Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05807-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05807-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-05807-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez
24 de enero de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá D.C, veinticuatro (24) de enero de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-05807-01
Demandante: COMUNIDAD RESGUARDO INDÍGENA COREGUAJE
DE JERICÓ - CONSAYA
Demandado: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN TERCERA DEL
CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL. REPARACIÓN DIRECTA. DAÑOS A
COMUNIDAD INDÍGENA. CUANDO SE EMPLEA LA
ACCIÓN DE TUTELA COMO UNA TERCERA
INSTANCIA EL MECANISMO CARECE DE
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL ANÁLISIS DEL
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL.
Síntesis del caso: La Sala confirmará la sentencia que declaró improcedente la acción de
tutela respecto del defecto fáctico por falta de relevancia constitucional y negó las
pretensiones en relación con el desconocimiento del precedente judicial, por no acreditarse
la vulneración invocada en el marco de un proceso de reparación directa por presuntos
daños causados a un resguardo indígena.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia de 28 de noviembre de 2024 proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado en la que se decidió:
“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela formulada por el
resguardo Coreguaje Jericó Consaya frente al defecto fáctico por falta de
relevancia constitucional y NEGAR la protección constitucional en
relación con el desconocimiento del precedente. (...)”. (mayúsculas y
negrillas del original – archivo disponible en medio magnético en el aplicativo
SAMAI)
I. ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado el 28 de octubre de 2024, el señor Duberney Medina
Bautista, en representación de la Comunidad Resguardo Indígena Coreguaje de
2
Expediente: 11001-03-15-000-2024-05807-01
Demandante: Comunidad Resguardo Indígena Coreguaje de Jericó - Consaya
Acción de tutela – Impugnación de fallo
Jericó – Consaya1, promovió proceso de acción de tutela en contra de la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado para la protección de sus derechos
fundamentales del debido proceso, igualdad, vida, identidad cultural,
autodeterminación y consulta previa, consagrados en los artículos 7, 11, 13 y 29 de
la Constitución Política2, presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia de
8 de abril de 2024 proferida por la autoridad judicial demandada en el proceso de
reparación directa con radicación no. 18001-23-31-000-2012-00001-01.
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) En 1995, mediante la Resolución No. 48 del Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria (INCORA), se formalizó la creación del resguardo indígena Coreguaje Jericó
Consaya, ubicado en el municipio de Solano (Caquetá).
2) Como parte de las políticas estatales para combatir el narcotráfico, el 25 de
octubre de 2010 y el 24 de abril de 2011, aeronaves de la Policía Nacional llevaron
a cabo aspersiones aéreas con glifosato en áreas rurales que incluyen los límites
del resguardo indígena Coreguaje para la erradicación de cultivos ilícitos.
3) Tales actuaciones se realizaron sin consulta previa de la comunidad, en
contravención del artículo 330 de la Constitución Política de Colombia y el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ocasionaron la destrucción
de cultivos lícitos como yuca, plátano, maíz, chontaduro y caña, la contaminación
de fuentes hídrica, el deterioro de ecosistemas locales y el desplazamiento de varias
familias, lo cual afectó directamente su forma de vida y seguridad alimentaria.
4) Frente a las afectaciones sufridas, el resguardo indígena presentó denuncias ante
la Alcaldía de Solano y el Consejo Nacional de Estupefacientes, adicionalmente, se
realizaron inspecciones oculares por parte de la Unidad Municipal de Asistencia
1
El actor fue posesionado y designado como kapita de la Comunidad mediante Acta no. 014 de 17
de enero de 2024 ante el alcalde municipal de Solano (Caquetá).
2
Sobre el carácter fundamental de los derechos de la autodeterminación de los pueblos indígenas y
consulta previa ver la sentencia SU-123 de 2018 de la Corte Constitucional, entre otras.
3
Expediente: 11001-03-15-000-2024-05807-01
Demandante: Comunidad Resguardo Indígena Coreguaje de Jericó - Consaya
Acción de tutela – Impugnación de fallo
Técnica Agropecuaria (UMATA), que certificaron los daños en los cultivos y las
fuentes hídricas, sin embargo, tales quejas no derivaron en acciones concretas para
reparar los perjuicios causados.
5) Ante la ausencia de respuestas satisfactorias por parte de las autoridades, el
resguardo indígena presentó una demanda de reparación directa contra la Nación -
Ministerio de Defensa - Policía Nacional para que se les declarara responsables por
la falla en el servicio debido a la realización de fumigaciones sin adoptar medidas
para proteger el territorio indígena y sus cultivos.
6) Mediante sentencia de 14 de noviembre de 2017, la Sala Transitoria del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca3 accedió a las pretensiones de la demanda,
declaró responsable a la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional por los
perjuicios ocasionados a la parte demandante y la condenó a reconocer los
perjuicios materiales sufridos por el resguardo que se probaren en trámite
incidental4.
7) La entidad demandada apeló esa decisión5 y la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia de segunda instancia el 8 de abril
3
Sala de decisión encargada de conocer asuntos del sistema escrito remitidos por diferentes
Tribunales Administrativos del país, para el caso de la referencia el proceso fue enviado por el
Tribunal Administrativo del Caquetá, en los términos del Acuerdo no. PCSJA17-10693 de 30 de junio
de 2017.
4
Esa autoridad judicial concluyó que las fumigaciones aéreas efectuadas por la Policía Nacional, sin
estudios previos para determinar el impacto y tomar precauciones para evitar que causaran
perjuicios, afectaron cultivos lícitos esenciales para la subsistencia de la comunidad indígena, como
yuca, plátano, maíz y caña y también las fuentes hídricas y los ecosistemas locales, lo cual generó
perjuicios económicos y ambientales en un territorio protegido constitucionalmente.
