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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2012-00034-01

Acción de reparación directa

Fecha
27 de agosto de 2021
Consejero ponente
María Adriana Marín
Citada por
11 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2012-00034-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

R E S U E L V E: PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la caducidad de la acción respecto de las pretensiones que se hicieron frente a la aspersión del 14 de noviembre de 2009. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de noviembre de 2014 del Tribunal Administrativo de Norte de Santander por las razones anteriormente expuestas. TERCERO: Sin condena en costas. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal Administrativo del Meta. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link HYPERLINK "https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx" \h https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 54001-23-31-000-2012-00034-01

Consejero ponente: María Adriana Marín

27 de agosto de 2021

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / CUANTÍA DEL PROCESO / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA

La Sala es competente para conocer de este proceso en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte accionante contra la sentencia (…), proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y por tratarse de un proceso de doble instancia por razón de la cuantía, (…) suma que, para la fecha de presentación de la demanda, era superior a 500 smlmv, según lo previsto en el artículo 40 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 132 del C.C.A.

FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 40 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 132

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR FUMIGACIÓN / FUMIGACIÓN AÉREA / FUMIGACIÓN DEL CULTIVO - Se realizó en fechas diferentes / FUMIGACIÓN CON GLIFOSATO / PÉRDIDA DEL CULTIVO / DAÑO PATRIMONIAL - A varios cultivos diferentes / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN JUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA / REANUDACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos. En el presente asunto el daño se hace consistir en la afectación a los cultivos de aguacate y cacao ubicados en los predios (…), con ocasión de unas aspersiones aéreas de glifosato que aduce el demandante se efectuaron (…) por lo tanto, el estudio de la caducidad se hará de manera separada (…), pues respecto de cada una de ellas se hicieron pretensiones diferentes. Valga precisar que como prueba en común para el conteo de la caducidad se tomará como referencia la constancia del agotamiento del requisito de procedibilidad de la audiencia prejudicial, (…), en la que se indica que la solicitud se radicó.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 / LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR FUMIGACIÓN / FUMIGACIÓN AÉREA / FUMIGACIÓN DEL CULTIVO / FUMIGACIÓN CON GLIFOSATO / PÉRDIDA DEL CULTIVO / DAÑO PATRIMONIAL / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN JUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA / REANUDACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

[E]l término para interponer la demanda con base en el daño alegado por esta aspersión, en principio, ocurrió (…) pero, cuando se radicó la solicitud de conciliación extrajudicial faltaban 20 días para el vencimiento del plazo legal, el que se reanudaría al día siguiente de la expedición de la constancia del agotamiento del requisito de procedibilidad (…). Así las cosas, la acción caducaba (…); no obstante, como ese día fue vacante, el término expiró el siguiente día hábil a la vacancia judicial. Como la demanda se instauró (…), se impone concluir que operó la caducidad.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - No procede por vacancia judicial / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO PROCESAL / VACANCIA JUDICIAL

En virtud de lo anterior es que esta Corporación ha sido enfática en señalar que la vacancia judicial no suspende el término con el que cuentan los ciudadanos para poner en movimiento el aparato jurisdiccional, situación que solo se presenta cuando el plazo para la presentación de la demanda expira dentro de ese período, oportunidad en la que la caducidad se extiende hasta al primer día hábil siguiente de aquel en que se termine la vacancia, sin que se pueda entender como una reanudación del cómputo.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el cómputo del término de caducidad de la acción en eventos de vacancia judicial, ver sentencia del 25 de abril de 2019, Exp. 3685-17, C.P. William Hernández Gómez.

ADMISIÓN DE LA DEMANDA / FACULTADES DEL JUEZ DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRESUPUESTO PROCESAL / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES

De otra parte, la circunstancia de que se hubiere admitido la demanda no constituye óbice para que el juzgador -de primera y segunda instancia- analice en la sentencia los presupuestos procesales. En efecto, corresponde al juez, al momento de dictar sentencia, verificar aquellos presupuestos de la acción que le permitan decidir el fondo del asunto y el tema relacionado con la caducidad de la acción no puede ni debe entenderse saneado o clausurado por virtud de las omisiones y/o decisiones que se hubiesen presentado en el transcurso del proceso, ya que en aplicación del artículo 364 del C. de P. C. (…) De modo que, el ejercicio oportuno de la acción corresponde a un presupuesto procesal de la acción, de ahí que su ausencia sea susceptible de ser advertida de oficio en la sentencia, tal como lo establece el artículo 164 del Decreto 01 de 1984.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 364 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 164

NOTA DE RELATORÍA: En relación con la posibilidad que tiene el juez de lo contencioso administrativo de decretar excepciones de manera oficiosa, ver sentencia del 17 de agosto de 2017, Exp. 51667, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y sentencia del 9 de febrero de 2012, Exp. 21060, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR FUMIGACIÓN / FUMIGACIÓN AÉREA / FUMIGACIÓN DEL CULTIVO / FUMIGACIÓN CON GLIFOSATO / PÉRDIDA DEL CULTIVO / DAÑO PATRIMONIAL / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Para este caso, el término para interponer la demanda transcurrió (…), y comoquiera que el demandante interpuso la acción por el daño alegado, (…) la Sala debe concluir que lo hizo de manera oportuna. En ese sentido, el estudio del daño se centrará en la afectación que se alega causada ese día en el predio Campo Solo.

ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL / DAÑO CAUSADO POR FUMIGACIÓN / FUMIGACIÓN AÉREA / FUMIGACIÓN DEL CULTIVO / FUMIGACIÓN CON GLIFOSATO / FUENTE DEL DAÑO / CAUSA GENERADORA DEL DAÑO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO PATRIMONIAL / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL / REGLAMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL / OBJETO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

En el presente caso debe advertirse que si bien en oportunidad anterior esta Subsección consideró que, comoquiera que para la época de ocurrencia de los hechos se encontraba vigente el procedimiento administrativo especial para la reclamación de los perjuicios derivados de las aspersiones con glifosato y en ese orden, en los casos en que los demandantes optaron por agotarlo, debía demandarse en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cierto es, que la Subsección en decisión posterior mayoritaria recogió dicho criterio para señalar que esa postura no se compartía porque el hecho de que el Consejo Nacional de Estupefacientes hubiere creado un procedimiento administrativo para la reclamación de compensaciones económicas por cuenta de daños concretados por la aspersión aérea de glifosato, no tenía la virtualidad de alterar o modificar la acción idónea para juzgar la responsabilidad patrimonial del Estado, esta es la de reparación directa.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la escogencia de la acción en lo contencioso administrativo, ver sentencia de 6 de febrero de 2020, Exp. 54797, C.P. Martha Nubia Velásquez.

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DAÑO CAUSADO POR FUMIGACIÓN / FUMIGACIÓN AÉREA / FUMIGACIÓN DEL CULTIVO / FUMIGACIÓN CON GLIFOSATO / FUENTE DEL DAÑO / CAUSA GENERADORA DEL DAÑO - No fue un acto administrativo / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO PATRIMONIAL / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL / REGLAMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL / OBJETO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / COMPENSACIÓN ECONÓMICA - Negada

De allí que, el acto administrativo que negó la compensación económica no fue la fuente del daño, así como tampoco creó, modificó o extinguió una situación jurídica concreta, puesto que el daño no tuvo su origen en la voluntad unilateral de la Administración, sino en una actuación material consistente en la fumigación aérea con el referido herbicida. Así pues, como se expuso en reciente pronunciamiento la parte actora no se encontraba en la obligación de ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho frente a las decisiones proferidas por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional que negó la compensación, porque dicha figura “i) no es propiamente una reparación ni entraña un juicio de responsabilidad, ii) no comporta un trámite obligatorio para los afectados, iii) la fuente del daño tiene origen en un hecho endilgado a la administración y no en una decisión que puso fin a una actuación administrativa y, iv) la compensación no puede constituirse en un medio que excluya la reparación, lo que significa que resultaba procedente la acción impetrada.

