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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-02174-00

Fecha
15 de junio de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-02174-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la sociedad World Shipping Management Corporation S.A., por la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA, contra la sentencia del 6 de noviembre de 2020 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, de acuerdo con lo expresado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Condenar en costas a la parte recurrente, sociedad World Shipping Management Corporation S.A, por las agencias en derecho causadas por la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de la presente decisión y en favor de la Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian, de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia. TERCERO: Notificar al apoderado de la recurrente a la dirección electrónica informada en el memorial de 30 de mayo de 2023: armandovenegasabogados@hotmail.com CUARTO: En firme esta providencia, el expediente deberá regresar al despacho del magistrado ponente para la aprobación de las costas liquidadas por la Secretaría General de Consejo de Estado. Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 32 Asunto: Recurso extraordinario de revisión Demandante: World Shipping Management Corporation S.A. Radicado: 11001-03-15-000-2022-02174-00

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2022-02174-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

15 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTIDÓS ESPECIAL DE DECISIÓN

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02174-00
Demandante: World Shipping Management Corporation S.A.
Asunto: Recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 6
de noviembre de 2020, proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado

Tema: Causal invocada: «[e]xistir nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación» ─ Artículo 250, numeral 5 del CPACA.
Requisitos para su configuración.

SENTENCIA

La Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de Estado resuelve el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por la sociedad World Shipping
Management Corporation S.A1, en el que invocó la causal n.° 5 del artículo 250
del CPACA2 con el objeto de que se invalide la sentencia proferida el 6 de
noviembre de 2020 por la Sección Primera del Consejo de Estado3.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

La sociedad World Shipping Management Corporation S.A. ejerció la acción
prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984 ─en adelante, Código
Contencioso Administrativo─, para que se declarara la nulidad de (i) la resolución
n.° 000298 del 20 de febrero de 2007, «por medio de la cual se defin[ió] la
situación jurídica de una mercancía aprehendida», expedida por la División de
Fiscalización Aduanera de la División Especial de Aduanas Nacionales de
Cartagena; y (ii) la resolución n.° 001299 del 9 de agosto de 2007, «por medio
de la cual se resolv[ió] un recurso de reconsideración», expedida por la División
Jurídica Aduanera de la División Especial de Aduanas Nacionales de Cartagena.
De conformidad con lo anterior, el actor formuló las pretensiones que se siguen:

1 Con la demanda se aportó certificado de «Persona Jurídica», n.° 140736 de 8 de abril de 2022,

proferido por el Registro Público de Panamá, en el que se indicó que el presidente de la sociedad
World Shipping Management Corporation S.A. ejerce la representación legal e identifica en ese
cargo al señor Antonio Nicol Rotella, documento que contiene diligencia de apostilla del 11 de
abril de 2022, realizada ante la Notaría Segunda del Circuito de Panamá, ver el índice 2 del
presente trámite en SAMAI, archivo .pdf «ED_PODER …», páginas 4 y 5.
2 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011,

en adelante CPACA.
3 Proceso que se tramitó con el radicado n.° 13001-23-31-000-2007-00873-01, MP. Hernando

Sánchez Sánchez.

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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Demandante: World Shipping Management Corporation S.A.
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02174-00

[…]
1. Declarar nula la Resolución No. 000298 del día 20 de febrero de 2007,
expedida por la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DE ADUANAS DE CARTAGENA - DIVISIÓN DE
FISCALIZACIÓN ADUANERA - GRUPO DE INFRACCIONES mediante el cual se
declaró el decomiso a favor de la Nación de la nave Royal Progress.

2. Declarar nula la Resolución No. 001299, del día 9 de agosto de 2007,
expedida por la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL -
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DE ADUANAS DE CARTAGENA - DIVISIÓN JURÍDICA
mediante la cual se confirmó la Resolución (sic) anterior y se ordenó decomisar
la nave Royal Progress a favor de la Nación.

3. Que como consecuencia de lo anterior se ordene a la NACIÓN - MINISTERIO
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES -, pagar, a título de restablecimiento del derecho, a favor de
WORLD SHIPPING MANAGEMENT CORPORATION S. A., armadora de la M/N
Royal Progress, la suma de dinero necesaria, establecida pericialmente o por
cualquier otro medio probatorio, para la reposición de la citada nave, habida
cuenta (sic) que la M/N Royal Progress fue ilegalmente decomisada por la DIAN.
Así mismo, solicitamos se ordene a las demandadas el resarcimiento y pago de
cualquier otro perjuicio causado a WORLD SHIPPING MANAGEMENT
CORPORATION S. A., por, repetimos, el ilegal decomiso de la M/N Royal
Progress.

4. Que se condene a la NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO - DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - a pagar a
favor de WORLD SHIPPING MANAGEMENT CORPORATION S. A, el valor del lucro
cesante que ésta ha dejado de recibir desde el día en que la M/N Royal Progress
fue aprehendida ilegalmente por la DIAN, a razón de CINCO MIL DOLARES
AMERICANOS (USD$5.000) diarios, o la suma que pericialmente se determine
o por cualquier otro medio probatorio.

5. Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término establecido
en el artículo 176 del C. C. A.

6. Si no se efectúa el pago en forma oportuna, ordénese a la NACIÓN -
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES liquidar y pagar al demandante los intereses
comerciales y moratorios, como lo ordena el artículo 177 del C. C. A.

7. Las condenas impuestas a la NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO - DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - han de
actualizarse de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del C. C. A.,
aplicando los ajustes de valor (indexación) desde la fecha de aprehensión de la
M/N Royal Progress hasta la fecha de cumplimiento de la sentencia.

La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos que
fundamentaron sus pretensiones:

i) La sociedad World Shipping Management Corporation S.A., era la armadora4
de la motonave Royal Progress, de bandera panameña, un medio de transporte
en la que se movilizan mercaderías.

4 Los conceptos de armador y agente marítimo son definidos por el Código de Comercio, así:

«Artículo 1473. Llámase armador a la persona natural o jurídica que, sea o no propietaria de la

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ii) La sociedad Catnaves E.U., en su calidad de agente marítimo, avisó a la Dian
y a la Capitanía del Puerto de Cartagena del arribo de la motonave Royal
Progress, a la cual se le iba a realizar un mantenimiento en los “astilleros”5 de la
Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval
Marítima y Fluvial ─COTECMAR─ y, posteriormente, transportar mercancías a
Panamá y a los Estados Unidos.

iii) La motonave reveló daños mayores, por lo que permaneció más tiempo que
el previsto y, en consecuencia, Catnaves E.U. solicitó a la Capitanía autorización
para la permanencia, la cual fue concedida.

iv) La Dian autorizó la importación de repuestos para solucionar los daños; sin
embargo, ordenó la aprehensión de la motonave ─sin realizarse la reparación─,
por cuanto (a) había sido ocultada y no fue presentada ante la autoridad aduanera
y (b) no se encontraba amparada en una planilla de envío, factura de
nacionalización o declaración de importación.

v) La autoridad aduanera expidió la resolución n.° 000298 del 20 febrero de 2007,
por medio de la cual ordenó el decomiso de la nave, la cual fue confirmada por
la resolución n.° 001229 del 9 de agosto de 2007.

La demanda señaló como normas transgredidas los artículos 1, 2, 6, 29, 83, 230,
333 y 334 de la Constitución Política; 2, 3 y 59 del Código Contencioso
Administrativo; numerales 1,1 y 16 del artículo 502 y los artículos 1, 90, 91, 93,
32 del Decreto 2685 de 1999; y 1432, 1435, 1441 y 1142 del Código de Comercio.

El concepto de violación se sustentó así:

i) Violación al debido proceso: La Dian no tuvo en cuenta las pruebas
aportadas durante el procedimiento administrativo, habida cuenta de que se
allegó prueba documental en la que se constató que el fin de introducir la nave al
territorio nacional era para transportar una carga con destino a un país del Caribe;
no obstante, por el contrario, la parte demandada «[…] valoró exageradamente y
en forma descontextualizada los dictámenes que rindió el capitán EDUARDO
VASQUEZ VILLEGAS, cuando conceptuó acerca de las reparaciones de que era
objeto la M/N Royal Progress en el astillero de Ferroalquimar S.A. [...]»6.

ii) Falsa motivación: (a) los actos administrativos acusados son nulos, toda vez

nave, la apareja, pertrecha y expide a su propio nombre y por su cuenta y riesgo, percibe las
utilidades que produce y soporta todas las responsabilidades que la afectan. La persona que
figure en la respectiva matrícula como propietario de una nave se reputará armador, salvo prueba
en contrario.” “Artículo 1489. Agente marítimo es la persona que representa en tierra al armador
para todos los efectos relacionados con la nave».
5 El Diccionario de la Real Academia Española define el término astillero como el

«Establecimiento donde se construyen y reparan buques».
6 Cfr. Folio 24 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

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que «[…] se interpretan indebidamente normas legales, se motivan falsamente o
equivocadamente y no se atienden a cabalidad las pruebas arrimadas al
expediente que contiene la actuación administrativa que se formó a propósito de
la aprehensión de la M/n Royal Progress por parte de la Dian […]»7; (b) el arribo
de la motonave fue informado tanto a la Capitanía del Puerto de Cartagena como
a la Dian, por lo que no hubo ocultamiento y, en consecuencia, el decomiso fue
ilegal; (c) la Dian realizó una interpretación extensiva y no restrictiva del concepto
de “medio de transporte”, que mencionan los artículos 1, 9 y 92 del Decreto 2685
de 1999, en concordancia con el artículo 1432 del Código de Comercio.

2. Actuaciones procesales relevantes

Mediante auto proferido el 25 de agosto de 2008, el Tribunal Administrativo de
Bolívar admitió la demanda. La Unidad Administrativa Especial - Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian y la Nación- Ministerio de Hacienda y
Crédito Público se opusieron a las pretensiones, en su orden, así:

Respecto al primer cargo de violación al debido proceso, sostuvo que no fue
objeto de discusión si la motonave venía a recoger carga al puerto o no, lo
relevante fue que la embarcación llegó al territorio nacional para realizar unas
reparaciones, que en primera instancia se evaluaron como normales, pero debido
a situaciones imprevistas se transformaron en extraordinarias, lo que originó su
prolongación, sin notificar en debida forma de esta circunstancia a la autoridad
aduanera para que realizara lo de su competencia.