El tribunal aplicó un régimen de responsabilidad objetiva para considerar que no era necesario probar
la existencia de una falla en el servicio y que bastaba con acreditar el daño y el nexo causal con la
actividad realizada con agentes químicos que implica un riesgo inherente que exige medidas
especiales para prevenir daños a comunidades vulnerables y territorios protegidos.
Adicionalmente, identificó que las fumigaciones se llevaron a cabo sin cumplir con el requisito de la
consulta previa y con ello se vulneraron los derechos fundamentales de la comunidad indígena.
5
La autoridad demandada criticó la valoración de las pruebas realizada por el tribunal y argumentó
que no se aportaron pruebas concluyentes que demostraran la existencia de un daño cierto, personal
y directo; que los cultivos supuestamente afectados no estaban debidamente identificados ni
localizados con precisión en el territorio y que el dictamen pericial y los testimonios presentados por
la parte demandante carecían de rigor técnico y no ofrecían evidencia suficiente para acreditar los
perjuicios reclamados.
También cuestionó la relación de causalidad entre las fumigaciones realizadas y los daños
reportados por la comunidad indígena porque las fumigaciones estaban dirigidas exclusivamente a
erradicar cultivos ilícitos y se realizaron con los protocolos establecidos, no existían pruebas claras
4
Expediente: 11001-03-15-000-2024-05807-01
Demandante: Comunidad Resguardo Indígena Coreguaje de Jericó - Consaya
Acción de tutela – Impugnación de fallo
de 2024 en la cual revocó la sentencia del tribunal y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda.
8) Para la autoridad judicial demandada, el resguardo indígena no acreditó de
manera concreta y suficiente la existencia de un daño cierto, personal y determinado
porque las pruebas aportadas no permitieron demostrar con claridad la ubicación
exacta de los cultivos lícitos supuestamente afectados y la magnitud de los daños
presuntamente ocasionados por las fumigaciones.
9) Aunque se presentaron testimonios y dictámenes periciales, estos no resultaron
concluyentes porque los primeros fueron contradictorios, subjetivos y parciales y los
informes técnicos carecían de una metodología adecuada y fueron realizados varios
años después de los hechos, lo cual generó dudas sobre su fiabilidad.
10) La autoridad judicial demandada reconoció que las aspersiones se realizaron
en las fechas indicadas en la demanda, sin embargo, no se comprobó que afectaran
los cultivos lícitos del resguardo y no se confirmó que el glifosato utilizado alcanzó
específicamente las áreas de cultivos lícitos.
11) Respecto de la alegada vulneración sobre el derecho fundamental a la consulta
previa, la parte demandada concluyó que, aunque las fumigaciones se realizaron
en las cercanías del resguardo, no se probó una afectación directa al territorio
indígena que justificara la necesidad de realizar una consulta previa y, por tanto, no
se configuró dicha vulneración.
2. Los fundamentos de la vulneración
La parte demandante argumentó que la providencia cuestionada incurrió en un
defecto fáctico y un desconocimiento del precedente judicial.
que demostraran que el glifosato utilizado en las aspersiones alcanzara los cultivos lícitos del
resguardo indígena.
Reprochó, además, la aplicación del régimen de responsabilidad objetiva por parte del tribunal, en
atención a que las fumigaciones no debían ser consideradas como una actividad peligrosa, en tanto
que fue una labor legítima, ajustada a la normativa vigente y destinada al interés público.
La consulta previa no era necesaria en el caso ya que las fumigaciones no implicaban una afectación
directa en el territorio protegido, sino que estaban dirigidas a erradicar cultivos ilícitos presentes en
la región.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05807-01
Demandante: Comunidad Resguardo Indígena Coreguaje de Jericó - Consaya
Acción de tutela – Impugnación de fallo
Sobre el defecto fáctico afirmó que la autoridad judicial demandada no valoró
adecuadamente las pruebas relevantes del proceso, en particular, los testimonios
de líderes indígenas y habitantes del resguardo que relataron cómo las aspersiones
afectaron directamente los cultivos esenciales para su subsistencia, los informes
técnicos de UMATA que describían los daños en cultivos lícitos y las afectaciones
ambientales en el territorio del resguardo, y los dictámenes periciales que
documentaron el impacto del glifosato en los cultivos, fuentes hídricas y
ecosistemas.
La parte actora alegó que la Subsección A de Sección Tercera del Consejo de
Estado interpretó de manera sesgada las pruebas y aplicó un estándar
desproporcionado para evaluar la evidencia aportada por la comunidad indígena.
Frente al desconocimiento del precedente judicial alegaron que la parte demandada
desconoció la sentencia SU-383 de 2003 proferida por la Corte Constitucional,
según la cual, cualquier actividad estatal que afecte directamente a comunidades
indígenas requiere consulta previa, sin excepciones.
Para la parte demandante, las fumigaciones aéreas realizadas con glifosato en el
área del resguardo indígena constituyen una de tales actividades debido a su
impacto en el territorio, el ambiente y la cultura de la comunidad.
La actora también afirmó que la providencia cuestionada desconoció tres sentencias
proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado emitidas el 8 de septiembre
de 20176, el 30 de noviembre de 20237 y el 14 de julio de 20238, que establecieron
parámetros específicos sobre la responsabilidad estatal en actividades peligrosas,
la protección de comunidades indígenas y la valoración de pruebas en casos de
daños causados por fumigaciones con glifosato.
6
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, MP Jaime Orlando Santofimio Gamboa,
expediente 52001-23-31-000-2006-00435-01 (38.040).
7
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, MP Alberto Montaña Plata, expediente 13001-
23-33-000-2013-00687-01 (67.228).
8
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, MP Alberto Montaña Plata, expediente 68001-
23-31-703-2009-00064-01 (54.752).
