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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02262-01

Fecha
11 de agosto de 2022
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02262-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la decisión de primera instancia proferida 3 de junio de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Primera. 2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-02262-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

11 de agosto de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02262-01
Demandante: Duberney Vásquez Ramírez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02262-01
Demandante: DUBERNEY VÁSQUEZ RAMÍREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA, SALA
SEGUNDA DE DECISIÓN

Temas: Tutela contra providencia judicial. Perjuicios privación injusta
de la libertad - valoración probatoria del informe de policía

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia del 3 de junio de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Primera, que resolvió:

“PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva presentada por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de amparo de la referencia, de conformidad con lo señalado en
la parte motiva de esta providencia.

(…)”.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Duberney Vázquez Ramírez interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión, por estimar vulnerados
los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, así como los principios de confianza legítima, seguridad
jurídica, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, presunción de
inocencia, cosa juzgada y juez natural. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:

“PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, así como los principios de confianza legítima, seguridad jurídica,
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, presunción de inocencia, cosa juzgada y juez
natural, vulnerados por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de
Risaralda, con la decisión proferida en segunda instancia el pasado veintidós (22) de octubre de dos
mil veintiuno (2021) dentro del medio de control de reparación directa con radicado No. 66001-33-33-
003-2018-00124-01 promovido por el señor Duberney Vásquez Ramírez y otros.

SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la sentencia de fecha veintidós
(22) de octubre de dos mil veintiuno (2021) proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo de Risaralda dentro del m edio de control de reparación directa con

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02262-01
Demandante: Duberney Vásquez Ramírez

radicado 66001-33-33-003- 2018-00124-01 promovido por el señor Duberney Vásquez Ramírez y
otros.

TERCERO: Ordenar a la Sala Primera de Decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de
Risaralda, que dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del fallo de tutela, profiera una
nueva decisión en la cual se valoren de forma adecuada los medios de convicción oportunamente
allegados y que fueron practicados en el trámite del proceso ordinario, se apliquen y adecúen a las
circunstancias fácticas puestas de manifiesto, bajo los parámetros ampliamente desarrollados y
reiterados por la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, en casos similares de
privación injusta de la libertad, en los cuales se ha declarado la responsabilidad de las demandadas,
cuando la imposición de la medida de aseguramiento, estuvo sustentada en elementos materiales
probatorios que carecen de valor suasorio al momento de solicitarse; así como en la indebida
identificación e individualización del procesado esto en los términos de la jurisprudencia administrativa
y constitucional”.

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El 16 de mayo de 2016, el señor Duberney Vázquez Ramírez fue capturado por
miembros de la Policía Nacional en situación de presunta flagrancia, luego de que
los uniformados ingresaron a una bodega de la empresa “Surtipapa” a realizar
una diligencia de registro y allanamiento en la que se encontró una bolsa con
13.045 gramos de marihuana.

Posteriormente, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y el
Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Dosquebradas legalizó la captura e impuso medida de aseguramiento. Luego de
surtirse todas las etapas del proceso penal, en audiencia de 16 de mayo de 2017,
el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas emitió fallo absolutorio y
dispuso la libertad inmediata.

El señor Duberney Vázquez Ramírez y su núcleo familiar ejercieron medio de
reparación directa contra la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la
Nación con el fin de que se les condenara por los perjuicios causados con la
presunta privación injusta de la libertad de la que fue objeto desde el 16 de mayo
de 2016 hasta el 16 de mayo de 2017.

El Juzgado Tercero Administrativo de Pereira, en sentencia del 30 de septiembre
de 2020, accedió a las pretensiones de la demanda por considerar que la
privación de la libertad fue injusta, pues se demostraron graves deficiencias en la
investigación porque fue capturado por el solo hecho de laborar en la empresa
donde se realizó la diligencia de allanamiento.

La Nación – Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría
General de la Nación interpusieron recurso de apelación.

El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión, en sentencia
del 22 de octubre de 2021, revocó la decisión y, en su lugar, negó las
pretensiones, por considerar que las entidades accionadas actuaron de acuerdo
con las normas que rigen el procedimiento penal, contaban con elementos
razonables para solicitar y decretar la imposición de la medida de aseguramiento,
sin que se evidenciara una actuación arbitraria, desproporcionada o contraria a
los procedimientos legales.

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Demandante: Duberney Vásquez Ramírez

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
fáctico y sustantivo “por desconocimiento del precedente judicial”, los cuales los
sustentó en los siguientes términos.

En relación con el defecto fáctico sostuvo que se configuró por realizar una
indebida valoración de las pruebas allegadas al proceso, porque únicamente tuvo
en cuenta el informe ejecutivo de policía judicial, lo cual, conforme con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el
Consejo de Estado, no constituye prueba indiciaria, sino que sólo puede ser
utilizado como criterio de investigación.

Además, porque el Tribunal Administrativo de Risaralda pasó por alto la totalidad
de las pruebas allegadas al expediente, específicamente, porque cuando hizo
referencia a la denuncia, no tuvo en cuenta que en la misma se advirtieron rasgos
característicos que no correspondían a los del señor Duberney Vázquez Ramírez,
lo cual evidencia la falla en el servicio por indebida identificación.

