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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02161-00

Fecha
19 de mayo de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02161-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la acción de tutela interpuesta por Myriam Gutiérrez Sabogal contra el Tribunal Administrativo del Quindío. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: En el evento de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 24 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co  Demandante: Myriam Gutiérrez Sabogal Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Radicado: 11001-03-15-000-2022-02161-00

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-02161-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

19 de mayo de 2022


Demandante: Myriam Gutiérrez Sabogal
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02161-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02161-00
Demandante: MYRIAM GUTIÉRREZ SABOGAL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

Temas: Tutela contra providencia judicial – Modificación de mandamiento
de pago en proceso ejecutivo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la solicitud de amparo constitucional presentada por Myriam Gutiérrez
Sabogal, por medio de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del
Quindío, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 26 de
mayo de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 18 de abril de 2022 al buzón web de la Secretaría
General del Consejo de Estado, la parte accionante promovió el mecanismo
constitucional contra la autoridad judicial referida, con el fin de que sean amparadas
sus garantías constitucionales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, seguridad social, de defensa y contradicción, así como el principio de
legalidad.

2. El extremo demandante consideró vulneradas dichas garantías
fundamentales, con ocasión de la providencia del 21 de octubre de 2021, a través de
la cual el Tribunal Administrativo del Quindío confirmó el auto de 5 de febrero de
2021 proferido por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia que
dispuso modificar el mandamiento de pago librado dentro del proceso ejecutivo
radicado bajo el No. 63001-3333-006-2018-00392-00/1.

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Demandante: Myriam Gutiérrez Sabogal
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02161-00

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó:

• Se tutele el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO CON OCASIÓN DE
DECISIÓN JUDICIAL VICIADA POR FALTA DE MOTIVACIÓN O ARGUMENTACIÓN
CONTRADICTORIA, DEFECTO SUSTANTIVO POR INDEBIDA ADECUACIÓN
NORMATIVA, DEFECTO PROBATORIO POR INDEBIDA VALORACIÓN
PROBATORIA, DEBIDO PROCESO EN CONEXIDAD CON ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN
EN VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, DEBIDO
PROCESO, Y SU DERECHO A RECIBIR INTEGRALMENTE LAS MESADAS
PENSIONALES ADEUDADAS contemplados en los artículos 29,48, 49, 53 y 229 de
la Constitución Política de Colombia, defectos en los cuales incurrió la providencia
judicial de fecha 21 de octubre de 2021 notificada el 22 de idéntico mes y anualidad
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO- DESPACHO SEGUNDO.

• Que, como consecuencia de la anterior decisión, se deje sin efectos la providencia
judicial de segunda instancia del 21 de octubre de 2021 notificada el 22 de idéntico
mes y anualidad por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO - DESPACHO
SEGUNDO, y en efecto se le ordene a dicho Tribunal en un término perentorio a la
comunicación de esta decisión, proferir una nueva providencia teniendo en cuenta los
argumentos esgrimidos en el recurso de alzada y la presente acción constitucional.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta sentencia:

4. La accionante prestó sus servicios a diferentes entidades durante más de 20
años, siendo la Secretaría de Educación del Departamento del Quindío, el último
lugar de servicio.

5. Mediante la Resolución No. PAP 027265 del 24 de noviembre de 2010, la Caja
Nacional de Previsión Social hoy UGPP, reconoció a la señora Gutiérrez Sabogal
pensión de vejez, efectiva a partir del 1 de julio de 2009, con efectos fiscales una vez
demostrará el retiro definitivo del servicio.

6. A través de petición la tutelante solicitó a la UGPP la reliquidación de su
asignación de retiro con inclusión de todos los factores devengados en el último año
de servicio. La entidad no accedió a lo solicitado mediante resoluciones RDP-035662
del 5 de agosto de 2013 y RDP 043014 del 13 de septiembre del mismo año.

7. Inconforme con lo anterior, la actora ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la UGPP y las referidas resoluciones con el

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propósito principal de que se reliquidara la asignación de retiro reconocida a su favor
teniendo en cuenta para su cálculo el 75% de todos los factores devengados en el
último año de servicio

8. El conocimiento de dicho asunto correspondió al Juzgado Sexto Administrativo
Mixto del Circuito Judicial de Armenia que mediante sentencia del 21 de septiembre
de 2016 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En específico,
declaró la nulidad de los actos administrativos reprochados (orden tercera) y, por
tanto, conminó a la UGPP proceder con la modificación de la asignación pensional
que venía siendo reconocida a la actora en cuantía equivalente al 75% del promedio
mensual de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio,
comprendido entre el 2 de mayo de 2012 y el 2 de mayo de 2013, incluyendo, entre
otros, el salario básico, prima técnica, prima de servicios, prima de navidad y
bonificación por servicios (orden cuarta).

9. La UGPP interpuso recurso de apelación contra la referida decisión, el cual fue
conocido por el Tribunal Administrativo del Quindío –Sala de Decisión Cuarta-. Con
sentencia de 9 de febrero de 2017 el juez de alzada confirmó parcialmente la
decisión y aclaró el numeral cuarto de la providencia de primer grado así:

TERCERO: Aclárese el numeral cuarto del fallo de primera instancia, en el
sentido de indicar que las deducciones sobre los factores que se ordenan
incluir, la UGPP realizará los descuentos por aportes en pensiones que
dejaron de efectuarse que correspondan a la parte actora, respecto de todos
aquellos factores salariales legales que se incluyan en la base de liquidación
de la pensión y que para la base de cotización no fueron incluidos. Los
referidos descuentos deberán actualizarse a valor presente a través del
ejercicio que realice un actuario en los términos establecidos en la parte
motiva de esta providencia. Así mismo se autoriza, para que en caso de que
con los descuentos efectuados sobre el retroactivo a que haya lugar no se
alcance a cubrir plenamente la deuda de la parte actora, se realicen los
descuentos mensuales, hasta completar el capital adeudado, en los términos
referidos en la parte considerativa.