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05807-01
Demandante: Comunidad Resguardo Indígena Coreguaje de Jericó - Consaya
Acción de tutela – Impugnación de fallo
En el primero de los antecedentes se reconoció que, aun cuando los testigos
pueden tener cercanía con la parte demandante, sus declaraciones pueden
considerarse válidas si se corroboran con otros elementos de prueba, de ahí que en
el caso de la referencia debieron valorarse los testimonios de los miembros del
resguardo, en conjunto con los informes del ingeniero de UMATA, para tener por
acreditado el impacto negativo que las aspersiones generaron sobre el territorio del
resguardo.
La segunda de las providencias desconocidas consideró, en un caso similar que,
pese a la falta de un dictamen pericial, es deber del juez aceptar los testimonios y
otros medios probatorios como suficientes para demostrar los daños causados por
las aspersiones con glifosato.
En el tercer precedente invocado como desconocido, la Sección Tercera de esta
Corporación consideró que pese a la existencia en el proceso de un dictamen
pericial que no se ajustó a la ley, hay lugar a cuantificar perjuicios a través de una
condena genérica o en abstracto, en los términos del artículo 172 del CCA.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la actora solicitó el amparo de las siguientes súplicas:
“PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales del Resguardo
Indígena Coreguaje de Jericó-Consaya, representado legalmente por
el señor Timoleón Bautista Valencia, a la consulta previa (art. 330 de la
Constitución Política y el Convenio 169 de la OIT), al derecho a la vida
(art. 11 C.P.), al derecho a un ambiente sano (art. 79 C.P.), al derecho
a la salud (art. 49 C.P.), al derecho a la identidad cultural (art. 7 C.P.)
y al derecho a la autodeterminación (Convenio 169 de la OIT), que
fueron vulnerados por la providencia judicial emitida por el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A en la sentencia de segunda instancia N° 18001-23-31-00-
2012-00001-00 (61.560) del 08 de abril de 2024.
SEGUNDA: DECLARAR que la sentencia referida proferida por el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, en el proceso de reparación directa iniciado por
el Resguardo Indígena Coreguaje de Jericó-Consaya contra la Nación -
Ministerio de Defensa - Policía Nacional, desconoció el material
probatorio allegado oportunamente, que demuestra de manera clara la
existencia de un daño causado a los cultivos tradicionales de la
comunidad indígena por las aspersiones aéreas con glifosato realizadas
en su territorio.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05807-01
Demandante: Comunidad Resguardo Indígena Coreguaje de Jericó - Consaya
Acción de tutela – Impugnación de fallo
TERCERA: DEJAR SIN EFECTO JURÍDICO la sentencia de segunda
instancia N° 18001-23-31-00-2012-00001-00 (61.560) del 08 de abril de
2024, proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, y como
consecuencia, ORDENAR a dicho tribunal que rehaga la sentencia,
teniendo en cuenta todos los medios probatorios oportunamente
aportados que acreditan la afectación a los cultivos de pancoger y el
consecuente perjuicio sufrido por el Resguardo Indígena Coreguaje de
Jericó-Consaya.
CUARTA: ORDENAR al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, que en la nueva
sentencia se reconozcan las pretensiones formuladas en la demanda de
reparación directa, basándose en un análisis detallado y exhaustivo de
los medios probatorios debidamente allegados al proceso. Dichos
elementos demuestran con claridad la afectación de los cultivos
tradicionales del Resguardo Indígena Coreguaje de Jericó-Consaya y
la consecuente vulneración de los derechos fundamentales de la
comunidad, como resultado de las aspersiones aéreas con glifosato
realizadas sobre su territorio ancestral.”. (negrillas y mayúsculas del
original – archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI)
4. Actuación en primer grado
La Sección Quinta del Consejo de Estado por auto de 30 de octubre de 2024 admitió
la acción de tutela, notificó a los magistrados integrantes de la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado con el fin de que presentaran un informe
sobre los hechos que dieron lugar a la presente acción y vinculó al Tribunal
Administrativo del Caquetá y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional, como terceros interesados en el resultado del proceso.
5. Sentencia de primera instancia
El 28 de noviembre de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió
sentencia en la que declaró improcedente la acción de tutela frente al defecto fáctico
por falta de relevancia constitucional y negó las pretensiones en relación con el
desconocimiento del precedente judicial.
El a quo consideró que los argumentos sobre la presunta configuración de un
defecto fáctico ya fueron objeto de análisis en el proceso ordinario y que la acción
de tutela se dirigió a controvertir la evaluación que -de manera autónoma y
discrecional- hizo la autoridad judicial demandada frente a las pruebas presentadas
por las partes.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05807-01
Demandante: Comunidad Resguardo Indígena Coreguaje de Jericó - Consaya
Acción de tutela – Impugnación de fallo
Sobre el desconocimiento del precedente judicial, afirmó que la acción de tutela sí
cumplió con los requisitos de procedencia de la acción de tutela cuando se presenta
contra providencias judiciales, en especial, el de relevancia constitucional, porque
la parte actora expuso con suficiencia las razones para considerar que su proceso
fue resuelto de una manera diferente a dos asuntos similares tramitados por esta
Corporación y que se pasó por alto una regla de unificación en torno al derecho
fundamental de la consulta previa, además, que el caso guarda relación con un
grupo minoritario catalogado como sujeto de especial protección constitucional.
Respecto de los precedentes proferidos por la Sección Tercera del Consejo de
Estado, consideró que no eran directamente aplicables en el caso de la comunidad
demandante, debido a que las circunstancias fácticas y probatorias de los asuntos
analizados en dichas decisiones diferían significativamente.
6. Impugnación
La comunidad demandante presentó impugnación contra la sentencia de primera
instancia y le fue concedida con auto de 10 de diciembre de 2024.
