación de campesinos, por lo que se
vulneraban los artículos 1, 2, 13, 25, 64, 65 y 90 de la Constitución.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Trámite del proceso 11001-03-15-000-2026-00551-00 y acumulación
4.1.1. Mediante auto del 3 de febrero de 20269, el Consejo de Estado-Sección Primera
admitió la acción de tutela y vinculó como terceros con interés al Tribunal
Administrativo de Nariño y a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional,
asimismo, se reconoció personería a la apoderada de la parte actora.
9 Índice 00004 del expediente 11001031500020260055100, certificado 6C1A3CD948E3ADF3
A6C63A0A00B5C979 B1A0D0360A8799B2 6B06E76FA93FCFD3.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00532-01
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
4.1.2. Por auto del 9 de marzo de 202610, el despacho ponente del Consejo de Estado-
Sección Primera remitió la acción al consejero encargado Fernando Alexei Pardo
Flórez, para que estudiara la procedencia de acumular los trámites de tutela. Lo
anterior, en razón de que el consejero Alberto Montaña Plata, ponente de la
providencia acusada, y el Tribunal Administrativo de Nariño habían informado sobre
la existencia de otras dos acciones de tutela por los mismos hechos (Rads. 11001
0315 000 2026 00487 00 y 11001 0315 000 2026 00532 00).
4.1.3. Mediante auto del 24 de marzo de 202611, el despacho ponente del Consejo de
Estado-Sección Tercera-Subsección A ordenó acumular el proceso 11001-03-15-000-
2026-00551-00 al identificado con el radicado 11001-03-15-000-2026-00532-00.
4.2. Trámite del proceso 11001-03-15-000-2026-00532-00
4.2.1. Mediante auto del 30 de enero de 202612, el despacho ponente del Consejo de
Estado-Sección Tercera-Subsección A admitió la acción de tutela y tuvo como
accionado al Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B; ordenó notificar a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; vinculó al trámite al Ministerio de
Defensa Nacional-Policía Nacional y a las demás personas que intervinieron en la
acción de grupo con radicado 52001-23-33-000-2017-00412-00/01, en calidad de
terceros con interés; comisionó al Tribunal Administrativo de Nariño para la
notificación de dichos sujetos procesales y le ordenó que remitiera copia del
expediente del proceso de la acción de grupo; reconoció personería a la abogada
Mary Aidé Pantoja Mora para actuar en la presente acción y le requirió aportar los
poderes especiales otorgados por los señores Jaime Ramiro León Rosero, Adrián
Alfonso León Bastidas y Pablo Emilio Álvarez, con el fin de promover la solicitud de
amparo en su representación.
4.2.2. Mediante auto del 25 de febrero de 202613, el despacho ponente del Consejo
de Estado-Sección Tercera-Subsección A advirtió que el Tribunal Administrativo de
Nariño no había dado cumplimiento en debida forma al despacho comisorio, puesto
que únicamente notificó al Ministerio de Defensa-Policía Nacional, la Procuraduría 156
Judicial II Administrativo y la Defensoría del Pueblo Regional Nariño. No obstante, en
el trámite ordinario intervinieron 112 personas adicionales a las accionantes como
demandantes y el Instituto Colombiano Agropecuario, así como los Ministerios de
Justicia y del Derecho y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como llamados en
garantía.
En consecuencia, ordenó a la Secretaría General del Consejo de Estado que notificara
al Instituto Colombiano Agropecuario y a los Ministerios de Justicia y del Derecho y de
10 Índice 00017 del expediente 11001031500020260055100, certificado 358398B194460A8B
B3E01DA9D4952D50 9EF87C3930B2EC7C 3F94E92EB74B297B.
11 Índice 00023 del expediente 11001031500020260055100, certificado
316311A4049595A8E2936634B7F72CB31508A E4E67ADFDE6 9F6F252D49A103A9.
12 Índice 00004 del expediente digital de primera instancia, certificado BE1F329EB10638BA 3E727A124491592A
7621BB4B0C8484C1 492FE09F0F4A23D7.
13 Índice 00021 del expediente digital de primera instancia, certificado 5282643114B82D83 44DE3D1B31196A44
1907F94C24B60425 CE303E91B4449E7D.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00532-01
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como a las 112 personas que actuaron como
demandantes en el proceso de origen. Para este propósito, dispuso oficiar a la
abogada Mary Aidé Pantoja Mora con el fin de obtener las direcciones físicas o
electrónicas correspondientes, y se previó que, en caso de no lograrse la notificación,
la Secretaría debía publicar un aviso sobre la existencia del trámite, permitiendo que
dentro de los dos días siguientes los interesados pudieran pronunciarse frente a la
solicitud de amparo.
4.2.3. La abogada Mary Aidé Pantoja Mora14 remitió al despacho las direcciones
físicas y electrónicas de los demandantes del proceso. No obstante, manifestó que
respecto de algunos de ellos no contaba con direcciones electrónicas ni teléfono
celular15.
4.2.4. En todo caso, el 13 de marzo de 2026, la Secretaría General del Consejo de
Estado publicó aviso16 mediante el cual se informó a los señores Rosa Albina Castillo,
César Augusto Méndez Becerra y a los demás terceros con interés acerca de la
existencia del trámite constitucional y del contenido del auto de 25 de febrero de 2026.
En virtud de lo anterior, en criterio de esta Sala se entiende que con el referido aviso
se aseguró que todos los sujetos procesales con interés en el asunto tuvieran
conocimiento de la actuación y pudieran ejercer, en igualdad de condiciones, su
derecho de defensa y contradicción.