Asimismo, considera indebidamente valorada el acta de registro y allanamiento y
la sentencia absolutoria, porque, a su juicio tales pruebas evidenciaban que si se
configuró la privación injusta de la libertad.

Frente al defecto sustantivo “por desconocimiento del precedente judicial”,
dijo que se configuró por no tener en cuenta los pronunciamientos
jurisprudenciales relacionados con la responsabilidad del Estado en caso de
privación injusta de la libertad, para lo cual relacionó las sentencias: (i) del 20 de
febrero de 2020, expediente con radicado número 76001-23-31-000-2010-00877-
01 (48313), Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y, (ii) del 19 de
junio de 2020, expediente con radicado número 76001-23-31-000-2011-01813-
01(57353), Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, según las cuales,
la imposición de una medida de aseguramiento con base en un informe de
Policía, impone la obligación del Estado de reparar los daños ocasionados.

Se refirió a los fallos de tutela del 15 de julio de 2021, de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, radicado número 11001-03-15-000-2021-00238-01 y del 30
de julio de 2021, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado, radicado número 11001-03-15-000-2021-00882-01.

Agregó que se dejó de aplicar el precedente judicial vigente para el momento en
que se radicó la demanda, esto es, la sentencia de unificación de 17 de octubre
de 2013 proferida por la Sección Tercera, según la cual se adoptaba el régimen
de imputación de responsabilidad objetivo por daño especial en los casos en los
que se debatía la responsabilidad patrimonial por privaciones injustas de libertad.

Insistió en que es claro que al producirse un cambio en las tesis de las decisiones
judiciales, al delimitarse nuevas normas para aplicar en los casos y, en general, al
originarse una modificación en los contenidos de las fuentes de derecho, sus
efectos deben reflejarse en los procesos que hayan sido encaminados a partir del
momento en que se ha emitido la providencia con la nueva postura, pues
contradictorio resultaría aplicar dichos criterios de manera retroactiva, para lo cual
invocó los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.
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Demandante: Duberney Vásquez Ramírez

4. Trámite Previo

El Consejo de Estado, Sección Primera, en auto del 25 de abril de 2022, admitió
la acción de tutela, ordenó notificar a los magistrados de la Sala Segunda de
Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda y a los señores Lina Marcela
Franco Mejía, Jessica Marcela e Isabella Vásquez Franco, Rosalba Ramírez
Valencia, Cesar Luis Vásquez Ceballos, Blanca Ligia y Dubier Vásquez Ramírez,
Bertha Ligia Mejía Lodoño, Marino Franco y Carlos Enrique Ceballos, la Nación –
Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Fiscalía General
de la Nación y al Juzgado Tercero Administrativo de Pereira, como terceros
interesados en el resultado del proceso.

5. Oposición

El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión, afirmó
que la acción de tutela es improcedente porque no satisface el requisito general
de la relevancia constitucional, en tanto, no tiene una relación directa con la
presunta afectación de los derechos fundamentales invocados y no se advierte
que la decisión cuestionada sea contradictoria de la Constitución Política,
arbitraria, caprichosa o carente de motivación.

En cuanto al fondo del asunto, precisó los precedentes del Consejo de Estado a
que aludió la parte actora como inobservados, proferidos con posterioridad a la
presentación de la demanda de reparación directa, carecen de identidad fáctica y
jurídica que permita considerarlas como precedentes aplicables en este asunto
porque el caso objeto de análisis se trató de una actuación penal en la que se
decretó medida de aseguramiento de detención domiciliaria por parte del Juzgado
Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, como se
desprende de la audiencia misma, con fundamento, no en un solo informe
ejecutivo o de policía judicial como lo argumenta la parte actora, sino en
diferentes elementos materiales probatorios y evidencia física como quedó
detallado en la providencia en discusión.

Además de la aprehensión en flagrancia del investigado que era constitutiva de
indicio de autoría o participación, como lo fueron: las actas de incautación de
elementos, de registro y allanamiento, de derechos del capturado, tarjeta
alfabética, verificación de derechos del capturado, de individualización y arraigo,
informe de campo de PIPH, antecedentes, álbum fotográfico, informes ejecutivos
suscritos por los policiales que realizaron el allanamiento y en especial por
información recibida de parte de un informante que aludía que al interior de un
garaje ubicado en el barrio Campestre B del municipio de Dosquebradas se
almacenaba para su distribución en los diferentes barrios de dicha localidad
estupefacientes, en el que, si bien, no se individualizó al actor, sí se pudo advertir
al momento del allanamiento mismo que allí́ trabajaba el actor, todo lo cual, como
lo dedujo el juez de garantías, permitía inferir razonablemente la participación del
investigado en la comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes del cual fue imputado, luego acusado y posteriormente absuelto
en juicio.