10. En cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Administrativo del Quindío, la
UGPP profirió la Resolución RDP 035836 del 12 de septiembre de 2017, reajustando
la pensión de la actora en una cuantía mensual de $2.166.224.oo, efectiva a partir
del 2 de mayo de 2013.

11. En dicho acto administrativo la UGPP dispuso en sus artículos décimo (10°) y
undécimo (11°) lo siguiente:

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12. Con ocasión a los descuentos realizados por concepto de aportes para
pensión de factores de salario no efectuados, la accionante presentó derecho de
petición ante la UGPP, solicitándole información acerca de la metodología utilizada,
las normas aplicadas y las certificaciones que permitieron determinar que no se le
habían efectuado las deducciones en aportes en los términos de las leyes 33 y 62 de
1982 y 4 de 1966, así como del Decreto 1045 de 1978.

13. Al respecto, la parte actora informó mediante contestación de fecha 19 de
diciembre de 2017, Radicado No. 201714303713151, la UGPP dio respuesta a la
petición. La entidad manifestó que dichas sumas fueron liquidadas de conformidad al
Acta No. 1362 del 20 de enero de 2017, aduciendo que es el único procedimiento
para garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones.

14. Asimismo, la accionante sostuvo que dicha entidad se abstuvo de exhibir o
expedir los soportes que dieran cuenta que el empleador, así como el trabajador por
lo menos con anterioridad al 1º de Abril de 1994, no hubiera efectuado las
deducciones de aportes en pensiones en los términos de la ley 4 de 1966 (Decreto
1045 de 1978) y las leyes 33 y 62 de 1985.

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15. En vista de lo anterior, la actora promovió demanda ejecutiva contra la UGPP
con el fin de que se le ordenara dar cabal cumplimiento a lo ordenado por el juez
ordinario en las sentencias proferidas al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento adelantado, atendiendo el principio de legalidad y debido proceso
en lo referido a los descuentos por aportes no efectuados ordenados en el título de
recaudo. El proceso se identificó con el número de radicado 63001-3333-006-2018-
00392-00.

16. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Armenia, el 23 de abril
de 2019 libró mandamiento de pago en contra de la UGPP por la suma de
$41.330.669.88 en favor de la accionante. Precisó que dicha monto correspondía al
mayor valor liquidado y deducido por aportes, por la falta de pago de diferencias de
mesadas conforme a la Resolución RDP 035836 del 15 de septiembre de 2017, y de
conformidad con lo establecido en la sentencia del 9 de febrero de 2017 por el
Tribunal Administrativo del Quindío.

17. La UGPP recurre dicha decisión en sede de reposición con fundamento, entre
otras, que lo ordenado por el Tribunal Administrativo del Quindío fue la deducción de
aportes con base en el cálculo actuarial –que para el efecto realizaría un actuario- y
la liquidación allegada por la actora como ejecutante con base en la cual solicitó se
librara el mandamiento de pago, correspondió a una indexación conforme lo
dispuesto en el artículo 187 del CPACA, situación que no era aplicable al caso y que
inducía al error al operador judicial.

18. Concretamente, solicitó que se modificara el mandamiento de pago librado en
el sentido de atender lo dispuesto por el Tribunal Administrativo del Quindío, esto
eso, teniendo en cuenta que los aportes a descontar ordenados son aquellos que
resulten del cálculo actuarial y no con base en la indexación presentada por la
actora.

19. El 29 de noviembre de 2019, previo a resolver el recurso presentado por la
entidad ejecutada, y atendiendo al hecho que el objeto de la ejecución era la
devolución del mayor valor liquidado por la entidad respecto de los factores sobre los
cuales no se habían realizado aportes para pensión, el Juzgado Sexto Administrativo
del Circuito Judicial de Armenia requirió información a la UGPP para mejor proveer.

20. En específico, le solicitó allegar la liquidación detallada y completa del cálculo
actuarial para el cobro de los aportes pensionales insoluto que arrojó la suma de
$48.340.875,14 contenida en la Resolución RDP 035836 del 12 de septiembre de
2017 a cargo de la ejecutante, pues el despacho debía tener absoluta claridad en
torno a la base salarial tenida en cuenta, así como los factores salariales y el periodo
a liquidar.

21. En su contestación, la UGPP puso de presente que el 17 de diciembre de
2019, con ocasión a un recurso de reposición elevado por el Departamento del

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Quindío contra la Resolución No. RDP 035836 del 15 de septiembre de 2017, se
modificaron los artículos décimo y undécimo. En específico, señaló que el monto a
descontar de las mesadas atrasadas a la accionante sería de $39.621.644 por
concepto de aportes para pensión de factores de salario no efectuados. Tal
modificación, se efectuó mediante Resolución RDP 38343 de 17 de diciembre de
2019.

22. Mediante auto de 5 de febrero de 2021, el Juzgado Sexto Administrativo de
Armenia repuso parcialmente la providencia recurrida y en su lugar modificó el
mandamiento de pago y dispuso librarlo únicamente por las diferencias existentes
entre el valor descontado en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución RDP
035836 del 15 de septiembre de 2017 y el valor señalado en la Resolución RDP
38343 del 17 de diciembre de 2019 por medio de la cual se modificó el valor
correspondiente a la liquidación de los aportes al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones realizado aplicando la metodología del cálculo actuarial, en cumplimiento
de la sentencia de segunda instancia proferida el 9 de febrero de 2017 por el Tribunal
Administrativo del Quindío que sirve de título ejecutivo.

23. En específico, el despacho judicial constató que la liquidación de los
descuentos por aportes en pensiones a cargo de la ejecutante debía realizarse a
través de un cálculo actuarial tal como lo hizo la UGPP y no como lo pretendía la
parte ejecutante a través del método de indexación contenido en el artículo 187 del
CAPCA. Igualmente, que a través de la Resolución RDP 38343 del 17 de diciembre
de 2019, se corrigió un error en el que se había incurrido en la liquidación de aportes
a cargo de la ejecutante contenida en la Resolución RDP 35836 del 15 de
septiembre de 2017, modificando el valor a su cargo que de $48.340.875 a
$39.621.644, existiendo un saldo a favor de la parte ejecutante.