4.3. Intervenciones
Surtidas las notificaciones de rigor, se recibieron las siguientes intervenciones:
4.3.1. El 4 de febrero de 202617, la abogada Mary Aidé Pantoja Mora presentó el poder
especial otorgado por Jaime Ramiro León Rosero y excluyó a los señores Adrián
Alfonso León Bastidas y Pablo Emilio Álvarez de dicha representación.
4.3.2. El consejero Alberto Montaña Plata18, en condición de ponente del fallo
acusado, señaló que la providencia cuestionada y el expediente de esta contienen la
información necesaria para resolver la solicitud de amparo.
4.3.3. El Tribunal Administrativo de Nariño19 sostuvo que la acción de tutela no
cumplía con los requisitos de procedencia de tutela contra providencia judicial pues
no planteaba un asunto de relevancia constitucional, sino un debate de mera legalidad
14 Índice 00032 del expediente digital de primera instancia, certificado DB415F1DF34800E591385373AAD5E866
E0748CAB7558791BDCF762C4D5BBC532.
15 La secretaría dirigió notificación del auto del 30 de enero de 2026 a las direcciones electrónicas de los terceros
con interés. Cfr. Índice 00033 del expediente digital de primera instancia.
16 Índice 00035 del expediente digital de primera instancia, certificado E31AC52F3CDAAAD3594C137AC7950A94
DAA4BD89808A9CF61B7327500958ED4E.
17 Índice 00016 del expediente digital de primera instancia.
18 Índice 14 del expediente digital de primera instancia, certificado 2F02C5DEDA00CD5B D93D82BABCA4A516
C3C7643EF8F558F5 2E97FC5945C87515.
19 Índice 00017 del expediente digital de primera instancia, certificado 3435DDFD196C8908 692FC8A89A57B2D2
DD0A59CC67038F09 EBF263FB6EBB1DE1.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00532-01
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
que no comprometía derechos fundamentales. Expuso que la acción de tutela no
podía constituir una instancia adicional en detrimento de la seguridad jurídica.
Además, señaló que tampoco se satisfacía el requisito de subsidiariedad, dado que
correspondía a la parte actora agotar previamente el recurso extraordinario de revisión
contra la decisión cuestionada, conforme al precedente de la Corte Constitucional en
sentencia SU 026 de 2021. En esta línea, de acuerdo con el precedente constitucional,
indicó que la tutela contra una providencia judicial proferida por una alta corte exigía
un estudio riguroso de procedibilidad, pero el asunto se circunscribía a reabrir el
debate procesal. Por último, informó de la existencia de la tutela
11001031500020260048700.
4.3.4 El Ministerio de Defensa-Policía Nacional20 alegó que la decisión de segunda
instancia se adoptó conforme a derecho. Por ello, solicitó negar la tutela, al considerar
que las pretensiones carecen de sustento frente a lo actuado y decidido en la
sentencia. Agregó que la tutela no era un mecanismo para cuestionar la actividad
interpretativa ni la valoración probatoria del juez y menos para proponer cuestiones
que no fueron alegadas oportunamente en el trámite ordinario. Sumado a que era
claro que la acción perseguía un fin económico, de manera que el asunto no gozaba
de relevancia constitucional. También sostuvo que no existía perjuicio irremediable
ocasionado a la parte actora. Por último, pidió estudiar una posible temeridad debido
a la existencia de otra acción de tutela impetrada por la apoderada contra la misma
sentencia (radicado 11001-03-15-000-2026-00487-00).
4.3.5 El Instituto Colombiano Agropecuario - ICA21 pidió declarar la improcedencia
del amparo, pues se buscaba reabrir un debate judicial que contaba con una decisión
ejecutoriada. Sumado a que las decisiones cuestionadas se habían apegado a las
normas que regulaban la materia. Sin perjuicio de lo anterior, solicitó su desvinculación
por falta de legitimación en la causa por pasiva, por no tener incidencia sobre las
pretensiones adoptadas en la tutela, ni corresponderle la aspersión aérea de glifosato.
4.3.6. El Ministerio de Justicia y del Derecho22 solicitó su desvinculación por falta
de legitimación en la causa por pasiva, por no haber intervenido en la acción de grupo;
alegó la improcedencia de la acción por el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad (aclaración o adición, recurso extraordinario de revisión o incidentes
ante irregularidades sustanciales). En caso de no accederse a lo anterior, pidió que
se negara el amparo por no configurarse defecto fáctico ni vulneración de derechos
fundamentales.
20 Índice 00018 del expediente digital de primera instancia, certificado 77C76EE6A9E8064B A5A7C3F0A5719BF9
DE2C4F06F9066F6B 34FACC4A5AFF3FCD.
21 Índice 00026 del expediente digital de primera instancia, certificado C25069522AAE3286 1792B5667382AE59
BBE188D73C981A09 0A2A2DD213C7A396.
22 Índice 28 del expediente digital de primera instancia, certificado C8FC53D32C0125DF 17BBC598E511937D
55842603508ACDE8 592FBCFFB0651998.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00532-01
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
4.3.7. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible23 indicó que no se
cumplían con las cargas argumentativas necesarias para una tutela contra providencia
judicial. Sostuvo que en realidad se desconocían las etapas de la acción de grupo en
relación con un asunto probatorio en el marco de una inconformidad respecto de la
decisión adoptada mediante providencia judicial, de manera que las pretensiones no
tenían vocación de prosperidad. Además, puso de presente la existencia del proceso
de radicado 11001-03-15-000-2026-00487-00.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 8 de mayo de 202624, el Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección A declaró la improcedencia de la acción por no cumplir con el requisito de
legitimación en la causa por activa para algunos de los accionantes, ni de relevancia
constitucional.
