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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2019-00421-01

Fecha
7 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2019-00421-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 26 de septiembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, cuya parte resolutiva queda así: PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación -Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda. TERCERO: SIN CONDENA EN COSTAS en esta instancia. SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante. Como agencias en derecho a favor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Seguros del Estado S.A., se fija el equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria del presente fallo en favor de dichos sujetos y dividido en partes iguales. Las costas se liquidarán por el Tribunal a quo. TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-33-000-2019-00421-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

7 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00421-01 (74208)
Demandante: Gabriel Ángel de la Rosa Gutiérrez
Demandados: Nación –Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
y otro
Referencia: Reparación directa

Temas: LEGITIMACIÓN POR PASIVA- Su ausencia es pasible de ser declarada pese al silencio del a quo. //
COMPETENCIA DEL SUPERIOR- Se encuentra circunscrita a los reproches concretos vertidos en la apelación,
en la cual no es viable introducir argumentos que se separen de la causa petendi // DAÑO - para que sea
indemnizable, requiere estar cabalmente estructurado; por tal motivo, resulta imprescindible acreditar: (i) que
sea antijurídico, esto es, que la persona no tiene el deber jurídico de soportarlo.; (ii) que lesione un derecho,
bien o interés protegido por el ordenamiento legal y; (iii) que sea cierto, es decir, que se puede apreciar material
y jurídicamente y, por ende, no se limita a una mera conjetura y que, además, sea personal // CONDENA EN
COSTAS- El apelante vencido está llamado a asumirla, siempre que aparezcan causadas.

1. La Sala decide el recurso de apelación formulado por la parte actora contra la
sentencia del 26 de septiembre de 2025, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

2. Gabriel Ángel de la Rosa Gutiérrez solicitó declarar la responsabilidad del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del Instituto Colombiano
Agropecuario por la erradicación de unos árboles de limón criollo ubicados en la
“Finca Restauración”, sobre la cual aquel ejerce la posesión. La medida fue
ejecutada por la Corporación Social para el Desarrollo Integral de los Municipios
y Áreas Protegidas, en el marco de las actuaciones de sanidad vegetal dirigidas
al control de una bacteria asociada a la enfermedad Huanglongbing (HLB).
Conforme al libelo genitor, pese a que las plantas fueron eliminadas por la
presunta presencia de dicho patógeno, los análisis y diagnósticos fitosanitarios
practicados sobre el material vegetal arrojaron un resultado negativo. Con
fundamento en ello, solicitó la reparación de los perjuicios materiales derivados
de la pérdida de la producción del cultivo.

ANTECEDENTES

Demanda

3. En escrito presentado el 8 de julio de 20191, Gabriel Ángel de la Rosa Gutiérrez2,
a través de apoderado judicial, interpuso demanda de reparación directa contra

1 Conforme consta en acta de reparto del 8 de julio del 2019. Ver Samai del Tribunal Administrativo del Atlántico,

índice 0001. La demanda fue admitida por auto del 4 de octubre del 2019, en el cual se dispuso: (i) notificar el
contenido de la providencia a la Nación- Ministerio de Agricultura, al Instituto Colombiano Agropecuario, al
Procurador Judicial delegado y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; (ii) correr traslado del
libelo; y (iii) requerir a las entidades demandadas allegar el expediente administrativo que contenga los
antecedentes del asunto objeto de litigio. Ver Samai del Tribunal Administrativo del Atlántico. Índice 0009.
Documento “6_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_001EXP2019421RD(.pdf) “, pp. 32 a 33. Decisión
que fue notificada el 20 de enero de 2020. Ídem, p. 34.
2 En adelante, el actor, el accionante, el demandante, el señor De la Rosa Gutiérrez, el censor o el apelante.

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00421-01 (74208)
Demandante: Gabriel Ángel de la Rosa Gutiérrez
Demandado: Nación –Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y otro
Referencia: Reparación directa

la Nación -Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural3 y el Instituto Colombiano
Agropecuario4 en la que solicitó lo siguiente:

“1. Declarar administrativa, Contractual y extracontractualmente responsable a la
NACIÓN — MINISTERIO DE AGRICULTURA —INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO ICA, por los perjuicios materiales — indemnización causados a mi
mandante GABRIEL [Á]NGEL DE LA ROSA GUTI[É]RREZ, identificado con C.C.(…),
por la falla en el servicio de la erradicación de los 50 árboles criollos en producción.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, condenar [a la] NACIÓN —
MINISTERIO DE AGRICULTURA — INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
ICA, como reparación del daño ocasionado[,] a pagar a la actora los perjuicios
económicos de orden material, los cuales se estima[n] en la suma DE
CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($450.000.000),
correspondiente a la producción de 50 árboles que cada árbol produce la suma de
$300.000, anualmente y tienen una vida útil de 30 años.

3. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en la Ley
1437 del 2011 aplicando a la liquidación la variación promedio mensual del IPC, desde
la fecha de ocurrencia de los hechos, hasta la fecha de ejecutoria del correspondiente
fallo definitivo.

4. La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia en los términos de la Ley 1437
de 2011”5.

4. Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, en síntesis, la parte actora
expuso lo siguiente:

5. El demandante es poseedor del bien inmueble denominado “Finca
Restauración”, ubicado en el municipio de “Malambo (Atlántico)”, con una
extensión de 13,5 hectáreas. En dicho predio se encontraban sembrados
cultivos de limón criollo en producción.

6. Con fundamento en un diagnóstico sanitario previo, el ICA erradicó
“erróneamente, cincuenta árboles de limón criollo” mediante corte con guadaña
a ras de piso y aplicación de herbicida en forma de taconeo.

7. El 22 de agosto de 2018, el laboratorio de diagnóstico fitosanitario de la seccional
Atlántico del ICA practicó un análisis a las muestras identificadas con los códigos
“LDFAT-2018-1488 a LDFAT-20181507”, cuyo resultado fue negativo, conforme
al reporte “LDFAT-2018-1500”.

8. Las plantas intervenidas contaban con cinco años de edad y cada una generaba
diez canastillas anualmente, con un valor de $30.000 por cesto, rendimientos
económicos que, según la demanda, dejaron de percibirse como consecuencia
de dicha actuación.

Contestaciones de la demanda

9. El Instituto Colombiano Agropecuario se opuso a las pretensiones del libelo
genitor. Esgrimió que la eliminación de los “cincuenta árboles de limón criollo”

3 En lo sucesivo, el Ministerio.
4 En lo que sigue, el ICA.
5 Las pretensiones se transcriben de manera literal de acuerdo con lo indicado en el libelo introductorio. Ver

Samai del Tribunal Administrativo del Atlántico. Índice 00009. Documento denominado
“6_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_001EXP2019421RD(.pdf)”, p. 3.

2

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00421-01 (74208)
Demandante: Gabriel Ángel de la Rosa Gutiérrez
Demandado: Nación –Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y otro
Referencia: Reparación directa

no fue ejecutada por esa autoridad, sino por la Corporación Social para el
Desarrollo Integral de los Municipios y Áreas Protegidas6, en el marco del
convenio n.º 007 de 2018, suscrito entre el ICA y la Corporación con la finalidad
de aunar esfuerzos para el control de la enfermedad Huanglongbing (HLB).

10. Agregó que dicha actuación fue adelantada el 26 de septiembre de 2018 sin
autorización ni acompañamiento de los profesionales encargados de atender la
emergencia fitosanitaria en el departamento del Atlántico y en desconocimiento
del protocolo establecido para la atención del HLB. Conforme a dicho
lineamiento, el contratista del ICA encargado de la materia debía informar a
CORSODIMARP los casos positivos detectados, y esta última únicamente podía
intervenir los ejemplares respecto de los que existiera diagnóstico para la
bacteria Candidatus Liberibacter asiaticus (CLas) y el correspondiente aval
técnico del instituto -el cual no existió-, información que había sido reiterada en
la reunión sostenida entre los extremos del convenio el 20 de abril de 2018 7.

11. Con todo, añadió que el 31 de octubre de 2018 se tomó una muestra de tejido
vegetal en el predio del demandante para determinar la presencia de CLas. El
1° de noviembre siguiente, el contratista encargado por parte del Instituto radicó
la solicitud de análisis, y el 21 del mismo mes, el laboratorio fitosanitario del ICA
reportó una detección positiva de dicha bacteria. Objetó la producción de limón
proyectada por el demandante, ante la probabilidad de que los árboles
erradicados estuvieran infectados, y por la variabilidad que presentan dichos
especímenes a lo largo de su vida.

12. Como excepciones, propuso las que denominó: (i) falta de legitimación en la
causa por pasiva; (ii) inexistencia de la obligación y del daño; (iii) no
configuración de configuración de los presupuestos de la responsabilidad
extracontractual y carencia de relación causal entre el perjuicio alegado y la
conducta atribuida al instituto; (iv) ausencia de responsabilidad por el hecho
ajeno; y (v) las “genéricas”8.

13. El Ministerio se opuso a lo pretendido por el actor9. Sostuvo que no se acreditó
la existencia de una acción u omisión imputable a esa cartera ministerial que

6 En lo que sigue, CORSODIMARP, la Corporación o el contratista del convenio.
7 Samai del Tribunal Administrativo del Atlántico. Índice 0009. Documento denominado
“6_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_001EXP2019421RD(.pdf)”, pp. 46 a 62. Respecto de la ruta
que se llevó a cabo para realizar la erradicación del predio, señaló lo siguiente: “El día 25 de septiembre la
empresa CORSODIMARP ejecutor de convenio 007-2018 Atlántico, envió correo con la programación a realizar
en la segunda fase del contrato, donde reportaba que erradicaría los árboles del predio La Restauración de
propiedad del señor GABRIEL DE LA ROSA GUTIÉRREZ el día siguiente, 26 de septiembre de 2018. || La
erradicación fue realizada sin autorización ni acompañamiento del personal ICA contratado para la atención de
la emergencia fitosanitaria en el departamento, a pesar de que en reunión realizada el 20 de abril de 2018, se
había establec[ido] que el contratista ICA encargado de la emergencia seria la persona que le informaría sobre
los positivos de HLB a CORSODIMARP (ver anexo 7), y por tanto, esta última debería erradicar arboles con
resultado positivo tal como lo indica la resolución 10508 de 2016 (ver anexo 8). (…) El día 10 de octubre de
2018, un técnico contratista del ICA, en cumplimiento del protocolo establecido, hizo entrega al señor GABRIEL
DE LA ROSA GUTIÉRREZ el reporte de diagnóstico fitosanitario LDFAT-20181500, el cual, fue negativo para
detección de Candidatus liberibacter asiaticus en insecto adulto. Ese día el señor DE LA ROSA, le informó al
técnico del ICA que los técnicos de CORSODIMARP por orden del lng. Carlos Castillo y Sra. Carolina Bonilla
habían erradicado 50 árboles de limón criollo (ver anexo 10). || Por tanto, la erradicación se hizo por parte de
CORSODIMARP sin el soporte del diagnóstico fitosanitario positivo para Candidatus liberibacter asiaticus y sin
el aval de los profesionales del ICA (…)”.
8 Solicitó tener como elementos de convicción: (i) antecedentes documentales relacionados con el asunto de la

referencia; y (ii) las declaraciones de Yuli Beatriz Sánchez Hernández, Myriam Polo Rivera, Guillermo Medina
y Hernán García.
9 Ídem. pp. 121 a 129.

3

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00421-01 (74208)
Demandante: Gabriel Ángel de la Rosa Gutiérrez
Demandado: Nación –Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y otro
Referencia: Reparación directa

permitiera derivar responsabilidad estatal por los perjuicios reclamados. Como
medio exceptivo, planteó la falta de legitimación material en la causa por pasiva,
al considerar que, si bien concurría la legitimación de hecho por haber sido
vinculado al proceso, las actividades de vigilancia, control y diagnóstico
fitosanitario, así como la adopción de decisiones relacionadas con la
erradicación de plantaciones, corresponden al ICA, entidad dotada de
personería jurídica y autonomía administrativa, por lo que no existía relación
entre los hechos objeto de controversia y las funciones legalmente asignadas a
la institución.

