Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 18001-23-31-000-2012-00001-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Glifosato: el daño debe ser cierto, personal y determinado o determinable so pena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 18001-23-31-000-2012-00001-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 18001-23-31-000-2012-00001-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
8 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., ocho (8) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 18001-23-31-000-2012-00001-01 (61.560)
Actor: Timoleón Bautista Valencia y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Reparación directa
Temas: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ASPERSIÓN CON
GLIFOSATO – El daño debe ser cierto, personal y determinado o determinable so pena
de configurarse como eventual e hipotético -– En el caso concreto no se acreditó el
daño antijurídico consistente en la pérdida de los cultivos de propiedad del resguardo
indígena Coreguaje Jericó Consaya. TESTIGOS SOSPECHOSOS - Deben ser
apreciados de acuerdo con las circunstancias de cada caso, de manera que su dicho
debe estudiarse con mayor severidad y de cara a los demás medios de convicción,
para establecer si éstos, ofreciéndole respaldo, disipan su incredibilidad –
VALORACIÓN DEL TESTIMONIO SOSPECHOSO - Las referencias genéricas
respecto a la realización de las aspersiones, junto con la también abstracta afirmación
de unas pérdidas, no dan claridad ni certeza de que efectivamente -y cómo- los cultivos
de la comunidad indígena demandante resultaron afectados. VALORACIÓN DEL
DICTAMEN PERICIAL - Fue con base en la información otorgada por la propia
comunidad que el perito conoció el tipo de cultivos, la densidad de la siembra por
hectárea, la producción por especie, la edad del cultivo, las áreas supuestamente
afectadas con la fumigación e incluso el valor de los productos.
En razón a que el proyecto presentado por la Consejera de Estado María Adriana
Marín no obtuvo la mayoría necesaria para su aprobación 1 , procede la Sala a
resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo con sede en
la ciudad de Bogotá2, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.
Se analiza la responsabilidad de la Policía Nacional por la destrucción de unos
cultivos del resguardo indígena Coreguaje Jericó-Consaya, debido a la fumigación
aérea con herbicida realizada sobre algunas áreas del municipio de Solano,
Caquetá entre 2010 y 2011.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1 El proyecto fue derrotado en Sala del 17 de octubre de 2023, compuesta por los Consejeros María Adriana
Marín, Marta Nubia Velásquez Rico y José Roberto Sáchica Méndez.
2 La Sala transitoria avocó conocimiento del caso para dictar sentencia, según el Acuerdo PCSJA17-10693 del
30 de junio de 2017. El Tribunal Administrativo de Caquetá admitió la demanda mediante auto del 12 de enero
de 2012 (folios 47-48 c. 1).
Radicación: 18001-23-31-000-2012-00001-01 (61.560)
Actor: Timoleón Bautista Valencia y otros
Demandado: Nación – Mindefensa – Policía Nacional
Referencia: Reparación directa
Corresponde a la proferida el 14 de noviembre de 2017 que, con el alcance antes
referido, decidió las pretensiones de la demanda3 presentada el 19 de diciembre de
2011 por el señor Timoleón Bautista Valencia en calidad de representante legal -
Cacique- del resguardo indígena Coreguaje Jericó Consaya contra la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional, cuyos supuestos fácticos, de derecho y
pretensiones4, fueron las siguientes:
La demanda
1. Se narró que el 17 de octubre de 1995 el Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria expidió la Resolución No. 48 por medio de la cual se le adjudicó un inmueble
en zona rural del municipio de Solano, Caquetá, a la comunidad indígena Coreguaje
Jericó Consaya con una extensión aproximada de 8.450 hectáreas. En dicho predio
fueron sembrados cultivos de plátano, yuca, pastos, caña, chontaduro, piña, ají y
maíz, los cuales destinaban para el consumo de la misma comunidad y el excedente
era vendido en el mercado para el sostenimiento y desarrollo de las familias que
conformaban el resguardo.
2. El 25 de octubre de 2010 y el 24 de abril de 2011 la Policía Nacional llevó a cabo
fumigaciones aéreas con glifosato que afectaron los cultivos mencionados, los
cuales se secaron de forma inmediata.
3. Se formularon las respectivas quejas ante la alcaldía de Solano y el Consejo
Nacional de Estupefacientes por los daños ocasionados a los cultivos del resguardo
con motivo de las referidas aspersiones, las cuales no habían sido resueltas para el
momento de presentación de la demanda.
4. Se adujo que se configuró una falla del servicio imputable a la Policía Nacional
“toda vez que no previeron ni se tomaron las medidas necesarias en el desarrollo
de esa actividad de fumigación de cultivos ilícitos, puesto que debido a la
negligencia, descuido del ente demandado provocó que el herbicida utilizado cayera
en terrenos cultivados de plátano, yuca, pastos mejorados, caña panelera,
chontaduro, piña, frutales amazónicos, ají y maíz (...) de modo que fue la conducta
negligente del ente demandado que desencadenó el daño que se reclama, razón
por la cual se configura la falla del servicio”.
La defensa
5. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, para cuyo efecto adujo que con la demanda no se
aportó prueba tendiente a demostrar la existencia de los cultivos de pan coger
referidos, lo que impide concluir la existencia del daño imputado a la institución,
3 Folios 1-13 c. 2.
4 En el libelo inicial se solicitó que se condenara a la Policía Nacional por los perjuicios materiales, morales y
daños a la vida de relación ocasionados a la comunidad indígena Coreguaje de Jericó – Consaya, con ocasión
de las fumigaciones efectuadas el 25 de octubre de 2010 y el 24 de abril de 2011 en el predio rural de su
propiedad. Como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron el pago de las siguientes sumas “a favor
de la comunidad”: (i) el pago de $1.136’525.000 por daño emergente y cincuenta (50) SMLMV por concepto
de lucro cesante a favor; (ii) doscientos (200) SMLMV por perjuicios morales y, (iii) cien (100) SMLMV por daño
a la vida de relación.
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Radicación: 18001-23-31-000-2012-00001-01 (61.560)
Actor: Timoleón Bautista Valencia y otros
Demandado: Nación – Mindefensa – Policía Nacional
Referencia: Reparación directa
además de que las simples afirmaciones realizadas por los mismos miembros del
resguardo sobre los hechos de fumigación con glifosato, por carecer de
imparcialidad, no son suficientes para acreditar la ocurrencia de ese suceso y no se
aportaron pruebas de estudios de vegetación y suelos que permitan establecer que
se hubiera causado un daño por el glifosato. Agregó que las operaciones de
fumigación son coordinadas y que en su ejecución participan múltiples autoridades,
de manera que las afirmaciones vagas y genéricas carentes de prueba no son
suficientes para demostrar la responsabilidad del Estado. Finalmente propuso la
excepción que denominó “falta de prueba para pedir”5.
6. Surtida la etapa probatoria 6, la Policía Nacional alegó que no se acreditó la
fumigación con fecha del 25 de octubre de 2010 y que la realizada el 24 de abril de
2011 ocurrió a 239,84 metros de distancia del resguardo indígena, razón por la cual
no debió afectar los cultivos de los accionantes, en tanto los informes científicos al
respecto indican que la deriva de la aspersión va desde 50 a 120 metros. Agregó
que en el terreno de propiedad del resguardo existían plantas de coca que fueron
identificadas en el marco del programa de erradicación y señaló la configuración de
una indebida escogencia de la acción, pues se debió demandar en acción de nulidad
y restablecimiento del derecho el acto administrativo que dispuso el archivo de la
queja7.
7. La parte demandante guardó silencio8.
La sentencia de primera instancia
5 Folios 55-63 c. 2.
6 Al proceso se incorporaron, entre otras, las siguientes pruebas relevantes para el objeto de discusión:
1. Resolución No. 48 del 17 de octubre de 1995 “Por medio de la cual se confiere el carácter legal de Resguardo
en favor de la comunidad COREGUAJE DE JERICO- CONSAYA a un globo de terreno baldío, localizado en
jurisdicción del municipio de SOLANO, departamento del CAQUETÁ”.
