Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-00238-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-00238-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2021-00238-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Argüello
15 de julio de 2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / FALTA DE VALOR PROBATORIO DEL INFORME DE POLICÍA JUDICIAL / CONFIGURACIÓN DE DEFECTO FÁCTICO – Se valoraron pruebas descartadas por el juez penal / EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD / HECHO DE UN TERCERO – No acreditado / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA LA IMPOSICIÓN DE RESTRICCIÓN DE LA LIBERTAD – Razonabilidad
Como se observa, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de manera pacífica, ha aceptado que los informes y razonamientos de los agentes de Policía Judicial no tienen valor probatorio frente a la responsabilidad penal del procesado y, en esa medida, no se pueden tener como fundamento de la imposición de una medida de aseguramiento. De manera que será injusta la detención preventiva que se fundamente en estos informes. (…) Para hallar solución a esta cuestión conviene acudir a la sentencia del 8 de febrero de 2017, en la cual la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado al analizar un asunto de privación injusta de la libertad, expuso que en atención al valor probatorio que el artículo 314 de la Ley 600 del 2000 otorgó a estas documentales, no pueden ser tenidas en cuenta para sustentar la eximente de responsabilidad del hecho de un tercero. (…) En la sentencia citada, se descartó la prosperidad de la eximente de responsabilidad del hecho de un tercero, por dos motivos: el primero, es que el ente investigador no está atado al contenido del informe de Policía Judicial para imponer la medida de aseguramiento, sino que es su deber fundamentar su decisión en el cumplimiento de los requisitos legales (art. 356 Ley 600). El segundo, es que los informes de Policía Judicial no constituyen medio probatorio, pues la Ley define su alcance en el sentido de indicar que sólo sirven como criterios orientadores de la investigación. (…) En esa medida y con base en la jurisprudencia contenciosa citada, se tiene que, por regla general, los informes de Policía Judicial no pueden ser tenidos en cuenta para justificar la razonabilidad de la medida de aseguramiento ni para fundamentar la configuración de la eximente de responsabilidad del hecho determinante de un tercero en asuntos de privación injusta de la libertad. (…) De conformidad con lo indicado, la Sala observa que el argumento del a quo en relación con el valor probatorio de los informes de policía judicial dentro de la fase de instrucción previa está acorde con la normativa y jurisprudencia aplicable, por lo que no hay lugar a modificar o revocar en este punto la providencia de tutela de primera instancia. (…) la Sala considera que también asistió razón al a quo al advertir que a los señalamientos del señor Parra Serrato no se les otorgó fuerza de convicción en ninguna de las instancias del proceso penal en razón a la debilidad de la calidad y fiabilidad de su dicho, cuestión que fue fácilmente identificada por los jueces penales en cada una de las instancias. Esta era una cuestión que no podía ser desconocida por la autoridad judicial accionada a la hora de fundamentar su decisión. (…) Finalmente, aunque en la impugnación la Fiscalía pretendió reivindicar la razonabilidad de la medida de aseguramiento que dictó en contra del señor [J.M.V.V.] y, en consecuencia, la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, lo cierto es que no expuso razonamiento que de manera concreta legitimara los insumos que sirvieron a la autoridad judicial accionada para fundamentar su decisión.
FUENTE FORMAL: LEY 600 DEL 2000 – ARTÍCULO 314.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera ponente: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00238-01(AC)
Actor: JULIÁN MAURICIO VANEGAS VALBUENA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
a Sala decide la impugnación interpuesta por la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia del 19 de marzo de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección B, que resolvió:
PRIMERO: ÁMPARANSE los derechos fundamentales solicitados por los accionantes, por las razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia del 11 de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
TERCERO: ORDÉNASE al Tribunal Administrativo de Antioquia que en el término de veinte (20) días, profiera una decisión de reemplazo en la que se valore la legalidad o ilegalidad de la medida de aseguramiento, de conformidad con los artículos 355, 356 y 357 de la Ley 600 de 2000. Valoración que deberá hacerse en conjunto con todas las pruebas.”
