Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2019-00702-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-33-000-2019-00702-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2019-00702-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 68001-23-33-000-2019-00702-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
13 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 68001-23-33-000-2019-00702-01 (69.457)
Actor: José Uldarico Castillo Aguilar
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otro
Referencia: Reparación directa
Temas: MEDIO DE CONTROL PROCEDENTE - Al detenerse en el análisis de las
pretensiones de cara a la causa en la que se sustentaron, se observa que en la demanda
confluyen pretensiones de distinta naturaleza / NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO - Mecanismo idóneo cuando el daño se deriva de actos administrativos que se
consideran ilegales – NATURALEZA JURÍDICA DE LAS DECISIONES PROFERIDAS EN
EL MARCO DE UN PROCESO POLICIVO – Por regla general tienen la connotación de
decisiones judiciales frente a las cuales no procede control de legalidad / PROTECCIÓN Y
RECUPERACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO Y BIENES FISCALES – La autoridad
policiva no actúa como un tercero frente a la parte querellada; de modo que esas
decisiones, al erigirse en una prerrogativa del poder público, detentan un evidente carácter
administrativo, cuyo control le corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho /
TÉRMINO DE CADUCIDAD - Es de 4 meses contados a partir del día siguiente al de la
comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso /
MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL MARCO DE
PROCEDIMIENTOS DE DESALOJO POR OCUPACIÓN DE HECHO DE BIENES
PÚBLICOS – reiteración de jurisprudencia constitucional / DAÑO ANTIJURÍDICO – El
Estado no está llamado a reparar los daños cuya fuente de indemnización sea
inconstitucional, ilegal o contraria al principio de buena fe.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, a través
de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
Se solicita la indemnización de los perjuicios causados con ocasión del desalojo de
un predio del cual era ocupante el actor y la destrucción de los bienes que allí había.
I. SENTENCIA APELADA
1. Corresponde a la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda instaurada el 26 de septiembre de 20191 por el señor José Uldarico
Castillo Aguilar contra el Distrito Especial de Barrancabermeja2 y la Empresa de
Desarrollo Urbano de Barrancabermeja -en adelante EDUBA-, por “la destrucción
y demolición” de los bienes y mejoras existentes en la parcela conocida como “La
Estrella”, ubicada dentro de un predio de mayor extensión denominado “La Puerta”,
en hechos ocurridos el 27 de septiembre de 2017. Esta sentencia definió la
1 SAMAI: Expediente digital: 0001Caratula y 0000FormatoIndiceElectronico.
2 Mediante Decreto 043 del 16 de enero de 2019, se le otorgó la categoría de distrito especial, portuario,
biodiverso, industrial y turístico.
1
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00702-01 (69.457)
Actor: José Uldarico Castillo Aguilar
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otros
Referencia: Reparación directa
demanda cuyas pretensiones, hechos y fundamentos de derecho, son las
siguientes.
2. Solicitó el demandante el reconocimiento de perjuicios materiales en las
modalidades de daño emergente y lucro cesante. Por el primer concepto pidió la
suma de $564'086.678, correspondiente al valor de los bienes y mejoras destruidas,
y a título de lucro cesante, deprecó la suma de $475'890.000, referente a la
producción de peces, cultivos y ganado, actividades que se truncaron con el
desalojo.
3. Como soporte fáctico de las pretensiones se indicó que José Uldarico Castillo
Aguilar compró la posesión y las mejoras de la parcela que nombró “La Estrella”,
ubicada en la vereda Ciénaga Brava –Barrancabermeja–, en la cual ejercía
actividades de ganadería, agricultura, porcicultura y piscicultura. El 27 de
septiembre de 2017, la Inspección de Policía Urbana de ese municipio lo desalojó
y desplazó en un plan concertado con el alcalde de Barrancabermeja y el gerente
de la EDUBA, sin indemnizarlo por los daños y perjuicios causados.
4. Sostuvo que el exgerente de la EDUBA radicó una queja el 9 de marzo de 2017
ante la Inspección de Policía Urbana del mencionado municipio, en la que expuso
“una serie de falacias” con el propósito de desalojarlo de su parcela. Al día siguiente
la inspectora avocó conocimiento y dio inicio al procedimiento verbal abreviado
establecido en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, el cual calificó de fraudulento,
ilegal y antijurídico, pues mediante proveído del 17 de abril de 2017 decretó el
desalojo del inmueble, a pesar de que probó que le estaban siendo vulnerados
varios derechos.
5. A través de Resolución 1450 del 1° de junio de 2017, el alcalde de
Barrancabermeja la confirmó en sede de apelación, por lo que en la diligencia de
desalojo llevada a cabo el 27 de septiembre de 2017 procedieron a destruir la
vivienda, los cultivos, los árboles, el pasto, las cercas, los estanques piscícolas y
otras mejoras que se encontraban en el predio, sin “el lleno de los requisitos
formales”, desconociendo que el Estado estaba obligado a garantizarle medidas de
protección y toda la oferta institucional, teniendo en cuenta su calidad de víctima
del conflicto armado, pues hacía más de 25 años -con la sumatoria de posesiones-
ejercía la posesión sobre el inmueble, lo explotaba con ánimo de señor y dueño, y
varias entidades como la Corporación Autónoma Regional de Santander, la
Agencia Nacional de Tierras y administraciones anteriores, lo habían reconocido
como propietario de esa parcela; indicó que desde 2007 pagaba los
correspondientes impuestos.
6. Con fundamento en lo anterior, adujo que los daños causados por parte del
Distrito de Barrancabermeja y la EDUBA, a través de la inspección de policía, eran
imputables a título de falla del servicio, dada la “omisión” del Estado en el
cumplimiento de sus deberes consistentes en suministrar toda la oferta institucional
y garantizar la protección de sus derechos y los de su familia3.
3 SAMAI: Expediente digital: 0003Demanda.
2
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00702-01 (69.457)
Actor: José Uldarico Castillo Aguilar
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otros
Referencia: Reparación directa
La defensa
7. El Distrito de Barrancabermeja se opuso a las pretensiones de la demanda,
para lo cual formuló las siguientes excepciones:
(i) indebida escogencia del medio de control y caducidad, toda vez que la fuente
del daño alegado era la decisión adoptada por la Inspección de Policía Urbana,
confirmada por el alcalde municipal mediante Resolución 1450 del 1º de junio
de 2017, que ordenó el desalojo, cuyo análisis de legalidad debía ser realizado
a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Como
este último acto quedó en firme el 3 de agosto de ese año y la demanda se
presentó en el 2019, resultaba evidente que fue instaurada por fuera de los 4
meses que otorgó la ley para el efecto;
(ii) “legalidad del proceso adelantado por la autoridad policiva – recuperación
del bien fiscal”, en tanto se realizó con pleno apego a la normatividad vigente
en la materia, respetando los principios de legalidad y el debido proceso, al
tiempo que se le proporcionaron al señor Castillo Aguilar los medios necesarios
para restablecer sus derechos, lo cual se materializó con la entrega de un
apartamento de interés social en el proyecto denominado Colinas del Norte y
la oferta de pago de las mejoras estructurales y de explotación agrícola
conforme al avalúo realizado por la Unidad Municipal de Asistencia Técnica
Agropecuaria, la cual fue rechazada por el aquí demandante, situación que
también acreditaba la ausencia de un daño antijurídico.
(iii) prevalencia del interés general sobre el particular, puesto que el lote “La
Puerta” era un bien fiscal que hacía parte de los predios sobre los cuales se iba
a desarrollar el proyecto de construcción de vivienda de interés social
denominado “Ciudadela Centenario”, programa que se estableció en el Plan de
Desarrollo del Distrito;
(iv) hecho determinante de la víctima, ya que tenía conocimiento de que se
encontraba ocupando de manera irregular un bien fiscal y a sabiendas de ello
construyó y continuó con su ocupación y explotación;
(v) inexistencia de los perjuicios pretendidos, por cuanto el señor Castillo
Aguilar ya había sido compensado; además, el dictamen pericial por él aportado
no cumplía con los requisitos de firmeza y precisión, era desproporcionado y
no estaba acompañado de pruebas que demostraran la efectiva realización de
las mejoras y su titularidad4.
8.La EDUBA pidió negar las súplicas de la demanda y en su defensa propuso las
excepciones que denominó:
(i) falta de legitimación en la causa por pasiva, falta de plena prueba y de nexo
causal, ya que según el actor los daños imputados fueron causados “a través
de la Inspección Segunda de Policía Urbana”; sin embargo, la EDUBA no
actuaba por interpuesta persona y cada entidad estaba llamada a responder
por los hechos u omisiones generados por sus agentes, pues tenían personería
4 SAMAI: Expediente digital: “0015MemorialContestaciónBarrancabermejaAnexos”.
3
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00702-01 (69.457)
Actor: José Uldarico Castillo Aguilar
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otros
Referencia: Reparación directa
jurídica y funciones propias. Sostuvo que accionó ante la autoridad policiva
para proteger los derechos que le estaban siendo desconocidos, para lo cual
probó de manera contundente que era propietaria del inmueble, al lado de lo
cual adujo que si eventualmente existieron errores en el proceso policivo ello
era responsabilidad exclusiva de las autoridades que lo adelantaron;
(ii) las actuaciones realizadas por EDUBA fueron legales, pues en cumplimiento
de su misión institucional le correspondía preservar los bienes fiscales que
estaban a su nombre; además, al momento de la diligencia del amparo
posesorio, el aquí accionante con ánimo conciliatorio manifestó su intención de
no ejercer oposición y acogerse a la oferta realizada por el comité de
conciliación, consistente en la adjudicación de una vivienda de interés social
para él y su núcleo familiar.
(iii) no estar probado el daño, toda vez que presentó un avalúo de las mejoras
que aparentemente existían en el predio, el cual no correspondía con la realidad
y fue tachado de falso;
(iv) compensación del daño alegado, en tanto que durante la actuación policiva
se ofreció y adjudicó al señor Castillo Aguilar una unidad de vivienda de interés
social nueva tipo apartamento por parte de la EDUBA, que fue entregada
mediante Resolución 266 de 2017 y acta de entrega del 3 de noviembre del
mismo año, la cual se encontraba bajo su uso y goce. Agregó que operó la cosa
juzgada, pues el caso ya había sido decidido en un proceso judicial adelantado
ante la Inspección Urbana de Policía;
(v) culpa exclusiva de la víctima, bajo los mismos argumentos esbozados por
el ente territorial5.
9. Resueltas las excepciones “previas” propuestas6 y surtido el debate
probatorio7, al alegar de conclusión, la parte actora manifestó que las demandadas
5 SAMAI: Expediente digital: “0011MemorialContestaciónDemandaEdivisb”.
6 Mediante auto del 21 de junio de 2021, el Tribunal declaró no probada la excepción “de habérsele dado a la
demanda el trámite de un procedimiento diferente al que corresponde”, por considerar que el medio de control
procedente en este caso era el de reparación directa y no el de nulidad y restablecimiento del derecho, toda
vez que las decisiones proferidas dentro del proceso policivo no constituyen actos administrativos; por tanto,
no son susceptibles de control judicial y en ese sentido sostuvo que la pretensión de la parte actora se dirigía
a obtener la reparación del daño causado con ocasión de la operación administrativa concretada con el desalojo
del inmueble. SAMAI: Expediente digital: 0026AutoDecideExcepcionesPrevias.
7 En la audiencia inicial llevada a cabo el 30 de noviembre de 2021, el Tribunal a quo decretó las siguientes
pruebas documentales: 1. Cd que contiene el archivo fotográfico de los daños causados a la finca “LA
ESTRELLA” el 27 de septiembre de 2017. 2. Copia de la querella policiva interpuesta el 9 de marzo de 2017
por el exgerente de la EDUBA. 3. Copia del acta de la audiencia pública que se adelantó en el proceso policivo
005-2017. 4. Copia de la Resolución 1450 del 1 de junio de 2017 expedida por el alcalde de Barrancabermeja,
por medio de la cual se confirma la orden de desalojo. 5. Oficio en el que se señala fecha y hora para el
desalojo. 6. Acta de desalojo del 27 de septiembre de 2017. 7. Certificado expedido por la Unidad de Víctimas
que constata que el señor José Uldarico Castillo Aguilar fue víctima de desplazamiento forzado el 13 de febrero
de 2001. 8. Copia de la denuncia instaurada por José Uldarico Castillo Aguilar ante la Fiscalía y Procuraduría
General de la Nación y la oficina de la Transparencia, por el desalojo y desplazamiento forzado del que fue
víctima José Uldarico Castillo Aguilar. 9. Escrituras públicas No. 405 de 1923, 274 de 1924, 77 de 1952 (con
comentarios), 4457 de 1990, 0250 de 2000 (dación en pago), 3458 de 2012, 0321 de 2015 y 1716 del 18 de
octubre de 2016. 10. Resolución 391 de marzo de 2017, proferida por la Agencia Nacional de Tierras
(revocatoria directa en favor de EDUBA). 12. Decreto Municipal 294 del 7 de diciembre de 2015, por medio del
cual se ajusta el plan de ordenamiento territorial del Municipio de Barrancabermeja en el marco del artículo 91
de la Ley 1753 de 2015 que modificó el artículo 47 de la Ley 1537 de 2012 y que incorporó al suelo urbano el
predio denominado “La Puerta”, identificado con matrícula inmobiliaria 303-81656 de propiedad de EDUBA y
Decreto Municipal 336. 13. Certificado de libertad y tradición que acredita la propiedad de la EDUBA sobre el
Lote 4 denominado “La Puerta”. 14. Certificación del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal,
donde se encuentra el proyecto denominado: “CIUDADELA CENTENARIA”, en el municipio de
4
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00702-01 (69.457)
Actor: José Uldarico Castillo Aguilar
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otros
Referencia: Reparación directa
desconocieron lo consignado en la escritura pública 250 del 9 de marzo de 2000 8,
literal H, que prescribía que el titular de esos predios debía legalizar la propiedad
de los particulares que lo estuvieran ocupando en los términos del artículo 58 de la
Ley 9 de 1989. Añadió que del proceso disciplinario IUS-2018-271853 IUC-D-2019-
1261216IUC-D-2019-1261216 se extraía que no existió una verdadera oferta
institucional por parte de las demandadas, puesto que no contaba con bases
jurídicas, el pago de las mejoras no tenía soportes financieros (CDP) y la obligación
allí contenida no era expresa, clara y exigible y, por ende, no contaba con las
debidas garantías constitucionales para las víctimas9.
