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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-25-000-2018-00458-00

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-25-000-2018-00458-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar las prensiones de la demanda. 2. Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-25-000-2018-00458-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

18 de abril de 2024

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00458-00 (25419)
Demandantes: Víctor Hugo Arcila Valencia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C. dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00458-00 (25419)
Demandante: Víctor Hugo Arcila Valencia
Demandado: UGPP

Temas: Acta 1362 del 20 de enero de 2017 del comité de conciliación y
defensa judicial de la UGPP

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad simple -parcial- contra el Acta
1362 del 20 de enero de 2017, proferida por el comité de conciliación y defensa judicial
de la UGPP1.

ANTECEDENTES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad, previsto en el artículo 137 del CPACA
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437
de 2011), Víctor Hugo Arcila Valencia pretende:

Se declare la nulidad parcial del acta N° 1362 del 20 de enero de 2017, proferida por el Comité de
Conciliación y Defensa Judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-, en relación con la decisión de aplicar
la metodología para el cálculo de las cotizaciones al Sistema General de Pensiones derivadas de las
reliquidaciones por vía judicial o conciliatoria donde se incluyen factores salariales respecto de los
que no se hubieran hecho cotizaciones por parte de las entidades públicas para las cuales laboró el
pensionado, o se hubieren realizado en una proporción inferior a los ingresos realmente devengados
por el servidor público.

El demandante invocó como normas vulneradas los artículos 3 de la Ley 4 de 1966; 20
de la Ley 100 de 1993; 7 de la Ley 797 de 2003; 1 y 2 del Decreto 4982 de 2007 y el
Decreto 1089 de 1983, bajo el siguiente concepto de violación2:

El comité de conciliación y defensa judicial de la UGPP no tenía competencia para expedir
el acta acusada, pues en la misma no se definieron políticas para la defensa de los
intereses de la entidad en procesos judiciales, sino que se fijaron criterios de
interpretación normativa aplicables a las reliquidaciones, cuya función es exclusiva del

1
Por auto del 28 de mayo de 2020 la Sección Segunda, Subsección A de la corporación remitió el asunto de la referencia a la Sección
Cuarta, donde se ha surtido el trámite (admisión, medida cautelar, excepciones, pruebas y alegatos). Ingresó para fallo el 12 de
octubre de 2022.
2
ff. 2 a 24 cp.

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1

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Demandantes: Víctor Hugo Arcila Valencia

comité jurídico institucional, en virtud del artículo 5 de la Resolución 155 de 13 de junio
de 2011. Si bien se han trasladado funciones del comité jurídico institucional al comité de
conciliación y defensa judicial, la de definir criterios para el reconocimiento y/o
reliquidaciones pensionales siguió en cabeza del primero.

El acta adolece de nulidad por expedición irregular porque la UGPP no la publicó acorde
con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011 y tampoco proporcionó copia aduciendo reserva
legal.

A la par, fue proferida con infracción de las normas en que debió fundarse en la medida
que, para calcular la compensación de aportes, los factores actuariales utilizados para
computar las reservas matemáticas y el valor de los aportes no efectuados a cargo del
trabajador y del empleador, adoptó una metodología que depende de variables como
número de mesadas pensionales anuales, edad y género del beneficiario de la pensión,
extrañas a la normativa de cotizaciones al sistema general de pensiones, la cual regula
el cálculo de acuerdo con la tasa de cotización variable según el año en el cual se realiza.

También se encuentra viciada de nulidad por falsa motivación pues, aunque se citó como
fundamento el artículo 99 Decreto 1848 de 1969, al determinarse la metodología se alejó
de la normativa y concluyó que se debe aplicar «compensación con pago de diferencias con
cálculo o fórmula actuarial» porque se consideró la más favorable y garantista para la
sostenibilidad financiera del sistema pensional.

La medida de suspensión provisional fue negada por auto del 31 de mayo de 20223 al
concluirse que para resolver se requiere de un análisis propio de la sentencia, de cara a
los argumentos de la demanda y la contestación.

Contestación de la demanda

La UGPP se opuso a las pretensiones de la parte actora4. Propuso las excepciones
previas de inepta demanda por falta de requisitos formales, falta de jurisdicción y
competencia, falta de integración del litisconsorcio necesario e indebida escogencia de
la acción5.

Indicó que la metodología de la fórmula actuarial da preponderancia a los principios de
solidaridad y sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones y se fundamentó
en criterios jurisprudenciales6, así como en la deliberación por parte de la comisión
intersectorial del régimen de prima media con prestación definida7. Dicho cálculo actuarial
propuesto como la forma jurídica de actualizar el cobro de los valores correspondientes,
es el mecanismo idóneo, eficaz y eficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema.

La UGPP está en la obligación legal y constitucional de cobrar las diferencias de los
valores que no hicieron parte del ingreso base de cotización surgidas con ocasión de las
reliquidaciones pensionales.

