Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02154-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02154-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-02154-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
19 de mayo de 2022
Demandante: Christian Martin Erick Jiménez Quintana
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda – Subsección “E”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02154-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-002154-00
Demandante: CHRISTIAN MARTÍN ERICK JIMÉNEZ QUINTANA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “E”
Temas: Tutela contra providencia judicial – Ausencia del requisito de
relevancia constitucional – sanción moratoria por el no pago
de cesantías y condena en costas.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la solicitud de amparo constitucional presentada por el señor
Christian Martín Erick Jiménez Quintana, con fundamento en el artículo 86 de la
Constitución Política y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 26
de mayo de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. El 8 de abril de 2022 el señor Christian Martín Erick Jiménez Quintana,
actuando a través de apoderado judicial1, ejerció acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, con
el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia y a la igualdad.
2. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales con
ocasión de la sentencia de segunda instancia, proferida el 27 de septiembre de
2021, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “E”, identificada con el radicado N.º 1001-33-35-026-2018-00193-01,
que revocó el fallo dictado el 27 de marzo de 2019 por el Juzgado Veintiséis
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que había accedido parcialmente a
las pretensiones de la demanda, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
1 El accionante confirió poder especial al abogado Andrés Camilo Tarazona Vence, con el lleno de
los requisitos legales.
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Demandante: Christian Martin Erick Jiménez Quintana
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda – Subsección “E”
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derecho instaurado por el actor en contra de la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Armada Nacional.
1.2. Pretensiones
3. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó:
1. Ampararse los derechos fundamentales de mi mandante al debido
proceso e igualdad ante la ley y mis similares, vulnerados por el Tribunal
Administrativo De Cundinamarca – Sección Segunda- Subsección “E”.
2. Se dejen sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
De Cundinamarca – sección Segunda- Subsección “E”; de fecha 24 de
septiembre de 2021 dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho promovido por mi mandante en contra de la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Armada Nacional.
3. Ordenar a la accionada, que, dentro de los 40 días siguientes a la
notificación de esta providencia, emita la decisión de reemplazo, tomando
como referente los precedentes jurisprudenciales aquí citados, el verdadero
sentido y alcance de las normas aplicables al caso en concreto.” (Sic para
todo lo transcrito)
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El señor Christian Martín Erick Jiménez Quintana, por intermedio de apoderado
judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter laboral en contra de la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional, con el fin de que se declarara
la nulidad del Oficio 2018004236013021 del 17 de enero de 2018, que negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la cancelación tardía de las
cesantías.
5. A título de restablecimiento del derecho, el demandante del proceso ordinario
solicitó que se reconociera la sanción moratoria por la dilación de 172 días,
contados desde cuando se vencieron los 45 días hábiles posteriores a la
ejecutoría del acto administrativo que reconoció las cesantías, hasta el día que se
efectuó el pago efectivo.
6. El Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá dictó la
sentencia del 27 de marzo de 2019, en la que accedió a las pretensiones de la
demanda al haber encontrado acreditado que: “(i) el señor Christian Martín Erick
Jiménez Quintana se retiró del servicio el 17 de enero de 2017; (ii) por medio de la
Resolución No. 0341 del 06 de abril de 2017, la demandada ordenó el reconocimiento y
pago a su favor de las cesantías definitivas; (iii) este acto administrativo quedó
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ejecutoriado el 10 de abril del mismo año; y (iv) hasta el 30 de noviembre de 2017 el
MDN-AN puso a disposición del demandante el valor reconocido por concepto de
cesantías.”
7. Con fundamento en lo anterior, la autoridad judicial de primera instancia
concluyó que la entidad incurrió en mora desde el 18 de junio de 2017, día
siguiente al vencimiento de los 45 días contados desde la ejecutoria del acto
administrativo hasta el 29 de noviembre de 2017 (día anterior al pago), por lo que
el demandante tenía derecho a que se le reconociera la sanción moratoria por un
total de 165 días.
8. Las partes demandante y demandada interpusieron recursos de apelación con
el fin de que se revocara la sentencia. La actora, en lo referente a la manera en la
que se ordenó liquidar la sanción moratoria, pues consideró que el juzgado de
instancia erró al ordenar que se hiciera únicamente con la asignación básica,
desconociendo que el salario lo compone todo lo que percibe el trabajador como
contraprestación por sus servicios.