Respecto al segundo cargo de falsa motivación, aludió a que (i) la empresa
CATNAVES no cumplió con las obligaciones inherentes al ingreso de una
mercancía a territorio nacional8 y que la motonave no podía ser considerada un
medio de transporte sino una mercancía, la cual debió ser sometida a una
modalidad de importación; (ii) de la lectura de los artículos 92 y 93 del Decreto
2685, «… debe entenderse que la introducción de las Motonaves lleva implícito
el sentido “TEMPORAL”, pues la norma establece que las Motonaves se
entenderán importados temporalmente mientras demoren las operaciones
normales de cargue y descargue o las operaciones para su mantenimiento»9; (iii)
la motonave duró en el territorio aduanero nacional más tiempo del que se
requería regularmente para las operaciones de mantenimiento; en consecuencia,
no podía tenerse como un medio de transporte que llegó en lastre para
reparaciones normales, sino de una nave que llegó para ser sometida a
reparaciones, que implicaban una larga estadía en el territorio nacional; (iv)
afirmó que «[…] el responsable de la Motonave ROYAL PROGRESS omitió realizar
cualquier trámite ante la autoridad aduanera con el fin de PRESENTARLA y
DECLARARLA y por tanto amparar la estadía de la embarcación en territorio

7 Cfr. Folio 12 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
8 Cfr. Folio 121, ibidem.
9 Cfr. Folio 122, ibidem.

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nacional, mientras demoraran los arreglos de la misma, incurriendo en la
infracción aduanera de mercancía no presentada y no declarada […]»10.

La Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público sostuvo que mediante el
Decreto 1071 de 1999 se determinó que la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – Dian era una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica
adscrita ese ministerio, por lo que solo se debió demandar a dicha Unidad11.

3. La sentencia de primera instancia

Finalizada la etapa de alegaciones12, la Sala de Decisión n.° 2 del Tribunal
Administrativo de Bolívar profirió sentencia el 30 de septiembre de 2014, en la
cual se pronunció sobre las excepciones propuestas y negó las súplicas de la
demanda:

[…]
PRIMERO: DECLÁRASE no probadas las excepciones de falta de agotamiento
de la vía gubernativa y de pleito pendiente propuestas, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLÁRASE probada la excepción de falta de legitimación en la
causa formulada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda […].

4. El recurso de apelación

La parte demandante interpuso, dentro del término legal, recurso de apelación 13
contra la sentencia de primer grado y lo sustentó con base en los siguientes
argumentos: (i) falsa motivación y (ii) violación de los artículos 1 y 2 de la
Constitución Política.

i) Falsa motivación

Indicó que «[…] es un hecho, y el cual está fuera de toda discusión, que la M/N
ROYAL PROGRESS arribó al Puerto de Cartagena en lastre (sin carga), y después
de hacérsele unas reparaciones ordinarias partiría a puerto extranjero con carga,
cuyo trasiego ya había sido contratado con unos remitentes […]»14.

10 Cfr. Folio 127, ibidem. La Dian propuso como excepciones: (i) «falta de legitimación en la causa

del demandante» y (ii) «inepta demandada por no haberse agotado la vía gubernativa».
11 Esta entidad formuló las excepciones de pleito pendiente, falta de agotamiento de la vía

gubernativa y falta de legitimación en la causa por pasiva.
12 Los alegatos de conclusión de los sujetos procesales obran a folios 292 a 293, 408 a 411 y 412

a 426 ibidem.
13 Cfr. folios 443 a 456.
14 Cfr. Folio 451.

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Sostuvo que la motonave arribó al Puerto de Cartagena como un medio de
transporte, lo cual se podía probar con los documentos que estaban incorporados
en el expediente «[…] tal es el caso de los correos electrónicos que el armador
de la nave se cruzó con un fletador de carga, la certificación que expidió el Sr.
Antonio Rotella González sobre el particular, y la que también produjo la
Capitanía de Puerto de Cartagena […]»15.

Precisó que se debió aplicar el artículo 92 del Decreto 2685 de 1999, en el sentido
que el medio de transporte se entendía importado temporalmente una vez
ingresó al territorio nacional; además, no se perdió esa calidad por las averías
que sufrió en el territorio nacional.

Afirmó que se hizo una interpretación errada del artículo 93 del Decreto 2685 de
1999, habida cuenta de que tal disposición preveía tres (3) opciones para el
medio de transporte averiado o destruido: «[…] i) su importación ordinaria; ii) su
abandono a favor de la Nación y iii) su reparación, en cuyo caso, las partes o
equipos extranjeros que se traigan para sustituir los averiados o destruidos se
entenderán importados temporalmente en las condiciones previstas en el artículo
92 del Decreto 2685 de 1999, que trata sobre la presunción legal o situación
administrativa presunta de la importación temporal del medio de transporte que
arribe al territorio aduanero nacional […]».

Agregó que «[…] no es como lo señala el Tribunal que el titular de un medio de
transporte que se encuentre averiado en el territorio aduanero nacional, se vea
compelido inexorablemente a su importación ordinaria, puesto que bien puede
hacer esto o su abandono o su reparación, a su libre arbitrio. En consecuencia, y
como en el artículo 93 del Decreto 2685 de 1999, no se señala un término en el
cual deban realizarse las reparaciones del medio de transporte averiado, y en
concordancia con el artículo 92 de la obra citada, la conclusión que se impone
[…] es que la M/N Royal Progress […] se encontraba importada temporalmente,
dada su calidad de medio de transporte, la cual nunca perdió por el hecho de los
imponderables que llevaron a su avería en el territorio aduanero nacional […]».

ii) Violación de los artículos 1 y 2 de la Constitución Política

Sostuvo que: (a) la primera instancia no se pronunció frente al argumento
presentado en la demanda y en los alegatos de conclusión, con relación a la
violación de los artículos 1 y 2 de la Constitución Política; (b) «[...] al decidir si
decomisa o no la M/N Royal Progress, no consideró ciertos hechos de particular
importancia, tales como que CATNAVES E. U, avisó a la DIAN el arribo de la M/N
Royal Progress como también lo hizo frente a la Capitanía de Puerto de
Cartagena […]»16.

15 Cfr. Folio 451.
16 ibidem.

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5. La sentencia de segunda instancia

La Sección Primera del Consejo de Estado profirió sentencia el 6 de noviembre
de 2020, en la que resolvió:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida, en primera instancia, por la
Sala de Decisión núm. 002 del Tribunal Administrativo de Bolívar, de 30 de
septiembre de 2014, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: SIN CONDENA en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Las razones que se consignaron en la decisión de primera y segunda instancia
se plasmarán más adelante en la medida que el cargo central del recurso
extraordinario de revisión consistió en la violación de los límites de competencia
del juez de segundo grado delineados por el recurso de apelación.

II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

1. La demanda de revisión

La sociedad World Shipping Management Corporation S.A., por medio de
apoderado judicial17, presentó recurso extraordinario de revisión contra la
sentencia del 6 de noviembre de 2020, proferida en segunda instancia por la
Sección Primera del Consejo de Estado, por medio de la cual confirmó el fallo
proferido el 30 de septiembre de 2014, por la Sala de Decisión n.° 2 del Tribunal
Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda18.

El demandante invocó como causal de revisión la prevista en el numeral quinto
(5) del artículo 250 del CPACA, esto es, «[e]xistir nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación […]», en
la medida que consideró que el juez ad quem «obvió su ámbito de competencia»,
que se reducía a resolver únicamente el contenido de la apelación.

En ese orden, señaló que la decisión no resolvió explícita ni implícitamente los
cargos formulados en el escrito de alzada, pues la Sección Primera del Consejo
de Estado «no oyó a la accionante» y se atribuyó competencias que no tenía

17 Igualmente, se aportó poder especial, para promover la demanda de revisión otorgado por el

representante legal de la referida sociedad, Antonio Nicol Rotella, al abogado Armando Antonio
Vanegas Polo, ante la Notaría Segunda de Cartagena - Colombia, el 30 de marzo de 2022, el
cual se puede consultar en el índice 2 del presente trámite en SAMAI, archivo .pdf «ED_PODER
[…]», páginas 1 a 3.
18 El expediente del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado 13001-

23-31-000-2007-00873-01, fue aportado en medio digital por la sociedad demandante en 8
archivos .pdf. En el archivo .pdf «ED_CUADERNOTRIBUNAL […]», páginas 35 a 60, obra la
sentencia de primera instancia del proceso ordinario.

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sobre el análisis probatorio que la primera instancia ya había definido y que, en
su criterio, se encontraba «protegida por la cosa juzgada material»19.

El demandante sostuvo que se incurrió en una «manifiesta nulidad procesal» por
violación al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, el principio de non
reformatio in peius, por falta de congruencia entre lo pedido y lo fallado y una vía
de hecho por defecto procedimental absoluto. Por lo anterior, solicitó (i) proteger
los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y a la tutela
judicial efectiva de la sociedad World Shipping Management Corporation S.A; (ii)
declarar que la sentencia es pasible de revisión y (iii) revocar la sentencia del 6
de noviembre de 2020 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.

El recurrente manifestó que la segunda instancia desconoció su ámbito de
competencia, el cual se reducía, únicamente, a resolver los contenidos de la
apelación propuesta por el apelante único, por lo que desconoció el límite
competencial fijado en el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012 ─remitido por el
artículo 306 de la Ley 1437 de 2011─, esto es la prohibición de la no reformatio
in peius, lo cual fue explicado por el recurrente en dos tiempos: el primero, las
razones de la apelación; segundo, el desbordamiento de la competencia.

1.1. Las razones de la apelación consignadas en el proceso ordinario

i) En la sentencia de primer grado se admitió que «… la nave Royal Progress
llegó al territorio aduanero nacional como un medio de transporte, la misma, y por
el solo hecho de la ley, hallábase (sic) importada temporalmente», por tanto, se
beneficiaba de los supuestos del artículo 90 del Decreto 2685 de 199920.

ii) La Dian no desvirtuó la presunción de hecho de la importación temporal, que
ocurrió ope legis, en beneficio de la sociedad accionante, a título de presunción
de hecho.

iii) Por el hecho de que un medio de transporte hubiera estado presente en el
territorio aduanero nacional y objeto de reparaciones, no perdía el carácter de
medio de transporte y, por lo tanto, no se transformaba en mercancía.

iv) La sociedad recurrente hizo alusión a que el artículo 93 del Decreto 2685 de
1999 le garantizaba a los titulares de medios de transporte averiados o destruidos
que se encontraran en territorio aduanero nacional, tres opciones sobre los
mismos: (a) su importación ordinaria; (b) su abandono a favor de la Nación y (c)
su reparación, en cuyo caso, las partes o equipos extranjeros que hubiesen sido
trasladados para sustituir los averiados o destruidos se debían entender
importados temporalmente en las condiciones previstas en el artículo 92 del
Decreto 2685 de 1999.