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / INTERÉS DIRECTO EN EL PROCESO / PRESUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / INTERÉS LEGÍTIMO EN EL PROCESO / INTERÉS JURÍDICO / PROPIETARIO DEL BIEN INMUEBLE / PRUEBA DE LA PROPIEDAD DEL BIEN INMUEBLE / CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICIÓN / MATRÍCULA INMOBILIARIA

Se observa que el señor (…) acude en calidad de directo afectado a fin de que le sean resarcidos los perjuicios ocasionados con la aspersión aérea de glifosato en el predio de su propiedad (…). A fin de acreditar el dominio del bien inmueble obra en el plenario copia del certificado de tradición y libertad, con número de matrícula inmobiliaria (…). De modo que el demandante se encuentra legitimado en la causa por activa, en razón a que no hay duda de que es el propietario de dicho bien.

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / NACIÓN / MINISTERIO DE DEFENSA / POLICÍA NACIONAL / IMPUTACIÓN FÁCTICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN JURÍDICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

En cuanto a la legitimación por pasiva, se precisa que la demanda se admitió en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, entidad que tiene interés en controvertir las pretensiones, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, dado que sobre estas recaerán las eventuales consecuencias patrimoniales derivadas de los perjuicios reclamados a título de indemnización en el libelo, por lo que se tiene como parte demandada y cuenta con legitimación en la causa por pasiva para actuar dentro del presente asunto.

ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATIRMONIAL DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / PRUEBA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / DAÑO CAUSADO POR FUMIGACIÓN / FUMIGACIÓN AÉREA / FUMIGACIÓN DEL CULTIVO / FUMIGACIÓN CON GLIFOSATO / PÉRDIDA DEL CULTIVO / DAÑO PATRIMONIAL / POLICÍA NACIONAL / ACTIVIDAD POLICIAL / POLICÍA ANTINARCÓTICOS

Con el fin de abordar integralmente la problemática que supone el recurso de apelación interpuesto, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado. Una vez establecida la alegada afectación de los intereses de la parte demandante, se entrará a estudiar la posibilidad de imputarla a la demandada. En el caso concreto, el daño alegado por el demandante consistió en la pérdida de los cultivos de aguacate y cacao que estaba cosechando para su venta. Aseguró el actor que el hecho generador fue la aspersión de glifosato que realizó la Policía Nacional sobre su predio (…).

INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / FALTA DE CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO / DAÑO CAUSADO POR FUMIGACIÓN - No Acreditado / FUMIGACIÓN AÉREA / FUMIGACIÓN DEL CULTIVO / FUMIGACIÓN CON GLIFOSATO / PÉRDIDA DEL CULTIVO - No acreditada / INEXISTENCIA DE DAÑO PATRIMONIAL / POLICÍA NACIONAL / ACTIVIDAD POLICIAL / POLICÍA ANTINARCÓTICOS

[C]onsidera la Sala que la presentación de la queja por aspersión de glifosato en sí misma no demuestra el daño. En este caso, las pruebas que se practicaron con ocasión de esta no demostraron que se hubieran causado daños al cultivo derivados de dicha aspersión. Hasta este punto solo es posible concluir que la Policía Antinarcóticos sí realizó una aspersión de glifosato en un trayecto que se encontraba a 3.125 metros del predio del demandante y que, según los estudios aprobados por comité técnico, dicha sustancia podría ser desplazada por los vientos en una distancia de hasta 120 metros del punto del área de aspersión, la cual, aun con estos lineamientos, se observa que la avioneta regó un área distante a la ubicación del predio del demandante.

ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / PRUEBA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / ANTIJURICIDAD DEL DAÑO / CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / DAÑO CIERTO / CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO

[E]l daño antijurídico, para que fuera indemnizable, requería estar cabalmente estructurado; por tal motivo, esta Sección del Consejo de Estado ha establecido que resulta imprescindible acreditar: i) que el daño sea antijurídico, esto es, que la persona no tiene el deber jurídico de soportarlo, “se excluyen las decisiones que se mueven en la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones válidas de los hechos o derechos”.; ii) que lesione un derecho, bien o interés protegido por el ordenamiento legal y; iii) que el daño sea cierto, es decir, que se puede apreciar material y jurídicamente y, por ende, no se limita a una mera conjetura y que, además, debe ser personal. Asimismo, esta Subsección ha considerado que el daño debe ser determinado o determinable e indemnizable, so pena de configurarse como eventual e hipotético.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado, ver sentencias del 13 de agosto de 2008, Exp. 16516, C.P. Enrique Gil Botero, sentencia del 6 de junio de 2012, Exp. 24633, C.P. Hernán Andrade Rincón, sentencia del 7 de mayo de 2018, Exp. 40610, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia del 27 de enero de 2012, Exp. 20614, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

PRUEBA PERICIAL / DICTAMEN PERICIAL / ALCANCE DEL DICTAMEN PERICIAL / OBJETO DEL DICTAMEN PERICIAL / FINALIDAD DEL DICTAMEN PERICIAL / INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA / FUMIGACIÓN AÉREA / FUMIGACIÓN DEL CULTIVO / FUMIGACIÓN CON GLIFOSATO / INCUMPLIMIENTO DE CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LAS PARTES EN LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO / CONDUCTA DE LA PARTE DEMANDANTE / OMISIÓN DE APORTAR LA PRUEBA / OMISIÓN DE LA PRUEBA / CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE

[L]a Sala considera que el dictamen pericial que se practicó a petición de la parte demandante para que se realizara una estimación de los perjuicios causados con la afectación de los cultivos del señor (…), solo tiene como fin la determinación de unos perjuicios, dado que calculó la renta de un sembradío de cacao y aguacate, sin que esto permita establecer que los cultivos hubieran quedado realmente afectados con la fumigación realizada (…), ya que, se reitera, el método utilizado por el auxiliar de la justicia solo se basó en la proyección financiera del cultivo. Así las cosas, el accionante incumplió con la carga probatoria dispuesta en el artículo 177 del C.P.C., que dispone que quien alega un hecho debe demostrar la ocurrencia de este para que se produzca el efecto pretendido.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 177

NOTA DE RELATORÍA: Sentencia con salvamento de voto de la honorable consejera Marta Nubia Velásquez Rico.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 54001-23-31-000-2012-00034-01(54316)

Actor: AQUILEO RODRÍGUEZ LIZCANO

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - aspersión de glifosato / DAÑO ANTIJURÍDICO - falta de acreditación / VALORACIÓN PROBATORIA - prueba testimonial

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia del 24 de noviembre de 2014, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 14 de noviembre de 2009 y 25 de agosto de 2010, en el marco del programa de erradicación de cultivos ilícitos, la Policía Nacional realizó unas aspersiones de glifosato sobre algunas áreas del municipio de Cáchira, Norte de Santander, y aduce el demandante que sus cultivos de aguacate y cacao se vieron afectados con dicha aspersión.

II. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

El 12 de enero de 2012 (fl. 26 vto, c. 1), el señor Aquileo Rodríguez Lizcano, por conducto de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda en contra de la Nación -Ministerio de Defensa -Policía Nacional, con el fin de que se le indemnizaran los perjuicios causados con las aspersiones con glifosato que se llevaron a cabo el 14 de noviembre de 2009 y el 25 de agosto de 2010, sobre dos predios de su propiedad, ubicados en Cáchira, Norte de Santander, lo que implicó la pérdida de cultivos de aguacate y cacao.

El accionante solicitó que se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas:

1. Se declare que la Nación Colombiana - Ministerio de Defensa - Policía Nacional (Dirección Antinarcóticos), es administrativamente responsable de los perjuicios ocasionados con ocasión de dos fumigaciones con Glifosato de las que han sido objeto los cultivos del señor Aquileo Rodríguez Lizcano en el municipio de Cáchira (N/Sder), los días 14 de noviembre de 2009 y 25 de agosto de 2010.

2. Se declare que la Nación Colombiana - Ministerio de Defensa - Policía Nacional (Dirección Antinarcóticos), es administrativamente responsable de la totalidad de los perjuicios ocasionados al demandante, a raíz de las dos fumigaciones con glifosato de las que han sido objeto los cultivos del señor Aquileo Rodríguez Lizcano en el municipio de Cáchira (N/Sder), los días 14 de noviembre de 2009 y 25 de agosto de 2010.

3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene a la Nación colombiana - Ministerio de Defensa - Policía Nacional (Dirección Antinarcóticos), al pago de las siguientes sumas de dinero, a favor de mi poderdante:

3.1. Perjuicios materiales:

3.1.1. A favor del señor Aquileo Rodríguez Lizcano, la suma de ciento setenta y cinco millones setecientos mil pesos M/cte. ($175’700.000), a título de daño emergente por los perjuicios ocasionados, por la fumigación con Glifosato realizada el día 14 de noviembre de 2009 sobre el predio poderdante ubicado en el municipio de Cáchira, por parte de funcionarios de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional. O los que se llegaran a probar dentro del proceso.

3.1.3. A favor del señor Aquileo Rodríguez, las siguientes sumas de detallaremos por concepto de indemnización a título de lucro cesante consolidado y futuro, las cuales deberán indexarse esta indemnización con ocasión de los perjuicios económicos causados al no percibir los dineros esperados con los cultivos que se tenían sembrados y que fueron afectado con ocasión de las fumigaciones realizadas con el herbicida Glifosato por parte de los funcionarios de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional así:

(…)

1. Daño emergente fumigación del 14 de noviembre de 2009: $175’700.000
2. L.C.C. cultivo aguacate fumigación del 14 de nov de 2009: $81’866.678
3. L.C.F. cultivo aguacate fumigación del 14 de nov de 2009: $474’347.790
4. L.C.C. cultivo cacao fumigación del 14 de nov de 2009: $57’637.316
5. L.C.F. cultivo cacao fumigación del 14 de nov de 2009: $332’043.584
6. Daño Emergente fumigación del 25 de ago de 2010: $179’200.000
7. L.C.C. cultivo aguacate fumigación del 25 de ago de 2010: $57’648.497
8. L.C.F. cultivo aguacate fumigación del 25 de ago de 2010: $590’925.957
9. L.C.C. cultivo cacao fumigación del 25 de ago de 2010: $68’601.638
10. L.C.F. cultivo cacao fumigación del 25 de ago de 2010: $703’201.132

Total pretensiones: $2.721.172.592

4. Que al momento de la sentencia se actualicen los valores solicitados, aplicando el incremento anual del índice de precios del consumidor, así como las fórmulas matemáticas aceptadas por el Consejo de Estado.

5. Se reconozca y ordene el pago de intereses moratorios.
Como fundamento fáctico de la demanda se narró lo siguiente:

Aduce el demandante que el 14 de noviembre de 2009 en el departamento de Norte de Santander se llevó cabo una jornada de aspersión de glifosato que afectó los cultivos de habichuela, aguacate, yuca, plátano, maracuyá cacao, fríjol y tomate que tenía plantados en los predios “Campo Solo” y “Santa Helena”, ubicados en la vereda Cristo Rey del municipio de Cáchira.

El 27 de noviembre de 2009, el señor Aquileo formuló queja ante la alcaldía de Cáchira, por los daños ocasionados a sus cultivos con motivo de la referida aspersión.

Mediante auto de 13 octubre de 2010, el jefe del área de Erradicación de Cultivos ilícitos de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional resolvió declarar la improcedencia de la compensación económica por afectación de cultivos como consecuencia de aspersiones de glifosato.

Posteriormente, el 25 de agosto de 2010, la Policía Antinarcóticos realizó otra aspersión de glifosato y en esta ocasión afectó los cultivos del predio Campo Solo, motivo por el cual, el señor Aquileo formuló la respectiva queja, que fue resuelta mediante auto del 28 de octubre de 2010, en el que se le negó la compensación solicitada.

Aduce el accionante que “ya no cuenta con los recursos propios para iniciar nuevamente sus labores de cultivo y las entidades bancarias le han cerrado totalmente los créditos, debido a los incumplimientos que él ha tenido con el Banco Agrario, esta situación se ha presentado por la imposibilidad física de cancelar las cuotas adeudadas a dicha entidad financiera, por cuanto no ha podido realizar de nuevo la explotación de sus cultivos, por el daño ocasionado por las fumigaciones con glifosato”.

2. Trámite de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander admitió la demanda en auto de 8 de febrero de 2012 (fl. 54, c. 1), el cual se notificó en legal forma a la demandada y al Ministerio Público (fls. 58 - 59, c. 1).

El Ministerio de Defensa -Policía Nacional- contestó oportunamente la demanda y se opuso a la totalidad de las pretensiones (fls. 60 - 63, c.1). Adujo que en el proceso no se encontraba probado que el predio del demandante fuera fumigado con glifosato y tampoco se acreditó que dicha sustancia tuviera algún efecto adverso en los cultivos indicados en la demanda.

Mediante auto de 27 de junio de 2013, el Tribunal abrió el proceso a pruebas (fl. 77, c. 1).

En auto del 20 de mayo de 2014, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto (fl. 173, c. 1).

La parte demandante solicitó que se accediera a las pretensiones planteadas comoquiera que estaba probada la falla del servicio consistente en la aspersión de glifosato sobre cultivos que eran lícitos (fls. 179 - 185, c. 1).

La entidad demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, al manifestar que se debían denegar las pretensiones, porque no se probó que el predio del señor Aquileo Rodríguez Lizcano hubiera resultado afectado por aspersiones con glifosato (fl. 214 - 219, c. 1).

El Ministerio Público guardó silencio.

3. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia de 24 de noviembre de 2014, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó las pretensiones de la demanda, por considerar que la parte actora no probó el daño antijurídico, el cual estaba determinado por la destrucción por glifosato de los cultivos sembrados en dos predios de su propiedad. Como fundamento de su decisión precisó lo siguiente:

En efecto, en el presente asunto la parte actora no acreditó la existencia del daño que se alega en la demanda, pues no se encuentra probado que unos cultivos concretos y determinados se hubiesen perdido con ocasión de un envenenamiento generado por una fumigación con glifosato hecha por los agentes de la entidad demandada en las citadas fechas. Por la misma razón no es posible imputarle el daño que se reclama a una acción directa y concreta realizada por la entidad demandada, pues no existe prueba técnica o científica que permita deducir con certeza que los cultivos y plantaciones que se indican en la demanda se perdieron cuando se fumiga con glifosato.

