Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02197-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02197-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-02197-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
28 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02197-00
Accionante: PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – PA-FFIE –
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial / medio de
control de controversias contractuales / auto que
resuelve recusación / defecto procedimental / decisión
sin motivación
Acción de tutela - sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el Patrimonio
Autónomo Fondo de Infraestructura Educativa – PA-FFIE – contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
B, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 333 de 2021 y demás
normas concordantes.
I. ANTECEDENTES
El Patrimonio Autónomo Fondo de Infraestructura Educativa – PA-FFIE
–, actuando por conducto de apoderado1, invoca la protección de los
1
Marcel Tangarife Torres.
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derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración
de justicia, con fundamento en los siguientes:
1. HECHOS
El Patrimonio Autónomo del Fondo de Infraestructura Educativa – FFIE
(en adelante PA FFIE), a través del representante legal de ALIANZA
FIDUCIARIA, sociedad que a su vez actuó en nombre y representación
del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, vocero del PA FFIE, por una
parte; y, por la otra, el CONSORCIO SINERGIA, suscribieron una serie
de contratos de obra cuya finalidad era la elaboración de diseños y la
ejecución de obras de infraestructura educativa en el departamento de
Antioquia.
Con ocasión de diferentes circunstancias que dieron lugar a la
declaratoria de incumplimiento de los contratos por parte del Consorcio
Sinergia y la aplicación de las correspondientes cláusulas penales, el 8
de agosto de 2021, los integrantes del Consorcio interpusieron el medio
de control de controversias contractuales contra el Ministerio de
Educación Nacional y el Patrimonio Autónomo del Fondo de
Infraestructura Educativa – FFIE, cuyo vocero y administrador es el
CONSORCIO FFIE ALIANZA – BBVA integrado por ALIANZA FIDUCIARIA
SA y BBVA ASSET MANAGEMENT SA SOCIEDAD FIDUCIARIA; y el
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA INTERCON, conformado por
INTERCONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS, y COSULTORES DE
OCCIDENTE SAS.
El 18 de noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B admitió la demanda y
corrió traslado de las medidas cautelares solicitadas por la parte
demandante, auto contra el que el PA FIFE interpuso recurso de
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reposición, aduciendo, en síntesis, (i) la falta de jurisdicción para
conocer de la demanda por cuanto el patrimonio autónomo contratante
no es una entidad pública ni forma parte de la estructura orgánica del
Ministerio de Educación Nacional – MEN; (ii) que no se agotó el requisito
de conciliación prejudicial pese a que las medidas cautelares solicitadas
no eran de carácter patrimonial como lo exige el numeral 1.º del
artículo 161 del CPACA modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de
2021; (iii) que se pretendió la liquidación judicial de los contratos sin
haber agotado ni el plazo de liquidación de mutuo acuerdo ni el
procedimiento de liquidación pactado en el contrato; y (iv) que se
efectuó una indebida acumulación de pretensiones al formularse
algunas relacionadas con la responsabilidad contractual y otras con la
responsabilidad extracontractual del Estado, pues estas son
excluyentes entre sí.
Dicho recurso fue negado a través de auto del 10 de diciembre de 2021,
en el que el magistrado sustanciador “terminó extralimitándose del
objeto propio del auto que profirió y prejuzgando”.
Como consecuencia de las afirmaciones realizadas en el mencionado
auto, el PA FIFE recusó al magistrado sustanciador del proceso Henry
Aldemar Barreto Mogollón, con fundamento en el numeral 12 del
artículo 141 del Código General del Proceso, frente a lo que el togado
se pronunció el 4 de febrero de 2022.
A través de providencia del 4 de marzo de 2022, la Sala negó la
recusación formulada, al considerar que las afirmaciones efectuadas
por el magistrado sustanciador en el auto del 10 de diciembre de 2021
se hicieron en el marco de sus deberes.
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2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Manifiesta que el auto del 4 de marzo de 2022, mediante el cual se
declaró infundada la recusación formulada contra el magistrado
sustanciador del proceso adolece de defecto procedimental y carece de
motivación, toda vez que desconoció que dicho togado, al admitir la
demanda, no actuó conforme al principio de imparcialidad que debe
gobernar las actuaciones judiciales, en tanto realizó ciertas
manifestaciones prejuiciosas y parcializadas en contra de la parte
demandada.