Llamamiento en garantía a CORSODIMARP

14. En escrito separado, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) formuló citación
de garante contra la Corporación Social para el Desarrollo Integral de los
Municipios y Áreas Protegidas. Como sustento de la solicitud, expuso que dicha
corporación, en desarrollo del convenio de asociación n.º 007 de 2018, adelantó
las actividades de monitoreo y erradicación de los árboles ubicados en la “Finca
Restauración” sin autorización ni acompañamiento del personal encargado de la
atención de la emergencia fitosanitaria por HLB, y en contravención de los
lineamientos establecidos para la ejecución del negocio jurídico. Añadió que el
referido acuerdo contenía una cláusula de indemnidad, en virtud de la cual
CORSODIMARP asumió la obligación de mantener indemne al instituto frente a
las reclamaciones de terceros derivadas de las actuaciones desplegadas por
ella, sus dependientes o subcontratistas, así como de constituir una póliza de
responsabilidad civil extracontractual para amparar los perjuicios ocasionados
en el marco de su ejecución10.

15. La Corporación se opuso a las pretensiones de la demanda11. En sustento de su
defensa, sostuvo que: (i) el demandante no se encontraba legitimado en la causa
por activa; (ii) no fue probada la responsabilidad atribuida a las entidades
demandadas ni a la Corporación, como tampoco los perjuicios reclamados; (iii)
el rubro denominado por la parte actora como “daño material” carecía de relación
de causalidad con el desarrollo del objeto del convenio 007-2018; (iv) existía un
total déficit probatorio respecto de los daños alegados; y (v) el reconocimiento
de cualquier emolumento en favor de la parte actora configuraría un
enriquecimiento sin justa causa.

16. Como excepción previa, propuso la falta de legitimación en la causa por activa y
por pasiva. En cuanto a las de mérito, formuló las que denominó: (i) daño
antijurídico inexistente, en tanto el actor estaba en el deber de soportar la
afectación, y los árboles talados le fueron repuestos; y (ii) falta de demostración
de perjuicios.

10 Samai del Tribunal Administrativo del Atlántico. Índice 0009. Documento “6_INCORPORA
EXPEDIENTEDIGITALIZADO_001EXP2019421RD(.pdf)”, pp. 130 a 132. Por medio de auto del 16 de diciembre
de 2020 se negó el llamamiento en garantía y se ordenó la vinculación de CORSODIMARP por tener interés en
las resultas del proceso (ibid., índice 00003), frente a lo cual el ICA presentó recurso de súplica. En providencia
del 28 de noviembre de 2022, se revocó parcialmente el auto y se vinculó a CORSODIMARP en calidad de
llamado en garantía del Instituto (ibid., índice 00004).
11 Samai del Tribunal Administrativo del Atlántico. Índice 00011.

4

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00421-01 (74208)
Demandante: Gabriel Ángel de la Rosa Gutiérrez
Demandado: Nación –Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y otro
Referencia: Reparación directa

17. De manera seguida, se opuso al llamamiento, para lo cual indicó que “el mismo
demandante coadyuvó y aceptó la erradicación de estas plantas en su predio”,
circunstancia que se desprendía de los protocolos de fumigación y erradicación,
y del plan de compensación.

18. Por otra parte, señaló que, si bien en la reunión del 20 de abril de 2018 se
determinó que la erradicación se haría previa autorización del personal técnico
del ICA, los análisis fitosanitarios “LDFAT-2018-2066 a LDFAT-2018-2069 del
día 6 de noviembre de 2018” arrojaron un “resultado positivo para Candidatus
liberibacter asiaticus en tegido (sic) vegetal, en las plantas que previamente
habían sido erradicadas”, por lo que se cumplió con la finalidad del objeto del
negocio jurídico, y que, de no haber erradicado las plantas infectadas, se
hubiese expuesto el ecosistema.

19. Propuso como excepciones de mérito (i) “inexistencia de obligación
indemnizatoria, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones del
convenio 007-2018”; y (ii) la “genérica o innominada”12.

Llamamiento en garantía a Seguros del Estado S.A.

20. CORSODIMARP llamó en garantía a Seguros del Estado S.A.13, en la medida
en que, en el marco del convenio 007-2018, suscribió póliza de responsabilidad
civil extracontractual n.° 53-40-101002081, expedida por la empresa el 1° de
agosto de 2018, y la póliza de cumplimiento n.° 53-44-101005937, constituida
por la misma aseguradora el 2 de agosto de 2018, amparos que tenían por
finalidad garantizar la indemnización de los eventuales perjuicios que pudieran
generarse con la ejecución del negocio en mención14.

21. La aseguradora15 se opuso a las pretensiones de la demanda, y coadyuvó las
excepciones propuestas por CORSODIMARP, a las que adicionó las siguientes:
(i) ausencia de los elementos que estructuran la responsabilidad en cabeza de
la Corporación, dado que la erradicación de los árboles obedeció a la necesidad
de contener la propagación de CLas, y los árboles intervenidos fueron sustituidos
por nuevos ejemplares; (ii) ruptura del nexo de causalidad por inexistencia de
demostración de la ocurrencia del siniestro, conforme al artículo 1077 del Código
de Comercio; (iii) falta de prueba del daño alegado y de su cuantía; (iv)
improcedencia del reconocimiento de perjuicios materiales, por no haberse
acreditado los ingresos que se afirman como no percibidos; (v) tasación excesiva
de los perjuicios; (vi) falta de legitimación en la causa por activa del demandante,
por no haber acreditado la titularidad del predio ni su calidad de poseedor; y (vii)
enriquecimiento sin justa causa, al no existir causa jurídica para el pago
pretendido.

12 Solicitó tener como elementos de prueba: (i) certificado de existencia y representación legal de
CORSODIMARP; (ii) solicitud de apoyo para erradicación y autorización para la eliminación de plantas
infectadas; (iii) formato planilla de caracterización; (iv) formato protocolo de fumigación; (v) formato protocolo de
erradicación; (vi) formato plan de compensación; (vii) formato registro de compensación; y (viii) análisis
fitosanitario “LDFAT-2018-2066 a LDFAT-2018-2069 del día 6 de noviembre de 2018”. Asimismo, pidió el
interrogatorio de parte de Gabriel De la Rosa Gutiérrez.
13 Samai del Tribunal Administrativo del Atlántico. Índice 00011.
14 A través de auto del 17 de junio de 2023, el Tribunal admitió el llamamiento en garantía, Ver Samai del

Tribunal Administrativo de Atlántico. Índice 00012.
15 Samai del Tribunal Administrativo del Atlántico. Índice 00024.

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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00421-01 (74208)
Demandante: Gabriel Ángel de la Rosa Gutiérrez
Demandado: Nación –Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y otro
Referencia: Reparación directa

22. También objetó el llamamiento en garantía, para lo cual propuso como
excepciones: (i) carencia de cobertura de los perjuicios reclamados, por
imposibilidad de afectar la póliza de cumplimiento; (ii) falta de legitimación en la
causa frente a CORSODIMARP, por no ostentar la calidad de asegurada ni de
beneficiaria de la póliza de responsabilidad civil extracontractual; (iii) inexistencia
de la obligación de indemnizar, por ausencia de responsabilidad del tomador y
del asegurado en el hecho generador de la demanda; (iv) ausencia de obligación
indemnizatoria a cargo de Seguros del Estado SA, por falta de acreditación de
la ocurrencia del siniestro; (v) límite de la eventual obligación indemnizatoria o
de reembolso, con sujeción al valor amparado en la referida póliza y el deducible
pactado; (vi) carencia de solidaridad de la aseguradora frente a una eventual
condena; y (vii) las demás exclusiones de cobertura expresamente
contempladas en las condiciones de la póliza16.

Trámite relevante en la primera instancia

23. Mediante auto del 7 de mayo de 2025, el a quo resolvió las excepciones previas
propuestas, decretó distintos elementos de prueba17y fijó el litigio de la siguiente
manera:

“De acuerdo con los hechos de la demanda y la contestación, el litigio va dirigido a
determinar si hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial de las entidades
demandas por los perjuicios causados a la parte demandante con ocasión del análisis
y diagnostico fitosanitario de HLB identificado en cultivos cítricos en la región de la
costa, como consecuencia del cual se llevó a cabo la erradicación de 50 árboles criollos
en producción ubicados en el Municipio de Malambo específicamente en la FINCA
RESTAURACIÓN, identificada con la matricula inmobiliaria [n.°] 041-95149, de
propiedad del señor GABRIEL ANGEL DE LA ROSA GUTIERREZ”.

24. A través de providencia del 8 de julio de 2025, el a quo resolvió la solicitud de
adición y corrección formulada contra la decisión antes referida. En virtud de ella,
complementó la fijación del litigio en lo relativo al efecto consecuencial de los
llamamientos en garantía, en el evento de acreditarse la responsabilidad del ICA,
y enmendó el ordinal undécimo del auto del 7 de mayo de 202518.

Sentencia de primera instancia

25. En providencia del 26 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo del
Atlántico negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en
costas19. Como punto de partida, precisó que la controversia se centraba en
determinar si la erradicación de cincuenta árboles de limón criollo ubicados en
la “Finca Restauración” generó un daño antijurídico imputable a las entidades
demandadas. Para tal efecto, examinó los documentos técnicos aportados al

16 Solicitó tener como pruebas (i) póliza de seguro de responsabilidad extracontractual n.° 53-40-101002081 y

sus condiciones generales; (ii) póliza de seguro de cumplimiento n.° 5344101005937 y sus condiciones
generales; (iii) interrogatorio de parte al demandante (ídem).
17 Precisó que, de los medios exceptivos previos formulados por las partes, la única cuestión planteada que

revestía naturaleza de excepción previa era la falta de legitimación en la causa de CORSODIMARP, por no
ostentar la condición de asegurado o beneficiario de la póliza, excepción que, sin embargo, no fue declarada
probada. Se tuvo como elementos de convicción las documentales allegadas al proceso y se decretó la práctica
del interrogatorio de parte del accionante (solicitado por la Corporación y Seguros del Estado) y los testimonios
solicitados por el ICA. Samai del Tribunal Administrativo del Atlántico. Índice 00029.
18 Samai del Tribunal Administrativo de Atlántico. Índice 00038.
19 Ibid. Índice 00064. Decisión notificada el 16 de diciembre de 2025 (ibid., índice 0066).

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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00421-01 (74208)
Demandante: Gabriel Ángel de la Rosa Gutiérrez
Demandado: Nación –Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y otro
Referencia: Reparación directa

proceso, los informes fitosanitarios, las actas de visita, el interrogatorio de parte
y los testimonios recaudados durante el trámite.

26. Al realizar el análisis probatorio, encontró acreditado que el reporte de
diagnóstico LDFAT-2018-1500, entregado al actor el 10 de octubre de 2018 -
cuando los 50 árboles ya habían sido erradicados-, arrojó una detección negativa
de Candidatus Liberibacter asiaticus en insecto adulto. Sin embargo, también
estableció que posteriormente se practicó una nueva toma de tejido vegetal en
el mismo predio, cuyos resultados, contenidos en el reporte n.° 225, códigos
LDFAT-2018-2066 a LDFAT-2018-2069, informaron una detección positiva de la
bacteria asociada a la enfermedad HLB. A partir de ello, concluyó que la
presencia del patógeno en la plantación sí estaba demostrada 20.

