Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07067-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07067-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-07067-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
25 de abril de 2024
Demandante: Consorcio FFIE Alianza – BBVA – Patrimonio Autónomo del Fondo de
Infraestructura Educativa - FFIE
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07067-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07067-01
Demandante: CONSORCIO FFIE ALIANZA – BBVA – PATRIMONIO
AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE
Demandado: TRIBUNAL ADMINSITRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
Temas: Tutela contra providencia judicial – Confirma decisión de
declarar improcedente.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante
contra la sentencia proferida en primera instancia por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado, el 8 de febrero de 2024. En ese fallo se
declaró improcedente la acción de tutela por no superarse el requisito general de
procedibilidad de la subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El Consorcio FFIE Alianza – BBVA –1, en calidad de vocero del Patrimonio
Autónomo del Fondo de Infraestructura Educativa – FFIE, a través de apoderado
judicial, presentó acción de tutela contra la Sección Tercera, Subsección B del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca2. Con su solicitud de amparo pretende
que se le protejan los derechos fundamentales al debido proceso, derecho de
defensa, contradicción y acceso a la administración de justica.
2. Las anteriores garantías, a su juicio, fueron vulneradas con ocasión de las
providencias proferidas por la autoridad judicial accionada el 1°de marzo y el 11
de octubre de 2023. En dichas decisiones se ordenó; acumular los procesos
1
Integrado por Alianza Fiduciara S.A. y BBVA Asset Management S.A.
2
El escrito de tutela fue radicado mediante correo electrónico dirigido a la recepción de tutelas y
hábeas corpus de la Rama Judicial el 14 de noviembre de 2023.
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Demandante: Consorcio FFIE Alianza – BBVA – Patrimonio Autónomo del Fondo de
Infraestructura Educativa - FFIE
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07067-01
25000–23–36–000–2022–00195–00 (que cursaba ante dicho tribunal) y 05001–
23–33–000–2022–01007–00 (que se tramitaba ante el Tribunal Administrativo de
Antioquia), y se confirmó tal determinación en sede de reposición,
respectivamente.
3. Ello al interior del medio de control de controversias contractuales,
adelantado por el Consorcio Sinergia y otros3 en contra de la Nación – Ministerio
de Educación Nacional, Consorcio FFIE Alianza – BBVA y el Consorcio
Infraestructura Intercon4. El proceso se identificó con el radicado 25000 – 23 – 36
– 000 – 2021 – 00403 – 00.
1.2. Pretensiones
4. La parte actora solicitó lo siguiente:
PRIMERA. Que se TUTELEN los derechos fundamentales al debido proceso,
especialmente la garantía del juez natural que en este caso es el juez civil
ordinario y no el juez contencioso administrativo, el derecho de defensa y de
contradicción, y el derecho al acceso efectivo a la administración de justicia, que
fueron vulnerados al PA FFIE por parte del TAC a través de los autos de 01° de
marzo de 2023 y 11 de octubre de 2023.
SEGUNDA. Que, como consecuencia de lo anterior, y para hacer efectiva la
tutela efectiva de los derechos fundamentales de la PA FFIE, se dejen sin
efectos los autos del 01° de marzo de 2023 y del 11 de octubre de 2023, y en
su lugar, se ordene que se suspenda el proceso radicado 25000–23–36–000–
2021–00403–00, para que no se continúe con el proceso ni con la acumulación
a éste de los procesos identificados con radicados 25000–23– 36–000–2022–
00195–00 (Magistrada Ponente: Clara Cecilia Suárez Vargas del TAC) y 05001–
23–33–000–2022–01007–00 (surtido ante el TAA) hasta que la Honorable Corte
Constitucional resuelva el conflicto de competencias planteado por el PA FFIE,
ya que de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, del Consejo
Superior de la Judicatura (hoy Consejo Nacional de Disciplina Judicial) y con la
sentencia T-093 de 2023 de la Corte Constitucional, la jurisdicción competente
para conocer de las controversias derivadas de los contratos de obra suscritos
entre el PA FFIE y SINERGIA es la civil ordinaria y no la contencioso
administrativa.