24. En consecuencia, repuso parcialmente la providencia del 23 de abril de 2019
mediante la cual libró inicialmente el mandamiento de pago y, por tanto, modificó su
numeral primero en el sentido de establecer que la suma a ejecutar en favor de la
actora sería de $8.719.231 correspondiente a la diferencia entre el valor descontado
con ocasión de la expedición de la Resolución RDP 35836 del 15 de septiembre de
2017 y el valor que fuera ajustado a través de la Resolución RDP 38343 del 17 de
diciembre de 2019.

25. Inconforme con lo anterior, el extremo accionante interpuso recurso de
apelación contra dicha decisión. Como fundamento de la alzada, la ejecutante
expuso que i) debió ordenarse el descuento de aportes, respecto de aquellos
factores salariales sobre los cuales no se cotizó y, además ii) no debió ordenarse
dicha liquidación bajo el procedimiento del cálculo actuarial.

26. El Tribunal Administrativo del Quindío mediante providencia del 21 de octubre
de 2021, decidió confirmar lo resuelto por el a quo.

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27. En síntesis, el juez de alzada expuso que en la sentencia proferida en
segunda instancia por tal autoridad el 9 de febrero de 2017 al interior del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido, se ordenó que la actualización de
los valores a pagar por la demandante por concepto de aportes a pensión debía
efectuarse por cálculo actuarial y no -como lo pretende la ejecutante-, bajo cualquier
otro mecanismo de indexación. Asimismo, luego de constatar que la liquidación
efectuada por la demandada respecto de los aportes se encontró ajustada a derecho.

1.4. Fundamentos de la vulneración

28. Luego de señalar que en el sub judice concurren los requisitos genéricos de
procedibilidad de la acción de tutela, al referirse a los cargos específicos, la parte
tutelante expuso que en el asunto objeto de estudio se encuentran configurados los
siguientes yerros los cuales sustentó, sucintamente, de la siguiente manera:

29. Decisión judicial sin motivación, pues en sentir de la accionante los jueces
ordinarios, de manera equivocada, asumieron e interpretaron el contenido, y su
necesaria relación con el mandamiento de pago, de la Resolución RDP 038343 del
17 de diciembre de 2019 que modificó la orden de descuentos por aportes
presuntamente no efectuados efectuando un pago parcial únicamente en lo que
respecta a $8.719.231,00. Así, expresó que “el auto que repuso el mandamiento
debió hacerlo en legalidad sustrayendo este valor a la orden primigenia de librarlo en
$41.330.669,88, quedando entonces un saldo restante a pagar a la ejecutante por un
monto de $32.611.438”.

30. Defecto sustantivo, pues para el extremo tutelante la autoridad judicial
accionada efectuó una subsunción normativa en la que se “excedió funcionalmente y
obró en contravía de contenidos legales taxativos de aplicación preferente, principios
constitucionales de aplicación directa y contenidos jurisprudenciales fijos; optando,
por otro lado, por dar aplicación a una interpretación supra y extra legal donde aplica,
injustificadamente, un sistema actuarial específicamente contrario al contenido legal
de obligaciones de aportes al sistema pensional cuya consecuencia es la creación de
créditos de origen desconocido, sino “inventado” por parte de la entidad
administrativa y expresa e injustificamente avalados por el Ad quem” (sic a toda la
cita).

31. Defecto fáctico, porque no fue tenida en cuenta la información respecto a los
aportes realmente adeudados y la vida laboral específica del ejecutante.

32. Desconocimiento del precedente, toda vez que el Tribunal Administrativo
del Quindío se apartó del desarrollo hermenéutico contenido en la sentencia
proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación el 2 de julio de 2021 al interior
del expediente 11001032500020180045800 (25419).

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33. En específico, señaló la actora que según la decisión judicial referenciada el
Acta 1362 de 2017 no surte efectos jurídicos ni puede emplearse para efectuar el
cálculo de aportes adeudados. Ello porque en tal pronunciamiento se expuso que “la
determinación de dicho crédito deberá ser calculada específicamente teniendo en
cuenta la vida laboral del afectado y lo que se llegue a probar fue efectivamente
omitido actualizándose a través de un actuario adecuado y legal que no vulnere las
garantías del debido proceso y el principio de legalidad”.

34. Finalmente, señaló que se materializó una violación directa de la
Constitución, pues resultaron transgredidos sus derechos fundamentales a la
seguridad social, debido proceso, y a recibir integralmente las mesadas pensionales
adeudadas contemplados en los artículos 29,48, 49, 53 y 229 del Texto Superior.

1.5. Trámite de la acción de tutela

35. Mediante auto del 20 de abril de 2022, el magistrado ponente de esta
providencia admitió la tutela de la referencia, ordenó notificar a la parte accionante y
al Tribunal Administrativo del Quindío, como autoridad judicial accionada.

36. Igualmente, dispuso la vinculación de (i) el Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito Judicial de Armenia –por ser el despacho que profirió el auto que libró
mandamiento de pago y luego repuso el mismo modificándolo-, (ii) la UGPP –entidad
que actuó en calidad demandada en el proceso ejecutivo-, y (iii) la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 610 del
Código General del Proceso.

1.6. Intervención

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Juzgado Sexto Administrativo de Armenia

37. Sostuvo que el asunto carece de relevancia constitucional y además que no se
supera el requisito de la subsidiariedad por cuanto se trata de un proceso ejecutivo
que se encuentra en trámite, sin que cuente aún con decisión definitiva,
controvirtiendo únicamente una decisión interlocutoria que resolvió el mandamiento
de pago lo cual implica que aun cuenta con recursos judiciales para controvertir el
fondo.