19 Índice 2 de SAMAI archivo .pdf «ED_PDFWORLDSHIPPING […]», páginas 56 y 57.
20 La disposición, en realidad, se refiere al artículo 92 del Decreto 2685 de 1999.

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v) Manifestó su desacuerdo con la primera instancia cuando precisó que el titular
de un medio de transporte que se encontrara averiado en el territorio aduanero
nacional estaba compelido a su importación ordinaria, pues bien podía
abandonarlo o repararlo.

vi) En consecuencia y como en el artículo 93 del Decreto 2685 de 1999 no señaló
un término en el cual debían realizarse las reparaciones del medio de transporte
averiado, la conclusión que se imponía era que la motonave Royal Progress se
encontraba importada temporalmente, habida cuenta su calidad de medio de
transporte.

El recurrente sostuvo que estos argumentos no fueron resueltos implícita ni
explícitamente y, en consecuencia, «no oyó a la accionante».

1.2. El contraste: la usurpación de competencias por parte del juez de
segundo grado

i) El juez de segundo grado retornó sobre el análisis probatorio de unos e-mails
con el fin de determinar si la nave Royal Progress era un medio de transporte o
no, frente a lo cual concluyó que no lo era, a pesar que esta situación ya había
sido definida por la primera instancia en el siguiente pasaje: «si bien en principio
el arribo de la Motonave Royal Progress de bandera panameña al Puerto de
Cartagena, se entendió como una importación temporal por tratarse de un medio
de transporte sin carga que se iba a someter a reparaciones, al tornarse en
permanentes los daños o averías que hicieron necesarias las reparaciones, en
los términos del artículo 93 del Estauto aduanero, debió someterse la nave al
régimen de importación ordinaria en el estado que se encontraba, siendo
considerada como una mercancía y ya no como un simple medio de transporte».

ii) La segunda instancia no podía entrar a analizar si la nave Royal Progress
cuando ingresó al territorio aduanero nacional tenía o no la calidad de medio de
transporte, porque la primera instancia ya había resuelto este asunto; además,
este último punto no fue impugnado por la Dian, por lo que había adquirido el
carácter de cosa juzgada material.

2. Las actuaciones procesales relevantes

Es relevante revisar (2.1.) el auto admisorio de la demanda, (2.2.) la contestación
de la demanda y (2.3.) el concepto del Ministerio Público.

2.1. El auto admisorio de la demanda

El 2 de junio de 202221, el magistrado sustanciador admitió el recurso
extraordinario de revisión presentado por la sociedad World Shipping

21 Índice 4 de SAMAI.

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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Demandante: World Shipping Management Corporation S.A.
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02174-00

Management Corporation S.A. contra la sentencia del 6 de noviembre de 2020
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.

El auto admisorio fue notificado debidamente22 y se requirió a la Secretaría del
Tribunal Administrativo de Bolívar para que remitiera el expediente concerniente
al radicado 13001-23-31-000-2007-00873-01, el cual fue enviado de forma digital
y obra en el índice 13 de SAMAI23. El envío de los mensajes para notificación
personal a los sujetos procesales se realizó el 6 de junio de 202224.

2.2. La contestación de la demanda

La Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales - Dian25, por intermedio de apoderado26, presentó escrito de
oposición a las pretensiones de la demanda de revisión y sostuvo que la
sentencia objeto de debate no se encuentra incursa en la causal prevista en el
numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, porque el juez actuó con
competencia a la luz del artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 129 del
Decreto 01 de 1984.

Las razones para sostener esta afirmación son: (i) no hubo sentencia inhibitoria
porque la misma resolvió de fondo el problema jurídico relacionado con la
legalidad de los actos administrativos por los cuales se consideró que la
motonave no era un medio de transporte y se la decomisó como una mercancía,
según lo previsto en los numerales 1.1 y 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de
1999; (ii) la sentencia de segundo grado no profirió condena en contra de un
tercero que no hubiera sido vinculado como parte al proceso; (iii) no hubo un
desconocimiento del principio de congruencia, porque la condena no fue extra, ni
ultra ni infra petita; (iv) la sentencia no reformó o empeoró la situación del
apelante único, porque confirmó el fallo y resolvió únicamente los puntos
planteados en el escrito de disenso.

Por lo anterior, concluyó que no se configuró la causal para la procedencia del
recurso extraordinario de revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la
Ley 1437 de 2011.

22 Ibidem.
23 Archivo. zip «RECIBEPRUEBAS […]».
24 Como consta en los archivos contenidos en los índices 7 y 9 de SAMAI, respectivamente.
25 Índice 16 de SAMAI.
26 Poder otorgado por la señora Diana Astrid Chaparro Manosalva, en su calidad de subdirectora

de Representación Externa de la UAE -DIAN, de conformidad con lo establecido en la resolución
000080 de 26 de agosto de 2021, el acta de posesión No. 593 del 31 de agosto de 2021 y la
resolución 000091 del 3 de septiembre de 2021, para ejercer la representación judicial de la
entidad. Documental que adjuntó y obra en el índice 16 de SAMAI. Igualmente se realizó validación
en el aplicativo SAMAI en cuanto a la referida apoderada «[s]ervicio URNA - Validación de datos
del abogado: Cedula a validar 1069462921 Nombre abogado: MARÍA CONSUELO DEARCOS
LEÓN, tarjeta profesional: 253959, correo electrónico: MDEARCOSL@DIAN.GOV.CO Estado:
Vigente».

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2.3. El concepto del Ministerio Público

El procurador quinto delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el
presente asunto27 y solicitó declarar infundado el recurso extraordinario de
revisión, porque no se evidenciaron causales de nulidad que invalidaran la
sentencia de 6 de noviembre de 2020, proferida en segunda instancia por la
Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la cual se confirmó el fallo de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, pues esta resultó
suficientemente motivada y, compartida o no por el ahora recurrente, se sustentó
en las normas legales y en las pruebas allegadas al proceso, motivo por el cual
la causal 5.ª de revisión, no tiene vocación de prosperidad.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.

3. El auto de pruebas

Por medio de auto del 17 de agosto de 202228, el ponente dispuso tener como
pruebas las obrantes en el proceso, identificado con el radicado 13001-23-31-
000-2007-00873-01, que promovió la sociedad World Shipping Management
Corporation S.A contra la Unidad Administrativa Especial - Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian29.

El expediente ingresó al despacho para fallo el 30 de agosto de 2022 30.
Posteriormente, en memorial radicado el 30 de mayo de 202331, el apoderado de
la recurrente informó que inscribió en el Registro Nacional de Abogados la
siguiente dirección electrónica: «armandovenegasabogados@hotmail.com». En
consecuencia, solicitó que allí sea notificado. Al validar el aplicativo SAMAI:
«Servicio URNA», se corroboró lo manifestado32; por tanto, en la parte resolutiva
de esta decisión se dispondrá que en adelante se notifique al abogado Armando
Antonio Venegas Polo a esa dirección electrónica.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

27 Índice 15 de SAMAI.
28 Índice 18 de SAMAI.
29 El demandante en cuanto a pruebas señaló lo siguiente: «-[s]e adjunta el expediente que
contiene el caso contencioso administrativo mencionado, y el poder para que, en nombre y
representación del accionante, actúe el abogado suscribiente de este memorial. También el
certificado de existencia y representación legal de WSMC S.A.» Ib., página 60. El expediente del
proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado 13001-23-31-000-2007-
00873-01, fue aportado en medio digital por la sociedad demandante en 8 archivos .pdf, índice 2
de SAMAI.
30 índice 23 de SAMAI.
31 índice 24 y 25 de SAMAI.
32
Cédula a validar 85454181
Nombre abogado: ARMANDO ANTONIO VENEGAS POLO
Tarjeta profesional: 85162
Correo electrónico: ARMANDOVENEGASABOGADOS@HOTMAIL.COM
Estado: Exitoso

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1. Los presupuestos procesales

1.1. Competencia

Esta Sala Especial de Decisión es competente para conocer del presente recurso
extraordinario de revisión por cuanto (i) el artículo 249 del CPACA indicó que la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ─sin exclusión de la sección que
profirió la decisión─ conoce de los recursos de revisión contra las sentencias
dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado; (ii) el artículo
107 del CPACA creó las Salas Especiales de Decisión ─reglamentadas por el
Acuerdo 321 del 2 de diciembre de 2014─, y (iii) el numeral 1 del artículo 29 del
Acuerdo 080 de 2019 asignó la competencia a aquellas sobre dichos recursos
extraordinarios de revisión.

En este orden de ideas, la Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de
Estado es competente para conocer del recurso extraordinario de revisión
formulado contra la sentencia proferida el 6 de noviembre de 2020 por la Sección
Primera del Consejo de Estado.

1.2. Oportunidad

La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión fue proferida el 6 de
noviembre de 2020 por la Sección Primera del Consejo de Estado, notificada por
medio de edicto que se fijó el 7 de abril de 202133, de acuerdo con las previsiones
del artículo 173 del CCA34.

Así las cosas, como el edicto, que notificó la decisión objeto del presente recurso
extraordinario, se desfijó el 9 de abril de 2021, debe entenderse que cobró
ejecutoria a los tres días siguientes, de conformidad con el artículo 302 del CGP35;
en consecuencia, la ejecutoria de la sentencia ocurrió el 14 de abril de 202136.

33 Como consta en la documental obrante en el índice 18 de ese trámite en SAMAI, radicado

13001-23-31-000-2007-00873-01.
34 De acuerdo con los antecedentes del presente asunto, el proceso ordinario en donde se profirió

la decisión que se pretende infirmar se rigió bajo las reglas previstas en el Decreto 01 de 1984,
Código Contencioso Administrativo, el cual, en cuanto a la notificación de las sentencias preveía
«Artículo 173. Sentencia. Notificación. Una vez dictada la sentencia conforme lo dispone el
artículo 103 de este Código se notificará personalmente a las partes, o por medio de edicto, en
la forma prevista en el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil tres (3) días después de
haberse proferido. Al ministerio público se hará siempre notificación personal. Una vez en firme
la sentencia deberá comunicarse con copia integra de su texto, para su ejecución y cumplimiento.
Ejecutoriada la sentencia de segunda instancia, para su cumplimiento, la Secretaría remitirá los
oficios correspondientes».
35 «[…] Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando

no sean impugnadas o no admitan recursos. || No obstante, cuando se pida aclaración o
complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. ||
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de
notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los
interpuestos».
36 Atendiendo que los días 10 y 11 de abril de 2021 correspondían a sábado y domingo, es decir,

inhábiles. [Por error en la admisión se indicó que la ejecutoria ocurrió el día 15 de abril de 2021].

