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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05807-00

Fecha
28 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05807-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela formulada por el resguardo Coreguaje Jericó Consaya frente al defecto fáctico por falta de relevancia constitucional y NEGAR la protección constitucional en relación con el desconocimiento del precedente. 20 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Resguardo Indígena Coreguaje Jericó Consaya Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2024-05807-00 SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-05807-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

28 de noviembre de 2024

Demandante: Resguardo Indígena Coreguaje Jericó Consaya
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05807-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05807-00
Demandante: RESGUARDO INDÍGENA COREGUAJE JERICÓ CONSAYA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial – defecto fáctico – falta de
relevancia constitucional – desconocimiento del precedente –
niega

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El resguardo indígena Coreguaje Jericó Consaya, por conducto del
kapita de la comunidad2, presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A3. Con la solicitud de amparo pretende que se
protejan los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la vida,
a la identidad cultural, a la autodeterminación y a la consulta previa.

2. Las anteriores garantías, a su juicio, fueron vulneradas por la autoridad
judicial accionada con la sentencia del 8 de abril de 2024, dictada dentro del
proceso de reparación directa identificado con el radicado 18001-23-31-000-
2012-00001-01 (61.560). En la mencionada decisión se revocó el fallo de primer
grado que fue favorable a las pretensiones, para en su lugar, negarlas
integralmente.

1
Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
2
Posesionado y designado de tal manera mediante el Acta 014 del 17 de enero de 2024, ante
el alcalde encargado del municipio de Solano (Caquetá).
3
El 29 de octubre de 2024.

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Demandante: Resguardo Indígena Coreguaje Jericó Consaya
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05807-00

1.2. Pretensiones

3. Solicitó las siguientes:

PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales del Resguardo Indígena
Coreguaje de Jericó-Consaya, representado legalmente por el señor Timoleón
Bautista Valencia, a la consulta previa (art. 330 de la Constitución Política y el
Convenio 169 de la OIT), al derecho a la vida (art. 11 C.P.), al derecho a un
ambiente sano (art. 79 C.P.), al derecho a la salud (art. 49 C.P.), al derecho a la
identidad cultural (art. 7 C.P.) y al derecho a la autodeterminación (Convenio 169
de la OIT), que fueron vulnerados por la providencia judicial emitida por el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A en la sentencia de segunda instancia N° 18001-23-31-00-2012-
00001-00 (61.560) del 08 de abril de 2024.

SEGUNDA: DECLARAR que la sentencia referida proferida por el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
en el proceso de reparación directa iniciado por el Resguardo Indígena
Coreguaje de Jericó-Consaya contra la Nación- Ministerio de Defensa- Policía
Nacional, desconoció el material probatorio allegado oportunamente, que
demuestra de manera clara la existencia de un daño causado a los cultivos
tradicionales de la comunidad indígena por las aspersiones aéreas con glifosato
realizadas en su territorio.

TERCERA: DEJAR SIN EFECTO JURÍDICO la sentencia de segunda instancia
N° 18001-23-31-00-2012-00001-00 (61.560) del 08 de abril de 2024, proferida
por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, y como consecuencia, ORDENAR a dicho tribunal que
rehaga la sentencia, teniendo en cuenta todos los medios probatorios
oportunamente aportados que acreditan la afectación a los cultivos de pancoger y
el consecuente perjuicio sufrido por el Resguardo Indígena Coreguaje de Jericó-
Consaya.

CUARTA: ORDENAR al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, que en la nueva sentencia se
reconozcan las pretensiones formuladas en la demanda de reparación directa,
basándose en un análisis detallado y exhaustivo de los medios probatorios
debidamente allegados al proceso. Dichos elementos demuestran con claridad la
afectación de los cultivos tradicionales del Resguardo Indígena Coreguaje de
Jericó-Consaya y la consecuente vulneración de los derechos fundamentales de
la comunidad, como resultado de las aspersiones aéreas con glifosato realizadas
sobre su territorio ancestral.

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:

5. Mediante la Resolución 48 del 17 de octubre de 1995, proferida por el
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, se le adjudicó un inmueble de una

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Demandante: Resguardo Indígena Coreguaje Jericó Consaya
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05807-00

extensión aproximada de 8450 hectáreas a la comunidad indígena Coreguaje
Jericó Consaya en el municipio de Solano (Caquetá). El grupo actor alude que
en su territorio sembraban cultivos de pancoger como plátano, yuca, pastos,
caña, chontaduro, piña, ají y maíz para su autosostenimiento y comercialización
en el mercado al que acuden las familias del resguardo.

6. Precisaron que el 25 de octubre de 2010 y el 24 de abril de 2011, la
Policía Nacional llevó a cabo operaciones de aspersión aérea con glifosato que
afectaron sus cultivos. En ese sentido, presentaron demanda de reparación
directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, en
la que solicitaron que se declarara a esa entidad administrativamente
responsable por los daños que les ocasionó el hecho mencionado, y el
consecuente reconocimiento de montos indemnizatorios por concepto de
perjuicios materiales, morales y daño a la vida en relación.