2. Certificado de tradición del inmueble adjudicado a la comunidad Coreguaje de Jericó- Consaya.
3. Formulario de recepción de quejas por presuntos daños causados en actividades agropecuarias lícitas
generadas en el marco del programa de erradicación de cultivos ilícitos con el herbicida glifosato ante la Alcaldía
de Solano, en el que consta como fecha de recepción el 5 de noviembre de 2010.
4. Denuncia de fumigación a cultivos ilícitos suscrita por el Coordinador de la Unidad de Asistencia Técnica
Agropecuaria Municipal del 5 noviembre de 2010, dirigida al Consejo Nacional de Estupefacientes.
5. Derecho de petición del 24 de marzo de 2011, suscrito por el señor Timoleón Bautista Valencia y dirigido a
la Dirección Nacional de Estupefacientes.
6. Denuncia presentada por el señor Timoleón Bautista Valencia en calidad de cacique y representante legal
de la comunidad de Jericó Consaya ante la Procuraduría Departamental de Caquetá, recibido el 4 de abril de
2011.
7. Formulario de recepción de quejas por presuntos daños causados en actividades agropecuarias lícitas
generadas en el marco del programa de erradicación de cultivos ilícitos con el herbicida glifosato ante la Alcaldía
de Solano, en el que consta como fecha de recepción el 6 de mayo de 2011.
8. Dictamen pericial sobre inmueble rural realizado por el perito Angelino Gualtero Gómez.
9. Acta de aspersión y poligrama No. 038 del 24 de abril de 2011.
10. Acta “que trata de la no aspersión a cultivos ilícitos de coca en la jurisdicción del departamento del Caquetá”
y poligrama No. 39.
11. Expediente de adjudicación correspondiente a la Resolución No. 048 del 17 de octubre de 1995 del Incora.
12. Testimonio de los señores Wilmer Arley Méndez Yaguara, Leonor Yaguara González, Luis Ángel Medina
Piranga y Luis Abraham Murillo Gasca.
13. Oficio No. 016942 del 5 de marzo de 2016 de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional.
14. Informes Técnicos del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato
– PECIG: 23ª y 24ª Misión de Verificación de la Efectividad de las Operaciones de Aspersión (períodos
septiembre de 2010-febrero de 2011 y marzo-agosto de 2011).
7Folios 108-123 c. 2.
8 Folio 188 (reverso) c. ppal.
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Radicación: 18001-23-31-000-2012-00001-01 (61.560)
Actor: Timoleón Bautista Valencia y otros
Demandado: Nación – Mindefensa – Policía Nacional
Referencia: Reparación directa
8. El Tribunal a quo declaró la responsabilidad de la Policía Nacional en los
siguientes términos (se transcribe de manera literal):
“PRIMERO: DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la
NACIÓN – POLICÍA NACIONAL por la falla en el servicio consistente en la
aspersión de glifosato en predio de propiedad de los accionantes.
SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN – POLICÍA NACIONAL a reconocer los
perjuicios materiales sufridos por el Resguardo Indígena Jericó Consaya, los
cuales resultaran de lo que resulte probado en el trámite incidental que deberá
promover la parte actora dentro de los 60 días siguientes a la ejecutoria de la
presente sentencia, en los términos señalados en la parte motiva de la misma.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: Sin condena en costas.
QUINTO: DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal Administrativo de origen”.
9. El tribunal consideró demostrado que la Policía Nacional adelantó operativos de
aspersión aérea con glifosato sobre el territorio perteneciente al resguardo indígena
Coreguaje Jericó Consaya en octubre de 2010 y abril de 2011 y con ocasión de
dichas fumigaciones, los cultivos sufrieron afectaciones que quedaron plasmadas
en la denuncia de fumigación realizada por la Unidad de Asistencia Técnica
Agropecuaria ante el Consejo Nacional de Estupefacientes.
10. Señaló que si bien se acreditó la existencia de cultivos de uso ilícito en la zona
asperjada, se trataba de una entidad territorial indígena que de conformidad con la
constitución gozaba de autonomía para la gestión de sus intereses y que los cultivos
de coca tenían un uso conforme a las tradiciones ancestrales de la comunidad, de
manera que para ejecutar las tareas de aspersión le correspondía a la entidad
adelantar el proceso de consulta previa ante el resguardo. Como no se acreditó que
la Policía Nacional hubiere agotado la consulta respectiva, ni que la aspersión
resultara necesaria por motivos de seguridad nacional, declaró la responsabilidad
patrimonial de la demandada a título de falla del servicio9.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
11. Al oponerse a la sentencia antes mencionada, la Policía Nacional señaló que
no existía prueba fehaciente de la causación del daño por el que se demandaba, ya
que de forma errada el a quo consideró probada la afectación del predio del
resguardo con base en: (i) los testimonios de miembros del resguardo indígena que
carecían de imparcialidad, por tener interés en las resultas del proceso, y (ii) las
afirmaciones contenidas en un documento aportado por el jefe del área de
Erradicación de Cultivos, del cual no era posible inferir que se hubieren adelantado
las operaciones de aspersión directamente sobre el territorio del resguardo.
12. Agregó que el Tribunal omitió valorar las Actas No. 38 y 39 expedidas por el
Grupo Técnico de la Policía Nacional, en las que consta que en una de las fechas
sobre las que se requirió información no se llevaron a cabo tareas de aspersión con
aeronaves del Estado y que, si bien el 24 de abril de 2011 sí se realizaron
9 Folios 184-200 c. ppal.
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Radicación: 18001-23-31-000-2012-00001-01 (61.560)
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Referencia: Reparación directa
operaciones en el municipio de Solano, Caquetá, las mismas tuvieron lugar a una
distancia de 239,48 metros del predio de los accionantes.
13. Señaló que no se acreditó el nexo causal, pues si bien se realizaron labores de
aspersión aérea en el departamento del Caquetá, ese sólo hecho no implicaba que
hubieran cubierto la totalidad del territorio departamental, además de que las
coordenadas donde se encuentran los cultivos a fumigar son establecidas con un
sistema de posicionamiento de la más alta tecnología. Igualmente adujo que no se
allegó ninguna prueba técnica en tierra y vegetación que acreditara el daño a los
cultivos con el herbicida glifosato, en tanto la única prueba al respecto consistió en
una inspección ocular realizada por el perito Angelino Wualtero Gómez varios años
después de los hechos, quien no tomó muestras de la vegetación y se sustentó
únicamente en la información suministrada por la comunidad, por lo que no goza
del rigor suficiente para generar certeza sobre los hechos y pretensiones de la
demanda.
14. En cuanto concierne al reconocimiento de las indemnizaciones decretadas,
reiteró que no se allegó una prueba técnica que acreditara la causación del daño ni
el nexo causal, lo que imposibilita “establecer el estudio comercial de los daños
causados”10.
15. Durante el término para alegar de conclusión, las partes reiteraron los
argumentos expuestos a lo largo del trámite11.
16. El Ministerio Público solicitó que se confirmara la decisión por las mismas
razones expuestas en la providencia apelada12.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
17. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,
procede la Sala a resolver el recurso interpuesto.
El objeto del recurso de apelación
18. El ámbito del recurso de apelación se circunscribe a verificar: (i) si las pruebas
obrantes en el plenario acreditan la causación del daño antijurídico aducido en la
demanda, consistente en la destrucción de los cultivos ubicados en territorio del
resguardo indígena Coreguaje Jericó-Consaya y (ii) en el caso en que resulte
procedente, si dicho daño es atribuible a las fumigaciones por vía aérea con el
herbicida glifosato desarrolladas por la Policía Nacional.
19. Para estos efectos, la Policía Nacional se refirió a la indebida valoración de las
siguientes pruebas: (i) testimonial practicada a los integrantes del resguardo
indígena, por tratarse de testimonios parcializados de personas con intereses en las
resultas del proceso; (ii) documento aportado por el jefe del área de Erradicación
de Cultivos, en cuanto dicho documento no daba certeza de que en el área donde
10 Folios 206-213 c. ppal.
11 Folios 232-245 y 252-257 c. ppal.
12 Folios 259-273 c. ppal.
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Radicación: 18001-23-31-000-2012-00001-01 (61.560)
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se ubicaba el resguardo se realizaron jornadas de aspersión; (iii) las actas No. 38 y
39 sobre las jornadas de aspersión en las fechas objeto de estudio; (iv) las copias
de las quejas administrativas presentadas ante el Consejo Nacional de
Estupefacientes; y, (v) el dictamen pericial que se fundamentó en una inspección
ocular realizada por el perito designado sin que se hubieran obtenido pruebas del
suelo o plantaciones para así determinar una afectación por el herbicida.