Indicó que el hecho de ser absuelto en juicio por el delito de tráfico, fabricación o
porte de estupefacientes, es decir, en etapa posterior, no erige en injusta e ilegal
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Demandante: Duberney Vásquez Ramírez

la medida de aseguramiento y menos puede llevar a la conclusión, dentro de un
régimen subjetivo de responsabilidad estatal, a la declaratoria de la misma por no
haber sido condenado finalmente el investigado. Lo anterior, por cuanto que el
análisis de legalidad, proporcionalidad y necesidad de la medida, que por cierto
en el fallo proferido por este Tribunal fue ampliamente expuesto con la carga
argumentativa necesaria y suficiente, debe efectuarse respecto del momento en
que se impone la medida y no con fundamento en las pruebas recaudadas en el
juicio (lo que indica que no reposaban para el momento de imposición de la
medida de aseguramiento) y menos con base en los argumentos de la sentencia
absolutoria,

En suma, sostuvo que lo pretendido por el actor es someter el asunto ya resulto a
una tercera instancia, lo que no es de tal validez ante este mecanismo
excepcional, por lo que solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo o, en
su lugar, denegar las pretensiones, comoquiera que no se encuentra acreditada la
vulneración de los derechos invocados.

6. Intervención de los terceros interesados
La Nación – Rama Judicial, Dirección Seccional de Administración Judicial
de Pereira adujo la falta de legitimación en la causa por pasiva de esa dirección,
pues no es la llamada a satisfacer las pretensiones de la acción de tutela y solicitó
que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, porque no se observa la
configuración de defecto alguno ni la ocurrencia de un perjuicio irremediable que
amerite la intervención del juez constitucional en el asunto.

La Fiscalía General de la Nación afirmó que la presente acción de tutela resulta
improcedente por cuanto (i) el apoderado del accionantes no da cuenta de por
qué́ a pesar de existir otro mecanismo judicial idóneo para ventilar la controversia
objeto de esta acción, no hizo uso del mismo, (ii) no sustentó las causales
específicas de procedibilidad para que la acción de tutela sea procedente y (iii)
pretende recuperar oportunidades procesales perdidas.

Dijo que en el presente caso no se cumplen las condiciones constitucional y
jurisprudencialmente reconocidas para el ejercicio legítimo de la acción de tutela
contra providencia judicial, toda vez que se incumple requisito de la acreditación
del defecto fáctico alegado como causal de procedencia de la tutela y tampoco
acredita la configuración del defecto sustantivo, al no haber demostrado que el
juez haya efectuado una interpretación irregular de la Ley, ni de la Constitución, o
“conforme a la leyes preexistentes”, toda vez que se verificó que la medida
privativa de la libertad fue legal, razonada y proporcional; así como tampoco se
evidencia cuáles fueron los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o
puestos en riesgo con dicha interpretación normativa y además, respetó las reglas
jurisprudenciales plasmadas en la sentencia SU-072 de 2018.

El Juzgado Tercero Administrativo de Pereira y los señores Lina Marcela
Franco Mejía, Jéssica Marcela E Isabella Vásquez Franco, Rosalba Ramírez
Valencia, Cesar Luis Vásquez Ceballos, Blanca Ligia y Dubier Vásquez
Ramírez, Bertha Ligia Mejía Lodoño, Marino Franco y Carlos Enrique
Ceballos guardaron silencio.

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7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Primera, en sentencia del 3 de junio de 2022,
negó el amparo solicitado, por las siguientes razones:

La Sala determinó que no se incurrió en defecto fáctico, toda vez que el tribunal
demandado sí analizó las pruebas obrantes en el expediente de manera integral,
de tal forma que, aun cuando tuvo en cuenta el informe ejecutivo elaborado por la
Policía Judicial, no fue el único elemento material probatorio jurídicamente
relevante en el asunto, pues también fundamentó su decisión en la denuncia y en
el acta de audiencias de legalización de orden de allanamiento y registro,
legalización de diligencia de allanamiento, legalización de elementos incautados,
legalización de captura, formulación de imputación, solicitud de medida de
aseguramiento, que, precisamente el actor echó de menos, entre otros.

De lo anterior, concluyó que era razonable inferir que era del caso iniciar la
investigación penal que fue adelantada contra el señor Vásquez Ramírez a fin de
esclarecer los hechos que se le reprochaban.

Tampoco encontró acreditado el defecto sustantivo porque, contrario a lo
esgrimido por el actor, la autoridad judicial accionada fundamentó su decisión, no
solo en el informe policial, sino que también tuvo en cuenta otras pruebas para
resolver el asunto, esto es, la denuncia del informante que daba cuenta del
expendió de drogas en el lugar del allanamiento, el acta de audiencias de
legalización de orden de allanamiento y registro, legalización de diligencia de
allanamiento, legalización de elementos incautados, legalización de captura,
formulación de imputación, solicitud de medida de aseguramiento, así como la
cantidad de droga incautada -13.045 gramos de marihuana-, lo que dejó en
evidencia que no desconoció los pronunciamientos referidos en el escrito de tutela
en caso de privación injusta de la libertad.

Precisó que la providencia acusada sustentó su análisis en los artículos 90 de la
Constitución Política, 68 de la Ley 270 de 1996, las sentencias C-037 de 1996,
SU-072 de 2018 proferidas por las Corte Constitucional, así como la
jurisprudencia emitida por el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
fundamento normativo y jurisprudencial sobre el cual las sentencias que el actor
aduce como desconocidas decidieron el asunto en cada caso particular, lo que
desvirtuó el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente alegado.