7. En sentencia del 14 de noviembre de 2017, el a quo del proceso
ordinario accedió a las pretensiones. En consecuencia, dispuso que se debían
reconocer perjuicios materiales a favor del grupo actor de acuerdo con lo que
resultara probado en el trámite incidental.

8. Los fundamentos del tribunal para arribar a la anterior conclusión fueron
los siguientes:

• Encontró probado el daño consistente en que sí ocurrió la aspersión
aérea con glifosato en los predios de propiedad de la comunidad indígena los
días 25 de octubre de 2010 y 24 de abril de 2011.

• Con ocasión de las fumigaciones, los cultivos sufrieron afectaciones, lo
cual quedó plasmado en la denuncia de fumigación realizada por la Unidad de
Asistencia Técnica Agropecuaria ante el Consejo Nacional de Estupefacientes,
y la visita ocular que se llevó a cabo y de la que se concluyó que en el
mencionado terreno se cultivaba plátano, yuca, pastos mejorados, caña
panelera, chontaduro, piña, frutales amazónicos, ají y maíz.

• Se configuró la falla en el servicio, toda vez que no se agotó la consulta
previa ni se demostró que estuviera de por medio la seguridad nacional, de tal
manera que se desconoció por parte de la administración las costumbres,
tradiciones y derechos de la comunidad. Si bien pudo haber cultivo de coca en
la zona asperjada, lo cierto es que la planta se utiliza por la comunidad con
fines tradicionales y ancestrales como el mambeo.

• Hubo nexo de causalidad entre el daño y el actuar de la administración,
pues las afectaciones sufridas por los cultivos de pancoger obedecen a las
fumigaciones con la mencionada sustancia química.

9. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional apeló la
decisión de primer grado. En su sentir, no se acreditó el daño, pues los

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testimonios de los miembros del resguardo indígena carecen de imparcialidad
por tener interés directo en el proceso, aunado a que no era posible aseverar
que se realizaron procesos de aspersión sobre el territorio indígena de
conformidad con «un documento aportado por el jefe del área de Erradicación
de Cultivos». Afirmó que las operaciones citadas tuvieron lugar a una distancia
de 239,48 metros del predio de la comunidad indígena.

10. Agregó que no hubo nexo causal, pues si bien se realizó aspersión de
glifosato en Solano (Caquetá), eso no implicaba que se hubiese afectado todo
el territorio municipal. Aseguró que «las coordenadas donde se encuentran los
cultivos a fumigar son establecidas con un sistema de posicionamiento de la
más alta tecnología» y la única prueba en la que se basó el tribunal fue una
inspección ocular practicada «varios años después de los hechos».

11. En sentencia del 8 de abril de 20244, la Sección Tercera, Subsección A
del Consejo de Estado revocó la decisión del a quo. En su lugar, negó las
pretensiones del grupo actor, con base en los siguientes supuestos:

• No se acreditó un daño cierto en cabeza de la comunidad indígena.

• El tribunal confundió el daño antijurídico -destrucción de los cultivos
existentes en el territorio indígena- con el hecho generador -fumigaciones
aéreas con glifosato realizadas sobre el territorio indígena-.

• De la revisión del acta 39 de la Policía Nacional y el Oficio 016942 del 5
de marzo de 2016 de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, no
es posible determinar la línea de aspersión seguida el 25 de octubre de 2010.

• En el formulario de recepción de quejas por los presuntos daños
causados en el territorio con la aspersión de la sustancia química no se
relacionaron los cultivos dañados ni las unidades destruidas. Adicionalmente, se
trata de una denuncia que solo contiene una afirmación de parte, pues fue el
cacique del resguardo quien formuló la queja diez días después de los hechos
de aspersión.

• En el formato de denuncia se consignó que en el área afectada no había
presencia de cultivos de uso ilícito, pero esta afirmación se contradice con «los
demás elementos de convicción allegados al expediente que fueron contestes
en acreditar que sí existían plantaciones de hoja de coca en el terreno del
resguardo».

• De la denuncia de fumigación a cultivos ilícitos formulada por el señor
Luis Abraham Murillo Gasca, coordinador de la Unidad de Asistencia Técnica
Agropecuaria Municipal, no se acredita la destrucción de cultivos sembrados en
el territorio indígena.

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Notificada el 26 de abril de 2024.

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• No se tiene información sobre la fecha exacta en la que se realizó la
visita ocular y a partir de la cual se construyó el cuadro que contiene la presunta
magnitud de la afectación de los cultivos. Dicho documento, «no ofrece
información relativa a si el hecho fue constatado técnicamente a través de una
auscultación detallada realizada por algún experto en plantaciones y tampoco
precisa la metodología empleada».

• No es posible verificar la formación técnica o profesional del funcionario
que realizó la visita ocular, de la que se pueda determinar que fue su experticia
la que lo llevó a determinar con exactitud las medidas presuntamente afectadas,
el ciclo productivo de cada una de las plantas, los cálculos realizados sobre el
valor unitario de cada producto, etc. Tampoco es posible inferir cuántos cultivos
existían y si resultaron deteriorados o afectados.