La parte demandada ha probado que en el presente caso la fumigación se realizó sobre una zona que queda a una distancia bastante lejana del predio del accionante, superándose ampliamente el margen de distancia que se considera afectada cuando se fumiga con glifosato.

4. El recurso de apelación y su concesión

La parte demandante apeló el fallo de primera instancia (fls. 237 - 241, c. ppal), porque, a su juicio, tanto las pruebas documentales como testimoniales obrantes en el proceso permitían inferir que el daño causado a los cultivos lícitos de su propiedad tuvo origen en las aspersiones con glifosato efectuadas sobre su predio por la Policía Nacional. Señaló expresamente:

Lo que hemos pretendido probar durante el proceso y que tal vez no hemos logrado hacer entender, es que la avioneta de fumigación, en esos días de los hechos, porque fueron dos fumigaciones 14 de noviembre de 2009 y 25 de agosto de 2010, no voló conforme al curso trazado inicialmente por la oficina antinarcóticos, sino que se desvió de su ruta y pasó mucho más cerca del cultivo del demandante o que la brisa llevó el glifosato hasta el mencionado cultivo, no sabemos qué pasó porque eso pretendíamos, entre otras cosas, probar en este proceso y lo único que obtuvimos fue que la policía nacional insistiera en su posición carente de respaldo probatorio de que la avioneta siguió su curso trazado originalmente y que ningún factor externo pudo llevar el glifosato a áreas diferentes de aquellas que originalmente se pretendía fumigar.

En ese sentido, señaló que frente a la prueba científica aportada por la demandada, en el proceso solo se contaba con las declaraciones de campesinos de la zona correspondientes a las de Gregorio Acevedo, Jesús Daniel Duarte, Samuel Lizcano, Pedro Nel Rodríguez, de quienes advirtió que tenían plena validez para acreditar la responsabilidad atribuida a la entidad, dado que resultaban claras, no se contradecían entre sí y manifestaron lo que observaron: “una avioneta que fumiga glifosato y a los pocos días unos cultivos, que sin razón aparente se secan por completo” por lo que concluyó que “no aceptar la realidad que fue el glifosato el que acabó los cultivos del demandante, es decirle a los campesinos declarantes que mienten”.

5. Trámite de segunda instancia

El recurso de apelación se concedió el 4 de mayo de 2015 (fl. 243, c. ppal) y esta Corporación lo admitió en auto del 25 de junio siguiente (fl. 248, c. ppal).

Mediante providencia del 30 de julio de 2015, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto (fl. 250, c. ppal).

La entidad demandada pidió que se confirmara la sentencia de primera instancia, en cuanto la parte actora no probó los supuestos invocados a su favor. Indicó que, si bien se efectuaron aspersiones con glifosato el 14 de noviembre de 2009 y el 25 de agosto de 2010 en Cáchira, Norte de Santander, ello no quería decir, como lo pretendía el demandante, que el predio objeto de la controversia se hubiera visto afectado, bajo el argumento de que se encontraba ubicado en dicho municipio, pues para tal fin se requería que se probara que se realizó la aspersión sobre los predios de señor Aquileo, condición que fue precisamente la que no se probó.

Agregó que en el proceso no obraban pruebas técnicas que dieran cuenta de la supuesta afectación del cultivo, omisión que el demandante pretendió suplir con testimonios, lo que no resultaba aceptable porque no eran conducentes ni idóneos para tal fin por tratarse de hechos científicos (fls. 251 - 259, c. ppal).

A juicio del Ministerio Público, la sentencia del Tribunal debía confirmarse, comoquiera que no se probó el nexo de causalidad entre el daño y la actuación de la entidad. Advirtió no se cumplieron los presupuestos esenciales para declarar la responsabilidad patrimonial y no se aportaron elementos probatorios que permitieran evidenciar la falla del servicio alegada (fls. 268 - 173, c. 1).

La parte actora guardó silencio.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de este proceso en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte accionante contra la sentencia del 24 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y por tratarse de un proceso de doble instancia por razón de la cuantía, porque la pretensión mayor ascendió a $2.721.172.592, suma que, para la fecha de presentación de la demanda, era superior a 500 smlmv, según lo previsto en el artículo 40 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 132 del C.C.A.

2. Ejercicio oportuno de la acción

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

En el presente asunto el daño se hace consistir en la afectación a los cultivos de aguacate y cacao ubicados en los predios Campo Solo y Santa Helena de propiedad del señor Aquileo Rodríguez Lizcano, con ocasión de unas aspersiones aéreas de glifosato que aduce el demandante se efectuaron el 14 de noviembre de 2009 y el 25 de agosto de 2010, por lo tanto, el estudio de la caducidad se hará de manera separada de acuerdo a las fechas indicadas, pues respecto de cada una de ellas se hicieron pretensiones diferentes.

Valga precisar que como prueba en común para el conteo de la caducidad se tomará como referencia la constancia del agotamiento del requisito de procedibilidad de la audiencia prejudicial, expedida por la Procuraduría 24 Judicial de fecha 16 de diciembre de 2011, en la que se indica que la solicitud se radicó el 26 de octubre de 2011 (fl. 27, c. 1).

• Afectación a cultivos por aspersión realizada el 14 de noviembre de 2009:

En este punto, es necesario advertir que el Tribunal de primera instancia, al efectuar el estudio de la caducidad, manifestó “no existe caducidad de la acción toda vez que los hechos dañinos que se citan como la causa de los perjuicios reclamados acaecieron los días 25 de noviembre de 2009 y 25 de agosto de 2010, fechas en que se realizaron las labores de aspersión” (fl. 230 vto., c. ppal); sin embargo la referencia de la primera fecha es errada, ya que en la demanda se indicó que la primera aspersión ocurrió el 14 de noviembre de 2009 y así se constata con la copia de la queja presentada por el señor Aquileo Rodríguez Lizcano presentada ante Personería Municipal de Cáchira, en la que aseveró que algunos de sus cultivos se vieron afectados con la aspersión de glifosato que se realizó el 14 de noviembre de 2009 (fl. 5, c. 2).

De modo que, el término para interponer la demanda con base en el daño alegado por esta aspersión, en principio, ocurrió desde el 15 de noviembre de 2009 hasta el 15 de noviembre de 2011; pero, cuando se radicó la solicitud de conciliación extrajudicial faltaban 20 días para el vencimiento del plazo legal, el que se reanudaría al día siguiente de la expedición de la constancia del agotamiento del requisito de procedibilidad-17 de diciembre de 2011-. Así las cosas, la acción caducaba el 5 de enero de 2012; no obstante, como ese día fue vacante, el término expiró el siguiente día hábil a la vacancia judicial, esto es, el 11 de enero de 2012.

Como la demanda se instauró el 12 de enero de 2012 (fls. 26 vto., 47, c. 1), se impone concluir que operó la caducidad.

En virtud de lo anterior es que esta Corporación ha sido enfática en señalar que la vacancia judicial no suspende el término con el que cuentan los ciudadanos para poner en movimiento el aparato jurisdiccional, situación que solo se presenta cuando el plazo para la presentación de la demanda expira dentro de ese período, oportunidad en la que la caducidad se extiende hasta al primer día hábil siguiente de aquel en que se termine la vacancia, sin que se pueda entender como una reanudación del cómputo.