10. El distrito10 y la EDUBA11 pidieron negar las pretensiones de la demanda, por
considerar que no estaban dados los elementos constitutivos de la responsabilidad
del Estado, para lo cual reiteraron los argumentos expuestos en la contestación de
la demanda. El Ministerio Público guardó silencio.
La decisión de primera instancia
11. El Tribunal Administrativo de Santander negó las súplicas de la demanda, para
lo cual señaló que no se acreditó la configuración de un daño antijurídico, toda vez
que el terreno objeto de la litis era de propiedad de la EDUBA, en virtud de la cesión
gratuita que en 2015 efectuó el municipio de Barrancabermeja con el propósito de
construir un proyecto de vivienda de interés social; de ahí que la EDUBA iniciara
una actuación policiva con el fin de preservar la tenencia y destinación del bien
inmueble, sin que el actor hubiese probado el ejercicio de acciones encaminadas
al reconocimiento y protección de la posesión.
12. Sobre la compensación por las mejoras, sostuvo que la EDUBA, en el marco
del procedimiento policivo, le brindó al actor alternativas para retribuirle
económicamente las afectaciones por el desalojo del predio; incluso realizó un
avalúo en el que se determinó el valor a reconocer por concepto de los cultivos. No
obstante, aquel optó por recibir únicamente el apartamento que se le adjudicó
dentro de la oferta institucional.
13. Con fundamento en lo anterior, concluyó que se acreditó que el actor conoció
y aceptó parcialmente las alternativas de compensación que le brindó la EDUBA, y
Barrancabermeja, Santander. 15. Resolución 266 del 2 de noviembre de 2017 y acta de entrega de fecha 3 de
noviembre de 2017. 16. Certificación de la administradora del Conjunto Torres Colinas del Norte, donde reside
José Uldarico Castillo Aguilar. 17. Comunicaciones enviadas por la EDUBA al demandante, solicitando
documentos para la elaboración de la respectiva escritura pública del bien inmueble entregado. 18. dirección
digital link tynyurl.com/exp-puerta que contiene los expedientes completos correspondientes a los cinco
procesos policivos adelantados ante la inspección de policía de Barrancabermeja procesos 005,006,007,008 y
009 incluido el del accionante. 19. Expediente completo del proceso policivo adelantado contra el señor José
Uldarico Castillo Aguilar, identificado bajo el No. 005 de 2017. Testimoniales: 1. Sandra Patricia Lezama Araujo.
2. Jhon Jairo Hernández. 3. Luis Antonio Ariza Tirado. 4. Luz Camacho. 5. María José Castillo Camacho. 6.
Andrés Augusto Casanova Guevara (testigo técnico) 7. Manuel José Herrera Motta (testigo técnico).
Interrogatorio de parte: José Uldarico Castillo Aguilar. Oficio: a la Procuraduría Provincial de
Barrancabermeja, para que remitiera copia digitalizada del proceso disciplinario sancionatorio tramitado bajo el
radicado IUS-2018-271853 IUC-D-2018-1261216 (SAMAI: Expediente digital: 0031FijaAudienciaPruebas).
8 Por medio de la cual el Ministerio de Defensa le entrego al municipio de Barrancabermeja unos terrenos en
dación en pago por una deuda de impuesto predial.
9 SAMAI: Expediente digital: 067 y 068AlegatosDemandante.
10 SAMAI: Expediente digital: 078AlegatosParteDemandada.
11 SAMAI: Expediente digital: 080AlegatosDemandado.
5
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00702-01 (69.457)
Actor: José Uldarico Castillo Aguilar
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otros
Referencia: Reparación directa
dos años después ejerció una acción de reparación directa alegando la causación
de un daño antijurídico que ya había sido reparado12.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
14. El demandante cuestionó la decisión del Tribunal, al considerar que efectuó una
errada valoración probatoria, pues omitió apreciar: (i) “la escritura de posesión” y
demás pruebas documentales aportadas en la demanda que acreditaban la
posesión y explotación de la parcela “La Estrella” desde años atrás, tales como el
proceso que se adelantaba ante la Agencia Nacional de Tierras para la adjudicación
de la propiedad y el “impuesto predial de la mejora” y, (ii) el expediente del proceso
disciplinario IUS-2018-271853 IUC-D-2019-1261216, que demostraba la
participación de la EDUBA y del Distrito de Barrancabermeja en la demolición de la
parcela “La Estrella”. Agregó que la oferta institucional “no fue real”, puesto que no
contaba con los certificados de destinación presupuestal y los soportes jurídicos ni
revestía las características de ser clara, expresa y exigible.
15. Sostuvo que una vez finalizado el proceso policivo de perturbación por
ocupación de hecho –que calificó como una vía de hecho–, la Inspectora de Policía
Urbana de Barrancabermeja le entregó la finca “La Estrella” a la EDUBA y ésta
“procedió de manera inmediata a la demolición y destrucción de las mejoras
existentes”, omitiendo brindarle protección por su condición de víctima de
desplazamiento forzado -artículo 3 de la Ley 1448 de 2011-, pues si bien en el acta
de desalojo “se dejó claro (sic) una oferta a los despojados”, por parte de EDUBA,
esto nunca se cumplió, ya que solo “se me entregó para vivir un apartamento el
cual quieren que firme para que sea descontado del pago de las mejoras”, cuando
éstas también debían ser reconocidas, de manera que las demandadas
incumplieron con la obligación de garantizar la oferta institucional en los términos
señalados por la Corte Constitucional –citó la sentencia T-636 de 2017–. Además,
cuestionó “la negativa” a reconocerle perjuicios morales13.
16. Como no se decretaron pruebas en segunda instancia, no hubo lugar a correr
traslado para alegar de conclusión en los términos previstos en el numeral 5 del
artículo 247 de la Ley 1437 de 201114. El Ministerio Público guardó silencio15.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
17. Previo a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, la Sala
estima necesario determinar el medio de control procedente con base en el
contenido y finalidad de las pretensiones y el objeto mismo de la demanda. Una vez
12 SAMAI: Expediente digital: 082SentenciaPrimeraInstancia.
13 Es del caso precisar que dichos perjuicios no fueron solicitados en la demanda.
14 Modificada por el artículo 67 de la Ley 2080 de 20212. Dado que el recurso de apelación se interpuso el 28
de noviembre de 2022, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones del CPACA con las reformas
introducidas por la Ley 2080 de 2021; ello, en atención a lo previsto en el artículo 86 de la misma norma. Artículo
247. “Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias
proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
“(…)
“5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos
por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar
traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez
(10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso” (negrilla
fuera del texto).
15 SAMAI: índice 9.
6
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00702-01 (69.457)
Actor: José Uldarico Castillo Aguilar
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otros
Referencia: Reparación directa
establecido el cauce procesal correspondiente, se procederá a verificar la
oportunidad de su ejercicio.
Lo pretendido por la parte demandante y la causa que lo sustenta
18. Sobre la base de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA–, se ha señalado que
la procedencia del medio de control se encuentra determinada por la fuente del
daño en que se fundamenta la causa petendi y ésta, a su vez, determina la técnica
apropiada para la formulación de las pretensiones y la oportunidad en el tiempo
para hacerlas valer por la vía jurisdiccional, circunstancia que excluye que esa
elección se encuentre reservada al arbitrio del demandante.
19. El artículo 171 ejusdem impone al juez el deber de examinar detalladamente el
libelo para descubrir la real voluntad del demandante y adecuar la demanda al
cauce procesal correspondiente, como expresión de la garantía del derecho de
acceso a la administración de justicia y la aplicación del principio iura novit curia,
de manera que se pueda resolver de fondo la controversia planteada, siempre y
cuando no se identifique algún supuesto que impida seguir conociendo del proceso,
como lo sería la caducidad de la acción.
20. La determinación del medio de control resulta de gran relevancia, debido a que
con esto se marca la pauta en la verificación del cumplimiento de los presupuestos
de la demanda y de la acción -requisito de procedibilidad, caducidad y formalidades
de la demanda- y, en general, establece la ritualidad con la que el juez y las partes
van a seguir el proceso.
21. Cuando se discute la legalidad de un acto administrativo y, como consecuencia
de ello se pretende la declaratoria de nulidad y la correspondiente indemnización
de perjuicios, el medio de control procedente será el de nulidad y restablecimiento
del derecho –art. 138 del CPACA–. Si lo pretendido es la reparación del daño por
un hecho (acción), una omisión o una operación administrativa, el idóneo será el de
reparación directa –art. 140 ibidem–.
22. Con el fin de esclarecer el origen del daño invocado y el medio de control
procedente, la Sala efectuará un análisis e interpretación sistemática de la
demanda, en armonía con lo expuesto en el recurso de apelación y las pruebas
allegadas al mismo.
23. En el escrito inicial, la parte actora formuló las siguientes pretensiones (se
transcribe de manera literal):
“DECLARACIONES Y CONDENAS
“PRIMERA: Declarar administrativa y solidariamente responsable al MUNICIPO DE
BARRANCABERMEJA… y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANCABERMEJA – EDUBA. Representada legalmente por LEONARDO
MANTILLA o quien haga sus veces de los daños antijurídicos acaecidos al señor JOSE
ULDARICO CASTILLO AGUILAR, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad
Barrancabermeja… con motivo de la destrucción y demolición ‘LA ESTRELLA’,
ubicada dentro del predio denominado ‘LA PUERTA’, ocurrido el día 27 de
septiembre de 2017”.
7
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00702-01 (69.457)
Actor: José Uldarico Castillo Aguilar
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otros
Referencia: Reparación directa
“SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior, se condene al MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA y la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRRANCABERMEJA - EDUBA O QUIEN HAGA SUS VECES a pagarle al señor
JOSE ULDARICO CASTILLO AGUILAR… los siguientes conceptos:
-PAGO DE INDEMNIZACION POR DAÑO MATERIAL (Daño emergente): -Elementos
destruidos.
• Casa de material destruida VEINTE MILLONES, QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO
MIL CIENTO SIETE PESOS ($20'564.107).
-PASILLO PORCHE: SIETE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS
($7'I25.000).
-OBRA NEGRA AMPLIADA: DIECISEIS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($16 066.875).
-OBRA NEGRA BAÑO: SETECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTITRES
PESOS M/CTE ($760.923).
-VIVIENDA OBREROS: SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTI NUEVE MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($7'629.236).
-ZONA DURA, LAVADERO, ALBERCA: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE. ($5'442.000).
-SANITARIO. TANQUE Y GARAJE: CATORCE MILLONES, QUINIENTOS DOCE MIL
PESOS M/CTE ($14'512.000).
COCHERA PARA CERDOS: CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CIENTO
SESENTA DOS PESOS M/CTE. (4702.162).
-EXCAVACION DE CINCO ESTANQUES PARA PECES: CUATROCIENTOS
TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE.
($438.705.000).
-OCHO HECTAREAS DE PASTO BRACHIARIA: TREINTA Y TRES MILLONES DE
PESOS ($33'000.000).
-CERCA VIVA: OCHO MILLONES DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
CINCO PESOS M/CTE. (8'019.375).
-CERCA DE ALAMBRE DE PUAS: SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL
PESOS M/CTE. (S7'560.000).
TOTAL DEL DAÑO EMERGENTE: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES
OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE.
($564'086.678)”.
“LUCRO CESANTE:
• LA PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE PECES: CIENTO VEINTITRES MILLONES,
QUINIENTOS VEINTICINCO MIL DE PESOS M/CTE. ($123.525.000).
• MADERABLES DE DIFERENTES ESPECIES: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN
MILLONES VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE. ($341.025.000).
-VACAS PARIDAS: OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS
M/CTE ($8'640.000). -CRIAS DE BOVINOS: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($2'700.000). TOTAL LUCRO CESANTE: CUATROCIENTOS
SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE.
($475'890.000). Indexados hasta el día en que efectivamente se cancelen los perjuicios
ocasionados al afectado”16 (negrilla fuera del texto).
24. De acuerdo con lo narrado en la demanda, en “un acto perverso y mal
intencionado” para despojar al señor José Uldarico Castillo de su parcela, el alcalde
del municipio de Barrancabermeja en asocio con la Secretaría de Gobierno, el
gerente de la EDUBA y la Inspectora Segunda de Policía Urbana de ese ente
territorial “conciertan un plan para atropellar y desplazar forzosamente de su
parcela a mi representado… junto con su familia”, sin indemnizar los daños y
perjuicios ocasionados.
16 SAMAI: Expediente digital: 0003Demanda.
8
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00702-01 (69.457)
Actor: José Uldarico Castillo Aguilar
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otros
Referencia: Reparación directa
25. Conforme lo demuestran los medios de convicción, el 9 de marzo de 2017, el
gerente de la EDUBA radicó una querella ante la Inspección de Ornato y Espacio
Público de Barrancabermeja para la “protección a bienes fiscales”, por cuanto una
parte del predio de propiedad de la entidad, denominado “La Puerta”17, ubicado en
la vereda Ciénaga Brava, estaba siendo ocupado de manera ilegal, presentaba
cerramientos con cercas de alambres, pozos para criaderos de cachamas, la
construcción de una vivienda y movimientos de tierra con retroexcavadoras, lo cual
impedía el desarrollo del proyecto de construcción de vivienda de interés social
denominado “Ciudadela Centenario”, el cual estaba destinado a 2.000 familias de
ese municipio.
26. Por medio de auto del 10 de marzo del mismo año, la Inspección de Ornato y
Espacio Público avocó el conocimiento del proceso verbal abreviado establecido
en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, al cual se le asignó el radicado 005-2017,
y ordenó citar al representante de la EDUBA (quejoso), al pretenso infractor y al
Personero Municipal, con el fin de llevar a cabo audiencia pública el 28 de marzo
de 201718. El 13 del mismo mes y año, el señor Castillo Aguilar compareció a la
Inspección de Policía Urbana a notificarse del citado auto y aportó la Resolución
4968 de 2015, expedida por el INCODER, por medio de la cual, entre otras cosas,
se ordenó “mediante acto administrativo la inscripción de la Resolución No. 0452
del 28 de agosto de 2012 por la cual se inicia el proceso de extinción de dominio
privado19 al predio denominado LA PUERTA O MATADERO, al folio de matrícula
inmobiliaria No. 303-81856, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Barrancabermeja”20.