• Los testimonios de William Arley Méndez Yaguara, Luis Ángel Medina
Piranga y Leonor Yaguara González no ofrecen credibilidad, pues «se trata de
testigos sospechosos, en tanto que pertenecen al resguardo indígena y tienen
interés directo en las resultas del proceso». Además, sus declaraciones fueron
«muy generales frente a los hechos, de manera que no permiten identificar las
características concretas del supuesto daño alegado en la demanda».

12. De lo anterior concluyó que no era posible verificar la línea de aspersión
seguida en las operaciones alegadas por la parte actora, y si bien en anteriores
oportunidades el Consejo de Estado determinó la responsabilidad de la Nación
a partir de pruebas indiciarias, en este caso no existían elementos de
convicción que evidenciaran rastros de glifosato a pocos metros del predio o la
presencia de herbicidas en el cultivo.

1.4. Sustento de la vulneración

13. Consideró que la providencia atacada vulneró los derechos
fundamentales de la comunidad a la vida, la salud, el ambiente sano y la
ausencia de protección de la diversidad étnica y cultural por parte del Estado, la
autodeterminación del pueblo indígena y la consulta previa y el Convenio 169
de la OIT.

14. Agregó que la providencia cuestionada se encuentra viciada de defecto
fáctico por valoración defectuosa del material probatorio incorporado al
proceso, por las siguientes razones:

• En el expediente obran pruebas que acreditan la operación de aspersión
de glifosato del 25 de octubre de 2010, como la visita ocular del 5 de
noviembre de 2010, realizada por funcionarios de la Unidad de
Asistencia Técnica Agropecuaria Municipal de Solano y el Oficio 7356 del
28 de octubre de 2010 de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía
Nacional.

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• Se desconocieron los testimonios de Wilmer Arley Méndez Yaguara5,
Leonor Yaguara González6 y Luis Ángel Piranga7, las cuales son
muestra contundente de los efectos devastadores que causó la
fumigación sobre los cultivos de pancoger de la comunidad.
• Se desconoció la queja presentada por el señor Timoleón Bautista, en la
que, además se puso de presente que la entidad accionada pasó por alto
el deber constitucional de la consulta previa al asperjar glifosato sobre
territorios indígenas, y con ello el Convenio 169 de la OIT.
• Precisó que erradamente se concluyó que todos los testigos eran
miembros de la comunidad indígena, pero solo uno de ellos lo es, el
señor Luis Ángel Medina Piranga.
• Sobre la visita ocular del señor Luis Abraham Murillo Gasca, comentó
que de ella se verificó que en la comunidad había cultivo de coca, pero
no fue plantada con fines comerciales sino culturales. Aseguró que era
normal que los indígenas, en sus actividades cotidianas, como la pesca y
la caza, consumieran coca de hoja molida, lo cual se conoce como
mambeo.
• Se omitió que la denuncia sobre lo ocurrido en la primera aspersión
ocurrió a los diez días después de la fumigación, término razonable para
verificar los efectos de la fumigación.
• Discutió que se plantearan dudas sobre la formación técnica del
ingeniero que realizó la visita ocular, sin evidencia contundente de que él
careciera de competencia para evaluar los cultivos, aunado a que se
desconoció que como coordinador de la Unidad de Asistencia Técnica
Agropecuaria de Solano estaba calificado para el cargo.
• Si bien el testigo Méndez Yaguara comentó que el día de la fumigación
solo se observaron las plantas aceitosas, también indicó que unos días
después se secaron y destruyeron todos los cultivos.
• Desestimar los testimonios de las tres personas mencionadas va en
contravía de los derechos de los pueblos indígenas y de su calidad de
sujetos de especial protección constitucional, debido a su marginalidad y
situación de vulnerabilidad.
• El hecho de que los testigos tengan interés en las resultas del proceso no
implica que sus declaraciones carezcan de valor. Los testimonios fueron
rendidos en audiencia, en la que la contraparte tuvo la oportunidad de
presentar objeciones o tachar la fiabilidad de los testigos.

5
Sobre el testimonio de Wilmer Arley Méndes Yaguara resaltó la siguiente afirmación: «al pasar
unos días nos dimos cuenta que eso acabo con todo, se secó todo lo que se fumigó… la yuca,
la caña, el maíz, plátano, el pasto para el ganado».
6
Sobre el testimonio de Leonor Yaguara González puntualizó la siguiente afirmación: «en el
2010 fue la primera fumigación donde le dañaron todos los cultivos, ellos tenían yuca, caña,
piña, arroz, chontaduro, esa fruta uva y tenían si unas 5 hectáreas de coca que era para los
rituales de ellos, con la fumigación se les dañó toda la comida y estuvieron viviendo muy mal».
7
Sobre la declaración de Luis Ángel Piranga enfatizó en la siguiente afirmación: «las avionetas
eran de color blanco, en los helicópteros se veía que decía policía nacional. Hicieron tres
pasadas y ahí se fueron… Teníamos cultivos de yuca, plátano, caña, piña, chontaduro, uvas y
pasto (…) esa fumigación fue muy grave porque las aguas de los caños donde recogemos el
agua para el consumo no se podía tomar, porque se enfermaron varios niños de tomar esa
agua fumigada».