En primer lugar, el a quo constitucional examinó si la parte actora había incurrido en
una actuación temeraria, dado que la providencia cuestionada ya había sido objeto de
otra acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2026-00487-00. Al respecto,
concluyó que no había identidad plena de las partes, pues la mayoría de los
accionantes eran distintos a los de la tutela anterior, salvo el caso del señor Luis
Alveiro Díaz Erazo. No obstante, en cuanto a este último, se determinó que no existía
identidad de objeto, ya que en la primera acción se discutía su legitimación en la causa
y en el presente asunto se reclamaba una indemnización por daño emergente y lucro
cesante. En consecuencia, se descartó la temeridad.
En lo relativo a la legitimación en la causa por activa, la Sala determinó que la abogada
Mary Aidé Pantoja Mora no estaba facultada para promover la protección de los
derechos fundamentales, como agente oficiosa, de Rosa Carmelina Nastacuas Pai,
Gloria Rocío Mosquera Jojoa, José Arquímedes Caballos, María Orfelina Escobar
Cumbalaza e Ismenia Caicedo Larrahondo. Esto se debe a que, al fallecer dichas
personas perdieron la titularidad de sus derechos y dejaron de ser susceptibles de
agencia oficiosa. Además, la abogada no identificó a sus sucesores procesales ni
allegó poderes que la habilitaran para actuar en representación de ellos. Por tanto,
operaba la improcedencia respecto de las solicitudes de tutela presentadas en
relación con las personas previamente referenciadas.
Ahora bien, el a quo constitucional concretó que en cuanto a las demandas de tutela
presentadas por la referida profesional del derecho en representación de José Otoniel
Revelo Morán, Luis Alveiro Díaz Erazo y de 121 personas más, se allegaron los
poderes especiales otorgados por ellos. Dichos poderes cumplían con las exigencias
legales para ejercer la acción de tutela, razón por la cual se acreditó debidamente la
legitimación en la causa por activa.
23 Índice 00029 del expediente digital de primera instancia, certificado 9CC7BE521CE0B4D8 4E5AC8399193486D
1EBB7EC8D0CE2B7F 1377655BCB320F14.
24 Índice 00041 del expediente digital de primera instancia, certificado 69B9C381150CF42C 0AF76EDE5C4984EF
644937F80D0C07C2 E4120AACF6CE0DDE .
11
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00532-01
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
Por otro lado, en cuanto al requisito de relevancia constitucional, se descartó su
cumplimiento bajo las siguientes consideraciones. En primera medida, se explicó que
la decisión sobre el lucro cesante no se sustentó únicamente en la lógica y la
experiencia, como alegaban los demandantes, sino que se apoyó en un dictamen
pericial y en precedentes judiciales de la misma corporación. Por ello, los reproches
de la parte actora carecían de sustento, pues no se evidenció una actuación arbitraria
o caprichosa.
De igual forma, respecto del daño emergente, la Sala indicó que la negativa a
reconocerlo se basó en precedentes y en la regla de que los gastos de producción de
un cultivo se recuperan con la venta de sus frutos, de donde tampoco se evidenciaba
capricho. Más aún, se advertía que la intención de los accionantes correspondía a que
se mutara la decisión sobre dicho perjuicio, sin sustento constitucional.
En cuanto a la exclusión de los cultivos de pasto, se aclaró que esta obedeció al
incumplimiento de la carga probatoria, ya que no se acreditó su explotación comercial.
Finalmente, en relación con que se restó mérito a los testimonios y las certificaciones
de la alcaldía de Ipiales, el a quo constitucional resaltó que dichos medios de prueba
fueron determinantes para estimar configurada la responsabilidad estatal. En este
sentido, el argumento formulado no permitía considerar que la providencia hubiera
sido arbitraria o caprichosa. Por último, se mencionó que existía una falta de carga
argumentativa que fundamentara la tesis relativa al desconocimiento de la sentencia
C-750 de 2010 [SIC].
En conclusión, la Sala determinó que los planteamientos de los accionantes reflejaban
únicamente inconformidad con la decisión judicial, sin trascendencia constitucional,
razón por la cual la acción de tutela resultaba improcedente ya que se pretendía
generar una instancia adicional. Asimismo, se resaltó que ninguno de los argumentos
formulados se dirigió a controvertir la falta de legitimación del señor Luis Alveiro Díaz
Erazo en el trámite ordinario, de ahí que no resultaba procedente entrar a analizarlo.
6. Impugnación25
La apoderada de la parte actora impugnó el fallo del 8 de mayo de 2026. Para
sustentar su inconformidad, reiteró que se negó el reconocimiento del daño emergente
con base en un análisis ajeno a la realidad, así como el daño causado a los cultivos
de pasto, puesto que no se demostró que eran para uso comercial.
Ahora bien, como fundamentos de su impugnación, sostuvo que no buscaba una
instancia adicional, sino que el juez protegiera los derechos de los accionantes.
Sostuvo que estos eran objeto de revictimización, pues solo se les reconoció el valor
de lucro cesante en su primera producción, bajo la premisa de que con ello se
recuperaba la inversión. Argumentó que este razonamiento se alejaba de la realidad
y era técnicamente inaceptable en cultivos de larga duración. Además, advirtió que el
25Índice 47 del expediente de primera instancia, certificado B8FF34E4506881BA C94E0AE086A0E872
2AE36F8B0C68D07A 8B33DFDDD825FEB7.