27. Igualmente, destacó que, para la época de los hechos, el departamento del
Atlántico se encontraba sometido a medidas de control de sanidad vegetal
orientadas a prevenir la propagación del Huanglongbing (en virtud de la
Resolución 10508 de 2016 proferida por el ICA), circunstancia que imponía la
eliminación de los especímenes afectados.

28. Con fundamento en lo anterior, concluyó que no se acreditó el daño antijurídico
invocado por el demandante, pues la pérdida de los rendimientos futuros del
cultivo no constituía un perjuicio cierto, en la medida en que la enfermedad fue
confirmada poco tiempo después de la erradicación y, en cualquier caso, los
árboles habrían debido ser eliminados como consecuencia de la afectación
sanitaria del cultivo detectada. Agregó que, según el testimonio rendido por una
funcionaria del ICA, la intervención contó con la anuencia del actor, quien
además recibió árboles frutales como compensación. Por tal razón, estimó que
no se configuraba uno de los presupuestos indispensables para declarar la
responsabilidad patrimonial del Estado.

Recurso de apelación

29. El demandante, en su alzada, centró su reproche en cinco aristas: (i) la
configuración del daño antijurídico; (ii) la vulneración del debido proceso
administrativo y el desconocimiento de los protocolos establecidos; (iii) la pérdida
de oportunidad como daño autónomo; (iv) las irregularidades procedimentales
reconocidas por el Tribunal; y (v) la violación del principio de confianza legítima21.

30. En relación con el primer aspecto, sostuvo que el a quo incurrió en una indebida
comprensión del daño antijurídico, al concluir que la erradicación de los
cincuenta árboles de limón criollo no generó un perjuicio indemnizable por el
hecho de que, con posterioridad, se hubiera confirmado la presencia de HLB.
Afirmó que la antijuridicidad no depende de la licitud de la actuación
administrativa, sino de la inexistencia del deber jurídico de soportar sus
consecuencias, de manera que la eliminación del cultivo sin diagnóstico positivo
previo constituía, per se, un daño resarcible. Añadió que al actor no le fueron

20 Respecto de las actas de visita allegadas por el ICA, el Tribunal advirtió inconsistencias en su diligenciamiento

y resaltó que las firmas registradas en el espacio destinado a quien atendió la visita no guardaban similitud entre
sí, al señalar que “las firmas consignadas en el espacio denominado ‘21. Firma de quien atiende la visita:’ no
se parecen”.
21 Samai del Tribunal Administrativo del Atlántico. Índice 00068.

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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00421-01 (74208)
Demandante: Gabriel Ángel de la Rosa Gutiérrez
Demandado: Nación –Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y otro
Referencia: Reparación directa

informados los resultados de las pruebas practicadas con posterioridad al
reporte negativo inicial y que los árboles restantes continuaron produciendo
normalmente.

31. Asimismo, adujo que las entidades demandadas desconocieron los protocolos
contemplados en las Resoluciones ICA n.º 10508 de 2016 y n.º 1668 de 2019,
que condicionaron la erradicación de árboles a la existencia de un diagnóstico
positivo para HLB y a la observancia de los procedimientos de supervisión
establecidos por el Instituto. Señaló que, pese a que el análisis LDFAT-2018-
1500 de 22 de agosto de 2018 arrojó un resultado negativo, se procedió a la
eliminación de los especímenes, circunstancia que, en su criterio, configuró una
falla del servicio. Con ello, reprochó que el Tribunal hubiese reconocido la
irregularidad procedimental consistente en la extirpación prematura, pero que
considerara que la misma no generó un daño indemnizable.

32. Alegó que el Tribunal omitió analizar la teoría de la pérdida de oportunidad como
daño autónomo. Planteó que, aun de aceptarse que la enfermedad estaba
presente y que la erradicación resultaba inevitable, el actor se vio privado de la
posibilidad de: (i) verificar el resultado negativo inicial y solicitar contrapruebas;
(ii) implementar medidas alternativas de control fitosanitario; (iii) planificar la
sustitución de los cultivos de manera que se minimizara el impacto económico;
y (iv) percibir las cosechas que los árboles habrían producido entre la
erradicación prematura y el momento en que, conforme al protocolo, debió
realizarse una vez confirmado el diagnóstico positivo.

33. Sobre las irregularidades procedimentales, señaló que el propio a quo reconoció
la existencia de actas de visita con caligrafías distintas y datos contradictorios,
la erradicación practicada por CORSODIMARP sin autorización del ICA y el
incumplimiento del protocolo que exige un resultado positivo previo a ese
ejercicio, circunstancias que configuraban por sí mismas una falla del servicio
comprometedora de la responsabilidad estatal, con independencia del resultado
fitosanitario obtenido.

34. Agregó que tales actuaciones quebrantaron la confianza legítima del
demandante, quien esperaba que cualquier medida de erradicación se adoptara
con estricto cumplimiento de los procedimientos técnicos y administrativos
previstos para el control del HLB.

Trámite relevante en segunda instancia

35. El recurso de apelación se admitió a través de providencia del 2 de julio de
202622.

36. El Ministerio23 solicitó confirmar la sentencia. Sostuvo que no se acreditó la
existencia de un daño antijurídico, en tanto la pérdida proyectada por el
demandante carecía de certeza, dado que análisis posteriores confirmaron la
presencia de HLB en el cultivo, circunstancia que hacía inevitable la erradicación
y tornaba incierta la obtención de los rendimientos reclamados. Afirmó que no

22 Samai del Consejo de Estado. Índice 00004.
23 Samai del Consejo de Estado. Índice 00002.

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Demandante: Gabriel Ángel de la Rosa Gutiérrez
Demandado: Nación –Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y otro
Referencia: Reparación directa

existía imputación a esa cartera, pues no se demostró su participación en las
decisiones técnicas ni en la ejecución de la medida fitosanitaria, razón por la cual
tampoco se configuraban los presupuestos para declarar su responsabilidad.

37. Seguros del Estado S.A.24 reiteró la improcedencia de cualquier condena en su
contra. Adujo que no existía amparo aplicable bajo la póliza de cumplimiento;
que CORSODIMARP carecía de legitimación para promover su vinculación con
fundamento en la póliza de responsabilidad civil extracontractual; que no se
encontraba demostrada la ocurrencia del siniestro; y que, en todo caso, las
obligaciones derivadas del contrato de seguro estaban sujetas a las condiciones,
exclusiones, límites asegurados y deducibles pactados, sin que pudiera
predicarse solidaridad respecto de la compañía.

38. El Ministerio Público25 arguyó que no se configuró una actuación irregular
atribuible a las entidades demandadas, en tanto el propio actor autorizó la
erradicación de los árboles antes de que se conocieran los resultados de las
pruebas fitosanitarias practicadas en el predio, circunstancia que, a su juicio,
configura una culpa exclusiva de la víctima capaz de romper el nexo causal.
Agregó que los análisis realizados con posterioridad confirmaron la presencia de
CLas, por lo que la eliminación de los ejemplares habría resultado inevitable y,
en consecuencia, no era factible acreditar la existencia de un daño antijurídico
cierto.

39. En lo relativo a las alegadas inconsistencias probatorias, la Procuraduría adujo
que las actas, valoradas en conjunto con el resto del plenario, permiten
establecer la presencia del insecto vector en el predio, y que la parte
demandante nunca las tachó de falsas conforme al artículo 269 del Código
General del Proceso (CGP), ni indagó sobre las contradicciones al interrogar a
la testigo Yuli Beatriz Sánchez en la audiencia de pruebas, razón por la cual
solicitó confirmar íntegramente la decisión apelada.

40. CORSODIMARP y el ICA guardaron silencio en esta instancia.

CONSIDERACIONES

41. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide
lo actuado y evidenciada la satisfacción de los presupuestos procesales relativos
al trámite de la conciliación extrajudicial, jurisdicción, competencia, oportunidad
de la demanda, y el cumplimiento de los requisitos de la demanda en forma, la
Sala procede a decidir la segunda instancia de la presente litis.

42. Para lo anterior, la Subsección edificará la presente providencia bajo el siguiente
esquema: (i) cuestión preliminar en punto de la legitimación en la causa por
pasiva del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; (ii) el objeto del recurso
de apelación y los problemas jurídicos para resolver la controversia; (iii) el caso
concreto; y (iv) la condena en costas en esta instancia.

24 Samai del Consejo de Estado. Índice 00010.
25 Ibid., índice 00012.

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Demandante: Gabriel Ángel de la Rosa Gutiérrez
Demandado: Nación –Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y otro
Referencia: Reparación directa

Cuestión preliminar en punto de la legitimación en la causa por pasiva del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

43. De acuerdo con lo establecido en el libelo introductorio, se determinaron como
demandados a la Nación-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y al ICA;
este último llamó en garantía a CORSODIMARP, entidad que solicitó la
vinculación de Seguros del Estado S.A.

44. Sobre este particular, la Sala considera necesario precisar las razones por las
cuales procede su estudio en esta instancia. En la audiencia inicial, el juez de
primer grado consideró que la única cuestión planteada que revestía naturaleza
de excepción previa era la falta de legitimación en la causa de CORSODIMARP,
por no ostentar la condición de asegurado o beneficiario de la póliza. En
consecuencia, la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio no
fue resuelta en dicha oportunidad. En la sentencia que se cuestiona, el a quo no
desató ese aspecto, aun cuando se determinó que ello sería objeto de
pronunciamiento de mérito.

45. En esas condiciones, la Sala debe abordar su estudio, máxime cuando el artículo
187 del CPACA ordena que, en la sentencia, deben resolverse las excepciones
propuestas y aquellas que el fallador encuentre probadas. A su vez, la
circunstancia de que el Ministerio no hubiera formulado un reparo concreto sobre
este aspecto en el recurso de apelación no impide que la Subsección examine
un presupuesto indispensable para definir la controversia.

46. Precisado lo anterior, en lo relativo al Ministerio, corresponde a la Sala señalar
que, conforme a los Decretos 2478 de 1999 y 1985 de 2013, dicha cartera tiene
a su cargo la formulación, coordinación y adopción de las políticas, planes,
programas y proyectos del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural,
de modo que su función se circunscribe a la definición de directrices y a la
regulación en las materias reseñadas. Si bien los decretos en cita disponen que
el ICA hace parte de las entidades adscritas al Ministerio de Agricultura 26 es al
instituto a quien corresponde la función de adoptar, de acuerdo con la ley, las
medidas de sanidad y fitosanitarias que sean necesarias para hacer efectivo su
control y la prevención de riesgos biológicos y químicos27.

47. En ese contexto, la Sala no encuentra acreditada la legitimación en la causa por
pasiva del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El menoscabo alegado
no proviene de una decisión, acción u omisión imputable a dicha cartera, sino de
la ejecución material de la medida de erradicación, actuación que corresponde
al ICA en su condición de autoridad fitosanitaria del país. Conforme al artículo 2
del Decreto 4765 de 2008, el instituto ostenta la naturaleza de establecimiento
público del orden nacional, dotado de personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente, atributos que lo habilitan para

26 Decreto 2478 de 1999: “Artículo 1º. El Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural está integrado

por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas y vinculadas, Las entidades adscritas
al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural son: 1. Instituto Colombiano Agropecuario-ICA (…)”. Decreto 1985
de 2013: “Artículo 1°. El Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, de conformidad con la normativa
vigente, está integrado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas y vinculadas.
1. Las entidades adscritas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural son: 1.1 Con personería Jurídica: 1.1.1
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) (…)”.
27 Son funciones del ICA las consignadas en el Decreto 4765 del 18 de diciembre de 2008.

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Demandante: Gabriel Ángel de la Rosa Gutiérrez
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Referencia: Reparación directa

responder por sus propias determinaciones. El vínculo de adscripción al
Ministerio no genera, por sí solo, solidaridad ni subsidiariedad entre ambas
entidades, pues la sola formulación de políticas públicas para el sector agrícola
no comporta, per se, la imputación de perjuicios por las actuaciones que ejecutan
los organismos vinculados a esa cartera. En consecuencia, no se encuentra
legitimado en la causa por pasiva respecto de la controversia sub examine.