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15. Aludió que se configuró el desconocimiento del precedente contenido
en las sentencias del 30 de noviembre de 20238 y del 14 de julio del mismo
año9. Respecto de la primera, indicó que, en un caso similar, se modificó la
decisión de primer grado que declaró administrativa y patrimonialmente
responsable a la Nación por los daños causados con las aspersiones de
glifosato efectuadas el 5 de noviembre de 2011. Sobre la segunda, puso de
presente que, pese a la ausencia de cuantificación de los daños se podía
condenar en abstracto para que se definiera el monto mediante trámite
incidental.

16. Señaló que en la providencia del 8 de septiembre de 201710, el Consejo
de Estado, en un caso con similares supuestos fácticos y jurídicos determinó
que la fumigación con glifosato afectó no solo la economía de la comunidad,
sino su identidad cultural y se tuvieron en cuenta las inspecciones oculares
realizadas días después de la ocurrencia de los hechos. Ello conllevó a
desplazamiento, pérdida de las fuentes de alimento y subsistencia y afectación
de la seguridad alimentaria y el arraigo territorial.

17. Sostuvo que, contrario a lo concluido por la autoridad judicial tutelada, sí
se probó que las aspersiones llevadas a cabo en su territorio se realizaron con
desconocimiento del debido proceso, pues no se realizó consulta previa. Añadió
que la hoja de coca para las comunidades indígenas se utiliza con fines
culturales y medicinales.

18. Agregó que se desconoció la sentencia de unificación 383 de 2003 de
la Corte Constitucional, en la que se impuso el deber de realizar consultas
previas a los pueblos indígenas y tribales antes de llevar a cabo programas de
erradicación de cultivos ilícitos en sus territorios. Asimismo que, la sentencia
objeto de reproche tuvo un salvamento de voto en el que se resaltó la
importancia de la consulta previa y la ausencia de haberse respetado esta
prerrogativa en este caso.

19. En su sentir, el desarrollo de la consulta previa antes de la aspersión que
se realizó sobre su territorio era indispensable, pues este procedimiento
garantiza la participación de las comunidades en aquellas decisiones de la
administración que afectan la autonomía de sus territorios. Manifestó que no
haberse llevado a cabo a la consulta previa comprometió la responsabilidad del
Estado, la seguridad alimentaria, pérdida de los medios de subsistencia y las
prácticas culturales de la comunidad.

1.5. Trámite de primera instancia

20. Por auto del 30 de octubre de 2024, el ponente de esta providencia
admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar en calidad de

8
Radicado 13001-23-33-000-2013-00687-01.
9
Radicado 68001-23-31-703-2009-00064-00 / 68001-23-31-000-2009-00064-01.
10
Radicado 52001-23-31-000-2006-00435-01 (38040).

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accionado al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, como
terceros con interés al Tribunal Administrativo de Caquetá, a la Nación-
Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado en los términos del artículo 610 del Código General
del Proceso.

1.6. Informes

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

21. Refirió que la tutela de la referencia no tiene vocación de prosperidad
porque no satisface el requisito general de la relevancia constitucional, toda vez
que la decisión que se pretende cuestionar se fundó en las pruebas allegadas al
proceso y en los lineamientos jurisprudenciales aplicables al caso, con apego
absoluto de las garantías sustanciales y procesales.

22. Sobre el defecto fáctico, precisó que, contrario a lo sostenido por el grupo
actor, en la sentencia sí se hizo referencia al contenido de cada una de las
pruebas que invoca, ya que las mismas fueron utilizadas por la demandada
como sustento de la apelación. Sin embargo, fue con base en un estudio
juicioso y la autonomía judicial que se determinó que la sentencia de primer
grado confundió el daño antijurídico por el que se demandó con el hecho
generador y fue por esto que, erradamente, encontró acreditada la
responsabilidad del Estado.

23. Indicó que del escrito tutelar se desprende que lo que persigue la parte
actora es que se analicen los mismos hechos y fundamentos jurídicos y
probatorios que se estudiaron en la segunda instancia, de tal forma que se
acceda a las pretensiones de reparación directa.

24. En cuanto al cargo por desconocimiento del precedente, aclaró que la
existencia de procesos similares no implica que se deban analizar pruebas en
un mismo sentido, pues los jueces están dotados de autonomía en sus
decisiones. Precisó que, en este asunto, se cumplió con la carga argumentativa
que exigía el proceso valorativo de las pruebas contentivas del expediente.

1.6.2. Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

25. Mencionó que las pruebas incorporadas al expediente fueron valoradas
conforme a las reglas de la sana crítica por la autoridad judicial de segunda
instancia del proceso ordinario. De conformidad con el estudio zanjado, la
autoridad judicial determinó que no era posible establecer que el daño
ocasionado a los cultivos de la comunidad tutelante obedeció a la presencia del
herbicida. Por ello, estimó las afirmaciones el grupo actor falsas y sin
fundamento fáctico y jurídico.

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26. Aludió que la controversia planteada no contiene los elementos de
incidencia, gravedad o urgencia que permitan utilizar el mecanismo
constitucional como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Por ende, solicitó negar integralmente las pretensiones de la parte actora.