27. A través de proveído del 21 de marzo de 2017 se decretó una diligencia de
inspección ocular21, decisión que fue notificada al aquí demandante en la misma
fecha de su expedición22. El 23 de marzo siguiente, la Inspectora de Policía,
acompañada de la Fuerza Pública y la Personería Municipal, se constituyó en
audiencia pública con el propósito de llevar a cabo la inspección ocular en el marco
de varios procesos de perturbación por ocupación de hecho en el lote de mayor
extensión denominado “La Puerta” (5 procesos), entre ellos el radicado bajo número
005-2017 -parcela conocida como “La Estrella” o Lote No. 4-; sin embargo, los
querellados “se opusieron y nos prohibieron el ingreso al inmueble”, por lo que se
17 Por medio de la Escritura Pública 250 del 9 de febrero de 2000, el Ministerio de Defensa entregó en dación
en pago a favor del municipio de Barrancabermeja -por concepto de impuesto predial- el predio denominado
“La Puerta”, conformado por cuatro lotes de gran tamaño que por su ubicación son considerados rurales y
urbanos. Por medio de la Resolución No. 509-12 la Curaduría Urbana de Barrancabermeja, autorizó la licencia
de subdivisión urbana respecto del referido predio, por lo que surgieron tres nuevos predios así: i) el primero
con área de 6 hectáreas más 755 metros cuadrados; ii) el segundo, con un área de 38 hectáreas y iii) el tercero
con un área de 122 hectáreas y 1.347 metros cuadrados. Posteriormente, mediante Escritura Pública No. 1716
de octubre de 2016, se dividió el lote No. 3, el cual fue cedido de manera gratuita por el municipio de
Barrancabermeja a EDUBE, tal como consta en la Escritura Pública No.0321 de 2015. Actos jurídicos
registrados en los folios de matrícula inmobiliaria No. 30357925, 303-81656, 303-81630. (SAMAI: Expediente
digital: 0012AnexosDemanda1 y 0015MemorialContestaciónBarrancabermejaAnexos, páginas 224 a 226).
18 SAMAI: Expediente digital: 0015MemorialContestaciónBarrancabermejaAnexos, páginas 67 y 68.
19 Ley 160 de 1994, “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino,
se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria
y se dictan otras disposiciones”. CAPÍTULO XI. EXTINCIÓN DEL DOMINIO SOBRE TIERRAS INCULTAS.
20 SAMAI: Expediente digital: 0015MemorialContestaciónBarrancabermejaAnexos, páginas 69 a 77.
21 De conformidad con lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016. SAMAI: Expediente
digital: 0015MemorialContestaciónBarrancabermejaAnexos, página 82.
22 SAMAI: Expediente digital: 0015MemorialContestaciónBarrancabermejaAnexos, página 83.
9
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00702-01 (69.457)
Actor: José Uldarico Castillo Aguilar
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otros
Referencia: Reparación directa
suspendió la diligencia “so pena de trasgredir derechos y garantías” y se aplazó
para que anexaran a los procesos las pruebas que consideraran pertinentes23.
28. El mismo día de la diligencia, mediante Oficio 0898-104, la Personera delegada
en lo Penal y Policivo de Barrancabermeja informó a la Inspectora de Ornato y
Espacio Público encargada de los mencionados procesos, que el señor Castillo
Aguilar era un sujeto de especial protección, por cuanto se encontraba reportado
dentro del sistema de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas -VIVANTO- como desplazado24. Así mismo se programó una nueva
diligencia para el 28 de marzo de 2017. El 27 del mismo mes y año, el señor Castillo
Aguilar presentó una solicitud para que se declarara la nulidad del proceso 005-
2017 y la caducidad de la acción policiva25.
29. El 28 de marzo de 2017 inició la audiencia pública programada. En el acta 26
quedó consignado que se aplazaba para el 4 de abril de 2017, en tanto que el señor
Castillo Aguilar solicitó “se sirva aplazar esta audiencia, teniendo en cuenta que mi
abogado no se hizo presente y de igual manera porque requiero allegar a este
expediente las pruebas que considero pertinentes pues no pude conseguirlas con
anterioridad, pese a haber venido a solicitarlas…”27.
30. El 4 de abril de 2017 se continuó con la diligencia, se escucharon los
argumentos de los comparecientes -quejoso y pretensos contraventores- y
presentaron las pruebas que tenían en su poder. Luego se les convocó a conciliar
y acordaron que la EDUBA debía presentar los tres avalúos faltantes para el
reconocimiento de mejoras a los ocupantes -ya se habían presentado para dos
procesos- y evaluar la posibilidad de otorgar vivienda a cada uno de ellos, dado que
eran personas que se encontraban en estado de vulnerabilidad, por lo que la
inspectora suspendió la diligencia y fijó su reanudación para el 17 de ese mismo
mes y año28.
31.En la fecha indicada se reanudó la audiencia pública dentro del expediente 005-
2017, en la cual se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:
(i) La EDUBA realizó una oferta de pago al señor José Uldarico Castillo Aguilar por
valor de $112’566.31129 a título de mejoras y producción, de acuerdo con el avalúo
comercial -arquitectónico y agrario- realizado por un perito avaluador y arquitecto30
23 SAMAI: Expediente digital: 0015MemorialContestaciónBarrancabermejaAnexos, páginas 84 y 85.
24 SAMAI: Expediente digital: 0015MemorialContestaciónBarrancabermejaAnexos, páginas 89 a 95.
25 Ibidem: páginas 97 a 102.
26 Que fue suscrita por el aquí demandante, el apoderado de la EDUBA, el Ministerio Público, la Inspectora y
un patrullero de la Policía.
27 SAMAI: Expediente digital: 0015MemorialContestaciónBarrancabermejaAnexos, página 105.
28 Ibidem: páginas 110 a 125.
29 Si bien en el acta no quedó consignado el valor de la oferta, pues ello quedó grabado en el audio, tal
información se extrae de los anexos de la audiencia y de un trámite de conciliación donde la EDUBA convocó
al aquí demandante y ofreció; “la cuantía total del ofrecimiento para el pago de las mejoras asciende a: CIENTO
DOCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS MCTE ($112.566.311)
que en razón a que el referido señor CASTILLO AGUILAR ya se le entregó una solución de vivienda, el valor
de esta será descontado del valor ofrecido como mejoras así: Valor de las mejoras ofrecida al convocado:
$112.566.311. Valor de la vivienda efectivamente entregada al convocado: $45.104.500. Valor definitivo de la
propuesta por parte de EDUBA: $ 67.461.811 (SAMAI: Expediente digital: 0004AnexosDemanda, páginas 90 y
91). Dicha oferta además fue remitida el 6 de abril de 2017 al apoderado del señor José Uldarico Castillo al
correo electrónico (SAMAI: Expediente digital: 0015MemorialContestaciónBarrancabermejaAnexos, páginas
160 y 161).
30 Ibidem: 130 a 136.
10
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00702-01 (69.457)
Actor: José Uldarico Castillo Aguilar
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otros
Referencia: Reparación directa
y el informe técnico de visita realizado por la Unidad Municipal de Asistencia
Técnica y Agropecuaria31, suma a la cual se le restaría el valor de $46’450.000
correspondiente al avalúo del apartamento que se propuso adjudicarle en el
conjunto Colinas del Norte, para un valor total de pago de mejoras de $67’461.811.
(ii) El apoderado del señor Castillo Aguilar rechazó la oferta del pago de mejoras
por “no cumplir con las expectativas” de su cliente.
(iii) La inspectora conductora del proceso realizó la valoración probatoria, frente a
lo cual, entre otras cosas, expuso a) que estaba claro que el predio objeto de litigio
era de propiedad de la EDUBA, dentro del cual se identificaba el lote 4; b) que
estaba registrado el proyecto de vivienda de interés social “Ciudadela Centenario”;
c) que el predio, además de ser un bien fiscal, se constituía como de interés social;
d) que, según la normativa, los particulares no podían exigir el reconocimiento de
derechos de propiedad en relación con el espacio público por su carácter
inalienable, imprescriptible e inembargable32.
31 En dicha visita, la entidad de carácter técnico estableció que en el predio no existe un renglón productivo
como tal, si no la siembra de plantas de palma de aceite, cítricos, cacao, plátano, aguacate y guanábanos entre
otras, de forma dispersa y sin ninguna aplicación agronómica. En ese momento la siembra del señor José
Uldarico Castillo Aguilar se valoró en $46’450.000 (Expediente digital:
0015MemorialContestaciónBarrancabermejaAnexos, página 139 a 159).
32 En el acta quedó consignado la siguiente información: “De las pruebas allegadas al expediente por el
demandante, se encuentra el folio de matrícula inmobiliaria No. 303-91866, de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Barrancabermeja, donde se observa claramente que el predio objeto de litigio
es de propiedad EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE
BARRANCABERMEJA, (EDUBA), quien tiene la legitimidad del derecho, y según escritura pública No. 1716
de fecha 18 de Octubre de 2016, se denota que el predio se denomina LA PUERTA, y se halla ubicado en el
perímetro urbano del municipio de Barrancabermeja, según anotación No. 7 del folio de matrícula No. 303-
91866, donde el inmueble se incorpora A SUELO URBANO… SE DIVIDE EN DOS (2) LOTES Así: (...) LOTE
No. 4. Cuenta con un área de 44 Hts + 7337 m2 que se alindera y amojona Así: (…) Del registro de instrumentos
públicos 303-91866 y visible en el folio 19 del expediente… al alinderar el lote No. 4, son los mismos que
aparecen el registro de instrumentos públicos con los cuales se alindera el LOTE No. 4… Así mismo es
pertinente resaltar, que el predio materia de la Litis, según los documentos aportados a la demanda por parte
de EDUBA, se observa una certificación de la Oficina Asesora de Planeación Municipal de
Barrancabermeja donde se evidencia que en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión
Municipal, se encuentra registrado el proyecto; ‘CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
DENOMINADO CIUDADELA CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER,
CENTRO ORIENTE’… y que el programa se encuentra enmarcado dentro del Plan de Desarrollo
‘BARRANCABERMEJA INCLUYENTE, HUMANA Y PRODUCTIVA 2016 – 2019’… Lo que denota que este
predio además de ser un bien fiscal como se expresó anteriormente, es un bien constituido de interés
social… Por otra parte ‘La normativa dispone que los particulares no pueden exigir el reconocimiento
de derechos de propiedad en relación con el espacio público, como quiera que se trata de un bien
inalienable, imprescriptible e inembargable’.
Por otra parte, la Ley 1801, en lo pertinente a caducidad y prescripción de las acciones policivas en el Art. 226,
establece que… Cuando se trate de hechos de perturbación de bienes de uso público, bienes fiscales, zonas
de reserva forestal, bienes de propiedad privada afectados al espacio público, bienes de las empresas de
servicios públicos, o bienes declarados de utilidad pública o de interés social, cultural, arquitectónico o
histórico, no existe caducidad de la acción policiva… al momento de entrar en vigencia la ley 1801 este
procedimiento aún no había sido puesto en conocimiento de autoridad de Policiva, pues la queja fue radicada
en esta Inspección el 9 de marzo de 2017 en vigencia de la ley 1801. Así las cosas, se debe tramitar por
este procedimiento establecido en el Art. 223 de la ley 1801… Así mismo el apoderado de la parte
demandante, anexa esta audiencia los avalúos arquitectónicos e informes técnicos agrícolas para la oferta al
señor JOSE ULDARICO CASTILLO, donde el despacho advierte la oferta de vivienda y reconocimiento
de mejoras y de explotación agropecuaria al ocupante del predio La Puerta, tal y como quedó leído por
el apoderado de EDUBA, al momento de allegarlos a esta audiencia y los cuales previamente se hallaban
en poder del demandado. Advirtiéndose así el cumplimiento del deber Constitucional y Legal que se debe
tener con las personas que deban ser desalojadas de un predio. De igual manera para certificar estos
ofrecimientos además de anexar los avalúos los conceptos técnicos, anexó el acta No. 001 del Comité de
Conciliación extrajudicial de EDUBA, donde autoriza la reubicación del ocupante de dicho predio,
vinculándolo al proyecto que en la Empresa en la actualidad posee o ejecuta sin ningún tipo de
contraprestación económica. (se destaca). Expediente digital:
0015MemorialContestaciónBarrancabermejaAnexos, página 126 a 129.
11
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00702-01 (69.457)
Actor: José Uldarico Castillo Aguilar
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otros
Referencia: Reparación directa
(iv) Con base en las anteriores consideraciones, la inspectora resolvió: a) declarar
al señor José Uldarico Castillo Aguilar infractor por comportamientos contrarios a la
posesión y mera tenencia de bien inmueble -Art. 77 Numerales 133, 334 y 535 de la
Ley 1801 de 2016-. b) Imponer las medidas correctivas establecidas en el numeral
1 y 5 del parágrafo del artículo 77 ibidem. c) Devolver la posesión o mera tenencia
a quien tiene el legítimo derecho sobre los bienes inmuebles de particulares,
baldíos, fiscales, de uso público, cuando hayan sido ocupados o perturbados por
vías de hecho. d) Imponer multa consistente en el pago de 16 salarios mínimos
diarios legales vigentes. e) Ordenar al infractor restituir el lote de terreno que venía
ocupando, previamente deshabitado y desocupado36. f) Consignar la suma de
$393.449 a favor del Tesoro municipal de Barrancabermeja. g) Dar cumplimiento a
lo ordenado en el término máximo de cinco días a partir de la ejecutoria de la
presente decisión. La decisión fue apelada por el apoderado del señor José
Uldarico Castillo37.
32. El recurso fue decidido por el alcalde de Barrancabermeja mediante Resolución
1450 del 1° de junio de 2017, en la que se resolvió: (i) confirmar la decisión del 17
de abril de 2017, expedida por la Inspectora de Policía Urbana y no acceder a la
nulidad del proceso teniendo en cuenta las razones expuestas; (ii) por Secretaría
notificar personalmente a los sujetos procesales la determinación tomada en esa
providencia, advirtiendo que contra la misma no procedía recurso alguno.
33. Al resolver el recurso, la Alcaldía hizo un recuento de los antecedentes, de las
pruebas allegadas y del proveído apelado, para pasar a indicar que el fundamento
del recurso de apelación se circunscribió a solicitar la nulidad, dado que existía un
proceso ante la Agencia Nacional de Tierras que perseguía la clarificación de la
propiedad y frente al cual no se encontraban culminadas todas sus etapas,
“configurándose una vía de hecho al ser violatoria de normas de índole nacional”.
Estas afirmaciones fueron desvirtuadas con las pruebas obrantes en el expediente
concluyéndose que de conformidad con el artículo 82 de la Constitución Política, el
Estado debía velar por la “integridad del espacio público y por su destinación al uso
común, el cual prevalece sobre el interés particular”38.
33 Perturbar, alterar o interrumpir la posesión o mera tenencia de un bien inmueble ocupándolo ilegalmente.
34 Instalar servicios públicos en inmueble que hayan sido ocupados ilegalmente.
35 Impedir el ingreso, uso y disfrute de la posesión o tenencia del inmueble al titular del derecho, siendo aplicable
para este caso.