Valoración probatoria del daño
20. Con el fin de abordar integralmente la problemática que supone el recurso de
apelación interpuesto, la Sala analizará inicialmente la demostración del daño, toda
vez que se trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la
responsabilidad extracontractual del Estado, además de que fue uno de los puntos
propuestos en la apelación. De encontrarlo acreditado, se entrará a estudiar la
posibilidad de imputarlo a la demandada.
21. En el caso concreto, el daño alegado por la parte demandante consistió en la
“destrucción” de los cultivos de plátano, yuca, pastos, caña, chontaduro, piña, ají y
maíz que estaban cosechando en el predio adjudicado al resguardo indígena
Coreguaje Jericó Consaya para la alimentación de las familias que allí residían y
con fines comerciales, los cuales, según su dicho, se vieron afectados por la
aspersión con glifosato que realizó la Policía Nacional sobre el territorio ancestral
en operaciones de fumigación ocurridas el 25 de octubre de 2010 y el 24 de abril de
2011. En el libelo inicial se afirmó que las fumigaciones con el herbicida “afect[aron]
y destruy[eron] los cultivos de pan coger tradicionales, que de forma inmediata se
secaron”, aunque sin detallar la magnitud del daño.
22. Sobre el particular, anticipa la Sala que revocará el fallo recurrido dado que no
se acreditó la concreción de un daño cierto en cabeza de la comunidad indígena
demandante, como pasa a verse.
23. En oportunidades anteriores la Corporación ha discurrido sobre la
responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados por la utilización del
herbicida Glifosato en los programas de erradicación forzosa de cultivos ilícitos. En
tales casos ha realizado el estudio de estos asuntos bajo un régimen de
responsabilidad objetiva 13 , aspecto que, en todo caso, no releva la carga de
acreditar el daño y el nexo causal ya referenciados, como elementos basilares de
un juicio de imputación de responsabilidad al Estado14.
24. El daño antijurídico, para que sea indemnizable, requiere estar cabalmente
estructurado; por tal motivo, esta Sección del Consejo de Estado15 ha establecido
que resulta imprescindible acreditar: (i) que el daño sea antijurídico, esto es, que la
13 Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección B, sentencia de 20 de febrero de dos mil catorce (2014).
Expediente 29028, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
14 Consejo de Estado, Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 23 de abril de 2021. Radicación No.
52001233300020140020901, acción de grupo. C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, exp. 16.516 MP. Enrique Gil
Botero y sentencia del 6 de junio de 2012 dictada por esta Subsección dentro del expediente No. 24.633, M.P.
Hernán Andrade Rincón, reiterada en sentencia del 24 de octubre de 2017, expediente No 32.985B, entre otras.
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Radicación: 18001-23-31-000-2012-00001-01 (61.560)
Actor: Timoleón Bautista Valencia y otros
Demandado: Nación – Mindefensa – Policía Nacional
Referencia: Reparación directa
persona no tiene el deber jurídico de soportarlo16.; (ii) que lesione un derecho, bien
o interés protegido por el ordenamiento legal y; (iii) que el daño sea cierto, es decir,
que se puede apreciar material y jurídicamente y, por ende, no se limita a una mera
conjetura y que, además, sea personal.
25. Asimismo, esta Subsección ha considerado que el daño debe ser determinado
o determinable, so pena de configurarse como eventual e hipotético17.
26. Sobre los elementos probatorios bajo los juicios de imputación del daño
ambiental consecuencial derivado de una actividad peligrosa, como lo es la
erradicación aérea con glifosato de cultivos de uso ilícito, la prueba del daño no
impone la necesaria elaboración de un dictamen científico-técnico, siendo aplicable
para el efecto el principio de libertad probatoria, por lo que el convencimiento del
juez puede llegar incluso a partir de elementos probatorios idóneos, pertinentes y
concurrentes que estructuren pruebas indiciarias en favor de las pretensiones18.
27. De aquí que “el juez goza de cierta libertad a la hora de apreciar el mérito
probatorio de los medios de convicción, no debiendo sujetarse, como en el sistema
de la tarifa legal, a reglas abstractas preestablecidas e indicadoras de la conclusión
a la que se debe arribar, en presencia o en ausencia de determinada prueba”19, de
manera que el juzgador tiene la responsabilidad de evaluar la mayor o menor
credibilidad de las pruebas allegadas atendiendo a su conexión con los hechos a
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27 de abril de
2006, expediente: 14837 y 23 de abril de 2008, expediente: 16271. Reiterada por la Subsección A, en sentencia
del 1 de marzo de 2018, expediente 52.097, y por la Subsección C, en sentencia del 7 de mayo de 2018,
expediente 40.610. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
17 Para que el daño sea resarcible o indemnizable la doctrina y la jurisprudencia han establecido que debe reunir
las características de cierto, concreto o determinado y personal. En efecto, en la materia que se estudia la
doctrina es uniforme al demandar la certeza del perjuicio. Tal es el caso de los autores Mazeaud y Tunc, quienes
sobre el particular afirman:
‘Al exigir que el perjuicio sea cierto, se entiende que no debe ser por ello simplemente hipotético, eventual. Es
preciso que el juez tenga la certeza de que el demandante se habría encontrado en una situación mejor si el
demandado no hubiera realizado el acto que se le reprocha. Pero importa poco que el perjuicio de que se queje
la víctima se haya realizado ya o que deba tan sólo producirse en lo futuro. Ciertamente, cuando el perjuicio es
actual, la cuestión no se plantea: su existencia no ofrece duda alguna. Pero un perjuicio futuro puede presentar
muy bien los mismos caracteres de certidumbre. Con frecuencia, las consecuencias de un acto o de una
situación son ineluctables; de ellas resultará necesariamente en el porvenir un perjuicio cierto. Por eso, no hay
que distinguir entre el perjuicio actual y el perjuicio futuro; sino entre el perjuicio cierto y el perjuicio eventual,
hipotético (...)’
Por otra parte, la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano ha señalado la necesidad de que el daño,
para aspirar a ser indemnizado, tiene que estar de certeza. No puede por tanto tratarse de un daño genérico o
hipotético sino un daño específico:
(…).
En este orden de ideas, la certeza del perjuicio hace relación a la evidencia y seguridad de su existencia,
independientemente de que sea presente o futura, mientras que la eventualidad precisamente se opone a
aquella característica, es decir, es incierto el daño ‘cuando hipotéticamente puede existir, pero depende de
circunstancias de remota realización que pueden suceder o no’ y, por lo tanto, no puede considerarse a los
efectos de la responsabilidad patrimonial. Y la concreción del daño se dirige a que el bien que se destruye
deteriora o modifica se precisa finalmente en la determinación o cuantificación del monto indemnizable”. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de enero
de 2012, exp. 20614, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. Criterio reiterado por esta subsección, entre otras
decisiones, en Sentencia del 14 de septiembre de 2017, exp. 44260; Sentencia del 28 de septiembre de 2017,
exp. 53447; Sentencia del 19 de abril de 2018, exp. 56171; Sentencia de 19 de marzo de 2020, exp. 53205.
18 Ibidem. “Los indicios son medios de prueba indirectos y no representativos, como sí lo son el testimonio y la
prueba documental, y no pueden ser observados directamente por el juez, como por ejemplo sucede en la
inspección judicial. En la prueba indiciaria el juez tiene ante sí unos hechos probados a partir de los cuales debe
establecer otros hechos, a través de la aplicación de reglas de la experiencia, o principios técnicos o científicos.
En pocos términos, el indicio es una prueba que construye el juez con apoyo en la lógica, partiendo de la
existencia de unos hechos debidamente acreditados en el proceso”.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de marzo 10 de 2005, rad. 27946, C.P. María Elena Giraldo
Gómez.
