Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03721-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03721-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03721-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
26 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03721-00
Accionante: Romelio Luna Imbacuan Cuaran y otros1
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de reparación directa. Destrucción de cultivos por
fumigación con glifosato / DECLARA IMPROCEDENCIA – Falta de cumplimiento de
requisito de relevancia constitucional. Se pretende emplear la acción de tutela como
una instancia adicional al proceso ordinario y reproches carecen de la suficiente
carga argumentativa.
Surtido el trámite de ley2, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 13 de mayo de 2026, los señores Romelio Luna Imbacuan Cuaran, Rómulo
María Quenoran y Ruth Irene Rojas Rodríguez promovieron acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo del Putumayo, con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales al debido proceso3, acceso a la administración de justicia,
igualdad y reparación integral.
2.
Solicitaron que se dejara sin efectos la sentencia de 13 de noviembre de 2025,
emitida dentro del proceso de reparación directa4 que presentaron contra la Nación
– Ministerio de Defensa – Policía Nacional, encaminado a obtener el resarcimiento
de los perjuicios causados por la afectación de cultivos lícitos y proyectos piscícolas
1 Rómulo María Quenoran y Ruth Irene Rojas Rodríguez.
2 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
3 Que incluye el derecho a la contradicción de la prueba.
4 Expediente 86001-33-31-001-2016-00577-01.
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Accionante: Romelio Luna Imbacuan Cuaran y otros
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de su propiedad5, como consecuencia de la fumigación aérea realizada el 30 de
octubre de 2014 con el herbicida glifosato.
3.
Mediante la providencia acusada, se revocó la de 2 de junio de 2021, a través de
la cual el Juzgado Primero Administrativo de Mocoa accedió de manera parcial6 a
las pretensiones de la demanda, para en su lugar, negarlas. Se determinó que, en
efecto, el señor Quenoran carecía de legitimación en la causa por activa, al no
demostrar su titularidad material o jurídica del predio “El Naranjito” y, en todo caso,
no demostró la existencia del daño antijurídico. Por otro lado, no era dable atribuir
responsabilidad estatal por daños a los cultivos de los demás actores, como
consecuencia de la aspersión de glifosato, en razón a que se acreditó, a través de
las actas de visita de verificación realizadas el 11 y 12 de febrero de 2015 en el
respectivo trámite administrativo, la existencia de cultivos ilícitos en el predio no solo
del señor Romelio, como se concluyó en primera instancia, sino también en la
propiedad de la señora Ruth Irene. En ese sentido, frente a ellos se configuró la
causal eximente de responsabilidad por hecho de la víctima.
4.
La parte actora sostuvo que se incurrió en defecto fáctico, en tanto se apreció de
manera arbitraria el material probatorio. La autoridad accionada le dio prevalencia a
las actas administrativas elaboradas por la Dirección Antinarcóticos de la Policía
Nacional, derivadas de verificaciones aéreas realizadas desde aeronaves dentro del
Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos (PECIG), sobre las demás pruebas
allegadas al proceso.
5.
Se concluyó que existían cultivos ilícitos en sus predios con fundamento en dichas
actas, a pesar de que (i) las certificaciones e inspecciones practicadas directamente
en los terrenos por la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria
(UMATA) no daban cuenta de la existencia de cultivos lícitos, así como los
testimonios recaudados; (ii) en el formulario de queja diligenciado conforme a lo
observado en la visita se estableció la inexistencia de cultivos ilícitos; (iii) existían
proyectos productivos financiados por entidades estatales, lo que se comprueba con
los documentos del Banco Agrario; (iv) no se garantizó la participación efectiva de
los afectados en las diligencias técnicas, lo que les impidió contradecir los hallazgos,
verificar la metodología empleada, cuestionar la supuesta existencia de cultivos
ilícitos y solicitar pruebas complementarias; y, (v) las actas administrativas no fueron
sometidas a contradicción material. Tampoco se valoró la prueba relativa a la
afectación real de los cultivos.
6.
Asimismo, se incurrió en una indebida valoración probatoria respecto del señor
Rómulo María Quenoran, al desconocer pruebas que permitían identificar
materialmente el predio objeto de afectación, máxime cuando lo que legitima en este
5 Ubicados en la vereda Jordán Ortiz del municipio de San Miguel.
6 Se declaró la falta de legitimación en la causa por activa del señor Rómulo María Quenoran, se negaron las
pretensiones respecto del señor Romelio Luna Imbacuan Cuaran y se declaró la responsabilidad estatal frente a
los cultivos de propiedad de la señora Ruth Irene Rojas Rodríguez.
