Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02154-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02154-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-02154-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
28 de julio de 2022
Radicación: 11001 0315 000 2022 02154 01
Accionante: Christian Martín Erick Jiménez Quintana
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-0315-000-2022-02154-01
Accionante: CHRISTIAN MARTÍN ERICK JIMÉNEZ QUINTANA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN E
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando se trata de un
asunto meramente económico y cuya falta de
reconocimiento no compromete ningun derecho
fundamental.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra del
fallo de tutela proferido el 19 de mayo de 2022 por la Sección Quinta del
Consejo de Estado que declaró improcedente el amparo.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Christian Martín Erick Jiménez Quintana, actuando por conducto
de apoderado, promovió acción de tutela en contra de la sentencia
proferida el 24 de septiembre de 2021 por la Subsección E, Sección
Segunda, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de que
se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, el acceso
efectivo a la administración de justicia e igualdad; para ello formuló las
siguientes pretensiones1:
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Accionante: Christian Martín Erick Jiménez Quintana
“[…] 1. Ampararse los derechos fundamentales de mi mandante al
debido proceso e igualdad ante la ley y mis similares, vulnerados
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda-
Subsección “E”.
2. Se dejen sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda- Subsección
“E”; de fecha 24 de septiembre de 2021 dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido por mi mandante
en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada
Nacional.
3. Ordenar a la accionada, que, dentro de los 40 días siguientes a la
notificación de esta providencia, emita la decisión de reemplazo,
tomando como referente los precedentes jurisprudenciales aquí
citados, el verdadero sentido y alcance de las normas aplicables al
caso en concreto.
(…)
POR TALES MOTIVOS PARA ESTE SEGUNDO ACAPITE DE
PRETENSIONES, SOLICITO SE LE REVOQUE LAS COSTAS
IMPUESTAS A MI MANDANTE POR EL SEÑOR MAGISTRADO
SUSTANCIADOR DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCION “E” DENTRO
DEL EXPEDIENTE DE LA REFERENCIA […]”.
[Mayúsculas en el escrito de tutela]
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que ingresó a la Armada Nacional el 1 de diciembre
de 1989 y el derecho a percibir la asignación de retiro se hizo efectivo en
el año 2017.
Indicó que, mediante la Resolución nro. 0341 del 6 de abril de 2017, se
ordenó en su favor el pago de las cesantías definitivas.
Adujo que las cesantías fueron pagadas el 30 de noviembre de 2017 “y el
pago de la indexación de dichas cesantías definitivas se realizó el día 6 de
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diciembre de 2017, siendo este último hasta cuando se daría
cumplimiento al pago total por parte de la entidad”2.
Sostuvo que el 15 de diciembre de 2017 solicitó el reconocimiento de la
suma a que tiene derecho por concepto de mora en el pago de las
cesantías definitivas.
Señaló que la petición fue resuelta desfavorablemente el 17 de enero de
2018 por el Ministerio de Defensa – Armada Nacional.
Inconforme con lo anterior, promovió demanda bajo el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se reconociera
la sanción moratoria.
Afirmó que la demanda correspondió por reparto al Juzgado 26
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que, en sentencia proferida
el 27 de marzo de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones.
Manifestó que interpuso recurso de apelación en contra de la precitada
decisión y la Subsección E, Sección Segunda, del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, en providencia del 24 de septiembre de 2021, la revocó
y, en su lugar, denegó las pretensiones y lo condenó en costas.
Alegó que la sentencia controvertida incurrió en desconocimiento del
precedente judicial con fundamento en que “vista la ambigüedad que se
ha advertido por el funcionario de segunda instancia, es claro que en el
fallo objeto de reproche se vulneran los derechos fundamentales de mi
mandante, toda vez que los fundamentos no son claros y se alejan
ostensiblemente de enervar los argumentos expuestos y de obligatorio
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acatamiento por parte de los jueces administrativos al mediar una
sentencia de unificación”3.