12
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00532-01
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
precedente citado por el Consejo de Estado no era aplicable al caso, ya que los
cultivos afectados tenían características distintas y requerían un tratamiento
diferenciado.
Por otro lado, se refirió a la negativa a indemnizar los daños causados a los cultivos
de pasto, bajo el argumento de que no se probó su comercialización. Afirmó que esa
decisión vulneraba los derechos de los accionantes y constituía un trato que los
victimizaba, pues se había demostrado la afectación de los cultivos. Finalmente, en la
impugnación aclaró que pretendía obtener una reparación integral del daño.
Mediante auto del 3 de junio de 202626, el Despacho ponente del Consejo de Estado-
Sección Tercera-Subsección A concedió la impugnación formulada por la parte
actora.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y 32 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra que todos los accionantes respecto de los que la abogada Mary
Aidé Pantoja Mora presentó acción de tutela, en principio, se encuentran legitimados
por activa para acceder al amparo constitucional en su condición de demandantes
dentro del trámite de la acción de grupo.
Sin embargo, el cómputo de las personas respecto de las que se ejerce
representación mediante poder en realidad corresponde al de 124 personas (Cfr. pies
de página 1, 4 y 5). Ello, con supresión de los señores Adrián Alfonso León Bastidas
y Pablo Emilio Álvarez a quienes la profesional del derecho excluyó de su
representación.
Por otro lado, en lo relativo a la agencia oficiosa respecto de los señores José
Arquímedes Ceballos Moncada, Gloria Rocío Mosquera Jojoa, María Orfelina Escobar
Cumbalaza, Ismenia Caicedo Larrahondo y Rosa Carmelina Nastacuas Pai, es
pertinente indicar que el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción
de tutela puede ser promovida por agente oficioso cuando el titular de los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados no se encuentre en condiciones de ejercer
directamente su defensa. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
precisado que la procedencia de la agencia oficiosa tiene carácter excepcional y se
encuentra supeditada al cumplimiento de dos requisitos: (i) que el agente manifieste
26 Índice 00049 del expediente digital de primera instancia, certificado
E05C5EFB544473E211BF8CE9913AFD1563714820C7C5FBFC 8234762BA9FC5427.
13
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00532-01
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
expresamente que actúa en tal calidad y (ii) que se acredite la imposibilidad del
agenciado para promover por sí mismo la defensa de sus derechos fundamentales.
En relación con este último presupuesto, la Corte ha señalado que dicha circunstancia
puede demostrarse mediante cualquier medio probatorio idóneo27.
Asimismo, la ratificación opera como un mecanismo excepcional cuando no se
demuestra la imposibilidad del agenciado para interponer la solicitud, de manera que
si el agenciado ratifica “tal circunstancia convalida la gestión adelantada por el agente
y, en consecuencia, le otorga legitimación en la causa por activa”28.
En el presente asunto, la Sala comparte que al fallecer las personas en mención no
son susceptibles de la figura de la agencia oficiosa, tal y como lo estimó el a quo
constitucional, razón suficiente para confirmar la improcedencia de la acción de tutela
por falta de legitimación en la causa por activa respecto de estas personas. Sumado
a lo anterior, se tiene en cuenta que la impugnación no controvirtió este aspecto, ni
allegó algún medio de prueba dirigido a desvirtuar esta conclusión.
En consecuencia, la Sala confirmará la decisión de declarar la falta de legitimación en
la causa respecto de José Arquímedes Ceballos Moncada, Gloria Rocío Mosquera
Jojoa, María Orfelina Escobar Cumbalaza, Ismenia Caicedo Larrahondo y Rosa
Carmelina Nastacuas Pai; mientras que estima que se cumplió este requisito de
procedibilidad frente a José Otoniel Revelo Morán y 123 personas más.
2.2. Se acredita la legitimación en la causa por pasiva, en tanto el Consejo de
Estado-Sección Tercera-Subsección B fue la autoridad judicial que profirió la decisión
que, según la parte actora, vulneró sus derechos fundamentales.
3. Cuestión previa: ausencia de temeridad
La Sala no pierde de vista que varios de los intervinientes en el trámite alegaron la
existencia de un tercer expediente en el cual se controvertía la misma providencia
judicial, por lo que conviene hacer alusión a la figura de la temeridad.
En atención al artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, la temeridad “se configura
cuando una misma acción de tutela es presentada varias veces por la misma persona
o por su representante ante diferentes jueces o tribunales, sin motivo expresamente
justificado”.29 Para que haya lugar a una actuación temeraria, es menester el
cumplimiento de los siguientes presupuestos: (i) que el interesado presente varias
acciones de tutela, por los mismos hechos y con la pretensión de reclamar el mismo
derecho, ya sea ante el mismo juez o ante distintos falladores; (ii) que haya una
identidad de la parte demandante y demandada entre las solicitudes de amparo; y (iii)
que la parte actora establezca una justificación razonable para promover la nueva
acción de tutela30.
27 Corte Constitucional, sentencia T-382 de 2021.
28 Ibidem.
29 Sentencia T-254 de 2023.
30 Ibidem.
14
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00532-01
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
Al respecto, se observa que el asunto de radicado 11001031500020260048700/01 ya
fue inclusive objeto de decisión de segunda instancia en sentencia del 14 de mayo de
202631 por parte del Consejo de Estado-Sección Cuarta. En esta decisión, la referida
sección se ocupó de resolver la impugnación formulada contra la sentencia proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, del 26 de febrero de 2026, en la cual se
habían negado las solicitudes de desvinculación del Ministerio de Justicia y del
Derecho y el ICA, declarado la falta de legitimación en la causa por activa respecto de
la señora Mary Aidé Pantoja Mora en cuanto al señor Raúl Antonio Marín, así como la
improcedencia de la acción de tutela.