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caso es la propiedad de los cultivos, mas no la del predio. Se ejercieron actos de
señores y dueños de los cultivos, comparecieron a reclamar los daños, la alcaldía
así los reconoció, al igual que los testigos, pues no compareció otra persona a
reclamarlos.
7.
También se configuró defecto sustantivo porque se aplicó de manera indebida la
causal eximente de responsabilidad de hecho exclusivo de la víctima. La sola
existencia de cultivos ilícitos no exonera automáticamente al Estado cuando existían
cultivos lícitos plenamente acreditados.
8.
De igual modo, se presentó “DEFECTO DE MOTIVACIÓN”. La providencia
acusada contiene una motivación insuficiente, al descartar de manera genérica las
pruebas aportadas, sin desarrollar un análisis técnico suficiente sobre la credibilidad
de las certificaciones emitidas por la UMATA, la existencia de proyectos productivos
lícitos, la afectación diferenciada de cultivos y las inconsistencias de las actas
administrativas.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
9.
Mediante auto de 20 de mayo de 20267, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a la autoridad demandada y se vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa
– Policía Nacional, en condición de tercera con interés. De igual modo, se ordenó
comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo
de su cargo.
(i) Tribunal Administrativo del Putumayo
10.
Adujo que no omitió la valoración de los medios de prueba ni se apartó
caprichosamente de ellos. Por el contrario, examinó las quejas administrativas, las
constancias expedidas por la UMATA, las certificaciones comunales, los documentos
relacionados con la titularidad o explotación de los predios, las actas de verificación
técnica, los registros oficiales y los testimonios recaudados dentro del proceso, para
concluir, de manera motivada, que tales elementos no permitían acceder a las
pretensiones de la demanda.
11.
El exigir la acreditación del señor Rómulo María Quenoran de la titularidad o
vínculo material con el predio denominado “El Naranjito”, no obedeció a un
formalismo excesivo, sino a la necesidad de verificar presupuestos mínimos de la
acción indemnizatoria: la legitimación material del reclamante y la acreditación del
perjuicio cuya reparación se pretendía.
12.
En cuanto al señor Romelio Luna, se concluyó que la constancia expedida por la
Oficina de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente de San Miguel y la certificación
7 Notificado el 27 de mayo de 2026.
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de la Junta de Acción Comunal no resultaban suficientes para desvirtuar los
hallazgos técnicos de la Dirección Antinarcóticos. La constancia describía una
presunta afectación de cultivos, pero no aportaba soporte técnico idóneo para
descartar la presencia de cultivos ilícitos, y la certificación comunal fue expedida
después de más de un año de la ocurrencia de los hechos, sin respaldo verificable y
por una organización que no cuenta con competencia técnica para certificar la
existencia o no de tales cultivos. Por lo anterior, le otorgó mayor fuerza persuasiva a
las actas oficiales, al haber sido practicadas por autoridad competente, con mayor
cercanía temporal a los hechos y con respaldo técnico verificable.
13.
Frente a la señora Ruth Irene, se examinó la constancia de la UMATA de 15 de
mayo de 2015, según la cual el predio se encontraba libre de cultivos ilícitos. Sin
embargo, se advirtió que dicho documento fue expedido casi tres meses después de
la inspección oficial del PECIG y no contenía evidencia técnica ni explicación
suficiente sobre el procedimiento empleado para llegar a esa conclusión. También
se valoró el testimonio del señor Luis Germán Posada, pero se encontró una
contradicción relevante. Inicialmente afirmó que no existían cultivos ilícitos en el
predio y luego reconoció que tal circunstancia no le constaba directamente. Por ende,
esos elementos no lograban desvirtuar las actas técnicas oficiales que registraron
presencia de cultivos ilícitos o áreas mezcladas en el predio reclamado.
14.
Se ponderó el contenido de las actuaciones administrativas frente a los demás
medios de convicción y coligió que, por su origen técnico, oportunidad,
georreferenciación y respaldo documental, tenían mayor entidad probatoria que
certificaciones posteriores, genéricas o carentes de soporte técnico suficiente. Esa
valoración puede no coincidir con la lectura propuesta por los accionantes, pero ello
no la convierte en arbitraria, caprichosa o constitutiva de defecto fáctico.