38. Señaló que no era viable tener en cuenta pronunciamientos judiciales que no
estaban vigentes para el momento de la expedición de la providencia mencionada.

39. Manifestó que lo pretendido por la actora con la acción interpuesta es
controvertir una decisión que se encuentra en firme y que fue adoptada por el juez

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natural, y confirmada por su superior, reiterando que lo perseguido es reabrir un
debate dado en una etapa primigenia del proceso, sin siquiera haber agotado el
trámite del proceso judicial hasta su sentencia. En consecuencia, solicitó declarar su
improcedencia.

1.6.2. UGPP

40. La entidad expuso que la accionante no puede pretender usar el mecanismo
constitucional como una tercera instancia para revisar las decisiones adoptadas por
el juez competente de la causa.

41. Asimismo, que la decisión proferida por la autoridad judicial accionada no
incurrió en vía de hecho, sino que por el contrario la misma se ajustó al ordenamiento
legal, para determinar la negativa en el libramiento del mandamiento ejecutivo de
pago en las condiciones solicitadas. Señaló, además, que la tutela no es una vía
adecuada para reclamar una prestación económica como la pretendida.

1.6.3. La Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado no emitió
pronunciamiento, pese a ser notificada en debida forma.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

42. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por la
señora Myriam Gutiérrez Sabogal, de conformidad con lo establecido en el artículo
86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Legitimación en la causa

43. En primer lugar, la Sala advierte que la actora está legitimada en la causa por
activa, a la luz de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los
artículos 1°, 10, 46 y 49 del Decreto Ley 2591 de 1991. En efecto, toda vez que fue
demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido
contra la UGPP que derivó en la reliquidación de su asignación de retiro, y también
porque promovió la demanda ejecutiva a la que se ha aludido en líneas anteriores.

44. En consecuencia, la parte accionante goza de legitimación para acudir al
presente trámite, presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los
requisitos de procedibilidad y del núcleo esencial de los derechos presuntamente
vulnerados.

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45. Por otro lado, esta Sala de Decisión observa que el Tribunal Administrativo del
Quindío está legitimado en la causa por pasiva, por ser la autoridad judicial que
profirió la providencia que confirmó la modificación al mandamiento de pago librado
al interior del proceso ejecutivo identificado con el radicado Nro. 63001-3333-006-
2018-00392-00/1, que es objeto de esta acción constitucional.

2.3. Problema jurídico

46. Corresponde a la Sala resolver los siguientes interrogantes:

 ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
tutela contra providencia judicial?

47. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, se resolverá:

 ¿El Tribunal Administrativo del Quindío vulneró los derechos fundamentales
invocados por presuntamente incurrir en los defectos señalados al proferir la
providencia del 21 de octubre de 2021, a través del cual confirmó la decisión
del Juzgado Sexto Administrativo de Armenia del 5 de febrero de 2021, que
modificó el mandamiento de pago librado al interior del proceso ejecutivo
63001-3333-006-2018-00392-00/1?

2.4. Razones jurídicas de la decisión

48. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales; (ii) estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva y, de superarse, (iii) caso concreto a la luz de las generalidades de los
defectos materia de estudio.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

49. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20121. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema2. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales3.

1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,

M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
2 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
3 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

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50. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20144. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia5 y ocho defectos especiales en
los que puede incurrir una providencia judicial6.

51. Es importante resaltar que esta Sección, en aras de una metodología más
clara para las personas que acceden a la administración de justicia vía amparo
constitucional, determinó que los requisitos generales de procedencia cuarto y quinto
de la sentencia de unificación del 2014 serán estudiados de manera conjunta con los
requisitos especiales.

52. Por tanto, de manera reiterada se han estudiado los siguientes requisitos
generales de procedencia i) relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela
contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los
requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no
observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente
la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de

2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
5 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son:

i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii)
Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv) Cuando se trate de
una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible y vi ) Que no se trate de sentencias de tutela.
6 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el

funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv). Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del
precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de
la Constitución.

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53. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura
uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial. Justamente en este estudio la Sección analizará la
carga argumentativa alegada por la parte actora. A su vez, cuando se invoca el
defecto procedimental absoluto se estudiará que la irregularidad procesal tenga un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna. En este mismo
sentido, la sala ha establecido que para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

54. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.6. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.6.1. Relevancia constitucional

55. La Sala advierte que el asunto comporta relevancia constitucional, por cuanto
la discusión gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales
de la accionante, particularmente el debido proceso, al parecer, porque en su sentir
las autoridades judiciales que conocieron del ejecutivo no tuvieron en cuenta
elementos probatorios determinantes para definir el fondo del asunto en el marco del
proceso ejecutivo que ahora se cuestiona.

56. Asimismo, porque aparentemente se dio una indebida aplicación de la
normatividad que rige dicho asunto, lo que trajo como consecuencia que el Tribunal
demandado profiriera una decisión, a juicio del accionante, contraria a la Constitución
y a la ley. Estas circunstancias, en principio, ameritan la intervención del juez
constitucional.

57. Teniendo en cuenta lo anterior, las garantías constitucionales mencionadas
que subyacen en el sub lite, por ser aquellas cuya protección pretende el accionante,
tienen rango constitucional al tenor de lo dispuesto en el artículo 29 de la Carta, lo
que implica que las mismas trasciendan el ámbito meramente legal.

58. En virtud de lo expuesto, el asunto es de relevancia constitucional cuando
prima facie resulta necesario verificar si subsiste violación o amenaza a los derechos
fundamentales, después de haber agotado el procedimiento legal administrativo o
judicial establecido por la ley para su protección.

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59. Adicionalmente, un asunto constitucionalmente relevante implica que el asunto
de la acción de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para
su aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales y libertades públicas.

2.6.2. Tutela contra tutela

60. En el caso objeto de estudio, es imperioso concluir que no existe reparo
alguno frente al presente requisito de procedibilidad, toda vez que no se trata de una
tutela contra decisión de la misma naturaleza, pues la providencia que se censura
fue proferida dentro del proceso ejecutivo reseñado en líneas precedentes.