En ese sentido, manifiesta que no era dable que el magistrado hiciera
señalamientos relacionados con el trámite sancionatorio iniciado por la
administración contra el contratista, algunas falencias por parte de la
administración y de la interventoría que supuestamente evidenciaron
un actuar irregular en los contratos, pues además de innecesarios,
estaban fuera del objeto de la providencia, lo que implica que el
funcionario incurrió, con ocasión de sus funciones, en pronunciamientos
anticipados acerca de aspectos sustanciales que no están vinculados
con lo que era objeto de su conocimiento en esa etapa procesal.
Asimismo, sostiene que la causal de recusación prevista en el numeral
12 del artículo 141 del CGP puede extenderse o entenderse configurada
cuando el conductor del proceso hace pronunciamientos en una
providencia judicial siempre y cuando estén fuera de lugar, como
ocurrió en el proveído del 10 de diciembre de 2021.
No obstante, los magistrados de la Sala negaron la recusación
formulada argumentando que se trataba de una simple disconformidad
del PA FFIE con la decisión de no reponer el auto admisorio de la
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demanda y que el magistrado solamente cumplió con sus “deberes y
facultades legales”, cuando, en su entender, este sí prejuzgó en una
etapa procesal en la cual ni siquiera había empezado a correr el término
para que los demandados contestaran el escrito que dio inicio a dicho
proceso.
Finalmente, señala que el auto que resolvió la recusación carece de
motivación y “lamentablemente parece más bien una maniobra elusiva
del debate propuesto. Debe reflexionarse profundamente sobre el
ejercicio de la función judicial y sobre la necesidad de este país de una
justicia que, además de decidir con independencia y libertad de
interpretación legal, decidan también con método y sustento”.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, solicita:
«1.1. Que se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso por vulneración
de la garantía de imparcialidad del juez y acceso efectivo a la administración de
justicia del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA – PA-FFIE que están siendo conculcados por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN TERCERA ORAL –
SUBSECCIÓN B dentro del proceso iniciado por el Consorcio Sinergia contra el
Ministerio de Educación Nacional, Consorcio FFIE Alianza – BBVA en calidad de
vocero del Patrimonio Autónomo del Fondo de Infraestructura Educativa – FFIE y
el Consorcio Infraestructura INTERCON. Vinculado: Aseguradora Seguros del
Estado S.A.
1.2. Que, para la tutela efectiva de los derechos del PA FFIE se ordene al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que revoque el auto del 04 de marzo de 2022
proferido por la Sección Tercera Subsección B con ponencia del Magistrado
Franklin Pérez Camargo; y, en su lugar, se le ordene que dicte un auto donde se
respondan de manera directa y completa cada uno de los argumentos presentados
por el apoderado del PA-FFIE».
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4. TRÁMITE PROCESAL
4.1. Mediante proveído del 13 de mayo de 2022, el magistrado Rafael
Francisco Suárez Vargas manifestó encontrarse incurso en la causal de
impedimento prevista en el numeral 1.º del artículo 56 del CPP para
conocer del presente asunto, toda vez que su hermana, la doctora Clara
Cecilia Vargas Suárez, en su condición de magistrada del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, suscribió la providencia objeto de la
presente acción de tutela.
4.2. En atención a ello, la Sala de Subsección declaró fundado el
impedimento manifestado, a través de providencia del 26 de mayo de
2022.
4.3. Posteriormente, mediante auto del 5 de julio de 2022 se admitió
la acción de tutela de la referencia y se ordenó notificar al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B como
accionado y al Consorcio Sinergia, a los señores Luis Fernando Romero
Sandoval y David Adolfo Ahcar Betts, al Ministerio de Educación
Nacional, al Consorcio Infraestructura Intercon y a la Aseguradora
Seguros del Estado S.A. como terceros interesados en las resultas del
proceso.
5. INFORMES
5.1. El apoderado de las empresas que conforman el Consorcio
Sinergia, es decir, OMICRON DEL LLANO SAS, manifestó que el
presente asunto no reviste relevancia constitucional, en la medida en
que la parte accionante no especificó cómo el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca ha vulnerado sus derechos fundamentales con la
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decisión de decretar las medidas cautelares en el auto admisorio de la
demanda.