9. La entidad demanda solicitó que se revocara en su integridad el fallo sobre la
base de considerar que en el caso del accionante se aplicó el artículo 164 del
Decreto 1211 de 1990 que otorga tres (3) meses de alta a los uniformados con los
que la entidad cuenta para la formación del correspondiente expediente de
prestaciones sociales.
10. Precisó que, por tal razón “el Oficio No. 2018004236013021 de 17 de enero de
2018 que respondió la petición elevada por el demandante para obtener el reconocimiento
de la sanción moratoria, se le informó que, ‘por estar cobijado por un régimen prestacional
especialísimo, los términos para reconocimiento de cesantías a su favor son diferentes a
los establecidos en el régimen general, pues a los términos indicados en la Ley 1071 de
2006 debe sumarse el establecido en el artículo 164 del Decreto 1211 de 1990, que
establece el pago de los conocidos tres (3) meses de alta que es el tiempo destinado para
efecto de conformación del expediente prestacional.” (Sic para lo transcrito)
11. Los recursos de apelación fueron resueltos por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección “E” en sentencia dictada el 24 de
septiembre de 2021 que revocó la decisión para, en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda.
12. Para arribar a la citada resolutiva, el ad quem del proceso ordinario consideró
que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1252 de 2000, a los miembros
de la Fuerza Pública vinculados hasta el 25 de mayo de 2000, se les aplicaba el
sistema de retroactividad de las cesantías, tal como le fueron reconocidas al
demandante.
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13. Advirtió que únicamente a los uniformados vinculados a partir esa fecha se les
aplica el sistema anualizado de cesantías, sin retroactividad y con pago de
intereses.
14. Con fundamento en lo anterior concluyó que “la sanción moratoria dispuesta en la
Ley 244 de 1995, subrogada por la Ley 1071 de 2006, no fue consagrada por el legislador
para aquellos beneficiarios del régimen de cesantías retroactivo, como es el caso de los
miembros de la fuerza pública vinculados hasta el 25 de mayo de 2000, frente a los que la
norma especial que los regula, esto es, es el Decreto 1211 de 1990, no la estableció,
como tampoco lo hicieron las normas generales de los empleados públicos que
consagraron el régimen retroactivo de cesantías, como lo son las Leyes 6.ª de 1945 y 65
de 1946 y, el Decreto 1160 de 1947.”
15. Al emplear la normativa en la solución del caso, concluyó que como el
demandante se vinculó a la Armada Nacional el 1.º de diciembre de 1989, es
beneficiario del régimen retroactivo de cesantías, por ende, no le resulta aplicable
el beneficio de la sanción moratoria consagrado en la Ley 244 de 1995, subrogada
por la Ley 1071 de 2006.
16. Como consecuencia de lo anterior, condenó en costas de ambas instancias a
la parte demandante, fijando el valor de las agencias en derecho.
1.4. Sustento de la vulneración
17. La parte actora argumentó que en el caso concreto concurrían todos los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, con respecto a la relevancia constitucional afirmó que se buscaba la
protección del debido proceso.
18. Afirmó que agotó todos los mecanismos de defensa judicial y que presenta la
acción en un término razonable por cuanto la sentencia le fue notificada el 11 de
octubre de 2021.
19. Argumentó que la providencia censurada incurrió en defecto sustantivo, que
sustentó en que las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 no hacen distinción alguna
frente al régimen de cesantías de los destinatarios de la norma.
20. Al respecto, señaló que “el supuesto de hecho para que se cause la sanción
moratoria es la mora de la entidad pública pagadora en el reconocimiento y/o pago de las
cesantías, por lo que con independencia del régimen de cesantías en el que se encuentre
el empleado público, a todo aquel que demuestre el vencimiento de los términos legales
previstos en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 le asiste el derecho a que se le
reconozca la indemnización pretendida, caso concreto como ocurrió con mi mandante.”
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21. Censuró igualmente la condena en costas impuesta en la sentencia de
segunda instancia, sobre la base de considerar que el mismo tenía derecho a la
prestación reclamada y que la demanda no corresponde a un “capricho de la parte
demandante”.