TERCERA. Que, por tener interés en el resultado de este proceso, se vincule a
la Magistrada del TAC Clara Cecilia Suárez Vargas, al TAA, a los miembros del
Consorcio SINERGIA conformado por las sociedades Organización Luis
Fernando Romero Sandoval Ingenieros S.A.S., Omicron del Llano S.A.S., e
Ingeniería y Construcciones AR S.A.S., a los señores Luis Fernando Romero
Sandoval y David Adolfo Ahcar Betts, también demandantes en los procesos que
cursan ante el TAC, y a los miembros del Consorcio Infraestructura Intercon, el
cual actuó como interventor de los contratos suscritos entre el PA FFIE y
SINERGIA.
3
El consorcio (iIntegrado por Organización Luis Fernando Romero Sandoval, sociedad Omicron
del Llano S.A.S., y sociedad Proyectos de Ingeniería y Construcciones AR S.A.S.), Luis Fernando
Romero Sandoval y David Adolfo Ahcar Betts.
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Conformado por Interconstrucciones y Diseños S.A.S y Consultores de Occidente S.A.S.
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CUARTA. Que se adopten las medidas de protección que el Consejo de Estado
estime necesarias para garantizar la tutela efectiva de los derechos
fundamentales del PA FFIE. (Sic a toda la cita).
1.3. Hechos
5. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:
6. El Consorcio Sinergia celebró sendos contratos de obra con la parte
actora, con el objeto de desarrollar la infraestructura educativa de 9 instituciones
al interior del departamento de Antioquia.
7. A raíz de diferentes situaciones que dieron lugar a la declaratoria de
incumplimiento, el Consorcio Sinergia interpuso el medio de control de
controversias contractuales y reparación directa en contra de la Nación –
Ministerio de Educación, el Consorcio FFIE Alianza – BBVA –, en calidad de
vocero del Patrimonio Autónomo del Fondo de Infraestructura Educativa – FFIE
y el Consorcio Infraestructura Intercon.
8. El conocimiento del asunto correspondió a la Sección Tercera, Subsección
B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el radicado 25000– 23 – 36
– 000 – 2021 – 00403– 00. Dicha autoridad judicial, en providencias del 18 de
noviembre de 2021 admitió la demanda y el 13 de diciembre del mismo año
decretó las medidas cautelares consistentes en la suspensión provisional de los
efectos jurídicos de los actos demandados.
9. En contra de la decisión adoptada el 13 de diciembre de 2021, la parte
actora interpuso solicitud de aclaración y recurso de reposición. Dichas peticiones
fueron desatadas en providencia del 27 de abril de 2022 en sentido de; 1) negar
la solicitud de aclaración, y 2) no reponer la decisión.
10. A su turno, la parte afectada (hoy accionante) interpuso recurso de
apelación contra la anterior providencia. El mismo fue concedido el 9 de agosto
de 2022 en efecto devolutivo.
11. En providencia del 1° de marzo de 2023, la autoridad judicial accionada
decretó la acumulación de los procesos 25000– 23 – 36 – 000 – 2022– 00195 –
00 y 05001– 23– 33 – 000 – 2022– 01007 – 00 al proceso No. 25000– 23 – 36 –
000 – 2021 – 00403– 00.
12. Contra dicha decisión, el Patrimonio Autónomo interpuso recurso de
reposición. Para el efecto, sostuvo que no era posible la acumulación con el
proceso 25000– 23 – 36 – 000 – 2022– 00195 – 00, pues no se había resuelto el
recurso de reposición interpuesto contra el auto admisorio de la demanda, motivo
por el cual la decisión no estaba en firme. De otro lado, indicó que el radicado
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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
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05001– 23– 33 – 000 – 2022– 01007 – 00 no había sido «calificado» por el
Tribunal Administrativo de Antioquia. En ese orden, expuso que no se cumplían
con los requisitos establecidos en el artículo 148 del Código General del Proceso
(en adelante CGP) .
13. Mediante providencia del 11 de octubre de 2023 el tribunal dispuso no
reponer la providencia del 1° de marzo. Consideró que, contrario a lo planteado
por el recurrente, el artículo 148 del CGP no proscribe la acumulación de
procesos hasta tanto se haya proferido auto admisorio de la demanda. Agregó
que el único límite temporal del precepto es el contenido en el 3 numeral de dicha
disposición, que señala que procede hasta antes de señalarse fecha y hora para
la audiencia inicial.