1.6.4. El a quo del proceso ordinario y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado guardaron silencio, pese a que se les notificó de forma
satisfactoria el auto admisorio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

27. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015
modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena del Consejo de Estado.

2.2. Legitimación en la causa

28. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).

29. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte que el grupo actor se
encuentra legitimado en la causa por activa para solicitar la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la vida, a la
identidad cultural, a la autodeterminación y a la consulta previa. Lo anterior,
dado que conformó el extremo accionante del proceso de reparación directa
que dio lugar a la sentencia del 8 de abril de 2024.

30. Por otro lado, la Sala evidencia que el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A tiene legitimación por pasiva por haber proferido la
decisión objeto de reproche.

2.3. Problemas jurídicos

31. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y el informe presentado; los problemas jurídicos
a resolver en el caso concreto son los siguientes:

● ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales?

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32. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala
analizará lo siguiente:

● ¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la vida, a la
identidad cultural, a la autodeterminación y a la consulta previa de la comunidad
indígena actora al proferir la sentencia del 8 de abril de 2024 por incurrir en
defecto fáctico y desconocimiento del precedente tanto del Consejo de Estado,
como de la Corte Constitucional?

33. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de superarse los
anteriores supuestos, (iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

34. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra
providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 201211. Lo anterior, porque
hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían
diferentes posturas sobre este tema12. En la referida sentencia se estableció
que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen
ciertos requisitos especiales y excepcionales13.

35. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena
de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201414. En esta
sentencia se establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia15 y ocho

11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
12
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
13
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta
providencia.”
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
15
Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del
2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii)
Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que
la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi)
Que no se trate de sentencias de tutela.

10
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defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial16.

36. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:

i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

37. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala
ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:

i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,

ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

38. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

39. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

16
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando
el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la
Constitución.

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2.5. Estudio del requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional

40. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre
una posible vulneración de una garantía constitucional17.

41. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por
ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.

42. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó
que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando
se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión
judicial “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.

43. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen
relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces
de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad”.

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29
de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

12
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44. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de
tutela en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión
sea analizada a la luz de la Constitución».

45. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines
acogidos por la Corte Constitucional y esta Corporación.

2.5.1. Relevancia constitucional en el caso concreto

• Frente al defecto fáctico

46. La parte actora cuestiona por esta vía la sentencia del 8 de abril de 2024,
pues considera que la misma se encuentra viciada de defecto fáctico.

47. Al respecto, aludió que se desconoció el contenido de la visita ocular
realizada por un funcionario de la Unidad de Asistencia Técnica Agropecuaria
Municipal de Solano y se cuestionó la capacidad del mismo, sin fundamento
alguno, el Oficio 7356 del 28 de octubre de 2010 de la Dirección de
Antinarcóticos de la Policía Nacional, los testimonios de tres personas y la queja
presentada por Timoleón Bautista sobre la ocurrencia de la primera aspersión.
En su sentir, estos medios probaban la existencia del daño, consistente en que
se realizaron aspersiones aéreas con glifosato sobre su territorio ancestral, lo
que conllevó a que se afectaran sus cultivos de pancoger.

48. Sin embargo, como se indicó en el acápite de hechos, fue con base en el
análisis conjunto de los mencionados testimonios, la visita ocular referida, la
denuncia presentada por el señor Bautista, y otros elementos de prueba
debidamente incorporados al proceso, que la Sección Tercera, Subsección A
del Consejo de Estado determinó que no era posible verificar la línea de
aspersión sobre la que se realizaron las operaciones, ni rastros o evidencia de
la sustancia química sobre el terreno o aledaños, y por ello no se configuraba el
daño alegado.

49. Así las cosas, se tiene frente a este cargo que, fue a partir de la
valoración de las pruebas incorporadas en el expediente, que se revocó la
decisión de primer grado. Vale aclarar que, como lo expuso la autoridad judicial
tutelada, las decisiones de los jueces están revestidas del principio de
autonomía judicial y lo que se evidencia del escrito de tutela es la inconformidad

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con la valoración efectuada por el juez de segundo grado, sin que se evidencia
por qué, tal método valorativo es vulnerador de derechos fundamentales.

50. De lo expuesto se extrae que este yerro carece de relevancia
constitucional, pues lo que persigue el grupo actor es que se reabra el debate
probatorio, de tal forma que se acceda a las pretensiones de reparación directa
que formularon en su demanda. Lo anterior, toda vez que, lo que se cuestiona
es la forma de valoración, sin que se advierta de alguna forma que la misma es
arbitraria o caprichosa.

51. Se destaca que la decisión reprochada fue proferida por el órgano de
cierre en la materia, así que, de aludir que la misma se encuentra viciada por
determinado defecto, es necesario cumplir con una carga con enfoque de
derechos fundamentales que no recaiga en una mera inconformidad. Sin
embargo, tal criterio no se cumple en este cargo.

52. Así las cosas, los reproches formulados en torno al defecto fáctico en la
tutela carecen de relevancia constitucional. Lo anterior, pues sin un enfoque
constitucional, la parte actora plantea cuestionamientos que fueron analizados y
ampliamente desarrollados en la sentencia del 8 de abril de 2024.