48. Por lo anterior, la Sala modificará el fallo de primer grado, para declarar probada
la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Nación
-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

El objeto del recurso de apelación y los problemas jurídicos que se resolverán

49. En esta instancia, a la Sala le corresponde pronunciarse sobre los reparos
concretos presentados en el recurso de apelación en contra de la sentencia de
primer grado, los cuales, por regla general, establecen la competencia del ad
quem para ventilar la controversia, salvo situaciones que se deban auscultar y
definir de manera oficiosa.

50. La Subsección ha reconocido que el marco fundamental de competencia del juez
de segundo grado lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas
que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en
primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los
planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la
instancia superior.

51. En adición a lo anterior, no es viable pronunciarse de fondo sobre las
modificaciones a la causa petendi que se busquen introducir con posterioridad a
las oportunidades establecidas en la ley28, es decir, la presentación de la
demanda y el término previsto para su reforma29, en virtud del derecho
fundamental al debido proceso y el principio de congruencia (artículo 281 del
CGP, aplicable por remisión expresa del canon 306 del CPACA), que imponen
fallar de forma coherente con los hechos y las pretensiones formulados en la
demanda, y con las excepciones planteadas en la contestación, con lo que se
busca “impedir que se sorprenda a las partes con decisiones que recaigan sobre
aspectos que no fueron objeto de debate en el curso del proceso, salvo los que,
de conformidad con la ley, deban ser resueltos de oficio”30.

28 Ley 1564 de 2012, artículo 117. “Los términos señalados en este código para la realización de los actos

procesales de las partes y los auxiliares de la justicia, son perentorios e improrrogables, salvo disposición en
contrario”. Disposición aplicable de conformidad con la remisión expresa dispuesta en el artículo 306 de la Ley
1437 de 2011: “En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil
en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo”.
29
Ley 1437 de 2011, artículo 173. “El demandante podrá adicionar, aclarar o modificar la demanda, por una
sola vez, conforme a las siguientes reglas: 1. La reforma podrá proponerse hasta el vencimiento de los diez (10)
días siguientes al traslado de la demanda. De la admisión de la reforma se correrá traslado mediante notificación
por estado y por la mitad del término inicial. Sin embargo, si se llama a nuevas personas al proceso, de la
admisión de la demanda y de su reforma se les notificará personalmente y se les correrá traslado por el término
inicial. 2. La reforma de la demanda podrá referirse a las partes, las pretensiones, los hechos en que estas se
fundamentan o a las pruebas. 3. No podrá sustituirse la totalidad de las personas demandantes o demandadas
ni todas las pretensiones de la demanda. Frente a nuevas pretensiones deberán cumplirse los requisitos de
procedibilidad. La reforma podrá integrarse en un solo documento con la demanda inicial. Igualmente, el juez
podrá disponer que el demandante la integre en un solo documento con la demanda inicial”.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencias del 24 de septiembre de 2020, exp. 44707,

C.P. José Roberto Sáchica Méndez; y del 12 de julio de 2024, exp. 70692, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.

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52. En el presente asunto, el apelante concretó sus motivos de inconformidad con
la sentencia de primera instancia en lo siguiente: (i) la configuración del daño
antijurídico; (ii) la vulneración del debido proceso administrativo y el
desconocimiento de los protocolos establecidos; (iii) la pérdida de oportunidad
como daño autónomo; (iv) las irregularidades procedimentales reconocidas por
el Tribunal como generadoras de una falla en el servicio; y (v) la violación del
principio de confianza legítima.

53. Previo a formular los problemas jurídicos que se resolverán en esta instancia, la
Sala considera indispensable realizar unas precisiones respecto de los
elementos de disenso propuestos en el recurso de apelación. De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 281 del CGP31, y con la finalidad de mantener la cohesión
entre los argumentos planteados desde el escrito inicial, resulta necesario
advertir cuáles cargos de la apelación constituyen una alteración de la causa
petendi, con el fin de preservar el derecho de defensa de las demandadas y las
llamadas en garantía, y delimitar los argumentos que serán resueltos en
segunda instancia32.

54. Al respecto, la Sala parte por señalar que, como fundamentos de sus
pedimentos, el señor de la Rosa Gutiérrez solicitó declarar responsable al
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), por los perjuicios materiales causados
por la presunta falla en el servicio derivada de la erradicación de 50 árboles de
limón criollo en producción, y solicitó, como única modalidad de perjuicio, el
reconocimiento de $450’000.000, correspondientes a la producción dejada de
percibir, estimada sobre una vida útil de treinta años y un rendimiento anual de
$300.000 por árbol, junto con su respectiva actualización mediante el IPC. Como
fundamentos, únicamente invocó la definición de las distintas modalidades de
perjuicios y la consagración constitucional del derecho a la igualdad y de la
responsabilidad del Estado (arts. 13 y 90), a lo que agregó la transcripción de
las normas sobre juramento estimatorio y competencia por razón de la cuantía.

55. Asimismo, con base en los hechos del escrito introductorio y las contestaciones
de la demanda, en la audiencia inicial, el juez de primera instancia circunscribió
la litis a establecer si había lugar a declarar la responsabilidad patrimonial de las
entidades demandadas por los perjuicios causados a la parte actora con ocasión
de la erradicación de los árboles de limón criollo, aspecto que fue recurrido
únicamente para realizar la inclusión consecuencial respecto de los llamados en
garantía.

31 Ley 1564 de 2012, artículo 281. “Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y

las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”.
32 Esta Sala de decisión en sentencia del 7 de febrero de 2025, exp. 71.453. C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez

consideró: “En efecto, la autoridad judicial, en procesos subjetivos (…) carece -por esencia- de facultades para
separarse de los argumentos que se plantean en la demanda para soportar la declaratoria de invalidez de actos
administrativos, pues tal ejercicio -entre otras consecuencias- implicaría un “desconocimiento flagrante del
principio relativo al debido proceso”, en la medida en que se sorprendería a la contraparte con razonamientos
fácticos o jurídicos que no tuvo la posibilidad de controvertir durante el proceso. La prohibición descrita en el
párrafo anterior también se predica respecto de las partes del litigio, quienes no pueden modificar ni agregar
aspectos a la controversia con posterioridad a las oportunidades previstas para el efecto. De este modo, ni el
recurso de apelación ni los alegatos de conclusión tienen por objeto que las partes adicionen o modifiquen sus
demandas con el objeto de variar la causa que se planteó desde la fijación del litigio y que motivó la controversia
puesta en consideración del juez del asunto, pues con ello sorprenderían a su contraparte con nuevos hechos
o pretensiones frente a los cuales no tuvieron la oportunidad de defenderse”. Original en cita en providencia del
7 de noviembre de 2025. C.P Fernando Alexei Pardo Flórez. Rad: 17001-23-33-000-2019-00089-02 (73.066).

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56. Con lo anterior, en ningún apartado del libelo genitor se planteó la pérdida de
oportunidad del accionante, ni se invocó la existencia de una confianza legítima
defraudada por la actuación de las entidades demandadas. Tampoco se alegó
que el hecho generador de la presunta falla en el servicio obedeciera a
irregularidades procedimentales, esto es, a las actas de visita con caligrafías
diferentes y datos contradictorios. Si bien el Tribunal, al valorar el acervo
probatorio, advirtió contrariedades entre dichos elementos de convicción, esa
observación se enmarcó en el juicio sobre el mérito de los documentos y en
ningún momento se tradujo en la atribución de una falla en el servicio a las
entidades demandadas. El litigio giró en torno, exclusivamente, a la erradicación
de los árboles pese al resultado negativo del diagnóstico fitosanitario y a la
consecuente pérdida de la producción que estos habrían generado durante su
vida útil.

57. Fue solo hasta el escrito de apelación que el recurrente introdujo los argumentos
relativos a la pérdida de oportunidad como daño autónomo, la violación del
principio de confianza legítima y las irregularidades procedimentales como
causa de la falla en el servicio, los cuales no fueron objeto de debate en la
demanda, no hicieron parte de la fijación del litigio, ni pudieron ser controvertidos
por las demandadas ni por los llamados en garantía. Ello evidencia la
incorporación de fundamentos fácticos y jurídicos nuevos, mediante los cuales
el recurrente pretendió, a través de su apelación, modificar el sustento de su
petitum.

58. Por las razones expuestas, los argumentos relativos a (i) la pérdida de
oportunidad como daño autónomo; (ii) la violación del principio de confianza
legítima; y (iii) las irregularidades procesales como elemento generador de una
falla en el servicio, conllevan una modificación del fundamento de las
pretensiones y, por lo tanto, no serán objeto de análisis en esta instancia.

59. Concluido lo anterior, la controversia sometida a consideración de la Sala queda
circunscrita en torno a dos aspectos. De una parte, la valoración de la
antijuridicidad del daño, en tanto el apelante cuestiona la conclusión del Tribunal
según la cual la erradicación prematura de los árboles no constituyó dicho
menoscabo indemnizable, dada la posterior confirmación de la enfermedad HLB.
De otra, el presunto desconocimiento de los protocolos técnicos y normativos
que regulaban este tipo de intervenciones fitosanitarias, aspecto a partir del cual
se plantea la existencia de una falla del servicio atribuible a la entidad
demandada por haber ejecutado la eliminación de los árboles sin contar
previamente con la confirmación diagnóstica exigida para tal efecto, irregularidad
que habría sido reconocida por el Tribunal, pese a lo cual este consideró que
ello no habilitaba la indemnización deprecada (elemento de causalidad).

60. Así las cosas, de conformidad con las razones en las que se sustentaron las
pretensiones de la demanda y los argumentos de la alzada (susceptibles de
análisis en esta oportunidad), se deberán resolver los siguientes interrogantes:
(i) ¿el Tribunal de primera instancia incurrió en un yerro al descartar la
configuración del daño antijurídico con fundamento en la confirmación posterior
de la bacteria Candidatus Liberibacter asiaticus (CLas), sin valorar que, al
momento de la eliminación de los árboles, el demandante no tenía el deber

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jurídico de soportar esa medida por no existir aún un resultado positivo?; y (ii)
¿el a quo erró al no declarar la falla del servicio, pese a que la intervención
fitosanitaria se ejecutó antes de obtenerse la confirmación técnica exigida, con
desconocimiento de los protocolos aplicables?

Caso concreto

61. En el presente asunto se encuentra acreditado lo siguiente:

62. El ICA, por medio de la Resolución n.º 00010508 del 23 de agosto de 2016
declaró en “cuarentena fitosanitaria el Departamento del Atlántico, por la
presencia de la plaga denominada HUANGLONBING (HLB) de los cítricos”. En
el artículo tercero de dicho acto administrativo, se dispuso que se debían aplicar,
entre otras, las siguientes medidas:

“3.1 Todas las plantas de especies de la familia Rutaceae con diagnóstico positivo para
HLB, Ca. Liberibacter asiaticus, en tejido vegetal en viveros, cultivos comerciales,
cultivos dispersos y/o traspatios, deberán ser eliminadas, bien sea arrancándolas de
raíz o cortándolas a nivel de suelo y aplicando un herbicida con registro ICA, dirigido al
tronco remanente para evitar rebrotes. Estos procedimientos se deben realizar bajo la
estricta vigilancia del ICA”33.