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Ahora bien, el límite temporal de que trata el artículo 251 del CPACA37, atendiendo
el momento de la ejecutoria de la sentencia censurada, venció el día 15 de abril
de 2022; sin embargo, era un día inhábil; por ende, debe acudirse a las
previsiones del artículo 118 del CGP38 en el que se indica que, cuando el
vencimiento de un término, «… ocurre en día inhábil se extenderá hasta el primer
día hábil siguiente». En consecuencia, la aplicación armónica de las
disposiciones citadas, permite tener por presentada en oportunidad la demanda
de revisión el día 18 de abril de 202239.

En ese sentido, teniendo en consideración que la sentencia de segunda instancia
(i) cobró ejecutoria el 14 de abril de 2021; (ii) se radicó el recurso extraordinario
de revisión el 18 de abril de 202240 y que (iii) el rigor extintivo de la caducidad
operaba ese mismo día, mes y año, la Sala considera que dicho recurso
extraordinario se presentó en tiempo.

1.3. Legitimación en la causa

En cuanto a la legitimación por pasiva, la Sala Especial de Decisión observa
que la recurrente designó a la Sección Primera del Consejo de Estado y al
ponente de la decisión que se pretende infirmar como la parte demandada. No
obstante, debe precisarse que si bien a través de este medio de impugnación
extraordinario se controvierten las sentencias en firme y contra las que no
proceden recursos ordinarios, como lo es la sentencia de 6 de noviembre de
2020, esa circunstancia no implica que la autoridad judicial que la profirió integre
el extremo pasivo del presente asunto y que deban ser vinculados los
magistrados que conforman la Sección referida a este trámite.

El numeral 1 del artículo 252 del CPACA, se refiere a los sujetos del proceso
ordinario y sus representantes, es decir, al contradictorio que se conformó en el
proceso en donde se dictó la sentencia de segunda instancia ejecutoriada objeto
de controversia41, que para el caso concreto solo corresponde a la Dirección de

37 Artículo 251 del CPACA «Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse

dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. […] ».
38 Artículo 118 del CGP «[…] Cómputo de términos. […] Cuando el término sea de meses o de

años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día que empezó a correr del correspondiente mes o
año. Si este no tiene ese día, el término vencerá el último día del respectivo mes o año. Si su
vencimiento ocurre en día inhábil se extenderá hasta el primer día hábil siguiente. En los
términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier
circunstancia permanezca cerrado el juzgado».
39 Los días 11 al 15 de abril de 2022, fecha esta última en la que vencía el término de 1 año que

prevé el artículo 251 del CPACA, era vacancia judicial por Semana Santa. En suma, el primer día
hábil siguiente para la presentación oportuna del recurso era el lunes 18 de abril de esta
anualidad, como ocurrió en el presente asunto.
40 Documento .pdf «ED_CORREO[…]», índice 2 de SAMAI.
41 Sobre la legitimación en la causa en este medio extraordinario de impugnación puede

consultarse, Sala Veintidós Especial de Decisión. MP. Luis Alberto Álvarez Parra, autos de 22 de
febrero de 2022 y 19 de abril de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2022-00691-00, demandante:
Cristóbal Cano Tabares y auto de 18 de abril de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2022-00365-
00, demandante: Francisco Javier Olaya.

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Impuestos y Aduanas Nacionales ─Dian─, entidad a la cual la parte que recurre
realizó el traslado42 de que trata el numeral 8 del artículo 162 de la Ley 1437 de
2011, toda vez que en la sentencia de primera instancia del 30 de septiembre de
2014, proferida por la Sala de Decisión n.° 2 del Tribunal Administrativo de
Bolívar, declaró la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
respecto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En cuanto a la legitimación por activa, se encuentra conformada por la sociedad
World Shipping Management Corporation S.A., y su representante judicial aportó
el poder para representarla en la presente causa43.

2. Recopilación de los motivos de disenso, planteamiento del problema
jurídico y adopción de la metodología para su resolución

La Sala debe determinar si la causal de revisión establecida en el numeral 5.º del
artículo 250 del CPACA, consistente en «[e]xistir nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación», puede
llegar a configurarse con base en los motivos expresados por el solicitante en
revisión ─falta de competencia─, en la medida que la Sección Primera del
Consejo de Estado (i) «obvió su ámbito de competencia», que se reducía a
resolver únicamente el contenido de la apelación, por lo que se desconoció lo
consignado en el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012; (ii) no se resolvieron los
cargos formulados en el recurso y el Consejo de Estado «no oyó a la accionante»,
y se atribuyó competencias que no tenía sobre el análisis probatorio que la
primera instancia ya había definido, encontrándose «protegido por la cosa
juzgada material»; y (iii) se incurrió en una «manifiesta nulidad procesal» por
violación al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, el principio de non
reformatio in peius, por falta de congruencia entre lo pedido y lo fallado y en vía
de hecho por defecto procedimental absoluto.

Por lo anterior, la Sala Especial de Decisión debe determinar si se configura la
causal prevista en el numeral 5.º del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para que proceda la revisión
extraordinaria de la sentencia de 6 de noviembre de 2020, proferida en segunda
instancia por la Sección Primera del Consejo de Estado.

Para resolver la controversia, esta Sala, abordará metodológicamente el estudio
de los siguientes ejes temáticos: i) generalidades del recurso extraordinario de

42 La remisión de la demanda y sus anexos se realizó al correo electrónico
notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co como consta en el documento .pdf «ED_CORREO […]»,
índice 2 de SAMAI.
43 Se aportó certificado de «Persona Jurídica», No. 140736 de 8 de abril de 2022, proferido por

el Registro Público de Panamá, en el que se indica que el presidente de World Shipping
Management Corporation S.A. ejerce la representación legal e identifica en ese cargo al señor
Antonio Nicol Rotella, documento que contiene diligencia de apostilla de 11 de abril de 2022 y el
poder especial, para promover la demanda de revisión, otorgado por el representante legal de la
referida sociedad al abogado Armando Antonio Vanegas Polo, ante la Notaría Segunda de
Cartagena - Colombia, el 30 de marzo de 2022.

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revisión; ii) la causal quinta de revisión alegada, consistente en existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación, y iii) luego, se establecerá, con base en los argumentos
expuestos por el recurrente si la sentencia proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado, el 6 de noviembre de 2020, debe ser infirmada.

2.1. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión44 es un medio de impugnación excepcional
que permite quebrantar el principio de cosa juzgada y, su finalidad se contrae a
restablecer el imperio de la justicia y la vigencia del ordenamiento jurídico, que
pueden resultar afectados por decisiones materialmente injustas. Las causales
que se pueden invocar se encuentran previstas en el artículo 250 del CPACA.
Aquellas delimitan el ámbito de acción de este medio de impugnación y no
admiten interpretaciones extensivas dado que comportan situaciones
excepcionales a la institución jurídico procesal de la cosa juzgada.

En síntesis, se refieren a hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición
de documentos decisivos que modifiquen el sentido de la decisión o incluso la
violación al debido proceso. Se trata de causales que no constituyen errores
sustanciales que puedan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación indebida
o la interpretación errónea de una norma sustancial, es decir, como lo ha
precisado esta corporación, «… [n]o es un recurso que proceda por violación de
la ley …»45. En otras palabras, «… el recurso extraordinario de revisión no da
cabida a cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la
ley en la sentencia»46. Por tanto, este medio de impugnación excepcional no está
previsto para corregir los yerros cometidos por las partes en el litigio que dio
origen a la sentencia recurrida, ni para mejorar el acervo probatorio, o para alegar
hechos no expuestos ante el juez natural del proceso, sino para garantizar el
derecho al debido proceso y el restablecimiento de la justicia material.

44 Regulado en el Título VI «RECURSOS EXTRAORDINARIOS», Capítulo I «Recurso Extraordinario

de Revisión», artículos 248 al 255 del CPACA, con las modificaciones realizadas por la Ley 2080
de 2021, artículos 68, 69 y 70.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de
2013, radicación n.º 11001-03-15-000-2012-00231-00. M.P. Alberto Yepes Barreiro «Sobre las
generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre muchas otras:
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2 de marzo de
2010, Rad. REV-2001-00091, 6 de abril de 2010, Rad. REV-2003-00678, 20 de octubre de 2009,
Rad. REV-2003-00133, 12 de julio de 2005, Rad. REV-1997-00143-02, 14 de marzo de 1995,
Rad. REV-078, 16 de febrero de 1995, Rad. REV-070, 20 de abril de 1993, Rad. REV-045 y 11 de
febrero de 1993, Rad. REV-037; Sección Tercera, sentencia de 22 de abril de 2009, Rad. 35995
y Sección Quinta, sentencia de 15 de julio de 2010, Rad. 2007-00267».
45 Cfr., Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Tercera Especial

de Decisión, sentencia de 4 de agosto de 2021, radicación n.º 11001031500020210061000. M.P.
Julio Roberto Piza Rodríguez.
46 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de

2013, radicación n.º 11001-03-15-000-2012-00231-00. M.P. Alberto Yepes Barreiro.

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De manera que, como lo ha indicado esta corporación47, el recurso extraordinario
de revisión no constituye una tercera instancia dentro del proceso, en la que se
puede intentar una nueva valoración de la prueba para replantear el litigio o
provocar una interpretación adicional de las normas aplicables al caso concreto.
En este sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-068 de 19 de noviembre
de 199848, señaló que, «… la revisión no está regulada para errores «in
judicando» ni puede fundamentarse en las mismas pruebas que sirvieron de
soporte a la decisión que puso término al proceso49; se trata de un examen
detallado de ciertos hechos nuevos que afectan la decisión adoptada y el sentido
de justicia que de ella emana …». A su vez, en sentencia C-520 de 4 de agosto
de 200950, la Corte se refirió al recurso extraordinario de revisión en la
jurisprudencia colombiana, y destacó la tesis decantada por la Corte Suprema de
Justicia, según la cual:

… el recurso de revisión no puede ser usado como intento de revivir el debate
probatorio, ni para volver sobre aspectos de pura interpretación legal. De ello da
muestra la sentencia de 13 de enero de 2004, Expediente 0211-01, en la que la
Corte doctrinó acerca de que el recurso extraordinario no autoriza un análisis
panorámico del debate procesal, sino de establecer, por las precisas y taxativas
causales que estableció el legislador en el artículo 380 Código de Procedimiento
Civil, si el fallo, desde esa perspectiva, arremete contra las garantías procesales
que dichas causales protegen. De allí, entonces, que ‘los errores de apreciación
probatoria en que haya podido incurrir el juez al proferirlo, son aspectos ajenos al
recurso de revisión’, pues este “no constituye una tercera instancia en la que pueda
replantearse el litigio”, ni es “medio conducente para reparar cualquier irregularidad
de la sentencia, o su indebida fundamentación” … [51].