3
SAMAI índice 90
4
ff. 142 a 185.
5
Las excepciones propuestas fueron declaradas no probadas por auto del 31 de mayo de 2022.
6
Aludió a las sentencias T-122 de 2005 de la Corte Constitucional y, del 09 de abril de 2010 (Radicación 25000-23-25-000-2010-00014-01) y del
06 de abril de 2011 (Radicados 11001-03-25-000-2004-00220-01 (4582-04) y 11001-03-25-000-2005-00234-00 (9906-05) de esta corporación.
7
Dijo que está integrada por: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio del Trabajo,
Colpensiones y la UGPP.

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Trámite de sentencia anticipada

Por auto del 12 de agosto de 20228, se dispuso la aplicación de la figura de sentencia
anticipada prevista en el artículo 182A del CPACA 9.

Alegatos de conclusión

La demandada10 reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda. El demandante
guardó silencio.

El Ministerio Público11 alegó que no existen elementos de juicio para que sea anulada
el acta demandada debido a que la metodología del cálculo actuarial es la forma jurídica
utilizada de manera preferente para actualizar el cobro de valores del sistema de
seguridad social sobre factores salariales no incluidos en el ingreso base de cotización
que posteriormente son incorporados en el ingreso base de liquidación de la pensión, con
ocasión de reliquidaciones.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

1- La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad -parcial- contra el Acta 1362
del 20 de enero de 2017, proferida por el comité de conciliación y defensa judicial de la
UGPP. Al efecto corresponde establecer (i) si el comité de conciliación y defensa judicial
de la UGPP tenía competencia para expedir el acta demandada; (ii) si está viciada de
nulidad por expedición irregular al no haberse publicado acorde con el artículo 65 de la
Ley 1437 de 2011 y (iii) si fue proferida con infracción de las normas en que debió
fundarse habida cuenta que la metodología adoptada para computar las reservas
matemáticas y el valor de los aportes no efectuados a cargo del trabajador y del
empleador, depende de variables no contempladas en la normativa aplicable.

Análisis del caso concreto

2- Con el propósito de resolver los problemas jurídicos planteados en torno a la legalidad
-parcial- del Acta 1362 del 20 de enero de 2017 emitida con el comité de conciliación y
defensa judicial de la UGPP, se transcribe apartes del acta demandada, principalmente,
el numeral 2 de la misma, frente al cual el demandante formula la pretensión de nulidad 12:

Acta No. 1362
Comité de Conciliación y Defensa Judicial. Sesión Presencial
(…)
Desarrollo
Siendo las 08:00 a.m. se reúne el Comité de Defensa Judicial y Conciliaciones el día 20 de enero de
2017, para efectuar revisión tendiente al establecimiento de líneas de defensa y prevención del daño
antijurídico en la entidad; una vez verificado el quórum, y señalado el orden del día, por lo que se
procede a la exposición del tema.

8
SAMAI, Índice 99.
9
Se pone de presente que por auto del 02 de julio de 2021 se rechazó la demanda por cuanto «el acto acusado no es susceptible de
control judicial, en los términos del artículo 169-3 CPACA». Luego revocado por la Sección por auto del 25 de noviembre de 2021, al
considerar que se trata de un acto susceptible de control judicial -decisión de adopción de la fórmula actuarial provista por el Ministerio
de Hacienda-, en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos.
10
SAMAI, Índice 113.
11
SAMAI, Índice 128.
12
La transcripción se incorpora.

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1) VERIFICACIÓN QUORUM
La Secretaría Técnica constata la existencia de quórum decisorio para tratar el tema a exponer y sus
recomendaciones

2) DECISIÓN ADOPTADA POR LA COMISIÓN INTERSECTORIAL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA
CON PRESTACIÓN DEFINIDA, PONENCIA: COMPENSACIÓN DE APORTES INSOLUTOS POR
RELIQUIDACIÓN, DEBER DE CORRELACIÓN LEGAL IBC – IBL.

OBJETIVO:

El objetivo del presente estudio es definir la metodología para calcular y realizar la compensación de
aportes por factores insolutos (que no hicieron parte del IBC en su momento) o sobre las diferencias
de aportes entre lo cotizado y efectivamente debieron cotizarse (sic), para efectos de propender por
la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

PROBLEMAS JURÍDICOS:

• Determinar si de conformidad con la normativa vigente, ¿resulta procedente realizar el cobro de
aportes por factores insolutos (que no hicieron parte del IBC en su momento) o sobre las diferencias
de aportes entre lo cotizado y lo que efectivamente debió cotizar, cuando exista una reliquidación
por vía judicial o conciliatoria?

• De ser afirmativa la respuesta al interrogante anterior, ¿cuál es la metodología para calcular y
realizar la compensación de aportes por factores insolutos (que no hicieron parte del IBC en su
momento) o sobre las diferencias de aportes entre lo cotizado y lo que efectivamente debió cotizar,
para efectos de propender por la sostenibilidad financiera del sistema pensional?