2.6.3. Inmediatez

61. En relación con este requisito, tampoco se advierte ningún reproche, si se
tiene en cuenta que la providencia del Tribunal Administrativo del Quindío fue dictada
el 21 de octubre de 20217, mientras que la presente acción de tutela fue incoada el
18 de abril de 2022. Esto es, dentro de los seis meses que esta Sala ha considerado
razonable para el uso del mecanismo excepcional, sin necesidad de determinar la
fecha en que adquirió ejecutoria.

62. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20148, en
la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20059, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y
reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo
de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de
providencias judiciales.

2.6.4. Subsidiariedad

63. De la redacción del artículo 86 de la Constitución Política y de las normas que
lo desarrollan consagradas en el Decreto Ley 2591 de 1991, se desprende el
carácter subsidiario de la acción de tutela, en cuanto procede únicamente cuando el
afectado no haya dispuesto o disponga de otros medios de defensa judicial, en ese

7 Providencia que se notificó el 22 de octubre de 2021.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez.
9 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un

término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

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segundo evento, esto es, que aun cuente con ellos, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

64. El carácter residual o supletorio obedece a la necesidad de preservar las
competencias atribuidas a las diferentes autoridades judiciales en desarrollo de la
independencia y autonomía de la actividad judicial, en los que igualmente se deben
salvaguardar derechos de rango convencional y constitucional, sin que esta acción
pueda convertirse en un mecanismo alternativo, paralelo o complementario de los
procedimientos judiciales “diluyéndose esta exigencia únicamente cuando el juez
constitucional encuentre que se configura un perjuicio irremediable que exige para el
restablecimiento de los derechos involucrados la adopción de medidas inmediatas,
imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio mientras la
autoridad judicial competente decide de fondo la acción correspondiente”.10

65. Descendiendo al caso concreto, según se desprende de los argumentos
esgrimidos por la accionante en su escrito de tutela, a la autoridad judicial accionada
se le atribuye, al proferir la decisión de segunda instancia, haber incurrido en los
siguientes defectos: i) decisión sin motivación; ii) sustantivo; iii) fáctico; iv)
desconocimiento del precedente y v) violación directa de la Constitución.

66. Frente al particular, la Sala considera que la parte accionante no cuenta con
otro medio de defensa judicial distinto a la tutela para conjurar la eventual
transgresión que la aludida decisión pudiera causarle a sus derechos fundamentales;
esto, toda vez que contra la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Quindío, no procede ningún recurso ordinario o extraordinario de cara a los
argumentos expuestos en el líbelo.

2.7. Caso concreto

67. De conformidad con los hechos planteados en el líbelo, la parte accionante
consideró lesionados sus derechos fundamentales con la expedición del auto del 21
de octubre de 2021, proferido por el Tribunal Administrativo del Quindío, a través del
cual confirmó la decisión adoptada por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
Judicial de Armenia mediante proveído del 5 de febrero de 2021, en el cual modificó
el mandamiento de pago librado inicialmente mediante providencia del 23 de abril de
2019.

68. En específico, consideró que con tal decisión del ad quem se incurrió en los
defectos sustantivo, desconocimiento del precedente, violación directa de la
Constitución y sin motivación suficiente.

69. Ello, en síntesis, por considerar que se desconocieron elementos probatorios
relevantes, así como que la autoridad judicial accionada efectuó una subsunción

10 Ver, Corte Constitucional, sentencia T-336 de 2009, T-130 de 2010, T-318 de 2017, entre otras.

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normativa en la que se “excedió funcionalmente y obró en contravía de contenidos
legales taxativos de aplicación preferente”. Igualmente, toda vez que se apartó del
desarrollo hermenéutico contenido en la sentencia proferida por la Sección Cuarta de
esta Corporación el 2 de julio de 2021 al interior del expediente
11001032500020180045800 (25419) y, finalmente, porque dicho actuar contravino
distintas garantías constitucionales.

70. Bajo tal perspectiva, se caracterizarán brevemente los yerros en comento y
enseguida se analizarán los mismos con el fin de dilucidar si procede o no el amparo
de los derechos fundamentales sobre los que se invocó la protección constitucional.

2.8. Generalidades de los defectos invocados

2.8.1. Defecto sustantivo

71. La Corte Constitucional11, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja
de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”12.

Puntualmente, el defecto sustantivo lo configuran los siguientes supuestos: el
fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente13 o porque ha sido derogada14, es inexistente15,
inexequible16 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador17.

70. La Corte Constitucional también ha previsto los siguientes supuestos para la
configuración del defecto referido: no se hace una interpretación razonable de la
norma18; la disposición aplicada es regresiva19 o contraria a la Constitución20; el
ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la
disposición21; la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma22;
se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o
justificó de manera insuficiente su actuación.

72. Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia

11 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 de 2012.
12 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-159 de 20002.; T-043 de 2005; T-295 de 2005; T-
657 de 2006; T-743 de 2006; T-686 de 2007; T-033 de 2010; T-792 de 2010, entre otras.
13 Corte Constitucional, Sentencia T-189 de 2005.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-205 de 2004.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-800 de 2006.
16 Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001.
17 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 2002.
18 Corte Constitucional, Sentencias T-051 de 2009 y T-1101 de 2005.
19 Corte Constitucional, Sentencia T-018 de 2008.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2007.
21 Corte Constitucional, Sentencia T-231 de 2004.
22 Corte Constitucional, Sentencia T-807 de 2004.

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de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente.