Argumentó que se configuró el defecto sustantivo por cuanto, en la
sentencia atacada, se aplicaron de manera indebida las normas que
regulan el asunto y para ello expuso4:
“[…] Se logra establecer que nos encontramos claramente frente a
un defecto sustantivo por violación de la norma sustantiva, lo cual
no es otra cosa que pretender establecer que no existe norma que
contemple la sanción moratoria para los empleados beneficiarios del
régimen retroactivo de cesantías, pues es evidente que las leyes 244
de 1995 y 1071 de 2006 no hacen distinción alguna frente al
régimen de cesantías de los destinatarios de la norma. En efecto, el
supuesto de hecho para que se cause la sanción moratoria es la
mora de la entidad pública pagadora en el reconocimiento y/o pago
de las cesantías, por lo que con independencia del régimen de
cesantías en el que se encuentre el empleado público, a todo aquel
que demuestre el vencimiento de los términos legales previstos en
las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 le asiste el derecho a que se
le reconozca la indemnización pretendida, caso concreto como
ocurrió con mi mandante […]”.
De otro lado, solicitó dejar sin efectos las costas impuestas en la sentencia
atacada.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. Por auto del 3 de mayo de 20225, la Sección Quinta del Consejo de
Estado admitió la tutela y dispuso notificar a los magistrados que integran
la Subsección E, Sección Segunda, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, así como vincular, en calidad de terceros con interés
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Accionante: Christian Martín Erick Jiménez Quintana
jurídico, a la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional y al
Juzgado 26 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá6.
Igualmente, requirió a la Subsección E, Sección Segunda, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que allegara copia digital del expediente
radicado con el nro. 11001 33 35 026 2018 00193 01, el cual fue enviado7.
3.2. El magistrado ponente de la decisión cuestionada rindió informe vía
correo electrónico8, en el que manifestó que la tutela no cumple con el
requisito de relevancia constitucional, toda vez que la parte actora
cuestiona asuntos de orden estrictamente legal que fueron resueltos en
el proceso ordinario y que no corresponden tratar en sede constitucional.
3.3. El Juez 26 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá allegó
informe vía correo electrónico9, en el que expuso que las decisiones
proferidas en primera y segunda instancia fueron debidamente
fundamentadas en referentes normativos y jurisprudenciales aplicables
para el caso que se debatía, por lo que no se trata de providencias
arbitrarias o contrarias a derecho.
3.4. La Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional no rindió
informe.
4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 19 de
mayo de 2022, dispuso lo siguiente10:
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Esta orden se cumplió el 5 de mayo de 2022. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica
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Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Accionante: Christian Martín Erick Jiménez Quintana
“[…] PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela
interpuesta por el señor Christian Martín Erick Jiménez
Quintana contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda – Subsección “E”, por carecer de relevancia
constitucional […]”.
[Negrillas y mayúscula en la providencia]
Para dilucidar el asunto consideró que no estaba cumplido el requisito de
relevancia constitucional porque se trataba de un debate de naturaleza
económica; al efecto explicó11:
“[…] 48. En el sub examine el cuestionamiento constitucional recae
sobre dos decisiones a saber: (i) la negativa de condenar a la entidad
demandada al pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno
de las cesantías; y (ii) la condena en costas que se realizó a la parte
vencida en el juicio, con la aplicación de un criterio objetivo
valorativo.
49. Con respecto a estos dos aspectos, la Sala considera que le
asiste razón a la autoridad judicial accionada cuando argumentó que
la petición de amparo carece del requisito de relevancia
constitucional, por cuanto se trata de una reclamación netamente
patrimonial que no trasciende el ámbito de legalidad para que pueda
ser considerado por el juez constitucional en esta acción, que es
excepcional y residual y que además se abordó como si se tratara
de una tercera instancia.
50. Sobre el punto esta Sección al abordar casos que guardan
similitud fáctica y jurídica con el que ahora se resuelve ha
considerado que no se supera el requisito de relevancia
constitucional, bases que se sentaron en la providencia del 28 de
mayo de 202012.
51. El fundamento jurídico en cuestión se precisó con fundamento
en sentencia de unificación 573 del 27 de noviembre de 2019,
dictada por la Corte Constitucional en virtud del cual la controversia
en materia de tutela debe versar sobre un asunto constitucional pero
no meramente legal y/o económico, en tanto éstas decisiones se
refieren a un derecho de índole patrimonial que debe ser resuelto
por los mecanismos ordinarios.
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radicado nro. 11001 0315 000 2022 02154 00.
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Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 28.5.2020, exp. 11001 0315 000
2020 01384 00, M.P.: Rocío Araújo Oñate.