(…)

METODOLOGÍAS

Compensación con el pago de las diferencias netas de la cotización sin sanción, ni indexación.
Compensación con pago de diferencias indexadas.
Compensación con pago de diferencias e intereses remuneratorios.
Compensación con pago de diferencias con rentabilidad mínima (IPC + % de rentabilidad mínima de
las cotizaciones del Sistema, certificado por la Superfinanciera).
Compensación con pago de diferencias con cálculo o fórmula actuarial.

El Director del Comité solicita se informe quién propuso las metodologías a la Comisión

Se indica que las metodologías las propuso el Comité Técnico ante la Comisión Intersectorial

Se indica que la Comisión Intersectorial Régimen De Prima Media con Prestación Definida revisó las
5 metodologías y se determinó que la metodología que garantiza la sostenibilidad del sistema
es la Compensación con pago de diferencias con cálculo o fórmula actuarial.
(…)
El director de Pensiones solicita se informe porque solo quedó establecido por vía judicial o
conciliatoria, ¿por vía Administrativa no procede?

Se indica que esa discusión se dio en la ponencia, inicialmente no había quedado esa restricción
pero Ministerio de Hacienda y Ministerio de Trabajo consideran que como la Unidad no hace
reliquidaciones administrativas en el entendido de incluir nuevos factores sobre los que no se cotizó
y solo se hace por orden judicial y conciliatoria.

El subdirector de Determinación de Derechos pensionales solicita se indique que pasa en los casos
en los que el fallo no ordena la liquidación de aportes.

El Subdirector Jurídico Pensional informa que se debe hacer teniendo en cuenta la reliquidación.

RECOMENDACIÓN

Conforme a lo expuesto, la Comisión Intersectorial del Régimen de Prima Media, recomienda a las
entidades reconocedoras del RPM, lo siguiente:

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1. Es jurídicamente viable realizar el cobro de los aportes pensionales por factores insolutos (que no
hicieron parte del IBC en su momento) o sobre las diferencias de aportes entre lo cotizado y lo que
efectivamente debió cotizar, cuando exista una reliquidación por vía judicial o conciliatoria, teniendo
en cuenta que debe existir una correlación entre IBC e IBL. El cobro debe realizarse en la respetiva
proporción en el trabajador del 25% y el empleador 75%, conforme a lo establecido en la Ley 100 de
1993.

2. Que se establezca como metodología para calcular y realizar la compensación de aportes por
factores insolutos (que no hicieron parte del IBC en su momento) o sobre las diferencias de aportes
entre lo cotizado y efectivamente debieron cotizarse, por la “fórmula de reserva actuarial”, derivada
de las sentencias del Consejo de Estado, siendo esta la más favorable y la que garantiza la
sostenibilidad financiera del sistema pensional, establecida en el Acto Legislativo 001 de 2005.

3. Que esta metodología será aplicable en los casos que se realice una reliquidación vía judicial o
conciliatoria de una pensión de invalidez, vejez o de jubilación o cualquier otra prestación a su cargo,
con fundamento en factores salariales respecto de los cuales no se hubieren hecho cotizaciones por
parte de la entidad o entidades públicas para las cuales laboró el pensionado, o se hubiesen
realizado en una proporción inferior a los ingresos realmente devengados por el servidor público.

4. En estos casos deberá procederse por parte de las entidades públicas empleadoras y del
pensionado beneficiado con la reliquidación, al pago del cálculo actuarial de las cotizaciones, en los
porcentajes establecidos por la ley (75% el empleador y 25% el servidor o ex - servidor), respecto
de los factores sobre los cuales no se realizaron las respectivas cotizaciones, es decir, no hicieron
parte del ingreso base de cotización, o en las diferencias entre lo cotizado y lo realmente devengado
por el servidor público.

5. Se aplicará la fórmula provista por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en esta
ponencia, la cual será aplicada a partir de este momento por parte de las entidades para garantizar
la sostenibilidad financiera del sistema. Así mismo cuando el juez reconozca u ordene la reliquidación
de la pensión y establezca la obligación a la entidad de recuperar el valor desfinanciado de la
pensión, pero no señale una fórmula para calcular el aporte destinado a dicha recuperación, las
entidades administradoras aplicarán esta fórmula.

En vía Judicial:

1. En los casos en los que existan procesos cuya pretensión sea la reliquidación de pensiones con
factores sobre los cuales no se hayan realizado cotizaciones, se debe solicitar, en caso de ser
condenados a la reliquidación, la aplicación de la “fórmula de cálculo actuarial” respecto de factores
en los que no se hicieron cotizaciones o se realizaron en una proporción inferior a la ordenada.

2. Para estos efectos, solicitar la vinculación al empleador para que estos realicen el pago en su
proporción a realizar el pago de las cotizaciones o factores no cotizados o las diferencias
correspondientes.