5.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través del
magistrado sustanciador del proceso cuestionado, pidió que se declare
la improcedencia de la presente acción de tutela, toda vez que el
reproche formulado por la parte accionante en realidad se dirige contra
el auto que admitió la demanda y decretó medidas cautelares, frente al
que se interpusieron varios recursos de reposición y otras solicitudes y
que fueron resueltos a través de auto del 27 de abril de 2022, este
último que también ha sido objeto de recursos que no han sido
desatados en tanto fue objeto, igualmente, de una acción de tutela que
no ha sido resuelta.
Por tanto, no se acredita el requisito de subsidiariedad, puesto que las
decisiones objeto de reproche aún no han cobrado firmeza.
5.3. El Ministerio de Educación Nacional pidió que se declare la
falta de legitimación pasiva de dicha entidad, toda vez que la presunta
violación de derechos se le atribuye a una autoridad judicial sobre la
cual no tiene injerencia alguna ese ministerio.
5.4. No se rindieron más informes.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:
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• ¿La presente solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales?
De resultar afirmativo el anterior interrogante, se determinará:
• ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, al proferir la providencia del 4 de marzo de 2022
que negó la recusación formulada contra el magistrado Herny
Aldemar Barreto Mogollón para tramitar el proceso de
controversias contractuales adolece de defecto procedimental y
carece de motivación?
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar i) el marco conceptual de la acción de tutela contra
providencias judiciales; ii) el cumplimiento de los requisitos generales
de procedencia; iii) el marco conceptual de los defectos procedimental
y de decisión sin motivación; y iv) el caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
2
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
3
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
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valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le
impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
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sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino
en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de
tutela.
En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente
únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la
actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al
verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto
sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error
inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la
Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.
2.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional
cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
2.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados se encuentran plenamente
individualizados.
2.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece
de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional, en tanto, de acuerdo con el artículo 143 del CGP, las
providencias que se dicten en el trámite de la recusación no son
susceptibles de recurso alguno.
2.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo
constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», contado
desde la fecha de expedición de la providencia cuestionada (4 de marzo
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de 2022) hasta la radicación de la acción de tutela (19 de abril de
2022).
2.1.4. Finalmente, el asunto a resolver es de marcada relevancia
constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible
vulneración iusfundamental como consecuencia de los defectos
procedimental y por decisión sin motivación en que presuntamente
incurrió la autoridad judicial demandada.
2.2. Del defecto procedimental
En aspectos generales, el defecto procedimental se origina cuando el
juez o la autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales actúa
completamente al margen del procedimiento judicial establecido4. La
jurisprudencia constitucional ha precisado que este defecto puede
configurarse bajo dos modalidades: (i) defecto procedimental absoluto,
y (ii) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto5.
En lo que refiere al defecto procedimental absoluto, ha dicho la Corte
Constitucional que este se materializa cuando el o los administrador(es)
de justicia: «[…] “se aparta[n] por completo del procedimiento
establecido legalmente para el trámite de un asunto específico, ya sea
porque: i) se ciñe[n] a un trámite completamente ajeno al pertinente
–desvía[n] el cauce del asunto-, o ii) omite[n] etapas sustanciales del
procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho de defensa
y contradicción de una de las partes del proceso” 6 o porque iii) “pasa[n]
por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso,
vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos
4
Corte Constitucional. Sentencias C-590 de 2005 y T-367 de 2018.
5
Corte Constitucional, Sentencia SU-770 de 2014.
6
Corte Constitucional, Sentencias T-327 de 2011, T-352 de 2012, T-398 de 2017 y T-367 de 2018.
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procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la
demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus
pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos
fundamentales”7 […]».
En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, este
ocurre cuando la autoridad judicial utiliza o concibe los procedimientos
como obstáculo para la eficiencia del derecho sustancial, de tal manera
que sus actuaciones generan una denegación de la justicia8. Este
defecto procedimental puede llegar afectar la prevalencia del derecho
sustancial y el derecho a acceder a la administración de justicia cuando:
i) se inaplican normas procesales que se oponen a la vigencia de
derechos constitucionales de cada caso en concreto, ii) se exige cumplir
requisitos formales de manera irracional, a pesar de que pueda tratarse
de cargas imposibles de cumplir, siempre y cuando dicha circunstancia
sea comprobada, iii) se incurre en un exceso de severidad
procedimental en la apreciación de las pruebas, iv) o se omite el decreto
oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar9.
Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el
defecto procedimental absoluto como el defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, en todos sus supuestos fácticos, también
requieren: i) que trate de un error procedimental grave y trascendente
que influya de manera cierta y directa con el fondo de la decisión; ii)
que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni indirectamente a la
persona que alega la vulneración al debido proceso; iii) que no se pueda
corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya alegado
la irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido
7
Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013.
8
Corte Constitucional, Sentencia T-053 de 2012.,
9
Corte Constitucional, Sentencias, T-1306 de 2001, T-1323 de 2002, T-950 de 2003, T-973 de 2004, T-289
de 2005 y T-053 de 2012.
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imposible por la situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia de
todo lo anterior se vulneren derechos fundamentales10.
2.3. Decisión sin motivación
La jurisprudencia constitucional11 ha señalado que la falta de
motivación de una providencia como causal de procedencia de una
tutela contra providencia judicial, surge cuando la sentencia o auto
atacado carece de legitimación, debido a que el funcionario judicial
encargado de adoptar determinada decisión incumplió su obligación de
dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que la soportan, lo
cual deriva en una decisión arbitraria que desconoce derechos
fundamentales.
En desarrollo de lo anterior, la Corte Constitucional 12 ha establecido los
criterios que se deben tener en cuenta para establecer si existió un
defecto por falta de motivación, ya que dicha ausencia no puede
estructurarse en cualquier descuerdo que exista con la justificación de
la providencia atacada. Para ello y con el fin de respetar el principio de
autonomía y razonamiento del juez, su configuración procederá cuando
la argumentación sea defectuosa, insuficiente o inexistente y “se activa
únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación
decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del juez,
es decir en una arbitrariedad13”.
Finalmente, ha insistido la Corte Constitucional 14 que cuando se estipule
que una providencia judicial incurrió en falta de motivación debido a la
10
Corte Constitucional, Sentencias, C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770 de
2014.
11
Sentencia C-590 de 2005.
12
Sentencia T-233 de 2007.
13
Sentencia T-709 de 2010.
14
Sentencia T-041 de 2018.
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ausencia de razonamientos que sustenten lo decidido el juez
constitucional debe salvaguardar el derecho de los accionantes a
obtener respuestas razonadas que además le permitan ejercer su
derecho de contradicción, ya que aceptar una decisión que no sustente
las razones fácticas y jurídicas iría en contravía de la función judicial
que ostentan los administradores de justicia, situación que además
conllevaría a una flagrante violación del derecho al debido proceso.
3. Caso concreto
En el presente asunto, el Patrimonio Autónomo Fondo de
Infraestructura Educativa – PA-FFIE – reprocha la providencia del 4 de
marzo de 2022 mediante la cual el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B declaró infundada la
recusación formulada contra el magistrado sustanciador del proceso de
controversias contractuales interpuesto por el Consorcio Sinergia
contra el hoy accionante y el Ministerio de Educación Nacional.
Manifiesta, en síntesis, que dicha providencia carece de motivación y
adolece de defecto procedimental, toda vez que no resolvió todos los
argumentos expuestos que permitían encontrar debidamente
sustentada y fundada la recusación formulada, relacionados con el
prejuzgamiento efectuado en la etapa de admisión de la demanda y
decreto de medidas cautelares que permite evidenciar una conducta
parcializada en contra de los demandados.
Ahora bien, en la providencia del 4 de marzo de 2022, el Tribunal señaló
lo siguiente:
«En el sub-lite, la demandada invocó como causal de recusación el numeral 12 de la
mencionada norma.
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Al respecto, el magistrado Henry Aldemar Barreto Mogollón estimó que la causal invocada
por el demandado no se configuró, toda vez que de conformidad con el artículo 299 del
CPACA, decidir sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento y el resolver los puntos
sobre los cuales se presentó recurso de reposición contra el auto que admitió la demanda de
conformidad con lo aportado al proceso no materializa la causal de recusación invocada.
Igualmente, se debe señalar que aun cuando el demandado no esté de acuerdo con la
decisión adoptada dentro del proceso por el magistrado sustanciador y, que la misma no
resulte favorable a sus intereses, no implica que haya parcialidad por parte del funcionario
judicial dentro del proceso a fin de beneficiar los intereses del accionante, puesto que dicha
decisión judicial se adoptó dentro del marco normativo, en ejercicio de la autonomía judicial
y en ellas se consignaron en forma razonada cada uno de los argumentos jurídicos a lugar,
por lo que no puede sugerirse un interés de cualquier tipo en el proceso, por parte del
magistrado sustanciador.