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 18 de enero de 2021, los señores Julián Mauricio Vanegas Valbuena y Yuliana Salazar Alzate actuando en nombre propio y representación de su hijo menor Danilo Vanegas Salazar; así como por los señores Joaquín Vanegas Luna, Martha Yaneth Valbuena González, Lissa Nicole Vanegas Valbuena y Diego Fernando Vanegas Valbuena promovieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, buena fe, derecho de defensa, presunción de inocencia y acceso a la administración de justicia.
En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
“Solicito, Señor Juez, TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, LIBRE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA IGUALDAD, BUENA FE, vulnerados a los accionantes, con la decisión adoptada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, al proferir la sentencia de segunda instancia fechada el día 11 de agosto de 2.020, por medio de la cual se revocó la sentencia de primera instancia estimatoria de las pretensiones proferida por el Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Medellín, el día 16 de noviembre de 2017, con fundamento en la declaratoria oficiosa de la excepción del hecho exclusivo y determinante de un tercero, y en consecuencia niega las pretensiones de la demanda. Como consecuencia de lo anterior, solicito lo siguiente:
Se DEJE SIN EFECTOS ni validez la sentencia de segunda instancia, proferida el día 11 de agosto de 2.020, por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, dentro del proceso reparación directa radicado con el Número 050013333-030-2014-00526-01, instaurado por el señor JULIAN MAURICIO VANEGAS VALBUENA y su grupo familiar, por la injusta privación de la libertad de que fue víctima, en contra de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en consecuencia, DISPONER que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, dentro del término que fije su despacho, expida una nueva sentencia, en ese mismo proceso, siguiendo los lineamientos indicados por su despacho, declarando la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada por la privación injusta de la libertad padecida por el señor Vanegas Valbuena, y en consecuencia se le condene al pago de todos los perjuicios causados, confirmando la sentencia de primera instancia, por no estar probado el hecho determinante y excluyente del tercero, además por la ilegalidad, desproporcionalidad, y arbitrariedad de la medida de aseguramiento impuesta sin el lleno de los requisitos exigidos por la ley.”
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. La Fiscalía 94 Especializada ante la SIJIN de Antioquia abrió investigación con ocasión de un informe de la Unidad Investigativa de la Policía Nacional que alertaba sobre la existencia de una banda de narcotráfico que operaba en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro.
En razón a la investigación adelantada, la Fiscalía 10 delegada de la Unidad Nacional de Antinarcóticos y de Interdicción Marítima abrió investigación en contra del señor Julián Mauricio Vanegas Valbuena y otros, por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.
En el curso del proceso, ordenó vincular al hoy accionante mediante indagatoria y dispuso su captura. Esta última orden se concretó el 28 de noviembre de 2007, fecha en la que fue privado de su libertad. Posteriormente, el 13 de diciembre de 2007, la fiscal décima impuso medida de aseguramiento en contra del señor Vanegas Valbuena.
En sentencia del 6 de septiembre de 2010, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia profirió sentencia absolutoria, en aplicación del principio in dubio pro reo. La decisión fue confirmada en segunda instancia, por sentencia del 2 de febrero de 2012, dictada por el Tribunal Superior de Antioquia- Sala Penal.
2.2. Debido a lo anterior, en ejercicio del medio de control de reparación directa el señor Julián Mauricio Vanegas Valbuena y su grupo familiar presentaron demanda contra la Fiscalía General de la Nación para que se declarara su responsabilidad administrativa y, para que se le condenara al pago de la indemnización derivada de los perjuicios causados con ocasión de la privación injusta de la libertad de la que alega haber sido objeto el actor.
2.3. Del asunto conoció en primera instancia, el Juzgado 30 Administrativo del Circuito de Medellín que, en sentencia del 16 de noviembre de 2017 declaró la responsabilidad de la entidad demandada y la condenó al pago de los perjuicios de orden material e inmaterial.
La decisión se fundamentó en la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad para eventos en que el daño se origina en la privación de la libertad, de conformidad con las subreglas establecidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 17 de octubre de 2013, proferida dentro del expediente Nro. 23.354.