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Radicación: 18001-23-31-000-2012-00001-01 (61.560)
Actor: Timoleón Bautista Valencia y otros
Demandado: Nación – Mindefensa – Policía Nacional
Referencia: Reparación directa
demostrar y su capacidad de convencimiento 20 , y cuando se presenta
incompatibilidad probatoria, deberá privilegiar racionalmente aquellas que acrediten
un grado superior de probabilidad lógica21 o de probabilidad prevaleciente.
28. En el sub lite, la Sala estima que el Tribunal incurrió en error al confundir el daño
antijurídico por el que se demanda –la destrucción de los diversos cultivos
existentes en el territorio del pueblo indígena Jericó Consaya-, con el que habría
sido el hecho generador del mismo –las fumigaciones aéreas con glifosato llevadas
a cabo por la Policía Nacional-, razón por lo cual consideró acreditado este primer
elemento de la responsabilidad estatal con fundamento en pruebas que sólo habrían
demostrado que se llevaron a cabo aspersiones aéreas por la Policía Nacional.
29. Para definir que sí se llevaron a cabo aspersiones en territorio del resguardo, el
a quo tuvo en cuenta (i) las declaraciones rendidas por miembros del resguardo
indígena en el marco del proceso; (ii) el acta de aspersión No. 38, según la cual se
demostraron las operaciones de aspersión el 24 de abril de 2011 en el departamento
de Caquetá, y (iii) las quejas administrativas presentadas ante la Alcaldía de Solano
para la indemnización por la destrucción de los cultivos, según las cuales los hechos
de aspersión ocurrieron el 25 de octubre de 2010 y el 24 de abril de 2011.
30. Por otra parte, señaló demostrado el nexo de causalidad entre dichas
fumigaciones y las afectaciones que habrían sufrido los cultivos por los que se
demanda, con base en la denuncia de fumigación realizada por la Unidad de
Asistencia Técnica Agropecuaria ante el Consejo Nacional de Estupefacientes, en
la cual se presentó un cuadro que definió los valores de los cultivos lícitos que se
encontraban en el predio.
31. Para precisión y certeza de la decisión que se apresta a tomar, la Sala repara
en que el supuesto daño por el que se demanda tendría como causa dos hechos
generadores relacionados con las operaciones de aspersión que habrían ocurrido
en dos fechas distintas, por lo que resulta relevante analizar la prueba de la
destrucción de los cultivos sembrados en territorio del resguardo indígena
demandante, como consecuencia de cada uno de estos hechos.
Operación de aspersión del 25 de octubre de 2010
32. La Policía Nacional adujo que para esta fecha no se llevaron a cabo
fumigaciones aéreas, para lo cual citó el acta No. 39 “que trata de la no aspersión
a cultivos ilícitos de coca en la jurisdicción del departamento del Caquetá” (negrillas
por fuera del texto). Este documento no es relevante para el presente asunto en
tanto la fecha consignada en el mismo es el 25 de octubre de 2011 y no de 2010, lo
que impide considerar demostrado que en dicha fecha no se hubieren llevado a
cabo fumigaciones con glifosato.
20 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de enero 30 de 1998, rad. 8661, C.P. Delio Gómez Leyva.
21 “La situación más complicada se da cuando existen diversos medios de prueba sobre el mismo hecho, pero
discrepantes o contrarios entre ellos, porque algunos de ellos tienen a probar la verdad y otros tienden a probar
la falsedad del enunciado acerca de la ocurrencia de ese hecho. En estas circunstancias, el juzgador tiene que
elegir entre, al menos, dos versiones diferentes del hecho, una positiva y otra negativa, ambas apoyadas por
una parte de los medios de prueba presentados […] La elección racional indicaría que debe elegirse la versión,
positiva o negativa, que esté sustentada por pruebas preponderantes, es decir, por el grado relativamente
superior de probabilidad lógica”. TARUFFO, Michelle. La prueba. Madrid, Marcial Pons, 2008, p. 141.
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Referencia: Reparación directa
33. De la revisión integral del material probatorio allegado al expediente se
encuentra el oficio No. 016942 del 5 de marzo de 2016, de la Dirección de
Antinarcóticos de la Policía Nacional, quien verificó que el 25 de octubre de 2010
“se realizaron operaciones de aspersión aérea sobre cultivos ilícitos de coca
detectados previamente en el municipio de Solano (Caquetá)” pero, “como quiera
que en la solicitud no se precisa el lugar, toda vez que se dice ‘predios rurales
ubicados en el municipio de Solano’ sin mencionar de cuáles se trata, no es posible
suministrar mayor información al respecto”22.
34. Según lo anterior, sí hay evidencia sobre la realización de operaciones de
aspersión en el municipio en el que se encuentra ubicado el resguardo, pero no es
posible determinar cuál fue la línea de aspersión seguida el 25 de octubre de 2010.
35. Sobre la prueba del daño, en el expediente consta el formulario de recepción de
quejas por supuestos daños causados en actividades agropecuarias lícitas
generadas en el marco del programa de erradicación de cultivos ilícitos ante la
Alcaldía de Solano del 5 de noviembre de 2010, en el que se refirió que se afectaron
126 hectáreas de cultivos. En el formulario se hizo una relación de los tipos de
cultivo dañados y las unidades destruidas.
36. En dicho documento se dejó constancia de que en el área afectada no había
presencia de cultivos de uso ilícito y que los cultivos tampoco estaban mezclados,
fraccionados o alternados con arbustos de uso ilícito como coca o amapola23.
37. En cuanto concierne a esta prueba, se trata de una denuncia que solo contiene
una afirmación de parte, pues fue el propio señor Timoleón Bautista Valencia, en su
calidad de cacique del resguardo, quien suscribió la queja diez días después de los
hechos de aspersión y presentó una relación simple de los tipos de cultivo que se
habrían visto afectados, sin que se hubiera acompañado esta declaración de algún
soporte que, aunque fuera sumariamente, demostrara la alegada afectación. Por
esta razón, la referida queja no permite por sí misma acreditar el daño por el que se
demanda.
38. Llama la atención de la Sala que en el formato en cuestión se consignó que en
el área supuestamente afectada no había presencia de cultivos de uso ilícito,
declaración que contradice los demás elementos de convicción allegados al
expediente24 que fueron contestes en acreditar que sí existían plantaciones de hoja
de coca en el terreno del resguardo -aunque se afirmó que sólo existían con fines
tradicionales-, lo que plantea dudas sobre la veracidad de lo consignado en dicho
documento presentado con la intención de acceder a una reparación administrativa.
39. El 5 de noviembre de 2010 el señor Luis Abraham Murillo Gasca, en calidad de
Coordinador de la Unidad de Asistencia Técnica Agropecuaria Municipal, presentó
denuncia de fumigación a cultivos ilícitos ante el Consejo Nacional de
Estupefacientes en la que se consignó que:
22 Folios 170-171 c. 2.
23 Folios 28-29 c. 2.
24 Entre ellos, los testimonios recabados en el plenario de los miembros del resguardo y el coordinador de la
Unidad de Asistencia Técnica Agropecuaria Municipal, así como el dictamen pericial rendido en el proceso.
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“El pasado 25 de octubre del 2010, en el marco del Programa de Erradicación
de Cultivos Ilícitos con el herbicida Glifosato – PECIG, fueron fumigados
cultivos ilícitos en todo el Resguardo Indígena Jericó Consaya del municipio de
Solano. Este resguardo fue aprobado según Resolución No. 48 de 1995 por el
INCORA y tiene una extensión total de 8.450 hectáreas y actualmente tiene
una población total de 254 personas, agrupadas en 51 familias.
Revisados documentos sobre el tema de erradicación de cultivos ilícitos al
interior de los territorios indígenas, se ha encontrado
1. El 14 de noviembre del año 2003, hubo un acuerdo entre el Gobierno
Nacional y las Autoridades Indígenas de la Amazonía Colombiana.
2. El 19 y 20 de abril del 2007, en cumplimiento de la sentencia SU-383 de
2003, los indígenas han explicado claramente el manejo tradicional de la
coca dentro de los Chagras en el marco de la conservación de una cultura
ancestral que por generaciones ha manejado y conservado.