En ese documento replicó los argumentos planteados en la acción de tutela
relacionados con la alegada configuración del defecto fáctico y el desconocimiento
del precedente judicial.
El fallo de primera instancia no consideró la falta de pruebas materiales
contundentes, especialmente los dictámenes, informes y testimonios que
acreditaban la destrucción de cultivos ilícitos y las afectaciones al territorio indígena.
La improcedencia declarada por el a quo reflejó un exceso de formalismo que
desconoció las condiciones de vulnerabilidad de la comunidad indígena y su
derecho a una interpretación flexible de las pruebas.
La decisión impugnada ignoró la obligación del Estado de realizar consulta previa
antes de ejecutar actividades que pudieran afectar directa o indirectamente el
territorio y los derechos de la comunidad indígena.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05807-01
Demandante: Comunidad Resguardo Indígena Coreguaje de Jericó - Consaya
Acción de tutela – Impugnación de fallo
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
constitucionales fundamentales del demandante.
2. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Sección
Quinta del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad, vida, identidad
cultural, autodeterminación y consulta previa, presuntamente vulnerados con la
sentencia de 8 de abril de 2024 en el proceso de reparación directa no. 18001-23-
31-000-2012-00001-01.
En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia
de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela respecto del
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Acción de tutela – Impugnación de fallo
defecto fáctico por falta de relevancia constitucional y negó las pretensiones en lo
referente al desconocimiento del precedente judicial por las siguientes razones:
2.1 La falta de relevancia constitucional en relación con el defecto fáctico
1) La parte actora reclamó que la autoridad judicial demandada incurrió en un error
porque no valoró adecuadamente las pruebas aportadas en el proceso de
reparación directa, en particular, los testimonios, documentos e informes técnicos
que permitían acreditar la existencia de un daño cierto, personal y antijurídico
causado por las fumigaciones aéreas realizadas en el territorio del resguardo
indígena Coreguaje Jericó Consaya.
2) Para la Sala resulta evidente que esos planteamientos reflejan un desacuerdo
con la interpretación autónoma que realizó el juez natural de la causa sobre la
insuficiencia de las pruebas presentadas en el proceso ordinario y que, a través de
ellos, la parte actora busca reabrir el debate sobre la valoración probatoria
efectuada.
3) En efecto, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no
relevancia constitucional es necesario examinar varios elementos, entre ellos, que
la acción de tutela no sea utilizada para reabrir debates ya resueltos en el proceso
ordinario, lo cual implica que no puede ser empleada como una instancia adicional,
puesto que dicho mecanismo especial constitucional fue diseñado exclusivamente
para la protección inmediata de derechos fundamentales y no para discutir simples
inconformidades o discrepancias que una de las partes pueda tener frente a las
decisiones adoptadas en el marco del proceso judicial ordinario.
4) En lo que respecta a la controversia sobre la valoración de las pruebas aportadas
en el proceso ordinario, debe destacarse que este proceso agotó sus dos instancias,
y se cumplió con las garantías propias del debido proceso. De manera particular,
los cargos de la apelación presentada por la entidad demandada se dirigieron
expresamente a cuestionar la valoración probatoria realizada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y ese debate fue resuelto por la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, autoridad judicial que, en el marco de su
autonomía e independencia, examinó nuevamente los elementos probatorios y
consideró lo siguiente:
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Acción de tutela – Impugnación de fallo
“En el caso concreto, el daño alegado por la parte demandante consistió
en la “destrucción” de los cultivos de plátano, yuca, pastos, caña,
chontaduro, piña, ají y maíz que estaban cosechando en el predio
adjudicado al resguardo indígena Coreguaje Jericó Consaya para la
alimentación de las familias que allí residían y con fines comerciales, los
cuales, según su dicho, se vieron afectados por la aspersión con glifosato
que realizó la Policía Nacional sobre el territorio ancestral en operaciones
de fumigación ocurridas el 25 de octubre de 2010 y el 24 de abril de 2011.
En el libelo inicial se afirmó que las fumigaciones con el herbicida
“afect[aron] y destruy[eron] los cultivos de pan coger tradicionales, que de
forma inmediata se secaron”, aunque sin detallar la magnitud del daño
(...).
28. En el sub lite, la Sala estima que el Tribunal incurrió en error al
confundir el daño antijurídico por el que se demanda –la destrucción de
los diversos cultivos existentes en el territorio del pueblo indígena Jericó
Consaya-, con el que habría sido el hecho generador del mismo –las
fumigaciones aéreas con glifosato llevadas a cabo por la Policía Nacional-
, razón por lo cual consideró acreditado este primer elemento de la
responsabilidad estatal con fundamento en pruebas que sólo habrían
demostrado que se llevaron a cabo aspersiones aéreas por la Policía
Nacional (...).
33. De la revisión integral del material probatorio allegado al expediente
se encuentra el oficio No. 016942 del 5 de marzo de 2016, de la Dirección
de Antinarcóticos de la Policía Nacional, quien verificó que el 25 de
octubre de 2010 “se realizaron operaciones de aspersión aérea sobre
cultivos ilícitos de coca detectados previamente en el municipio de Solano
(Caquetá)” pero, “como quiera que en la solicitud no se precisa el lugar,
toda vez que se dice ‘predios rurales ubicados en el municipio de Solano’
sin mencionar de cuáles se trata, no es posible suministrar mayor
información al respecto”.
34. Según lo anterior, sí hay evidencia sobre la realización de operaciones
de aspersión en el municipio en el que se encuentra ubicado el resguardo,
pero no es posible determinar cuál fue la línea de aspersión seguida el 25
de octubre de 2010. (...)