En la sentencia de segunda instancia se describe que las pretensiones de ese amparo
constitucional estaban dirigidas a que se declarara la legitimación en la causa por
activa de los representados y se estimara si se les había causado daño para ser
acreedores de las pretensiones de la acción. En este sentido, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado llegó a la siguiente consideración:
“Analizado el contenido de la acción de tutela y de la impugnación, la Sala
confirmará el fallo del a quo debido a que se evidencia que la parte actora
pretende utilizar el mecanismo constitucional como un escenario adicional para
prolongar el debate probatorio sobre la legitimación en la causa por activa
dentro de la acción de grupo sub examine, asunto que ya fue objeto de análisis
y decisión por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Además, no se evidencia que los argumentos de inconformidad expuestos por
la parte actora tengan la entidad ni la carga argumentativa necesarias para
refutar las conclusiones probatorias de la providencia cuestionada, ni para
incidir en el sentido de la decisión”.
En este sentido, se observa que el punto objeto de análisis en el trámite constitucional
en mención se circunscribió al estudio que se hizo de la legitimación en la causa en la
sentencia del 18 de julio de 2025 del Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección
B, sin perjuicio de que en la sentencia del 14 de mayo de 2026 se hiciera alusión a la
valoración del elemento del daño.
Así entonces, tal como lo encontró el a quo constitucional de este trámite, no se
encuentra configurada la temeridad en tanto que el objeto de aquel asunto se
concentró en reprochar el análisis respecto de la legitimación en la causa, mientras
que en este trámite en esencia se controvierte el aspecto indemnizatorio,
particularmente los perjuicios concedidos y negados (daño emergente y lucro
cesante).
4. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
del 8 de mayo de 2026, proferida por el Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección A, mediante la cual se declaró la improcedencia de la tutela.
31Índice 00005 del expediente de radicado 11001031500020260048701, certificado 180564D199C88846
A21C59CC79B6319A AD8BD6CF8B474207 3D08E2C833D53074.
15
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00532-01
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
Para el efecto, es necesario establecer si en el caso en concreto se encuentran
superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo
frente a los argumentos expuestos por la parte accionante.
5. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200532 indicó que estas proceden si
se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general,
que habilitan la interposición de la tutela33 y otros de carácter específico, que tocan
con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto34.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no
es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”35.
5.1. Relevancia constitucional
32 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
33 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de
acudir al juez de tutela, salvo que se busque evitar que se configure un perjuicio irremediable; que la petición
cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal,
en principio, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos
fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y,
de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
34 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a)
Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre
cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el
juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o
sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o
inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a
tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido
que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del
precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución
Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en
el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados
34 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño
35 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004
16
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00532-01
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el
asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una
clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez
constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez
que garantiza la autonomía e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción
de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”36.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate
en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii)
que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y iii) que el
reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un
defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales, tratándose de una providencia judicial emanada de una
alta corte. De manera que la intervención del juez constitucional se establezca,
exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
36 Corte Constitucional, SU 573 de 2019
17
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00532-01
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes y
generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico; y iii) la claridad y
fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha
hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa
ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos
definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto37.
6. Caso concreto
6.1. La Sala anuncia que la solicitud de amparo no satisface el requisito general de
relevancia constitucional. En consecuencia, confirmará la sentencia de primera
instancia, que declaró improcedente la acción de tutela, por las razones que se
exponen a continuación.
6.2. La parte actora cuestionó la indemnización reconocida en la sentencia del 18 de
julio de 2025. En particular, controvirtió la negativa a reconocer el daño emergente y
la limitación del lucro cesante al valor de la primera producción. A su juicio, estas
determinaciones desconocieron el principio de reparación integral y revictimizaron a
los accionantes.
Afirmó que, debido a las distintas edades y ciclos productivos de los cultivos, no
resultaba técnicamente válido concluir, con fundamento exclusivo en las reglas de la
lógica y de la experiencia, que el valor de la primera cosecha permitía recuperar la
inversión. Además, sostuvo que la afectación de los cultivos se acreditó mediante
documentos, actas de visita y testimonios, elementos de juicio a los cuales la autoridad
judicial accionada no les otorgó el valor probatorio correspondiente. De manera
específica, censuró la exclusión de los cultivos de pasto, pues, aunque no se demostró
su comercialización, sí se probó que resultaron afectados por la aspersión.
En ese contexto, alegó la vulneración de los principios de imparcialidad, equidad y
reparación integral, así como de los derechos al trabajo, al mínimo vital y a la
subsistencia digna de las familias campesinas, a quienes calificó como sujetos de
especial protección constitucional. También censuró la aplicación del principio de
equidad, por cuanto, en su criterio, careció de motivación suficiente, y sostuvo que la
providencia acusada desconoció los artículos 1.º, 2.º, 13, 25, 64, 65 y 90 de la
Constitución Política. Finalmente, invocó jurisprudencia constitucional para
controvertir la limitación del lucro cesante.