3. Según la Normatividad Vigente se excluyen de Aspersión los Resguardos
Indígenas, los Parques Naturales y otros claramente establecidos.
Según lo anterior, y a una visita ocular por parte de esta dependencia de la
administración municipal, se ha presentado una clara VIOLACIÓN DEL
DEBIDO PROCESO, de erradicación de cultivos ilícitos al interior de este
resguardo indígena, con la consecuente afectación de sus actividades
agropecuarias lícitas, generadas en el marco del programa de Erradicación de
Cultivos Ilícitos con el herbicida Glifosato – PECIG, porque las plantas de coca
que existen dentro del territorio, se encuentran inmersas en sus chagras
(sistemas productivos tradicionales), para el desarrollo de rituales, prácticas
medicinales y culturales que han pervivido a lo largo de su historia de vida.
Con base a la visita ocular, los cultivos lícitos establecidos que han sido
afectados se presentan en el siguiente cuadro, construido
participativamente con los productores, según la producción promedio
obtenida en años anteriores y los precios de mercado. Los valores se han
calculado en concordancia con el artículo décimo quinto de la Resolución No.
0008 de 2007 (…)”25 (negrillas por fuera del texto).
40. El cuadro incluido en la denuncia referida se titula "Relación de cultivos y sus
valores” e incluye información sobre unos tipos de cultivos, su área, ciclo productivo,
densidad, producción, unidad, cantidades, valor unitario y valor total, sin detallar la
fuente de conocimiento sobre el detalle de los datos mencionados ni la metodología
utilizada para recabar dicha información, respecto de lo cual se estudiará más
adelante:
25 Folios 30-31 c. 2.
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41. El señor Luis Abraham Murillo Gasca ratificó en este proceso el contenido de lo
plasmado en la referida denuncia y, sobre su visita, señaló lo siguiente (se transcribe
de manera literal):
“(...) la señora alcaldesa me ordenó hacer la respectiva inspección ocular para
verificar los hechos y fui a campo, me reuní con el gobernador de la comunidad,
con algunos miembros de esta comunidad y fuimos a verificar los hechos y
efectivamente comprobamos de que los cultivos y plantaciones que allí
existían fueron fumigados, porque los cultivos de plátano, yuca, maíz,
arroz, caña y otros frutales presentaban secamiento de sus estructuras.
A partir de eso elaboré un informe donde describí las especies y la cantidad de
área afectada, ese fue un informe preliminar donde no se valoraron costos en
los que pudiera haber incurrido la comunidad (...) Como funcionario de la
administración del año 2008 a 2011, estuve muy pendiente del proceso y
conocí que estupefacientes negó a través de un oficio que hubiera hecho
algunas fumigaciones al resguardo, pero por testimonios de la comunidad y por
mi visita ocular pude certificar de que efectivamente se fumigaron allá los
cultivos y terrenos de la comunidad”26 (negrillas por fuera del texto).
42. La Sala advierte que en la denuncia presentada el 5 de noviembre de 2010, el
funcionario centró la mayor parte del escrito en (i) señalar que el 25 de octubre de
2010 se habían llevado a cabo aspersiones aéreas con el herbicida glifosato; (ii)
hacer un recuento de la normativa en materia de erradicación de cultivos ilícitos al
interior de los territorios indígenas y, (iii) concluir que existió una violación al debido
proceso con la aspersión de cultivos ilícitos, en tanto la hoja de coca en el resguardo
Jericó Consaya se cultivaba con fines netamente tradicionales. Hasta este punto,
no existe en la denuncia ninguna información que sea útil para acreditar la
destrucción de cultivos lícitos que estaban sembrados en el territorio del resguardo
en cuestión.
43. No fue sino hasta el último párrafo de la denuncia, cuando el funcionario
presentó un cuadro “construido participativamente con los productores”, en el que
se realizó una relación de cultivos y sus valores, con los parámetros de área, ciclo
productivo, densidad, producción, unidad, cantidad, valor unitario y valor total. La
relación de los tipos de cultivos que supuestamente se habrían visto afectados y las
unidades coincide con lo plasmado en la queja presentada por el cacique del
resguardo ante la Alcaldía de Solano27.
44. Sobre la veracidad del contenido de este documento, la Sala tiene varios
reparos.
45. No existe información sobre la fecha exacta en la que se habría realizado la
visita que se menciona en el documento y con base en la cual supuestamente se
habría construido el mencionado cuadro que contiene la magnitud de la afectación
de los cultivos de propiedad del resguardo, de manera que no es posible determinar
cuántos días habrían pasado entre la fecha de aspersión y la verificación ocular que
sustenta la denuncia.
46. El documento no ofrece información relativa a si el hecho fue constatado
técnicamente a través de una auscultación detallada realizada por algún experto a
las plantaciones y tampoco precisa la metodología empleada para determinar la
26 Folios 257-259 c. de pruebas.
27 Folios 30-31 c. 2.
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“afectación” de los cultivos, ni mucho menos determina el alcance del término
“afectación”, toda vez que ni siquiera se menciona que existiera necrosamiento o
secamiento de las plantas que se verificaron en la inspección ocular, ni se puede
determinar que el funcionario hubiera comprobado la destrucción total de los cultivos
(126 hectáreas), como se alega en la demanda.
47. Tampoco es posible verificar la formación técnica o profesional del funcionario
que suscribe la denuncia, ni con base en qué experticia suya determinó con certeza
las medidas exactas de las áreas supuestamente “afectadas”, el ciclo productivo de
cada una de las plantas, así como los demás datos incluidos en el referido cuadro,
más aún respecto de los cálculos realizados sobre el valor unitario y total de cada
uno de los cultivos, información que es imposible de verificar con una única “visita
ocular”. No se allegó al expediente el registro fotográfico que se menciona al final
del escrito como anexo, ni ninguna otra documentación que sustente la razón de su
dicho, lo cual impide establecer si su contenido realmente obedece a un fundamento
empírico y fáctico o únicamente a la transcripción literal de la información que recibió
de los miembros del resguardo.
48. En el expediente consta la declaración rendida por el señor Wilmer Arley
Méndez Yaguara, quien afirmó pertenecer al resguardo indígena Jericó Consaya y
que desde 2001 laboraba allí como docente28 y cuando se le preguntó sobre la visita
de un delegado de la UMATA indicó que él personalmente acompañó al señor
Murillo Gasca, junto al cacique y otras dos personas, a hacer el recorrido por la zona
donde habían fumigado “y verificamos que había pasado con las plantaciones, no
se miraba mayor cosa porque apenas se habían fumigado, lo único que se miraba
eran las plantas como aceitosas como con agua. Al pasar unos días nos dimos
cuenta que eso acabó con todo, se secó todo lo que se fumigó, las plantas de coca
que ellos tienen por cultura y todo lo demás, la yuca, la caña, el maíz, el plátano y
el pasto para el ganado”29.
49. Esta afirmación sobre hechos percibidos de manera directa por el señor Méndez
Yaguara pone en duda los hallazgos plasmados en la denuncia presentada por el
Coordinador de la Unidad de Asistencia Técnica Agropecuaria Municipal, toda vez
que indica que el día de la visita no se verificaban todavía los daños que se habían
mencionado en la denuncia, sino que fue días después que vieron que “eso acabó
con todo”. También existe contradicción con lo señalado por el señor Murillo Gasca
en su declaración en este proceso, pues allí manifestó que comprobó “que los
cultivos y plantaciones que allí existían (...) presentaban secamiento de sus
estructuras”, secamiento que en ningún momento fue mencionado por el testigo
Méndez Yaguara, y que además fue específicamente desmentido, cuando señaló
que “no se miraba mayor cosa” más allá de las plantas “como aceitosas, como con
agua”.
50. Ante la ausencia de certeza sobre las condiciones en que se certificó la
supuesta destrucción de los cultivos sembrados en el territorio del resguardo
indígena, además de la incongruencia sobre los hechos que se habrían constatado
el día de la visita del coordinador de la UMATA, se pone en entredicho la veracidad
de lo consignado por el funcionario en la denuncia en cuestión y para la Sala resulta
28 Afirmó que pertenecía al resguardo: “Tengo conocimiento porque pertenecía al resguardo indígena Jericó
Consaya desde el año 2001 cuando inicié mis labores como docente de dicho resguardo”.