37. En cuanto concierne a esta prueba, se trata de una denuncia que solo
contiene una afirmación de parte, pues fue el propio señor Timoleón
Bautista Valencia, en su calidad de cacique del resguardo, quien suscribió
la queja diez días después de los hechos de aspersión y presentó una
relación simple de los tipos de cultivo que se habrían visto afectados, sin
que se hubiera acompañado esta declaración de algún soporte que,
aunque fuera sumariamente, demostrara la alegada afectación. Por esta
razón, la referida queja no permite por sí misma acreditar el daño por el
que se demanda.
38. Llama la atención de la Sala que en el formato en cuestión se consignó
que en el área supuestamente afectada no había presencia de cultivos de
uso ilícito, declaración que contradice los demás elementos de convicción
allegados al expediente que fueron contestes en acreditar que sí existían
plantaciones de hoja de coca en el terreno del resguardo -aunque se
afirmó que sólo existían con fines tradicionales-, lo que plantea dudas
sobre la veracidad de lo consignado en dicho documento presentado con
la intención de acceder a una reparación administrativa (...).
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05807-01
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Acción de tutela – Impugnación de fallo
39. El 5 de noviembre de 2010 el señor Luis Abraham Murillo Gasca, en
calidad de Coordinador de la Unidad de Asistencia Técnica Agropecuaria
Municipal, presentó denuncia de fumigación a cultivos ilícitos ante el
Consejo Nacional de Estupefacientes (...) sin detallar la fuente de
conocimiento sobre el detalle de los datos mencionados ni la metodología
utilizada para recabar dicha información (...).
45. No existe información sobre la fecha exacta en la que se habría
realizado la visita que se menciona en el documento y con base en la cual
supuestamente se habría construido el mencionado cuadro que contiene
la magnitud de la afectación de los cultivos de propiedad del resguardo,
de manera que no es posible determinar cuántos días habrían pasado
entre la fecha de aspersión y la verificación ocular que sustenta la
denuncia.
46. El documento no ofrece información relativa a si el hecho fue
constatado técnicamente a través de una auscultación detallada realizada
por algún experto a las plantaciones y tampoco precisa la metodología
empleada para determinar la “afectación” de los cultivos, ni mucho menos
determina[r] el alcance del término “afectación”, toda vez que ni siquiera
se menciona que existiera necrosamiento o secamiento de las plantas que
se verificaron en la inspección ocular, ni se puede determinar que el
funcionario hubiera comprobado la destrucción total de los cultivos (126
hectáreas), como se alega en la demanda.
47. Tampoco es posible verificar la formación técnica o profesional del
funcionario que suscribe la denuncia, ni con base en qué experticia suya
determinó con certeza las medidas exactas de las áreas supuestamente
“afectadas”, el ciclo productivo de cada una de las plantas, así como los
demás datos incluidos en el referido cuadro, más aún respecto de los
cálculos realizados sobre el valor unitario y total de cada uno de los
cultivos, información que es imposible de verificar con una única “visita
ocular”. No se allegó al expediente el registro fotográfico que se menciona
al final del escrito como anexo, ni ninguna otra documentación que
sustente la razón de su dicho, lo cual impide establecer si su contenido
realmente obedece a un fundamento empírico y fáctico o únicamente a la
transcripción literal de la información que recibió de los miembros del
resguardo.
48. En el expediente consta la declaración rendida por el señor Wilmer
Arley Méndez Yaguara, quien afirmó pertenecer al resguardo indígena
Jericó Consaya y que desde 2001 laboraba allí como docente y cuando
se le preguntó sobre la visita de un delegado de la UMATA indicó que él
personalmente acompañó al señor Murillo Gasca, junto al cacique y otras
dos personas, a hacer el recorrido por la zona donde habían fumigado “y
verificamos que había pasado con las plantaciones, no se miraba mayor
cosa porque apenas se habían fumigado, lo único que se miraba eran las
plantas como aceitosas como con agua. Al pasar unos días nos dimos
cuenta que eso acabó con todo, se secó todo lo que se fumigó, las plantas
de coca que ellos tienen por cultura y todo lo demás, la yuca, la caña, el
maíz, el plátano y el pasto para el ganado”.
49. Esta afirmación sobre hechos percibidos de manera directa por el
señor Méndez Yaguara pone en duda los hallazgos plasmados en la
denuncia presentada por el Coordinador de la Unidad de Asistencia
Técnica Agropecuaria Municipal, toda vez que indica que el día de la visita
no se verificaban todavía los daños que se habían mencionado en la
denuncia, sino que fue días después que vieron que “eso acabó con todo”.
También existe contradicción con lo señalado por el señor Murillo Gasca
13
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Acción de tutela – Impugnación de fallo
en su declaración en este proceso, pues allí manifestó que comprobó “que
los cultivos y plantaciones que allí existían (...) presentaban secamiento
de sus estructuras”, secamiento que en ningún momento fue mencionado
por el testigo Méndez Yaguara, y que además fue específicamente
desmentido, cuando señaló que “no se miraba mayor cosa” más allá de
las plantas “como aceitosas, como con agua”.
50. Ante la ausencia de certeza sobre las condiciones en que se certificó
la supuesta destrucción de los cultivos sembrados en el territorio del
resguardo indígena, además de la incongruencia sobre los hechos que se
habrían constatado el día de la visita del coordinador de la UMATA, se
pone en entredicho la veracidad de lo consignado por el funcionario en la
denuncia en cuestión y para la Sala resulta imposible otorgarle valor
probatorio al estudiar la acreditación del daño antijurídico por el que se
demanda.
51. Con todo, la única prueba que existiría en el plenario sobre la alegada
pérdida de los cultivos del resguardo indígena, serían los testimonios de
tres de sus miembros, quienes en términos generales y sin mayor detalle
coincidieron en señalar que los cultivos se secaron y mencionaron los
tipos de cultivos destruidos, aunque sin precisar las hectáreas
aproximadas de cada uno ni el estado en el que se hallaban para la fecha
en que habría ocurrido la primera fumigación. (...)