Revisado el expediente, la Sala considera que se deberá declarar no probada la recusación
formulada por cuanto la conducta desplegada por el magistrado Henry Aldemar Barreto
Mogollón se desarrolló en cumplimiento de sus deberes y facultades legales, en el caso
específico su actuar estuvo dirigido a desvirtuar objetivamente los argumentos de la
reposición presentada por el Patrimonio Autónomo Fondo de Infraestructura Educativa –
PA-FFIE en contra del auto que admitió la demanda.
Sobre la figura jurídica de la recusación
La función principal de la Administración de Justicia es la de garantizar que las decisiones
que se adopten no solo gocen de legitimidad y confianza; además, debe procurar que se
hagan efectivos los propósitos de guiar la acción del Estado y asegurar la efectividad de los
derechos fundamentales, dentro del marco del Estado Social y Democrático de Derecho, y
lograr la convivencia pacífica entre los colombianos, aplicando15. Lo anterior, en aplicación
de los principios de imparcialidad, independencia, autonomía y probidad.
Una exigencia de la garantía de imparcialidad es que los jueces al momento de analizar y
decidir los casos que conocen, estén desprovistos en forma total de eventuales prejuicios,
lo que conduce a aplicar el derecho fundamental al debido proceso, por lo que se le otorga
a las partes el derecho de cuestionar su recto juicio y su carácter objetivo, a través de las
figuras jurídicas del impedimento, que opera cuando el propio servidor público judicial
reconoce su situación restrictiva, y de la recusación, cuando el caso se pone en manos de
otro juez para que decida si la restricción opera.
Sin embargo, no cualquier circunstancia puede generar el cuestionamiento del juez, para
ello se consagraron causales expresas que configuran el impedimento y la recusación, que
como toda situación jurídica limitante, son taxativas y perentorias, excluyen la
responsabilidad objetiva y la analogía en su aplicación, y son de interpretación restrictiva.
15
Constitución Política Colombiana, 1991. Preámbulo.
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Algunas de las causales son subjetivas (dependen de aspectos personales o familiaridad) y
otras son objetivas (referidas a actuaciones); no dependen del gusto o querer del juez para
evitar el conocimiento de precisos procesos judiciales o de las partes para dilatar las etapas
procesales o escoger a sus Jueces a su gusto.
Al respecto, el Consejo de Estado (2012)16 ha expuesto:
El despacho debe señalar que los impedimentos están instituidos en nuestra legislación
como garantía de la imparcialidad que deben tener los funcionarios judiciales en el
desempeño de su labor; Para ello, la ley procesal estableció, de manera taxativa, unas
causales de Impedimento y recusación, cuya configuración, en relación con quien deba
decidir un asunto, determina la separación de su conocimiento, por manera que, en
garantía de la imparcialidad en la administración de justicia, es necesario analizar, en
cada caso, si las circunstancias alegadas por quien se declara impedido son constitutivas
de alguna de las causales previstas en los artículos 150 del Código de Procedimiento Civil
y 160 del Código Contencioso Administrativo.
[…]».
A partir de lo anterior, la Sala observa que la recusación formulada
contra el magistrado conductor del proceso se tramitó conforme a lo
dispuesto en el artículo 143 del Código General del Proceso, toda vez
que, una vez fue propuesta, el togado se pronunció sobre la misma sin
aceptar los hechos alegados y remitió el expediente al magistrado que
continuaba en turno en la Subsección para que la resolviera.
Así lo señala la norma:
Artículo 143. Formulación y trámite de la recusación. La recusación se propondrá ante el
juez del conocimiento o el magistrado ponente, con expresión de la causal alegada, de los
hechos en que se fundamente y de las pruebas que se pretenda hacer valer.
Si la causal alegada es la del numeral 7 del artículo 141, deberá acompañarse la prueba
correspondiente.