29 Folios 246-249 c. de pruebas.
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imposible otorgarle valor probatorio al estudiar la acreditación del daño antijurídico
por el que se demanda.
51. Con todo, la única prueba que existiría en el plenario sobre la alegada pérdida
de los cultivos del resguardo indígena, serían los testimonios de tres de sus
miembros, quienes en términos generales y sin mayor detalle coincidieron en
señalar que los cultivos se secaron y mencionaron los tipos de cultivos destruidos,
aunque sin precisar las hectáreas aproximadas de cada uno ni el estado en el que
se hallaban para la fecha en que habría ocurrido la primera fumigación.
52. La señora Leonor Yaguara González, quien dijo haber llegado al resguardo en
1998 y haber trabajado allí como madre comunitaria, señaló que vio cuando ocurrió
la fumigación el 25 de octubre de 2010 desde aeronaves que tenían un logo de la
Policía Nacional e indicó que los cultivos de plátano, piña, chontaduro, caña, uvas
y coca se perdieron con ocasión de esa fumigación, aunque sin tener conocimiento
de las cantidades afectadas30. La testigo no expuso la razón de su dicho sobre la
pérdida de los cultivos, pues no indicó que hubiera visitado el lugar o cómo constató
de primera mano la supuesta afectación que relata.
53. El señor Luis Ángel Medina Piranga afirmó ser miembro del resguardo y
manifestó que vio cuando las aeronaves que tenían el logo de la Policía Nacional
realizaron la fumigación sobre el territorio del resguardo. Sobre la visita del
Coordinador de la Unidad de Asistencia Técnica Agropecuaria Municipal el 5
noviembre de 2010 señaló que “mandaron a un muchacho a que fuera a darse
cuenta de que los cultivos y estaban fumigados, cuando él fue ya los cultivos
estaban amarillos todos, ya secos, él fue con el cacique y levantaron un
documento”31. Sobre esta afectación, más allá de las afirmaciones genéricas sobre
el secamiento de los cultivos frente a las cuales caben las mismas consideraciones
ya hechas, no proporcionó información sobre el tipo de siembras que se habrían
visto afectadas ni las cantidades.
54. Por su parte, el señor Méndez Yaguara fue el único que refirió cantidades
aproximadas de los cultivos de yuca, plátano, maíz, pasto y coca que se habrían
perdido, pero sin brindar mayores detalles sobre el estado en que habrían quedado.
55. Le asiste razón al apelante en cuanto los referidos testimonios no ofrecen
credibilidad sobre el objeto que se pretende probar, pues se trata de testigos
sospechosos, en tanto los señores Méndez Yaguara y Medina Piranga pertenecían
al resguardo demandante y tienen interés directo en las resultas del proceso, en la
medida en que las pretensiones del sub lite se solicitaron precisamente en favor de
la comunidad Coreguaje Jericó Consaya32. Por su parte, la señora Yaguara
González no expuso las razones por las cuales le constaba lo que declaró, tuvo una
vinculación como madre comunitaria en la comunidad indígena desde 1998 hasta
30 Folios 250-253 c de pruebas.
31 Folios 254-256 c. de pruebas. La Sala advierte que en cuanto a lo ocurrido en la inspección realizada por el
coordinador de la UMATA, el señor Medina Piranga no declaró sobre algo que hubiera percibido directamente,
toda vez que no participó del grupo que acompañó al funcionario.
32 Al respecto, la Sala llama la atención sobre el hecho de que se recibiera su declaración como testimonio por
tratarse de personas que pertenecen a la comunidad accionante en el presente proceso, es decir que tienen la
calidad de demandantes con interés directo en las resultas del proceso.
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el 2011 y vivió en el resguardo durante más de 10 años, lo que a juicio de la Sala
afecta su credibilidad e imparcialidad.
56. Sobre la valoración de los testigos sospechosos, el artículo 218 del Código de
Procedimiento Civil33 dispone que han de ser apreciados de acuerdo con las
circunstancias de cada caso, de manera que su dicho debe estudiarse con mayor
severidad y de cara a los demás medios de convicción, para establecer si éstos,
ofreciéndole respaldo, disipan su incredibilidad.
57. En el sub lite, la declaración de los testigos, además de que no encuentra
sustento en ningún otro elemento de prueba imparcial y relevante, tampoco ofrece
información concreta sobre la afectación de los cultivos de propiedad de la
comunidad, pues si bien refirieron la aspersión con glifosato adelantada en el mes
de octubre de 2010 y la existencia de unos cultivos de pan coger y tradicionales en
su territorio, sus declaraciones resultan ser muy generales frente a los hechos, de
manera que no permiten identificar y verificar la existencia y características
concretas del supuesto daño alegado en la demanda. En este sentido, las
referencias genéricas respecto a la realización de las aspersiones, junto con la
también abstracta afirmación de unas pérdidas, no dan claridad ni certeza de que
efectivamente -y cómo- los cultivos de la comunidad indígena demandante
resultaron afectados.
58. En cuanto concierne al dictamen pericial practicado en primera instancia por el
perito Angelino Gualtero Gómez, consta que el profesional llevó a cabo una visita
entre el 22 y el 25 de mayo de 2013, es decir, casi tres años después del primer
hecho de aspersión. El objeto de dictamen se fijó de la siguiente manera:
“a) Determinar los linderos e identificación del predio antes referido.
b) Determinar los daños que presenta el predio antes indicado, como
consecuencias de la fumigación aérea con sustancias químicas por parte de
aeronaves adscritas a la Policía Nacional, indicar en qué consisten esos daños
y cuantificar su valor económico.
c) Determinar el daño emergente y lucro cesante originados por los daños
ocasionados al referido predio.
d) Determinar los costos integrales necesarios para la restauración, reparación
y recuperación del mencionado predio, hasta que se ponga en las mismas
condiciones de producción y rentabilidad que generaba antes de la fumigación
aérea con sustancias químicas, por parte de aeronaves adscritas a la Policía
Nacional.
e) Las demás que el despacho y el perito las considere pertinentes”.
59. Para estos efectos, el perito propuso los siguientes puntos para el desarrollo del
informe: “(...) procedo a colocar en conocimiento el contexto geográfico; productivo,
social y cultural; técnico de los cultivos objeto de la pericia; efectos del glifosato en
el ecosistema; contexto legal; determinación del contexto económico, identificación
de los daños con la cuantificación del daño emergente, y cuantificación del lucro
cesante (...)”34.
33 Aplicable al presente caso junto con el Código Contencioso Administrativo, dada la fecha de presentación de
la demanda el 19 de diciembre de 2011.
34 Folios 10-115 c. pruebas.
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60. Asimismo, estableció un contexto técnico de los cultivos objeto de la pericia, los
identificó, planteó las afectaciones comunes de cada uno de ellos –ocasionadas por
diversas enfermedades que atacan las plantaciones- y refirió los costos de
establecimiento y sostenimiento de cada uno de los cultivos así como su
rendimiento.
61. Sobre los efectos del glifosato en los ecosistemas, la Sala advierte que se
citaron estudios científicos de 1999, 2000 y 2005, es decir, algunos que datan de
más de 13 años antes de la fecha del peritaje y otros de 8 años de anterioridad.
Además, sólo se refirieron de manera genérica los efectos del glifosato en la salud,
en los suelos y en la flora, sin detallar si esos efectos se verificaron en el caso
concreto de los cultivos que habrían existido en el territorio del resguardo indígena
para los años 2010 y 2011.