2.2. La causal de revisión invocada por la actora: el numeral 5.º del artículo
250 del CPACA ─violación del principio de competencia─

La sociedad recurrente alegó la configuración de la causal de revisión
correspondiente a la existencia de una «nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso». Particularmente, la
sociedad World Shipping Management Corporation S.A. adujo que la Sección
Primera del Consejo de Estado profirió una sentencia sin competencia.

El numeral quinto establece dos elementos esenciales para su configuración: el
primero, que la sentencia que se recurre no sea susceptible de apelación, esto
es, que se trate de una decisión en firme sin recurso por agotar; el segundo, que
la nulidad se presente en el momento en que se expide la sentencia, es decir, no

47 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de
Decisión, sentencia de 7 de abril de 2015, radicación n.º 11001-03-15-000-2013-02724-00 (REV),
M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
48 Corte Constitucional, sentencia C-068 de 19 de noviembre de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
49 Cfr., Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 2 de agosto de 1994. M.P. Edgar

Saavedra Rojas.
50 Corte Constitucional, sentencia C-520 de 4 de agosto de 2009. M.P. María Victoria Calle

Correa.
51 Cit. «Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia, Sentencia 2004-00729 de agosto 29

de 2008, Expediente 11001-0203-000-2004-00729-01, MP: Edgardo Villamil Portilla».

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es válida la argumentación que indique una nulidad anterior a la sentencia que
puso fin al proceso judicial, pues su momento procesal para alegar ya habrá
pasado, y este se fundamente en un desconocimiento grave o insanable de
alguna ritualidad sustancial propia de esa actuación.

En consonancia con lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia, la causal
comprende los siguientes presupuestos:

(i) que se dirija contra una sentencia respecto de la cual no proceda recurso
de apelación, «… porque entonces sería el juez ad quem quien debe
concurrir a desplegar la actividad judicial que permita enervar y solucionar
el hecho constitutivo de nulidad o en dado caso dejárselo explícito al a quo
si corresponde a éste implementar la solución, campo de acción que es
totalmente ajeno al juez del recurso extraordinario de revisión …, es decir,
ya superó las instancias del juez natural …»52.

ii) que exista una nulidad procesal o constitucional, «… pero este segundo
supuesto pende del siguiente y (iii) que esta tenga nacimiento en la
sentencia que puso fin al proceso, o en su defecto, que la parte afectada,
bajo motivo invencible, no hubiera podido alegarla …» 53.

Así las cosas, se ha dicho que, aunque el enunciado normativo es claro «… se
trata de una de las causales de revisión que más discusiones ha generado en la
jurisprudencia de lo contencioso administrativo 54 … dado que, en razón de su
redacción, ha correspondido al juez del recurso de revisión establecer su alcance,
por cuanto el legislador omitió determinar las circunstancias que podían generar
la nulidad de la providencia, es decir, se trata de un texto en blanco …» 55. En
otras palabras, si bien de la lectura del numeral 5.º del artículo 250 del CPACA, se
advierte que para la configuración de la causal es necesario que la nulidad se
presente al momento de proferir la sentencia, lo cierto es que, el legislador no
definió los eventos constitutivos del vicio.

En ese sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo56, en un ejercicio
hermenéutico, ha señalado de manera consistente, que los hechos que la

52 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Quince Especial de
Decisión, sentencia de 3 de marzo de 2020, radicación n.º 11001-03-15-000-2016-02343-00–
acumulado (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
53 Ibidem.
54 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de

Decisión, sentencia de 7 de abril de 2015, radicación n.º 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV),
M.P. Alberto Yepes Barreiro.
55 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de

Decisión, sentencia de 7 de febrero de 2017, radicación n.º 11001-03-15-000-2016-02260-
00(REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
56 Ver, entre otras, las siguientes providencias (REV) de 20 de abril de 2004, radicación n.º 11001-

03-15-000-1996-0132-01; de 18 de octubre de 2005, radicación n.º 11001-03-15-000-2000-
00239-00, de 7 de febrero de 2006, radicación n.º 11001-03-15-000-1997-00150-00; de 2 de
marzo de 2010, expediente número 185; de 9 de marzo de 2010, radicación n.º 11001-03-15-
000-2002-1024-01 y de 31 de mayo de 2011, radicación n.º 11001-03-15-000-2008-00294-00.

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configuran son aquellos que constituyen las causales de nulidad procesal, esto
es, las previstas en el artículo 133 del CGP57, pero no son figuras idénticas. Se
trata de vicios procesales que surgen al momento de la expedición de la
sentencia, pero no los acaecidos en etapas anteriores, toda vez que, las
nulidades procesales deben seguir la regla de oportunidad prevista en el artículo
134 del CGP58.

Sin embargo, también se ha aceptado la posibilidad de alegar la nulidad originada
en la sentencia, cuando, pese a configurarse el vicio constitutivo de la causal
antes de proferirse el fallo, «… no pudo ser advertida por el recurrente durante el
curso del proceso …»59, caso en el cual, al afectado le asiste la carga de probar
que no tuvo la oportunidad de proponer la nulidad, pues de lo contrario, la causal
se convertiría en una excusa para subsanar las omisiones cometidas en el
proceso ordinario. En este sentido, resulta importante señalar que la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en providencia de 31
de mayo de 2011, resumió los supuestos que podrían configurar el vicio de
nulidad en la sentencia, así:

En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de
jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso
terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta
sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el
desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv)
cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada
en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, vii) o
cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera
de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en éstos casos, antes de
la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada con mayor o
menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al
previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación.

Con posterioridad, en sentencia de 8 de mayo de 201860, con fines de unificación
jurisprudencial61 y a partir del artículo 29 superior, la Sala Plena fijó un nuevo

57 Causales que antes estaban previstas en el artículo 140 CPC.
58 En este sentido puede verse: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,

Sala Tercera Especial de Decisión, sentencia de 4 de agosto de 2021, radicación n.º 11001-03-
15-000-2021-00610-00 (REV), M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
59 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 6 de agosto

de 2013, radicación n.º 11001-03-15-000-2009-00687-00 (REV). M.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas, en la que se cita «Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. M.P.
Mauricio Torres Cuervo. Sentencia del 2 de marzo de 2010. Radicación número: 11001-03-15-000-
2001-0091-01. Actor: Pedro Antonio Durán Durán. Demandado: Contraloría General de la
República».
60 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de mayo

de 2018, radicación n.º 11001-03-15-000-1998-00153-01 (REV), M.P. Alberto Yepes Barreiro. [En
la providencia se citaron, la sentencia C-739 de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis, que dispuso,
entre otras, «… ESTARSE A LO RESUELTO en las sentencias C-491 de 1995 … y C-217 de 1996
…» y la providencia de 7 de febrero de 2006, radicación n.º 11001-03-15-000-1997-00150-00
(REV), M.P. María Elena Giraldo Gómez].
61 Por auto de 7 de julio de 2015, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo decidió asumir la competencia para decidir el caso con el propósito de unificar

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alcance de la causal de nulidad originada en la sentencia. En dicha decisión se
indicó, que el fallo inhibitorio injustificado también configura la causal de revisión
mencionada por desconocer el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el
derecho de acceso a la administración de justicia.

En suma, la sentencia puede resultar viciada por hechos que, si bien no están
previstos como causales de nulidad procesal, lo cierto es que sí pueden afectar
la legalidad y justicia de la decisión, al punto que desconocería el artículo 29 de
la Constitución. Dentro de estos supuestos, a manera enunciativa, se pueden
citar los siguientes: (i) la sentencia en la que se condena a la parte que no fue
vinculada al proceso; (ii) la sentencia de las corporaciones judiciales que no
cuenta con el número de votos necesarios para la aprobación, o aquella que
aparece firmada con mayor o menor número de magistrados; (iii) la sentencia
que no tiene formal ni materialmente motivación ante la carencia total de
pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que le
permiten arribar a una decisión; (iv) la sentencia que se dicta con violación al
principio de la non reformatio in pejus; (v) la decisión que desconoce el principio
de congruencia bien sea por una condena extra, ultra o minuspetita62; y (vi)
cuando el juez, sin fundamento válido y razonable, dicta una decisión inhibitoria
que se traduce en denegación de justicia63.

2.3. Verificación de la configuración de la causal invocada por la recurrente:
falta de competencia en la sentencia proferida el 6 de noviembre de 2020
por la Sección Primera del Consejo de Estado

La Sala Especial de Decisión verificará, en primer lugar, de manera general, ab
initio, los límites del juez de segundo grado a partir del recurso de apelación; en
segundo lugar, de manera concreta, revisará si el juez de segundo grado
desconoció los linderos de su competencia cuando resolvió el recurso de
apelación.

2.3.1. Una aproximación general a la definición de la competencia del juez
de segunda instancia a partir del recurso de apelación

El recurso de apelación garantiza el ejercicio del derecho de impugnación contra
la decisión judicial de primer grado, por lo cual corresponde al recurrente la carga
de cotejar los argumentos que el juez de primera instancia consignó en la
sentencia, con sus propios argumentos de disenso, con el fin de solicitarle al juez
de segundo grado que decida sobre esta tensión que se plantea ante este

criterios: «…i) En qué casos una sentencia inhibitoria puede dar origen a la procedencia del
recurso extraordinario de revisión por la causal de nulidad originada en la sentencia por violación
al debido proceso …».
62 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de

Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016, radicación n.º 11001-03-15-000-2015-02342-00
(REV), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
63 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de mayo de

2018, radicación n.º 11001-03-15-000-1998-00153-01 (REV) M.P. Alberto Yepes Barreiro.

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superior jerárquico. Este marco de competencia se definió en el artículo 328 del
Código General del Proceso ─Ley 1564 de 2012─, a cuyo tenor:

Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que
en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.

El Consejo de Estado ha delimitado el estudio del recurso de alzada –y con ello
la competencia del juez ad quem– a los motivos de disenso que eleva el
recurrente, según algunos pronunciamientos:

Ninguna precisión resultaría necesario efectuar en relación con el régimen de
responsabilidad aplicable a las circunstancias del caso concreto, ni en cuanto a la
concurrencia, en el mismo, de los elementos constitutivos del régimen respectivo,
habida cuenta (sic) que el recurso de apelación incoado por la entidad demandada
no controvierte tales extremos y la parte actora no recurrió la sentencia de primera
instancia, de manera que los referidos, son puntos de la litis que han quedado
fijados con la decisión proferida por el a quo64.

