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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2013-00687-01

Fecha
30 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2013-00687-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de 28 de junio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, la cual quedará así: “PRIMERO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, por los daños antijurídicos causados al señor JORGE ENRIQUE MONCADA HIDALGO con ocasión de las aspersiones con glifosato efectuadas por esa entidad el día 5 de noviembre de 2011, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, a pagar al señor JORGE ENRIQUE MONCADA HIDALGO por concepto de lucro cesante la suma que resulte del incidente de liquidación de perjuicios, de acuerdo con las reglas definidas en la parte considerativa de esta decisión. TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas”. 9 de 10 Radicación: 13001-23-33-000-2013-00687 01 (67228) Actor: Jorge Enrique Moncada Hidalgo Demandado: Policía Nacional Referencia: acción de reparación directa Decisión: confirma la responsabilidad SEGUNDO: sin condena en costas. Por Secretaría, una vez ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 13001-23-33-000-2013-00687-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

30 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 30 de noviembre de 2023

Radicación: 13001-23-33-000-2013-00687 01 (67228)
Actor: Jorge Enrique Moncada Hidalgo
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Acción de reparación directa

Temas: reparación directa – responsabilidad extracontractual del Estado por daños
causados con glifosato.

Síntesis del caso: los cultivos del demandante fueron afectados por la aspersión aérea de
glifosato.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandada, en contra de la Sentencia de 28 de junio de 2019, proferida
por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada –
1.3. Sentencia de primera instancia – 1.4. Recurso de apelación

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 5 de noviembre de 20131, Jorge Enrique Moncada Hidalgo (Jorge
Enrique o la víctima directa) presentó demanda2, en ejercicio de la acción
de reparación directa, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional (la Policía) con el fin de que se hiciera la siguiente
declaración (se trascribe):

1 La demanda fue presentada oportunamente. La aspersión fue realizada en 5 de noviembre de

2011, por lo que, inicialmente, el plazo para demandar vencía el 6 de noviembre de 2013. La
solicitud de conciliación extrajudicial fue presentada el 19 de abril de 2013 y el término reanudado
el 27 de junio de 2013 (folios 66-68 del cuaderno de primera instancia del expediente digital, visible
en el índice Samai 2). Por tanto, la demanda presentada el 5 de noviembre de 2013 fue oportuna.
2 Folios 1-11 del cuaderno de primera instancia del expediente digital, visible en el índice Samai 2.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 13001-23-33-000-2013-00687 01 (67228)
Actor: Jorge Enrique Moncada Hidalgo
Demandado: Policía Nacional
Referencia: acción de reparación directa
Decisión: confirma la responsabilidad

“[P]or su responsabilidad administrativa por la acción y/u omisión en la aspersión
de cultivos lícitos realizada el día 5 de noviembre de 2011, entre las 9:00 am y las
9:30 am, en el sector de los Guayacanes del corregimiento de San Juan de Río
Grande, en la jurisdicción del municipio de Santa Rosa Sur, del departamento
de Bolívar”.

2. Los perjuicios reclamados se resumen así:

Tipo de perjuicio Valor
Daño emergente -$5.000.000 por concepto de honorarios pagados a su
abogado
-$1.000.000 por los gastos en que incurrió para asistir a las
audiencias administrativas
-$45.530.000 por el costo de producción del cultivo de café
-$28.360.000 por el valor de 709 jornales de trabajo empleados
en el cultivo de café
-$48.583.000 por el costo de producción del cultivo de cacao
-$25.800.000 por el valor de 645 jornales de trabajo empleados
en el cultivo de cacao
-$1.800.000 por el costo de producción del cultivo de yuca
-$1.040.000 por el valor de 26 jornales de trabajo empleados en
el cultivo de yuca
-$6.400.000 por el costo de producción del cultivo de pastos y
praderas
-$2.400.000 por el valor de 60 jornales de trabajo para el cultivo
de pastos y praderas
Lucro cesante $320.000.000 por lo dejado de percibir por la afectación de los
cultivos
Morales 200 salarios mínimos, divididos en partes iguales entre “daño
moral subjetivo” y “daño moral objetivo”

3. La parte demandante narró, en síntesis, los siguientes hechos:

4. El 5 de noviembre de 2011, tres aeronaves asperjaron los cultivos lícitos
del demandante y de otros habitantes de la vereda los Guayacanes, del
corregimiento San Juan de Río Grande, del Municipio de Santa Rosa del
Sur, Bolívar. En el terreno del que Jorge Enrique era poseedor fueron
afectados cultivos de cacao, café, pastos y árboles frutales, entre otros.