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Accionante: Christian Martín Erick Jiménez Quintana
52. En efecto, al juez de tutela le está prohibido inmiscuirse en
asuntos que no trasciendan la órbita estrictamente patrimonial como
lo es una sanción moratoria por el no pago de cesantías o la condena
en costas; con lo cual se creó una regla proveniente de una Alta
Corte en su condición de Órgano de cierre en materia de derechos
fundamentales, que no puede desconocerse, toda vez que tiene
carácter vinculante para los demás funcionarios judiciales en sus
decisiones y así garantiza el principio de seguridad jurídica.
53. El caso en el que la Corte Constitucional unificó la posición sobre
la relevancia constitucional es idéntico al que hoy ocupa la atención
de la Sala, en cuanto a que allí los accionantes alegaron que, con las
sentencias proferidas en el marco de los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró sus
derechos fundamentales, por cuanto les fue negada la pretensión de
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por no consignación
oportuna de las cesantías.
(…)
58. Adicionalmente, la sanción moratoria por no consignación
oportuna de las cesantías y lo relacionado con la condena en costas
no es un derecho fundamental, ni está ligado a la satisfacción de una
garantía de naturaleza constitucional, como si lo es el carácter
irrenunciable de las cesantías, como una prestación de rango legal,
caso en el cual la tutela devendría procedente; así cualquier pago
adicional que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías,
sino a una penalidad para el empleador que no cancela al fondo o
las paga al trabajador en los términos solicitados, es un
reconocimiento de carácter puramente patrimonial que no amerita
la intervención del juez de tutela […]”.
5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN
Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante lo impugnó
con fundamento en lo siguiente13:
Expuso que “más allá de que de las pretensiones de la demanda y que
hizo tránsito en el juez ordinario, traiga ligado un reconocimiento
económico y/o patrimonial, no se puede desconocer el atropello que causa
el desconocimiento del precedente jurisprudencial en donde se ve
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Accionante: Christian Martín Erick Jiménez Quintana
involucrado nada más y nada menos el desconocimiento de una sentencia
de unificación”14.
Concluyó que “en el presente mecanismo constitucional solo se ha hecho
énfasis en el desconocimiento del precedente jurisprudencial y la violación
del debido proceso precisamente que causó el mentado desconocimiento,
incluso, de ninguna manera se está indicando en el acápite de las
pretensiones reconocimiento patrimonial alguno, sino como es el deber
ser, se está solicitando el remplazo de la sentencia revisando la sentencia
de unificación que fue desconocida por parte del juez ordinario en segunda
instancia”15.
Por auto del 6 de junio de 2022 se concedió la impugnación16 y la misma
fue asignada por acta de reparto el 16 de junio de 202217.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199118, en concordancia con el numeral 5 del artículo
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El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
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2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201519, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202120, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201921 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.
6.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente22:
6.2.1. El señor Christian Martín Erick Jiménez Quintana, actuando por
conducto de apoderado, promovió demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Armada
Nacional, pretendiendo lo siguiente:
“[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad del acto administrativo
contenido en el oficio nro. 2018004236013021 de fecha 17 de enero
de 2018 por medio de la cual se le niega el reconocimiento del pago
por concepto de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las
cesantías definitivas de mi poderdante.
SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad
y a título de restablecimiento del derecho, sin renunciar al régimen
especial de la Fuerza Pública, se CONDENE al MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL a que reconozca a favor
de mi poderdante el dinero correspondiente a la sanción moratoria
por el no pago oportuno de las cesantías del mismo, la cual tuvo una
mora total de 172 días desde el momento que se sobrepasó los 45
días hábiles posteriores a la ejecutoria del acto administrativo que
las reconoció y ordenó pagar y hasta cuando se hizo efectivo el pago
[…]”.
[Mayúsculas en la demanda]
19
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
20
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
21
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
22
Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
con el nro. 11001 3335 026 2018 00193 01. Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica
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Accionante: Christian Martín Erick Jiménez Quintana
6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado 26 Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá que, en sentencia del 27 de marzo de 2019,
dispuso:
“[…] Primero. - DECLARAR LA NULIDAD del acto administrativo
contenido en el Oficio 20180042360013021 del 17 de enero de 2018
expedido por la Dirección de Prestaciones Sociales de la Armada
Nacional, en cuanto negó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria solicitada por el señor CHRISTIAN MARTIN ERICK
JIMÉNEZ QUINTANA (…), de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva.