En el escrito de impugnación, la parte actora reiteró que la negativa a reconocer el
daño emergente y los perjuicios derivados de la afectación de los cultivos de pasto no
37 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
18
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00532-01
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
correspondía a la realidad acreditada en el proceso. Insistió en que la limitación del
lucro cesante al valor de la primera producción revictimizó a los accionantes.
Asimismo, sostuvo que el precedente invocado por el Consejo de Estado no resultaba
aplicable, dadas las características particulares de los cultivos afectados.
En relación con los pastos, adujo que su afectación estaba probada y que, por ello,
procedía ordenar la indemnización correspondiente. Por último, aclaró que no
pretendía convertir la acción de tutela en una instancia adicional, sino obtener la
reparación integral de los daños causados.
6.3. Delimitados los argumentos de la parte actora, corresponde examinar las
consideraciones que sustentaron la decisión sobre la liquidación de los perjuicios. En
la sentencia del 18 de julio de 202538, después de concluir que el daño resultaba
imputable a la Policía Nacional y que, por tanto, procedía declarar la responsabilidad
patrimonial del Estado, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
expuso lo siguiente:
“62. La liquidación de los perjuicios. El grupo demandante pretendió la reparación
de perjuicios inmateriales y materiales. Respecto de los perjuicios inmateriales, se
solicitó la reparación de los perjuicios morales y el daño a la vida de relación. Esta
instancia confirmará la negativa de reparar este tipo de perjuicios, ya que no obra en
el expediente pruebas suficientes de la afectación emocional, aflicción o congoja
concreta que padecieron los propietarios de los cultivos62 y, de acuerdo con la
jurisprudencia administrativa, este no es uno de los eventos en los que es posible
presumir el perjuicio y su intensidad. Respecto del daño a la vida de relación, aunque
es una categoría no reconocida por la jurisprudencia, es deber del juez, en aplicación
de la regla técnica iura novit curia, encuadrar tal solicitud en la tipología de perjuicios
actualmente reconocidos por la jurisprudencia, en concreto, en el perjuicio a la salud
en su faceta subjetiva y en el perjuicio por lesión a bienes constitucional y
convencionalmente protegidos. No obstante, en el caso bajo estudio, la parte
demandante no aportó ninguna prueba concreta que permita identificar alguno de
estos perjuicios en los miembros del grupo.
63. Respecto de los perjuicios materiales, la parte demandante solicitó la reparación
del daño emergente y del lucro cesante. Se aportó un dictamen pericial elaborado por
Albeiro Gerardo Jurado Erazo con el objeto de cuantificar los perjuicios materiales
padecidos por los agricultores63. El documento individualizó, para cada uno de los
miembros del grupo, el tipo y extensión de cultivos que resultaron afectados y, al
respecto, cuantificó tanto el daño emergente, como el lucro cesante. El documento
indicó que “[l]a información contenida en el anterior cuadro, se realizó teniendo en
cuenta la siguiente documentación: Formularios de queja, Certificaciones de daños
expedidas – Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Municipio
de Ipiales, actas de visita realizadas por la Inspección de Policía del Corregimiento de
Cofanía Jardines de Sucumbíos del Municipio de Ipiales (N) y el Técnico – Secretaría
de Agricultura (…) Sanas posesiones expedidas por los señores presidentes de las
Juntas de Acción Comunal (…) y Certificados de Libertad y Tradición”64. Acompañó el
concepto de una hoja de vida que demuestra la idoneidad y experiencia del ingeniero.
64. El concepto fue objeto de contradicción mediante un interrogatorio al experto.
Durante la audiencia, se le preguntó: “¿Cómo obtuvo la información de afectación de
los predios? Respuesta: Eso fue consensuado con los propietarios de los predios y de
38 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia, certificado EEB62BF6A4CE87BB 4D585E6A98C4A760
34072C55499A7605 6DA4862920A9DB69, p. 129-159.
19
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00532-01
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
algunas autoridades de la zona. Pregunta: ¿usted tuvo una información secundaria y
no directa? Respuesta: Sí, porque por cuestiones de orden público no me fue posible
trasladarme a la zona. También precisó que “no tuve la oportunidad de llegar
directamente a los a los predios afectados, puesto que se solicitó información a los
presidentes de las juntas de acción comunal y afirmaron que era imposible por
cuestiones de orden público, ya que ellos manifestaron que era una zona roja, por lo
cual no se podía hacer presencia”65. Igualmente, se le preguntó: “¿En su criterio, si
usted no realizó la visita física o real a los predios y la información que ahora consigna
en su dictamen pericial, usted considera que se pueden presentar errores en la
información consignada en el concepto? PERITO- No, señor, yo creo que no se
pueden presentar errores. ¿Por qué? Porque los agricultores en primer lugar son
personas, trabajadoras, y ellos son los que están dictando los valores de hectáreas y
los cálculos. Ya me encargué de hacerlos yo con la experiencia”.
65. Finalmente, el experto aseguró que los cálculos sobre el costo de los insumos
necesarios para realizar la producción, así como el valor de venta de los productos los
realizó con base en información de diversas entidades: “Para calcular los daños, pues
lo que se tuvo en cuenta, pues como les dije, son las se tuvo en cuenta las tablas que
se encuentran en el peritazgo, porque son valores que se toman estándares, que se
calculan con la producción que tiene promedio, la producción nacional que se tiene en
promedio. Son de entidades de agropecuaria, del huila, de agonet, FD, cacao. Son
instituciones reconocidas a nivel nacional, por lo cual siempre se las tiene en cuenta
para esta clase de actividades, mas sin embargo pues uno también tiene (...) en cuenta
los promedios nacionales de producción de los diferentes de los diferentes cultivos”66.