36 “Que se halla contenido dentro del predio denominado LA PUERTA, Lote No. 4, alinderado así: NORTE: Del
punto 4 al punto 6 pasando por el punto 5 en longitud de 793,53 MTS con vía al relleno sanitario. ORIENTE:
Del punto 6 al punto 8 pasando por el punto 7 en longitud de 661,00 mts con el predio que es o fue de JULIO
GARCÍA. SUR: Del punto 8 al punto 10 pasando por el punto 9 en longitud de 1034,15 mts con antigua carrilera.
OCCIDENTE: Del punto 10 al punto 4 pasando por el 11 en longitud de 511,97 mts con el predio 3 de la misma
subdivisión”.
37 “Expediente digital: 0015MemorialContestaciónBarrancabermejaAnexos, páginas 126 a 129.
38 Así lo indicó: “(…) es claro que por estar bajo la tutela jurídica del Estado, los bienes de uso público y los
bienes fiscales son objeto de protección legal frente a eventos en los cuales los particulares pretendan
apropiarse de ellos. Conforme lo establece el artículo 82 de la Constitución Política, corresponde al estado velar
por la ‘integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés
particular’. Se trata en consecuencia de uno de los pilares y principios fundamentales de nuestro Estado Social
de Derecho, que da lugar a la prevalencia del interés general sobre el interés particular. Se trata de una facultad
que se desprende del ordenamiento constitucional comentado, que constituye una clara limitación de los
derechos de los particulares frente al manejo del espacio público y de los bienes de uso público. Zonas respecto
de las cuales la autoridad local puede exigir su cumplimiento de las normas de policía y materializar la
recuperación de esas zonas que le pertenecen a la comunidad en general”. Expediente digital:
0015MemorialContestaciónBarrancabermejaAnexos, páginas 171 a 182.
12
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00702-01 (69.457)
Actor: José Uldarico Castillo Aguilar
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otros
Referencia: Reparación directa
34. El 14 de julio de 2017, el señor Tiberio González Medina -asignado por la
alcaldía municipal- se dirigió al predio conocido como “La Puerta” o “Matadero”,
para hacer entrega al señor José Uldarico Castillo Aguilar del oficio de citación para
la notificación de la anterior resolución, donde fue atendido por él “ciudadano quien
se identificó como Uldarico Castillo Aguilar negándose a recibir y firmar el citado
oficio” 39; por manera que la secretaría de la alcaldía de Barrancabermeja procedió
a notificar dicha decisión por edicto del 31 de julio de 2017, el cual se desfijó el 2
de agosto del mismo año, por lo cual quedó en firme al día siguiente -3 de agosto
de 2017-, según constancia expedida por la secretaria del despacho 40.
35. El 5 de septiembre de 2017 se comunicó al señor José Uldarico Castillo y a su
apoderado que dada la ejecutoria de la Resolución 1450 del 1° de junio de 2017, el
27 de septiembre siguiente, a partir de las 7 am se realizaría la diligencia de
desalojo del predio “La Puerta”, sector Matadero, por lo que se le solicitó “se sirva
desalojar de manera voluntaria el predio que usted ocupa, antes de la fecha a objeto
de no ocasionarle molestias”41. Al mismo tiempo se le comunicó al gerente y al
apoderado de la EDUBA, a la Secretaría de Gobierno Municipal, al comandante del
Departamento de Policía del Magdalena Medio, al Personero Municipal, a la
directora del ICBF, al jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal y al
Secretario de Infraestructura, solicitando el acompañamiento en la diligencia de
desalojo42.
36. Obra en el expediente policivo 005-201 la notificación del fallo de tutela
proferido el 17 de abril de 2017 por el Juzgado Segundo Penal Municipal de
Barrancabermeja -radicado bajo número 2017-057-, que negó el amparo solicitado
por el señor Uldarico Castillo contra la Inspección de Policía de Ornato y Espacio
Público, el cual fue confirmado mediante sentencia del 5 de junio de 2017, dictada
por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Barrancabermeja43.
37. El 27 de septiembre de 2017 se llevó a cabo la diligencia de desalojo en el
marco del proceso 055-2017. Dentro del bien inmueble objeto de la litis se
encontraba el señor José Uldarico Castillo con el portón de acceso cerrado, el
despacho solicitó permiso para ingresar; sin embargo, se rehusó, por lo que siendo
las 5:30 pm se procedió a ingresar al lote rompiendo la respectiva cerradura. El
señor Castillo Aguilar manifestó estar inconforme con las decisiones y argumentó
que se le estaban violando sus derechos como víctima, ya que desde hacía 14 años
tenía la posesión de la parcela, frente a lo cual el apoderado de la EDUBA indicó
que ratificaba el ofrecimiento realizado en el proceso policivo. Por último, se llevó a
cabo “la desocupación y el desalojo” de la casa y del terreno, y se restituyó el
inmueble al representante de la EDUBA, quien manifestó recibirlo de conformidad44.
38. Conforme se extrae de la demanda y del recurso de apelación, la imputación
que realizó la parte actora en contra del Distrito de Barrancabermeja deviene de
las supuestas irregularidades que se suscitaron, en un primer momento, en el
39 Expediente digital: 0015MemorialContestaciónBarrancabermejaAnexos, páginas 189 a 191.
40 Ibidem, página 193.
41 Ibidem, páginas 194 a 197.
42 Ibidem: Páginas 198 a 206.
43 Ibidem: Páginas 207 y 208.
44 Expediente digital: 0015MemorialContestaciónBarrancabermejaAnexos, páginas 209 y 210.
13
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00702-01 (69.457)
Actor: José Uldarico Castillo Aguilar
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otros
Referencia: Reparación directa
marco del proceso policivo radicado bajo el número 005-2017, especialmente de
las decisiones allí adoptadas, pues según se indicó en la demanda (se trascribe de
manera literal):
“En un proceso fraudulento e ilegal y antijurídico el 17 de abril de 2017 la Inspectora
Segunda de Policía Urbana de Barrancabermeja decreta el desalojo a través de una
ACTA después de haber adelantado el proceso Policivo realizando varias audiencias
públicas en donde mi representado le advirtió la ilegalidad del procedimiento y se le
demostró con documentos los derechos que estaban siendo vulnerados a los
colonos entre ellos el desplazamiento forzado del que iban a ser víctimas mi
representado, sin embargo la Inspectora hizo caso omiso de las pruebas
presentadas y procedió a decretar el desalojo…
“Mi representado apeló la decisión de primera instancia y la Querella fue enviada a
segunda instancia para que resolviera el Alcalde Municipal Señor Darío Echeverry
Serrano, quien mediante ACTO ADMINISTRATIVO RESOLUCION 1450 del 1 de junio
de 2017 confirma el fallo de primera instancia y con este proceder da lugar al
desalojo quedando en firme a partir del día 27 de septiembre de 2017 día en que se
realiza el desalojo y desplazamiento forzado del que fue víctima representado, pese a
que en varias ocasiones les advirtió que era una persona desplazada, enferma y
que no tenía a donde ir con sus animales, sus pertenencias” 45 (se destaca).
39. Agregó que en la diligencia de desalojo los entes de control no se hicieron
presentes y “permitieron que se consumaran otros delitos”; además, sostuvo que
se debió aplicar la Ley 9 de 1989, modificada por la Ley 388 de 1997 -arts. 52 al
71- “y no haber aplicado el Código Nacional de Policía desfavorablemente con
retroactividad, tipificándose varios delitos” 46.
40. En el escrito contentivo del recurso de alzada sostuvo que las decisiones
adoptadas en el proceso policivo constituyeron vías de hecho y que la
responsabilidad que se atribuye al Distrito deriva de la Resolución 1450 de 2017,
que confirmó la decisión emitida por la Inspección de Policía de Barrancabermeja,
“que ordenó la entrega a EDUBA del predio materia del procedimiento policivo de
perturbación por ocupación de hecho”, y a raíz de ello lo desalojaron desconociendo
sus derechos47.
41. Luego se le atribuye responsabilidad a la EDUBA por la destrucción y
demolición de las mejoras realizadas en la parcela “La Estrella”, de la que era
“poseedor” hacía más de 14 años, pues, en un segundo momento, una vez
finalizado el proceso policivo de perturbación por ocupación de hecho, la Inspectora
de Policía Urbana de Barrancabermeja le entregó el predio a la referida entidad,
“llevándose al traste todas las mejoras objeto de reclamación por este medio de
control”, toda vez que procedió inmediatamente con su destrucción, desconociendo
su calidad de víctima de desplazamiento forzado y que por tal circunstancia debía
brindársele una oferta institucional seria, la cual incluía el pago de tales mejoras.
42. Así, al detenerse en el análisis de las pretensiones elevadas por la parte actora
y el relato de los hechos de cara a la causa en que se sustentaron, la Sala observa
que el cuestionamiento que hace el actor se dirige a enjuiciar el procedimiento
policivo que culminó con la expedición de la Resolución 1450 de 2017, la cual
45 Expediente digital: 0003Demanda, páginas 2 y 3.
46 Expediente digital: 0003Demanda, página 3.
47 SAMAI: Expediente digital: 083RecursoApelacion.
14
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00702-01 (69.457)
Actor: José Uldarico Castillo Aguilar
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otros
Referencia: Reparación directa
confirmó la decisión del 17 de abril del mismo año, ordenando su desalojo del
inmueble.
43. En consecuencia, teniendo en cuenta que el daño que invoca el actor devino
de la expedición de un acto administrativo, el medio de control procedente para
cuestionar su legalidad es el de nulidad y restablecimiento del derecho. Al mismo
tiempo, se observa que frente a la EDUBA el daño que se alega se concretó una
vez finalizado el proceso policivo y provino de una operación administrativa, de
modo que en el sub lite confluyen pretensiones de distinta naturaleza, conforme al
siguiente razonamiento.
Pretensiones dirigidas contra el Distrito Especial de Barrancabermeja en el
marco del proceso policivo
44. De acuerdo con lo anterior, aunque nominalmente se ejerció la acción de
reparación directa sobre la base de una supuesta falla del servicio y el Tribunal a
quo consideró que la pretensión se dirigía a obtener la reparación de un daño
causado con ocasión de una operación administrativa concretada con el desalojo
del inmueble, lo cierto es que del contenido de la demanda se infiere que en un
primer momento el actor cuestiona la legalidad de las decisiones dictadas en el
marco del proceso policivo, que fueron las que congregaron el cúmulo de las
actuaciones y decisiones propias del mismo, derivadas de lo que el actor reclama
como una afectación a su posesión y los supuestos derechos que tenía, toda vez
que el desalojo, la pérdida de la supuesta “posesión” y la vulneración de sus
derechos, derivaron de los actos administrativos previamente referidos.
45. El actor partió de la base de que dichas decisiones fueron el resultado de un
plan concertado entre la alcaldía municipal, la EDUBA y la Inspectora Segunda de
Policía Urbana para despojarlo de la posesión de la finca “La Estrella”, lo cual
encuadra en la causal de desviación de poder prevista en el artículo 137 del
CPACA48. Asimismo, calificó el proceso de fraudulento, ilegal y antijurídico, lo que
conllevó a dictar decisiones constitutivas de vías de hecho, por cuanto la inspectora
desconoció las pruebas allegadas al expediente y ordenó el desalojo, vulnerando
los derechos del querellado, disensos que se enmarcan en la causal genérica de
violación al ordenamiento jurídico49. Además, el actor alegó que el procedimiento
fue irregular por desconocer la normativa aplicable al caso.
46. En este contexto, las irregularidades endilgadas en el primer escenario al
Distrito de Barrancabermeja se aducen respecto de la actuación administrativa de
48 Tiene lugar cuando un acto administrativo que fue expedido por un órgano o autoridad competente y con las
formalidades debidas, en realidad persigue fines distintos a los que le ha fijado el ordenamiento jurídico y que
se presumen respecto de dicho acto. Esta causal de nulidad se da tanto cuando se persigue un fin espurio,
innoble o dañino como cuando se procura un fin altruista o benéfico para el Estado o la sociedad, pero que en
todo caso es distinto del autorizado o señalado por la norma pertinente. Ver, por ejemplo, Consejo de Estado,
Sección Primera, sentencia del 7 de junio de 2012, exp. 66001-23-31- 000-1998-00645-01.
49 Esta causal ha sido denominada por la doctrina como “genérica”, toda vez que las demás causales previstas
en el artículo 137 del CPACA -específicas- pueden estar comprendidas dentro de la violación de las normas
superiores en las que debería fundarse el acto administrativo, en tanto que aspectos como la competencia, el
procedimiento, los motivos y las finalidades del acto, están señaladas en preceptos de mayor jerarquía que
deben ser observados en su expedición. Sarria Olcos, Consuelo. Comentario al artículo 137 del CPACA, en:
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011 comentado y
concordado, 2.ª ed., José Luis Benavides (editor), Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, pp. 373-
374.
15
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00702-01 (69.457)
Actor: José Uldarico Castillo Aguilar
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otros
Referencia: Reparación directa
naturaleza policiva y a las decisiones que en ella se adoptaron, que concluyeron
con la diligencia de desalojo llevada a cabo el 27 de septiembre de 2017 –operación
administrativa–50, y que en términos del actor se proyectaron sobre su condición
legítima de poseedor por 14 años, la que asocia además a una condición reforzada
por ser sujeto de protección especial dada su condición de desplazado. En ese
sentido, como el daño que invoca la parte actora surge de la supuesta ilegalidad de
la Resolución 1450 del 1° de junio de 2017, que confirmó el acto proferido el 17 de
abril del mismo año, el medio de control procedente para cuestionar esa falencia
del proceso policivo y sus decisiones es el de nulidad y restablecimiento del
derecho.