5. El 22 de noviembre de 2011, los predios fueron visitados por una
funcionaria de la alcaldía municipal con el fin de registrar los daños. Los
afectados presentaron la queja correspondiente y la Policía Nacional, en
la audiencia de reconocimiento de daños, ofreció al demandante y a los
demás una suma “insignificante”, por lo que “no firmaron el acuerdo de
transacción”.

1.2. Posición de la parte demandada

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Radicación: 13001-23-33-000-2013-00687 01 (67228)
Actor: Jorge Enrique Moncada Hidalgo
Demandado: Policía Nacional
Referencia: acción de reparación directa
Decisión: confirma la responsabilidad

6. La Policía contestó la demanda3 y se opuso a las pretensiones. Sostuvo
que el demandante debía probar tanto la posesión del inmueble, como su
actividad económica y los perjuicios que de allí pretendía derivar.

7. Aceptó que el 5 de noviembre realizó aspersiones en el municipio de
Santa Rosa del Sur y que recibió quejas por los hechos. Al demandante la
entidad ofreció una compensación económica de $5.900.000,
proporcional a una afectación de 0.30 hectáreas, que no fue aceptada.
Así, de considerar que la entidad era responsable en el presente caso, solo
debía ser condenada por el monto anterior, que fue fijado por un
especialista ambiental de la Dirección de Antinarcóticos.

1.3. Sentencia de primera instancia

8. El 28 de junio de 2019, el Tribunal Administrativo de Bolívar decidió4 (se
trascribe):

“PRIMERO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la NACIÓN – MINISTERIO
DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, por los daños antijurídicos causados al señor
JORGE ENRIQUE MONCADA HIDALGO con ocasión de las aspersiones con
glifosato efectuadas por esa entidad el día 5 de noviembre de 2011, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, a pagar al señor JORGE ENRIQUE
MONCADA HIDALGO por concepto de perjuicios sufridos en la modalidad de
daño emergente y lucro cesante, los cuales serán liquidados de conformidad
con los parámetros expuestos en la parte motiva de esta sentencia.
El incidente de liquidación de perjuicios deberá ser incoado por la parte
demandante en los términos del artículo 193 del CPACA.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas.
CUARTO: Condenar en costas a la parte demandada, al resultar vencida en el
proceso judicial, incluyéndose en las mismas las agencias en derecho que
deberán ser fijadas dando aplicación al Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo
Superior de la Judicatura (…)”.

9. De acuerdo con el Tribunal, en los formatos de verificación de la Umata
se registró que los cultivos afectados pertenecían al demandante,
información que coincidía con los testimonios practicados en el proceso.
Así, aunque no se hubiera acreditado el registro de la posesión, la
propiedad de los cultivos legitimaba al demandante5. Destacó que, en el
procedimiento administrativo la Policía no cuestionó su condición de
afectado y llegó a ofrecerle una compensación económica.

3 Folios 95-102 del cuaderno de primera instancia del expediente digital, visible en el índice Samai 2.
4 Folios 174-185 del cuaderno de primera instancia del expediente digital, visible en el índice Samai 2.
5 Al respecto, el Tribunal indicó (se trascribe): “En ese orden, advierte la Sala que, lo reclamado por

el demandante en el caso concreto es la reparación de los daños causados a los cultivos de su
propiedad ubicados en el predio ‘La Bonanza’, motivo por el cual solamente tenía que acreditar la
titularidad frente a los cultivos, mas no era imprescindible que se configurara la prueba solemne
respecto del predio, pues los daños a indemnizar no recaen sobre ese bien inmueble”.

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Radicación: 13001-23-33-000-2013-00687 01 (67228)
Actor: Jorge Enrique Moncada Hidalgo
Demandado: Policía Nacional
Referencia: acción de reparación directa
Decisión: confirma la responsabilidad

10. Estaba probado que el 5 de noviembre de 2011 la Policía realizó
aspersión con glifosato en el municipio Santa Rosa del Sur. De acuerdo con
la decisión de la entidad sobre la queja presentada, el valor a compensar
correspondía a 0,30 hectáreas, lo que contradecía los formatos de
verificación preliminar, según los cuales, fueron afectadas 3 hectáreas de
cacao, 3.5 de café castilla, 2 de praderas y 0.5 de yuca.