Frente a esta afirmación, la parte demandada le preguntó: “O sea, si usted tuvo en
cuenta dentro de su dictamen si hubo un contrato o si una serie de facturas que
determinan los valores de los gastos en que hicieron los propietarios o poseedores de
los predios. PERITO- No señor, pero eso es, es de lógica: si un cultivo tiene 3 años de
edad tenía que hacerse una instalación, tenía que hacerle un mantenimiento o sino no
existiría nada”.
66. Para la Sala, este dictamen no permite determinar con certeza los perjuicios
materiales y, con base en él, no es posible realizar adecuadamente su liquidación, ya
que no responde a las exigencias del artículo 237 del CPC, en particular, la prevista
en su numeral sexto, según el cual “El dictamen debe ser claro, preciso y detallado; en
él se explicarán los exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, lo mismo
que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones”. En efecto,
el dictamen no indica el método utilizado, los documentos o las pruebas en las que se
funda o los procedimientos u operaciones a partir de los cuales llegó a las
conclusiones. Las cifras expuestas no tienen fundamento o soporte documental
objetivo constatable, en particular, de documentos comerciales que funden los
estudios de mercado y, por el contrario, se trata de conclusiones subjetivas,
sustentadas en los dichos del demandante y el mismo expediente. Es decir que el
dictamen no se encuentra debidamente fundamentado de manera objetiva, a partir de
datos constatables y objetivos. Por todo lo anterior, dicho dictamen no permite realizar
la liquidación de los perjuicios materiales padecidos por el grupo demandante.
67. Ahora bien, la falta de pruebas que den certeza para la cuantificación de los
perjuicios no es obstáculo para acceder a las pretensiones de reparación, ya que es
posible realizar una condena genérica o en abstracto, prevista en el artículo 172 del
CCA, como ha ocurrido en la mayoría de los casos en los que esta corporación ha
accedido a reparar perjuicios por aspersión de glifosato67 aunque también, en un único
caso, acudió a la equidad para realizar una condena en concreto68. Por lo tanto, en
esta oportunidad se proferirá una condena en abstracto, que deberá ser liquidada
mediante el desarrollo de un incidente de liquidación de perjuicios, de acuerdo con los
términos que se establecen a continuación:
20
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00532-01
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
68. Al respecto, y de acuerdo con los precedentes de esta Subsección69, se negará la
reparación del daño emergente, dado que, de acuerdo con la lógica y la experiencia,
los gastos o inversiones hechas para la producción de un cultivo, se recuperan con la
venta de sus frutos. Por lo tanto, la liquidación únicamente se predicará del lucro
cesante.
69. (1) En el trámite del incidente de liquidación de la condena deberá realizarse un
dictamen pericial por parte de un profesional en agronomía con experiencia en el
avalúo de cultivos.
70. (2) La liquidación deberá fundarse en la información contenida en las
certificaciones que obran en el expediente, expedidas por la Secretaría de Agricultura,
Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Ipiales y por la de Policía Rural Cofaina Jardines
de Sucumbíos y en los documentos que certifican la posesión, propiedad o tenencia
de los predios.
71. (3) La liquidación deberá indicar, de manera fundada, cuántas plantas de cada
especie de las indicadas en los certificados, es posible cultivar en la extensión de cada
terreno. En caso de diferencia entre la extensión del terreno y la cantidad de
plantaciones certificada, que indique mayores plantaciones que las que pueden
cultivarse en dicho terreno, la cantidad de plantaciones última deberá reducirse y
ajustarse proporcionalmente respecto de la extensión del terreno. No se reparará la
pérdida de los pastos, teniendo en cuenta que no existe prueba en el expediente de
que, de ellos, se obtenía un lucro, en particular, si eran comercializados.
72. (4) El dictamen deberá establecer el lucro cesante, que consiste en el valor bruto
que le hubiera reportado la primera producción70 de la plantación, establecida en el
punto tres. El cálculo deberá soportarse documentalmente, por ejemplo, en
certificaciones oficiales de precios para la época en la que se encontraba prevista la
recolección de los frutos, documentos comerciales, como contratos celebrados en esa
época, comparación con utilidades documentadas de cultivadores para la misma
época y en condiciones equivalentes, facturas y análisis estadísticos.
73. (4) El lucro cesante se actualizará con base en el IPC histórico hasta la fecha de
liquidación de la condena.
74. (5) En todo caso, la liquidación no podrá superar el valor de las pretensiones de la
demanda, indexadas o traídas a valor presente. (…)”.
En virtud de lo anterior, la Sala considera que, pese a los argumentos expuestos, la
parte actora pretende que el juez de tutela efectúe una nueva valoración de los hechos
y del material probatorio, con el propósito de obtener una decisión favorable a sus
intereses. Tal pretensión supondría convertir este mecanismo constitucional en una
instancia adicional.
6.4. La Sala destaca que la ausencia de elementos técnicos suficientes para
cuantificar los perjuicios condujo a la autoridad judicial accionada a proferir una
condena en abstracto, después de constatar la afectación de los cultivos. Por tanto,
no se comprende el reproche relativo a la supuesta falta de criterio técnico de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, pues la imposibilidad de
determinar la cuantía de la indemnización tuvo origen, precisamente, en las
deficiencias del dictamen pericial aportado al proceso.