 Análisis del defecto sustantivo

73. Del análisis del escrito se advierte que el extremo demandante como sustento
de su reproche se limitó a mencionar lo siguiente:

Así mismo se evidencia un yerro por defecto sustantivo respecto a la
subsunción normativa efectuada por la Sala censurada quien se excedió
funcionalmente y obró en contravía de contenidos legales taxativos de
aplicación preferente, principios constitucionales de aplicación directa y
contenidos jurisprudenciales fijos; optando, por otro lado, por dar aplicación a
una interpretación supra y extra legal donde aplica, injustificadamente, un
sistema actuarial específicamente contrario al contenido legal de obligaciones
de aportes al sistema pensional cuya consecuencia es la creación de créditos
de origen desconocido, sino “inventado” por parte de la entidad administrativa
y expresa e injustificamente (sic) avalados por el Ad quem.

74. Como se observa de lo anterior, y en atención a las precisiones puestas de
presente con antelación en torno a las generalidades del defecto sustantivo, la Sala
considera que la parte accionante no cumplió con la carga argumentativa mínima
exigida para justificar su configuración, pues no indicó la norma presuntamente
desconocida, o la contradicción de un precepto legal con el fallo.

75. En efecto, el extremo demandante censuró la subsunción normativa hecha
por el juez ordinario al resolver el asunto puesto a su disposición, pero no
mencionó, siquiera sucintamente, que la decisión censurada hubiese encontrado
fundamento, por ejemplo, en una norma inaplicable o que se dio una interpretación
regresiva frente a una disposición que sí aplicaba.

76. Ciertamente, la actora manifestó que la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío resultó en contravía de contenidos legales taxativos de
aplicación preferente y que ello representó un exceso en sus funciones. Sin
embargo, no expuso cuales disposiciones resultaron desconocidas, ni tampoco en
qué consistió la extralimitación.

77. Por los motivos que anteceden, el cargo relativo al defecto sustantivo no está
llamado a prosperar, y por tanto, será negado.

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2.8.2 Desconocimiento del precedente

78. Para esta Sala23, el precedente es aquella regla de derecho creada por una
alta corte y órgano de cierre de la jurisdicción correspondiente para solucionar un
determinado conflicto, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el
mismo sentido para que dicha regla sea considerada como tal. Esta decisión es
vinculante para los demás operadores del sistema jurídico, porque, se reitera, crea
una regla aplicable a los demás asuntos que se funden en los mismos
supuestos de hecho.

79. Lo anterior tiene lugar en el ejercicio de la actividad creadora de derecho que
ejercen los jueces, ya sea para definir la interpretación de la norma aplicable o la
forma en que debe dársele la mejor solución jurídica a los asuntos en estudio, en
caso de vacíos normativos, siempre a la luz de los preceptos constitucionales.

80. Dicha labor busca brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios y
operadores judiciales y constituye una actividad creadora de derecho, al definir
directrices que permiten resolver una controversia bajo la primacía de la
Constitución.

81. Sin embargo, se precisa que no todas las decisiones judiciales generan una
regla o subregla, pues aquellas corresponden más al resultado de la aplicación al
caso en concreto de la norma cuyos presupuestos fácticos se subsumen al caso, sin
que exista necesariamente una actividad creadora del juez como tal24.

82. De allí que esta Sección ha considerado que la parte que invoca el
desconocimiento de un precedente judicial debe cumplir con la carga mínima de
identificar en su proceder argumentativo: (i) la decisión que considera desatendida;
(ii) la ratio de esta aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la
jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y (iii) la incidencia de esta en la
decisión final que adopte el fallador de instancia.

 Análisis del desconocimiento del precedente

83. Frente a este aspecto, la actora manifestó que el Tribunal Administrativo del
Quindío se apartó del desarrollo hermenéutico contenido en la providencia proferida
por la Sección Cuarta de esta Corporación el 2 de julio de 2021 al interior del

23 Frente a este aspecto puede revisarse, entre otras, la sentencia del 27 de junio de 2019, radicación

11001-03-15-000-2018-03784-01, con ponencia del Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio y la providencia
del 27 de noviembre de 2019, radicación 11001-03-15-000-201904312-00 con ponencia de la
magistrada Rocío Araújo Oñate.
24 Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.

11001-03-15-000-2013-02690-01.

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expediente 11001032500020180045800 (25419). Dicha decisión se dictó al interior
de una demanda de nulidad simple presentada contra el Acta 1362 de 2017 de la
UGPP, la cual contiene una metodología –aplicada a la accionante- para liquidar los
aportes para pensión de factores de salario no efectuados.

84. Al respecto, debe ponerse de presente que la decisión presuntamente
desconocida, esto es, la dictada el 2 de julio de 2021 por la Sección Cuarta, se trató
de un auto de ponente del Consejero Julio Roberto Piza Rodríguez, mediante el cual
saneó el proceso y dispuso dejar sin valor y efecto lo actuado incluso desde el
admisorio, para en su lugar, rechazar la demanda de nulidad simple presentada. Lo
anterior, por considerar que el acto acusado, esto es, el Acta 1362 de 2017, no era
susceptible de control judicial en los términos del artículo 169-3 CPACA.

85. No obstante lo anterior, mediante auto de 25 de septiembre de 2021, esto es,
antes de que se profiriera la sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío que
censura la accionante, la propia Sección Cuarta, al resolver recurso de súplica,
dispuso revocar la decisión emitida en la providencia del 2 de julio de 2021 que, se
recuerda, la parte actora estimó como desconocida.

86. En efecto, en sede de súplica la Sala revocó el auto del 2 de julio de 2021
proferido por el magistrado sustanciador del proceso que dispuso que los contenidos
del Acta 1362 de 2017 no producían efectos y, por tanto, había decretado el rechazo
de la demanda de nulidad simple promovida por considerar que no era susceptible
de control judicial. En consecuencia, ordenó devolver el expediente al despacho del
magistrado sustanciador del proceso para lo de su cargo.

87. Por lo expuesto, y sin lugar a mayores elucubraciones frente al particular, se
tiene que no existe desarrollo jurisprudencial desconocido por el Tribunal
Administrativo del Quindío respecto de la decisión del 2 de julio de 2021 al interior
del expediente 11001032500020180045800 (25419), toda vez que, como se
evidenció, i) lo decidido fue revocado por la Sala y ii) el proceso que estudia si los
contenidos del Acta 1362 de 2017 relacionados con la metodología que censura la
accionante, se encuentra en trámite toda vez que no se ha proferido sentencia en
torno al particular según la información que reposa en SAMAI.