11. En el proceso declaró la funcionaria de la alcaldía municipal que
realizó la visita, quien explicó de manera detallada la “forma en que llegó
a la conclusión del área de cultivos afectada”, mediante
georreferenciación y comprobación en el terreno. Asimismo, tres vecinos
de Jorge Enrique coincidieron en afirmar que en su predio fueron
asperjados cultivos de café, cacao, yuca y pastos. En consecuencia, de la
valoración conjunta de las pruebas se concluía que la aspersión concretó
el daño, consistente “en la pérdida total de los cultivos de café, cacao,
yuca y pradera” del demandante. En este contexto, el título de imputación
aplicable era el riesgo excepcional.

12. El tribunal desestimó lo solicitado por perjuicios inmateriales, pues los
testimonios no hicieron referencia sobre este punto. También desestimó lo
solicitado por concepto de honorarios de abogado y gastos de transporte
entre Santa Rosa del Sur y Cartagena, porque no fueron probados.

13. Respecto de los perjuicios materiales, señaló que, aunque fueron
aportados los formatos de verificación preliminar elaborados por una
funcionaria de la Umata, quien a su vez declaró en el proceso, no podía
determinarse con claridad si los valores estaban basados en datos oficiales
o la fuente utilizada para llegar a esa conclusión. En consecuencia, para
fijar con certeza la indemnización, ordenó que la tasación de perjuicios se
hiciera el trámite incidental de liquidación de perjuicios6.

6 Para la condena en abstracto, el tribunal señaló que debía tenerse en cuenta los siguientes puntos

(se trascribe):
“1. La información contenida en los formatos de verificación preliminar de la información por parte
de funcionarios del ICA y/o UMATA visibles a folios 19-30.
2. Prueba pericial que con base en los anteriores documentos, las declaraciones recibidas en el
curso del proceso y la información que suministre el demandante, aunado a los reportes que existan
sobre la fumigación en sus consecuencias en los archivos de las autoridades municipales de Santa
Rosa del Sur (Bolívar), determine el valor de la inversión que incluya costo de las semillas,
preparación de la tierra, cuidado de los cultivos, insumos, jornales requeridos y la utilidad que pudo
haber recibido con la venta de estos productos en caso de que la aspersión aérea no se hubiera
realizado.
3. Tiempo restante de producción después de la fumigación, así como la merma que por la edad
del cultivo tuviera la cosecha.
4. Valor neto producido durante el periodo restante de producción, indicando año por año dicha
cuantía.
5. Los valores se deben reajustar de conformidad con lo establecido en el artículo 187 del CPACA, si
a ello hubiere lugar”.

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Radicación: 13001-23-33-000-2013-00687 01 (67228)
Actor: Jorge Enrique Moncada Hidalgo
Demandado: Policía Nacional
Referencia: acción de reparación directa
Decisión: confirma la responsabilidad

1.4. Recurso de apelación

14. La Policía interpuso recurso de apelación7. Afirmó que no discutía la
ocurrencia del daño, pues en su decisión administrativa reconoció que
afectó 0,30 hectáreas de los cultivos del demandante, y ofreció una
compensación proporcional. La entidad llegó a esta conclusión mediante
el concepto técnico del especialista ambiental, el cual no fue tachado de
falso y sobre el que no se solicitó complementación en el procedimiento
administrativo. A su juicio, el tribunal debió tener en cuenta ese valor y no
el consignado en los documentos sobre la visita de verificación, como si
fueran un dictamen pericial, porque no cumplían con lo previsto en el
artículo 226 del CGP.

15. Afirmó que según la información de la verificación preliminar algunos
de los cultivos no habían empezado la producción, “situación en la que
pudieron sobrevenir eventos de la naturaleza” y, por tanto, se trataba de
“una mera expectativa de obtener unas ganancias”.

16. Añadió que, si el tribunal no tenía elementos de juicio para cuantificar
los perjuicios, debió negar las pretensiones de la demanda, pues se trataba
del incumplimiento de la carga de la prueba en cabeza del demandante.
Una condena en abstracto no podía, en todo caso, resultar superior a la
estimación razonada de la cuantía hecha en la demanda.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Síntesis de la controversia – 2.2. Análisis sustantivo – 2.3. Liquidación de perjuicios – 2.4.
Condena en costas

2.1. Síntesis de la controversia

17. El recurso de apelación de la entidad demandada se centró en
cuestionar la condena en abstracto impuesta por el tribunal. No obstante,
al afirmar que debía indemnizarse por 0,30 hectáreas, extensión que fue
determinada en el procedimiento administrativo que adelantó, cuestionó
la magnitud del daño. De ahí que, solo mediante la verificación de la
extensión de la afectación de los cultivos del demandante puedan
revisarse los criterios de la condena en abstracto.