62. En el acápite denominado “contexto económico y determinación de los daños”
se plasmó que para la fecha de la visita –mayo de 2013- existían cultivos de diversas
especies y, en menor proporción, de hojas de coca que según información
entregada por los habitantes del resguardo era usada para la elaboración de
“mambe”35 con fines netamente tradicionales. Asimismo, se establecieron los
hallazgos en materia de los cultivos que se habrían visto afectados por las
fumigaciones denunciadas, información que se recabó únicamente con base en el
dicho de los miembros de la propia comunidad (se transcribe de manera literal con
eventuales errores):
“También se observó que se encuentran establecidas aproximadamente 200
hectáreas en pasturas mejoradas de brachiaria (Decumbens y Toledo), y
según información entregada por la comunidad indígena hacían parte de
las áreas que fueron afectadas por las fumigaciones aéreas con
herbicidas químicos glifosato en las fechas 25 de octubre de 2010 y 24 de
abril de 2011, a la vez, se indagó a la comunidad cuál fue el motivo de realizar
el cambio de cobertura de los sistemas agrícolas tradicionales a monocultivos
de praderas para la alimentación de ganado bovino y respondieron que
después el daño ocasionado con la aspersión del químico mencionado, que
devastó con los cultivos tradicionales, pasturas y áreas de reserva donde
realizaban comúnmente las “chagras” decidieron talar y quemar para ampliar
este sistema de producción, debido a que las semillas tradicionales no
presentaron el desarrollo agronómico normal por los efectos causados al
ecosistema que antes sustentaba un microclima para las especies nativas.
El señor TIMOLEÓN BAUTISTA VALENCIA, representante legal del
resguardo y demandante expresa que fuera del daño ocasionado los
sistemas agrícolas también fue afectado por la fumigación un sistema
ganadero doble propósito que comprendía de 85 unidades de ganado
bovino que tuvieron que vender por la falta de alimentación para las
mismas, para compra de sustento de las familias afectadas y la recuperación
de los sistemas productivos (compra de semillas y establecimiento de los
nuevos cultivos). En la actualidad (día de la visita) solamente cuentan con 10
novillas de levante y aproximadamente 200 hectáreas de pasturas sin
aprovechamiento.
35 El mambe es una sustancia natural extraída de la hoja de la coca tostada y triturada, que se mezcla con
cenizas del árbol de yarumo, cuyo uso para las comunidades indígenas amazónicas representa una práctica
ancestral de fundamental relevancia. “La ruta del mambe: un camino espiritual para los pueblos indígenas de la
Amazonía”. Radio Nacional de Colombia. Obtenido de: https://www.radionacional.co/cultura/tradiciones/hoja-
de-coca-y-el-mambe-tradiciones-de-pueblos-indigenas-en-amazonas
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Con relación a la información plasmada en el presente proceso, las fechas
de ocurrencia de la fumigación se presentaron el 25 de octubre de 2010,
en donde el señor Luis Abraham Murillo Gasca, coordinador de la Unidad
e Asistencia Técnica agropecuaria (UMATA) realiza una visita al área
afectada y entrega un inventario que asciende a 125 hectáreas en cultivos
tradicionales y el 24 de abril de 2011, 56 hectáreas según la demanda
hecha por TIMOLEÓN BAUTISTA VALENCIA ante el alcalde municipal de
la época la señora SANDRA NORMA CARVAJAL CUÉLLAR.
(...)
Expreso que han transcurrido tres años para el primer acontecimiento (el 25 de
octubre de 2010) y dos para el segundo (el 24 de abril de 2011), con relación a
la fecha de vista, que se efectuó en los días del 22 al 25 de mayo del 2013. Por
tal razón la metodología utilizada para determinar los daños económicos
generados a la producción agropecuaria de resguardo Jericó Consaya
por la fumigación aérea con aeronaves adscritas a las fuerzas militares de
Colombia y calcular su monto se realizó de la siguiente manera:
a) Se realizó una reunión en el resguardo de Jericó-Consaya, con
personas conocedoras del problema. El propósito de esta actividad
estuvo dirigida a conocer detalles de los acontecimientos, entre ellas: tipo
de cultivos, densidad de siembra por hectárea, producción por especie,
duración del cultivo, valor de los productos, cosechas por año, costos de
sostenimiento, edad actual de cada cultivo y áreas afectadas a la fecha de
la fumigación.
b) Recorrido o transecto por el área afectada con el acompañamiento de
un delegado de la comunidad de Jericó-Consaya con la finalidad de realizar
una observación directa en la zona, tomar puntos de georreferenciación con
GPS, registros fotográficos, obtener información primaria del estado actual del
predio e identificar daños causados por las fumigaciones aéreas.
c) Documentar el informe pericial con soporte de investigaciones
científicas relacionadas con este caso.
En la visita realizada por el suscrito se pudo verificar la existencia de la finca o
predio referido por el actor, así como su ubicación, extensión, dedicación y
producción de la misma, frente a los daños causados a los cultivos
transitorios, semipermanentes y permanentes mencionados en el cuadro
1 y 2, por el efecto de las fumigaciones se encontraron vestigios de la
existencia de los mismos, como troncos, árboles perennes afectados, se
observó cambios de coberturas en donde se encontraban estos sistemas
agrícolas. Además estas áreas han sido modificadas por regeneración
natural, en donde han emergido especies vegetales nativas de la zona
como (helechos, pasto vendeaguja, cola de zorro y rastrojos), arvenses o
plantas indicadoras de suelos degradados donde se vierten químicos
esparcido por las fumigaciones aéreas.
El impacto del glifosato en la sucesión ecológica boscosas fue estudiado por
Bell y colaboradores (1997), quienes hicieron una investigación sobre el efecto
del glifosato en el noroeste de Ontario – Canadá en bosques deciduos
temperados. Ellos encontraron que el uso de este herbicida disminuía la
cobertura vegetal de árboles deciduos, arbustos y helechos. En el caso de
bosques de coníferas, ellos encontraron que el glifosato reducía la vegetación
leñosa y herbácea. Es decir, ejercía un impacto en la composición y estructura
de estos bosques.
Por tal razón, el presente avalúo de los daños, se realiza con el inventario
emitido por la UMATA, la indagación realizada a la población y el
demandante o representante legal del resguardo de Jericó Consaya, en
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donde mencionan las áreas de cultivos afectados por las fumigaciones
aéreas con glifosato. Estos testimonios son pruebas suficientes para
emitir la pericia, debido a que fueron personas que conocieron el estado
anterior y actual del resguardo. Además la investigación directa que realiza
el perito avaluador a la población, los registros fotográficos y toma de puntos
de georreferenciación son coherentes con lo plasmado en la solicitud de
práctica de la prueba pericial” (destacado fuera del texto).
63. Como se desprende de su lectura, la metodología del peritaje se sustentó en la
información recibida de la misma comunidad “conocedora del problema” a partir de
cuyo dicho se estimó acreditado que: (i) los cultivos relacionados en la demanda
existían para la fecha de ocurrencia de los hechos, (ii) se llevaron a cabo
aspersiones con glifosato –teniendo en cuenta la denuncia presentada ante la
Alcaldía de Solano-, y (iii) dichos cultivos se vieron afectados por este suceso. Fue
con base en la información otorgada por la propia comunidad que el perito conoció
el tipo de cultivos, la densidad de la siembra por hectárea, la producción por especie,
la edad del cultivo, las áreas supuestamente afectadas con la fumigación e incluso
el valor de los productos.
64. Con la inspección ocular realizada por el perito resulta imposible la
determinación del daño que se habría ocasionado a cultivos existentes tres años
atrás, y tampoco existen evidencias valoradas y puestas de presente por el experto,
que permitan a la Sala inferir que en octubre de 2010 existían determinados cultivos,
y mucho menos el estado en que se encontraban, ni si resultaron afectados o
deteriorados. Si bien refiere que se encontraron vestigios de su existencia y cambios
de coberturas por regeneración natural, no se proporcionó la información que habría
llevado a concluir que los vestigios obedecen, sin lugar a duda, a plantaciones que
existían para el año 2010.
65. Tampoco obra en el expediente otro medio de prueba del que sea posible
derivar el daño presuntamente irrogado a la comunidad Coreguaje Jericó Consaya,
ni se realizó peritaje técnico para determinar que efectivamente existiera una
intoxicación y deterioro de los cultivos de su propiedad en el año 2010.
66. Así, el material aportado al proceso resulta insuficiente para acreditar el daño
antijurídico. Las aseveraciones hechas en la demanda son muy generales, no
acreditan la calidad, edad del cultivo, ni la proyección de las cosechas, así como
tampoco es posible inferir el necrosamiento o el estado de descomposición del
cultivo y sus causas, por lo que se colige que existen razonables dudas para
considerar que se está ante un daño cierto, personal y directo.