15.
Tampoco se evidencia transgresión del derecho de contradicción de la parte
demandante, cuanto más si se considera que actuaron en las diligencias ordinarias
por intermedio de apoderado, solicitaron y aportaron pruebas, controvirtieron los
elementos allegados por la contraparte, intervinieron en la práctica probatoria,
presentaron alegatos y formularon recurso de apelación.
16.
No se incurrió en defecto sustantivo, pues no se sostuvo que la simple mención
de cultivos ilícitos exonera automáticamente al Estado, sino que, en el caso concreto,
las pruebas técnicas oficiales permitían establecer la presencia de aquellos o áreas
mezcladas en los predios de los señores Romelio Luna y Ruth Irene. Circunstancia
que, apreciada en conjunto con el resto del acervo probatorio, condujo
razonadamente a determinar que se configuraba una causal eximente de
responsabilidad por hecho de la víctima, y, por tanto, que no existía un daño
antijurídico imputable a la Administración.
(ii) Policía Nacional
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17.
Sostuvo que en el proceso ordinario no se desvirtuó la presencia de cultivos ilícitos
o áreas mezcladas, lo que rompe el nexo causal y excluye la existencia de daño
antijurídico indemnizable. Por tanto, se configura el eximente de responsabilidad
administrativa de hecho exclusivo de la víctima.
18.
En ese sentido, no incurrió en ninguna omisión que conllevara a causar perjuicios
a los accionantes y, que tal situación, pudiera configurar una responsabilidad
institucional, dado que no se acreditaron el daño antijurídico y la imputación, por lo
que no es jurídicamente posible soportar una decisión de declaratoria de
responsabilidad.
II. CONSIDERACIONES
C. Análisis del caso concreto
19. La tutela no satisface el presupuesto de relevancia constitucional. La parte actora
se limita a presentar inconformidad con la providencia atacada en cuanto a la
valoración probatoria y aplicación normativa. Ello, con el fin de emplear este
mecanismo constitucional para revivir el debate probatorio y jurídico que fue definido
por el juez natural.
20. Aunque invocó las causales específicas de procedibilidad de la tutela contra
providencia judicial de defecto fáctico, sustantivo y “de motivación”, los argumentos
están dirigidos a que se acoja la tesis probatoria que pregona acerca de la
inexistencia de cultivos ilícitos en sus predios, así como de la condición de
propietario del accionante Rómulo Quenoran sobre los cultivos afectados. Es decir,
pretende que se le imponga al juez natural de la causa el grado de certeza que, a
su juicio, se les debió otorgar a los elementos de convicción aportados, por resultarle
desfavorable el ejercicio que en este sentido efectuó aquella autoridad judicial y, por
ende, el modo en que desató el litigio.
21. Además, tales planteamientos los expuso la parte tutelante en el recurso de
apelación que interpuso contra la sentencia ordinaria de primera instancia. Si bien
en aquella se concedieron las pretensiones, solo fue de manera parcial. Se accedió
a las súplicas de la tutelante Ruth Irene Rojas. Frente al actor Rómulo Quenoran se
declaró su falta de legitimación para actuar y las pretensiones del tutelante Romelio
Luna fueron negadas, decisiones que se mantuvieron en la providencia acusada y
se incluyó en la negativa a la accionante, bajo similares argumentos a los empleados
para definir la situación del actor Romelio Luna.
22. En ese sentido, en el escrito de alzada se sostuvo que se acreditó la propiedad
de los cultivos afectados del tutelante Rómulo y, pese a que se concluyó la existencia
de cultivos ilícitos en el predio del actor Romelio Luna, lo cierto es que obraban
pruebas en el plenario que desvirtuaban dicho supuesto fáctico. Reparos frente a
los cuales se pronunció el Tribunal accionado, cuyo razonamiento no fue objeto de
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reproche desde una óptica constitucional por parte de la parte actora. Se limitó a
insistir en su tesis probatoria, con el propósito de que fuera acogida por el juez
constitucional. Actuación para la cual no fue instituida la acción de tutela y, por tanto,
el asunto deviene en improcedente, al no revestir de la relevancia constitucional
necesaria para abordar su estudio, como se expone a continuación.