En otro pronunciamiento, se precisó:

De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el
recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación
con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la
potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con
lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades
que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el
numeral 2 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de
competencia funcional65. (El destacado no corresponde al texto original).

De conformidad con el primer inciso del artículo 328 del CGP, la competencia del
juez de segunda instancia se encuentra definida por el alcance del respectivo
recurso de alzada. Sin embargo, otra de las limitaciones del artículo 328 del
Código General del Proceso ─Ley 1564 de 2012─ a la cual se encuentra
materialmente sujeta la competencia del juez de segundo grado, con el objeto de
proferir el fallo que resolverá la apelación interpuesta contra la decisión judicial

64 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto del 2008, rad. 14638.
65 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1° de abril de 2009, rad. 32.800.

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de primer grado, está compuesta por la garantía constitucional de la non
reformatio in pejus, consistente en que no resulta válido que, con la decisión del
superior jerárquico, el juez agrave, empeore o desmejore la situación que en
relación con el litigio correspondiente le hubiere sido definida previamente por el
juez de primer grado al apelante único. Esta garantía constitucional está
respaldada por el artículo 31 de la Constitución Política, a cuyo tenor:

Artículo 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las
excepciones que consagre la ley.

El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante
único.

Esta norma constitucional impide desmejorar o agravar la posición del apelante
único; no obstante, esa parte de la disposición no puede entenderse como una
autorización ilimitada para que el juez de segundo grado escrute y determine qué
es lo desfavorable para el recurrente, en la medida que el primer inciso del
artículo 328 del CGP establece una clara prohibición, según la cual, «el juez de
segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante».

En ese orden, se infiere que si la apelación debe entenderse interpuesta
únicamente en relación con aquello que en el fallo impugnado resultare
desfavorable para el recurrente, el juez de la segunda instancia tiene la obligación
de preservar ─en favor del apelante único─, aspectos positivos o favorables de
la decisión judicial para este último, puesto que la orfandad de discrepancia se
traduce, per se, en que al apelante único no le asiste voluntariamente el interés
jurídico de ventilar aspectos que no considera lesivos para sus derechos o
intereses, por encontrarse tácitamente de acuerdo con la decisión proferida por
la primera instancia66.

Por lo anterior, resulta claro que el límite de las competencias del juez de segundo
grado está delineado por (i) la base argumentativa que se aduce en contra de la
decisión de primer grado y que se consigna en el escrito de apelación, por lo cual,
en principio, los demás aspectos, diferentes a los planteados por el recurrente,
no están llamados a conformar el núcleo del debate litigioso en la segunda
instancia en virtud del principio de congruencia67 y el principio dispositivo68, sin

66 Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 23 de

abril del 2009, rad. 17160 y del 20 de mayo de ese mismo año, rad. 16.925; sentencia del 9 de
febrero de 2012, rad. 21.060.
67 V. sentencia del 1.º de abril de 2009, rad. 32.800, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, en la cual

se puntualizó: «De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el
recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos
recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se
encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el
evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de
nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la
falta de competencia funcional».
68 Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: «La facultad exclusiva del individuo de

reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo

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perjuicio de los casos previstos o autorizados por la Constitución Política o por la
ley; y (ii) la garantía de la no reformatio in pejus, la cual, a la par, funge como
soporte de la competencia del superior jerárquico.

2.3.2. La tesis del caso concreto: la Sección Primera del Consejo de Estado
no desconoció los linderos de su competencia

Esta Sala Especial de Decisión considera que no se configura la causal de
nulidad alegada por el recurrente, es decir, la nulidad originada en la sentencia
de segunda instancia; contrario a ello, lo que se observa es que el recurso
extraordinario de revisión lo estructuró la parte recurrente –bueno es reiterarlo–
sobre la inconformidad respecto de la decisión tomada por la primera como por
la segunda instancia, mediante sentencias que negaron las pretensiones de la
demanda, dentro del proceso ordinario.

En efecto, a juicio del recurrente, el Consejo de Estado obvió su ámbito
competencial, «el cual se reduc[ía], únicamente, a resolver los contenidos de la
apelación propuesta por el apelante. Tal límite competencial del ad quem viene
consignado en el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012, al cual reenvía el artículo
306 de la Ley 1437 de 2011. Y el límite competencial señalado es más estricto
para el ad quem cuando del apelante único se trata: prohibición de la no
reformatio in peius, consagrada, también, en la última parte del artículo 31 de la
C.P».

La Sala precisa que la competencia del juez de segunda instancia abarca los
temas que el recurrente propone al sustentar el recurso de apelación de la
sentencia. Se trata entonces de dar alcance a la expresión «los argumentos
expuestos por el apelante», a los cuales se debía limitar la competencia del ad
quem en la providencia del 6 de noviembre de 2020.

Ahora, si los límites del juez de segunda instancia se trazan con el escrito de
apelación del recurrente, es decir, aquellos aspectos de la sentencia contenidos
en la parte resolutiva del fallo, en relación con los cuales aquél expuso las
razones de su disentimiento, resulta menester revisar la decisión del 30 de
septiembre de 2014 del Tribunal Administrativo de Bolívar, los términos en que
se formuló el recurso de apelación y la decisión de la Sección Primera del
Consejo de Estado con el fin de establecer si hubo un desbordamiento del objeto
de apelación por parte del juez ad quem:

con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle
fin”. O como dice COUTURE, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos
de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso. Son
características de esta regla las siguientes: […]. El campo de decisión del juez queda determinado
especial y esencialmente por las pretensiones del demandante debido a que el juez no puede
decidir sobre objeto diverso a lo en ellas contemplado». López Blanco, Hernán Fabio,
Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores,
Bogotá, 2005, p. 106.

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i) El Tribunal Administrativo de Bolívar profirió sentencia el 30 de septiembre
de 2014 y negó las pretensiones de la demanda por cuanto consideró que:

a) En cuanto al cargo de violación al debido proceso. La parte demandante
indicó que se había violado el derecho al debido proceso, habida cuenta de que
se desestimó la prueba relativa a la certificación expedida por la Capitanía de
Puertos con la cual se pretendía demostrar que la motonave Royal Progress no
solamente había llegado al país para recoger carga, sino que ingresó como medio
de transporte. Al respecto, el juez de primera instancia precisó que la certificación
n.° 214 CP5-AGEMN-511 del 18 de agosto de 2006, expedida por el Capitán de
Puerto de Cartagena, indicó que la motonave Royal Progress arribó al Puerto de
Cartagena el 24 de febrero de 2004 y se encontraba en el astillero Ferroalquimar
para reparaciones menores. Asimismo, en la referida certificación se indicó que
la Agencia Marítima realizó las debidas solicitudes de prórroga de estadía de la
embarcación. Si bien Catnaves E.U., en su calidad de agente marítimo y como
responsable de la motonave cumplió con lo previsto en el artículo 91 del Decreto
2685 de 1999 y del artículo 60 de la resolución 4240 de 2000, no tuvo en
consideración que cuando el medio de transporte de procedencia extranjera
ingresa al país con carga, en lastre o para hacer reparaciones, se entiende
importado temporalmente.

b) En cuanto al cargo de falsa motivación. La motonave Royal Progress arribó
al Puerto de Cartagena sin carga, para efectuar algunas reparaciones y el periodo
se prolongó de manera indefinida, debido a que la nave presentó una avería
permanente en el motor, hasta el punto que, en el momento de la aprehensión,
se constató que había permanecido por más de dos años. Por tal razón ─a juicio
del juez de primera instancia─, «era aplicable […] el artículo 93 del Estatuto
Aduanero, según el cual, cuando se trate de medios de transporte destruidos o
averiados, como sucedió con la motonave Royal Progress, se debió someter a la
modalidad de importación ordinaria en el estado en el que se encontraba»69, para
lo cual era necesario cumplir con el requisito de presentar una declaración de
importación ─artículo 120 del Decreto 2685 de 1999─.

Concluyó que «[…] al encontrar la Administración de Aduanas de Cartagena que
la motonave Royal Progress no estaba amparada por una declaración de
importación y ningún otro documento de transporte, procedía la aprehensión y
posterior decomiso de la misma, pues se entendía que la misma no había sido
presentada a la autoridad aduanera […]»70.

ii) El recurso de apelación se sustentó con base en los siguientes cargos: (i)
falsa motivación; y (ii) violación de los artículos 1 y 2 de la Constitución Política.

69 Acápite n.° 20.9 de la sentencia con radicado 13001-23-31-000-2007-00873-01.
70 Cfr. Folio 440.

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a) En cuanto a la falsa motivación. El apelante precisó que la motonave arribó
al Puerto de Cartagena como un medio de transporte y que, en consecuencia, se
debió aplicar el artículo 92 del Decreto 2685 de 1999, en el sentido que el medio
de transporte se entendía importado temporalmente una vez ingresó al territorio
nacional y que no perdió tal calidad por las averías que sufrió. Insistió en su
desacuerdo con la sentencia de primera instancia, en los siguientes términos:
«[…] no es como lo señala el Tribunal que el titular de un medio de transporte
que se encuentre averiado en el territorio aduanero nacional, se vea compelido
inexorablemente a su importación ordinaria, puesto que bien puede hacer esto o
su abandono o su reparación, a su libre arbitrio. En consecuencia, y como en el
artículo 93 del Decreto 2685 de 1999, no se señala un término en el cual deban
realizarse las reparaciones del medio de transporte averiado, y en concordancia
con el artículo 92 de la obra citada, la conclusión que se impone […] es que la
M/N Royal Progress […] se encontraba importada temporalmente, dada su
calidad de medio de transporte, la cual nunca perdió por el hecho de los
imponderables que llevaron a su avería en el territorio aduanero nacional […]».

b) En cuanto a la violación a los artículos 1 y 2 de la Constitución Política,
sostuvo que la primera instancia no se pronunció frente al argumento presentado
en la demanda y en los alegatos de conclusión, relacionado con la violación de
los artículos 1 y 2 de la Constitución Política.

iii) El Consejo de Estado decidió confirmar la sentencia de primera instancia y
formuló el problema jurídico en los siguientes términos:

[…]
24. Corresponde a la Sala, con fundamento en el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante, determinar:

24.1. Si se configuró la falsa motivación de los actos administrativos acusados,
debido a que a juicio de la parte demandante la nave decomisada es un medio de
transporte y no puede tenerse como mercancía…

24.2. Si en el caso sub examine procedía o no la aplicación del artículo 93 del
Decreto 2685 de 1999 como se indicó en la sentencia proferida en primera
instancia.