Cuando el juez recusado acepte los hechos y la procedencia de la causal, en la misma
providencia se declarará separado del proceso o trámite, ordenará su envío a quien debe
reemplazarlo, y aplicará lo dispuesto en el artículo 140. Si no acepta como ciertos los hechos
alegados por el recusante o considera que no están comprendidos en ninguna de las causales
de recusación, remitirá el expediente al superior, quien decidirá de plano si considera que
no se requiere la práctica de pruebas; en caso contrario decretará las que de oficio estime
convenientes y fijará fecha y hora para audiencia con el fin de practicarlas, cumplido lo cual
pronunciará su decisión.
16
Consejo de Estado. Sentencia del 27 de enero de 2012, Rad. 15001-23-31-000-2011-00386-01 (42558),
C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
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La recusación de un magistrado o conjuez la resolverá el que le siga en turno en la respectiva
sala, con observancia de lo dispuesto en el inciso anterior, en lo pertinente.
Si se recusa simultáneamente a dos o más magistrados de una sala, cada uno de ellos deberá
actuar como se indica en el inciso 3°, en cuanto fuere procedente. Corresponderá al
magistrado que no fue recusado tramitar y decidir la recusación.
Si se recusa a todos los magistrados de una sala de decisión, cada uno de ellos deberá
proceder como se indica en el inciso 3°, siguiendo el orden alfabético de apellidos.
Cumplido esto corresponderá al magistrado de la siguiente sala de decisión, por orden
alfabético de apellidos, tramitar y decidir la recusación.
Si no existe otra sala de decisión, corresponderá conocer de la recusación al magistrado de
una sala de otra especialidad, a quien por reparto se le asigne.
Cuando se aleguen causales de recusación que existan en el mismo momento contra varios
magistrados del tribunal superior o de la Corte Suprema de Justicia, deberá formularse
simultáneamente la recusación de todos ellos, y si así no se hiciere se rechazarán de plano
las posteriores recusaciones. Todas las recusaciones se resolverán en un mismo auto.
Siempre que se declare procedente la recusación de un magistrado, en el mismo auto se
ordenará que sea sustituido por quien deba reemplazarlo.
En el trámite de la recusación el recusado no es parte y las providencias que se dicten no
son susceptibles de recurso alguno.
Asimismo, se advierte que en la decisión mediante la cual se declaró
infundada dicha recusación se analizaron cada uno de los reproches
manifestados por la parte recusante, los cuales, en criterio del Tribunal,
en realidad, contenían una inconformidad con la decisión de admisión
de la demanda y de decreto de medidas cautelares. En ese sentido,
explicó que el análisis efectuado por el magistrado sustanciador en
dicha etapa procesal no podía calificarse como un prejuzgamiento o una
conducta parcializada contra la parte demandada, toda vez que había
abordado los aspectos jurídicos expuestos, en el marco de sus
competencias y atribuciones constitucionales y legales de manera
razonada y sustentada.
Así las cosas, la Sala considera que en el presente asunto no se
configura el error procedimental endilgado por el PA FIFE y menos aún
una decisión sin motivación, toda vez que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca confrontó los argumentos expuestos por la parte
recusante con las actuaciones adelantadas por el magistrado
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sustanciador del proceso y concluyó que estas últimas se habían
proferido en el marco de sus competencias y en ejercicio de su
autonomía e independencia, por lo que no podían ser calificadas como
prejuiciosas o parcializadas para favorecer o perjudicar a las partes.
En ese sentido, es necesario señalar que el mismo reproche se
reproduce en esta sede constitucional, pues aunque el PA FIFE dirige la
acción de tutela contra el auto del 4 de marzo de 2022, sustenta sus
alegaciones, también, contra el auto que admitió la demanda de
controversias contractuales, reproches que no tienen cabida en esta
instancia, porque actualmente están siendo ventilados en el escenario
del proceso ordinario y aún no han cobrado firmeza, y porque, en todo
caso, el debate procesal le dota de herramientas con las que puede
ejercer su derecho de defensa y contradicción.
Por lo anterior, la Sala negará el amparo constitucional reclamado por
el PA FIFE, toda vez que este pretende ejercer la acción de tutela como
un medio alternativo de protección ius fundamental que, lejos de
proteger un derecho vulnerado, propiciaría un desborde institucional en
el cumplimiento de las funciones que fueron encomendadas a los jueces
constitucionales por mandato de la Constitución.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
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FALLA
PRIMERO: NEGAR la acción de tutela formulada por el Patrimonio
Autónomo Fondo de Infraestructura Educativa – PA-FFIE
– contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Impedido Firmado electrónicamente
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