Finalmente, en cuanto al argumento que la jurisprudencia aplicable al asunto era
la sentencia de unificación de 17 de octubre de 2013, proferida por la Sección
Tercera, comoquiera que era el precedente judicial vigente para el momento en el
cual promovió́ la demanda de reparación directa, concluyó que tal inconformidad
no prosperó, en la medida que el Tribunal no incurrió en desconocimiento del
precedente al aplicar la sentencia de unificación SU-072 de 2018, pues era la
tesis vigente al momento de dictarse sentencia de segunda instancia y sobre el
particular, la Corte Constitucional ha definido que el cambio en la postura
jurisprudencial de un tema por el respectivo órgano de cierre, conlleva un carácter
vinculante general e inmediato del precedente.

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8. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia, para lo cual, insistió
exactamente en los mismos argumentos del escrito inicial.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
1
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
2 3
amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas
de procedencia de la acción de tutela.

1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa
oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i)
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv)
Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y
afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en
alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error
inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un
derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Demandante: Duberney Vásquez Ramírez

Problema jurídico

En el escrito de impugnación la parte actora reiteró los mismos argumentos del
escrito inicial, en el sentido de indicar que la sentencia del 22 de octubre de 2021,
del Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión, incurrió en
los defectos fáctico4 y sustantivo “por desconocimiento del precedente judicial” 5.

Lo anterior, básicamente, por considerar que la autoridad judicial demandada no
tuvo en cuenta la totalidad de las pruebas que obraban en el proceso y que daban
cuenta en para la imposición de la medida de aseguramiento, en punto al análisis
de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, el juez de control de garantías
solo tuvo en cuenta el informe de policía, lo cual considera, desconoce el
precedente judicial, que, ha señalado que a dicho informe no se le puede
conceder capacidad probatoria y ser tenido en cuenta como indicio.

Igualmente considera desconocido el precedente judicial en relación con la
declaratoria de responsabilidad patrimonial por privación injusta de la libertad en
caso de verificarse que a la persona que estuvo privada de la libertad resultó
absuelta, para lo cual alega la “irretroactividad del precedente judicial”.

En ese orden, la Sala se pronunciará, en conjunto, sobre los cargos por defecto
fáctico y por desconocimiento del precedente judicial 6, en primer lugar, en punto al
desconocimiento del precedente judicial en los eventos en que el investigado
resultó absuelto y, en segundo lugar, frente a la postura vigente en relación con la
valoración del informe policial a efecto de calificar la medida de aseguramiento.

4 Respecto del defecto fáctico, la Corte Constitucional en la sentencia T-015 de 2012 señaló que se produce cuando de la

actividad probatoria ejercida por el juez se desprende, -en una dimensión negativa-, que se omitió la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. Esta situación ocurre cuando se produce
la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, cuando el juez simplemente la ignora u omite, o
cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
5 Cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el

pasado y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia,
debe ser considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso. El precedente judicial es de dos tipos: (i) el
horizontal, que incluye las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de
cada jurisdicción.
Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la misma solución jurídica que ha
previsto el órgano de cierre de cada jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para
apartarse del precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma conclusión jurídica al
analizar los mismos supuestos de hecho, incurre en la violación al derecho a la igualdad. No obstante, la importancia de la
regla de vinculación del precedente judicial, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no es
absoluta, pues no se puede desconocer la libertad de interpretación que rige la actividad judicial. Simplemente se busca
armonizar y salvaguardar los principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma
forma y, por esa razón, se ha advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su propio precedente o del
precedente fijado por el superior jerárquico, siempre que explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por
las que modifica su posición, de ahí que al juez corresponde la carga argumentativa de la separación del caso resuelto con
anterioridad.
6 Lo anterior, porque a pesar de que la parte actora invoca la configuración del defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial, lo cierto es que no invoca el desconocimiento de sentencias d e
constitucional y, en ese orden, resulta claro que el defecto invocado es el desconocimiento del precedente
judicial.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02262-01
Demandante: Duberney Vásquez Ramírez

Caso concreto

Del defecto por desconocimiento del precedente judicial en relación con la
responsabilidad patrimonial por privación injusta de la libertad en caso de
verificarse que a la persona que estuvo privada de la libertad resultó
absuelta

La Sala encuentra que los argumentos de la parte actora relacionados con la
declaratoria de responsabilidad patrimonial por privación injusta de la libertad en
caso de verificarse que a la persona que estuvo privada de la libertad resultó
absuelta, para lo cual alega la “irretroactividad del precedente judicial”, no tienen
vocación de prosperidad, por las razones que se pasan a señalar.

En primer lugar, la sentencia SU-072 de 2018 la Corte Constitucional explicó que
«con independencia del régimen de responsabilidad estatal que utilice el juez
administrativo, la conducta de la víctima es un aspecto que debe valorarse y que
tiene la potencialidad de generar una decisión favorable al Estado, en otras palabras, que
puede generar una declaratoria de irresponsabilidad administrativa». Es decir, en
términos generales, la Corte Constitucional acepta que el juez del proceso de
reparación directa por privación de la libertad puede aplicar el régimen de
responsabilidad que mejor se ajuste al caso y que debe evaluar la conducta de la
víctima.