14. Además, consideró que los argumentos esgrimidos por el recurrente van
en contravía del fundamento de la norma, que buscan honrar los principios de
celeridad y economía procesal al tramitar dos o más procesos de forma conjunta
en virtud de la identidad existente.
1.4. Sustento de la vulneración
15. A juicio de la parte actora, en el sub judice concurren los requisitos
genéricos de procedibilidad de la acción de tutela. Además, consideró que la
autoridad judicial accionada incurrió en los defectos orgánico, procedimental
absoluto, violación directa de la Constitución y decisión sin motivación.
16. En su sentir, la autoridad accionada no podía acumular los distintos
procesos, comoquiera no es el juez natural de la controversia. Precisó que la
competencia corresponde a la jurisdicción civil ordinaria, en el entendido que la
controversia se origina en un contrato suscrito por el Patrimonio Autónomo
creado con recursos públicos.
17. Expuso que las decisiones reprochadas en esta oportunidad no analizaron
el contenido del artículo 2 de Ley 80 de 1993, del cual se extrae que los contratos
que suscribió dicho Patrimonio Autónomo solo se rigen por el derecho privado.
En el mismo sentido, trajo a colación lo señalado por la Ley 1955 de 2019 y el
numeral 2° del artículo 2.3.9.1.3. del Decreto 1433 de 2020.
18. Señaló que les asiste la garantía constitucional del juez natural y pese a
que el tribunal no lo es, sigue conociendo el asunto e incluso ordenó la
acumulación de otros dos procesos. Esta situación, a su juicio, transgrede su
derecho fundamental al debido proceso y por tanto configura un defecto orgánico.
19. De igual manera, reiteró los argumentos del recurso de reposición
ejercidos contra la decisión el 1° de marzo de 2023, relacionados con el hecho
de que tampoco se establecen los presupuestos procesales para la procedencia
de la acumulación. Esto, a su juicio, configuró un defecto procedimental absoluto.
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20. En lo que respecta al defecto por violación directa de la Constitución y
decisión sin motivación iteró que el tribunal carece por completo de jurisdicción y
competencia para conocer de las controversias contractuales surgidas con el
Consorcio Sinergia, por ser un asunto eminentemente de los jueces ordinarios5.
1.5. Trámite de primera instancia
21. Por auto de 27 de noviembre de 2023, el ponente de la decisión de
primera instancia admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó
notificar en calidad de accionada a la Sección Tercera, Subsección B del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
22. Asimismo, vinculó en calidad de terceros con interés al Tribunal
Administrativo de Antioquia y a la Nación, Ministerio de Educación Nacional; al
Consorcio Sinergia (integrado por Organización Luis Fernando Romero
Sandoval,sociedad Omicron del Llano S.A.S., la sociedad Proyectos de
Ingeniería y Construcciones AR S.A.S.), Luis Fernando Romero Sandoval y
David Adolfo Ahcar Betts; al Consorcio Infraestructura Intercon (conformado por
Interconstrucciones y Diseños S.A.S. y Consultores de Occidente S.A.S.), a la
Aseguradora Seguros del Estado S.A., y a los demás intervinientes del medio de
control de controversias contractuales con radicado 25000-23-36-000-2021-
00403-00.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Sección Tercera, Subsección B del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca
23. Se limitó a remitir el link de acceso al expediente identificado con el
radicado 25000-23-36-000-2021-00403-00.
1.6.2. Nación – Ministerio de Educación
24. Solicitó su desvinculación de la acción de tutela por falta de legitimación
en la causa por pasiva. Para el efecto, precisó que no tiene a su cargo la
administración del patrimonio que conforma la fiducia, por lo que la relación objeto
de debate no es de su conocimiento.
25. Agregó que tampoco es parte en los contratos de obra que dan origen a la
controversia, motivo por el cual, no puede sostenerse su presunta necesidad de
concurrencia a la acción de tutela. Precisó que los contratos celebrados por el
Patrimonio Autónomo son reglados por el derecho privado.
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Estos reproches, a juicio de la Sala, se subsumen en el defecto orgánico.