Segundo.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a
título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la NACIÓN -
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL,
por su conducto o a través de la dependencia competente, a pagar
a favor del Señor CHRISTIAN MARTIN ERICK JIMÉNEZ
QUINTANA de condiciones civiles anotadas, la sanción moratoria
por el reconocimiento y pago no oportuno de las cesantías
definitivas, a razón de un día de salario por cada día de retardo,
entre el 18 de junio y el 29 de noviembre de 2017, equivalente a
ciento sesenta y cinco (165) días de salario, para cuya liquidación
deberá tomarse el sueldo básico mensual correspondiente al grado
que ostentaba el actor para el año 2017.
Tercero. -NEGAR las demás pretensiones de la demanda
promovida dentro del presente medio de control […]”.
[Negrillas y mayúsculas en la providencia]
6.2.3. Inconformes con lo anterior, las partes interpusieron recursos de
apelación y la Subsección E, Sección Segunda, del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, en providencia del 24 de septiembre de 2021, resolvió:
“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el veintisiete (27)
de marzo de dos mil diecinueve (2019) por el Juzgado Veintiséis (26)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, por medio de la cual
accedió a las súplicas de la demanda promovida por el señor
Christian Martín Erick Jiménez Quintana contra la Nación– Ministerio
de Defensa Nacional– Armada Nacional, de conformidad con las
consideraciones precedentes. En su lugar, se dispone NEGAR las
pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Christian
Martín Erick Jiménez Quintana contra la Nación– Ministerio de
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Accionante: Christian Martín Erick Jiménez Quintana
Defensa Nacional– Armada Nacional, de acuerdo con los
considerandos de la presente decisión.
SEGUNDO: De conformidad con el artículo 365 del Código General
del Proceso, se condena en costas de ambas instancias a la parte
demandante según lo señalado en precedencia. Para tales efectos,
se fija como agencias en derecho el valor de setecientos mil pesos
moneda legal ($700.000 M/L). Liquídense por secretaría del a quo
[…]”.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
La Sección Quinta de esta Corporación, mediante fallo del 19 de mayo de
2022, declaró improcedente la presente acción de tutela por no estar
cumplido el requisito de relevancia constitucional y, para ello, adoptó la
línea jurisprudencial fijada en la sentencia de unificación SU - 573 del 27
de noviembre de 2019 proferida por la Corte Constitucional.
En la citada sentencia de unificación, el Tribunal Constitucional revocó los
fallos de tutela proferidos por la Sección Quinta del Consejo de Estado
que confirmaron la decisión de primera instancia en la que se negaron los
amparos y, en su lugar, declaró improcedentes las tutelas por no cumplir
el requisito de relevancia constitucional.
En dicha oportunidad, las accionantes promovieron las acciones de tutela
con el fin de controvertir las sentencias proferidas por la Subsección B,
Sección Segunda, del Consejo de Estado, que, en el marco de los procesos
de nulidad y restablecimiento del derecho adelantados por las allí
tutelantes, negaron el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por
la no consignación oportuna de las cesantías prevista por el numeral 3 del
artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996.
Para resolver, la Corte Constitucional consideró que el asunto no tenía
relevancia constitucional con fundamento en las siguientes razones:
“[…] 51. Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la
especial carga interpretativa que debe asumir el juez de tutela
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Accionante: Christian Martín Erick Jiménez Quintana
cuando valora la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de Altas Cortes, para la Sala es claro que en
esta oportunidad el asunto sub examine carece de relevancia
constitucional. Los accionantes consideran que, con las sentencias
proferidas en el marco de los procesos de nulidad y restablecimiento
del derecho, la autoridad judicial vulneró sus derechos
fundamentales, por cuanto les fue negada la pretensión de
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por no consignación
oportuna de las cesantías, prevista por el numeral 3º del artículo 99
de la Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996, reglamentada por el
Decreto 1582 de 1998. En esa medida, adujeron que las
providencias impugnadas incurrieron en los defectos sustantivo y
por desconocimiento del precedente, dado que la accionada no
interpretó las normas legales “con un enfoque constitucional” y
desconoció los pronunciamientos de la Corte Constitucional y
Consejo de Estado, según los cuales tenían derecho al pago de la
penalidad reclamada.