47. Como sustento de lo anterior, resulta pertinente referirse a la naturaleza jurídica
de las decisiones proferidas dentro de un proceso policivo51, en tanto que la
jurisprudencia de esta Corporación ha calificado, por regla general, la función
policiva en el marco de los procedimientos de lanzamiento por ocupación de hecho
y/o perturbación a la posesión como de carácter jurisdiccional, así:
“Los juicios policivos tienen indudablemente, la naturaleza de judiciales. A esto se
debe que en el Código Contencioso Administrativo haya previsto que los actos
expedidos en los juicios civiles de policía, entre otros, no son objeto de control ante la
justicia de lo Contencioso Administrativa. En diversas oportunidades la Sala se ha
pronunciado sobre el carácter judicial de los juicios civiles de policía y
especialmente sobre el amparo policivo posesorio; ha diferenciado entre la función
propiamente administrativa desarrollada en materia de policía y la función judicial
ejercida por tales autoridades. De lo anterior resulta importante resaltar, desde otro
punto de vista, que la mayoría de las actuaciones de autoridades administrativas de
policía sí son objeto de control de esta jurisdicción, salvo como ya se explicó cuando
esas autoridades actúan en función judicial. En esos dos sentidos la Sección Primera
de esta Corporación resaltó, en auto proferido el día 29 de marzo de 1996, que unos
son los actos administrativos de las autoridades de policía y otros son los actos judiciales
de esas mismas autoridades. Indicó que los actos administrativos de las autoridades
de policía son los tendientes a la preservación del orden, la tranquilidad, la
seguridad, la salubridad y las condiciones económicas de convivencia social, los
cuales por su naturaleza están sujetos al control judicial de la jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo. Respecto al segundo tipo de actos, los judiciales de
las autoridades de policía, señaló que se diferencian totalmente de los anteriores,
por cuanto se expiden en función judicial y para dirimir un conflicto”52 (se destaca).
50 “La jurisprudencia consolidada de la Sala es clara en distinguir los actos administrativos –cuyo contencioso
corresponde por regla general al de las nulidades, en la medida en que se discuta su legalidad– de las medidas
de ejecución de esos actos administrativos, las cuales se enmarcan en la definición de operación administrativa
–siendo el cauce procesal adecuado para conocer de esos litigios, la acción, ahora medio de control, de
reparación directa–, permitiéndose acudir a la acción de reparación directa en aquellos casos en que se
haya ejecutado el acto administrativo antes de su notificación, con prescindencia de ella o cuando se
notificó indebidamente. Así, lo que se entiende por vía de hecho debe ser enmarcada ya sea en la producción
del acto administrativo, cuyo análisis se realiza en sede de las acciones de nulidad, o en su ejecución,
correspondiéndole el cauce procesal de la reparación directa” (se resalta). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de enero de 2015, exp. 31.612. C.P. Hernán
Andrade Rincón (E).
51 Son juicios de policía los que “buscan dirimir conflictos inter-partes, relacionados ordinariamente con el
derecho de propiedad, tal como se observa en los amparos posesorios o de marcas y patentes. Juicios
ordinariamente de carácter preventivo que buscan de manera expedita mantener el statu quo hasta que el juez
propio desate el conflicto en forma definitiva”. BETANCUR JARAMILLO, Carlos. Derecho Procesal
Administrativo (Séptima Edición). Señal Editores, 2009. Páginas 131 a 133.
52 Sentencia de 13 de septiembre de 2001, exp. 12915, C.P. María Elena Giraldo. En el mismo sentido, véanse
las sentencias de 9 de marzo de 2000, exp. AC-9617, C.P. María Elena Girado, y de 30 de octubre de 1997,
exp. AC-042, C.P. Daniel Suárez H.
16
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00702-01 (69.457)
Actor: José Uldarico Castillo Aguilar
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otros
Referencia: Reparación directa
48. En ese sentido, por regla general los actos que ponen fin a actuaciones
administrativas que obedecen al ejercicio de las facultades de control, vigilancia y
sanción de las autoridades sobre las actividades de los particulares constituyen el
ejercicio de una potestad administrativa; en cambio, los resultantes de juicios de
policía de naturaleza civil, como cuando se interviene en asuntos destinados a
amparar provisionalmente la posesión, la tenencia o una servidumbre o los asuntos
de carácter penal, en donde la autoridad policiva actúa como juez frente a
determinados conflictos jurídicos causados por conductas de los particulares en su
relaciones cotidianas o de vecindad, se les ha dado la connotación de actos
jurisdiccionales53.
49. No obstante lo anterior, en relación con la naturaleza jurídica de los procesos y
de las decisiones expedidas por las autoridades policivas para la recuperación de
bienes fiscales y bienes de uso público54, la jurisprudencia de manera uniforme ha
señalado que revisten el carácter de actos administrativos, en tanto que la entidad
no actúa como un tercero frente a la parte querellada; por el contrario, dado el
carácter de la protección que requieren los bienes públicos -en general, por su
inclusión en el patrimonio público-, esa medida policiva, se erige en una
prerrogativa del poder público, que detenta un evidente carácter administrativo,
cuyo control le corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
50. El ordenamiento colombiano consagra mecanismos tanto judiciales como
administrativos para la protección de los referidos bienes55. Para los de uso público,
de manera específica se previó, inicialmente, un régimen de protección policiva
denominado “restitución de bienes de uso público”, contenido en el Decreto 640 de
1937 y en el artículo 132 del anterior Código de Policía –Decreto 1355 de 1970–;
sin embargo, en dichas normas nada se estableció acerca de la posibilidad de
restituir bienes fiscales, asunto que fue estudiado por la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado56.
53 Sentencia de 1º de noviembre de 2007, exp. 2006-00905-01(ACU), C.P. María Nohemí Hernández. En igual
sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional; en sus diferentes fallos ha reiterado que los juicios civiles
de policía iniciados para protección del ‘statu quo’, constituyen manifestaciones del poder judicial del Estado.
Sentencias T- 048 del 14 de febrero de 1995; T - 289 del 5 de julio de 1995; T-149 del 23 de abril de 1998; T-
127 del 1 de marzo de 1999 y T- 629 del 30 de agosto de 1999; C-241 de 2010.
54 La clasificación de los bienes públicos se enmarca en la distinción que al respecto realizó el legislador en el
artículo 674 del C.C., por cuya virtud se dividen en bienes de uso público –aquellos de propiedad pública cuyo
“uso pertenece generalmente a todos los habitantes”- y bienes fiscales –categoría de naturaleza residual, pues
si el bien no cumple las características para ser clasificado como de uso público será, necesariamente, fiscal.
J. Pimiento, “Reflexiones en torno a la división de bienes públicos en el Código Civil”, Revista de Derecho
Privado, No. 21, julio-diciembre de 2011, U. Externado, p. 207 a 232.
55 Desde el punto de vista judicial, los bienes públicos encuentran una protección completa, a través de los
medios de control contenciosos administrativos, que no caducan por expresa disposición del CPACA (art.
164.1.b), las acciones populares (art. 4 de la Ley 472 de 1998), los trámites correspondientes al proceso
reivindicatorio civil, entre otros.
56 La cual en concepto de 1995, afirmó: “En relación con los bienes fiscales, si bien la ley les otorgó desde
1971 el carácter de imprescriptibles, coetánea o subsiguientemente no estableció un procedimiento
especial para su protección y eventual restitución, ni remitió tampoco al trámite dispuesto para los
bienes de uso público. Por ello la entidad estatal, propietaria de bienes que por estar afectados a la prestación
de un servicio público son considerados como fiscales o patrimoniales, deberá acudir a los medios ordinarios
que brinda la ley para la defensa, protección o restitución de la propiedad privada. Las acciones serán
entonces de carácter policivo o judicial. En este último caso habrá que estudiar la procedencia de acciones
tales como la posesoria, la reivindicatoria, y la de tenencia.
“(…)
“De manera que, inicialmente, procederán las acciones policivas, por perturbación o por despojo, según el caso.
Y con posterioridad, es decir, una vez transcurrido el término de prescripción que la ley establece para el
ejercicio de aquéllas, habrá que acudir ante las autoridades judiciales. Las acciones de protección jurisdiccional
fueron, tradicionalmente, la posesoria y la de reivindicación o acción de dominio. Hoy en día, dotados los
17
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00702-01 (69.457)
Actor: José Uldarico Castillo Aguilar
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otros
Referencia: Reparación directa
51. La Administración Pública tenía a su disposición dos tipos de instrumentos
policivos para recuperar sus bienes según la naturaleza jurídica de los mismos,
tratándose de los de uso público, podía utilizar el mecanismo previsto en el artículo
132 del Decreto 1355 de 1970, mientras que si buscaba recuperar uno fiscal, debía
acudir al mecanismo del lanzamiento por ocupación de hecho. Con la normativa
vigente -Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana-, para ambos tipos de bienes se encuentra previsto el procedimiento de
perturbación por ocupación de hecho57, cuya acción policiva puede ser ejercida por
las entidades de derecho público58 para la protección y/o restitución de tales
bienes59.
52. En cuanto a las decisiones que resuelven sobre la restitución o protección de
bienes de uso público, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en auto del
3 de mayo de 199060, señaló que no tienen la naturaleza jurídica de ser decisiones
judiciales, en tanto que en estos casos no existe un conflicto entre dos particulares
que deba ser dirimido por la autoridad policiva -como sucede en los amparos
posesorios-; de manera que ésta no actúa como juez -sentido lato- y, por ende, los
conflictos que por tales actuaciones se originan entre un particular y el Estado sí
son objeto de control por esta jurisdicción61.
53. En igual sentido se pronunció la Sección Tercera del Consejo de Estado en un
caso similar al que aquí se analiza, en el que la parte actora reclamaba los perjuicios
causados con ocasión de la decisión de ordenar el lanzamiento por ocupación de
hecho llevado a cabo como consecuencia de una querella policiva que instauró el
Distrito de Santa Marta, para la recuperación de un bien fiscal. En sentencia del 28
de enero de 201562, la Sala señaló que el control de dicha decisión correspondía a
bienes fiscales de la prerrogativa de la imprescriptibilidad, el ocupante de hecho del bien fiscal ya no
podrá alegar posesión. A lo sumo se convertirá en un mero tenedor que por ministerio de la ley está
reconociendo dominio ajeno…” (negrilla añadida). Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil,
concepto del 29 de noviembre de 1995, exp. 745, C.P. Javier Henao Hidrón.
57 CAPÍTULO III. Proceso verbal abreviado. “Artículo 223. Trámite del proceso verbal abreviado. Se tramitarán
por el proceso verbal abreviado los comportamientos contrarios a la convivencia, de competencia de los
Inspectores de Policía, los Alcaldes y las autoridades especiales de Policía…”.
58 “Artículo 79. Ejercicio de las acciones de protección de los bienes inmuebles. Para el ejercicio de la acción
de Policía en el caso de la perturbación de los derechos de que trata este título, las siguientes personas, podrán
instaurar querella ante el inspector de Policía, mediante el procedimiento único estipulado en este Código:
1. El titular de la posesión o la mera tenencia de los inmuebles particulares o de las servidumbres.
2. Las entidades de derecho público.
3. Los apoderados o representantes legales de los antes mencionados”.
59 “Artículo 190. Restitución y protección de bienes inmuebles. Consiste en devolver la posesión o tenencia a
quien tiene el legítimo derecho sobre los bienes inmuebles de particulares, baldíos, fiscales, de uso público,
área protegida y de especial importancia ecológica¸ bienes de empresas destinados a servicios públicos cuando
hayan sido ocupadas o perturbadas por vías de hecho” (se destaca).
60 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 3 de mayo de 1990, exp. 5911,
C.P. Antonio José de Irisarri Restrepo.
61 No comportaban el ejercicio de una función jurisdiccional, verbi gracia, los actos de cierre de establecimientos
por parte de las autoridades de policía en cumplimiento de su función de velar por el cumplimiento de las
normas sobre el uso del suelo, las medidas correctivas de demolición de obras, las decisiones dictadas en un
juicio de policía que tiene por objeto la recuperación del espacio público o la recuperación del statu quo de la
posesión de un predio de la administración en manos de particulares y, en general, los procedimientos
tendientes a la recuperación de los bienes de uso público.
https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/sites/default/files/biblioteca/m4-5.pdf. Páginas 84 a 86.
62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 28
de enero de 2015, exp. 31.612. C.P. Hernán Andrade Rincón (E).
18
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00702-01 (69.457)
Actor: José Uldarico Castillo Aguilar
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otros
Referencia: Reparación directa
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por cuanto en esos casos las
decisiones adoptadas por la entidad territorial eran de carácter administrativo63.
54. La premisa básica de estas actuaciones, reside en que la función de policía es
por naturaleza administrativa, lo que equivale a decir que solo por excepción se
puede reputar como actividad jurisdiccional64. Cuando se trate de decisiones
proferidas en el marco de un proceso policivo que tiene como propósito la
restitución y protección de bienes inmuebles de uso público o fiscales, la
administración no actúa en ejercicio de competencias jurisdiccionales, en tanto que
su papel no consiste en dirimir un conflicto inter-partes, sino como autoridad
administrativa propiamente dicha, como quiera que sus decisiones responden al
ejercicio de la función de policía atribuida legalmente a los alcaldes con el fin de
preservar el orden público en su jurisdicción y, en consecuencia, dichos actos están
sometidos a control jurisdiccional, a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho65.
63 Al respecto, señaló: “(…) según la jurisprudencia consolidada de la Corporación –y de la Corte
Constitucional– tienen naturaleza jurisdiccional y, por tanto, escapan al control de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo los juicios policivos en los que la Administración actúe como un tercero
respecto de las partes en litigio, en caso contrario, se entenderá que el juicio policivo es de carácter
administrativo y, por lo tanto, se debe entender como objeto del control judicial en esta Jurisdicción; se
ha decantado, entonces, una regla general por cuya virtud los procedimientos policivos de protección de la
tenencia y/o de la posesión son de aquellos en los que el Estado ostenta la calidad de un tercero respecto del
querellante y del querellado.
“Sin embargo, ocurre que en el caso del lanzamiento por ocupación de hecho de bienes fiscales, la entidad
territorial no actúa como un tercero frente a la parte querellada; por el contrario, dado el carácter de la
protección que requieren los bienes públicos… esa medida policiva… detenta un evidente carácter
administrativo, cuyo control le corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo… Esta
competencia administrativa encuentra pleno sustento normativo en los artículos 2, 88, 102, 313 de la
Constitución Política, en el Decreto 1333 de 1986 –contentivo del Código de Régimen Político y Municipal- y
en el artículo 679 del Código Civil…
“En criterio de la Sala, el origen del perjuicio alegado por la parte actora lo constituyó un acto
administrativo, cuyo análisis de legalidad debe ser realizado en sede de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho y no en el de la reparación directa…” (se destaca). Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 28 de enero de 2015, exp.
31.612. C.P. Hernán Andrade Rincón (E).
64 La Corte Constitucional, en la sentencia T-321 de 1995 expresó que “por tratarse de una norma excepcional
[se refiere al inciso 3º del artículo 82 del C.C.A.], en cuanto excluye del control jurisdiccional actos dictados por
autoridades que pertenecen a la administración, como son los funcionarios de policía, debe interpretarse en su
sentido estricto. Por lo tanto, solamente las providencias dictadas en juicios de policía de carácter penal o civil,
como resultado de las llamadas contravenciones civiles, o penales de policía (contravenciones especiales de
policía, reguladas por el Título IV del Código Nacional de Policía, Ley 30 de 1986, Código Nacional de Tránsito
Terrestre, Ley 23 de 1991) están excluidas del control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo (…)”.