63. El 21 de febrero de 2018, el ICA suscribió el Convenio de Asociación n.° 0007
con la entidad sin ánimo de lucro Corporación Social para el Desarrollo Integral
de los Municipios y Áreas Protegidas (CORSODIMARP), cuyo objeto fue “Aunar
esfuerzos para la prevención y control del HLB (huanglongbing) en cultivos de
cítricos en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira,
Magdalena, Norte de Santander y establecimiento de áreas regionales de control
(arcos) en los departamentos de Bolívar, Cesar y Santander”34. Para el efecto,
los extremos se obligaron a:

“CLÁUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES DE CORSODIMARP (…) Obligaciones
Específicas: 1. Dar pleno cumplimiento a las especificaciones técnicas, administrativas
y financieras establecidas en los estudios previos y que hacen parte integral del
convenio. 2. Seleccionar y contratar el personal idóneo para el desarrollo de las
actividades del convenio de acuerdo con los perfiles requeridos para el proyecto. 3.
Desarrollar una campaña de comunicación dirigida a los productores y la comunidad en
general, relacionadas con las medidas técnicas a establecer en las áreas de
intervención. 4. Informar y suministrar oportunamente a la Supervisión Técnica del
convenio los cronogramas de monitoreo, erradicación, entrega de los insumos y equipos
en tiempo y lugar. 5. Articular la ejecución de las actividades del Convenio con el ICA.
6. Realizar los aportes de contrapartida de acuerdo a la propuesta presentada. 7.
Apoyar de forma comprometida al ICA en las actividades de monitoreo y control
fitosanitario, en las áreas geográficas de trabajo del convenio (…) CLAUSULA
TERCERA - OBLIGACIONES DEL ICA: Con ocasión al presente convenio el ICA se
obliga a: 1. Aportar los recursos para el desarrollo del Convenio, según lo establecido
en el presente estudio previo (…). 3. Elaborar con entidad sin ánimo de lucro el plan
operativo (…) 4. Programar y realizar las reuniones que fueren necesarias para la
coordinación y el seguimiento del Convenio, de acuerdo a lo dispuesto por el Comité
Técnico Administrativo y atendiendo los lineamientos del Plan Operativo y
recomendaciones del referido Comité. 5. Brindar el apoyo técnico y administrativo que
se requiera durante la vigencia del convenio. 6. Establecer los lineamientos técnicos
para la ejecución de las labores en campo. 7. Coordinar con entidad sin ánimo de lucro
las actividades de inspección, vigilancia y control fitosanitario derivadas del Convenio.
8. Verificar la correcta ejecución de las actividades de monitoreo, control y las demás
establecidas en el plan operativo. 9. Supervisar las actividades técnicas ejecutadas en

33 Samai del Tribunal Administrativo de Atlántico. Índice 00009. Documento denominado
“6_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_001EXP2019421RD(.pdf)”. pp. 94 a 97.
34 Ídem, pp. 134 a 146.

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campo, asegurando el cumplimiento del cronograma de actividades establecido”35.
(negrilla propia del texto)

64. Respecto de la responsabilidad del instituto y la corporación, el convenio
dispuso:

“CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA - INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD: EL ICA no será
responsable de las obligaciones específicas que adquiera CORSODIMARP para la
realización del presente convenio; en consecuencia, respecto de EL ICA no habrá lugar
a responsabilidad solidaría de ninguna forma (…) CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA -
INDEMNIDAD: CORSODIMARP se obliga para con el ICA a mantener Indemne, libre
de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros, que tenga
como causa las actuaciones o la de sus subcontratistas y dependientes, que se
desarrollen con ocasión de la ejecución de este Convenio de Asociación de cualquier
naturaleza”36.

65. En desarrollo de la cláusula tercera, numeral 4 del convenio, el 20 de abril de
2018 se desarrolló una reunión, de la cual se dejó constancia en acta suscrita
por quienes asistieron37, en la que se consignaron los lineamientos de trabajo en
el marco del convenio antes referenciado y se establecieron los siguientes
compromisos38:

Acción Responsable Fecha
CORSODIMARP hace entrega a la ing. CORSODIMARP 20/04/2018
Myriam Polo de las autorizaciones firmadas
por el productor para la erradicación.
El profesional de CORSODIMARP debe CORSODIMARP 20/04/2018
notificar el posible síntoma de enfermedad
HLB en algún predio que no haya sido
notificado por el ICA a la ing. Myriam Polo.
Lo programación de las actividades a realizar CORSODIMARP - 20/04/2018
en el marco del convenio 007 se debe ICA
organizar de manera conjunta y si se
presenta algún cambio se reporta con una
semana de anterioridad.

66. Obra en el expediente el documento titulado “Acta de Visita a Predios” del 16 de
agosto de 2018, suscrito por la Subgerencia de Protección Vegetal del ICA,
Gerencia Seccional Atlántico, en la cual se dejó constancia de que se practicó
visita de vigilancia fitosanitaria al cultivo de limón criollo de la finca
“Restauración”, consistente en el monitoreo y rastreo de plagas de control oficial,
y en el acápite “17. Situación fitosanitaria encontrada” se estableció que durante
la diligencia no se observó la presencia de plagas ni de enfermedad asociada.
En el apartado de observaciones se consignó que el cultivo se encontraba en
estado de producción, y se indicó que no se requirió la toma de muestras. El
documento se encuentra suscrito por funcionaria del Instituto y por el poseedor
del predio39.

67. Reposa, igualmente, otra acta de visita al predio de la misma fecha, en la que se
consignó que se practicó rastreo y monitoreo del psílido vector Diaphorina citri,
y que durante la inspección se observó su presencia, razón por la cual se

35 Ídem.
36 Ídem. P. 146.
37 Conforme al acta, se hicieron presentes Myriam Polo Rivera, Guillermo Medina, Hernán García, Gabriel

Reales, Carlos Castillo, María Carolina Bonilla y Lizeth Ramírez. Ídem, pp. 90 a 93.
38 Ídem.
39 Ídem, P. 70.

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recolectaron las respectivas muestras para el análisis fitopatológico de HLB.
Este instrumento fue rubricado por la funcionaria del ICA y por el aquí
demandante40.

68. En memorando n.º 15183100741 del 21 de agosto de 2018, la Gerencia
Seccional Atlántico remitió al laboratorio de la dirección seccional veinte
muestras de especímenes del psílido vector Diaphorina citri para el análisis
fitopatológico de HLB, dentro de las cuales se incluyó la correspondiente al
predio “La Restauración”, identificada con los siguientes datos: “Fecha: 16/8/18
(…) Municipio: Polonuevo; Dpto: Atlántico - Colombia; Cultivo: Limón criollo”41.

69. Asimismo, obra la “Solicitud de Análisis y Diagnóstico Fitosanitario”, renombrada
con el código de muestra “LDFAT-2018-1500”. En el campo “7. Procedencia de
la muestra”, se identificó como agricultor al señor de la Rosa Gutiérrez, en el
predio “La Restauración”. En el acápite “8. Información del cultivo” se consignó
que se trataba de un cultivo de limón, variedad criolla, con un área sembrada de
0,5 hectáreas y una edad de diez años. En el acápite “9. Material entregado para
análisis o diagnóstico”, se indicó que se remitió un vial con especímenes de
Diaphorina citri (adulto) en alcohol al 70%. Como servicio solicitado se indicó el
análisis fitopatológico de HLB, y en el campo “13. Información del laboratorio” se
registró como fecha de recepción de la muestra el 22 de agosto de 201842.

70. También se encuentra en el plenario un documento del 5 de septiembre de 2018,
denominado “Solicitud de apoyo para la erradicación de árboles cítricos del sitio
denominado La Restauración”, rubricado por de la Rosa Gutiérrez, en el cual se
consignó lo siguiente (se transcribe con los errores del original):

“Yo Gabriel de la Rosa Gutiérrez identificado con cédula de ciudadanía número 7452168
de Polo nuevo soy conocedor del programa que el ICA adelanta en el departamento
informado por sus funcionarios que el insecto vector de la enfermedad HLB que ataca
los cítricos. También he sido informado por sus funcionarios que el insecto vector de la
enfermedad está presente en mi predio la Restauración, vereda Vía a la Pilastra,
Municipio de Polo Nuevo y que adicionalmente el resultado a las pruebas diagnósticas
adelantadas por el ICA en muestras de _________ de (sic) mi predio fue positivo a la
presencia de la bacteria que produce la enfermedad HLB.

Por lo anterior, solicito el apoyo y colaboración del ICA para ERRADICAR O ELIMINAR
los árboles que tengo en la Restauración así:

Número de árboles de Limón común: 350___
(…)
Soy consciente que con esta medida se evita toda posible dispersión en mi predio de
esta grave enfermedad.

Por mi parte, autorizo adelantar esta labor y daré instrucción en mi predio para el ingreso
de ustedes y colaboración necesaria por parte nuestra con la tarea a adelantar”43.

71. Además, se aportó otro documento del 5 de septiembre de 2018, denominado
“Planilla de Caracterización”44, con membrete de CORSODIMARP,
correspondiente al predio “La Restauración”. Se registró un cultivo de limón

40 Ídem. P. 71.
41 Ídem, pp. 72 a 75. Destacado fuera del original.
42 Ídem. P. 79.
43 Samai del Tribunal Administrativo del Atlántico. Índice 00011. Documento denominado
“23_AGREGARMEMORIAL_CONTESTACION A LA DEMANDA Y AL LLAMAMIENTO EN GARANTIA-
CORSODIMARP(.pdf)”, P. 21.
44 Ídem, p. 22.

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Referencia: Reparación directa

criollo, con un área sembrada de 2 hectáreas, y se indicó la presencia de
“Diaphorina citri y de síntomas de HLB”, así como la realización previa de control
fitosanitario con los productos “Rocion” y “Lorvan”. En el apartado denominado
“área a intervenir/número de árboles” se consignó la cifra de 350. En el acápite
“control de preferencias” se dejó constancia de la elección, por parte del
productor, de especies frutales de reemplazo (50 árboles de guayaba dulce, 150
de guanábana y 150 de mango tommy). En el campo de observaciones se
señaló que “el productor manifiesta que el material erradicado debe ser apilado
en varios lugares”. El documento se encuentra suscrito por el aquí accionante y
por un técnico de campo.

72. El 11 de septiembre de 2018, a través del reporte de resultados análisis y
diagnósticos fitosanitarios n.° 167, el ICA determinó que la muestra n.° “LDFAT-
2018-1500, Atlántico- Polo nuevo- Pitalito- La Restauración” arrojó un resultado
negativo45:

Código Material Procedencia de la Ubicación Detección
analizado Hospedero Muestra Georreferenciada Candidatus
de D. citri (Departamento, Liberibacter
Municipio, Vereda, asiaticus
Finca)
LDFAT- Adultos Limón Atlántico- Latitud N:
2018-1500 Criollo Polonuevo- 10,81322 Negativa
Pitalito-La Longitud W: -
Restauración 74,85432

73. Junto con el reporte antes señalado, se adjuntó una tabla donde se reseñó, para
el predio, que “SE TOM[Ó] NUEVA MUESTRAS, POR LO TANTO ESPERAR
NUEVOS RESULTADOS DEL LABORATORIO (SINTOMATOLOGIA DE LA
ENFERMEDAD MARCADA)” (sic).

74. Mediante formato denominado “Protocolo de Fumigación” (consecutivo F-200-
05, versión 00) del 25 de septiembre de 2018, correspondiente al predio “La
Restauración"”, CORSODIMARP dejó constancia de la realización de una
brigada de marcación, georreferenciación y fumigación para un total de 350
árboles de limón criollo a erradicar. En el campo de observaciones y
recomendaciones se señaló que “es fumigado el predio en su totalidad”. El
documento se encuentra suscrito por el aquí demandante y por un técnico de
campo.

75. Consta “Protocolo de Erradicación” del 26 de septiembre de 2018, (consecutivo
F-200-06, versión 00) para el mismo predio, en el que la Corporación dejó
constancia de la ejecución de un operativo de erradicación distribuida en tres
jornadas (100 árboles el día 1, 150 el día 2 y 100 el día 3, para un total de 350
árboles erradicados). En el campo de observaciones y recomendaciones se
señaló que “en este predio son destruidas 150 plantas en bolsa que el productor
tenía”. El documento se encuentra suscrito por los mismos sujetos46.

