Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02244-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02244-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-02244-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
28 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02244-01
Referencia: Acción de tutela
ACTORA: MARÍA BEATRIZ POSADA RENTERÍA
TESIS: SE CONFIRMA LA DECISIÓN DEL A QUO. LA ACTORA NO
ARGUMENTÓ DE FORMA ALGUNA SU INCONFORMIDAD FRENTE A LA
SENTENCIA DICTADA EN PRIMERA INSTANCIA. AUSENCIA DE
CARGA ARGUMENTATIVA EN EL ESCRITO DE IMPUGNACIÓN.
DERECHO FUNDAMENTAL: DE PETICIÓN.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la
sentencia de 3 de junio de 2022, proferida por la Sección Tercera -
Subsección “A”- del Consejo de Estado1, que declaró la carencia
actual de objeto por hecho superado.
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En adelante la Sección Tercera.
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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02244-01
ACTORA: MARÍA BEATRIZ POSADA RENTERÍA
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La señora MARÍA BEATRIZ POSADA RENTERÍA, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su
derecho fundamental de petición, el cual, a su juicio, le fue vulnerado
por la Sección Segunda -Subsección “A”- del Consejo de Estado2 al
no haber dado respuesta a la petición presentada el 9 de marzo de
2022, dentro del proceso ejecutivo identificado con el número único
de radicación 05001-23-33-000-2017-02073-01.
I.2.- Hechos
Refirió que presentó demanda ejecutiva contra la Administradora
Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a la cual le fue asignado
el número único de radicación 2017-02073-00 y correspondió por
reparto al Tribunal Administrativo de Antioquia que, en sentencia de
26 de junio de 2019, ordenó seguir adelante con la ejecución.
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En adelante la Sección Segunda.
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ACTORA: MARÍA BEATRIZ POSADA RENTERÍA
Señaló que la anterior decisión fue objeto de recurso de apelación, el
cual correspondió a la Sección Segunda, sin que a la fecha haya
desatado tal disenso.
Relató que, como consecuencia de ello, el 9 de marzo de 2022,
presentó escrito de petición ante la Sección Segunda, a fin de que se
le informara la razón por la cual no se había dictado sentencia de
segunda instancia dentro del proceso ejecutivo, así como fecha
probable para proferir fallo.
Adujo que la anterior petición no ha sido resuelta de forma oportuna
y de fondo por la Sección Segunda, lo que vulnera su derecho
fundamental de petición y desconoce el término previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 25 de junio de 20153.
I.3.- Pretensiones
La parte actora solicitó la protección de su derecho fundamental
invocado y, en consecuencia:
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“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”
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“[…] ordenar al Honorable Magistrado Gabriel Valbuena Hernández,
que en el término de (48) cuarenta y ocho horas, contados a partir
de la notificación del fallo de primera instancia, procesa a resolver
de fondo el derecho de petición.
Segunda: en subsidio de lo anterior, respetuosamente el (sic)
ordenar todo lo que el despacho considere pertinente para
garantizar el restablecimiento de mi derecho fundamental de
petición […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La Sección Segunda informó que no es de tal acierto que
se haya vulnerado el derecho fundamental de petición alegado, toda
vez que dicha garantía constitucional no procede para solicitar que
se adelanten actuaciones en asuntos de carácter jurisdiccional, sino
que está orientada a los trámites de naturaleza administrativa.
No obstante lo anterior, afirmó que mediante Oficio de 9 de mayo de
2022, dio respuesta a la petición de la actora, en la cual se indicó
que el proceso se encuentra en turno para fallo desde el 25 de
noviembre de 2021 y se emitirá sentencia de fondo, una vez la
Sección Segunda del Consejo de Estado dicte sentencia de unificación
sobre la ejecución de sentencias de naturaleza laboral, tema sobre el
cual, versa la controversia de la tutelante; además, que una vez se
unifique el criterio sobre la materia se dictará sentencia con prioridad
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y sin tener en cuenta el turno de ingreso para fallo, de conformidad
con el artículo 115 de la Ley 1395 de 2010, para lo cual anexó la
notificación pertinente.
Finalmente, solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo, al
no configurarse la vulneración del derecho fundamental invocado.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Sección Tercera mediante sentencia de 3 de junio de 2022,
declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, comoquiera
que revisado el material probatorio obrante en el expediente,
evidenció que la Sección Segunda mediante Oficio de 9 de mayo de
2022, dio respuesta a la petición presentada, otorgando la
información solicitada, la cual fue debidamente notificada.
Así las cosas, al considerar que los supuestos de hecho y las
pretensiones que motivaron la interposición de la solicitud de amparo
desaparecieron, declaró la carencia actual de objeto por hecho
superado.
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III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La actora mediante correo electrónico remitido el 14 de junio de
2022, impugnó la sentencia proferida por la Sección Tercera, en los
siguientes términos:
“[…] María Beatriz Posada Rentería, accionante en la acción
de tutela de la referencia, atentamente impugna la decisión,
mediante la cual se resolvió la acción constitucional,
desfavorablemente por carencia actual de objeto […]”.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
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Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso concreto
En el presente asunto, la señora MARÍA BEATRIZ POSADA
RENTERÍA, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela
con el fin de obtener el amparo de su derecho fundamental de
petición, el cual, a su juicio, le fue vulnerado por la Sección Segunda
al no haber dado respuesta a la petición presentada el 9 de marzo de
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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política».
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2022, dentro del proceso ejecutivo identificado con el número único
de radicación 2017-02073-01.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
Sección Tercera que, mediante sentencia de 3 de junio de 2022,
declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez
que mediante Oficio de 9 de mayo de 2022, la autoridad judicial
accionada dio respuesta a la petición de la actora, la cual le fue
debidamente notificada.