22. A su juicio, la condena en costas vulnera el principio de la non retormatio in
pejus en virtud del cual la pena o sanción no puede ser más gravosa en segunda
instancia para el apelante único. Solicitó que se revocara la condena en costas
impuesta.
1.5. Actuaciones procesales relevantes
1.5.1. Auto admisorio de la demanda
23. Mediante auto de ponente, dictado el 4 de mayo de 2022, se admitió la
demanda de tutela y se ordenó notificar a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección “E”, como
autoridad judicial accionada.
24. En la misma providencia se ordenó vincular como terceros con interés jurídico
en el resultado del proceso al Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada
Nacional. También se dispuso la Notificación de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, en los términos y para los efectos del artículo 610 del Código
General del Proceso.
25. Se decidió publicar en las páginas web del Consejo de Estado y del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda copia digital de la demanda de
tutela, de los anexos que la acompañan y del auto admisorio, con el fin de que
cualquier persona que tenga interés conozca de los referidos documentos y pueda
intervenir en el trámite constitucional de la referencia.
1.5.2. Intervenciones de la autoridad accionada y de los terceros vinculados
1.5.2.1. Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
26. El titular del despacho judicial informó que ese despacho conoció en primera
instancia del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho
instaurado por el accionante en contra de la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Armada Nacional y tomó la decisión razonada y sustentada de
conceder las pretensiones de la demanda.
27. En ese orden, afirmó que no encuentra que las decisiones de primera o de
segunda instancia sean arbitrarias, que se respetó el debido proceso de los
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intervinientes y que no se incurrió en acción u omisión violatoria de los derechos
fundamentales de la parte accionante.
28. Remitió copia íntegra del expediente contentivo del proceso ordinario.
1.5.2.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda –
Subsección “E”
29. El magistrado ponente de la decisión censurada precisó los antecedentes del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. A continuación, hizo referencia
a las causales generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial con fundamento en las cuales afirmó que la presente
acción es improcedente.
30. Lo anterior por cuanto no cumple con el requisito de relevancia constitucional,
porque el accionante convirtió la acción en una instancia adicional del proceso y,
además cuestiona asuntos de orden estrictamente legal que en su momento
fueron debatidos y resueltos en el proceso y que no corresponde tratar en sede
constitucional.
31. Alegó que igualmente se configura en el caso concreto la causal de
improcedencia referida a la subsidiariedad, porque el actor cuenta con el recurso
extraordinario de revisión, el cual no ha sido agotado no obstante que se alega la
violación del principio de la non reformatio in pejus.
32. Sustentó jurídicamente la decisión adoptada en la sentencia censurada
afirmando que el demandante del proceso ordinario se vinculó a la Armada
Nacional el 1º de diciembre de 1989 por lo que el régimen de cesantías es el de
retroactividad, dispuesto en el Decreto 1211 de 1990 y en el artículo 2º del
Decreto 1252 de 2000.
33. Aseveró que, con fundamento en lo anterior, en la sentencia se explicó que la
liquidación de las cesantías definitivas efectuada por la entidad demandada
mediante la Resolución N.o 0341 del 06 de abril de 2017, atendió al régimen
retroactivo del accionante. Es decir, que se tuvo en cuenta, como periodo de
causación de las cesantías, el tiempo de servicio prestado por el demandante
entre el 1.º de diciembre de 1989 y el 17 de enero de 2017.
34. Conforme a lo establecido, se concluyó que no le asistía derecho al
demandante al reconocimiento y pago de la sanción moratoria contenida la Ley
244 de 1995, subrogada por la Ley 1071 de 2006, por ser beneficiario del régimen
retroactivo de cesantías, dado que la norma especial que lo regula.
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36. En forma subsidiaria a la solicitud de declaratoria de improcedencia pidió que
se negara la petición de amparo por no haberse incurrido en causal alguna de
procedibilidad de la acción.
1.5.2.3. Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional
37. La entidad por intermedio de Auxiliar Administrativo de la Dirección de Asuntos
Legales y Administrativos de la Armada Nacional se limitó a tener por recibida la
notificación.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
38. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el
señor Christian Martín Erick Jiménez Quintana, con fundamento en los artículos
86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
39. Lo anterior, por cuanto la acción se dirige contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección “E” y, por ende, le corresponde el
conocimiento al superior funcional, en virtud de lo consagrado en el numeral 5º del
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015.