3. En los casos que el juez que reconozca u ordene la reliquidación de la pensión no establezca en
la sentencia la obligación a cargo del trabajador de contribuir a la recuperación de las pérdidas
ocasionadas al Sistema General de Pensiones, la entidad administradora, o quien la sustituya,
deberá solicitar la adición de la sentencia en este sentido.

El Presidente del Comité indica que no es clara la recomendación cuarta en el entendido de cómo
se va hacer el cobro con las entidades públicas empleadoras que no cotizaron en un proceso
conciliatorio entre un pensionado y la Unidad.

Se informa al Comité, que se determinó que dicha obligación debe quedar en el acto administrativo
que reliquida la pensión, el cual debe ser notificar (sic) tanto al pensionado como a la entidad, se debe
constituir el título y se procede a hacer el cobro.

Adicionalmente se informa que entre la Subdirección Jurídica Pensional, la Subdirectora de Nómina
y la Subdirección de cobranzas se han adelantado reuniones para determinar que se va hacer en
esos casos, igualmente se está trabajando con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
unos temas de mediación; teniendo en cuenta que más o menos siete entidades solicitaron
información sobre la metodología y sobre la obligatoriedad de pagar y la Agencia se ofreció para
hacer la mediación con cada una de las entidades y así determinar cómo se van a cumplir esas

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obligaciones, igualmente se solicitó por parte de la Unidad que esta medida se hiciera extensiva a
otras entidades y así entrar a determinar el monto total de las obligaciones y con ello hacer la
ponencia para que el comité las apruebe.

Indica el Director de Pensiones que se va a hacer la gestión sobre el tema para traerlo lo antes
posible al comité.

Se informa al Comité que estas recomendaciones fueron aprobadas por la Comisión
Intersectorial del Régimen de Prima Media, por lo que a partir de la fecha cualquier
reliquidación que se realice se debe aplicar la fórmula actuarial, igualmente el Ministerio de
Hacienda está trabajando en la elaboración de un Decreto que establezca esta fórmula de
manera obligatoria.

Se procede a dar la palabra al Dr. Jorge Velázquez, Actuario de la entidad con el fin de que explique
la fórmula al Comité.

El Dr. Velásquez indica que la fórmula es muy sencilla, es una valoración de reserva actuarial como
se hace en cualquier sistema pensional, donde se establece una reserva actuarial a una pensión y
eso determina una reserva matemática, es decir el valor presente que debe tener la entidad para
continuar pagando esa pensión sea que sobreviva o fallezca el causante por qué se debe proyectar
para de sus beneficiarios de ley.

FÓRMULA APORTADA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA
REALIZAR EL CALCULO DE LOS VALORES ADEUDADOS POR CONCEPTO DE APORTES
PENSIONALES SOBRE LOS QUE NO SE HICIERON COTIZACIONES O SE HICIERON POR
VALORES INFERIORES:

La presente fórmula aportada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tiene como propósito
viabilizar la aplicación de la metodología del cálculo actuarial para el cobro de aportes pensionales
insolutos, sobre los cuales son (sic) se realizaron aportes o se realizaron en una cuantía inferior a la
debida, la cual se aplica en los siguientes casos:

a. Cuando el Ingreso Base de Liquidación pensional utilizado judicial o conciliatoriamente, incluya
factores no contemplados dentro del Ingreso Base de Cotización, o sobre los cuales no se hicieron
los respectivos descuentos de ley.

b. Cuando en el reconocimiento o en la reliquidación pensional por vía judicial o conciliatoria, se
aplica un Ingreso Base de Liquidación diferente a los contemplados en el inciso 3º del artículo 36 y
en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

Es importante precisar que cuando el juez que reconozca u ordene la reliquidación de la pensión no
establezca en la sentencia la obligación a cargo del trabajador de contribuir a la recuperación de las
pérdidas ocasionadas al Sistema General de Pensiones, la entidad administradora, o quien la
sustituya, deberá solicitar la adición de la sentencia en este sentido.

Así mismo cuando el juez reconozca u ordene la reliquidación de la pensión y establezca la
obligación a la entidad de recuperar el valor desfinanciado de la pensión, pero no señale una fórmula
para calcular el aporte destinado a dicha recuperación, las entidades administradoras aplicarán esta
fórmula.

En los eventos señalados en los numerales a) y b) anteriormente señalados, habrá lugar a que el
Sistema General de Pensiones recupere el valor de lo no cotizado y que haya dado origen a la
desfinanciación, mediante la aplicación de los siguientes mecanismos:

1. Para los casos de que trata el literal a), se procederá a aplicar la siguiente metodología con el fin
de determinar el valor a ser financiado:

PAcal = Prf - Pi

En donde

PAcal Es la diferencia entre la mesada calculada incluyendo los factores no contemplados en el
Ingreso Base de Cotización, y la mesada pensional que se hubiera liquidado de acuerdo con el
ingreso sobre el cual se cotizó, ambas cifras expresadas en pesos de la fecha de cálculo.