Que «determinar, como fórmula rigurosa e inmutable, que cuando sobrevenga la
absolución por no haberse desvirtuado la presunción de inocencia –aplicación del
principio in dubio pro reo-, o incluso en otros eventos, por ejemplo, cuando no se acreditó
el dolo, es decir, operó una atipicidad subjetiva, el Estado debe ser condenado de
manera automática, esto es, a partir de un título de imputación objetivo, sin que medie un
análisis previo que determine si la decisión a través de la cual se restringió
preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria,
transgrede un precedente constitucional con efecto erga omnes, concretamente la
sentencia C-037 de 1996».

Para la Corte, el artículo 90 Superior permite acudir tanto a la falla del servicio
como a un título de imputación objetivo, de esa manera, para decidir diferentes
casos ha matizado posturas rígidas afirmando que el daño antijurídico no
excluye la posibilidad de exigir la demostración de una actuación irregular
del Estado.

De ahí que, la única interpretación posible –en perspectiva judicial-- del artículo 68
de la Ley 270 de 1996 es que el mismo no establece un único título de
atribución y que, en todo caso, le exige al juez contencioso administrativo definir
si la decisión que privó de la libertad a un ciudadano se apartó de los criterios que
gobiernan la imposición de medidas preventivas, sin que ello implique la exigencia
ineludible y para todos los casos de valoraciones del dolo o la culpa del
funcionario que expidió la providencia, pues, será en aplicación del principio iura
novit curia 7, aceptado por la propia jurisprudencia del Consejo de Estado, que se
establezca cuál será el régimen que ilumine el proceso y, por ende, el deber
demostrativo que le asiste al demandante.

7 El juez conoce el derecho. En la sentencia T-577 de 2017 se entendió que: “corresponde al juez la aplicación

del derecho con prescindencia del invocado por las partes (…) la determinación correcta del derecho”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02262-01
Demandante: Duberney Vásquez Ramírez

De acuerdo con lo anterior, la Corporación precisó que, si bien la jurisprudencia
ha denominado el régimen de imputación de la falla del servicio como restrictivo,
comoquiera que exige un mayor esfuerzo probatorio por parte de quien solicita el
resarcimiento de perjuicios, esa condición no puede interpretarse como un
obstáculo para que el ciudadano reclame la indemnización del daño que no
estaba obligado a soportar, pues en manera alguna los regímenes de imputación
están diseñados para hacer más o menos accesible la administración de justicia
contencioso administrativa, sino para modular el ejercicio probatorio y, sobre todo,
para garantizar que la decisión que se adopte obedezca a criterios de necesidad,
razonabilidad y proporcionalidad de la medida de aseguramiento.

Que, aceptar que dicho régimen deba ser aplicado en algunos casos o, en otras
palabras, rechazar la idea de que se defina como fórmula inmutable de
juzgamiento del Estado un título objetivo, tampoco puede entenderse como la
flexibilización de la excepcionalidad que caracteriza las medidas preventivas
restrictivas de la libertad, en tanto la exigencia de una mayor rigurosidad
probatoria en un proceso de reparación directa es un asunto autónomo, que de
hecho se materializa con posterioridad al agotamiento del proceso penal y que por
esas razones no impone un criterio jurídico que deba observarse en otros
trámites.

De hecho, al referirse respecto de las características que debe tener una medida
de detención o prisión preventiva para ajustarse a las disposiciones de la
Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte Constitucional concluyó
que el desarrollo de esas condiciones, lleva implícitos razonamientos en relación
con la finalidad, idoneidad, la necesidad y proporcionalidad de la medida, a
la par del análisis de los elementos con vocación demostrativa; en otras palabras,
se precisa la valoración del juicio del operador jurídico a fin de establecer si sus
conclusiones acerca de la necesidad de imponer o solicitar la imposición de una
medida cautelar privativa de la libertad fue el resultado de un estudio probatorio
objetivo, esto es, si existió una motivación suficiente.

En suma, la Corte Constitucional estableció que la aplicación de cualquiera de los
regímenes de responsabilidad del Estado mantiene incólume la excepcionalidad
y los juicios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como la
presunción de inocencia que preceden a la imposición de una medida de
aseguramiento.

Dicho de otro modo, el análisis del juez de la responsabilidad atendió al
precedente judicial aplicable, conforme con el cual, debía verificarse que la
imposición de la medida de aseguramiento cumplió con los criterios de necesidad,
razonabilidad y proporcionalidad, señalados en precedencia, con independencia
de la razón por la que tuvo lugar la decisión de absolución en el proceso penal.

De ahí, que la autoridad judicial demandada procediera con el análisis de los
elementos probatorios arrimados al proceso, a fin de determinar si la medida de
aseguramiento impuesta contra el señor Vásquez Ramírez atendió los requisitos
legales para su imposición, entre ellos, la presencia de por lo menos dos indicios
graves de responsabilidad.

En segundo lugar, en punto a la “irretroactividad del precedente judicial”, tal
argumento tampoco tiene vocación de prosperidad, porque de la lectura de las
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Demandante: Duberney Vásquez Ramírez

providencias cuestionadas, se advierte que la autoridad judicial accionada acogió
la línea jurisprudencial imperante en el momento de proferirse la sentencia
ordinaria, la cual en todo caso encuentra respaldo en el precedente fijado por la
mayoría de las Subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de Estado 8,
postura que, a su vez, fue avalada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-
072 de 20189, tal como quedo expuesto.