2.2. Problemas jurídicos
40. Con fundamento en la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los cargos invocados en la demanda de tutela, el primer
problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en establecer si
concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando
se dirige contra providencia judicial.
41. En el evento de encontrar superados tales requisitos, se establecerá si la
autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad de la parte
actora, con ocasión de la decisión de negarle el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías y condenarlo en
costas de las dos instancias.
42. Por razones de orden metodológico, se analizarán los siguientes temas i)
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) cumplimiento de
los requisitos de procedibilidad adjetiva; y iii) análisis del caso concreto, con
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fundamento en los argumentos expuestos en el libelo introductorio y las
intervenciones de la parte accionada y la tercera interesada.
2.3. Razones jurídicas de la decisión
2.3.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
43. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
20122 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema3 y declaró su
procedencia.4
44. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se
trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento
de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos
y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; y iv) de
relevancia constitucional. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno
de estos presupuestos, se deber declarar la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
45. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
47. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2 Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora:
Nery Germania Álvarez Bello. M.P.: María Elizabeth García González.
3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
4 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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2.3.2. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.3.2.1. Relevancia constitucional5
48. En el sub examine el cuestionamiento constitucional recae sobre dos
decisiones a saber: (i) la negativa de condenar a la entidad demandada al pago de
la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías; y (ii) la condena en
costas que se realizó a la parte vencida en el juicio, con la aplicación de un criterio
objetivo valorativo.
49. Con respecto a estos dos aspectos, la Sala considera que le asiste razón a la
autoridad judicial accionada cuando argumentó que la petición de amparo carece
del requisito de relevancia constitucional, por cuanto se trata de una reclamación
netamente patrimonial que no trasciende el ámbito de legalidad para que pueda
ser considerado por el juez constitucional en esta acción, que es excepcional y
residual y que además se abordó como si se tratara de una tercera instancia.
50. Sobre el punto esta Sección al abordar casos que guardan similitud fáctica y
jurídica con el que ahora se resuelve ha considerado que no se supera el requisito
de relevancia constitucional, bases que se sentaron en la providencia del 28 de
mayo de 20206.
51. El fundamento jurídico en cuestión se precisó con fundamento en sentencia de
unificación 573 del 27 de noviembre de 2019, dictada por la Corte Constitucional
en virtud del cual la controversia en materia de tutela debe versar sobre un asunto
constitucional pero no meramente legal y/o económico, en tanto éstas decisiones
se refieren a un derecho de índole patrimonial que debe ser resuelto por los
mecanismos ordinarios.
52. En efecto, al juez de tutela le está prohibido inmiscuirse en asuntos que no
trasciendan la órbita estrictamente patrimonial como lo es una sanción moratoria
por el no pago de cesantías o la condena en costas; con lo cual se creó una regla
proveniente de una Alta Corte en su condición de Órgano de cierre en materia de
derechos fundamentales, que no puede desconocerse, toda vez que tiene carácter
5 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-
15-000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia
13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-
2019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20,
Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-
00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
6 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 28.5.2020, exp. 11001-03-15-000-2020-
01384-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
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vinculante para los demás funcionarios judiciales en sus decisiones7 y así
garantiza el principio de seguridad jurídica.
53. El caso en el que la Corte Constitucional unificó la posición sobre la relevancia
constitucional es idéntico al que hoy ocupa la atención de la Sala, en cuanto a que
allí los accionantes alegaron que, con las sentencias proferidas en el marco de los
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró
sus derechos fundamentales, por cuanto les fue negada la pretensión de
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por no consignación oportuna de
las cesantías,
54. En esa medida, en la sentencia que revisó la Corte los actores adujeron que
las providencias impugnadas incurrieron en los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente, según los cuales tenían derecho al pago de la
penalidad reclamada.