58. En cuanto concierne al dictamen pericial practicado en primera
instancia por el perito Angelino Gualtero Gómez, consta que el profesional
llevó a cabo una visita entre el 22 y el 25 de mayo de 2013, es decir, casi
tres años después del primer hecho de aspersión. (...)
64. Con la inspección ocular realizada por el perito resulta imposible la
determinación del daño que se habría ocasionado a cultivos existentes
tres años atrás, y tampoco existen evidencias valoradas y puestas de
presente por el experto, que permitan a la Sala inferir que en octubre de
2010 existían determinados cultivos, y mucho menos el estado en que se
encontraban, ni si resultaron afectados o deteriorados. Si bien refiere que
se encontraron vestigios de su existencia y cambios de coberturas por
regeneración natural, no se proporcionó la información que habría llevado
a concluir que los vestigios obedecen, sin lugar a duda, a plantaciones
que existían para el año 2010.
(...) no existe evidencia alguna en el expediente que acredite los daños
que se habrían causado con ocasión de la aspersión aérea del 24 de abril
de 2011. Por este hecho no se expidió ninguna certificación o denuncia
por parte de alguna autoridad, y sólo consta al respecto el formulario de
recepción de quejas por daños causados en actividades agropecuarias
lícitas en el marco del programa de erradicación de cultivos ilícitos
presentado ante la Alcaldía de Solano por el propio cacique del resguardo
indígena, en el que se mencionó una supuesta afectación de 56 hectáreas
y se hizo una relación escrita que sólo contenía los tipos de cultivo
supuestamente perjudicados y las unidades, sin ningún soporte sobre lo
afirmado.”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo
SAMAI)
6) En esa medida, esta Corporación colige que los argumentos que sustentaron la
presunta configuración del defecto fáctico, relacionados con el valor de las pruebas
aportadas en el proceso, fueron debidamente analizados y resueltos en la
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providencia de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, quien
consideró que no se acreditó de manera suficiente la existencia de un daño cierto
ni el nexo causal entre las fumigaciones y los cultivos supuestamente destruidos.
7) Para esa Corporación, las pruebas documentales, testimoniales y periciales
presentadas no permitieron acreditar de forma concluyente la existencia de un daño
antijurídico atribuible a las fumigaciones realizadas por la Policía Nacional dadas las
inconsistencias en las declaraciones, la falta de registros técnicos y el vacío en la
acreditación de la magnitud y ubicación específica de los cultivos afectados,
aspectos que fueron determinantes para concluir que no se probó el daño alegado.
8) Frente a la prueba pericial y visita ocular, se concluyó que fueron realizados varios
años después de los hechos de fumigación, lo cual dificultó establecer con certeza
el estado de los cultivos en el momento de las aspersiones y determinar si los
vestigios encontrados correspondían efectivamente a cultivos destruidos en 2010 o
2011, además, que no proporcionaron una base técnica ni metodológica que
permitiera inferir de manera precisa los daños atribuidos a las aspersiones.
9) En efecto, la autoridad judicial accionada, concluyó de manera razonable y luego
de valorar los medios de prueba arrimados al expediente, que las declaraciones de
los miembros del resguardo y del funcionario de la UMATA contenían
inconsistencias sobre el estado de los cultivos para el momento de la visita, la
magnitud del daño y los métodos utilizados para verificarlo, contradicciones que
generaron dudas razonables sobre la veracidad y precisión de lo alegado.
10) Adicionalmente, las denuncias presentadas por la comunidad indígena ante las
autoridades municipales no contaban con el respaldo de registros fotográficos,
estudios técnicos o documentación adicional que corroborara la afectación de los
cultivos en la magnitud alegada y ello impidió otorgarles un valor probatorio
suficiente para tener como acreditado el daño.
11) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto
a dicha situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de
la acción de tutela, en cuanto a la presunta configuración de un defecto fáctico, son
una reproducción de los argumentos que fueron planteados y decididos en el
proceso ordinario.
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12) Lo expuesto permite concluir que, en lo atinente a ese defecto, la parte actora
pretendió emplear a la acción de tutela como una instancia adicional y buscó
obtener una decisión favorable a sus intereses en el proceso en que se profirió la
providencia atacada.
13) Ante ese panorama la Sala reitera que el proceso de acción de tutela no está
instituido como una instancia adicional a aquellas establecidas en el ordenamiento
jurídico en las que corresponde al juez natural de la causa decidir sobre las
controversias sometidas a su consideración.
14) En consecuencia, para la Sala resulta claro, como lo fue para la primera
instancia, que el defecto fáctico invocado no reviste relevancia constitucional porque
su objeto es reabrir un debate jurídico y probatorio sobre las conclusiones del juez
natural de la causa en el ejercicio de sus competencias y al juez constitucional le
está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia, razón por
la cual se confirmará lo decidido por el a quo.
4. Análisis del desconocimiento del precedente judicial.
Para resolver esta controversia, lo primero es señalar que, respecto de la presunta
configuración del desconocimiento del precedente judicial, el presente caso cumple
los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados por la jurisprudencia
constitucional, por cuanto: (i) se agotaron todos los medios de defensa judicial
disponibles para la persona afectada ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo; (ii) se cumplió con el requisito de la inmediatez, si se tiene en cuenta
que la acción fue promovida dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la
providencia atacada9; (iii) el presente caso no se trata de una irregularidad procesal
que deba ser tenida como un efecto determinante en la sentencia que se impugna
y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (iv) la parte actora identificó
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron, (v) no se ataca una sentencia de tutela y,
finalmente, (vi) la cuestión que se discute resulta de relevancia constitucional porque
en la acción de tutela se expusieron las razones por las cuales se consideró que el
9
La notificación de la providencia cuestionada se surtió mediante edicto del 26 de abril de 2024 y la
acción de tutela se presentó ante esta corporación el 28 de octubre de 2024.