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Prf Mesada calculada incluyendo los factores no contemplados en el Ingreso Base de Cotización

Pi Mesada pensional que se hubiera liquidado de acuerdo con el ingreso sobre el cual se cotizó.

La Reserva Matemática a la fecha de cálculo resulta de aplicar la siguiente fórmula:

RM cal = PAcal * FA

En donde:

RMcal Reserva Matemática a Fecha de Cálculo

FA: Es el factor actuarial utilizado para el cálculo de las reservas matemáticas a la edad actuarial a
la fecha de cálculo, de acuerdo con el número de mesadas anuales correspondientes (13 ó 14)
a la mesada pensional originalmente otorgada, la edad y el género del beneficiario de pensión.

Proporción a cargo del trabajador.

Una vez obtenida la reserva matemática, se debe determinar la Reserva Proporcional a cargo del
trabajador (RPw), de acuerdo con la siguiente fórmula:

RPw = 0.25 * R * RMcal
T
En donde:

R: Tiempo mínimo requerido, de acuerdo con el régimen pensional aplicable, para acceder a la
pensión.

T: Tiempo cotizado o servido.

Proporción a cargo del empleador.

Así mismo, se debe determinar la Reserva Proporcional a cargo del empleador (RPy), de acuerdo
con la siguiente fórmula:

RPy: RM cal – RPw

2. Para los casos de que trata el literal b), se procederá a aplicar la siguiente fórmula con el fin de
determinar el valor a ser financiado:

La administradora deberá calcular el valor de la pensión que hubiera recibido la persona con el
promedio del salario sobre el cual cotizó en el último periodo de salario ordinario o no excepcional,
tomando el promedio del tiempo que corresponda al régimen al que pertenezca el cotizante, monto
que deberá ser actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor,
según certificación que expida el DANE (pensión hipotética (Ph)). En segundo lugar, deberá
determinar la pensión con el salario excepcional (pensión final (Pf)).

Para calcular la nueva reserva matemática generada de la diferencia entre la pensión hipotética y la
pensión final, se tendrá en cuenta la diferencia entre estas dos pensiones, multiplicada por un factor
que tome en consideración la edad, género y número de mesadas a que tiene derecho el afiliado,
de acuerdo a la siguiente fórmula:

PAcal = Pf – Ph

En donde:

PAcal Es la diferencia entre la mesada pensional reconocida con salario excepcional y la mesada
pensional hipotética que se hubiera liquidado con el salario ordinario o no excepcional de acuerdo
con el ingreso base de cotización del Régimen de Transición que le aplica, ambas cifras valoradas
a la fecha de cálculo.

Pf Pensión reconocida con salario excepcional

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Ph Pensión hipotética

La Reserva Matemática a la fecha del cálculo resulta de aplicar la siguiente fórmula:

RMcal = PA cal * FA

En donde:

RMcal Reserva matemática a Fecha de Cálculo

FA Es el factor actuarial utilizado para el cálculo de las reservas matemáticas a la edad actuarial a
la fecha de cálculo, de acuerdo con el número de mesadas anuales correspondientes (13 o 14),
la edad y el género del beneficiario de pensión.

Proporción a cargo del trabajador

Una vez obtenida la reserva matemática, se debe determinar la Reserva Proporcional a cargo del
trabajador (RPw), de acuerdo con la siguiente fórmula:

RPw = 0.25 * RM cal

Proporción a cargo del empleador

Una vez obtenida la reserva matemática, se debe determinar la Reserva Proporcional a cargo del
empleador (RPy), de acuerdo con la siguiente fórmula:

RPy = RMcal – RPw

Los factores actuariales a utilizar para el cálculo de las reservas matemáticas contempladas en el
artículo anterior, serán los relacionados a continuación, teniendo en cuenta si se trata de
beneficiarios de pensión con derecho a 13 ó 14 mesadas pensionales:
(…) (se resalta)

3- El demandante alegó que el comité de conciliación y defensa judicial de la UGPP no
tenía competencia para expedir el acta demandada, toda vez que fijó criterios de
interpretación normativa aplicables a las reliquidaciones, cuya función es exclusiva del
comité jurídico institucional de la entidad. Al respecto, la UGPP guardó silencio en la
contestación de la demanda.