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26. Señaló que las providencias del 1° de marzo y del 11 de octubre de 2023
incurren en graves vías de hecho, por cuando el tribunal carece de jurisdicción y
la acumulación procesal no era procedente por no acreditar los presupuestos
establecidos en el artículo 148 del CGP. En ese sentido, solicitó que se accediera
a las pretensiones de la tutela.
1.6.3. Consorcio Sinergia
27. A través de apoderado judicial, efectuó un recuento de todas las
actuaciones procesales presentadas al interior del medio de control del cual,
funge como accionante.
28. Luego de ello, señaló que la conducta delegada por el Patrimonio
Autónomo FIE ha sido temeraria porque con esta, es la tercera acción de tutela
que se presenta con los mismos fundamentos. Además, señaló que, contra todas
las decisiones proferidas al interior del medio de control ha interpuesto los
recursos del caso y solicitudes de aclaración de mala fe, situación que ha venido
dilatando el proceso.
29. Finalmente, solicitó que los antecedentes del caso sean valorados como
argumentos de oposición frente a cualquier decisión de tutela.
1.7. Sentencia de primera instancia
30. En sentencia del 8 de febrero de 2024 la Sección Segunda, Subsección A
de esta corporación declaró improcedente la acción de tutela porque no encontró
acreditado el requisito general de procedibilidad de subsidiariedad. Esto por lo
siguiente:
31. Consideró que, una vez revisado el expediente ordinario se lograba
advertir que mediante auto del 9 de agosto de 2022 la autoridad judicial
accionada había concedido, en efecto devolutivo, el recurso de apelación
presentado por el Patrimonio Autónomo contra la providencia del 27 de abril de
2022 que resolvió el recurso de reposición y las solicitudes de aclaración
elevadas contra la providencia del 13 de diciembre de 2021.
32. Señaló que en dicho recurso fue alegado, entre otros aspectos, la falta de
jurisdicción del accionado para conocer la demanda. Esto, por cuanto el
Patrimonio Autónomo no es entidad pública ni forma parte del Ministerio de
Educación Nacional.
33. En ese orden, indicó que al estar pendiente por resolver un recurso, sería
en dicha instancia donde se decida la falta de jurisdicción y competencia para
decretar la suspensión de los actos demandados. Agregó que no puede emitir un
pronunciamiento sobre el particular, so pena de inobservar las competencias del
juez natural.
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1.8. Impugnación
34. La parte accionante indicó que el a quo confundió el objeto de la acción de
tutela toda vez que lo reprochado no fue el auto del 27 de abril de 2022 que
resolvió la solicitud de aclaración contra la providencia del 13 de diciembre de
2021, sino las decisiones proferidas por la accionada el 1° de marzo y el 11 de
octubre de 2023 que decretaron la acumulación del proceso.
35. En ese sentido, señaló que la decisión se pronunció sobre una materia
totalmente diferente al objeto de la tutela, sin que se analizaran las providencias
objeto de reproche.
36. Expuso que no se analizaron la totalidad de los argumentos indicados en
el escrito contentivo de la solicitud de amparo, pues no se alegó exclusivamente
la falta de jurisdicción y competencia del tribunal enjuiciado, sino también el
haberse decretado la acumulación procesal mediante autos.
37. En ese punto, reiteró que la acumulación no respetó los requisitos
establecidos en el artículo 148 del CGP, pues en un expediente no se había
admitido la demanda y en otro, no se había resuelto el recurso de reposición
interpuesto contra la decisión de admisión y por tanto no está ejecutoriado.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
38. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por
la accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 8 de febrero
de 2024 por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado. Lo
anterior de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de
2019.
2.2. Cuestiones previas
• Solicitud de desvinculación
39. Previo a resolver el problema jurídico de la controversia suscitada en esta
oportunidad, la Sala advierte que el Ministerio de Educación solicitó su
desvinculación del presente trámite porque no tiene a su cargo la administración
del patrimonio que conforma la fiducia y, en consecuencia, no tiene relación con
el proceso ordinario ni con la presente tutela.
40. No obstante, y si bien el a quo no se pronunció al respecto, la cartera
ministerial funge actualmente como sujeto procesal al interior del medio de
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control en el que se profirieron las providencias reprochadas en esta oportunidad.