53. En este orden, de la anterior exposición se extrae que lo que persigue la
parte tutelante con este instrumento judicial es reabrir etapas judiciales ya
concluidas, con el fin de que se concedan las pretensiones propuestas en la
demanda de reparación directa.

54. De conformidad con lo anterior, para la Sala lo que pretende el
accionante es reabrir el debate normativo y probatorio zanjado al interior del
proceso de reparación directa por no estar de acuerdo con lo que definió el juez
natural. Desde otra perspectiva, pretende utilizar este mecanismo constitucional
como una instancia procesal adicional.

55. En vista de lo esbozado, corresponde declarar que este mecanismo
judicial es improcedente frente a este defecto, porque lo que propone la parte
actora no reviste relevancia constitucional.

• Frente al desconocimiento del precedente

56. En sentir de la parte tutelante, la autoridad judicial accionada incurrió en
desconocimiento de del precedente contenido en las sentencias SU 383 de
2003 de la Corte Constitucional, y del 8 de septiembre de 2017, 14 de julio y 30
de noviembre de 2023 del Consejo de Estado.

57. La Sala anticipa que este reproche ostenta relevancia constitucional. Lo
anterior, dado que, afirman que en casos con similares supuestos fácticos y
jurídicos al suyo se determinó la responsabilidad de la Nación frente a la
aspersión aérea con glifosato sobre cultivos, aunado a que el alto tribunal

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constitucional resaltó la necesidad de agotar la consulta previa en casos como
el presente como una garantía de la participación de los pueblos indígenas en
las decisiones que los afectan, principalmente en defensa de la seguridad
alimentaria y las prácticas culturales de la comunidad.

58. Así las cosas, para la Sala el presente caso tiene relevancia
constitucional dado que la parte actora expuso con suficiencia que su proceso
fue resuelto de una manera diferente a dos asuntos similares también
tramitados por esta corporación, y que se pasó por alto una regla de unificación
en torno al derecho constitucional fundamental a la consulta previa. Por lo tanto,
eventualmente puede estar comprometida la transgresión de garantías ius
fundamentales como la igualdad, el debido proceso, la consulta previa, entre
otros.

59. De otro lado, el presente caso supera el requisito de la relevancia
constitucional porque podría estar involucrado un grupo minoritario que fue
catalogado como sujeto de especial protección por la corte guardiana de la
Constitución Política18. En este sentido, es deber de los administradores de
justicia revisar cuidadosamente los procesos en los que posiblemente este
involucrada la vulneración derechos fundamentales que afectan a las
comunidades indígenas.

60. Así las cosas, para la Sala, tiene relevancia constitucional en el presente
asunto el yerro por desconocimiento del precedente expuesto en el escrito
tutelar y procede estudiar si sobre este cargo puntual se superan los demás
requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial.

2.5.2. Tutela contra tutela

61. La Sala no encuentra reparo alguno frente a este requisito. En efecto, a
través de la presente acción constitucional se cuestiona la providencia del 8 de
abril de 2024 proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de
Estado dentro del proceso de reparación directa de radicado 18001-23-31-000-
2012-00001-01 (61.560).

2.5.3. Inmediatez

62. La tutela se ejerció en un término razonable porque la decisión
controvertida fue proferida el 8 de abril y notificada el día 26 del mismo mes y
año. Por ende, la providencia quedo ejecutoriada el 6 de mayo del presente
año, mientras esta acción constitucional se interpuso el 29 de octubre siguiente.

18
La Corte Constitucional indicó en la sentencia T-445 de 2022 que «las comunidades
indígenas son sujetos de derechos fundamentales, sujetos de especial protección
constitucional, y que tienen la potestad de solicitar la protección de sus derechos fundamentales
por medio de la acción de tutela con el fin de garantizar su autonomía, su cultura y su
subsistencia».

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63. Así, la Sala considera oportuno el término transcurrido entre la ejecutoria
de la providencia referida y la presentación de la solicitud de amparo. Lo
anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201419, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200520. Esto, con el fin de determinar la procedencia de la acción constitucional
contra providencia judicial21.

2.5.4. Subsidiariedad

64. Para obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte
actora considera vulnerados, no existe otro mecanismo de defensa judicial
ordinario. Al respecto, la Sala precisa que la providencia del 8 de abril de 2024
resolvió el recurso de apelación presentado por la Nación-Ministerio de Defensa
Nacional-Policía Nacional contra la decisión de primer grado. De ese modo, es
evidente que se agotaron los recursos ordinarios.

65. Igualmente, frente a los argumentos del extremo accionante, se advierte
que no es procedente el recurso extraordinario de revisión, pues los motivos en
los que sustenta su acción de tutela no se encuadran en los requisitos y
causales establecidos en la ley para que proceda este mecanismo judicial. En el
mismo sentido, tampoco lo es el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia. Esto, debido a que en la situación bajo estudio no se cumplen
los presupuestos de los artículos 258 y 270 de la Ley 1437 de 201122.

2.5.6. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados

66. Se observa que la parte actora cumplió con este requisito, en tanto que
identificó los hechos y explicó detalladamente las razones por las que considera
que la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto por desconocimiento
del precedente.