En el mismo sentido, se pronunció la Corte en las sentencias T-149 de 1998 y C-063 de 2005.
65 En el mismo sentido, se ha pronunciado esta Sección en las siguientes providencias: (i) Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, exp. 15.883. C.P.
Mauricio Fajardo Gómez. Sobre el tema que atañe, se indicó “Pero cuando la controversia que se suscita por
la ocupación de hecho se traba no entre dos particulares, como es lo usual, sino entre un particular y la propia
entidad pública municipal y es esa misma Administración quien adelanta el juicio de lanzamiento para
recuperar el bien de su propiedad, cabe preguntar si ¿tal actuación es de carácter judicial y si, en
consecuencia, escapa al control jurisdiccional? La respuesta debe ser negativa, por cuanto en este evento, la
Administración no actúa en ejercicio de competencias jurisdiccionales, sino como autoridad
administrativa en ejercicio del poder de policía; en consecuencia, dichos actos están sometidos a control
jurisdiccional, el cual se ejerce por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tal como lo
sostuvo la Sección Tercera del Consejo de Estado en asunto similar, referido a la restitución de un bien de uso
público…” (negrilla añadida). (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 29 de julio de 2013, exp. 27.088. C.P. Danilo Rojas Betancourth. En este caso
declaró la ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción, por cuanto los hechos y
omisiones invocados en el escrito inicial no constituían una operación administrativa, sino omisiones que
tuvieron lugar durante el trámite policivo y que culminaron con la ilegal expedición de la Resolución n.º 033AJ
de 6 de marzo de 1998. (iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencia del 13 de junio de 2016, exp. 37.246. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. La Sala se declaró inhibida
para resolver de fondo el asunto sometido a su conocimiento por la indebida escogencia de la acción. En este
caso, la parte actora demandó la responsabilidad patrimonial del Estado por la pérdida de la titularidad de un
inmueble y por la demolición que, con fines de restitución de bien un bien fiscal -de propiedad de la Aerocivil-,
se efectuó respecto de la vivienda que estaba edificada sobre el mismo lote de terreno.
19
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00702-01 (69.457)
Actor: José Uldarico Castillo Aguilar
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otros
Referencia: Reparación directa
55. Por consiguiente, la primera actuación irregular que se imputa al Distrito de
Barrancabermeja está representada en la Resolución 1450 del 1° de junio de 2017,
que declaró al señor José Uldarico Castillo Aguilar infractor por comportamientos
contrarios a la posesión y mera tenencia respecto del bien fiscal denominado “La
Puerta” y, como consecuencia, le ordenó restituir el lote de terreno “previamente
deshabitado y desocupado”; es decir, tuvo su génesis en la manifestación de
voluntad de una autoridad administrativa en ejercicio del poder de policía contenida
en el citado acto, el medio de control procedente es el de nulidad y restablecimiento
del derecho y no el de reparación directa, pues solo al cuestionar y desvirtuar la
legalidad de tal decisión se abriría paso a la reparación del daño que el accionante
considera le fue causado por parte del Distrito.
56. Así las cosas, luego de adecuar el cauce procesal de las pretensiones dirigidas
en contra del Distrito, resulta imprescindible examinar si se ejercieron en tiempo, tal
como lo dispone el artículo 187 del CPACA66.
57. En relación con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
el numeral 2, literal d, del artículo 164 del CPACA consagra que el término de
caducidad es de 4 meses “contados a partir del día siguiente al de la comunicación,
notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso”. Por
tratarse de un acto administrativo particular, la caducidad se cuenta a partir del día
siguiente al de su notificación personal, conforme a los artículos 66 y 67 ibidem.
58. De conformidad con los medios de convicción aportados, la Resolución 1450
del 1° de junio de 2017, fue notificada por edicto fijado entre el 31 de julio de 2017
y el 2 de agosto del mismo año, decisión que quedó en firme al día siguiente -ver
párrafo 33 de esta providencia- y, por ende, el término de 4 meses previsto en la
norma feneció el 4 de diciembre del mismo año. Por consiguiente, para cuando se
radicó la solicitud de conciliación -14 de diciembre de 201767- y la demanda -26 de
septiembre de 201968-, ya había operado la caducidad de la pretensión de nulidad
y restablecimiento del derecho dirigida en contra de las decisiones proferidas en el
marco del proceso policivo de perturbación de hecho y, como consecuencia, así
será declarado.
Pretensiones dirigidas en contra de la EDUBA por no suministrar una oferta
institucional completa
59. Como elementos comunes a las imputaciones que se hicieron a las entidades
públicas demandadas en el proceso, el actor se refiere a la afectación que se dio
sobre los bienes y mejoras construidos en el predio “La Estrella”. La reclamación
frente al Distrito la fundamentó en su condición de “poseedor” y el derecho a recibir
el pago de las mismas. Frente al EDUBA tal requerimiento lo enmarcó en la omisión
–concretada en la diligencia de desalojo– por no haber suministrado una oferta
institucional completa, dotando de contenido a dicha oferta, de nuevo, por la vía de
66 A cuyo tenor: “(…) En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que
el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas
las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus”. (se destaca).
67 SAMAI: Expediente digital: 0004AnexosDemanda, páginas 93 y 94.
68 SAMAI: Expediente digital: 0001Caratula y 0000FormatoIndiceElectronico.
20
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00702-01 (69.457)
Actor: José Uldarico Castillo Aguilar
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otros
Referencia: Reparación directa
la reclamación del pago de bienes y mejoras realizadas en el predio, pues, a su
juicio, previo a ser desalojado –operación administrativa– se le debieron reconocer
el pago por concepto de mejoras.
60. De manera reiterada el actor aduce que la oferta institucional brindada por la
administración municipal no fue “real” y “seria”, por cuanto únicamente le
entregaron un apartamento para vivienda, a pesar de haber acreditado su calidad
de víctima de desplazamiento forzado. De ahí que la EDUBA debía pagarle el precio
de las mejoras allí construidas.
61. En este escenario, el actor se refiere al deficiente cumplimiento de los deberes
de la EDUBA, al incurrir en la omisión referida, para lo cual hace mención a la
ausencia de certificados de destinación presupuestal, de los soportes jurídicos
pertinentes, pues una vez la mencionada entidad tomó posesión del bien fiscal y
demolió las obras allí existentes, debió reconocerle el precio de las mejoras
implantadas en ese predio69 como parte integrante de la oferta institucional que ha
promulgado la Corte Constitucional. De modo que el medio de control procedente
para perseguir la declaratoria de responsabilidad por esta actuación es el de
reparación directa.
62. Conforme lo adujo el actor en la demanda y el recurso de apelación,
“inmediatamente” fue restituida la parcela ubicada en el lote de mayor extensión
denominado “La Puerta”, la entidad procedió a demoler lo allí construido, sin
reconocerle su precio, hecho que ocurrió el 27 de septiembre de 2017 -diligencia
de desalojo y restitución-. Como la demanda fue instaurada el 26 de septiembre de
2019, incluso sin contabilizar la suspensión por la solicitud de conciliación
prejudicial, lo fue dentro del término previsto en el numeral 2, literal i) del artículo
164 del CPACA, por lo que es viable entrar a resolver de fondo respecto de los
cuestionamientos formulados en contra de la sentencia de primera instancia
relacionados con la responsabilidad de la citada entidad.
63. En este segundo escenario, el daño por el cual el actor reclama a la EDUBA
consiste en la falta de reconocimiento de las mejoras implantadas en la parcela “La
Estrella”, como parte de la oferta institucional que considera debía ofrecerle por su
condición de desplazado.
64. Con el propósito de determinar si se configuró un daño derivado de una omisión
por parte de la EDUBA, la Sala procederá a precisar qué se ha entendido por oferta
institucional en los casos de desalojo de población vulnerable por la ocupación de
hecho de bienes de uso público.
La oferta institucional como mecanismo de protección a la población
vulnerable en el marco de procedimientos de desalojo por ocupación de
hecho de bienes de uso público y fiscales.
69 Al dictar la decisión del 17 de abril de 2017, la inspectora de Policía indicó que el señor José Uldarico Castillo
Aguilar no controvirtió de manera objetiva y cierta el avalúo que sirvió de base para la oferta de pago propuesta
por la EDUBA y, por tanto, las partes podían acudir a la justicia ordinaria para hacer valer sus derechos, ”en
cuanto al valor del reconocimiento que le asista, al señor JOSÉ ULDARICO CASTILLO, pues no se les está
desconociendo los derechos que tiene como ocupante del predio”.
21
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00702-01 (69.457)
Actor: José Uldarico Castillo Aguilar
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otros
Referencia: Reparación directa
65. La Ley 1448 de 2011, en su artículo 1º, tuvo por objeto el de “… establecer un
conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas,
individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones
contempladas en el artículo 3º de la presente ley”. El artículo 3 de la referida ley
consideró como víctimas a “… aquellas personas que individual o colectivamente
hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como
consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de
violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos
Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno (…)”.
66. En virtud de estas disposiciones, en concordancia con los artículos 2 y 13 de la
Carta Política, la Corte Constitucional ha proferido múltiples pronunciamientos
sobre la garantía de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado y de
otros sujetos de especial protección constitucional en el marco de procesos de
desalojo70. Así, con el propósito de unificar las medidas y actuaciones que deben
adelantar las autoridades públicas en lo referente a estos procesos, profirió la
sentencia SU-016 de 202171, en la cual examinó una situación de ocupación
irregular de un predio conformado por víctimas de desplazamiento forzado y otros
sujetos de especial protección constitucional.
67. Luego de realizar un análisis de la línea jurisprudencial sobre el tema, la Corte
Constitucional advirtió que en estos casos debía existir una protección reforzada de
los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado, en especial el derecho a
la vivienda, lo cual tenía sustento en: (i) la dinámica del desplazamiento que genera
que las personas se vean forzadas a abandonar intempestivamente sus hogares y
lugares de origen, y deban arribar, en condiciones precarias, a otros lugares con
los que no tienen arraigo; (ii) el desplazamiento forzado, aunque se cometa por
grupos al margen de la ley, comporta el incumplimiento de los deberes del Estado,
pues no brindó las medidas de protección y seguridad para que este fenómeno no
se produjera; y (iii) la actuación estatal no ha logrado proteger y restablecer los
derechos de las víctimas de desplazamiento forzado, lo que configura un estado de
cosas inconstitucional que involucra las omisiones estructurales en la debida
atención de las víctimas.
68. En esa línea, para unificar la jurisprudencia en relación con las medidas de
protección de la población vulnerable en el marco de procedimientos de desalojo
de bienes de carácter público, el máximo tribunal de lo constitucional partió de las
siguientes premisas:
(i) La ilegalidad no genera derechos, y las ocupaciones irregulares de bienes de
carácter público afectan el interés general, no ofrecen soluciones de vivienda
70 Dentro de las que se destaca las sentencias T-247 de 2018, T-636 de 2017, T-267 de 2016, T-188 de 2016,
T-417 de 2015, T-907 de 2013, T-349 de 2012 y T-946 de 2011.
71 Se precisa que, aunque la citada sentencia fue proferida posteriormente a los hechos por los que aquí se
demandan, lo cierto es que ella comprende y unifica la jurisprudencia de la Corte Constitucional que desde años
a tras venía decantado el tema, y establece reglas uniformes para los casos en que se adelanten procesos de
desalojo de bienes de uso público o fiscales y estén involucradas personas víctimas de desplazamiento forzado
y otros sujetos de especial protección constitucional; de ahí que esta judicatura considere pertinente hacer
alusión a ella, pues tal y como se mencionó en el pie de página anterior, su fundamento deviene de las
sentencias T-247 de 2018, T-636 de 2017, T-267 de 2016, T-188 de 2016, T-417 de 2015, T-907 de 2013, T-
349 de 2012 y T-946 de 2011, previamente relacionadas, algunas de las cuales citó el actor.
22
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00702-01 (69.457)
Actor: José Uldarico Castillo Aguilar
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otros
Referencia: Reparación directa
digna, frustran el desarrollo de las políticas en la materia e impactan la
satisfacción de los derechos de otras personas en situación de vulnerabilidad.
En consecuencia, “de la calidad de ocupante irregular de un predio de naturaleza
pública no se deriva la protección constitucional, pues ello surge solamente de
la condición de desplazamiento forzado en la que se encuentra”.
(ii) La unificación hace referencia a procedimientos de desalojo con respecto a
ocupaciones que no fueron toleradas por las autoridades públicas, quienes
emprendieron actuaciones dirigidas a lograr la recuperación del bien y, por ende,
no generaron expectativas legítimas en los ocupantes.
(iii) El derecho a la vivienda desde un concepto de “gradualidad progresiva”, tiene
facetas de cumplimiento inmediato y otras de realización gradual, las cuales
deben ser consideradas, reconocidas y respetadas por las autoridades.
(iv) La existencia y el desarrollo de estos procedimientos están íntimamente
relacionados con la legalidad, la seguridad jurídica, la protección de todas las
personas en sus bienes como principal propósito de las autoridades públicas, el
interés general, el acceso efectivo a la administración de justicia, la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo.
(v) Las ocupaciones irregulares de predios no pueden ser admitidas como
respuestas acordes con el derecho a la vivienda digna y las medidas de
protección deben ser determinadas y articuladas de tal forma que no se traduzcan
en obligaciones de imposible cumplimiento para las autoridades y, de esta forma,
materialmente se frustren las actuaciones de desalojo.
69. Bajo tales premisas, la Sala unificó las medidas de protección del derecho a la
vivienda a mediano y largo plazo, en relación con las víctimas de desplazamiento
forzado en el sentido de:
“(i) reforzar las medidas de suministro de información clara y oportuna sobre
los programas y políticas de satisfacción de vivienda; (ii) reforzar el
acompañamiento en el acceso y la postulación a esos programas; y (iii) ordenar
la inscripción de las víctimas de desplazamiento forzado que cumplan con los
requisitos para el efecto, en los programas de vivienda en desarrollo sin que
esto implique modificar el orden de las personas que están en lista de espera,
ni la inclusión en proyectos de vivienda específicos. En particular, la medida
consiste en el registro en la base de datos a través de la que se ejecuta el
procedimiento de identificación de posibles beneficiarios del programa.