Adicionalmente, en sentencia SU-406 de 2016 la Corte Constitucional precisó que
“(…) el cambio de una determinada posición jurisprudencial por el respectivo órgano de cierre,
implica una modificación en la interpretación jurídica, es decir, del contenido normativo de
determinada disposición y que, en atención al carácter vinculante general e inmediato del
precedente, determina la aplicación judicial -en el orden horizontal y vertical- del derecho
sustancial o procesal, según sea el caso (…)”.

De los defectos por desconocimiento del precedente judicial y fáctico en
relación con el informe de policía

Establecido lo anterior, la Sala encuentra los argumentos en que la parte actora
sustenta los defectos por desconocimiento del precedente judicial y fáctico en
relación con valor probatorio atribuido al informe de policía a efecto de realizar el
análisis de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida de
aseguramiento, no están llamados a prosperar, como se pasa a evidenciar.

De manera previa, la Sala encuentra necesario referirse a las motivaciones de la
decisión del 22 de octubre de 2021, objeto de cuestionamiento, en punto al
análisis del cumplimiento de los requisitos legales para la imposición de la medida
de aseguramiento, que, en lo pertinente, sostuvo:
“(…)

Y en lo atinente a la actuación judicial, el acta de audiencia preliminar de legalización de captura, formulación de
imputación y solicitud de medida de aseguramiento, adelantada por el Juzgado Segundo Penal Municipal de
Garantías de Dosquebradas el 17 de mayo de 2016 (Hoja 99 a 101 documento “Anexos.pdf”), consignó en el
control de legalidad de la captura y la solicitud de medida de aseguramiento como soporte de su
imposición como elementos materiales probatorios y evidencia física, las actas de incautación de
elementos, de registro y allanamiento, de derechos del capturado, tarjeta alfabética, verificación de derechos del
capturado, de individualización y arraigo, informe de campo de PIPH, antecedentes, álbum fotográfico, informes
ejecutivos suscritos por los policiales que realizaron el allanamiento y en especial por información recibida de
parte de un informante que aludía que al interior de un garaje ubicado en el barrio Campestre B del municipio de
Dosquebradas, se almacenaba para su distribución en los diferentes barrios de dicha localidad estupefacientes.

Es así como la imposición al actor, de la medida de aseguramiento de detención preventiva en el lugar de su
domicilio, por parte del Juez Segundo Penal Municipal de Garantías de Dosquebradas, estuvo acorde con los
presupuestos legales, con fundamento en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, el cual dispone:

“ARTÍCULO 306. Solicitud de Imposición de Medida de Aseguramiento. <Artículo modificado por el artículo 59
de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El fiscal solicitará al Juez de Control de Garantías
imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios
para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la
controversia pertinente.
Escuchados los argumentos del fiscal, el ministerio público, la víctima o su apoderado y la defensa, el juez
emitirá su decisión.
La presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva audiencia.
La víctima o su apoderado podrán solicitar al Juez de Control de Garantías, la imposición de la medida de
aseguramiento, en los eventos en que esta no sea solicitada por el fiscal. En dicho caso, el Juez valorará los
motivos que sustentan la no solicitud de la medida por parte del Fiscal, para determinar la viabilidad de su
imposición.”

8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección “A”. Sentencia del

25 de octubre de 2019. Radicación No. 25000-23-26-000-2011-01300-01(47518). M.P. Carlos Alberto
Zambrano Barrera; sentencia del 6 de febrero de 2020. Radicación 54001-23-31-000-2010-00421-01(54396).
M.P. Adriana Marín; subsección “C”. Sentencia del 27 de noviembre de 2017. Radicación No. 41001-23-31-
000-2000-00672-01(45999). M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
9 Con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas.

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Demandante: Duberney Vásquez Ramírez

Con fundamento en lo anterior, el Juez de Control de Garantías cumplió con la exigencia probatoria contemplada
en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal contenido en la Ley 906 de 2004, según la cual, “a petición
del Fiscal…decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física
recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado
puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga…” , toda vez que el actor en virtud de diligencia
de allanamiento y registro fue capturado en flagrancia pues al momento en q ue se disponía a salir del garaje
objeto de dicha medida, se encontró en su interior por parte de los funcionarios de policía judicial 13.045 gramos
de marihuana.

Con lo anterior, los elementos materiales probatorios y evidencia física al momento de la detención y las
diligencias de legalización de captura y medida de aseguramiento, permitían inferir razonablemente, para ese
momento, que el actor podía estar incurso en los hechos constitutivos del delito de tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes, tipificado en el artículo 376 del Código Penal, respectivamente:

(…)

Esta corporación judicial estima que los referidos elementos materiales de prueba sí respaldaban con suficiencia
y razonabilidad el decreto de la medida de aseguramiento impuesta, que permitían llevar al convencimiento del
juez de control de garantías, sobre la posible participación en el delito por parte del aquí demandante, y
sustentaron la necesidad y pertinencia de la imposición de la medida de detención preventiva en el lugar de s u
domicilio, ante la grave afectación a la sociedad con la conducta referente a la sustancia estupefaciente
incautada, por lo cual se dispuso la protección a la sociedad con la imposición de la medida de aseguramiento en
el lugar de domicilio del imputado en términos del artículo 307 literal A numeral 2° del CPP, como medida
adecuada, necesaria y proporcional.