De otra parte, la circunstancia de que se hubiere admitido la demanda no constituye óbice para que el juzgador -de primera y segunda instancia- analice en la sentencia los presupuestos procesales.

En efecto, corresponde al juez, al momento de dictar sentencia, verificar aquellos presupuestos de la acción que le permitan decidir el fondo del asunto y el tema relacionado con la caducidad de la acción no puede ni debe entenderse saneado o clausurado por virtud de las omisiones y/o decisiones que se hubiesen presentado en el transcurso del proceso, ya que en aplicación del artículo 364 del C. de P. C.:

Cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda.

Si el juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, podrá abstenerse de examinar las restantes. En este caso, si el superior considera infundada aquella excepción, resolverá sobre las otras, aunque quien la alegó no haya apelado de la sentencia.

De modo que, el ejercicio oportuno de la acción corresponde a un presupuesto procesal de la acción, de ahí que su ausencia sea susceptible de ser advertida de oficio en la sentencia, tal como lo establece el artículo 164 del Decreto 01 de 1984:

Artículo 164. Excepciones de fondo. En todos los procesos podrán proponerse las excepciones de fondo en la contestación de la demanda cuando sea procedente, o dentro del término de fijación en lista, en los demás casos.

En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada.

Son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de la pretensión.

La Sala Plena de esta Sección, en relación con la posibilidad que tiene el juez de lo contencioso administrativo de decretar excepciones de manera oficiosa, en sentencia de unificación, puntualizó:

En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado en múltiples decisiones ha determinado la operancia del fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción ejercida, así como también ha encontrado acreditada la existencia de la falta de legitimación en la causa -por activa o por pasiva- e incluso la ineptitud sustantiva de la demanda, casos en los cuales ha denegado las pretensiones de la demanda o se ha inhibido de fallar, según el caso, con independencia de si tales presupuestos o aspectos hubieren sido, o no, advertidos por el juez de primera instancia o por alguno de los sujetos procesales, incluido, claro está, aquel que hubiere impugnado la providencia del juez a quo.

La Sala, de las consideraciones expuestas, concluye que respecto de la pretensión que se hizo respecto de aducida aspersión del 14 de noviembre de 2009, operó la caducidad de la acción de reparación directa incoada, motivo por el cual habrá de declararse.

• Afectación a cultivos por aspersión realizada el 25 de agosto de 2010:

Para este caso, el término para interponer la demanda transcurrió desde el 26 de agosto de 2010 hasta el 26 de agosto de 2012, y comoquiera que el demandante interpuso la acción por el daño alegado, el 12 de enero de 2012, la Sala debe concluir que lo hizo de manera oportuna.

En ese sentido, el estudio del daño se centrará en la afectación que se alega causada ese día en el predio Campo Solo.

3. Procedencia de la acción de reparación directa

En el presente caso debe advertirse que si bien en oportunidad anterior esta Subsección consideró que, comoquiera que para la época de ocurrencia de los hechos se encontraba vigente el procedimiento administrativo especial para la reclamación de los perjuicios derivados de las aspersiones con glifosato y en ese orden, en los casos en que los demandantes optaron por agotarlo, debía demandarse en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cierto es, que la Subsección en decisión posterior mayoritaria recogió dicho criterio para señalar que esa postura no se compartía porque el hecho de que el Consejo Nacional de Estupefacientes hubiere creado un procedimiento administrativo para la reclamación de compensaciones económicas por cuenta de daños concretados por la aspersión aérea de glifosato, no tenía la virtualidad de alterar o modificar la acción idónea para juzgar la responsabilidad patrimonial del Estado, esta es la de reparación directa.

En otras palabras, la causa del daño no mutaba en este tipo de supuestos, por cuanto continuaba siendo el hecho de la Administración, consistente en aspersión aérea con glifosato, no así el acto administrativo que ponía fin al procedimiento de compensación.

De allí que, el acto administrativo que negó la compensación económica no fue la fuente del daño, así como tampoco creó, modificó o extinguió una situación jurídica concreta, puesto que el daño no tuvo su origen en la voluntad unilateral de la Administración, sino en una actuación material consistente en la fumigación aérea con el referido herbicida.

Así pues, como se expuso en reciente pronunciamiento la parte actora no se encontraba en la obligación de ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho frente a las decisiones proferidas por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional que negó la compensación, porque dicha figura “i) no es propiamente una reparación ni entraña un juicio de responsabilidad, ii) no comporta un trámite obligatorio para los afectados, iii) la fuente del daño tiene origen en un hecho endilgado a la administración y no en una decisión que puso fin a una actuación administrativa y, iv) la compensación no puede constituirse en un medio que excluya la reparación, lo que significa que resultaba procedente la acción impetrada.

4. Legitimación en la causa

Se observa que el señor Aquileo Rodríguez Lizcano acude en calidad de directo afectado a fin de que le sean resarcidos los perjuicios ocasionados con la aspersión aérea de glifosato en el predio de su propiedad, denominado “Campo Solo”, ubicado en la vereda de Tierra Caliente del municipio de Cáchira, Norte de Santander.

A fin de acreditar el dominio del bien inmueble obra en el plenario copia del certificado de tradición y libertad, con número de matrícula inmobiliaria No. 261-27892 en el que consta que el señor Aquileo es el propietario (fls. 44 - 43, c. 2).

De modo que el demandante se encuentra legitimado en la causa por activa, en razón a que no hay duda de que es el propietario de dicho bien.

En cuanto a la legitimación por pasiva, se precisa que la demanda se admitió en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, entidad que tiene interés en controvertir las pretensiones, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, dado que sobre estas recaerán las eventuales consecuencias patrimoniales derivadas de los perjuicios reclamados a título de indemnización en el libelo, por lo que se tiene como parte demandada y cuenta con legitimación en la causa por pasiva para actuar dentro del presente asunto.

5. Problema jurídico

La Sala deberá decidir si en el presente caso se reúnen los presupuestos necesarios para declarar a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional patrimonialmente responsable por los daños sufridos por el demandante con ocasión aspersión de glifosato que se realizó en el municipio de Cáchira, Norte de Santander y que produjo la pérdida de los cultivos de aguacate y cacao del predio Campo Solo de su propiedad.

6. El daño

Con el fin de abordar integralmente la problemática que supone el recurso de apelación interpuesto, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado. Una vez establecida la alegada afectación de los intereses de la parte demandante, se entrará a estudiar la posibilidad de imputarla a la demandada.

En el caso concreto, el daño alegado por el demandante consistió en la pérdida de los cultivos de aguacate y cacao que estaba cosechando para su venta. Aseguró el actor que el hecho generador fue la aspersión de glifosato que realizó la Policía Nacional sobre su predio, que le generó la pérdida de 250 árboles de aguacate y 850 árboles de cacao.

Ahora bien, comoquiera que el recurso de apelación se centra en argumentar que el daño se encuentra demostrado con las pruebas obrantes en el plenario, la Sala procederá a hacer un análisis de estas para concluir si en efecto, se presentó afectación a los cultivos aludidos.