“Las medidas descritas sólo abarcan a las víctimas de desplazamiento forzado
por la dinámica de este flagelo y pretenden compatibilidad y coordinación entre:
(i) la política global de atención a las víctimas de desplazamiento forzado, (ii)
los avances en la política de satisfacción de vivienda, impulsados y controlados
por la Sala de Seguimiento al ECI Desplazamiento Forzado. Además, se
encamina a respetar el derecho de las otras víctimas que acudieron a los
canales institucionales y están a la espera de una solución de vivienda” (se
destaca).
23
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00702-01 (69.457)
Actor: José Uldarico Castillo Aguilar
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otros
Referencia: Reparación directa
70. En suma, sobre el alcance de la medida de protección, la Corte Constitucional
sostuvo que esta consistía principalmente en la inclusión en los programas de
vivienda. Además, que dicha inclusión hacía referencia a los programas en general
y no a proyectos de vivienda específicos, y no implicaba modificar el orden de las
personas que se postularon previamente y estaban en lista de espera.
71. De otro lado, para los casos en que se discute una ocupación prolongada y
tolerada por la administración, se han aplicado las siguientes reglas:
(i) Se configura la confianza legítima, la cual no se asimila a un derecho adquirido,
en la medida en que no se opone a un cambio en las reglas de juego entre la
administración y los particulares, sino que protege al ciudadano quien ante
razones objetivas para confiar en la durabilidad de la ocupación, se enfrenta a
una transformación abrupta de su realidad, que afecta un conjunto de derechos
fundamentales, en particular, un alojamiento en condiciones dignas.
(ii) No genera derechos de propiedad, posesión, indemnizatorias ni
intereses similares, puesto que lo que se protege, fundamentalmente, es el
daño que generó una decisión repentina y sorpresiva de la administración, que
afecta de forma desproporcionada la satisfacción de derechos fundamentales
constitucionales, y no expectativas respecto de la titularidad del predio, lo cual
excede su alcance y finalidad constitucional.
(iii) Para determinar la configuración de este principio deben concurrir los
siguientes requisitos: a) la evidencia de la conducta uniforme de la administración
por un tiempo suficiente para que sea razonable pensar que en el administrado
nació la idea de que su actuación se ajusta a derecho; b) que exista un cambio
cierto y evidente en la conducta de la administración que resulta sorpresiva para
el ciudadano; y c) que este cambio le genere un perjuicio en sus derechos
fundamentales.
(iv) En estos casos la oferta institucional o las medidas de protección han
consistido en a) albergue temporal, b) suspensión del procedimiento de desalojo
de manera transitoria, y c) la información o inscripción en programas de vivienda;
sin embargo, “en ningún caso se ha cuestionado la viabilidad del desalojo, ni la
procedencia de la acción de tutela para enervar el proceso dirigido a la
recuperación del bien o la confrontación de los actos que sustentan la medida de
desalojo”72.
72. En esta línea, la oferta institucional en materia de vivienda comprende un
conjunto de políticas, planes, programas, proyectos y acciones interinstitucionales
que persiguen garantizar que personas en condiciones de vulnerabilidad o que han
sido víctimas del desplazamiento forzado y, que por virtud de una acción legítima
del Estado –recuperación de los bienes públicos– son desalojados de un inmueble,
puedan acceder a una vivienda digna, lo cual se materializa a través de acciones
administrativas de información, publicidad y acompañamiento a las víctimas para la
postulación, inscripción y acceso a los programas de satisfacción de vivienda, es
decir, exige el apoyo y direccionamiento por parte de diferentes autoridades
72 Sentencia T-427 de 2021 que reiteró otras sentencias en la materia.
24
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00702-01 (69.457)
Actor: José Uldarico Castillo Aguilar
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otros
Referencia: Reparación directa
públicas, cuyo objeto esté relacionado con la protección de víctimas73 y la
generación y mejoramiento de la oferta de vivienda74, para acceder a una ruta de
atención que permita la inclusión en tales programas.
73. Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que cuando se trate de
ocupaciones de hecho que han sido prolongadas y toleradas por la administración
pública, se busca proteger al ciudadano que, ante razones objetivas para confiar
en la durabilidad de la ocupación, se enfrenta a una transformación abrupta de su
realidad, casos en los cuales las medidas administrativas que componen la oferta
institucional consisten en la suspensión temporal de la orden de desalojo, mientras
se otorga un albergue temporal a favor de los ocupantes y la inclusión en programas
de vivienda.
74. Como se observa, contrario a como lo entiende y plantea la demanda, la oferta
institucional en materia de vivienda no comprende ni mucho menos obliga a que los
entes estatales realicen el pago de un valor equivalente, compensatorio o sustitutivo
de las mejoras o de las actividades que se desarrollaban en el predio objeto de
ocupación ilegal, en tanto que las medidas de protección decantadas por la Corte
Constitucional no devienen de la condición de “poseedor irregular”75 sino de la
calidad de desplazado y, en ese contexto, la naturaleza jurídica y finalidad de la
oferta institucional no reside en el pago de un valor o precio a título de
compensación o retribución por el desalojo, sino en un acompañamiento de la
administración en los términos descritos anteriormente, que permita de manera
eficaz y cierta el acceso a una vivienda digna.
75. Por consiguiente, tal figura no puede servir de sustento jurídico para respaldar
la posesión o crear en cabeza del Estado la obligación de indemnizar a los
ocupantes por ejecutar una medida jurídicamente válida, como lo son las
actuaciones dirigidas a la recuperación y protección de bienes públicos. En suma,
su aplicación a un caso concreto no puede estar enfocada en obtener una
indemnización, un resarcimiento o una reparación, ya que de la ilegalidad no se
generan derechos.
76. En este punto, la Sala recuerda que para que el daño se entienda debidamente
estructurado, la parte interesada debe demostrar que es cierto, en la medida en
que aparezca como una disminución patrimonial o extrapatrimonial para el
demandante; antijurídico, porque se configura la lesión a un derecho o a un interés
legítimo que no debe ser tolerada por la víctima, es decir, el ordenamiento no
impone el deber jurídico de soportarlo, y personal, por cuanto la víctima debe ser
determinada o determinable, comoquiera que es a quien deberá otorgarse la
indemnización en caso de que concurran los requisitos restantes.
77. La noción de daño antijurídico permite considerar que no toda lesión a un
derecho es indemnizable, sino que lo será la pérdida sufrida por una persona como
consecuencia del menoscabo de un derecho tutelado por el ordenamiento
73 Como la UARIV.
74 Como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Fonvivienda, los municipios y entidades territoriales, las
empresas de renovación urbana, entre otros.
75 Término usado por la Corte Constitucional.
25
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00702-01 (69.457)
Actor: José Uldarico Castillo Aguilar
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otros
Referencia: Reparación directa
jurídico76, es decir, que no está justificado por la ley o el derecho y, en esa medida
la antijuridicidad del daño no depende de la licitud o ilicitud de la conducta
desplegada por la Administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de
la víctima.
78.Con la evidencia probatoria recaudada se acreditó que el señor José Uldarico
Castillo, al margen de la validez de ese negocio, celebró un contrato de
compraventa “del derecho de posesión que tiene y ejerce hace más de diez (10)
años” la señora Gladys Villamil Fuentes sobre el bien objeto de la litis y de las
mejoras “de pasto y totalmente cercado”, por un precio de $500.000, acto que
quedó registrado en la escritura pública No. 2431 del 24 de septiembre de 201777.
79. Asimismo, se probó que en inmediaciones de la mencionada parcela, para el
momento en que se realizó la diligencia de desalojo, habían: (i) “relictos de
bosques” compuestos por variedad de especies de flora como Arrayán, Algarrobo,
Ceiba, Cedros, Acacia amarilla, Guamo, yuca, palmas de aceite y otros78; (ii)
bovinos79; (iii) una casa principal y una alterna; (iv) dos obras negras (“ampliación
y baño”), (v) una cochera, (vi) unos estanques de peces; (vii) una zona de lavado,
entre otras80.
80. En la diligencia del 17 de abril de 2017, previo a que la Inspectora de Policía
adoptara una decisión de fondo, la EDUBA, en aras de garantizar el derecho a la
vivienda digna y, en atención a que el señor Uldarico Castillo aparecía registrado
en VIVANTO como víctima de desplazamiento forzado, en un acto de mera
liberalidad, realizó una oferta de pago al señor José Uldarico Castillo Aguilar por
valor de $112’566.311, suma que fijó de acuerdo con el avalúo comercial -
arquitectónico y agrario- realizado por un perito avaluador y arquitecto y el informe
técnico de visita realizado por la Unidad Municipal de Asistencia Técnica y
Agropecuaria.
81. Sin embargo, como además le ofreció una solución de vivienda consistente en
un apartamento de interés social avaluado en $45’104.500, la propuesta definitiva
consistió en la adjudicación del apartamento y $67’461.811 por las construcciones
implantadas en el predio.
82. Aun cuando la EDUBA incurrió en imprecisiones al momento de realizar la
oferta institucional, toda vez que aquella no comprende el pago de mejoras ni el
avalúo comercial de las referidas construcciones, presentó alternativas que de
hecho protegían en mayor medida los derechos que la Corte Constitucional buscó
amparar con su jurisprudencia unificada, pues en lugar de acompañarlo en la
76 En ese mismo sentido, la Corte Constitucional ha sostenido que “(...) la fuente de la responsabilidad
patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al
derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual
se reputa indemnizable” Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996.
77 SAMAI: Expediente digital: 0004AnexosDemanda, páginas 74 a 84.
78 Oficio O-RMS-290-2017 de la Corporación Autónoma Regional de Santander (ibidem: páginas 102 103) y
SAMAI: Expediente digital: 0015MemorialContestaciónBarrancabermejaAnexos, páginas 138 a 159
79 SAMAI: Expediente digital: 0004AnexosDemanda, página 105 y conforme lo consignado en la audiencia de
desalojo.
80 Información extraída del avalúo que anexó la EDUBA a la oferta presentada en el proceso policivo (SAMAI:
Expediente digital: 0015MemorialContestaciónBarrancabermejaAnexos, páginas 131 a 137) y de la querella
instaurada por la EDUBA -ver párrafo 25 del proyecto-.
26
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00702-01 (69.457)
Actor: José Uldarico Castillo Aguilar
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otros
Referencia: Reparación directa
postulación de programas de vivienda, procedió con la adjudicación directa de un
apartamento dentro de un proyecto de interés social que estaba a su cargo.
83. En ese contexto, aunque el demandante alega como daño la falta de
reconocimiento del valor de las mejoras que existían en la parcela “La Estrella”,
éstas no hacen parte de la oferta institucional que debía ofrecer el Estado y, por
tanto, no fue consagrada como una medida de protección para la población
vulnerable en el marco de procedimientos de desalojo de bienes públicos, pues
como la misma jurisprudencia lo señaló, la calidad de ocupante de hecho víctima
de desplazamiento forzado no genera derechos de propiedad, posesión,
indemnizatorios ni intereses similares y, en todo caso, no estaban llamadas a ser
reconocidas por las siguientes razones:
84. El artículo 739 del Código Civil discurre sobre la construcción y siembra en
suelo ajeno, para lo cual establece que el dueño del terreno en que otra persona,
sin su conocimiento hubiere edificado, plantado o sembrado, tendrá derecho de
hacer suyo el edificio, plantación o sementera, mediante las indemnizaciones
prescritas a favor de los poseedores de buena o mala fe en el título de la
reivindicación, o de obligar al que edificó o plantó a pagarle el justo precio del
terreno con los intereses legales por todo el tiempo que lo haya tenido en su poder,
y al que sembró a pagarle la renta y a indemnizarle los perjuicios. En suma, en el
derecho privado la ley ofrece dos opciones al dueño del terreno en el que se edificó
sin su consentimiento81: (i) indemnizar a quien hizo la mejora de acuerdo con
determinadas reglas, y (ii) obligarle a que compre el terreno sobre el que ella está
construida, hipótesis esta última totalmente inviable en el caso de los bienes
fiscales.
85. Dicho artículo remite al Capítulo IV del Título XII del Código Civil, “De la
reivindicación”, cuyos artículos 961 a 969 disponen, en resumen, que el poseedor
de mala fe únicamente tiene derecho a que se le abonen las expensas necesarias
invertidas en la conservación de la cosa, ya sean permanentes o que aprovechen
al reivindicador y a llevarse los materiales de dichas mejoras, siempre que pueda
separarlos sin detrimento de la cosa reivindicada. Por su parte, el poseedor de
buena fe82 tiene derecho a que le sean reconocidas las expensas necesarias, las
mejoras útiles83 y a retirar las voluptuarias84, siempre que no se cause detrimento
al inmueble85.
81 “… [s]e sigue de lo expuesto que, por regla general, quien plantó mejoras en suelo ajeno, no tiene acción
directa para obtener del dueño de la tierra su valor o para obligarlo a venderle el predio; y que, por excepción,
únicamente en aquellos casos en los que se ha materializado, por sentencia judicial o de facto, la recuperación
del suelo por parte del titular dominio, aquél puede accionar para obtener de éste el valor de las mejoras”. Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC10896-2015.
82 Código Civil. Artículo 969. “BUENA O MALA FE DEL POSEEDOR. La buena o mala fe del poseedor se
refiere, relativamente a los frutos, al tiempo de la percepción, y relativamente a las expensas y mejoras, al
tiempo en que fueron hechas”.
83 Código Civil. Artículo 966 “(…) Solo se entenderán por mejoras útiles las que hayan aumentado el valor venal
de la cosa”.
84 Código Civil. Artículo 967 “(…) Se entienden por mejoras voluptuarias las que sólo consisten en objetos de
lujo y recreo, como jardines, miradores, fuentes, cascadas artificiales y generalmente aquellas que no aumentan
el valor venal de la cosa, en el mercado general, o sólo lo aumentan en una proporción insignificante”.
85 Código Civil. Artículo 968. “SEPARACIÓN DE MATERIALES. Se entenderá que la separación de los
materiales permitida por los artículos precedentes, es en detrimento de la cosa reivindicada, cuando hubiere de
dejarla en peor estado que antes de ejecutarse las mejoras; salvo en cuanto el poseedor vencido pudiere
reponerla inmediatamente en su estado anterior, y se allanare a ello”.
27
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00702-01 (69.457)
Actor: José Uldarico Castillo Aguilar
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otros
Referencia: Reparación directa
86. La buena fe, como elemento constitutivo de la posesión regular, se refiere a la
“conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos
exentos de fraudes y de todo otro vicio” -art. 768, Código Civil-. Se trata de un
estado mental subjetivo del poseedor que necesariamente debe hacer presencia al
inicio de la aprehensión material –así se disipe con posterioridad–, y que la ley
presume -art. 769, ejusdem-, sin perjuicio de que deba encontrar su fundamento en
circunstancias externas verificables.