El artículo 75 de la Ley 446 de 199813 estableció que las entidades y organismos de
derecho público del orden nacional, departamental, distrital y de los municipios capital de
departamento y los entes descentralizados de estos mismos niveles, deben integrar un
comité de conciliación. Tal norma fue reglamentada -entre otras- por el Decreto 1716 del
14 de mayo de 200914, en el sentido de definir que el comité comporta una instancia
administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre
prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad. Y estableció
que le corresponde decidir -en cada caso específico- sobre la procedencia de la conciliación
o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos, con sujeción estricta a las
normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control vigentes 15. De esa forma, le
fueron asignadas, entre otras, funciones de formular y ejecutar políticas de prevención
del daño antijurídico y diseñar políticas generales que orienten la defensa de los intereses
de la entidad -las normas relativas a los comités de conciliación fueron recopiladas en el Decreto 1069

13
«Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código
de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código
Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia».
14
«Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley
640 de 2001»
15
Artículos 15 y 16

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del 26 de mayo de 201516-.

A fin de acatar internamente las anteriores disposiciones, la UGPP expidió la Resolución
0036 de 201117 que creó, integró y reglamentó el comité de conciliación y defensa judicial
de la entidad, el cual «actuará como instancia administrativa y como sede previa de estudio, análisis y
formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico, defensa de los intereses de la entidad y
procedencia de la conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos con sujeción
estricta a las normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control vigentes». Para el efecto,
dispuso que tendría las mismas funciones previstas en el decreto reglamentario,
adicionadas mediante Resolución 690 de 10 de diciembre de 201218, que incorporó las
siguientes: (i) efectuar el análisis de los casos o temas que sean presentados al Comité
y emitir los conceptos o recomendaciones correspondientes y (ii) definir la posición
jurídica y criterio institucional que deba ser asumido en el caso de existir diferencia
conceptual entre las diferentes dependencias de la entidad relacionada con la
interpretación y aplicación de la normativa aplicable para la definición del mismo.

Mediante el acta objeto de demanda, el comité de conciliación y defensa judicial de la
UGPP, entre otros, determinó que, de acuerdo con las recomendaciones aprobadas por
la comisión intersectorial del régimen de prima media con prestación definida, en casos
de reliquidaciones pensionales -por vía judicial o conciliatoria-, la metodología para calcular y
realizar la compensación de aportes -por factores que no hicieron parte del IBC o por las
diferencias entre lo cotizado y lo que efectivamente se debió cotizar- corresponde al
cálculo actuarial que deberá aplicarse acorde con la fórmula aportada por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.

Al respecto, debe precisarse que, en el marco de las funciones del comité de conciliación
y defensa judicial de la UGPP tendientes a la formulación y ejecución de políticas de
prevención del daño antijurídico y que orienten la defensa de los intereses de la entidad,
le corresponde procurar que los funcionarios actúen conforme a derecho, a través de
controles internos de administración pública, lo que le impone el deber de abordar la
totalidad de las obligaciones de gestión en el desarrollo del ciclo de defensa jurídica y
tomando en consideración la caracterización litigiosa de la entidad 19. Tal metodología
impacta las reliquidaciones pensionales reconocidas por vía judicial o conciliatoria a partir
de las cuales se deben determinar aportes insolutos frente a factores salariales que no
hicieron parte del IBC o cotizaciones realizadas en una porción inferior, habida cuenta
que las funciones del citado comité resultan amplias en torno a las políticas de prevención
del daño antijurídico.

En ese orden, no le asiste razón al demandante en cuanto a la aducida falta de
competencia, comoquiera que por medio del Acta 1362 del 20 de enero de 2017 el comité
de conciliación y defensa judicial de la UGPP acogió la metodología para calcular y
realizar la compensación de aportes en casos de reliquidaciones pensionales -por vía
judicial o conciliatoria- aspecto que, como se señaló, está en el ámbito de las funciones
atribuidas a dicho comité en la Resolución 0036 de 2011, relativas a formular y ejecutar
políticas de prevención del daño antijurídico y diseñar políticas generales que orienten la
defensa de los intereses de la entidad. No prospera el cargo.

4- Argumentó el actor que el acta acusada adolece de nulidad por expedición irregular
por no haberse publicado acorde con el artículo 65 del CPACA. Aspecto frente al cual la

16
«Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho»
17
«Por la cual se crea e integra el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la entidad, se establece su reglamento y se establecen
otras disposiciones»
18
«Por medio de la cual se adiciona y modifica la Resolución número 0036 del 1o de marzo 2011», ver artículo 3
19
Protocolo para la Gestión de los Comités de Conciliación, 2017, Documentos Especializados de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, ff. 32 y 33

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Demandantes: Víctor Hugo Arcila Valencia

UGPP guardó silencio en la contestación de la demanda.

Según tal norma, los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios
mientras no hayan sido publicados en el diario oficial o en las gacetas territoriales, según
el caso. Además, las entidades de la administración central y descentralizada de los
entes territoriales que no tengan órgano oficial de publicidad, podrán divulgar esos actos
«mediante la fijación de avisos, la distribución de volantes, la inserción en otros medios, la publicación en
la página electrónica o por bando», en tanto estos medios garanticen amplia divulgación.