La accionante impugnó la sentencia proferida en primera instancia,
sin aducir motivos de inconformidad con la misma.
Frente a la carencia argumentativa en el recurso de impugnación,
esta Sala5, ha precisado lo siguiente:
“[…] 40. Ahora bien, como última cuestión, y referente al
tema bajo estudio, la Sala debe establecer unas sub reglas
en relación con la carga argumentativa que se debe
exigir en las impugnaciones dentro del marco de la
acción de tutela:
40.1 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
28 de febrero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 2018-
03163-01.
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tutela contra autoridades públicas, la parte que impugne la
sentencia de tutela proferida en primera instancia, no se le
exigirá una carga argumentativa mínima, es decir, que no
habrá necesidad de sustentar la respectiva impugnación,
donde basta que el impugnante lo presente dentro del término
legal correspondiente en los términos del artículo 31 del
Decreto 2591, con el fin de que se efectúe el respectivo
trámite del mismo, teniendo el ad quem, el deber
constitucional de resolver el fondo del asunto; i) analizando
los argumentos jurídicos expuestos por el juez constitucional
de primera instancia, y el ii) acervo probatorio obrante en el
expediente.
40.2 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción
de tutela contra providencias judiciales, la parte que
impugne la sentencia de tutela proferida en primera
instancia precisando que i) si obra en nombre propio o ii) por
medio de apoderado especial, debe cumplir con una carga
argumentativa mínima, en donde exponga las razones
jurídicas por las cuales una autoridad judicial, incurrió en los
defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv)
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii)
desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la
Constitución, en los términos de la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, postura jurisprudencial,
que fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de 31 de
julio de 2012, salvo que se trate de un sujeto de especial
protección constitucional, a quien no se le exigirá dicha
carga argumentativa, toda vez que el Estado tiene que
adoptar las medidas necesarias, para garantizar la
protección de sus derechos fundamentales,
especialmente, el acceso a la administración de justicia
[…]” (Destacado fuera del texto).
En el mismo sentido, en sentencia de 28 de febrero de 20206, con
ponencia del Consejero Roberto Augusto Serrato Valdés, esta Sala
señaló:
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
28 de febrero de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación
11001-03-15-000-2019-04314-01.
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“[…] La Sección Primera del Consejo de Estado, en diferentes
oportunidades, ha sostenido que, en el caso específico de tutela
contra providencia judicial, el deber de sustentar el recurso
de impugnación adquiere una connotación aún más
rigurosa y exigente, en tanto que quien impugna el fallo
que resuelve la acción de tutela, debe cumplir con la carga
argumentativa en cuestión, señalando las razones que
sustentan su impugnación e identificando y justificando
por qué se configura la causal específica de procedibilidad
que fue desvirtuada por la primera instancia.
Esta carga permite conciliar la obligación de proteger los
derechos fundamentales que la parte actora manifiesta
vulnerados, con los principios constitucionales de seguridad
jurídica y autonomía judicial, los cuales se verían
desproporcionadamente afectados si se utiliza la acción de tutela
como una tercera instancia judicial y no como un mecanismo
residual y subsidiario.
Por ello, esta Sala ha indicado que a pesar de que el trámite de
la acción de tutela debe desarrollarse con arreglo a los principios
de prevalencia del derecho sustancial, celeridad, eficacia
(artículo 3 Decreto 2591 de 1991), interpretación judicial de los
derechos protegidos (artículo 4 ibídem) y prevalencia de la
informalidad en la solicitud de amparo (artículo 14 ibídem),
dicha situación no exonera al recurrente de explicar las
razones que motivan su disentimiento con la decisión
judicial recurrida.
En este mismo sentido se resalta que la Sala Plena de esta
Corporación, al estudiar el alcance del inciso 2° del artículo 32
del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual dispone que el Juez que
conozca de la impugnación “[…] estudiará el contenido de la
misma cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo […]”,
advirtió que la impugnación debe contener los
fundamentos de la inconformidad del impugnante con el
fallo respectivo, puesto que en ausencia de tales
razonamientos o motivos, el juez carece de materia para
cotejar y pronunciarse.
Con base en lo anterior, la Sala concluye que el deber de
sustentar el recurso de impugnación en el caso específico
de tutela contra providencia judicial, se convierte en un
mecanismo de control del ejercicio de las potestades del
juez constitucional en esta materia para que no actúe
como una tercera instancia, lo cual estaría en contravía
de los principios constitucionales de seguridad jurídica y
autonomía judicial, en los términos del artículo 32 del
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Decreto Ley 2591 de 1991 […]”.
Así las cosas, comoquiera que la actora no argumentó los motivos de
su inconformidad frente a la sentencia proferida en primera instancia,
en la que fue declarada la carencia actual de objeto por hecho
superado, la Sala encuentra que no resulta procedente efectuar un
estudio de fondo del asunto, habida consideración que, por un lado,
en su escrito de impugnación no cumplió con la carga argumentativa
mínima que diera cuenta de los reparos respecto de la decisión
adoptada; y, por el otro, no se advirtió ninguna razón válida que
justifique tal desatención, razón por la que no se encuentran los
elementos necesarios para revisar si la providencia objeto de
controversia en el caso sub examine está ajustada a derecho.
Cabe señalar que la Sala se pronunció, en el mismo sentido, en
sentencias de 3 de septiembre de 20207 y 6 de noviembre de 20208,
que ahora se reiteran.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
3 de septiembre de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación
11001-03-15-000-2020-02683-01.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
6 de noviembre de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación
11001-03-15-000-2020-03425-01.
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En consecuencia, son estas las razones que imponen a la Sala
confirmar la decisión del a quo que declaró la carencia actual de
objeto por hecho superado, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de julio de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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