18. En el escenario planteado, la Sala modificará la condena impuesta en
primera instancia y condenará en abstracto únicamente por el valor del
lucro cesante, de conformidad con lo probado y su precedente.

7 Folios 188-192 del cuaderno de primera instancia del expediente digital, visible en el índice Samai 2.

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Radicación: 13001-23-33-000-2013-00687 01 (67228)
Actor: Jorge Enrique Moncada Hidalgo
Demandado: Policía Nacional
Referencia: acción de reparación directa
Decisión: confirma la responsabilidad

19. La acción de reparación directa es el medio idóneo para pretender la
reparación de daños derivados de las actividades materiales de ejecución
de órdenes de erradicación de cultivos ilícitos —operación administrativa
para la materialización de un acto administrativo— o, en ausencia de la
orden de operación, por tratarse de un hecho administrativo. En atención
a la causa del daño, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
no es el mecanismo adecuado para solicitar la reparación de este tipo de
daños, de acuerdo con la jurisprudencia uniforme de las tres subsecciones
de la Sección Tercera de esta corporación8.

2.2. Análisis sustantivo

20. El 18 de noviembre de 2011, Jorge Enrique presentó ante la alcaldía de
Santa Rosa del Sur el formulario de reclamación por afectación de cultivos
con glifosato9. La información consignada se resume así:

Tipo de cultivo Hectáreas afectadas “Estimación
económica del daño”
Café 3.5 $240.000.000
Cacao 3 $120.000.000
Praderas 2 $22.000.000
Yuca 0.5 $30.000.000

21. Tras la aspersión, los cultivos fueron visitados por Edith Díaz Cristancho,
funcionaria de la alcaldía municipal, según consta en los “formato[s] de
verificación preliminar de la información por parte de funcionarios del ICA
y/o Umata”10. En los documentos se incluyó la descripción del suelo, el
número y el valor de los jornales utilizados hasta ese momento, el valor de

8 En una única sentencia se declaró la indebida escogencia de la acción, porque se consideró que,

al haber realizado la reclamación administrativa por los daños derivados de la fumigación, debía
demandarse la nulidad y restablecimiento del derecho respecto del acto administrativo de
respuesta frente a la queja: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 6 de
febrero de 2020, exp. 18001-23-31-000-2010-00476-01(54797), SV María Adriana Marín. Sin embargo,
tal posición fue abandonada por dicha subsección y, por el contrario, de manera expresa y por
parte de las tres subsecciones de la Sección Tercera, se ha reiterado la procedencia de la acción
de reparación directa y se ha negado que el mecanismo adecuado sea la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho: Consejo de Estado, Secc. 3, Sub. A, Sentencia del 23 de abril de 2021,
exp. 52001-23-33-000-2014-00209-01(AG); Secc. 3, Sub. B, Sentencia del 28 de abril de 2021, exp.
52001-23-31-000-2011-00193-01(53465), AV Alberto Montaña; Secc. 3, Sub. A, Sentencia del 4 de junio
de 2021, exp. 50001-23-31-000-2006-01036-01(48352); Secc. 3, Sub. B, Sentencia del 9 de julio de 2021,
exp. 52001-23-31-000-2010-00511-01(43590), SV Martín Bermúdez; Secc. 3, Su. bC, Sentencia del 29 de
julio de 2021, exp. 19001-23-31-000-2002-01149-01(40809); Secc. 3, Sub. A, Sentencia del 27 de agosto
de 2021, exp. 54001-23-31-000-2012-00034-01(54316); Secc. 3, Sub. A, Sentencia del 8 de noviembre
de 2021, exp. 68001-23-31-000-2012-00107-02(62022) SV Marta Nubia Velásquez; Secc. 3, Sub. C,
Sentencia del 19 de noviembre de 2021, exp. 52001-23-31-000-2010-00514-01(51279).
9 Documento visible en el archivo denominado “formulario y anexos”, del cd a folio 127 del

cuaderno de primera instancia del expediente digital, visible en el índice Samai 2.
10 Documentos visibles en el archivo denominado “formulario y anexos”, del cd a folio 127 del

cuaderno de primera instancia del expediente digital, visible en el índice Samai 2.