De lo anterior se desprende que ningún acto administrativo es obligatorio para sus
destinatarios ni para las autoridades mientras no haya sido objeto de publicidad. Al
respecto, la Sección20 ha señalado que, con la relevancia que tiene la publicidad del acto
administrativo en el ejercicio de la función administrativa, este no es un requisito propio
de su existencia ni de su validez, de manera tal que su ausencia o las irregularidades en
ese sentido, no vician de nulidad el acto administrativo general sino que conducen a su
ineficacia o inoponibilidad.

En el caso bajo examen, se evidencia que el acta acusada no dispuso su publicación, ni
en el expediente obra prueba de que se haya surtido esa diligencia, respecto de la cual
la entidad demandada guardó silencio. No obstante, como se expuso, teniendo en cuenta
que esa situación no afecta su validez, sino únicamente su eficacia y oponibilidad, el vicio
anotado no es suficiente para declarar la nulidad del acta acusada.

No prospera el cargo.

5- Resta por decidir el reproche que planteó el actor en relación con la metodología
adoptada en el acta demandada, en la medida que considera que, para calcular la
compensación de aportes insolutos, los factores actuariales utilizados para computar las
reservas matemáticas y el valor de los aportes no efectuados a cargo del trabajador y
del empleador, incorporó variables como «número de mesadas pensionales anuales, edad y
genero del beneficiario de la pensión», extrañas a la normativa de cotizaciones al sistema
general de pensiones, la cual, a su juicio, establece que el cálculo debe realizarse de
acuerdo con la tasa de cotización variable según el año en el cual se realiza. También
estima que el acta se encuentra viciada de nulidad por falsa motivación porque, aunque
se citó como fundamento el artículo 99 Decreto 1848 de 1969, al determinarse la
metodología, se alejó de la normativa y concluyó que se debe aplicar el cálculo o fórmula
actuarial.

En el otro extremo de la litis, la demandada sostuvo que la metodología de la fórmula
actuarial prevista en el acta demandada da preponderancia a los principios de solidaridad
y sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones, además, se fundamenta en
la jurisprudencia y en la deliberación por parte de la comisión intersectorial del régimen
de prima media con prestación definida.

Lo primero que debe precisarse es que por medio del Acta 1362 del 20 de enero de 2017,
el comité de conciliación y defensa judicial de la UGPP determinó que, con base en las
recomendaciones aprobadas por la comisión intersectorial del régimen de prima media
con prestación definida, en casos de reliquidaciones pensionales -por vía judicial o
conciliatoria-, la metodología para calcular y realizar la compensación de aportes, por
factores que no hicieron parte del IBC o por diferencias entre lo cotizado y lo que
efectivamente se debió cotizar, corresponde al cálculo actuarial que deberá aplicarse

20
Entre otras, sentencia del 19 de octubre de 2017 (exp. 21315, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez) reitera sentencia del 28 de junio
de 2016 (exp. 19230, CP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas)

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acorde con la fórmula aportada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

De la lectura del acto, se advierte que, en el numeral 2 se consignaron los detalles de la
reunión del 20 de enero de 2017 del comité de conciliación y defensa judicial de la UGPP,
así:

• Se presentó la decisión adoptada por la comisión intersectorial del régimen de prima media con
prestación definida para la compensación de aportes insolutos por reliquidación de pensiones.

• Se mencionaron las 5 metodologías estudiadas por la comisión intersectorial para la
compensación de aportes por factores insolutos o sobre las diferencias entre lo cotizado y lo que
debió cotizarse.

• Se estableció que, según la comisión intersectorial, se deberá aplicar por las entidades la
metodología denominada cálculo actuarial por ser la que garantiza la sostenibilidad del sistema
pensional y, para el efecto, se indicó que se debe aplicar la fórmula provista por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.

• Se expuso la mencionada fórmula y se explicó el método del cálculo de (i) la diferencia entre la
mesada calculada antes y después de la reliquidación, (ii) la reserva matemática a la fecha del
cálculo, (iii) para luego obtener la proporción a cargo del trabajador y del empleador.

Ahora bien, en síntesis, son dos las censuras que plantea el demandante en relación con
la metodología adoptada en el acta en cuestión, las cuales se concretan así:

i) Aunque se citó como fundamento el artículo 99 Decreto 1848 de 1969, al determinarse
la metodología, se alejó de la normativa y concluyó que se debe aplicar el cálculo o
fórmula actuarial.

ii) Para calcular la compensación de aportes insolutos, los factores actuariales utilizados
para computar las reservas matemáticas y el valor de los aportes no efectuados a cargo
del trabajador y del empleador, incorporó variables como «número de mesadas pensionales
anuales, edad y genero del beneficiario de la pensión», extrañas a la normativa de cotizaciones al
sistema general de pensiones, la cual establece que el cálculo debe efectuarse de
acuerdo con la tasa de cotización variable según el año en el cual se realiza.