En cuanto a este aspecto de la necesidad de la medida, el Tribunal encuentra justificada tal decisión para ese
momento del proceso penal, no solo en los elementos materiales probatorios para entonces allegados, sino en el
cumplimiento de los requisitos legales para su adopción como era la conducta (conservar estupefacientes)
tipificada en la norma que ha quedado transcrita y la condición de flagrancia en que fue sorprendido el
demandante, que hacían inferir razonablemente que el imputado podía ser autor o partícipe de la conducta
delictiva que se investigaba, cumpliéndose así con los presupuestos establecidos en el numeral 2º del artículo
30840 del CPP, es decir, que el imputado podía constituir un peligro para la seguridad de la sociedad, que como
bien lo estimó el juez penal al decretar la medida, ese peligro para la comunidad devenía de la gravedad y
modalidad de la conducta (flagrancia), y como circunstancia adicional “la posible continuidad en la actividad por
parte del procesado y su probable vinculación con una organización criminal”. De este modo concurrían los
presupuestos de necesidad establecidos para el decreto de la medida en los términos de l artículo 31041 del
CPP, vigente para la época (mayo 2016), máxime cuando la cantidad de droga incautada -marihuana- era
considerable (13.045 gramos), lo que en su
momento podía llevar a inferir como elemento adicional para su decreto y que, seguramente, llevó al juez de
garantías a inferir la probable vinculación del actor a una organización criminal, dado que el informante aludía a
que en dicho lugar se almacenaba estupefacientes para su posterior distribución.

Dichos elementos materiales probatorios que puso a disposición la Fiscalía General de la Nación y que la Juez
Segunda Penal Municipal de Dosquebradas, al resolver la solicitud de la medida de aseguramiento de detención
preventiva en centro carcelario, analizó para adoptar la decisión de imponer la misma pero en el domicilio del
imputado, a juicio de esta Corporación, fueron en su momento suficientemente razonables y de ellos se podía
inferir la posible comisión de la conducta punible, y la posible autoría del hecho delictivo por parte del Duberney
Vásquez, analizando incluso para su imposición la inexistencia de antecedentes penales de su parte y el arraigo
del mismo como padre de familia, lo que incluso la condujo a imponerle una medida menos gravosa de la
solicitada.

(…)”. (se destaca)

Como se anticipó, la parte actora aduce desconocido el precedente judicial de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, en relación con el informe de policía a
efecto de ser tenido en cuenta como indicio para la imposición de la medida de
aseguramiento, para lo cual invoca desconocidas las sentencias del: (i) del 20 de
febrero de 2020, expediente con radicado número 76001-23-31-000-2010-00877-
01 (48313), Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y, (ii) del 19 de
junio de 2020, expediente con radicado número 76001-23-31-000-2011-01813-
01(57353), Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

Al respecto, es necesario precisar que, vistos los precedentes judiciales que la
parte actora señala como desconocidos, en efecto, las distintas Subsecciones de
la Sección Tercera del Consejo de Estado han señalado que «los informes de
policía pueden servir como criterio orientador de las investigaciones, pero no tiene en sí
mismo valor probatorio».

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Demandante: Duberney Vásquez Ramírez

Sin embargo, de la misma lectura de esas providencias, es posible advertir, en
primer lugar, que en esos casos tal postura se encuentra sustentada en el artículo
314 de la Ley 600 de 2000, según el cual, «la policía judicial podrá antes de la
judicialización de las actuaciones y bajo la dirección y control del jefe inmediato, allegar
documentación, realizar análisis de información, escuchar en exposición o entrevista a
quienes considere pueden tener conocimiento de la posible comisión de una conducta
punible. Estas exposiciones no tendrán valor de testimonio ni de indicios y sólo
podrán servir como criterios orientadores de la investigación» y, en segundo lugar,
que los informes a que hace referencia dicha disposición son informes de policía
judicial.

Ahora, como lo había precisado esta Sala 10, dado que la Ley 906 de 2004,
régimen bajo el cual se tramitó el proceso penal al que fue vinculado el señor
Duberney Vázquez Ramírez, no existe una norma que reproduzca el contenido
del artículo 314 de la Ley 600 de 2000, norma semejante o que indique que niega
la posibilidad de valorar informes de policía judicial o de atribuirles la condición de
«criterios orientadores de la investigación», no es procedente aplicar un
precedente judicial cuyo fundamento jurídico es distinto, básicamente porque para
los casos de la Ley 906 esa restricción es inexistente y, por ende, las razones y
fundamento de la decisión han de ser distintos.

Esta Sección 11, en anterior oportunidad, puso de presente que «(…) si bien la
Sección Tercera del Consejo de Estado ha manifestado de manera reiterada que los
informes de Policía Nacional ya sean de vigilancia, inteligencia o de campo, no tienen
valor probatorio alguno como prueba autónoma en los casos en el que las labores previas
de verificación al proceso penal se adelantan en vigencia de la Ley 600 del 2000, en tanto
hay norma expresa en ese sentido, lo cierto es que no ocurre lo mismo respecto a los
procesos tramitados con la Ley 906 de 200412, los cuales se rigen por el principio de
libertad probatoria13».