55. Con respecto a los referidos argumentos la Corte Consideró que no se cumplía
esta exigencia debido a que “la controversia planteada: (i) versa sobre un asunto
meramente legal, con una connotación patrimonial privada, (ii) que no tiene relación
directa con la presunta afectación de un derecho fundamental, y (iii) busca reabrir el
debate concluido por el juez ordinario, por cuanto no se advierte prima facie una actuación
arbitraria o ilegítima de la autoridad judicial.”
56. En el sub examine además de plantearse un debate netamente legal de
carácter patrimonial, la parte actora no esgrimió argumentos de rango
constitucional, sino que tangencialmente se refirió a la existencia de un defecto
sustantivo sin explicar siquiera la forma como el mismo se configuró en el caso
concreto pues se limitó a afirmar que las normas cobijaban todos los regímenes de
cesantías, pretendiendo que el caso se resolviera como una tercera instancia.
57. Con respecto a la condena en costas se limitó a manifestar que consideraba
que tenía el derecho reclamado y que la condena no procedía por no haber
obrado de mala fe sin desvirtuar los argumentos expuestos por el Tribunal por lo
que, la reclamación, adicionalmente carece de carga argumentativa mínima.
58. Adicionalmente, la sanción moratoria por no consignación oportuna de las
cesantías y lo relacionado con la condena en costas no es un derecho
fundamental, ni está ligado a la satisfacción de una garantía de naturaleza
constitucional, como si lo es el carácter irrenunciable de las cesantías, como una
prestación de rango legal, caso en el cual la tutela devendría procedente; así
cualquier pago adicional que no corresponda a la finalidad misma de las
cesantías, sino a una penalidad para el empleador que no cancela al fondo o las
7 Corte Constitucional, sentencia T-281 del 13 de mayo de 2015.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda – Subsección “E”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02154-00
paga al trabajador en los términos solicitados, es un reconocimiento de carácter
puramente patrimonial que no amerita la intervención del juez de tutela.
59. Finalmente al revisar las consideraciones expuestas en la sentencia
cuestionada no se advierte que la decisión sea arbitraria o que obedezca al
capricho de la autoridad judicial que la dictó, sino que obedeció a un examen del
régimen jurídico aplicable al accionante que se encontraba cobijado por el derecho
a la retroactividad de las cesantías, motivo por el cual ninguno de los
presupuestos que permiten superar este requisito se configura en el caso
concreto.
60. Así las cosas, al tratarse de un debate eminentemente patrimonial y
económico, como la Corte Constitucional lo indicó en la sentencia de unificación
SU-573 de 2019, se tiene como un asunto legal, más no constitucional “por tratarse
de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o
privadas, “que no representen un interés general”.
61. En este orden de ideas, se advierte que la solicitud de tutela, en relación con
los argumentos expuestos por el accionantes tornan la misma improcedente8
pues, como quedó demostrado, la acción de amparo no supera el requisito de
procedibilidad adjetivo de la relevancia constitucional.
62. Lo anterior impide continuar con el examen de los demás requisitos de
procedibilidad y, adicionalmente, impiden abordar el fondo del asunto.
2.4. Conclusiones
63. En el caso concreto la petición de amparo constitucional no superó el requisito
de relevancia constitucional por cuanto versó sobre una cuestión meramente legal
de carácter patrimonial; no involucró un examen de rango constitucional sino de
normas de naturaleza legal, pretendía que se analizara el caso como si se tratara
de una tercera instancia y no se advertía de bulto irregular o arbitrariedad en la
decisión censurada.
64. La ausencia del requisito en cuestión impone a la Sala declarar la
improcedencia de la acción de tutela.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
8 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 20 de febrero de 2020, expediente con
radicado No. 11001-03-15-000-2019-04788-01, M.P. Rocío Araújo Oñate; Consejo de Estado,
Sección Quinta, sentencia del 7 de mayo de 2020, expediente con radicado No. 11001-03-15-000-
2019-04762-01, M.P. Rocío Araújo Oñate y; 22 de octubre de 2020, expediente con radicado No.
11001-03-15-000-2020-03495-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
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Sección Segunda – Subsección “E”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02154-00
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el
señor Christian Martín Erick Jiménez Quintana contra el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección “E”, por carecer de relevancia
constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Si la sentencia no fuere impugnada dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR al día siguiente el presente asunto a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, en los términos previstos en el artículo 31
del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Ausente con permiso
Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081
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