25. En consecuencia, si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia proferida
por la Sala núm. 002 del Tribunal Administrativo del Bolívar. [Se subraya].

La decisión de segunda instancia consignó las siguientes razones que
resolvieron el anterior problema jurídico:

[…]
57. Vistas las normas indicadas en el acápite desarrollado supra; la Sala procede
a realizar el análisis de los argumentos expuestos por la parte demandada en el
recurso de apelación, de acuerdo con el problema jurídico indicado:

58. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas solicitadas,
decretadas y recaudadas, en primera instancia, de conformidad con las reglas de

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la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando para ello
las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere
para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
[…]

Documentales

59.1. Expediente del proceso administrativo, que contiene entre otros, actos
administrativos, acta de aprehensión, así como las pruebas y documentos que
presentó la parte demandante en la actuación administrativa […].

Cargo de nulidad por la falsa motivación de los actos administrativos
acusados.

60. Atendiendo a que la parte demandante manifestó su desacuerdo con la
sentencia de primera instancia, debido a que: i) se desconoció que la nave era un
medio de transporte y no una mercancía; ii) se informó a la parte demandada del
arribo de la nave al territorio nacional; y iii) no aplicaba para el caso sub examine
el artículo 93 del Decreto 2685 de 1999 […].

70. De lo expuesto se tiene que la nave ingresó al territorio nacional i) sin pasajeros
y mercancía; ii) para realizar reparaciones, las cuales no fueron normales de
mantenimiento, lo cual obligó a modificar el tiempo de estadía, que superó los dos
años teniendo en cuenta que el acta de aprensión es de 27 de septiembre de 2006;
y iii) no hay certeza que la nave fuera a ejecutar una operación de cargue.

71. En ese orden, como quedó visto supra para que una nave pueda ser
considerada medio de transporte de acuerdo a la normativa aduanera es necesario
que la misma se encuentre ejecutando una operación de transporte de
mercaderías o de pasajeros. Para el caso sub examine, se encuentra probado que
el arribo de la motonave al territorio nacional era para que se realizaran unas
reparaciones, es decir, no transportaba mercancía ni pasajeros como tampoco iba
cargar mercancía en el Puerto de Cartagena; por lo que la condición que debía
recibir la motonave era de mercancía […].

73. Por lo anterior, la Sala no acoge el argumento de la parte demandante en el
sentido que la nave debía ser considerada como medio de transporte, toda vez
que, de acuerdo con la normativa aduanera, no cumplió con los requisitos
dispuestos para dársele tal tratamiento, por lo que tampoco era posible que en el
caso sub examine se le aplicara lo previsto del artículo 92 del Decreto 2685 de
1999, habida cuenta que dicha norma hace mención a un medio de transporte (…).

74. Como quedo indicado supra, la motonave al ser una mercancía debía ser
importada temporalmente para que se pudieran efectuar las reparaciones
necesarias; asimismo, debía cumplir con todos los requisitos previstos en la
normatividad aduanera para su ingreso al territorio nacional; el desconocimiento
de las obligaciones y procedimientos aduaneros consagrados para cada caso,
implican la generación de conductas infractoras susceptibles de sanciones.

75. Ahora bien, la parte demandada ordenó la aprehensión y posterior decomiso
de la mercancía invocando las causales previstas en los numerales 1.1 y 1.6 del
artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 las cuales se refieren: i) al ocultamiento o
no presentación de ante la autoridad aduanera de las mercancías que arriban al
territorio nacional; y ii) cuando la mercancía no se encuentre amparada en una
declaración de importación, debido a que una vez realizada la visita por parte del
Jefe del Grupo de Inteligencia y Policía Judicial POLFA […].

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76. La Sala precisa que la parte demandante argumentó que no existió
ocultamiento de la nave, debido a que se dio aviso a la parte demandada del arribo
de la nave al territorio nacional, lo cual se encuentra probado mediante el formato
de aviso de llegada de 18 de febrero de 2004; sin embargo, la mercancía no fue
presentada a través de un documento de transporte tal como lo prevé la normativa
aduanera, por lo que se configuró la causal prevista en el numeral 1.1 del artículo
502 ibidem

77. Ahora bien, la Sala advierte que el periodo de estadía de la motonave se
prolongó dado que en el momento de su llegada la misma sufrió una falla por el
engarrotamiento de sus partes móviles, al punto que el buque permaneció más de
dos años en el territorio nacional; por lo que una vez trascurrido el plazo de los seis
(6) meses y su posible prórroga estipulado para la importación temporal, se debió
realizar la modificación de la modalidad de importación temporal a la ordinaria, tal
como lo sostuvo el a quo.

78. No obstante, la Sala considera que para el caso sub examine no era aplicable
el artículo 93 del Decreto 2685 de 1999, debido a que la nave no podía ser tratada
como medio de transporte y dicho artículo hace mención al medio de transporte
averiado que puede ser sometido a la modalidad de importación ordinaria; por lo
que le asiste a razón a la parte demandante que hubo una interpretación errónea
del citado artículo por parte del Tribunal, en el sentido que este artículo no podía
ser aplicado, pero se reitera tampoco lo era el artículo 92 ibidem.

Cargo de nulidad por violación al artículo 1 y 2 de la Constitución Política […]

81. La Sala advierte que la parte demandante indicó en el recurso de apelación
que el Tribunal no se había pronunciado respecto del presente cargo; sin embargo,
se constató que el Tribunal si realizó el estudio, debido a que los argumentos
expuestos en este cargo se centran que se dio aviso del arribo de la mercancía y,
tal manifestación la hizo en los otros cargos.

82. En el caso sub examine se encuentra probado que la nave que ingresó al
territorio nacional para que se le efectuaran unas reparaciones, por lo que esta
debía recibir el trato de mercancía. En ese sentido, al no ser considerada un medio
de transporte, debió tenerse como una mercancía en importación temporal, que
requería efectuar los trámites de legalización para el efecto, los cuales dentro del
expediente no se encuentran probados que se hayan llevado a cabo.

83. En efecto, la parte demandante fue diligente al dar aviso del arribo de la nave
al Puerto de Cartagena, pero debió cumplir con la normativa aduanera; es decir,
presentar el documento de transporte y realizar el procedimiento para llevar a cabo
la importación temporal de la mercancía, por lo que al no acreditar tales requisitos
era procedente su aprehensión y posterior decomiso.

84. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que los actos administrativos
acusados se ajustan a derecho, en razón a que la parte demandante tenía la
obligación a su cargo de llevar a cabo el procedimiento de la importación temporal
para lo cual se debía presentar el documento de transporte y la declaración de
importación, los cuales no fueron aportados en su oportunidad; por lo que la
mercancía fue considerada como no presentada y no declarada, de conformidad
con los numerales 1.1 y 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 (destacado
original).

Como se aprecia, la competencia del juez de segunda instancia no excedió el
ámbito fijado en el recurso de apelación ni incurrió en la prohibición de la

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reformatio in pejus, pues la sentencia no reformó o empeoró la situación del
apelante en la medida que: i) se confirmó el fallo sin modificar el aspecto
concerniente al restablecimiento del derecho; y ii) sólo se pronunció sobre los
puntos de disenso planteados por el apelante, de ello da cuenta el contraste entre
el fallo y el escrito del recurso de apelación. Por lo tanto, no puede afirmarse que
se empeoró la situación del recurrente, cuando, en realidad, lo que se hizo fue
resolver los asuntos planteados por el mismo y confirmar la negativa a la
prosperidad de sus pretensiones.

Carecería de sentido, en el caso concreto, reprocharle al juez de segunda
instancia que en la resolución del recurso de apelación se hubiese pronunciado
sobre todos los motivos de inconformidad planteados por el recurrente, teniendo
en cuenta que este último al pretender que se revocara la decisión con el
argumento que la motonave que arribó al Puerto de Cartagena era un medio de
transporte y que no podía ser objeto de aprehensión ni de decomiso, exigía un
claro pronunciamiento del juez de segunda instancia frente a estos puntos
sometidos a su consideración.

Si bien esto reveló claramente que el recurrente delimitó el campo de
competencia del juez ad quem, también se observa que el juez de segunda
instancia analizó únicamente los motivos de inconformidad según el perímetro
trazado por la sociedad recurrente en el recurso de apelación, consistentes en (i)
determinar si se desconoció que la motonave era un medio de transporte y no
una mercancía; (ii) establecer si se informó a la Dian y a la Capitanía del Puerto
de Cartagena del arribo de la motonave en aras de confirmar un posible
ocultamiento y (iii) analizar si era posible aplicar el artículo 93 del Decreto 2685
de 1999, para el caso bajo examen.

El argumento central del recurrente consistió en que la motonave era un medio
de transporte que al ingresar como lastre y estar en mantenimiento o
reparaciones se debía presumir que su ingreso se realizó como una importación
temporal. No obstante, la Sección Primera del Consejo de Estado realizó un
análisis que condujo a considerar lo contrario, (i) que no se debía considerar
como un medio de transporte al no ingresar con pasajeros ni mercancías y debía
recibir el tratamiento de mercancía y (ii) que no existía la certeza de que iba a
realizarse una operación de cargue.

En cuanto al ocultamiento de la nave, el juez de segunda instancia señaló que la
misma no contaba con un documento de transporte para ser considerada como
presentada, tal como lo preveía la normativa aduanera, por lo que se configuró
la causal de aprehensión y decomiso prevista en el numeral 1.1. del artículo 502
del Decreto 2685 de 1999.

La Sección Primera del Consejo de Estado se pronunció sobre las reparaciones
de la motonave y el periodo de estadía, e indicó que desde su llegada sufrió una
falla por el agarrotamiento de sus partes móviles por lo que permaneció por más
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de dos años en el territorio; no obstante, señaló que, transcurrido el término de
la importación temporal, la sociedad World Shipping Management Corporation
S.A. debió modificar la modalidad de importación temporal a ordinaria. Por estas
razones, precisó que no era posible aplicar el artículo 93 del Decreto 2685 de
1999 porque no se trataba de un medio de transporte.