Con el propósito de abordar el problema jurídico, se precisa que a partir de la vinculación
laboral nace para el empleador y el empleado la obligación de aportar al sistema general
de pensiones en los porcentajes establecidos en la ley, así como la de realizar los
respectivos descuentos a que haya lugar. En ese orden, el reconocimiento de la pensión
corresponde y debe guardar proporcionalidad con los aportes efectuados al sistema en
vigencia de la relación laboral, al tenor de lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005,
que modificó el artículo 48 de la CP, dentro de las vías que introdujo para mantener la
sostenibilidad financiera del sistema pensional, al señalar que para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones.

Con todo, jurisprudencialmente21 se ha establecido que la omisión de cotización no
impide el reconocimiento de conceptos para efectos de reliquidaciones pensionales, pues
los pagos pretermitidos pueden ser recuperados por la entidad al realizar el

21
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 08 de abril de 2021, exp. 63001-23-33-000-2016-00499-01(0783-18), CP.
William Hernández Gómez, entre otras.

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reconocimiento prestacional. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado 22
ha avalado el cálculo actuarial como metodología apropiada para garantizar la
sostenibilidad financiera del sistema pensional, cuando se ordena la reliquidación de la
mesada con el cómputo de conceptos respecto de los cuales no se hicieron los aportes
o cotizaciones, en tanto que es el procedimiento matemático adecuado para proyectar a
valor presente el monto adeudado.

En consecuencia, respecto de la primera censura del demandante, se advierte que,
conforme al criterio jurisprudencial, resulta procedente la compensación de los valores
insolutos aplicando el cálculo actuarial, tal como fue recogido en el Acta 1362 de 20 de
enero de 2017, acorde con las recomendaciones de la comisión intersectorial del régimen
de prima media con prestación definida que, por demás, es la metodología adoptada en
el parágrafo adicionado por el artículo 40 del Decreto Ley 2106 de 2019 al artículo 17 de
la Ley 100 de 1993, el cual establece que los cobros que deban realizarse en materia de
reliquidación pensional como consecuencia de una sentencia judicial, deberán efectuarse
«con base en la metodología actuarial que se establezca para el efecto por parte del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público».

Dicho método acogido por la UGPP no desatiende lo dispuesto en el artículo 99 Decreto
1848 de 1969 como pretende hacer ver el demandante, el cual prescribe que el valor de
los aportes adeudados «se liquidarán con base en los diferentes salarios percibidos por el empleado
en el respectivo tiempo de servicio», pues el aspecto a que hace referencia esa norma -salarios
percibidos-, es la base del cálculo actuarial cuyo propósito es actualizar el valor de los
aportes omitidos.

Ahora bien, en lo atinente al segundo reparo del demandante, se puede constatar que
refiere de manera particular a la fórmula aportada por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, pues estima incorrecto que en ella, para computar las reservas matemáticas y
el valor de los aportes a cargo del trabajador y del empleador, se incorporan variables
de «número de mesadas pensionales anuales, edad y genero del beneficiario de la pensión», las cuales,
a su juicio, no se encuentran contempladas en la ley.

Se colige de lo anterior que el desacuerdo señalado no ataca la decisión adoptada en el
acta objeto de cuestionamiento, habida cuenta que en ésta únicamente se adoptó la
metodología del cálculo actuarial y se acogió la fórmula aportada por la cartera ministerial
-para viabilizar la metodología-, de acuerdo con los parámetros presentados por la comisión
intersectorial. Así, las inconformidades atinentes a la fórmula en sí misma no
corresponden a este medio de control.

En suma, comoquiera que la decisión de adoptar la metodología actuarial atiende al
criterio jurisprudencial acorde con las recomendaciones de la comisión intersectorial del
régimen de prima media y la censura en cuanto a la fórmula aportada por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público no ataca el acta enjuiciada, no prospera el cargo de
nulidad.

Conclusión

6- Por lo razonado en precedencia, se establece que las funciones del comité de
conciliación y defensa judicial de la UGPP son amplias en torno a las políticas de
prevención del daño antijurídico y que orienten la defensa de los intereses de la entidad.
La falta de publicidad no vicia de nulidad el acto administrativo. Atiende al criterio
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 9 de abril de 2014, exp. 25000232500020100001401 (1849-13), CP. Gustavo
Eduardo Gómez Aranguren; del 21 de octubre de 2021, exp. 23001-23-33-000-2015-00132-01(5005-16), CP. Rafael Francisco Suárez
Vargas, entre otras.

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Demandantes: Víctor Hugo Arcila Valencia

jurisprudencial la metodología para la compensación de los aportes insolutos aplicando
el cálculo actuarial en los casos de reliquidaciones pensionales, por factores que no
hicieron parte del IBC o por las diferencias entre lo cotizado y lo que efectivamente se
debió cotizar.

7- No se condena en costas conforme con lo establecido en el artículo 188 del CPACA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar las prensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

La validez e integridad de este documento pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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