88. En consecuencia, no existe subregla o ratio decidendi desconocida, razón por
la que el cargo propuesto tampoco tiene vocación de prosperidad y,
consecuentemente, será negado.

2.8.3 Defecto fáctico

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89. Respecto al defecto fáctico, esta Sala en decisión del 12 de noviembre del
25
2015 precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de
alegarse la ocurrencia de este en una providencia judicial, los cuales son traídos a
colación en la presente decisión así:

i) Omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii)
desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de
los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las
pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:

Evento Características

Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que
alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante
para resolver el problema jurídico sometido a
consideración, y ésta fue negada; ello sin desconocer la
facultad del juez ordinario de negar pruebas que no
atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e
idoneidad. Así las cosas, es importante considerar que no
Omisión de toda negativa a un decreto de pruebas abre la posibilidad
decreto y a la configuración del defecto, ya que este procederá
práctica de cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba que,
pruebas solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros
indispensables arriba señalados.
para fallar el
asunto De esta manera, se requiere:

a) Que la parte identifique el elemento probatorio que
solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad
legal
c) Que se expongan las razones por las cuales la prueba
solicitada era conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada el motivo por el cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión
hubiere sido otro.

Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción
en el expediente, y estos resultan decisivos frente a los
hechos que se pretenden probar, éstos no son tenidos en
Desconocimiento cuenta por el fallador ordinario. En este punto, se requiere
del acervo que de forma específica, se concrete en el escrito de
probatorio amparo, cuáles pruebas, aportadas oportuna y legalmente,
determinante fueron desconocidas por el juez.

25Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez,
Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.

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para identificar la
veracidad de los Así las cosas, se configura siempre que:
hechos alegados
por las partes a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados
por el juez.
b) Se demuestre que estos fueron aportados en forma
legal y oportunamente al proceso
c) Se señalen las razones por las cuales eran
relevantes para la decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los
mismos para variar el sentido del fallo.

Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana
crítica, la apreciación efectuada por el fallador, resulta
manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el
peso otorgado a la prueba se entiende alterado.

Valoración Requiere entonces que:
irracional o
arbitraria de las a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas
pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez
aportadas b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las
reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de
vital importancia, pues es claro que un sencillo
desacuerdo en relación con la conclusión a la cual
arribó el juez de instancia, de ninguna manera puede
ser razón para ordenar el amparo constitucional por
este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una
sustitución arbitraria del juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado

Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide
Dictar sentencia el asunto con base en pruebas que no observaron los
con fundamento requisitos legales para su producción o introducción al
en pruebas proceso. Así las cosas, el juez no ignora la prueba ni se
obtenidas con equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido
violación del en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue
debido proceso planteado, al ser esta una prueba que desconoce el
debido proceso de las partes.

Para su configuración corresponde:

a) Señalar con claridad los elementos probatorios
aportados con violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha
vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron
el sustento de la decisión.

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90. Como se observa, la parte accionante debe precisar en su escrito el cargo que
plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto, sino también, su
incidencia en la decisión judicial.

91. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad jurídica,
la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución
Política.

92. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la
medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre
sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma
prueba, como suele ocurrir, pues ello resulta desacertado.

2.8.4. Violación directa de la Constitución

93. La Corte Constitucional en la sentencia SU- 198 del 11 de abril de 2013
estableció que el referido defecto se presenta cuando:

Se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce la
Carta Política, ya sea porque: (i) deja de aplicar una disposición ius
fundamental a un caso concreto; o porque (ii) aplica la ley al margen de los
dictados de la Constitución. En el primer caso, la Corte ha dispuesto que
procede la tutela contra providencias judiciales por violación directa de la
Constitución (a) cuando en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar
una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional, (b)
cuando se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata y (c)
cuando el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo
en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución. En el
segundo caso, la jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en cuenta
en sus fallos, que con base en el artículo 4 de la C.P, la Constitución es norma
de normas y que en todo caso en que encuentre, deduzca o se le interpele
sobre una norma que es incompatible con la Constitución, debe aplicar las
disposiciones constitucionales con preferencia a las legales mediante el
ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad.»

 Análisis del defecto fáctico y de la violación directa de la Constitución

94. Ahora bien, en lo referente a la presunta configuración de los defectos
fáctico y violación directa de la Constitución, la Sala procederá con su estudio de

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manera conjunta por contener un sustento argumentativo similar, esto es, un
indebido análisis probatorio que, para la actora, implicó una transgresión de sus
derechos fundamentales.

95. En específico, el extremo demandante refirió que la colegiatura tutelada
omitió tener en cuenta la certificación expedida por la Secretaría de Educación del
Departamento del Quindío que contenía los factores de salario devengados y
sobre los cuales se efectuaron aportes en el periodo de 8 de marzo de 1978 al 1
de mayo de 2013 (totalidad de la vida laboral).

96. Al respecto, la Sala advierte que tal certificación no tenía incidencia para variar
el sentido de la decisión censurada y tampoco debía tenerse en cuenta. Lo anterior,
toda vez que lo que se estudió en el proceso ejecutivo fue el monto de los
descuentos que se debían realizar con ocasión de la reliquidación y la forma de
efectuarla ordenada en la sentencia declarativa del 9 de febrero de 2017.

97. En contraste, la certificación que la actora estimó no fue tenida en cuenta, no
se refiere a los nuevos factores incluidos como consecuencia de la reliquidación
ordenada, sino que trata aquellos sobre los que se cotizó durante su vida laboral.