52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por los
actores no cumplen con esta exigencia jurisprudencial, debido a que
la controversia planteada: (i) versa sobre un asunto meramente
legal, con una connotación patrimonial privada, (ii) que no tiene
relación directa con la presunta afectación de un derecho
fundamental, y (iii) busca reabrir el debate concluido por el juez
ordinario, por cuanto no se advierte prima facie una actuación
arbitraria o ilegítima de la autoridad judicial.
(…)
55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación
oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental ni
está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza
constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación ha
reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías, como una
prestación patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la
persona que se queda temporalmente sin trabajo” . Por tanto, solo
en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela
devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago
conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad
social del trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional
que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías,
sino a una penalidad para el empleador que no las consigna
al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados,
es un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente
patrimonial, que no amerita la intervención del juez de tutela
[…]”. [Destacado por la Sala]
Cabe agregar que, en la precitada sentencia de unificación 573 de 201923,
la Corte Constitucional explicó que el requisito de relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de
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los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto,
evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales, y (iii) impedir que
la petición de amparo se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a la primera finalidad, la Corte Constitucional señaló en la aludida
sentencia que un asunto carece de relevancia constitucional cuando “(i)
la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un
derecho, como la correcta interpretación o aplicación de una norma “de
rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea
evidente su naturaleza o contenido económico, por tratarse
de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones
particulares o privadas, “que no representen un interés
general” […]”. [Destacado por la Sala]
En relación con el segundo objetivo, el Tribunal Constitucional ha
sostenido que la cuestión debe revestir una clara, marcada e indiscutible
relevancia constitucional; en tal sentido, la causa que motiva la
presentación del amparo supone el desconocimiento de un derecho
fundamental, “[…] esto significa que el asunto debe ser trascendente
para (i) “la interpretación del estatuto superior” , (ii) su
aplicación, (iii) desarrollo eficaz y (iv) la determinación del contenido
y alcance de los derechos fundamentales […]”. [Destacado por la
Sala]
En cuanto al tercer propósito indicó que “[…] la tutela en contra de una
sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima
facie, si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima
de la autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se
garantizaría “la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales,
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como de los de las demás jurisdicciones”, en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios [...]”.
En el asunto bajo examen, el accionante estima que sus derechos
fundamentales fueron vulnerados por la sentencia proferida el 24 de
septiembre de 2021 por la Subsección E, Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que negó el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria ocasionada por el retardo en la consignación de las
cesantías definitivas.
De modo que le asiste razón al a quo cuando afirma que, de conformidad
con la jurisprudencia constitucional, el debate propuesto por el aquí
accionante carece de relevancia constitucional porque versa sobre un
asunto meramente económico y cuya falta de reconocimiento no
compromete ningún derecho fundamental.
Asimismo, el reproche relativo a la condena en costas al que refirió el
actor en el escrito de tutela, es un asunto que carece de relevancia
constitucional por tratarse de un debate de naturaleza económica, por
cuanto lo perseguido es que se deje sin efectos el numeral segundo de la
parte resolutiva de la providencia censurada que condenó en costas al
ahora accionante por la suma de $700.000.
Por último, el accionante invocó la vulneración del derecho fundamental
a la igualdad, por lo que la Sala advierte que, uno de los eventos en los
que puede resultar afectada esta garantía, es cuando las autoridades
judiciales profieren decisiones sin tener en cuenta el precedente, o cuando
se da un tratamiento equivalente a supuestos fácticos diferentes. En este
asunto, se observa que el accionante no identificó la sentencia de
unificación que afirma era aplicable y que la providencia controvertida
desconoció; además, tampoco expuso cuál regla jurisprudencial fue
desatendida por el juez natural y que era vinculante para resolver el caso,
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razón por la cual, frente a este derecho, tampoco se cumple el requisito
de relevancia.
Conforme con lo expuesto, la Sala confirmará el fallo proferido el 19 de
mayo de 2022 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 19 de mayo de
2022 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, según lo explicado en
la parte motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
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Accionante: Christian Martín Erick Jiménez Quintana
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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