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Radicación: 13001-23-33-000-2013-00687 01 (67228)
Actor: Jorge Enrique Moncada Hidalgo
Demandado: Policía Nacional
Referencia: acción de reparación directa
Decisión: confirma la responsabilidad

las semillas o las plántulas, y la historia del cultivo que incluía, entre otros, los
fertilizantes, herbicidas y agroquímicos empleados. En la descripción del
daño se relacionó la marchitez de las hojas y la necrosis general de las
plantas. Se destacó que el daño era de origen antrópico, por la aspersión
de glifosato, y se dejó un croquis con la distribución de las áreas afectadas
y las coordenadas. Según los oficios, fueron afectadas las siguientes áreas
cultivadas:

Tipo de cultivo Hectáreas afectadas “Costo de producción
del cultivo”
Café 3.5 $45.530.000
Cacao 3 $48.585.000
Praderas 2 $6.400.000
Yuca 0.5 $1.800.000

22. La persona encargada de la visita, funcionaria de la alcaldía municipal
y zootecnista de profesión, declaró en el proceso11 y detalló la forma en
que evaluó los daños el 22 de noviembre de 2011, es decir, 17 días después
de la aspersión. Según la declaración, este término era prudente para
observar los efectos del glifosato en las plantas, incluida la necrosis total de
las hojas y los frutos. Indicó que en la diligencia hizo la georreferenciación
de los cultivos y realizó su verificación en el terreno, tomó en consideración
el número de surcos y la distancia a la que debía sembrarse cada planta,
la edad del cultivo y el valor del jornal en la región. Con base en estas
consideraciones consignó la información en los formatos y realizó el
croquis.

23. Las declaraciones de la funcionaria sobre la variedad de cultivos
afectados son coincidentes con las de Candelaria Castillo Blanco, Andrés
Donoso Rodríguez y Nelly Rodríguez, vecinos de Jorge Enrique que
presenciaron la aspersión12. De acuerdo con las pruebas enunciadas, no es
cierto que los formatos se hicieron a partir de “una evaluación subjetiva del
hecho”, como afirmó la Policía en su recurso de apelación.

24. Por el contrario, la Dirección de Antinarcóticos hizo la visita de
verificación el 14 de mayo de 2012, esto es, pasados seis meses desde la
aspersión, y de forma aérea13. Por tanto, la calidad y la cantidad de
pruebas sobre una mayor afectación de la que concluyó la entidad llevan
a la Sala, del mismo modo que lo hizo el tribunal, a descartar que la

11 Audiencia de pruebas. El archivo está disponible para consulta en el link de OneDrive del
documento rotulado “6_ED_GMAILRV_OFICIOR(.PDF) NroActua 2” del expediente digital.
12 Audiencia de pruebas. El archivo está disponible para consulta en el link de OneDrive del

documento rotulado “6_ED_GMAILRV_OFICIOR(.PDF) NroActua 2” del expediente digital.
13 De acuerdo con el Acta No. 12 de 14 de mayo de 2012. Documento visible en el archivo

denominado “Actas”, del cd a folio 127 del cuaderno de primera instancia del expediente digital.

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Radicación: 13001-23-33-000-2013-00687 01 (67228)
Actor: Jorge Enrique Moncada Hidalgo
Demandado: Policía Nacional
Referencia: acción de reparación directa
Decisión: confirma la responsabilidad

afectación hubiera sido de 0,30 hectáreas. En este sentido, si bien el
documento en cuestión no fue tachado, lo cierto es que la tacha no es
indispensable para concluir, como en este caso, que tiene menor valor
demostrativo que los demás medios de prueba, coincidentes entre sí.

2.3. Liquidación de perjuicios

25. Los lineamientos para la condena en abstracto fijados en la decisión
de primera instancia incluyeron el daño emergente y el lucro cesante. En
criterio de esta Subsección14, no es posible reconocer los dos perjuicios,
toda vez que “las inversiones que un agricultor realiza en la siembra son
recuperadas mediante la venta de las cosechas. Por tanto, el pago de
una suma por lo invertido y otra suma por lo que habrían vendido no
corresponde a la realidad económica”15. En consecuencia, la Sala
reconocerá únicamente el lucro cesante, con las reglas que ha fijado para
casos similares16, así:

26. (1) En el incidente de liquidación de la condena deberá realizarse un
dictamen pericial por parte de un profesional en agronomía con
experiencia en el avalúo de cultivos.