45 Archivo “6_6_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_001EXP2019421RD”. P. 86.
46Archivo “23_AGREGARMEMORIAL_CONTESTACION A LA DEMANDA Y AL LLAMAMIENTO EN
GARANTIA-CORSODIMARP”, p. 24.

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76. El 10 de octubre de 2018, conforme consta en “ACTA DE VISITA A PREDIOS”,
el ICA se hizo presente en la finca para realizar la entrega del resultado de
análisis y diagnóstico fitosanitario n.° 167 con código de muestra n.° “LDFAT-
2018-1500”. En el numeral 17 del documento se estableció que “el propietario
informó que el predio fue erradicado hace aprox[imadamente] 25 días por
funcionarios de Corsodimarp”. La certificación que fue suscrita por un servidor
del ICA y Gabriel de la Rosa Gutiérrez47.

77. Mediante formato denominado “Plan de Compensación” del 20 de octubre de
201848, CORSODIMARP dejó constancia de la entrega y siembra de 350
plántulas (150 de mango tommy, 150 de guanábana y 50 de guayaba). En el
campo de observaciones y recomendaciones se señaló que “las plantas son
recibidas con satisfacción”. El documento se encuentra suscrito por Gabriel de
la Rosa y por un técnico de campo.

78. El 23 de octubre de 2018, a través de memorando n.° 15183101030, la Gerencia
Seccional del Atlántico del ICA remitió una muestra del psílido vector Diaphorina
citri, para el análisis patológico de HLB, fechada del “14/09/2018”49.
Coordenadas: 10.81322 /-74.85432. (…) Municipio: Polonuevo. Dpto: Atl[á]ntico-
colombia. Cultivo: Limón criollo.

79. CORSODIMARP practicó visita de asistencia técnica al predio el 25 de octubre
de 2018, según consta en documento denominado “Registro de Visita de
Asistencia Técnica”, identificado como visita n.° 150. En el campo “estado
fitosanitario del cultivo” se registró la expresión “sano”, y en la sección
denominada “compromisos del productor” se dejó constancia de que este “se
compromete a realizar la siembra y el sistema de riego”. El documento se
encuentra suscrito por el productor y por el técnico de campo.

80. Igualmente, en la “Solicitud de Análisis y Diagnóstico Fitosanitario” del 30 de
octubre de 2018, referenciando el código de muestra “LDFAT-2018-1985”, se
indicó que “se recolectó muestra de psílido vector Diaphorina citri adulto, en
cultivo de limón criollo donde se observó síntoma de la enfermedad del HLB en
hojas y frutas”51.

81. En acta de visita del 31 de octubre de 2018, el ICA consignó que el predio
contaba con 50 árboles erradicados y una compensación de 250 árboles frutales.
En el acápite 18, dejó constancia de la toma de muestras de tejido vegetal52.

82. El 1. ° de noviembre de 2018, en memorando n.° 15183101095, el ICA solicitó
un análisis para prueba de HLB de cuatro muestras de tejido vegetal, tres de
ellas pertenecientes al predio “Restauración”53:

47 Archivo “6_6_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_001EXP2019421RD”. P. 103.
48 Archivo “23_AGREGARMEMORIAL_CONTESTACION A LA DEMANDA Y AL LLAMAMIENTO EN
GARANTIA-CORSODIMARP”, p. 25.
49 Archivo “6_6_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_001EXP2019421RD”. P. 105.
50 Archivo “23_AGREGARMEMORIAL_CONTESTACION A LA DEMANDA Y AL LLAMAMIENTO EN

GARANTIA-CORSODIMARP”, p. 26.
51 Archivo “6_6_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_001EXP2019421RD”. P. 107.
52 Ídem, p. 111.
53 Ídem, p. 113.

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No de Procedencia Especie
muestras Departamento-Municipio- vereda- predio
Georreferenciación Latitud/longitud
Material entregado

Limón Criollo- Tejido
1 Atlántico-Polonuevo-Pitalito- La restauración Vegetal

Latitud:1081278/Longitud: -74,85390

Limón Criollo- Tejido
2 Atlántico-Polonuevo-Pitalito-La restauración Vegetal

Latitud:1081314/Longitud -74,85401
Limón Criollo- Tejido
3 Atlántico-Polonuevo-Pitalito-La restauración Vegetal

Latitud 1051303/Longitud: -74,85386

4 Atlántico- Polonuevo-Vía Pitalito- Comadreja. Limón Criollo- Tejido
Vegetal
Latitud:10790122/ Longitud: -74,850189

83. El 6 de noviembre de 2018, el Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario,
Seccional Atlántico del ICA expidió el reporte de resultados de análisis n.°
LDFAT-2018-1985, mediante el cual estableció que en el cultivo de limón criollo
ubicado en el predio se detectó la presencia de Candidatus Liberibacter
asiaticus54:

Código Material Procedencia de la Ubicación Detección
analizado de Hospedero Muestra Georreferenciada Candidatus
D. citri (Departamento, Liberibacter
Municipio, Vereda, asiaticus
Finca)
LDFAT- Adultos Limón Atlántico- Latitud N:
2018-1985 Criollo Polonuevo-Pitalito- 10,81322 Positivo
La Restauración Longitud W: -
74,85432

84. El día 21 siguiente, la misma dependencia expidió el reporte de las muestras
LDFAT-2018-2066 a LDFAT-2018-2069, que también arrojaron resultado
positivo para el patógeno55:

Código Material Procedencia de la Ubicación Detección
analizado de Hospedero Muestra Georreferenciada Candidatus
D. citri (Departamento, Liberibacter
Municipio, Vereda, asiaticus
Finca)
LDFAT- Tejido Limón Atlántico- Latitud:
2018-2066 vegetal Criollo Polonuevo-Vía 10,790122 Positivo
Pitalito-
Comadreja Longitud:
-74,850189
LDFAT- Tejido Limón Atlántico- Latitud: Positivo
2018-2067 vegetal Criollo Polonuevo-Pitalito- 10,81278
La Restauración
Longitud:
-74,85390

54 Ídem. Pp. 109.
55 Ídem. Pp. 115 a 116.

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Referencia: Reparación directa

LDFAT- Tejido Limón Atlántico- Latitud: Positivo
2018-2068 vegetal Criollo Polonuevo-Pitalito- 10,81314
La Restauración
Longitud:
-74,85401

LDFAT- Tejido Limón Atlántico- Latitud: Positivo
2018-2069 vegetal Criollo Polonuevo-Pitalito- 10,51303
La Restauración
Longitud:
-74,85386

Respecto de la alegada configuración del daño antijurídico y el supuesto
desconocimiento de los protocolos del ICA

85. A partir de los planteamientos expuestos y lo probado, la Sala realizará algunas
precisiones sobre los presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado,
particularmente, lo relativo al daño antijurídico a efectos de resolver los
cuestionamientos formulados en el recurso de apelación.

86. La responsabilidad del Estado se encuentra prevista en el artículo 90
constitucional, en virtud del cual la administración será patrimonialmente
responsable por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión
imputable a sus agentes56. En relación con el contenido de dicha norma, esta
Corporación57 ha sostenido que, aunque el ordenamiento jurídico no contiene
una disposición que consagre una definición de daño antijurídico, éste se refiere
a “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima
no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el
derecho”. De ahí que, para que proceda declararla, se debe probar la existencia
del daño, el cual debe ser cierto, “es decir, que no puede ser eventual, hipotético,
fundado en suposiciones o conjeturas”, y determinado o determinable58.

87. En esa línea, el daño antijurídico, para que sea indemnizable, requiere estar
cabalmente estructurado; por tal motivo, la Sección ha establecido que resulta
imprescindible acreditar59: (i) que el daño sea antijurídico, esto es, que la

56 El tenor literal del artículo 90 constitucional es el siguiente: “El Estado responderá patrimonialmente por los

daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.
57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Providencia del

9 de mayo de 2012. C.P. Olga Melida Valle de De la Hoz. Rad: 25000-23-26-000-1999-00644-01(23300). Al
respecto dispone: “Sobre la noción de daño antijurídico, esta Sección ha definido que ’consistirá siempre en la
lesión patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar’. En este sentido, el
daño ocasionado a un bien jurídicamente tutelado impone el deber de indemnizar el consecuente detrimento
con el objetivo de garantizar el principio de igualdad ante las cargas públicas”. Criterio reiterado en providencias
del 16 de junio de 2021. C.P Adriana María Marín. Rad: 05001-23-31-000-2012-00429-01(49852), al respecto
expuso: “El daño injusto o antijurídico –damnum iniuria datum– para que exista tiene que verificarse en dos
dimensiones: la primera, que la lesión recaiga sobre una situación jurídica y protegida –damnum contra ius– y,
la segunda, que esa afectación no se concrete en virtud de un derecho o potestad otorgada por el ordenamiento
–damnum non iure–“ y 4 de febrero de 2022, con ponencia del Dr. José Roberto Sáchica Méndez. Rad:
150012331000201300009 01 (59904).
58 Al respecto, cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del

27 de abril de 2006, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, exp. 14.837. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 29 de octubre de 2018 (C.P. Marta
Nubia Velásquez Rico, exp. 45691) y del 6 de diciembre de 2024 (C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez, exp.
70.519).
59 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Subsección A. Providencia

del 8 de abril del 2024. C.P José Roberto Sáchica Méndez. Rad: 18001-23-31-000-2012-00001-01 (61.560).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Providencia del 13
de septiembre de 2024. C.P José Roberto Sáchica Méndez. Rad: 68001-23-33-000-2019-00702-01 (69.457).
Criterio adoptado en Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, exp. 16.516
MP. Enrique Gil Botero y sentencia del 6 de junio de 2012 dictada por esta Subsección dentro del expediente

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persona no tiene el deber jurídico de soportarlo (ii) que lesione un derecho, bien
o interés protegido por el ordenamiento legal; y, (iii) que el daño sea cierto, es
decir, que se puede apreciar material y jurídicamente y, por ende, no se limita a
una mera conjetura y que, además, sea personal.

88. Sobre este punto, la Subsección ha discurrido que la objetivación del daño
indemnizable, que surge del precepto constitucional, implica que el juez se
ocupe inicialmente de establecer su antijuridicidad, cuya ausencia determina el
fracaso ineluctable de la pretensión resarcitoria60:

“En efecto, solo será daño resarcible la afectación o lesión que, en primer lugar,
recaiga o afecte un interés lícito o no contrario a derecho y, en segunda medida,
que sea antijurídica, esto es, que el ordenamiento jurídico no imponga el deber
de soportarla en términos resarcitorios. (…) Además de lo anterior, el daño
antijurídico, a efectos de que sea resarcible o indemnizable, requiere la constatación de
los siguientes elementos: i) certeza, es decir, que se pueda apreciar material y
jurídicamente –que no se limite a una mera conjetura, hipótesis o eventualidad–, ii)
personal, esto es, que sea padecido por quien lo alega, en tanto haga parte de su
patrimonio material o inmaterial, bien por la vía directa o hereditaria, iii) lícito, de modo
que no recaiga sobre un bien o cosa no amparada por el ordenamiento jurídico, y iv)
persistente, en tanto no haya sido previamente reparado por otras vías (v.gr. el
seguro de daños)”61 (negrilla fuera de texto)

89. Por su parte, la Corte Constitucional ha establecido que “la fuente de la
responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no
porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que
lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se
reputa indemnizable”62.