Se tiene probado que, tal como lo indica la parte demandante, la Policía Nacional realizó una aspersión sobre el municipio de Cáchira. Así lo certificó el jefe del área de Erradicación de Cultivos Ilícitos de la Policía Nacional: “para el día 25 de agosto de 2010, sí se realizaron operaciones de aspersión en el municipio de Cáchira, departamento de Norte de Santander. Es importante aclarar que las operaciones de aspersión realizadas el día 25 de agosto de 2010, se efectuaron a una distancia de 3.125 metros de la coordenada suministrada en la queja” (fl. 52, c. 1).

Como consecuencia de ello, el 1° de septiembre de 2010, el señor Aquileo Rodríguez Lizcano radicó una queja ante la alcaldía de Cáchira, con destino a la Dirección Nacional de Estupefacientes, a través de la cual solicitó la indemnización de los perjuicios causados con la aspersión con glifosato realizada el 25 de agosto de 2010 sobre el predio de su propiedad, en el escrito expuso:

El 25 de agosto de 2010 de 9 a 12 del mediodía los cultivos mencionados quedaron totalmente destruidos.

Pasó una avioneta y en horas de la mañana fumigando cultivos ilícitos, y dañaron los demás cultivos.

Relación de los daños: Aguacate, maracuyá, yuca, cacao, habichuela (fl. 40, c. 2).

En auto de 28 de octubre de 2010, el jefe del área de Erradicación de Cultivos Ilícitos de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y el subdirector de Asuntos Regionales y Erradicación de la Dirección Nacional de Estupefacientes admitieron la queja presentada por el señor Aquileo (fls. 48 - 49, c. 2).

En la etapa probatoria del proceso administrativo se allegó copia del mapa en el que se identifican los puntos donde se realizaron aspersiones de glifosato en el municipio de Cáchira. Allí se aprecia que la coordenada de la queja es N 07° 38’ 44.60’’ W 073° 14’ 2.26’’ y la coordenada de la aspersión es: N 07°38’ 55.67’’ W 073° 15’ 43.53’’ (fl. 53, c. 1). Y se señaló entonces que la distancia entre ambas coordenadas correspondía a 3.125 metros de longitud de la línea de aspersión más cercana.

• El 7 de enero de 2011, la Dirección antinarcóticos -área de Erradicación de Cultivos Ilícitos- levantó acta sobre el “análisis de las quejas que no proceden para visita de verificación, de acuerdo con los postulados descritos en el protocolo implementado para la verificación especial de campo” (fl. 60 - 62, c. 2), en relación con las diferentes quejas interpuestas por quienes adujeron haber sido afectados en sus cultivos por la aspersión aérea de glifosato que se realizó en el municipio de Cáchira. Se destaca la siguiente información consignada en el acta:

Procedimiento
Una vez se recopila la información se hace una selección de las áreas objeto de aspersión con los lotes donde presuntamente se causaron las afectaciones, debiendo tener en cuenta varios escenarios, a saber:

Escenario 1: cuando el punto reportado por el quejoso se encuentra a menos de 60 metros de la línea de aspersión. Se toma la distancia media entre el punto reportado y la coordenada más cercana de la línea de aspersión sobre el cual se realiza el sobrevuelo.

Escenario 2: Cuando el punto reportado por el quejoso es superior a 60 metros de la línea de aspersión y menor a 120 metros. Se realiza visita tanto a la coordenada reportada por el quejoso como a la línea de aspersión ‘en su punto más cercano’

2. Con el propósito de revisar los efectos de la deriva en el programa de erradicación y tomando como referencia el análisis realizado por el Dr. Keith R. Salomón y científicos de la CICAD - OEA, publicados en el volumen 72 de la revista de toxicología y salud ambiental, se concluyó que respecto de la potencial deriva y riesgo para los organismos no blanco del glifosato por vía aérea, que ‘los resultados predijeron que … para la aspersión de coca, un área amortiguadora no asperjada apropiada para proteger a las plantas sensibles de la deriva de la aspersión sería de 50 a 120 metros…’ concepto que fue acogido por parte del Comité Técnico en su integridad.

c. Ante los análisis realizados se concluye que no es posible el paso del producto a sitios que se encuentren a una distancia superior a los 120 metros, concluyendo que no es procedente realizar el desplazamiento hacia el sitio reportado por el quejoso, toda vez que dada la distancia en la que se realizaron las actividades de aspersión frente al sitio reportado por el quejoso, no es posible que se haya causado algún tipo de afectación sobre cultivos de pancoger como consecuencia de las actividades de aspersión desarrolladas dentro del marco del programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos.

Conclusión: Acogiendo los planteamientos anteriores, se decide que para las quejas que se mencionan a continuación no se debe efectuar la visita de verificación de quejas, por cuanto no se pudo ocasionar algún tipo de daño sobre las plantaciones legales dada la distancia en que se encuentra el punto reportado en el trámite de la queja, el cual es superior a los 120 metros.

(…)

Queja: 13979
Nombre: Aquileo Rodríguez Lizcano
Municipio: Cáchira
Latitud: 73° 14’ 02,26’’W
Longitud: 07’38’ 40,91’’N
F/aspersión: 25 de agosto de 2010
Distancia: 3.125 metros

Como consecuencia de lo anterior, mediante auto de 15 de febrero de 2011, el jefe del área de Erradicación de Cultivos Ilícitos de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional resolvió “declarar la no procedencia de la compensación económica” al señor Aquileo Rodríguez Lizcano (fls. 66 - 67, c. 2).

En ese sentido, considera la Sala que la presentación de la queja por aspersión de glifosato en sí misma no demuestra el daño. En este caso, las pruebas que se practicaron con ocasión de esta no demostraron que se hubieran causado daños al cultivo derivados de dicha aspersión. Hasta este punto solo es posible concluir que la Policía Antinarcóticos sí realizó una aspersión de glifosato en un trayecto que se encontraba a 3.125 metros del predio del demandante y que, según los estudios aprobados por comité técnico, dicha sustancia podría ser desplazada por los vientos en una distancia de hasta 120 metros del punto del área de aspersión, la cual, aun con estos lineamientos, se observa que la avioneta regó un área distante a la ubicación del predio del demandante.

En relación con los hechos aducidos en la demanda, se recibieron las siguientes declaraciones de campesinos del municipio de Cáchira:

• Testimonio del señor Pedro Nel Rodríguez, quien afirmó que los cultivos presentes en el predio del demandante se vieron afectados por la fumigación que se llevó a cabo el 25 de agosto de 2010 (fl. 132, c. 1):

PREGUNTADO: indique al despacho, si le consta que la Policía Nacional o alguno de sus integrantes utilizando naves o aeronaves, haya realizado una fumigación con glifosato el día 25 de agosto de 2010 sobre el municipio de Cáchira y en especial sobre los terrenos de que es dueño el señor Aquileo Rodríguez. CONTESTADO: sí fumigaron (…) con esta fumigación se nos causó mayor perjuicio porque habíamos vuelto a plantar y con esta nueva fumigación todo esto se perdió. (…) PREGUNTADO: describa al despacho si le consta de forma directa qué afectaciones y daños tuvieron los cultivos, plantaciones como árboles, las fincas o finca del señor Aquileo Rodríguez Lizcano, ubicadas en el municipio de Cáchira, detallando en especial las clases de cultivos, árboles y plantaciones y la cantidad aproximada de cada uno de ellos que resultó afectada o dañada con la fumigación con glifosato realizada el 25/08/2010. CONTESTADO: teníamos la misma cantidad y después de esta segunda fumigación no se pudo volver a obtener cosecha (fls. 133, c. 1).