En tal sentido, la Sala no accederá a su solicitud, comoquiera que le asiste interés
en las resultas del vocativo de la referencia.
• Objeto de la impugnación
41. De otro lado, la sala encuentra que los reparos formulados por la parte
accionante, en contra de la decisión de primer grado, se centran en la presunta
omisión de estudio de las providencias judiciales cuestionadas. Es decir, el actor
puso de presente que su único reproche en esta acción es contra las providencias
que decretaron la acumulación procesal.
42. En este orden, a juicio del Consorcio FFIE / Patrimonio Autónomo FFIE, la
Sección Segunda, Subsección B en fallo de tutela de primera instancia analizó
con detenimiento si la decisión de acumular al medio de control identificado con
el radicado 25000-23-36-000-2021-00403-00, los procesos con radicación
25000-23-36-000-2022-00195-00 y 05001-23-33-000-2022-01007-00, fue
acertada o no y, en este último evento, si transgredió sus garantías
fundamentales.
43. En razón a lo anterior, la sala limitará el estudio de la presente decisión a
los reproches aducidos en contra de la decisión del 1° de marzo y del 11 de
octubre de 2023 por el defecto procedimental absoluto.
2.3. Legitimación en la causa
44. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
45. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte que el Consorcio FFIE
Alianza – BBVA –6, en calidad de vocero del Patrimonio Autónomo del Fondo de
Infraestructura Educativa – FFIE funge como demandado en el medio de control
de controversias contractuales identificado con el radicado 25000– 23 – 36 – 000
– 2021 – 00403 – 00. Por tanto, está legitimado en la causa por activa para
interponer la presente acción de tutela.
46. Por otro lado, la Sala evidencia que la Sección Tercera, Subsección B del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca se encuentra legitimada en la causa
por pasiva. Lo anterior, por ser la autoridad que dictó las providencias
cuestionadas en esta oportunidad.
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2.4. Problema jurídico
47. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la
decisión de primera instancia proferida por la Sección Segunda, Subsección A de
esta Corporación el 8 de febrero de 2024.
48. Para ello, se deberá resolver si concurren los requisitos generales de
procedibilidad, en especial el de relevancia constitucional.
2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
49. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20127. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema8. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales9.
50. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201410. En esta sentencia
se establecieron seis requisitos generales de procedencia11 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial12.
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Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
8
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
9
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
11
Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del
05 de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi)
Que no se trate de sentencias de tutela.
12
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
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51. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes
requisitos generales de procedencia:
i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.
52. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo
sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.
53. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
54. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de inmediatez y, solo en
el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la sentencia censurada
incurrió en los defectos aludidos.
2.6. Análisis sobre el requisito general de relevancia constitucional
55. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.
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que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional13.
56. De esta manera, esta Sala de Decisión en esta oportunidad, se planteó
que el estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los
criterios establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022,
los cuales fueron acogidos por esta corporación. En concreto, estos
presupuestos se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.
57. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
“el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
58. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia
en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.
59. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29
de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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anterior como un eje fundamental para “lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución”.
60. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines
acogidos por la Corte Constitucional y esta Corporación.
2.7. Relevancia constitucional en el caso concreto
61. La Sala anticipa que los reproches aducidos en contra de las decisiones
del 1° de marzo y de 11 de octubre de 2023 por el defecto procedimental absoluto
no superan el requisito general de relevancia constitucional.
62. En efecto, la parte actora señala que la Sección Segunda, Subsección B
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró su derecho fundamental al
debido proceso con ocasión a la expedición de las providencias del 1° de marzo
y del 11 de octubre de 2023 proferidas en el trámite del medio de control con
radicación número 25000-23-36-000-2021-00403-00 (Acumulados 25000-23-36-
000-2022-00195-00 y 05001-23-33-000-2022-01007-00).
63. De un lado, la decisión del 1° de marzo de 2023 dispuso avocar el
conocimiento de los procesos 25000-23-36-000-2022-00195-00 y 05001-23-33-
000-2022-01007-00 y en consecuencia, decretó su acumulación con el
identificado bajo la causa núm. 25000-23-36-000-2021-00403-00.