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amparo deprecado debe ser valorado por el juez constitucional, esto es, por la
presunta configuración de un desconocimiento del precedente jurisprudencial con
planteamientos que no fueron discutidos en el trámite del proceso ordinario.
4.1 Caracterización del desconocimiento del precedente judicial
El precedente judicial ha sido definido como “aquel conjunto de sentencias previas
al caso que se habrá de resolver que, por su pertinencia para la resolución de un
problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una
autoridad determinada, al momento de dictar sentencia 10”.
En esos términos, el precedente corresponde a una o varias decisiones previas
relevantes para la solución de un nuevo asunto en el que se plasma el criterio
pacífico y reiterado y se dictan una serie de reglas o parámetros para abordar los
casos que, en lo sucesivo, tengan una estricta y real relación con aquel. Como ante
casos con supuestos fácticos y jurídicos similares se debe otorga un tratamiento
jurídico similar, la sentencia precedente debería determinar el sentido de la decisión
posterior en orden a garantizar la igualdad de las partes ante la ley y la seguridad
jurídica en las decisiones judiciales.
No obstante, como lo ha considerado la Corte Constitucional 11 es necesario precisar
que no todo el contenido de una sentencia posee “fuerza normativa de precedente”,
pues ello solo será predicable de la “ratio decidendi”. En efecto, para mayor claridad
sobre dicho punto recuérdese que en la estructura de las providencias judiciales es
posible identificar tres partes i) la parte resolutiva o decisum, en la que se profieren
las órdenes vinculantes para las partes del proceso y que constituye la solución al
problema jurídico examinado; ii) la ratio decidendi, compuesta por las
consideraciones o razones que sustentan, motivan y justifican la decisión adoptada,
y iii) los obiter dicta o dichos de paso, que no son más que aquellos argumentos de
argumentos de referencia, complementarios o de contexto que no son vinculantes
ni necesarios para la resolución del asunto.
Se insiste, de las tres partes solo la segunda, esto es, la ratio decidendi posee fuerza
de precedente siempre que ella “i) establezca una regla relacionada con el caso a
10
Corte Constitucional, sentencia T-1029 de 2012.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021.
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resolver posteriormente; ii) haya servido de base para solucionar un problema
jurídico semejante, o una cuestión constitucional similar a la que se estudia en el
caso posterior; y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la providencia
anterior sean semejantes o planteen un punto de derecho parecido al que se debe
resolverse posteriormente12”.
Asimismo, no toda providencia judicial constituye precedente aplicable al caso, por
el contrario, hay asuntos que pese a su similitud corresponden a un mero
antecedente judicial, sin la fuerza vinculante necesaria propia del precedente para
establecer una regla cuya aplicación deba necesariamente ser atendida.
Partiendo del supuesto de que “no todo lo que dice una sentencia es pertinente para
la definición de un caso posterior”, la Corte Constitucional diferenció entre lo que se
denomina antecedente jurisprudencial y precedente, en sentido estricto.
En la sentencia T-830 de 2012, esa Corporación se pronunció al respecto en los
términos que a continuación se explican:
“El (…) –antecedente- se refiere a una decisión de una controversia
anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes
desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene
algunos puntos de Derecho (e.g. conceptos, interpretaciones de
preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto de
estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un carácter orientador, lo que
no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta por el juez a la hora
de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las razones para
apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad (…).
[Entretanto, el] –precedente-, por regla general, es aquella sentencia o
conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo
objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas
jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para
resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso”.
Luego entonces, puede predicarse la existencia de un precedente en los eventos
en los cuales:
“(i) los hechos relevantes que definen el asunto pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan un caso del pasado.
(ii) la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente.
12
Corte Constitucional, sentencia T-459 de 2017.
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(iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una distinta o más
específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.
No obstante lo anterior y pese a la fuerza vinculante del precedente, se acepta que
los jueces se aparten de este con las siguientes condiciones: i) deben hacer
explícitas las razones por las cuales se abstienen de aplicar el precedente y se
apartan del mismo, lo cual se ha denominado cumplimiento de la “carga de
transparencia”; ii) están llamados a demostrar que los argumentos que ofrecen,
desarrollan y amplían de mejor manera el contenido de los derechos, principios y
valores constitucionales objeto de protección, pues no cualquier motivo constituye
una razón válida para justificar el apartamiento del precedente, exigencia que se
reconoce como la “carga de argumentación”.
4.2. Análisis del desconocimiento del precedente en el caso concreto
En este caso, la parte actora afirmó que la providencia cuestionada desconoció los
siguientes precedentes judiciales que establecen estándares específicos para la
protección de comunidades indígenas frente a actividades estatales que impacten
su territorio, cultura y derechos fundamentales:
La sentencia SU-383 de 2003 de la Corte Constitucional, que estableció que
cualquier actividad estatal que afecte directamente a comunidades indígenas debe
someterse a consulta previa, sin excepciones.
ii) La sentencia del 8 de septiembre de 2017 proferida por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, en la cual se estableció que los testimonios
de miembros de comunidades indígenas pueden tener plena validez probatoria
cuando son corroborados con otros elementos de prueba,
ii) La sentencia del 30 de noviembre de 2023 de la Subsección B de la Sección
Tercera de esta Corporación, providencia en la que se concluyó que, en casos
similares, relacionados con fumigaciones aéreas, el juez tiene el deber de aceptar
testimonios y otros medios probatorios como suficientes para acreditar los daños
causados, incluso en ausencia de dictámenes periciales y,
iv) La sentencia del 14 de julio de 2023 de la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, en la cual se determinó que, a pesar de que el dictamen
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pericial no se ajustara a la ley, el juez está facultado para cuantificar los perjuicios
a través de una condena genérica o en abstracto, en los términos del artículo 172
del Código Contencioso Administrativo, siempre que el daño esté debidamente
demostrado.
a. Sentencia SU-383 de 2003 de la Corte Constitucional
1) En esta providencia la Corte Constitucional estableció la obligatoriedad de
realizar el trámite de consulta previa para aquellas actividades que impacten
directamente a comunidades indígenas. Según ese precedente, las fumigaciones
aéreas con glifosato en territorios indígenas constituyen actividades de impacto
directo, por lo cual dicha consulta sería obligatoria.