• Testimonio del señor Samuel Lizcano Rozo, quien manifestó tener conocimiento de la aspersión del 25 de agosto de 2010: “Yo soy testigo, yo estaba cerca. PREGUNTADO: le consta qué clase de perjuicios ha sufrido el señor Lizcano. CONTESTADO: fueron destruidas por el veneno (…) aguacate 400, 200 de cacao, en la otra finca eran 800 de aguacate, 400 de cacao y 2.000 de maracuyá” (fl. 136, c. 1).

• Testimonio del señor Gregorio Acevedo Villamizar, del que se destaca:

PREGUNTADO: describa al despacho si le consta de forma directa qué afectaciones y daños tuvieron los cultivos, plantaciones como árboles, las fincas o finca del señor Aquileo Rodríguez Lizcano, ubicadas en el municipio de Cáchira, detallando en especial las clases de cultivos, árboles y plantaciones y la cantidad aproximada de cada uno de ellos que resultó afectada o dañada con la fumigación con glifosato realizada el 25/08/201. CONTESTADO: En la finca Santa Elena, aguacate, cacao, mandarina, naranjos, tomate, habichuela, yuca, todo eso se acabó y en la finca Campo Solo también tenía los mismos cultivos (fl. 137, c. 1).

• Testimonio del señor Jesús Daniel Duarte Contreras, quien manifestó:

PREGUNTADO: Indique al despacho, si le consta que la Policía Nacional o alguno de sus integrantes utilizando naves o aeronaves haya realizado una fumigación con glifosato el 25 de agosto de 2010 sobre el municipio de Cáchira, y en especial sobre los terrenos del señor Lizcano. CONTESTADO: cerca como a dos o tres kilómetros pasaron, contaminaron los cultivos a los dos días se vieron los resultados, del municipio de Cáchira fueron de la alcaldía y tomaron fotos de cómo quedó todo (…) todos sufrimos porque nosotros trabajamos en esas fincas.

Pues bien, con estas declaraciones, es posible determinar que el señor Aquileo tenía unas plantaciones, no obstante, resultan insuficientes para acreditar el daño antijurídico, dado que las aseveraciones son vagas, y generales, no acreditan la calidad, edad del cultivo, ni la proyección de las cosechas, así como tampoco se podía deducir el necrosamiento o el estado de descomposición del cultivo por lo que no se infiere que el daño fuera cierto, personal y directo.

Así, el daño antijurídico, para que fuera indemnizable, requería estar cabalmente estructurado; por tal motivo, esta Sección del Consejo de Estado ha establecido que resulta imprescindible acreditar: i) que el daño sea antijurídico, esto es, que la persona no tiene el deber jurídico de soportarlo, “se excluyen las decisiones que se mueven en la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones válidas de los hechos o derechos”.; ii) que lesione un derecho, bien o interés protegido por el ordenamiento legal y; iii) que el daño sea cierto, es decir, que se puede apreciar material y jurídicamente y, por ende, no se limita a una mera conjetura y que, además, debe ser personal.

Asimismo, esta Subsección ha considerado que el daño debe ser determinado o determinable e indemnizable, so pena de configurarse como eventual e hipotético, al respecto se destaca el siguiente pronunciamiento:

Para que el daño sea resarcible o indemnizable la doctrina y la jurisprudencia han establecido que debe reunir las características de cierto, concreto o determinado y personal. En efecto, en la materia que se estudia la doctrina es uniforme al demandar la certeza del perjuicio. Tal es el caso de los autores Mazeaud y Tunc, quienes sobre el particular afirman:

‘Al exigir que el perjuicio sea cierto, se entiende que no debe ser por ello simplemente hipotético, eventual. Es preciso que el juez tenga la certeza de que el demandante se habría encontrado en una situación mejor si el demandado no hubiera realizado el acto que se le reprocha. Pero importa poco que el perjuicio de que se queje la víctima se haya realizado ya o que deba tan sólo producirse en lo futuro. Ciertamente, cuando el perjuicio es actual, la cuestión no se plantea: su existencia no ofrece duda alguna. Pero un perjuicio futuro puede presentar muy bien los mismos caracteres de certidumbre. Con frecuencia, las consecuencias de un acto o de una situación son ineluctables; de ellas resultará necesariamente en el porvenir un perjuicio cierto. Por eso, no hay que distinguir entre el perjuicio actual y el perjuicio futuro; sino entre el perjuicio cierto y el perjuicio eventual, hipotético (...)’

Por otra parte, la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano ha señalado la necesidad de que el daño, para aspirar a ser indemnizado, tiene que estar revestido de certeza. No puede por tanto tratarse de un daño genérico o hipotético sino un daño específico:

(…).

En este orden de ideas, la certeza del perjuicio hace relación a la evidencia y seguridad de su existencia, independientemente de que sea presente o futura, mientras que la eventualidad precisamente se opone a aquella característica, es decir, es incierto el daño ‘cuando hipotéticamente puede existir, pero depende de circunstancias de remota realización que pueden suceder o no’ y, por lo tanto, no puede considerarse a los efectos de la responsabilidad patrimonial. Y la concreción del daño se dirige a que el bien que se destruye deteriora o modifica se precisa finalmente en la determinación o cuantificación del monto indemnizable.

Así las cosas, se concluye que no se acreditó de manera directa, ni es posible hacerlo por inferencia, la afectación a los cultivos de cacao y aguacate de propiedad del demandante comoquiera que las declaraciones por sí solas no prueban el daño aducido, aunado al hecho de que la prueba del delineamiento de la aspersión no fue desvirtuada o controvertida, el demandante solo se limitó a indicar que los vientos pudieron haber esparcido el veneno en un radio de acción mucho mayor y, por lo tanto, causar daños a sus cultivos.

Por último, la Sala considera que el dictamen pericial que se practicó a petición de la parte demandante para que se realizara una estimación de los perjuicios causados con la afectación de los cultivos del señor Aquileo (fls.147 - 172, c. 1), solo tiene como fin la determinación de unos perjuicios, dado que calculó la renta de un sembradío de cacao y aguacate, sin que esto permita establecer que los cultivos hubieran quedado realmente afectados con la fumigación realizada el 25 de agosto de 2010, ya que, se reitera, el método utilizado por el auxiliar de la justicia solo se basó en la proyección financiera del cultivo.

Así las cosas, el accionante incumplió con la carga probatoria dispuesta en el artículo 177 del C.P.C., que dispone que quien alega un hecho debe demostrar la ocurrencia de este para que se produzca el efecto pretendido

Como consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia en los términos aquí expuestos.

7. Condena en costas

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la caducidad de la acción respecto de las pretensiones que se hicieron frente a la aspersión del 14 de noviembre de 2009.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de noviembre de 2014 del Tribunal Administrativo de Norte de Santander por las razones anteriormente expuestas.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal Administrativo del Meta.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link HYPERLINK "https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx" \h https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Firmado electrónicamente

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Salvamento de voto

ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA POR INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN / DAÑO CAUSADO POR ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / ACTO ADMINISTRATIVO / CAUSA GENERADORA DEL DAÑO / CAUSA EFICIENTE DEL DAÑO / FUMIGACIÓN AÉREA / FUMIGACIÓN DEL CULTIVO / FUMIGACIÓN CON GLIFOSATO / PÉRDIDA DEL CULTIVO / DAÑO PATRIMONIAL / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

A mi juicio, la acción procedente no era la de reparación directa, sino la de nulidad y restablecimiento del derecho, de ahí que se configurara la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, por indebida escogencia de la acción. En efecto, el asunto tiene como causa un acto administrativo de carácter particular, a través del cual se resolvió de manera desfavorable sobre la afectación invocada en el sub lite y que se profirió en virtud del procedimiento administrativo especial que se encontraba consagrado para la época de los hechos en torno a las aspersiones por glifosato -contenido en la Resolución 017 del 2001, proferida por el Consejo Nacional de Estupefacientes-.

ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / ACTO ADMINISTRATIVO / SOLICITUD ADMINISTRATIVA / SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / FUMIGACIÓN AÉREA / FUMIGACIÓN DEL CULTIVO / FUMIGACIÓN CON GLIFOSATO / PÉRDIDA DEL CULTIVO / DAÑO PATRIMONIAL / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

La actuación pertinente fue agotada por el demandante y terminó con decisión desfavorable a sus intereses, tal como se dejó constancia en la sentencia proferida por la Sala. De este modo, lo pretendido por el demandante era que se accediera a la indemnización que previamente solicitó por aspersiones con glifosato en la vía administrativa y que le fue negada a través de un acto administrativo particular que goza de la presunción de legalidad, la cual solo es posible desvirtuar en sede de nulidad y restablecimiento del derecho.

ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DAÑO CAUSADO POR ACTO ADMINISTRATIVO / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / CONSEJO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / FUENTE DEL DAÑO / CAUSA GENERADORA DEL DAÑO

[R]esulta pertinente recurrir al criterio planteado por la Sala en la sentencia del 6 de febrero de 2020, expediente 54.797, según el cual, el hecho de que la Resolución 017 de 2001, proferida por el Consejo Nacional de Estupefacientes, hubiese sido anulada por la Sección Primera de esta Corporación mediante fallo del 25 de julio de 2013, no permite concluir que en este asunto se presenta alguno de los eventos en los que resulta procedente la reparación directa para solicitar la indemnización de los perjuicios derivados de un acto administrativo de carácter general, pues, si bien se encuentra acreditada la anulación de una decisión de estas condiciones, no es menos cierto que fue a través de un acto administrativo particular que se resolvió sobre la situación del demandante, de ahí que lo que le correspondía era cuestionarlo en sede de nulidad y restablecimiento del derecho.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la escogencia de la acción en lo contencioso administrativo, ver sentencia del 6 de febrero de 2020, Exp. 54797, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

SALVAMENTO DE VOTO

Consejera: MARTA NBUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 54001-23-31-000-2012-00034-01(54316)

Actor: AQUILEO RODRÍGUEZ LIZCANO

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Con el respeto que profeso por las decisiones de la Sala, me permito presentar las razones que me llevaron a salvar el voto frente a la sentencia del 27 de agosto de 2021, por medio de la cual se declaró probada la excepción de caducidad de la pretensión de reparación directa.

A mi juicio, la acción procedente no era la de reparación directa, sino la de nulidad y restablecimiento del derecho, de ahí que se configurara la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, por indebida escogencia de la acción.

En efecto, el asunto tiene como causa un acto administrativo de carácter particular, a través del cual se resolvió de manera desfavorable sobre la afectación invocada en el sub lite y que se profirió en virtud del procedimiento administrativo especial que se encontraba consagrado para la época de los hechos en torno a las aspersiones por glifosato -contenido en la Resolución 017 del 2001, proferida por el Consejo Nacional de Estupefacientes-.

La actuación pertinente fue agotada por el demandante y terminó con decisión desfavorable a sus intereses, tal como se dejó constancia en la sentencia proferida por la Sala.
De este modo, lo pretendido por el demandante era que se accediera a la indemnización que previamente solicitó por aspersiones con glifosato en la vía administrativa y que le fue negada a través de un acto administrativo particular que goza de la presunción de legalidad, la cual solo es posible desvirtuar en sede de nulidad y restablecimiento del derecho.

Al respecto, resulta pertinente recurrir al criterio planteado por la Sala en la sentencia del 6 de febrero de 2020, expediente 54.797, según el cual, el hecho de que la Resolución 017 de 2001, proferida por el Consejo Nacional de Estupefacientes, hubiese sido anulada por la Sección Primera de esta Corporación mediante fallo del 25 de julio de 2013, no permite concluir que en este asunto se presenta alguno de los eventos en los que resulta procedente la reparación directa para solicitar la indemnización de los perjuicios derivados de un acto administrativo de carácter general, pues, si bien se encuentra acreditada la anulación de una decisión de estas condiciones, no es menos cierto que fue a través de un acto administrativo particular que se resolvió sobre la situación del demandante, de ahí que lo que le correspondía era cuestionarlo en sede de nulidad y restablecimiento del derecho.

En los anteriores términos dejo plasmado mi salvamento de voto.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link  HYPERLINK "https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador" https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.

“Artículo 40. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. El artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_contencioso_administrativo_pr003.html" \l "132" \h 132 del Código Contencioso Administrativo, quedará así:
“´Artículo 132. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
“(…).
“6. De los de reparación directa cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales (…)”. Normativa aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”. ARTÍCULO 20. Audiencia de conciliación extrajudicial en derecho. Si de conformidad con la ley el asunto es conciliable, la audiencia de conciliación extrajudicial en derecho deberá intentarse en el menor tiempo posible, y, en todo caso, tendrá que surtirse dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentación de la solicitud. Las partes por mutuo acuerdo podrán prolongar este término. La citación a la audiencia deberá comunicarse a las partes por el medio que el conciliador considere más expedito y eficaz, indicando sucintamente el objeto de la conciliación e incluyendo la mención a las consecuencias jurídicas de la no comparecencia. ARTÍCULO 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 31 de enero de 2019, expediente 59.398; también ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2019, expediente 3685-17, M.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de agosto de 2017, exp. 51.667, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 21.060, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Se reitera, frente a estas pretensiones el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial se agotó el 16 de diciembre de 2011 (fl. 27, c. 1). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 6 de febrero de 2020, expediente 54797. M.P. Martha Nubia Velásquez, aprobada con salvamento de voto de la M. María Adriana Marín. Sentencia de 23 de abril de 2021, Exp. AG 2014-00209. Se advierte que la Consejera de Estado Marta Nubia Velásquez salvó voto frente a este pronunciamiento. Sentencia de 4 de junio de 2021, Exp. 48352. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, exp. 16.516 MP. Enrique Gil Botero y sentencia del 6 de junio de 2012 dictada por esta Subsección dentro del expediente No. 24.633, M.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en sentencia del 24 de octubre de 2017, expediente No 32.985B, entre otras. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27 de abril de 2006, expediente: 14837 y 23 de abril de 2008, expediente: 16271.

Reiterada por la Subsección A, en sentencia del 1 de marzo de 2018, expediente 52.097, y por la Subsección C, en sentencia del 7 de mayo de 2018, expediente 40.610. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de enero de 2012, exp. 20614, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. Criterio reiterado por esta subsección, entre otras decisiones, en Sentencia del 14 de septiembre de 2017, exp. 44260; Sentencia del 28 de septiembre de 2017, exp. 53447; Sentencia del 19 de abril de 2018, exp. 56171; Sentencia de 19 de marzo de 2020, exp.53205. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, fallo del 6 de febrero de 2020, expediente 54.797. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno, expediente 11001-03-24-000-2003-00129-01.

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