90. De manera previa a realizar el análisis del daño, para la Sala es necesario
precisar cuáles bienes integran la pretensión, pues sobre este punto el
expediente ofrece cifras que no coinciden entre sí. La demanda circunscribe el
perjuicio a la erradicación de 50 árboles de limón criollo con cinco años de
producción y una vida útil de 30 años. Sin embargo, la planilla de caracterización
suscrita el 5 de septiembre de 2018 da cuenta de una solicitud de erradicación
de 350 árboles de limón, cifra que coincide con las 350 plántulas de reemplazo
entregadas según el acta "Plan de Compensación" del 20 de octubre de 2018.
A su turno, otros documentos del expediente registran 50 árboles eliminados y
250 compensados. Esta disparidad, impide tener por establecido, cuál es el
universo de árboles cuya erradicación sustenta la pretensión indemnizatoria, y
exige distinguir entre lo efectivamente reclamado en la demanda (50 árboles) y

No. 24.633, M.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en sentencia del 24 de octubre de 2017, expediente No
32.985B, entre otras.
60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 10

de septiembre de 2020. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Exp. 54.598. Al respecto, señaló: “el primer aspecto
a estudiar en los procesos de reparación directa, es la existencia del daño, puesto que si no es posible
establecer la ocurrencia del mismo, se torna inútil cualquier otro juzgamiento que pueda hacerse en estos
procesos. En efecto, en sentencias proferidas (…) se ha señalado tal circunstancia precisándose (…) que ‘es
indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo,
deducir sobre su naturaleza, esto es, si el mismo puede, o no calificarse como antijurídico, puesto que un juicio
de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado…’ y, por tanto, releva al juzgador
de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al
Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se han elaborado”.
61 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de agosto de 2017, exp. 37304, C.P.

Marta Nubia Velásquez Rico.
62 Sentencia C-333 de 1996, C.P. Alejandro Martínez Caballero. Ver entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Providencia del 7 de febrero de 2025. C.P José
Roberto Sáchica Méndez, exp. 67.547.

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lo que la prueba documental revela como objeto de la intervención fitosanitaria
(350 árboles).

La configuración del daño

91. Descendiendo al caso concreto y de la revisión del plenario, se colige que el
daño se encuentra acreditado, en la medida que, de acuerdo con las
certificaciones suscritas por CORSODIMARP y el accionante, denominadas (i)
“planilla de caracterización” “formato F-200-03, versión 00” del 5 de septiembre
de 2018; (ii) “protocolo de fumigación” consecutivo “F-200-05, versión 00”
rubricado el 25 de septiembre de dicha anualidad; (iii) “protocolo de erradicación”
serie “F-200-06, versión 00”, suscrito el 26 de del mismo mes y año; (iv) “plan de
compensación", serial “F-200-07, versión 00” del 20 de octubre de 2018; fueron
erradicados por medio de fumigación y toconeo unos árboles de limón criollo,
sembrados en el predio “Restauración”, ubicado en Malambo - Polonuevo
(Atlántico). En consecuencia, la destrucción de los bienes productivos constituye
un detrimento cierto y comporta el punto de partida del presente análisis.

El análisis de la antijuricidad del daño

92. Una vez decantado lo anterior, corresponde avanzar hacia el análisis de la
antijuridicidad del daño, esto es, determinar si el demandante tenía o no el deber
jurídico de soportar el menoscabo que alegó ocasionado.

93. La Sala parte por señalar que la Resolución n.º 00010508 del 23 de agosto de
2016, en su artículo 3.1, condicionó la erradicación de los ejemplares afectados
a la existencia de un diagnóstico positivo para la plaga causante de HLB, esto
es, a la previa confirmación de la presencia de la bacteria Candidatus
Liberibacter asiaticus en el tejido vegetal correspondiente.

94. Asimismo, el acta n.° 01 del 20 de abril de 2018, suscrita por el ICA y
CORSODIMARP, en desarrollo del Convenio de Asociación n.° 007, sujetó la
erradicación a la notificación previa del síntoma de la enfermedad en el predio
respectivo, presupuesto que remite, igualmente, a la verificación diagnóstica
exigida por la normativa fitosanitaria.

95. Previo a exponer la secuencia de resultados de laboratorio, es necesario
precisar la razón de la disyuntiva existente entre las dos actas de visita fechadas
del 16 de agosto de 2018, pues de dicha aclaración depende tener por cierta la
toma de la primera muestra de tejido vegetal en esa fecha. Al respecto, se resta
valor demostrativo a la primera de dichas actas (suscrita por la Subgerencia de
Protección Vegetal del ICA, en la que se consignó que no se observó presencia
de insectos vectores ni enfermedad asociada, y que no se requirió la toma de
muestras), con fundamento en el testimonio rendido en audiencia por la
funcionaria del ICA que practicó la visita, quien explicó que ese día sí tomó una
muestra de tejido vegetal y que esta fue llevada al laboratorio, así como en los
demás elementos probatorios que corroboran dicha circunstancia (solicitud de
análisis y diagnósticos fitosanitarios).

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96. En esa línea, la servidora explicó que, al ingresar al predio, "encontró el insecto
vector inicialmente" y observó que las plantas presentaban síntomas de la
enfermedad, aunque sin poder determinar aún si el resultado sería positivo o
negativo. Precisó, igualmente, el protocolo aplicado: se llevó consigo el insecto
vector con el fin de que el ICA emitiera una prueba de laboratorio, la cual, según
indicó, tardaba más de 15 días hábiles, y que solo si dicha prueba resultaba
positiva procedía tomar una segunda muestra de tejido vegetal como
confirmatoria. Añadió: "yo me traje la prueba para el laboratorio", lo que acredita
que, contrario a lo consignado en la primera acta, sí se tomó la muestra LDFAT-
2018-1500 (correspondiente al insecto vector) en la visita del 16 de agosto de
2018 y que la misma fue remitida para análisis.

97. Conforme a la secuencia de resultados de laboratorio obrante en el expediente,
para la fecha en que la Corporación ejecutó la erradicación (26 de septiembre
de 2018), no existía diagnóstico positivo alguno respecto del predio
“Restauración”, como se reseña a continuación:

MUESTRA FECHA DE TOMA FECHA DE RESULTADO
RESULTADO
“LDFAT-2018-1500”. 16 de agosto de 11 de septiembre de Negativo.
2018 2018.

Notificado: 10 de
octubre.

“LDFAT-2018-1985”. 14 de septiembre 6 de noviembre de Positivo.
de 2018 2018.

“LDFAT-2018-2067, 1 de noviembre de 21 de noviembre de Positivo.
LDFAT-2018-2068, 2018 2018.
LDFAT-2018-2069”

98. Como se aprecia, para la fecha de la intervención (26 de septiembre de 2018)
únicamente se contaba con el reporte LDFAT-2018-1500, cuyo resultado fue
negativo. Aunque el 14 de septiembre de 2018 se recolectó una nueva muestra
identificada con el código LDFAT-2018-1985, su procesamiento aún se
encontraba en curso cuando se ejecutó la medida y el respectivo diagnóstico
positivo fue emitido el 6 de noviembre siguiente, esto es, cerca de mes y medio
después de la eliminación de los árboles. Cabe precisar que esta segunda
muestra fue tomada en las mismas coordenadas que la primera (16 de agosto
de 2018), lo cual da cuenta de que ambas corresponden al mismo sector del
cultivo objeto de seguimiento fitosanitario. En la misma línea, las muestras
posteriores que confirmaron nuevamente la presencia de la enfermedad fueron
tomadas el 1° de noviembre de 2018 y sus resultados se conocieron el 21 del
mismo mes, cuando la actuación cuestionada ya se había ejecutada.

99. Sin embargo, contrario a lo argüido por el demandante en su escrito de
apelación, la mera circunstancia de que la erradicación se hubiera materializado
sin contar con un resultado positivo definitivo no resulta, por sí misma, suficiente
para tener por acreditada la antijuridicidad del daño reclamado. Dicha
circunstancia da cuenta, ciertamente, de las condiciones en que se produjo la
erradicación; no obstante, el juicio de antijuridicidad impone un examen

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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00421-01 (74208)
Demandante: Gabriel Ángel de la Rosa Gutiérrez
Demandado: Nación –Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y otro
Referencia: Reparación directa

adicional, dirigido a establecer si el detrimento concreto cuya reparación se
pretende constituye una carga que el demandante no estaba jurídicamente
obligado a soportar. Según pasa a explicarse, el material probatorio demuestra
que la intervención estuvo precedida de un procedimiento técnico y de la
anuencia del propio demandante, aspectos que resultan determinantes para
dilucidar dicho interrogante.

100. De la revisión del expediente, se observa que el 5 de septiembre de 2018,
Gabriel Ángel de la Rosa Gutiérrez suscribió el documento denominado
“Solicitud de apoyo para la erradicación de árboles cítricos del sitio denominado
La Restauración”, donde señaló expresamente: “solicito el apoyo y colaboración
del ICA para ERRADICAR O ELIMINAR los árboles que tengo en la
Restauración así: Número de árboles de Limón común: 350 (…) [p]or mi parte,
autorizo adelantar esta labor y daré instrucción en mi predio para el ingreso
de ustedes y colaboración necesaria por parte nuestra con la tarea a
adelantar”(negrita fuera de texto). No se trata, entonces, de una mera tolerancia
pasiva frente a la actuación administrativa, sino de un acto propio en el que el
demandante, en ejercicio de su autonomía, solicitó y promovió la intervención
cuyo resultado hoy reclama como lesivo.

101. También se allegó al plenario el documento del 5 de septiembre de 2018,
suscrito por de la Rosa Gutiérrez y denominado “Planilla de Caracterización”, el
cual, entre otras cosas, señaló el “control de preferencias” donde el productor
eligió las especies frutales de reemplazo (50 árboles de guayaba dulce, 150 de
guanábana y 150 de mango tommy), plantas que se entregaron al censor el 20
de octubre de 2018, según consta en el acta denominada “Plan de
Compensación”, en cuyo campo de observaciones se estableció que “las plantas
son recibidas con satisfacción”.

102. Asimismo, la señora Yuli Beatriz Sánchez Hernández, bióloga de la Dirección
de Sanidad Vegetal en el Atlántico (contratista del ICA, para la época de los
hechos), encargada de hacer la vigilancia de las enfermedades por HLB, realizó
visita el 16 de agosto de 2018 y tomó las muestras para el análisis fitopatológico
en la finca “La Restauración”. En declaración juramentada practicada en
audiencia de pruebas63 celebrada el 16 de julio del 2025, manifestó que, durante

63 Audiencia de pruebas. Samai del Tribunal Administrativo del Atlántico. Índice 00050. Al respecto indicó:

“PREGUNTADO APODERADO DEL ICA: Señora Yuli, ¿usted conoce al señor Gabriel Ángel de la Rosa
Gutiérrez? CONTESTÓ: Sí, señor, lo conozco porque se le hizo una visita fitosanitaria del ICA. PREGUNTADO
APODERADO DEL ICA: ¿cuál fue la razón de esa visita? CONTESTÓ: Resulta que para ese año había una
experiencia con la enfermedad de los cítricos que se llama HLB. Había que tratar de abarcar todo el
Departamento del Atlántico y yo era la encargada de hacer esas visitas de vigilancia. Entonces llegué a la zona
donde él estaba con su cultivo o su finca y ya yo había ido a varias fincas, entonces era una visita rigurosa, se
tenía mucho cuidado, se inspeccionaban todas las plantas y cuando yo entré a su finca porque me tocó su zona
yo empecé a vigilar las plantas y encontré el insecto vector inicialmente, entonces en ese momento o en esa
época para el ICA había una situación bastante tediosa con la enfermedad y con emergencia y teníamos un
protocolo que era primero se tomaba el vector que transmitía la enfermedad y posiblemente se volvía a la finca
a tomar un tejido vegetal, yo encontré el insecto vector, pero también visualmente, veía que las planta estaban
un poco con síntomas de la enfermedad, claramente, pero yo no podía decirle si es positivo, si es negativo, yo
hablé con él, le dije, vea, yo inicialmente me voy a llevar el psílido, o sea, el insecto para que el ICA emita una
prueba de laboratorio y que esa prueba dura más de 15 días hábiles en salir el resultado antes no se puede
hacer nada, no se puede erradicar, no se puede, y si el ICA me aprueba pues yo vengo y tomo una prueba de
tejido vegetal para un segundo laboratorio de confirmatoria. Yo hablé con él, le expliqué los protocolos, le dije,
mire, en mi casa haciendo esto porque tenemos una emergencia, evidentemente la planta sería muy afectada.
Él me contaba que las plantas tenían más de 40 años de vida y que pues ya se veían bastante deterioradas.
Yo me traje la prueba para el laboratorio y días después me enteré que por medio de un convenio que tenía el
ICA, él había decidido radicar, pero a él sí se le dijo que tenía que esperar el resultado del ICA, entonces resulta
que pueda que yo haya tomado insectos que acababan de llegar a la finca por fincas vecinas, o sea y el insecto

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Demandante: Gabriel Ángel de la Rosa Gutiérrez
Demandado: Nación –Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y otro
Referencia: Reparación directa

la visita practicada el 16 de agosto de 2018 informó al señor Gabriel Ángel de la
Rosa Gutiérrez el procedimiento previsto para la detección de HLB (lo cual
guarda relación con el acta de visita n.°2). Según explicó, luego de identificar la
presencia del insecto vector Diaphorina citri y advertir síntomas compatibles con
la enfermedad, le indicó expresamente que era necesario esperar el resultado
del análisis de laboratorio y que, hasta tanto no se contara con dicho reporte, no
podía adelantarse ninguna erradicación.