En efecto, el Consejo de Estado confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo
de Bolívar al encontrar que los actos administrativos acusados se ajustaban a
derecho y que la parte demandante no había logrado desvirtuar la presunción de
legalidad de los mismos:

En el caso sub examine se encuentra probado que la nave que ingresó al territorio
nacional para que se le efectuaran unas reparaciones, por lo que esta debía recibir
el trato de mercancía. En ese sentido, al no ser considerada un medio de
transporte, debió tenerse como una mercancía en importación temporal, que
requería efectuar los trámites de legalización para el efecto, los cuales dentro del
expediente no se encuentran probados que se hayan llevado a cabo […] la parte
demandante tenía la obligación a su cargo de llevar a cabo el procedimiento de la
importación temporal para lo cual debía presentar el documento de transporte y la
declaración de importación, los cuales no fueron aportados en su oportunidad […].

A la luz de similar razonamiento expuesto por el juez de segundo grado, la
primera instancia encontró acreditado que, si bien, en principio, la llegada de la
motonave Royal Progress de bandera panameña al Puerto de Cartagena se
entendió como una importación temporal por tratarse de un medio de transporte
sin carga que se iba a someter a reparaciones, al tornarse en permanente los
daños o averías, debieron ser sometidas al régimen de importación ordinaria en
el estado en que se encontraba, siendo considerada como una mercancía y no
como un medio de transporte:

[C]uando una motonave presenta avería o destrucción debía someterse al proceso
de importación ordinaria, para lo cual se hacía necesario cumplir con el requisito
de presentar una declaración de importación de acuerdo a lo previsto al artículo
120 del Decreto 2685 de 1999”. Por eso concluyó que “[…] al encontrar la
Administración de Aduanas de Cartagena que la motonave Royal Progress no
estaba amparada por una declaración de importación y ningún otro documento de
transporte, procedía la aprehensión y posterior decomiso de la misma, pues se
entendía que la misma no había sido presentada a la autoridad aduanera […].

Al confirmar la sentencia de primera instancia, la Sección Primera del Consejo de
Estado no hizo cosa distinta que la de resolver los asuntos comprendidos dentro
del marco señalado por el demandante en el recurso de apelación, el cual tenía
como finalidad la revocatoria total del fallo, pretensión que no fue atendida
favorablemente.

En las dos instancias, los cuerpos colegiados concluyeron que las pretensiones
del accionante no estaban llamadas a prosperar.

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La Sala Especial de Decisión considera que no es cierto que la Sección Primera
del Consejo de Estado se hubiese abstenido de resolver, explícita o
implícitamente, los cargos, ni de oír a la accionante, pues en la sentencia objeto
de reproche, luego de analizar los cargos contenidos en el recurso, se observa
que estimó que debía confirmarse la sentencia de primera instancia, que negó
las pretensiones de la demanda.

En consecuencia, no hubo sentencia inhibitoria porque la misma resolvió de
fondo el problema jurídico relacionado con la legalidad de los actos
administrativos por los cuales se decomisó una mercancía de conformidad con
los numerales 1.1 y 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999. Por tanto, la
decisión de la Sección Primera concluyó que no se presentó violación a las
normas superiores porque la motonave al ingresar al territorio aduanero nacional
no era un medio de transporte porque no cumplía su finalidad, es decir, el juez
de segundo grado no se abstuvo de pronunciarse sobre la materia del asunto y,
por el contrario, resolvió de fondo.

En efecto, se observa que la Sección Primera motivó con suficiencia el cargo de
nulidad por falsa motivación de los actos administrativos acusados y el cargo de
nulidad por violación de los artículos 1 y 2 de la Constitución Política.

Circunstancia diferente es que la recurrente no se encuentre conforme con la
decisión de la confirmación del fallo y pretenda vía recurso extraordinario de
revisión suscitar la reapertura del debate de la definición de la situación jurídica
de la mercancía, no siendo esta la instancia adecuada ni propicia del mencionado
recurso. Los argumentos del recurso revelan que el recurrente cuestiona tanto la
labor intelectual del juzgador al resolver el recurso de apelación como la decisión
tomada, aspectos que escapan de la órbita del recurso extraordinario de revisión.

En otras palabras, se pretende utilizar el recurso extraordinario como una
instancia adicional, lo cual, a todas luces, resulta improcedente, motivo por el cual
está llamado a no prosperar, pues no se evidencia la nulidad en la sentencia
proferida por el Consejo de Estado.

El recurso extraordinario de revisión no es la vía para escrutar las razones de
interpretación judicial, ni para examinar los criterios de valoración probatoria ni la
instancia para que el afectado proponga aspectos que no alegó oportunamente
en el proceso ordinario. Este recurso es únicamente la instancia para discutir
hechos procesales objetivos externos a la labor funcional del juez, que pueden
afrentar el principio de justicia material.

Como en el proceso ordinario se agotó la discusión frente a (i) que la motonave
no era un medio de transporte, sino que debía recibir el tratamiento de mercancía;
(ii) que la mercancía no fue presentada a través de un documento de transporte
tal como lo previó la normativa aduanera, por lo que se configuró la causal
prevista en el numeral 1.1 del artículo 502 ibidem; y (iii) que por el período de
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estadía de la motonave, se debió realizar la modificación de la modalidad de
importación temporal a la ordinaria, no es posible que, en sede extraordinaria, se
reabra esta discusión de fondo.

En efecto, no corresponde a esta Sala Especial de Decisión volver a valorar las
pruebas del proceso ordinario para determinar si la nave debía ser tratada como
medio de transporte o si se debía modificar la modalidad de importación por el
tiempo de permanencia de aquella, pues eso escapa a la competencia del juez
del recurso extraordinario de revisión.

Por las anteriores razones, se impone, entonces, declarar infundado el recurso
extraordinario presentado por la World Shipping Management Corporation S.A.

3. Conclusión

De conformidad con las consideraciones consignadas en esta providencia, la
Sala Veintidós Especial de Decisión considera que no se configura la causal
prevista en el numeral 5.º del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para que proceda la revisión
extraordinaria de la sentencia de 6 de noviembre de 2020, proferida en segunda
instancia por la Sección Primera del Consejo de Estado, por medio de la cual se
confirmó el fallo del 30 de septiembre de 2014, emitido por Sala de Decisión n.°
2 del Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones de la
demanda, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida por World Shipping Management Corporation S.A.

4. Costas

La Ley 2080 de 2021, por medio de su artículo 70, modificó el artículo 255 del
CPACA y en cuanto a este recurso dispuso que «si se declara infundado el
recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente». A su vez, el artículo
86 ejusdem, relativo a la vigencia, indica que las reformas procesales allí
establecidas, prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el
momento de su publicación ─25 de enero de 2021─71.

Por tanto, como el recurso extraordinario se presentó el 18 de abril de 2022, para
la Sala es aplicable al presente asunto la modificación introducida por la Ley 2080
de 2021 al artículo 255 del CPACA, habida cuenta de que, para la fecha de
presentación del recurso, ya estaba en vigor la nueva ley.

Así las cosas, bajo una interpretación armónica que permita determinar el
alcance de la condena en costas dentro del recurso extraordinario de revisión, de

71 Se sigue lo que se consignó sobre el aspecto relativo a costas por la Sala Veintidós Especial

de Decisión, sentencia del 21 de noviembre de 20222, rad. 11001-03-15-000-2022-04424-00,
M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

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acuerdo con lo previsto en el artículo 361 del CGP, las costas están integradas
por la totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias
en derecho, y solo habrá lugar a su imposición de acuerdo con el artículo 365,
numeral 8.º ibidem «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación».

En el caso concreto, la Sala advierte que no procede la condena en costas por
concepto de expensas y gastos procesales, porque no aparece demostrado en
el expediente que la parte demandada hubiere incurrido en dichos pagos. En
cuanto al componente de agencias en derecho, debe señalarse que, aunado a
que el recurso se declarará infundado, el extremo de la parte pasiva, esto es, la
entidad demandada, compareció al proceso mediante apoderado judicial dentro
de la oportunidad legal con el fin de oponerse, ejerció su derecho de defensa y
realizó solicitudes probatorias.

Por tanto, la Sala estima que la gestión de la Dian en este proceso resulta
suficiente para que se disponga la fijación de agencias en derecho a su favor, a
título compensatorio72 frente a los esfuerzos en el tiempo, dedicación, vigilancia
y diligencia que le demandó, en su calidad de extremo pasivo, el hecho de
contestar el presente recurso, sumado a la naturaleza y duración de esta causa
procesal, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 365 y 366 del CGP.

Realizadas las precisiones anteriores, conviene indicar que, al ser un proceso de
única instancia ante esta Corporación, la liquidación de las costas será realizada
por la Secretaría General, de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo
36673 del CGP.

Asimismo, según el numeral 4.º del artículo 366 del CGP, para la fijación de
agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Al respecto, el acuerdo n.º PSAA16-10554 de 2016,
dispuso lo siguiente:

[...] Artículo 2. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario
judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas
establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión

72 La Sala Veintisiete Especial de Decisión de esta Corporación, M.P. Rocío Araújo Oñate, en

sentencia de 6 de agosto de 2019 precisó que «[…] la función de las agencias en derecho es la
de otorgar a la parte vencedora una razonable compensación económica por la gestión procesal
que realizó […]», radicado 15001-33-33-007-2017-00036-01.
73 Artículo 366. «Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera

concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto
de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: 1. El
secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o rehacerla. [...]. 4. Para la fijación
de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la
Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en
cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la
parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]».

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realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del
proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha
actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún
caso se puedan desconocer los referidos límites.

[…]. Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:

[...] 9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS.
Entre 1 y 20 S.M.M.L.V. [...] (énfasis añadido por la Sala).

En consecuencia, se fijarán las agencias en derecho en favor de la Unidad
Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian y
a cargo de la sociedad World Shipping Management Corporation S.A., en un (1)
salario mínimo legal mensual vigente – SMMLV- a la fecha de ejecutoria de la
presente providencia.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por la sociedad World Shipping Management Corporation S.A., por la causal 5.ª
del artículo 250 del CPACA, contra la sentencia del 6 de noviembre de 2020
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, de acuerdo con lo expresado en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Condenar en costas a la parte recurrente, sociedad World Shipping
Management Corporation S.A, por las agencias en derecho causadas por la
suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de
ejecutoria de la presente decisión y en favor de la Unidad Administrativa Especial
• Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian, de acuerdo con lo
expuesto en esta sentencia.

TERCERO: Notificar al apoderado de la recurrente a la dirección electrónica
informada en el memorial de 30 de mayo de 2023:
armandovenegasabogados@hotmail.com

CUARTO: En firme esta providencia, el expediente deberá regresar al despacho
del magistrado ponente para la aprobación de las costas liquidadas por la
Secretaría General de Consejo de Estado.

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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente de la Sala

MILTON CHAVES GARCÍA HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Magistrado Magistrado
Con salvamento parcial de voto

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Magistrado Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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