23. La parte actora adujo que se le otorgó un mayor valor probatorio a las actas
administrativas, que correspondían a visitas de verificación realizadas el 11 y 12 de
febrero de 2015, emanadas por la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional en
el marco del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos (PECIG) sobre los demás
elementos de convicción. En particular, las certificaciones expedidas por la UMATA,
los testimonios recaudados, el formulario de queja presentado y los documentos del
Banco Agrario.
24. En la providencia acusada se indicó que, en la certificación de 22 de febrero de
2016 de la UMATA, en la que se consignó la visita al predio del señor Romelio, solo
se describió la supuesta afectación a los cultivos, sin referirse a la inexistencia de
cultivos ilícitos ni aportar soporte técnico alguno. Asimismo, la certificación de la
Junta de Acción Comunal de 14 de enero de 2016 informó que aquel no tenía
cultivos ilícitos en su predio, pero esta fue suministrada 1 año, 2 meses y 17 días
después de las aspersiones y carece de cualquier soporte técnico o referencia
verificable sobre la forma en que se constató esa información. Por consiguiente, no
constituye una prueba idónea para desvirtuar las citadas actas administrativas.
25. En lo atinente a la situación de la señora Ruth, se indicó que, si bien la constancia
de la UMATA de 15 de mayo de 2015 precisó que su predio estaba libre de cultivos
ilícitos, lo cierto es que esta fue expedida casi 3 meses después de la inspección
oficial del PECIG y no contiene evidencia técnica ni información sobre el
procedimiento utilizado para arribar a esa conclusión.
26. También se precisó que el testimonio del señor Luis Germán Posada, ex
presidente de la JAC, incurrió en contradicción. Inicialmente aseguró que no existían
cultivos ilícitos en el predio, pero posteriormente sostuvo que ello no le constaba.
27. Respecto de los formularios de queja presentados por ambos tutelantes, se
precisó que, conforme a la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de
Estado8, estos constituyen manifestaciones unilaterales. Por ende, se concluyó que
“no desvirtúan por sí solos la eventual existencia de cultivos ilícitos ni aportan
elementos objetivos, técnicos o verificables que permitan controvertir los registros
oficiales practicados por la autoridad competente”.
28. Deacuerdo con el anterior panorama probatorio, se tiene que el Tribunal
accionado le indicó a los demandantes las razones por las cuales revestían de
mayor valor probatorio las actas administrativas expedidas en el marco del
8 Sentencia de 27 de agosto de 2021, expediente 54001-23-31-000-2012-00034-01 (54316), C. P. María Adriana
Marín.
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procedimiento técnico de verificación oficial. Entre estas, que dichos documentos
tenían carácter técnico, proximidad temporal a los hechos y respaldo fotográfico y
georreferenciado. Aspectos que no fueron objeto de la argumentación de la parte
actora, es decir, no fueron desvirtuados. Por el contrario, insistió en la manera como
estos debieron ser valorados, sin acreditar la verdadera afectación constitucional o
que lo concluido sobre el particular atentara contra los postulados de la sana crítica
o comportara algún tipo de arbitrariedad.
29. La Sala también evidencia que el Tribunal accionado no desconoció que los
tutelantes Romelio y Ruth explotaban agrícolamente sus predios, pues de eso daba
cuenta la documentación emitida por el Banco Agrario, es decir, la existencia de
proyectos productivos lícitos financiados a su favor. Sin embargo, dicha situación
por sí sola no bastaba para restarle carácter probatorio a las aludidas actas
administrativas.
30. El hecho de que el juez natural del litigio no haya valorado los medios probatorios
como lo pregona la parte actora, no comporta el defecto fáctico alegado, sino el
ejercicio de la autonomía judicial de la que están revestidas las autoridades
judiciales para definir las controversias puestas en su conocimiento. La decisión
judicial no evidencia asomo de algún tipo de arbitrariedad o capricho. Cuenta con
respaldo probatorio y la motivación suficiente respecto del grado de certeza otorgado
a los diferentes elementos de convicción, lo cual descarta la presunta deficiencia
argumentativa alegada.