Así lo explicó la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en auto del
16 de abril de 2015, expediente número 44557 y providencia número AP1941-
2015, en los siguientes términos:
“(…)

El apoderado judicial de CMJO sostuvo que los informes de policía judicial carecen de la connotación de
medios de conocimiento y, por lo mismo, no pueden ser valorados a efectos de decidir sobre la vi abilidad de
afectar los bienes con las medidas cautelares reclamadas. Ese criterio fue acogido por la funcionaria a quo, que
consideró, con fundamento en providencias proferidas por esta Corporación en los procesos radicados 24954,
32237, 30987 y 32597, que efectivamente dichos documentos no tienen esa naturaleza, sino que constituyen
criterios orientadores de la investigación.
(…)
En tal sentido, lo primero que debe decirse es que las providencias proferidas por la Corte que fueron invocadas
por la Magistrada a efectos de sustentar la tesis según la cual dichos informes no tienen la condición de medios
de prueba no son aplicables al presente asunto. Lo anterior, porque las cuatro decisiones referidas por la
juzgadora fueron proferidas en trámites adelantados bajo los lineamientos de la Ley 600 de 2000 .

10 Ver, sentencia del 31 de marzo de 2022, expediente número: 11001-03-15-000-2022-00481-00, Sección

Cuarta del Consejo de Estado. M.P. Milton Chaves García.
11 Ver, sentencia del 2 de diciembre de 2021, expediente número: 11001-03-15-000-2021-05367-01, Sección

Cuarta del Consejo de Estado. M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
12 Ley 906 DE 2004. “Artículo. 373.- Libertad. Los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta

del caso, se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este código o por cualquier otro
medio técnico o científico, que no viole los derechos humanos”
13 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 18 de enero de 2017, exp. No. 43879,

M.P.: José Francisco Acuña Vizcaya.
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Demandante: Duberney Vásquez Ramírez

En esa codificación, concretamente en el artículo 314, se señala de manera expres a que las exposiciones o
entrevistas de personas recogidas por funcionarios de policía judicial en informes «no tendrán valor de testimonio
ni de indicios y sólo podrán servir como criterios orientadores de la investigación».

Por el contrario, en la Ley 906 de 2004, que es la aplicable al trámite de Justicia y Paz en los asuntos no
regulados en atención al principio de complementariedad consagrado en el artículo 62 de la Ley 975 de 2005, no
existe una norma que niegue la posibilidad de valorar dichos informes ni les atribuya la condición de
«criterios orientadores de la investigación».

(...)”.

Igualmente, se precisa que, esta Sala, en sentencia del 15 de julio de 2021,
sostuvo que «la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de manera
pacífica, ha aceptado que los informes y razonamientos de los agentes de Policía Judicial
no tienen valor probatorio frente a la responsabilidad penal del procesado y, en esa
medida, no se pueden tener como fundamento de la imposición de una medida de
aseguramiento. De manera que será injusta la detención preventiva que se fundamente
en estos informes»14, tal caso tuvo origen en un proceso penal tramitado en
vigencia de la Ley 600 de 2000, conclusión que sí encontró fundamento en la
citada jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, que, por lo
tanto, tampoco puede ser considerado un precedente judicial desconocido.

Entonces, de acuerdo con las circunstancias fácticas que se enmarcan en el
presente caso, no se encuentran configurados los defectos fáctico y por
desconocimiento del precedente judicial que la parte actora aduce con
fundamento en que el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de
Decisión, tuvo como indicio el informe de policía en el análisis de legalidad que
efectuó sobre la imposición de la medida de aseguramiento y, por ende, la
conclusión, según la cual, la medida de aseguramiento atendió a los requisitos
legales para su imposición y los criterios de necesidad, razonabilidad y
proporcionalidad, se encuentra debidamente sustentada.

Sumado a lo anterior, de la transcripción hecha en precedencia de las
motivaciones de la sentencia cuestionada, se observa que la conclusión del
Tribunal Administrativo de Risaralda, en relación con la necesidad,
proporcionalidad y razonabilidad de la medida de aseguramiento no solo tuvo en
cuenta el referido informe de policía, sino que, para llegar a esa conclusión, valoró
los demás elementos probatorios que se relacionaron por la Rama Judicial, para
efecto de imponer dicha medida, específicamente,las actas de incautación de
elementos, de registro y allanamiento, de derechos del capturado, tarjeta
alfabética, verificación de derechos del capturado, de individualización y arraigo,
informe de campo de PIPH, antecedentes, álbum fotográfico, informes ejecutivos
suscritos por los policiales que realizaron el allanamiento y en especial por
información recibida de parte de un informante que aludía que al interior de un
garaje ubicado en el barrio Campestre B del municipio de Dosquebradas.

En tal sentido, se encuentra resuelto el problema jurídico planteado, las
autoridades judiciales demandadas no incurrieron en los defectos alegados y, en
esa medida, se impone confirmar la decisión de primera instancia del 3 de junio
de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, objeto de
impugnación.

14 Ver, sentencia del 15 de julio de 2021, Expediente Nro. 11001-03-15-000-2021-00238-01. M.P. Myriam
Stella Gutiérrez Argüello
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Demandante: Duberney Vásquez Ramírez

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Confirmar la decisión de primera instancia proferida 3 de junio de 2022 por el
Consejo de Estado, Sección Primera.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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