21
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00532-01
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
La misma falta de claridad se advierte respecto del cuestionamiento relacionado con
la aplicación del criterio de equidad. En efecto, la autoridad judicial accionada descartó
la posibilidad de fijar directamente la indemnización con fundamento en ese criterio y,
en su lugar, optó por proferir una condena en abstracto, cuya cuantificación debía
efectuarse mediante el correspondiente incidente de liquidación de perjuicios.
En cuanto al daño emergente, la providencia acusada negó su reconocimiento porque
consideró, con apoyo en las reglas de la lógica y de la experiencia, así como en el
criterio jurisprudencial de la Subsección accionada, que los gastos de producción se
recuperaban con la venta de los frutos. En consecuencia, concluyó que dicha
afectación quedaba comprendida en la indemnización del lucro cesante.
La parte actora censuró que esa conclusión no atendiera las diferencias entre la
naturaleza y los ciclos productivos de los cultivos. Sin embargo, la orden impartida por
la autoridad judicial accionada dispuso que, para efectuar la liquidación, se tuvieran
en cuenta las certificaciones obrantes en el expediente, las cuales contenían
información sobre los cultivos afectados.
De otra parte, la providencia acusada excluyó la reparación de los pastos porque no
encontró acreditado que su afectación hubiera generado una pérdida económica
concreta o que aquellos estuvieran destinados a la comercialización. La parte actora
sostuvo, en contraste, que la sola demostración de su afectación imponía el
reconocimiento de la indemnización.
Al respecto, con independencia de que se compartan o no esas consideraciones, el
debate planteado pretende que el juez constitucional determine si, para reconocer la
indemnización por la afectación de los pastos, era necesario demostrar la pérdida de
un provecho económico y si la inversión realizada en los cultivos quedaba
comprendida en el lucro cesante. Tales asuntos corresponden a la valoración
probatoria y a la interpretación jurídica propias del juez natural, sin que se advierta en
la providencia cuestionada una postura manifiestamente arbitraria o irrazonable que
justifique la intervención del juez de tutela.
Asimismo, la parte actora reprochó que se exigiera la presentación de contratos de
venta de productos agrícolas. No obstante, la providencia acusada no estableció que
esos documentos constituyeran el único elemento de prueba susceptible de valoración
en el incidente de liquidación de perjuicios.
También sostuvo que las diferencias entre los cultivos incidían en la aplicabilidad del
precedente que invocó el Consejo de Estado. Sin embargo, no expuso con suficiencia
las razones técnicas que sustentaban esa afirmación ni explicó de qué manera tales
diferencias tornaban inaplicable la regla jurisprudencial empleada en la providencia
acusada. De este modo, el reproche sitúa nuevamente al juez de tutela en un
escenario de corrección de la decisión judicial y no de control de su validez
constitucional.
22
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00532-01
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
Finalmente, en cuanto al supuesto desconocimiento de la sentencia C-750 de 2015,
la Sala comparte la conclusión del juez constitucional de primera instancia, según la
cual la parte actora no explicó la incidencia concreta de esa providencia en la
resolución del caso ni precisó de qué manera su presunta inobservancia afectó la
validez constitucional de la decisión cuestionada.
6.5. En esas condiciones, la Sala no identifica en la providencia acusada una
consideración manifiestamente arbitraria, caprichosa o irrazonable que habilite el
examen de fondo de los reproches formulados. Esta conclusión cobra especial
relevancia porque la decisión cuestionada fue proferida por un órgano de cierre de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, supuesto en el cual la parte actora debía
satisfacer una carga argumentativa particularmente rigurosa y demostrar una
afectación constitucional evidente, lo que no ocurrió en este caso.
6.6. En suma, la acción de tutela tiene carácter excepcional y tiene por objeto evitar o
hacer cesar la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. Su naturaleza
residual y subsidiaria impide emplearla para reabrir debates probatorios o jurídicos
resueltos por el juez natural. Por consiguiente, su procedencia contra providencias
judiciales se limita a aquellos eventos en los cuales la decisión cuestionada
compromete de manera cierta y directa los derechos fundamentales de la parte
interesada, sin que resulte admisible un nuevo examen del asunto como si se tratara
de una instancia adicional.
6.7. En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada, lo que se opone a que se use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario39.
6.8. Por último, la Sala observa que el 22 de agosto de 202540, la parte demandante
presentó, dentro del proceso de acción de grupo, recurso extraordinario de revisión
contra la sentencia del 18 de julio de 2025. Solicitó que se revocara parcialmente esa
decisión y que se reconocieran el daño emergente y el lucro cesante en los términos
pretendidos.
En ese recurso sostuvo, entre otros argumentos, que la exclusión del daño emergente,
sin fundamento técnico, desconoció el principio de imparcialidad. También cuestionó
la limitación del lucro cesante al valor de la primera producción, pues, en su criterio,
no correspondía a la realidad concluir que con esta se recuperaba la inversión.
Asimismo, solicitó la adopción de una decisión de unificación sobre el reconocimiento
de los daños materiales causados a cultivos por la aspersión con glifosato.
De este modo, los cuestionamientos planteados en la solicitud de amparo también
fueron sometidos al conocimiento del juez natural a través del mecanismo judicial
promovido por la propia parte actora.
39 Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022.
40 Índice 00039 del aplicativo SAMAI del expediente 52001233300020170041201.
23
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00532-01
Accionantes: José Otoniel Revelo Morán y otros
6.9. En virtud de lo anterior, la Sala confirmará la decisión impugnada que declaró la
improcedencia del amparo, por las razones ya expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de mayo de 2026 por el Consejo
de Estado-Sección Tercera, Subsección A, que declaró improcedente la acción de
tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
LMSG
24
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.