27. (2) El dictamen deberá establecer las erogaciones necesarias para
cada cultivo, de acuerdo con las áreas afectadas. El documento
determinará lo relativo a los insumos (fertilizantes, insecticidas, fungicidas,
controles fitosanitarios, agua, electricidad, etcétera), durante el período
comprendido entre la siembra y la etapa productiva.

28. 3) El dictamen deberá establecer el lucro cesante, que consiste en el
valor bruto que le hubiera reportado al demandante el primer año de
producción plena de cada cultivo, de acuerdo con las áreas afectadas. Al
resultado de esta operación deberá descontarse el valor establecido

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B.
Sentencia de 7 de septiembre de 2023, expedientes 63011 y 54752. Con salvamento de voto del
Consejero Martín Bermúdez Muñoz, respecto de la acción procedente.
15 No comparto la posición, según la cual, el reconocimiento del daño emergente y el lucro cesante

en eventos de daños a cultivos es incompatible, bajo el argumento de que mediante la venta de los
frutos se espera que el trabajador recupere lo invertido. Menos aún, cuando al retorno de la
inversión se le descuentan las erogaciones necesarias para llegar a la cosecha. En este contexto, no
solo no se indemniza al demandante por la pérdida del árbol –que, en muchos casos puede tardar
años (incluso décadas) en dar frutos– sino que, además, a lo cosechado se le descuenta lo que el
demandante habría invertido para llegar a ese punto. Para el ponente de esta sentencia, la
aplicación de esta postura de forma generalizada es problemática y sería más adecuado, de
acuerdo con la lógica de la responsabilidad extracontractual, realizar una evaluación en cada
caso concreto. No pueden evaluarse de igual modo, por ejemplo, los cultivos de ciclos cortos, que
tras una cosecha deben ser iniciados nuevamente, a los denominados cultivos perennes, que tienen
una vida útil de años.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B.

Sentencia de 7 de septiembre de 2023, expedientes 63011 y 54752. Con salvamento de voto del
Consejero Martín Bermúdez Muñoz, en relación con la acción procedente.

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Radicación: 13001-23-33-000-2013-00687 01 (67228)
Actor: Jorge Enrique Moncada Hidalgo
Demandado: Policía Nacional
Referencia: acción de reparación directa
Decisión: confirma la responsabilidad

como erogaciones necesarias. El cálculo deberá soportarse
documentalmente, por ejemplo, en certificaciones oficiales de precios
para la época en la que se encontraba prevista la recolección de los
frutos, documentos comerciales, como contratos celebrados en esa
época, comparación con utilidades documentadas de cultivadores para
la misma época y en condiciones equivalentes, facturas y análisis
estadísticos.

29. (4) Tanto el total de las erogaciones necesarias, como el lucro cesante,
se actualizarán con base en el IPC histórico hasta la fecha de liquidación
de la condena.

30. (5) La liquidación no podrá superar el valor de las pretensiones de la
demanda, indexadas o traídas a valor presente.

2.4. Condena en costas

31. En vista de que el recurso de apelación prosperó parcialmente, la Sala
se abstendrá de imponer una condena en costas, de acuerdo con el
artículo 365.5 del Código General del Proceso.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de 28 de junio de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, la cual quedará así:

“PRIMERO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la NACIÓN – MINISTERIO
DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, por los daños antijurídicos causados al señor
JORGE ENRIQUE MONCADA HIDALGO con ocasión de las aspersiones con
glifosato efectuadas por esa entidad el día 5 de noviembre de 2011, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, a pagar al señor JORGE ENRIQUE
MONCADA HIDALGO por concepto de lucro cesante la suma que resulte del
incidente de liquidación de perjuicios, de acuerdo con las reglas definidas en la
parte considerativa de esta decisión.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas”.

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Radicación: 13001-23-33-000-2013-00687 01 (67228)
Actor: Jorge Enrique Moncada Hidalgo
Demandado: Policía Nacional
Referencia: acción de reparación directa
Decisión: confirma la responsabilidad

SEGUNDO: sin condena en costas.

Por Secretaría, una vez ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con salvamento de voto

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Firmado electrónicamente

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