87. De acuerdo con lo expresado en la demanda, “tiempo después de haber
comprado la parcela y haber construido mejoras, mi representado se enteró que
esos terrenos habían sido propiedad del Ministerio de Defensa, quien los entregó
al Municipio en el año 2.000 en dación de pago por el impuesto predial, mediante
la escritura N°250 del 9 de marzo de 2000 de la Notaria 24 de Bogotá”, de ahí que
en principio pudiera considerarse que el señor José Uldarico Castillo fungió como
poseedor de buena fe; sin embargo, el mismo artículo 768 ibidem dispone que un
justo error en materia de hecho no se opone a la buena fe; en cambio, el error en
materia de derecho “constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba
en contrario”.
88. Acorde con ello, la buena fe es contraria a la conducta negligente, a la culpa, la
impericia, a la violación de leyes o de reglamentos, a la ignorancia de la ley y, por
tanto, exige un actuar conforme con las normas sociales y, en especial, con las
reglas que rigen el tráfico jurídico de los bienes. Tratándose de la posesión, la
buena fe se funda en hechos objetivos que permiten y obligan a creer en lo que un
sujeto cree, evidenciando así la legalidad de sus actos; por ende, se exige al
poseedor probar que agotó los canales legales para la adquisición del derecho, lo
cual lleva implícita la convicción objetiva de la legalidad de su actuar, es decir, de
que no medió fraude o algún vicio en el acto jurídico86.
89. Al hilo de lo expuesto, el error de derecho tiene que ver con la vigencia y
presunción de conocimiento del orden jurídico, de modo que si a nadie le es lícito
excusar el conocimiento de la ley, lógico resulta que cuando media su
inobservancia, se presuma –iuris et de iure– la mala fe de la persona. El artículo
679 del Código Civil es contundente al señalar que nadie puede construir “sino con
permiso especial de autoridad competente, obra alguna sobre”, entre otros, los
bienes fiscales; por consiguiente, en el sub examine el pago de mejoras no
constituye un derecho subjetivo susceptible de protección jurídica.
90. Lo anterior por cuanto desde la entrada en vigencia del Código de
Procedimiento Civil, en su artículo 40787, el ordenamiento jurídico colombiano
excluyó de plano la posibilidad de que un particular pudiera considerarse como
poseedor de un bien público, al proscribirse la prescripción extintiva respecto de
bienes de titularidad del Estado–tanto frente a los de uso público, como a los bienes
86 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 2 de noviembre de 2023, SC388-2023,
radicación: 76520-31-03-003-2019-00182-01. M.P. Luis Alonso Rico Puerta.
87 Artículo 413 en su nomenclatura original.
28
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00702-01 (69.457)
Actor: José Uldarico Castillo Aguilar
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otros
Referencia: Reparación directa
fiscales–88. De esta manera existe una regla absoluta de imprescriptibilidad
respecto de estos bienes, que en consecuencia impide la configuración de la
posesión en cabeza de los particulares, en la medida en que resultan contrarios a
derecho los actos de señor y dueño sobre “bienes de la unión”89.
91. La Corte Constitucional al analizar la conformidad de esa norma con el
ordenamiento jurídico -sentencia C-530 de 1996- la declaró exequible, por
considerar que uno de los fines esenciales del Estado es el de "servir a la
comunidad", finalidad que se cumple, por ejemplo, cuando se prestan los servicios
públicos o se realizan obras para el progreso y bienestar de la sociedad; por ende,
como los bienes fiscales están destinados real o potencialmente a la prestación de
los mismos y, en últimas, esos bienes son para el disfrute de la comunidad,
merecen un tratamiento especial que los proteja.
92. En esa línea, quien posee un bien fiscal, sin ser su dueño, no está en la misma
situación en que estaría si el bien fuera de propiedad de un particular, ya que en el
primero de los escenarios su interés particular se enfrenta a los intereses de la
comunidad; en el segundo, el conflicto de intereses se da entre dos particulares.
Por ende, si una persona habita y disfruta de un inmueble de propiedad de una
entidad pública e implanta mejoras sobre ese suelo, carece de derecho para pedir
la prescripción adquisitiva90, así como la indemnización o remuneración por la
pérdida de tales mejoras91.
93. En ese orden de ideas, el Estado no está llamado a reparar los daños cuya
fuente de indemnización no es objeto de protección jurídica, en tanto que su origen
sea inconstitucional, ilegal o contrario al principio de buena fe que debe regular
todas las actuaciones de los particulares y del Estado (artículo 83 de la
Constitución)92.
88 Código de Procedimiento Civil. “ARTÍCULO 407. DECLARACION DE PERTENENCIA. <Artículo modificado
por el artículo 1, numeral 210 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> En las demandas sobre
declaración de pertenencia se aplicarán las siguientes reglas:
(…)
4. La declaración de pertenencia no procede respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las
entidades de derecho público. (…)”.
89 Código Civil. “Artículo 674. BIENES PUBLICOS Y DE USO PUBLICO. Se llaman bienes de la Unión aquéllos
cuyo dominio pertenece a la República.
Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos,
se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes públicos del territorio.
Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes de la Unión o
bienes fiscales”.
90 Corte Constitucional, sentencia C-530 de 1996- “(…) al consagrar la improcedencia de la declaración de
pertenencia, lo que la norma establece es la inexistencia del derecho, o, dicho en otros términos, que no
se gana por prescripción el derecho de propiedad sobre estos bienes, y, por lo mismo, no hay acción
para que se declare que se ha ganado por prescripción el dominio de un bien que la ley declara
imprescriptible, porque no hay derecho...”. (se destaca).
91 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 29 de junio de 2017, exp. STC9490-2017.
M.P. Ariel Salazar Ramírez.
92 Resulta evidente que la aplicación de la buena fe en las actuaciones de los particulares y del Estado no sólo
es un principio general del derecho y de ética de comportamiento, sino que es un precepto de obligatorio
cumplimiento. Sin embargo, la constitucionalización de este principio en el artículo 83 de la Carta evidencia su
carácter correlativo o recíproco, pues supone, de un lado, la garantía para el administrado de que el Estado
presuma que así actúa frente a él y a los demás particulares y, de otro, el deber de comportarse de buena fe
en todas las relaciones, de tal forma que tanto la administración como el administrado deben adoptar
comportamientos leales en el desenvolvimiento de sus relaciones. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2005, exp: 12158, C.P. Alier Eduardo
Hernández Enríquez.
29
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00702-01 (69.457)
Actor: José Uldarico Castillo Aguilar
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otros
Referencia: Reparación directa
94. De acuerdo con lo expresado por el actor en la demanda “si bien es cierto que
EDUBA aparecía en el momento de instaurar la querella policiva y el desalojo como
titular del derecho de dominio del predio denominado LA PUERTA”, él había
adquirido la parcela “hace más de 10 años y sumada la posesión anterior tenía
aproximadamente unos 25 años” 93, hecho notoriamente ilegal, pues, aunque tenía
conocimiento de que se encontraba ocupando de manera irregular un bien fiscal
continuó con su ocupación y explotación, oponiéndose y dilatando la entrega del
inmueble, tal y como lo revelan las actuaciones del proceso policivo.
95. En ese orden de ideas, la ocupación por parte de un particular de un bien fiscal
es claramente ilegal y, en esa medida, el desalojo y la pérdida de las mejoras del
actor estuvo originada por su propio actuar contrario a derecho, sin que se pueda
exculpar en el desconocimiento de la ley; de ahí que el Estado no deba reparar el
daño cuya indemnización reclama, ni siquiera cuando se presentan bajo el ropaje
de una oferta institucional.
96. Lo anterior no varía por la condición de desplazamiento del actor ni por el hecho
de existir en curso un proceso disciplinario en contra del ex gerente de la EDUBA,
la Inspectora de Policía que adelantó el proceso policivo 005-2017 y otros, y que
hubiese existido mérito para proseguir con la indagación preliminar94.
97. En ese orden de ideas, como no se configuró una lesión a un interés protegido
por el ordenamiento jurídico, siendo el derecho subjetivo un presupuesto necesario
para la existencia del daño, la Sala negará las pretensiones incoadas en contra de
la EDUBA, dado que el invocado no puede calificarse de antijurídico.
Condena en costas
98. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
adicionado por la Ley 2080 de 202195, en la sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas en esta instancia, cuya liquidación y ejecución se regirán por el
procedimiento civil.
99. El artículo 365 de la Ley 1564 de 2012 señala que hay lugar a condenar en costas
a la parte vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el
93 Vale recordar que la compraventa de la posesión fue en el 2017 donde se estableció que se compraba el
“derecho de posesión que tiene y ejerce hace más de diez (10) años” la señora Gladys Villamil Fuentes sobre
el bien objeto de la litis y de las mejoras “de pasto y totalmente cercado”. Pero en todo caso las escrituras
públicas del bien desde 1924 demuestran que siempre perteneció a entidades estatales o con participación
estatal. “ESCRITURA PÚBLICA NO. 274 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 1924 NOTARIA DE PUERTO 2-
BERRIO (ANTIOQUIA). tradente: PEDRO EMILIO JARAMILLO. Adquirente: TROPICAL OIL COMPANY.
“ESCRITURA PUBLICA NO. 77 DEL 7 DE ENERO DE 1952 NOTARIA 2 DE BOGOTA (CUNDINAMARCA).
tradente: TROPICAL OIL COMPANY. Adquirente: LA NACIÓN, MINISTRO DE FOMENTO”. ESCRITURA
PÚBLICA NO. 2568 DEL 23 DE ABRIL DE 1954 NOTARIA 2 DE BOGOTÁ (CUNDINAMARCA) Tradente: LA
NACIÓN, MINISTERIO DE MINAS Y PETRÓLEOS… Adquiriente: Empresa Colombiana de Petróleos
ECOPETROL”. “ESCRITURA PUBLICA NO. 4457 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1990 NOTARIA 38 DE BOGOTÁ
(CUNDINAMARCA). Tradente: ECOPETROL… Adquirente: LA NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL”. “ESCRITURA PUBLICA NO. 250 DEL 09 DE FEBRERO DE 2000 NOTARIA 24 DE BOGOTÁ
(CUNDINAMARCA). Tradente: LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL… Adquirente:
Municipio de Barrancabermeja”. “ESCRITURA PÚBLICA NO 321 DEL 5 DE MARZO DE 2015 NOTARIA 1
DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER). Tradente: Municipio de Barrancabermeja. Adquirente:
Empresa de Desarrollo urbano y Fondo de Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja – EDUB”.
94 SAMAI: Gestión en otros despachos. Índice 56.
95 Que resulta aplicable en razón de la fecha de interposición del recurso de apelación -28 de noviembre de
2022-.
30
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00702-01 (69.457)
Actor: José Uldarico Castillo Aguilar
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otros
Referencia: Reparación directa
recurso. El artículo 361 ibidem establece que las costas «están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por
las agencias en derecho».
100.El numeral 8 del artículo 365 de la norma referida dispone que “solo habrá lugar
a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación”. El pleito de la referencia corresponde a una controversia de
reparación directa con cuantía que implicó que las entidades demandadas tuvieran
que designar y sufragar abogados que ejercieran la defensa judicial de sus
intereses, gestión que genera agencias en derecho incluso por la sola vigilancia del
proceso y aun en el evento de que se tratara de apoderados vinculados a su planta
de personal96.
101. Así las cosas, se fija como agencias en derecho para la segunda instancia el
valor equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha
de ejecutoria de esta providencia, a cargo de la parte demandante (recurrente),
suma que se reconocerá en partes iguales, en favor de la EDUBA y el Distrito
Especial de Barrancabermeja. Esta determinación se efectúa de conformidad con
lo previsto en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016, expedido por el
Consejo Superior de la Judicatura97, norma vigente en materia de tarifas de
agencias en derecho para la fecha en que se presentó la demanda.
102.La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los
términos del artículo 366 ejusdem, para lo cual, además, tendrá en cuenta todas
las expensas y las agencias en derecho de primera instancia fijadas por el Tribunal
Administrativo de Santander.
IV. PARTE RESOLUTIVA
103.En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
96 Sobre las labores de vigilancia del proceso como criterio suficiente para fijar agencias en derecho se pueden
consultar, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
A, sentencias del 19 de febrero de 2021, exp. 64.401, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, 19 de marzo de 2021,
exp. 68.836, C.P. María Adriana Marín; del 17 de junio de 2022, exp. 67.178, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico;
del 21 de noviembre de 2022, exp. 68.941, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y del 3 de febrero de 2023, exp.
69.319, auto de 9 de abril de 2021, C.P: María Adriana Marín, exp: 64.150 y auto de 19 de marzo de 2021, C.P:
José Roberto Sáchica Méndez, exp: 65.193. De acuerdo con lo consignado en los numerales 3 y 4 del artículo
366 del CGP, la fijación de agencias en derecho no se afecta en el evento en el que la parte haya litigado,
incluso, a nombre propio -sin apoderado judicial-, pues aun en ese caso tiene derecho a que se fije el monto
de las agencias para retribuir su actuación. Por lo anterior, si la parte que actuó a nombre propio tiene derecho
a que se le fijen agencias en derecho a su favor, a pesar de que no incurrió en el pago de honorarios de un
apoderado judicial que lo representara, igual razonamiento debe hacerse extensivo a los eventos en los que
un sujeto procesal actúa a través de un profesional del derecho que hace parte de su planta de personal, pues
el hecho de que no se hayan realizado pagos adicionales a su salario no enerva la causación de las agencias
en derecho como componente de la condena en costas. Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de febrero de 2023, exp: 68.199.
97 “ARTÍCULO 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta,
dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la
duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y
demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor
jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites”.
“(…)
“ARTÍCULO 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:
(…)
“En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”.
31
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00702-01 (69.457)
Actor: José Uldarico Castillo Aguilar
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otros
Referencia: Reparación directa
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 15 de noviembre de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo de Santander. La cual quedará así:
“PRIMERO: DECLARAR LA CADUCIDAD de la pretensión de nulidad y
restablecimiento del derecho incoada contra el Distrito Especial de Barrancabermeja.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de reparación directa dirigidas contra la
Empresa de Desarrollo Urbano de Barrancabermeja.
“TERCERO: CONDENAR EN COSTAS al demandante, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia”.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS por la segunda instancia a la parte
demandante, en favor del Distrito Especial de Barrancabermeja y la EDUBA. Para
el efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma de dos (2) smlmv a la fecha
de ejecutoria de esta providencia, suma que será reconocida por partes iguales.
Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Con aclaración de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
32
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.