31. En lo que atañe a la falta participación de los tutelantes en las diligencias técnicas
que dieron lugar a las actas administrativas en las que soportó la negativa a las
pretensiones ordinarias, el Tribunal accionado precisó: “No obra constancia de
solicitud de participación, objeción o requerimiento oportuno en sede administrativa,
tampoco fue un argumento planteado por el apelante en el recurso interpuesto
contra el auto que negó la compensación económica. Este argumento solo fue
introducido en la apelación, lo que desconoce el principio procesal de oportunidad y
resulta insuficiente para desvirtuar la presunción de legalidad de la actuación
estatal”.
32. Con base en lo anterior, no es dable que la parte actora reitere la inconformidad
referente a su falta de participación en las mencionadas visitas técnicas, cuando el
juez natural de la causa le explicó por qué ello no le restaba carácter probatorio ni
validez a las actas administrativas. Se limitó a insistir en dicha falencia sin destinar
argumentación alguna tendiente a acreditar por qué lo expuesto por la autoridad
judicial generaba la transgresión constitucional invocada.
33. De acuerdo con lo planteado, carece de la potencialidad de modificar la decisión
cuestionada el hecho de que la autoridad judicial omitiera la valoración de la prueba
relativa a la afectación real de los cultivos. Como se expuso, se acreditó que en los
terrenos objeto de la fumigación se hallaban cultivos ilícitos. Circunstancia que
tornaba innecesario abordar la magnitud del presunto daño.
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34. En cuanto a la presunta indebida valoración probatoria en lo relativo a la
propiedad de los cultivos del señor Rómulo, el Tribunal accionado indicó que se
aportó una escritura pública cuyos linderos no coincidían con los descritos en la
demanda, un certificado de tradición y libertad que no describían aquellos, ni la
denominación “El Naranjito” del predio, y una constancia de la Oficina de Desarrollo
Agropecuario y Medio Ambiente de San Miguel que comporta una manifestación
unilateral, por lo que no tiene la entidad jurídica para acreditar la propiedad,
identificación y delimitación del inmueble.
35. Además de lo anterior, evidenció que si aún, en gracia de discusión, se aceptara
que el señor Rómulo acreditó su legitimación en la causa por activa, este no
demostró el daño antijurídico padecido. No se allegó prueba del trámite
administrativo que afirma inició, ni la queja que, adujo, formuló ante las autoridades.
36. Para la Sala, insistir, en sede de tutela, que se tenga como propietario de los
cultivos afectados al señor Rómulo, lejos de comportar el defecto fáctico alegado,
evidencia la intención de la parte actora de imponer el grado de certeza que debía
otorgársele a los elementos probatorios adosados para demostrar tal calidad, pese
a que el juez natural de la causa les explicó los motivos por los cuales ello no era
viable.
37. Adicional, también se les indicó que, en todo caso, no se había demostrado el
daño antijurídico sufrido por el señor Rómulo Quenoran. Omisión frente a la cual los
tutelantes no destinaron argumentación alguna tendiente a desvirtuar el
razonamiento desarrollado sobre ese aspecto.
38. Por otra parte, tampoco reviste de relevancia constitucional la presunta indebida
aplicación de la figura eximente de responsabilidad de hecho exclusivo de la víctima.
Tal determinación estuvo soportada en la acreditación de la existencia de cultivos
ilícitos en los predios de los tutelantes. Más allá de alegar dicha falencia no se
explicó por que razón no era dable aplicar tal causal de exoneración de
responsabilidad estatal ante la existencia de cultivos ilícitos en los predios objeto de
reclamación.
39. Así las cosas, las inconformidades de los tutelantes no demuestran afectación
constitucional alguna ni contienen la suficiente carga argumentativa que acredite
algún yerro de índole constitucional que implique vulneración de derechos
fundamentales.
40.
En tal sentido, acceder a lo pretendido implicaría invadir la órbita de competencia
del juez natural, como si este escenario constitucional hubiera sido instituido como
una tercera instancia, en el que se defina de nuevo el debate probatorio ya zanjado
por aquel. Es decir, la discusión no trasciende al ámbito constitucional, pues se
avalaría que se efectúe en sede de tutela un juicio de corrección, pese a que en este
escenario se debe desarrollar uno de validez.
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41.
En ese orden de ideas, comoquiera que no se supera el requisito de relevancia
constitucional, esta Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo.
42.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
atención a las consideraciones planteadas.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE9
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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