2) Sin embargo, la Sala coincide con lo decidido por la autoridad judicial demandada
en la sentencia cuestionada, para la cual, en el caso propuesto por la parte actora,
no se acreditó de manera suficiente que las fumigaciones aéreas afectaran de
manera específica, directa y significativa el territorio que corresponde al resguardo
indígena Coreguaje Jericó Consaya de ahí que ese precedente no resulte
vinculante.
3) Como quedó expuesto en antelación, para la autoridad judicial demandada los
testimonios e informes técnicos presentados en el proceso ordinario carecieron de
precisión y consistencia para acreditar que las fumigaciones aéreas afectaron los
cultivos y recursos naturales del resguardo y no se aportaron elementos que
permitieran establecer la magnitud del impacto sobre el territorio del resguardo o su
relación directa con las aspersiones realizadas, de ahí que no se configuró el
supuesto necesario para aplicar el precedente de la sentencia SU-383 de 2003.
b. Sentencia de 8 de septiembre de 2017 de la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
1) Esta providencia estableció parámetros para la valoración de testimonios en
contextos de perjuicios ocasionados a comunidades indígenas, cuya aplicación
requiere que estos sean corroborados por otros elementos probatorios.
2) En el asunto de la comunidad aquí demandante, las declaraciones presentadas
por los miembros del resguardo resultaron inconsistentes en aspectos clave, como
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la descripción del daño y la magnitud de la afectación, lo cual disminuyó su fuerza
probatoria.
3) Lo anterior, aunado a que los informes técnicos aportados, como los emitidos por
el funcionario de la UMATA, no ofrecieron una base sólida ni verificable para
respaldar las afirmaciones contenidas en los testimonios ya que, por ejemplo, no
documentaron con precisión la ubicación ni la extensión de los cultivos
supuestamente dañados.
4) El expediente carecía de otros medios probatorios, como registros fotográficos o
análisis técnicos contemporáneos a las fumigaciones, que permitieran establecer la
existencia del daño alegado, de ahí que la autoridad judicial demandada actuó
dentro de los parámetros establecidos por ese precedente, tras evaluar los
testimonios en conjunto con los demás elementos probatorios y concluir que no eran
suficientes para acreditar el daño.
c. Sentencia de 30 de noviembre de 2023 de la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
1) En esta providencia se estableció que, en casos relacionados con fumigaciones
aéreas y comunidades indígenas, los jueces deben aceptar testimonios y otros
medios probatorios como suficientes para demostrar los daños, incluso en ausencia
de un dictamen pericial, lo cual refleja la necesidad de flexibilizar los estándares
probatorios en contextos de vulnerabilidad.
2) Como quedó expuesto en antelación, en el asunto de la referencia, los
testimonios, informes y denuncias presentados no lograron establecer con claridad
la relación entre las fumigaciones y los daños alegados, ya que presentaban
contradicciones sobre aspectos esenciales, como el estado de los cultivos y el
alcance de la afectación, por ello, la autoridad demandada no desconoció la
flexibilidad probatoria y concluyó, de manera razonable, que la evidencia presentada
no alcanzaba el estándar mínimo necesario para acreditar los daños con base en
los medios disponibles y, por tanto, actuó conforme al precedente citado.
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d. Sentencia de 14 de julio de 2023 de la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado.
1) En esta providencia se estableció que, aunque un dictamen pericial no cumpla
con los requisitos legales, los jueces pueden cuantificar perjuicios mediante una
condena genérica o en abstracto, siempre que se haya acreditado el daño y su
relación con la actividad estatal.
2) Basta con afirmar que, para aplicar este precedente, es imprescindible que exista
un daño debidamente acreditado, aunque no se disponga de un dictamen pericial
adecuado.
3) En el caso del resguardo indígena Coreguaje Jericó Consaya, no existieron
pruebas suficientes que demostraran la existencia de un daño, lo cual hizo inviable
que la autoridad judicial demandada emitiera una condena, incluso en abstracto,
razón suficiente para concluir que no se desconoció el mencionado precedente
judicial.
4.3 Conclusión
En el presente asunto, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que
declaró improcedente la acción de tutela respecto del cargo por defecto fáctico y
negó las pretensiones relacionadas con el desconocimiento del precedente judicial.
El análisis del presunto defecto fáctico concluyó que los argumentos de la parte
actora se limitaron a reproducir las discrepancias ya planteadas y resueltas en el
proceso ordinario frente a la valoración probatoria efectuada por la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, de ahí que la controversia no trascendió
al ámbito de los derechos fundamentales.
No se configuró un desconocimiento del precedente judicial ya que los precedentes
invocados por la parte actora no resultaban aplicables para el caso concreto y la
autoridad judicial demandada actuó dentro de los parámetros establecidos por
dichos precedentes porque valoró de manera razonable y fundamentada las
pruebas disponibles en el proceso ordinario.
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Acción de tutela – Impugnación de fallo
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la
acción de tutela respecto del cargo por defecto fáctico y negó las pretensiones
relacionadas con el desconocimiento del precedente judicial, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Aclara voto parcial
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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