19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto
de 2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
20
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto
en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que
sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
21
Sobre este requisito, la Sala Plena reiteró que seis (6) meses es el término razonable para
acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con
ocasión de providencias judiciales.
22
Modificado por el artículo 78 de la Ley 2080 de 2021.

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2.5.7. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

67. Sobre este requisito, la Sala considera que no es aplicable al presente
caso porque en la demanda no se le reprocha ningún error procesal a la
sentencia objeto de censura.

2.6. Exposición del defecto especial de procedencia de la acción de tutela
en el caso concreto

2.7.1. Desconocimiento del precedente

70. De acuerdo con la posición de la Sala, por regla general, se entiende
como precedente aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan
similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de patrones
fácticos, problemas jurídicos y ratio decidendi que fija una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el caso reciente23.

71. Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos24 explicó que
el concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante
del sentido de la decisión y su contenido específico. Es decir, la ratio decidendi,
la cual no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una
providencia en donde se especifique una regla o sub-regla de derecho.

72. En consecuencia, este defecto se configura cuando una autoridad se
aparta del precedente establecido por los tribunales de cierre, sin cumplir con la
carga de justificar de forma suficiente y razonada por qué no va a aplicar aquel.

2.8. Caso concreto

• Sobre el presunto desconocimiento de las sentencias de la Sección
Tercera del Consejo de Estado

73. El grupo actor aludió que se desconocieron las sentencias del 8 de
septiembre de 2017, el 30 de noviembre de 2023 y el 14 de julio del mismo año,
proferidas por la Sección Tercera de esta corporación. En ese sentido, se
realizará una breve exposición de los fundamentos fácticos y jurídicos de dichas
decisiones, con el fin de verificar si hay identidad frente al asunto bajo estudio o
si contiene las reglas que en sentir de la parte accionante se pasaron por alto a
la hora de definir su asunto25.

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15
de julio de 2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01626-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
24
Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío
Araújo Oñate.
25
Frente a la sentencia del 30 de noviembre de 2023, precisó que en un asunto similar al suyo
se accedió a las pretensiones. En relación con la sentencia del 14 de julio de 2023 puso de

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Sentencia del 8 de Sentencia del 14 de julio Sentencia del 30 de
septiembre de 2017 de 2023 noviembre de 2023
Considerativa: Considerativa: Considerativa:
Se encontró demostrado Se limitó a estudiar el Encontró configurado el
que: i. en la fecha recurso de apelación en el daño consistente en la
señalada por los que la demandada afectación del cultivo de
accionantes se efectuaron cuestionó que se hubiese lulo con glifosato a partir
fumigaciones aéreas, ii. se condenado en abstracto. de testimonios -de vecinos
empleó glifosato, de Afirmó que debió y trabajadores de la finca-,
conformidad con la condenarse por 0.30 cuya veracidad no fue
inspección judicial hectáreas que fue la cuestionada.
anticipada y los conceptos extensión determinada. Se demostró el nexo de
técnicos rendidos en los Consideró que no era causalidad entre la
días siguientes de la posible reconocer daño aspersión con glifosato y el
ocurrencia de los hechos, emergente y lucro cesante. daño.
iii. se demostró el deterioro Reconoció solamente el Se configuró la falla en el
de los pastizales, cultivos último concepto y servicio, pues se asperjó
de yuca y caucho y que estableció las reglas para un terreno sin previamente
comparado con las ello. haberlo identificado como
secuelas que ha dejado el ilícito en sus cultivos.
glifosato en otros terrenos,
era semejante, entre otros.
Así, se encontró probado
el daño antijurídico, se
demostró como título de
imputación la falla del
servicio.
Resuelve: Resuelve: Resuelve:
Se condenó en abstracto y Modificó la sentencia de Confirmó la decisión de
se fijaron los parámetros primer grado en el sentido primer grado que accedió a
para este tipo de condenas de condenar solamente por las pretensiones de
en asuntos similares. lucro cesante y de reparación directa.
conformidad con lo
dispuesto en el incidente
de liquidación de perjuicios
que debía seguir las reglas
zanjadas en la providencia.

74. De conformidad con lo esbozado sobre las sentencias en las que la parte
actora funda el cargo, se tiene que, en todos estos casos se encontró probado
el daño, el nexo causal y se utilizó como título de imputación el de falla en el
servicio. Asimismo que, en todas se condenó en abstracto a la demandada. Sin
embargo, en el presente asunto, pese a que el ad quem del proceso ordinario
valoró en su integralidad las pruebas contentivas del expediente, no encontró

presente que aun cuando no eran cuantificables los daños a partir de las pruebas incorporadas
al proceso era posible acceder a las pretensiones y condenar en abstracto y respecto de la
sentencia del 8 de septiembre de 2017 adujo que en un caso con supuestos semejantes se
accedió a las pretensiones de reparación al analizar las inspecciones oculares realizadas sobre
los terrenos afectados con la aspersión.

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acreditado el daño ni la falla en el servicio, toda vez que no se demostró
consistencia en la delimitación del territorio afectado ni se estableció que los
posibles daños de los cultivos fuesen por aspersión de glifosato.