98. Debe tenerse en cuenta que tal y como puso de presente el Tribunal
Administrativo del Quindío, en la sentencia que constituye el título ejecutivo base del
recaudo, esto es, la que profirió en segunda instancia al interior de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la actora el 21 de octubre de
2021, se dispuso concretamente en lo que se refiere a la manera de establecer el
valor de los aportes adeudados para dar cumplimiento a la orden tercera26 que la
UGPP “deberá realizar los descuentos a que haya lugar sobre el valor del
retroactivo producto del reconocimiento del mayor valor derivado de la
reliquidación pensional con la inclusión de los nuevos factores (…)”.

99. Así las cosas, de manera acertada el Tribunal Administrativo del Quindío
arribó a la conclusión de que, en atención a lo ordenado en tal sentencia, la cual se
insiste se constituye en el título ejecutivo base del recaudo, para establecer el monto
de los valores adeudados por la accionante, correspondía determinar la diferencia
entre lo pagado y lo adeudado con la reliquidación de la pensión ordenada (mayor
valor a pagar) y, de dicha diferencia, calcularse el porcentaje a cotizar. Con
fundamento en ello, analizó los valores de liquidación aportados por la UGPP y

26 “TERCERO: Aclárese el numeral cuarto del fallo de primera instancia, en el sentido de indicar que

las deducciones sobre los factores que se ordenan incluir, la UGPP realizara los descuentos por
aportes en pensiones que dejaron de efectuarse que correspondan a la parte actora, respecto de
todos aquellos factores salariales legales que se incluyan en la base de liquidación de la pensión y
que para la base de cotización no fueron incluidos. Los referidos descuentos deberán actualizarse a
valor presente a través del ejercicio que realice un actuario en los términos establecidos en la parte
motiva de esta providencia. Así mismo se autoriza, para que en caso de que con los descuentos
efectuados sobre el retroactivo a que haya lugar no se alcance a cubrir plenamente la deuda de la
parte actora, se realicen descuentos mensuales, hasta completar el capital adeudado, en los términos
referidos en la parte considerativa. (…)”.

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constató que la liquidación efectuada por dicha entidad respecto de los aportes
insolutos se encontró ajustada a derecho.

100. Así las cosas, contrario a lo señalado por la tutelante, el Tribunal
Administrativo del Quindío no incurrió en la omisión probatoria señalada, y por
consiguiente, no transgredió garantía constitucional alguna en la medida que lo
decidido en cuanto al mandamiento de pago librado tuvo como fundamento lo
establecido en la sentencia que confirmó la reliquidación de la asignación pensional
de la accionante, entendida como el título a ejecutar.

2.8.5. Decisión judicial sin motivación

101. La Corte Constitucional en la precitada sentencia C-590 de 2005 puso de
presente que una decisión sin motivación es una de las irregularidades que habilitan
la interposición de la acción de tutela contra las providencias judiciales pues ello
consolida un “incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional”.

 Análisis del defecto de decisión judicial sin motivación

102. Tal y como se puso de presente, el reproche de la accionante en torno a
este defecto se cimentó en que la autoridad judicial accionada asumió e
interpretó de manera equivocada el contenido, y su necesaria relación con el
mandamiento de pago, de la Resolución RDP 038343 del 17 de diciembre de 2019
que modificó la orden de descuentos por aportes presuntamente no efectuados
efectuando un pago parcial únicamente en lo que respecta a $8.719.231,00.

103. En concepto de la actora, “el auto que repuso el mandamiento debió hacerlo
en legalidad sustrayendo este valor a la orden primigenia de librarlo en
$41.330.669,88, quedando entonces un saldo restante a pagar a la ejecutante por un
monto de $32.611.438”.

104. Como se observa de la argumentación de la demandante que sustenta el
presente yerro, salta a la vista que su reproche radica, esencialmente, en la forma en
que el juez accionado estableció el monto del mandamiento de pago librado, más no
en que lo decidido haya estado desprovisto de sustento argumentativo.

105. En efecto, la Sala considera que la actora reprocha en estricto sentido la
interpretación dada por la autoridad judicial accionada a la Resolución RDP 038343
del 17 de diciembre de 2019, sin que dicha inconformidad pueda entenderse como
una decisión desprovista de motivación.

106. En este sentido, se tiene que el fundamento de la censura no tiene que ver
con que el Tribunal Administrativo del Quindío, al confirmar la decisión del Juzgado

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Sexto Administrativo de Armenia, hubiese pretermitido su deber de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos en los que erigía su decisión, sino exclusivamente
en no compartir lo decidido. Inconformidad que, naturalmente, no consolida la
afectación de los derechos de la accionante tal y como sostiene.

107. Debe reiterarse que el Tribunal Administrativo del Quindío sustentó la decisión
de confirmar la modificación al mandamiento de pago dispuesta primigeniamente por
el Juzgado Sexto Administrativo de Armenia al constatar que ello atendió a las
prerrogativas contenidas en la sentencia del 21 de octubre de 2021, entendida como
título base del recaudo, que dispuso la forma en que se establecería el valor de los
aportes adeudados.

108. En este sentido, la Sala considera que contrario a lo sostenido por la
accionante, la decisión objeto de reproche no estuvo desprovista de sustento o
motivación.

2.9. Conclusión

109. Para la Sala lo decidido por el Tribunal Administrativo del Quindío no fue
caprichoso e irracional, pues de manera justificada y en ejercicio de la autonomía e
independencia judicial de la que gozan los jueces concluyó que había lugar a
confirmar el auto de 5 de febrero de 2021 proferido por el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Armenia que dispuso modificar el mandamiento
de pago librado dentro del proceso ejecutivo al que se hizo referencia con antelación.

110. En consecuencia, y con fundamento en los argumentos expuestos en las
líneas precedentes, se negará la solicitud de amparo formulada por la demandante
en la medida que no se encontraron configurados los defectos atribuidos a la
decisión atacada.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela interpuesta por Myriam Gutiérrez Sabogal
contra el Tribunal Administrativo del Quindío.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Ausente con permiso
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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