103. Lo anterior permite concluir, en primera medida, que el demandante conocía
que la eliminación de los árboles se encontraba supeditada a la previa obtención
de un diagnóstico fitosanitario y que, para ese momento (fecha de la
erradicación), tal requisito aún no se encontraba satisfecho. De manera que la
solicitud y autorización del 5 de septiembre de 2018 no estuvo fundada en una
premisa fáctica inexacta, sino que el actor, de manera plena y consciente, solicitó
realizar dicha actuación con el conocimiento de que debía estar precedida de un
resultado positivo que, para ese momento, no existía.

104. A sabiendas de lo anterior, el demandante decidió solicitar la erradicación de
los árboles sin aguardar la confirmación diagnóstica. Se trató, por tanto, de una
determinación adoptada de manera autónoma, orientada a salvaguardar su
propio interés económico, y no de una medida impuesta por la Administración
en contra de su voluntad.

105. Esta circunstancia resulta determinante para establecer el carácter
antijurídico del detrimento. Quien solicita la intervención de su propio cultivo con
el propósito de evitar que una eventual afectación fitosanitaria se extienda y
comprometa la totalidad de la producción, aun con conocimiento de que el
diagnóstico positivo todavía no había sido confirmado, asume las consecuencias
que puedan derivarse de esa decisión. El menoscabo ocasionado por la
erradicación, en esas condiciones, no constituye una carga que le haya sido
impuesta unilateralmente por el Estado, sino el resultado de una medida que él
mismo promovió y autorizó como mecanismo para proteger su interés
económico.

106. En consecuencia, el detrimento patrimonial derivado de la erradicación
solicitada por el demandante constituye una carga que el actor estaba
jurídicamente obligado a soportar, pues tuvo origen en una decisión propia,
adoptada de manera consciente y en resguardo de su pecunio. Por esta razón,
no se configura, en el sub lite, el carácter antijurídico del daño y no le asiste
razón al apelante respecto del yerro que endilgó al a quo.

107. A lo anterior se suma que el libelista decidió acogerse al esquema de
compensación previsto dentro de las actividades desarrolladas en el marco del

salió como negativo, pero yo o sea, en mi experiencia sí que las plantas estaban bastante afectadas y había
decidido que saliera el resultado del insecto para después ir a tomar otra muestra, pero mientras hacían el
proceso del examen el señor decidió erradicar por medio de un convenio que estaba también en la zona porque
ya teníamos predio confirmados y ellos previo confirmado con el positivo, ellos iban y hablaban con el propietario
para el si le erradicaban y le reemplazaban los árboles, pero entonces él decidió erradicar antes de que saliera
el laboratorio, y hasta donde tengo entendido con ese convenio, a las personas se les explicaba también todo
el protocolo y les hacían firmar actas donde ellos sí accedían al convenio y no había un solo predio donde no
se tuviera el acta firmada por el propietario, entonces eso fue lo que pasó, que el señor decidió erradicar antes
de que llegara los resultados del laboratorio”.

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Convenio de Asociación n.º 007 de 2018. En el documento denominado “Plan
de Compensación” del 20 de octubre de 2018, dejó constancia de haber recibido
dicho material vegetal a satisfacción. La aceptación de tales beneficios
constituye un elemento adicional que demuestra no solo el conocimiento de la
intervención proyectada, sino también su adhesión voluntaria al programa
implementado para la sustitución de los cultivos objeto de erradicación y los
beneficios que le representaban.

108. Aunado a lo anterior, es dable colegir que la selección anticipada de las
especies de reemplazo, plasmada en la “planilla de caracterización” (suscrita el
mismo día de la solicitud de erradicación), revela que la eliminación de los
árboles se insertó, desde su origen, en un esquema planificado de sustitución
productiva y no en una intervención ajena a la voluntad del productor. Esta
circunstancia refuerza el carácter consentido de la actuación y, con ello, la
conclusión de que el perjuicio alegado no subsistió ni se extendió.

109. Por otra parte, la recepción material de las 350 plantas de reemplazo,
verificada el 20 de octubre de 2018 y aceptada por el demandante sin reparo
alguno, según consta en el documento “plan de compensación”", en cuyo campo
de observaciones -se itera- se dejó constancia de que “las plantas son recibidas
con satisfacción”, permite inferir que el detrimento alegado, de haber existido,
fue objeto de una contraprestación aceptada voluntariamente por su titular. A
ello se suma que el propio actor omitió toda referencia a dicha compensación
tanto en el escrito de demanda como en los alegatos de conclusión y en el
recurso de apelación. Por consiguiente, no existe elemento que permita concluir
que, pese a haber aceptado el esquema de sustitución, subsistiera un detrimento
que, en las condiciones particulares del caso, el demandante no estuviera
jurídicamente obligado a soportar.

110. Lo anterior se contrasta con lo declarado por el propio actor en el
interrogatorio de parte rendido, quien confirmó haber recibido árboles en
compensación, aunque manifestó no recordar su cantidad ni la capacidad de
producción de las plantas entregadas:

"(…) PREGUNTADO: Recuerda qué especie o qué tipo de frutales fueron las que le
entregaron en compensación a la erradicación que se hizo en su predio? CONTESTÓ:
unos palos pequeñitos de guanábana y mango. PREGUNTADO: ¿Informe a este
despacho cuál ha sido la capacidad de producción de las plantas, que fueron
entregadas por parte de CORSODIMARP una vez se hizo la erradicación? CONTESTÓ:
No, no, no le no le llevo ese ese ese dato porque, no se lo llevo. Todavía están ahí que,
que están apenas ahí comenzando. (…) PREGUNTADO: Usted indicó que recibió como
reemplazo de la corta de esos árboles de limón sembradíos de palo de mango y de
Guanábana, cuántos le fueron entregados para su cultivo? CONTESTÓ: doctora de
verdad no recuerdo, no sé cuánto. Yo no recuerdo cuánto me entregaron. (…)".

111. En consecuencia, tanto la autorización expresa otorgada por el demandante
para la erradicación de los árboles, como su adhesión voluntaria al esquema de
compensación pactado (documentada en el "Plan de Compensación" y
corroborada por su propio dicho en el interrogatorio de parte), confluyen en una
conclusión: el detrimento patrimonial reclamado constituye una carga que el
actor estaba jurídicamente obligado a soportar. Por esta razón, no se configura,
en el sub lite, el carácter antijurídico del daño.

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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00421-01 (74208)
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112. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala precisa que la anuencia del demandante
no se examina en sede de conducta de la víctima ni de imputación, sino de
antijuridicidad, comoquiera que lo que aquí se dilucida no es una concausa que
module la responsabilidad, sino la existencia misma de la antijuridicidad del daño
desde su origen.

113. Corolario de lo expuesto, no resulta procedente avanzar en el examen de
una eventual imputación, comoquiera que, conforme se precisó, la falta de
configuración de este elemento estructural (el daño antijurídico) releva al
juzgador de continuar con el estudio de los presupuestos subsiguientes de la
responsabilidad patrimonial del Estado.

114. En consecuencia, los problemas jurídicos planteados se despacharán
desfavorablemente. Sobre el primero, la Sala encuentra que, de acuerdo con lo
concluido por el juez de primera instancia, el demandante se encontraba en el
deber jurídico de soportar el detrimento derivado de la erradicación por él
solicitada y autorizada, de manera que la censura no está llamada a prosperar.
El segundo, por su parte, presupone que la imputación puede examinarse con
independencia de la antijuridicidad del daño; no obstante, al no estar demostrado
este último elemento, tampoco resulta posible avanzar hacia el estudio de su
imputación a las entidades demandadas, de suerte que la alegada irregularidad
en el trámite del procedimiento fitosanitario carece de relevancia para efectos de
la responsabilidad patrimonial reclamada. Por lo anterior, se confirma este
aspecto de la decisión, por las razones expuestas, lo que impone confirmar la
sentencia del a quo que desestimó las pretensiones.

Condena en costas

115. De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, la
liquidación y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del
Código de Procedimiento Civil –actualmente CGP–. Asimismo, según lo
determinado en el numeral 1 del artículo 365 del CGP, se impondrán a la parte
vencida en el proceso.

116. Por las particularidades del caso, considerando que el fallo será modificado,
no resulta aplicable la hipótesis contemplada en el numeral 4 del artículo 365 del
CGP. Así, solo se condenará al demandante en costas de segundo grado,
teniendo en cuenta que el recurso del demandante resultó desfavorable respecto
de las pretensiones.

117. El Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura, define en el artículo segundo que, para la fijación de
las agencias en derecho, se debe tener en cuenta “la calidad y la duración de la
gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía
del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con
dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada”, sin que en
ningún caso se puedan desconocer los rangos de las tarifas mínimas y máximas
señaladas por su artículo 5, el cual, para los asuntos declarativos de segunda
instancia, establece una tarifa mínima de un (1) SMLMV y una máxima de (6)
SMLMV.

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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00421-01 (74208)
Demandante: Gabriel Ángel de la Rosa Gutiérrez
Demandado: Nación –Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y otro
Referencia: Reparación directa

118. Considerando que la causación de agencias en derecho se encuentra
acreditada en esta instancia respecto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y Seguros del Estado S.A., quienes intervinieron para oponerse al recurso
de apelación formulado por el actor, la Sala fija, a cargo de Gabriel Ángel de la
Rosa Gutiérrez, por ese concepto, el equivalente a un (1) salario mínimo legal
mensual vigente a la fecha de ejecutoria de la presente providencia, en favor de
aquellos, dividido en partes iguales. La liquidación de las costas se debe
adelantar en el Tribunal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.

119. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 26 de septiembre de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, cuya parte resolutiva queda así:

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva de la Nación -Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

TERCERO: SIN CONDENA EN COSTAS en esta instancia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante.
Como agencias en derecho a favor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
y Seguros del Estado S.A., se fija el equivalente a un (1) salario mínimo legal
mensual vigente a la fecha de ejecutoria del presente fallo en favor de dichos sujetos
y dividido en partes iguales. Las costas se liquidarán por el Tribunal a quo.

TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una
vez ejecutoriada esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Con aclaración de voto

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en
el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.

VF

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