67. Así las cosas, la afectación a los cultivos de propiedad del resguardo indígena
no está acreditada de manera directa, ni es posible hacerlo por vía indiciaria, pues
si bien se probó que se efectuó una aspersión, lo cierto es que no se demostró que
los sembradíos efectivamente dejaron de existir o su producción se vio afectada de
alguna manera. Por manera que los elementos de convicción obrantes en el proceso
no son conducentes para probar el daño alegado, en la medida en que solo pueden
ser objeto de reparación los cultivos afectados con la fumigación del herbicida sobre
los que se tenga certeza del daño. No obstante, y aunque no era imprescindible
acreditar el daño con evidencia científica o una técnica de mayor complejidad, la
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Radicación: 18001-23-31-000-2012-00001-01 (61.560)
Actor: Timoleón Bautista Valencia y otros
Demandado: Nación – Mindefensa – Policía Nacional
Referencia: Reparación directa
denuncia del coordinador de la UMATA con la simple mención de la existencia de
la afectación, así como los testimonios practicados, resultan insuficientes,
incompletos e inexactos para afirmar en este proceso la demostración de un daño
cierto, personal y directo respecto de la comunidad Jericó Consaya.
Operación de aspersión del 24 de abril de 2011
68. El acta de aspersión No. 038 de esa fecha deja constancia de que se realizaron
labores de aspersión a cultivos ilícitos en los departamentos de Caquetá y
Putumayo, en un área total de 551,65 hectáreas 36 . Por su parte, el grupo de
aspersión aérea de la Policía Antinarcóticos certificó mediante oficio de 6 de agosto
de 2011 que: “para el 24 de abril de 2011 sí se realizaron operaciones de aspersión
en el municipio de Solano, Caquetá (…) dentro del polígono reportado, según
coordenadas suministradas en la queja”37.
69. Sin embargo, no existe evidencia alguna en el expediente que acredite los
daños que se habrían causado con ocasión de la aspersión aérea del 24 de abril de
2011. Por este hecho no se expidió ninguna certificación o denuncia por parte de
alguna autoridad, y sólo consta al respecto el formulario de recepción de quejas por
daños causados en actividades agropecuarias lícitas en el marco del programa de
erradicación de cultivos ilícitos presentado ante la Alcaldía de Solano por el propio
cacique del resguardo indígena, en el que se mencionó una supuesta afectación de
56 hectáreas y se hizo una relación escrita que sólo contenía los tipos de cultivo
supuestamente perjudicados y las unidades, sin ningún soporte sobre lo afirmado38.
70. Este documento, al igual que se consideró previamente, consiste en una
afirmación de parte que no prueba per se la causación del daño antijurídico por el
que se demanda y que no está sustentada en ningún soporte anexo que permita
conocer la fuente de la información que en él se consigna ni la metodología para
recabarla, además de que también consignó una declaración sobre la ausencia de
cultivos de uso ilícito, en contravía de todas las pruebas que obran en el expediente
al respecto.
71. En los testimonios practicados no existe ninguna referencia puntual al supuesto
daño antijurídico que habría ocasionado la aspersión del 24 de abril de 2011, más
allá de mencionar que ocurrió ese otro suceso de fumigación, sin referir cómo se
habrían afectado los cultivos a raíz de dicho acontecimiento, los tipos de cultivos, ni
las hectáreas afectadas. Al respecto, incluso el señor Méndez Yaguara, señaló,
refiriéndose a las aspersiones, que “la segunda no fue tan dura pero sí pasaron dos
veces la misma zona que habían fumigado” y manifestó que no siguieron ningún
procedimiento ante las autoridades sino que fue la misma comunidad la que realizó
la inspección y que “no se fue a la alcaldía porque ya se había colocado las quejas
pertinentes y no miramos mayor respuesta”39, dicho que fue igualmente confirmado
por la señora Yaguara González y el señor Medina Piranga.
36 Folio 130 c. de pruebas.
37 CD obrante a folio de 172 c. 2.
38 Folios 40-41 c. 2.
39 Folios 246-249 c. de pruebas.
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Radicación: 18001-23-31-000-2012-00001-01 (61.560)
Actor: Timoleón Bautista Valencia y otros
Demandado: Nación – Mindefensa – Policía Nacional
Referencia: Reparación directa
72. Por manera que respecto de este segundo hecho generador no existe ningún
elemento de convicción concreto que permita la verificación de la certeza del daño
por el que se demanda. Sólo obra en el plenario el dictamen pericial practicado más
de 2 años después, el cual, como viene de verse, tampoco ofrece convicción a la
Sala sobre la afectación de los cultivos existentes para los años 2010 y 2011 en el
resguardo indígena demandante.
73. Sin perjuicio del régimen de imputación aplicable a cada caso en que se estudia
la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados por la utilización
del herbicida glifosato en los programas de erradicación de cultivos ilícitos, le
corresponde a la parte actora acreditar la existencia del daño antijurídico como
elemento basilar del juicio de imputación y sustento de sus pretensiones40, para lo
cual debe acudir a elementos probatorios idóneos, pertinentes y concurrentes con
el fin de lograr el convencimiento del juez. Al apreciar el mérito probatorio de los
medios de convicción allegados a este expediente para tal efecto, la Sala no tiene
certeza sobre la afectación de los cultivos de propiedad de la comunidad Coreguaje
Jericó Consaya, circunstancia que tampoco puede inferirse por vía indiciaria, en
tanto, como viene de verse, ninguno de los elementos de convicción ofrece
credibilidad sobre este hecho.
74. Si bien la ausencia de comprobación del daño antijurídico es suficiente para
denegar las pretensiones de la demanda, lo cierto es que tampoco es posible
determinar la existencia de la relación causal entre el daño alegado y la actividad
de erradicación de cultivos de uso ilícito a través de la aspersión aérea adelantada
por la Policía Nacional.
75. Lo anterior, en tanto no es posible verificar la línea de aspersión seguida en las
operaciones del 25 de octubre de 2010 –razón por la cual no se puede cotejar de
manera certera la distancia existente entre el área fumigada en el municipio de
Solano y los cultivos del resguardo indígena demandante- y no existe evidencia
alguna sobre la presencia del herbicida en las plantaciones.
76. Al respecto, es importante precisar que en aquellos casos en que esta
Corporación ha considerado acreditada la responsabilidad del Estado por las
fumigaciones con glifosato a partir de prueba indiciaria, por lo menos existían
elementos de convicción que señalaban la existencia de rastros de glifosato a pocos
metros del predio afectado o la presencia de herbicidas en el cultivo, constatada por
asistentes técnicos en días siguientes a la aspersión41, medios probatorios que no
obran en el presente expediente.
77. En vista del anterior análisis, la Sala revocará el fallo apelado y, en su lugar,
negará las pretensiones formuladas.
40 En la jurisprudencia de esta Corporación relacionada con la responsabilidad patrimonial del Estado por el uso
del herbicida glifosato se ha estudiado como primer elemento la prueba de la causación de la lesión ambiental
concretada en un daño antijurídico irrogado al demandante, en este caso, la afectación a los cultivos de su
propiedad. Véase, por ejemplo: Subsección B, Sentencia del 20 de febrero de 2014. Exp. 29.028, C.P. Ramiro
Pazos Guerrero; Subsección C, Sentencia del 17 de septiembre de 2018. Exp. 54756, C.P. Jaime Enrique
Rodríguez Navas; Subsección B, Sentencia del 7 de septiembre de 2023. Exp. 63.011, C.P. Alberto Montaña
Plata.
41 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 20 de febrero de 2014. Exp. 29.028. C.P. Ramiro Pazos
Guerrero.
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Radicación: 18001-23-31-000-2012-00001-01 (61.560)
Actor: Timoleón Bautista Valencia y otros
Demandado: Nación – Mindefensa – Policía Nacional
Referencia: Reparación directa
Costas
78. Como no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes
en esta instancia, la Sala se abstendrá de condenar en costas (artículo 171 del
C.C.A., subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998).
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2017 por la
Sala Transitoria de Tribunal Administrativo con sede en la ciudad de Bogotá y, en
su lugar, NEGAR las súplicas de la demanda por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Salvamento de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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