64. Como fundamento, consideró que las pretensiones eran conexas en el
entendido que tienen por objeto la declaratoria de incumplimiento de los contratos
de obra suscritos entre el Consorcio Sinervia y el Conorcio FFIE Alianza − BBVA
en calidad de vocero del Patrimonio Autónomo del FFIE. De igual manera, expuso
existía identidad de partes y que la misma se hacía con anterioridad a la fijación
de fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial.
65. Ahora bien, en la decisión del 11 de octubre de 2023, el tribunal decidió de
manera desfavorable para los accionantes el recurso de reposición interpuesto
contra la anterior providencia. Consideró que no le asistía razón al señalar que
no se reunían los prespuestos dispuestos por el artículo 148 del CGP para que
operara dicha figura.
66. En este orden, la Sala al revisar con detenimiento los juicios elevados por
la parte accionante en esta oportunidad, advierte que guardan similitud con los
llevados en el proceso ordinario y respecto de los cuales, tiene discrapencias.
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67. Bajo tal premisa, la sala advierte que los argumentos expuestos apuntan
a convertir este mecanismo constitucional en una tercera instancia. En realidad,
el Consorcio / Patrimonio Autónomo pretende que vía acción de tutela se analicen
los presupuestos para que opere la acumulación de procesos de conformidad
con lo reglado en el artículo 148 del CGP, lo que implica un análisis de fondo de
la controversia que motivó la presentación del medio de control de controversias
contractuales y reparación directa, las actuaciones desplegadas por los
Tribunales Administrativos de Cundinamarca y de Antioquia para definir de
manera definitiva y a su favor, un asunto eminentemente procedimental.
68. Ciertamente, las discrepancias formuladas por la parte actora en relación
con la acumulación de procesos lejos de proponer una discusión ius fundamental
que apunten a dotar de contenido, alcance, desarrollo y aplicación de una
garantía constitucional, en realidad están dirigidas a que por esta vía se examine
una cuestión que escapa al ámbito de protección de la tutela y se adentre en una
materia propia del juez de la causa.
69. Valga señalar, además, que de una revisión a priori del proceso ordinario
y de los elementos de convicción que integran el vocativo de la referencia, salta
a la vista que las distintas providencias hasta ahora proferidas en dicho medio de
control de controversias contractuales y reparación directa, en su mayoría, han
sido objeto de los recursos previstos en la ley, al tiempo que de solicitudes de la
aclaración e incluso, acciones de tutela14. Tales mecanismos ejercidos, han sido
resueltos o están pendientes por ser desatados.
70. Sobre el punto, se itera que en materia de tutelas contra providencias
judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de
la órbita de los jueces naturales de la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por
el actor dentro del trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los
argumentos propuestos frente a la apreciación de las pruebas del proceso
contencioso se atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en
últimas, se convertiría el mecanismo de amparo en instancia adicional.
71. Por el contrario, en el caso objeto de estudio la Sala advierte el debate se
ciñe una inconformidad por la manera que la autoridad enjuiciada interpretó el
contenido del artículo 148 del CGP y acumuló dos procesos judiciales en etapas
procesales distintas.
72. En esos términos, la sala confirmará la decisión adoptada por el fallador
de primera instancia relativa a la improcedencia de la solicitud de amparo, pero
por las razones acá expuestas. Es decir, que los reproches dirigidos en contra de
los autos del 1° de marzo y del 11 de octubre de 2023 por el defecto
14 Cfr. Expedientes de tutela 11001-03-15-000-2022-02197-00/01 y 11001-03-15-000-2022-
02617-00/01.
13
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procedimental absoluto, no están encaminados a proponer un debate en sede
constitucional, sino de mera legalidad en donde el juez de tutela actúa como una
instancia adicional del proceso ordinario.
2.8. Conclusión
73. La Sala confirmará la sentencia del 8 de febrero de 2023 proferida por la
Sección Segunda, Subsección A de la colegiatura, pero, por las razones aquí
expuestas. En ese sentido, se tiene que el presente mecanismo de amparo es
improcedente porque el cargo por el defecto procedimental absoluto no supera
el requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación
Nacional.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de febrero de 2024 dictada
por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado que declaró
improcedente la presente acción de tutela, por las razones aquí expuestas.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
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PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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