75. Por el contrario, en las tres sentencias mencionadas se accedió a las
pretensiones y se condenó en abstracto porque se encontraron probados los
tres elementos que conllevan a que se declare la responsabilidad administrativa
de la Nación. De ahí que no había lugar a aplicar la regla de la condena en
abstracto al adoptar la sentencia del 8 de abril de 2024, toda vez que difiere con
las presentes en que en esta no se acreditó que la línea de aspersión de las
operaciones del 25 de octubre de 2010 y el 24 de abril de 2011 hubiesen caído
sobre el territorio indígena del resguardo Coreguaje Jericó Consaya.

76. Se insiste en que, lo que pretende la parte actora recae en que, a partir
de las pruebas incorporadas al proceso ordinario se determine que sí se asperjó
su territorio. Caso en el cual, hubiese sido procedente aplicar la regla en torno a
la condena en abstracto y la forma de liquidarla en el trámite incidental. No
obstante, se itera que en el presente asunto, contrario con lo que ocurrió con las
tres sentencias expuestas, no se configuraron los elementos de la
responsabilidad -daño antijurídico, nexo de causalidad, e imputación-.

77. Por lo expuesto, para la Sala no se desconoció el precedente de las tres
sentencias indicadas de la Sección Tercera del Consejo de Estado, pues si bien
en todas estas se condenó en abstracto a la Nación-Ministerio de Defensa-
Policía Nacional, difieren con el presente caso en el que no se acreditaron los
elementos de la responsabilidad. Por ende, frente a este punto del cargo se
negarán las pretensiones de tutela.

• Sobre el presunto desconocimiento de la sentencia de unificación
383 de 2003 de la Corte Constitucional, referente al deber de agotar
consulta previa cuando se pretende asperjar un territorio indígena por
plantación de coca

78. En esta oportunidad, el alto tribunal constitucional estudió una tutela
presentada por una organización de pueblos indígenas de la Amazonía que
sostenía que se estaban vulnerando distintos de sus derechos fundamentales,
entre ellos la participación en las decisiones del Estado que los afectan. En la
sentencia en cuestión se accedió al amparo tutelar y se ordenó, entre otros, lo
siguiente:

En consecuencia ORDENAR a la Presidencia de la República, a los Ministerios
del Interior y la Justicia, y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, al
Consejo Nacional de Estupefacientes y a cada uno de sus integrantes, a la
Dirección Nacional de Estupefacientes y a la Policía Nacional, consultar de
manera efectiva y eficiente a los pueblos indígenas y tribales de la amazonía
colombiana sobre las decisiones atinentes al Programa de Erradicación de
Cultivos Ilícitos que las entidades mencionadas adelantan en sus territorios, en
los aspectos que a cada una de dichas entidades compete, “con la finalidad de

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Demandante: Resguardo Indígena Coreguaje Jericó Consaya
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05807-00

llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas
propuestas”, con plena observancia de los principios y reglas contenidos en el
Convenio 169 de la OIT, aprobado por la Ley 21 de 1991.

79. Sin embargo, la protección constitucional tuvo lugar en este caso porque
las autoridades accionadas estaban gestionando el Programa de Erradicación
de Cultivos Ilícitos en los territorios de los pueblos que conformaban la
organización indígena accionante y se encontró que no habían sido consultados
antes de la realización de las aspersiones, aunado a que hubo daño ambiental
considerable.

80. No obstante, en el presente asunto no se encontró acreditada que la
línea de aspersión seguida por la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía
Nacional en las operaciones del 25 de octubre de 2010 y el 24 de abril de 2011
hubiese afectado el territorio indígena del resguardo Coreguaje Jericó Consaya.
De ahí que, si bien es cierto que, cuando se realizan este tipo de programas
sobre territorios indígenas es indispensable la garantía del derecho fundamental
a la consulta previa, lo cierto es que en la sentencia del 8 de abril de 2024 no
hubo lugar a estudiar si se concretaba la vulneración de tal garantía
constitucional, en la medida en que no se encontró que el territorio indígena en
cuestión hubiese sido objeto de fumigación.

81. Así las cosas, no se configuró el desconocimiento de la SU 383 de 2003
de la Corte Constitucional, dado que no fue necesario el estudio del derecho a
la consulta previa de los pueblos indígenas en este caso, al no haberse
acreditado la aspersión sobre el territorio de los tutelantes. En ese sentido, se
negarán las pretensiones en lo que tiene que ver con este cargo.

2.7. Conclusión

82. La Sala declarará improcedente el mecanismo de amparo frente a lo que
tiene que ver con el cargo por defecto fáctico porque carece de relevancia
constitucional. En relación con el yerro por desconocimiento del precedente de
sentencias del Consejo de Estado y la SU 383 de 2003, se negará la protección
constitucional por no haberse configurado el supuesto alegado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela formulada por el resguardo
Coreguaje Jericó Consaya frente al defecto fáctico por falta de relevancia
constitucional y NEGAR la protección constitucional en relación con el
desconocimiento del precedente.

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Demandante: Resguardo Indígena Coreguaje Jericó Consaya
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05807-00

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente
de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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