2.4. La parte demandada interpuso recurso de apelación en el que argumentó que en el caso concreto no debió aplicarse el régimen objetivo de responsabilidad, sino el subjetivo. En esa vía, dijo que la detención preventiva del investigado se dictó en acatamiento de los presupuestos que la ley exige para tal fin.
El Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Cuarta de Decisión conoció del proceso en segunda instancia. El 11 de agosto de 2020, profirió sentencia en la que revocó la decisión de primera instancia para, en su lugar, declarar probada la excepción del hecho exclusivo y determinante de un tercero.
Luego de analizar algunos medios de prueba aportados al proceso, principalmente documentales, expuso que la captura de Julián Mauricio Vanegas Valbuena y la imposición de la medida de aseguramiento fueron consecuencia de la incriminación que de él hicieron varias personas.
3. Fundamentos de la acción
Los accionantes consideran que la sentencia del 11 de agosto de 2020, proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia adolece de defecto fáctico, desconocimiento del precedente judicial y violación directa a la constitución.
3.1. En relación con el defecto fáctico, indican que las pruebas que tuvo en cuenta la Fiscalía General de la Nación para imponer la medida de aseguramiento no tienen la calidad de pruebas indiciarias, sino que estos informes “solo son un criterio orientador de la investigación”. Así mismo se destacó que la autoridad que impuso la medida de aseguramiento no cumplió con la obligación de sustentar la decisión en dos indicios graves ni con adelantar el juicio de necesidad de la medida privativa de la libertad, como lo exige el artículo 356 de la Ley 600 del 2000.
Advirtieron que la declaración de la eximente de responsabilidad del hecho exclusivo de un tercero estuvo fundamentada en las declaraciones de los señores Carmona Gallego y Parra Serrato que habían sido descalificadas por el juez penal. Agregaron, que estas declaraciones estaban preparadas para involucrar al señor Vanegas Valbuena, bajo la promesa de importantes beneficios, como asilo en Estados Unidos. Pero ante el incumplimiento de las prebendas, los declarantes en audiencia y ante la fiscal manifestaron “que no contara más con él porque le habían incumplido las promesas, lo que significa que la Fiscalía tenía pleno conocimiento de este montaje de este falso positivo, no pudiendo ahora pretender liberarse de su responsabilidad atribuyendo o desplazándola a un testigo que la policía, la DEA y la Fiscalía fabricaron”.
3.2. Frente al defecto por desconocimiento del precedente judicial alegan que la autoridad judicial accionada desconoció la sentencia del Consejo de Estado del 8 de marzo de 2017, proferida dentro del expediente Nro.45.460.
En esta providencia se indicó que las acusaciones formuladas por víctimas o terceros en el curso de la investigación penal “no pueden considerarse como eximentes de responsabilidad en eventos como el analizado, toda vez que carecen de los elementos requeridos para el particular, tales como, entre otros, los de ser una causa directa y extraña de daño”.
3.3. Finalmente, manifestaron que la decisión cuestionada incurrió en defecto por violación directa a la Constitución en tanto desconoce su derecho a la igualdad porque la decisión difiere de otras con situación fáctica idéntica en las que sí se concedieron las pretensiones de la demanda.
Advirtieron que los procesos con radicado No. 05001-23-31-000-2012-00846-00; 05001-23-31-000-2012-00867-00 y 05001-33-33-011-2013- 00204-00 al igual que la reparación directa que adelantaron los accionados por la privación de la libertad del señor Vanegas Valbuena tienen un origen común e iguales pruebas.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. El 3 de febrero de 2021, el a quo admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia; vinculó en calidad de terceros con interés al Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Medellín, autoridad que decidió en primera instancia el proceso de reparación directa, y a la Nación - Fiscalía General de la Nación, demandada dentro del mismo, y, en calidad de interviniente, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Finalmente, dispuso que se surtieran las notificaciones respecto de las partes e intervinientes.
4.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia y la Fiscalía General de la Nación fueron debidamente notificados de la presente tutela; sin embargo, guardaron silencio.
5. Providencia impugnada
En sentencia del 19 de marzo de 2021, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado amparó los derechos invocados por la parte accionante, por considerar que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en defecto fáctico. Como fundamento de su decisión expuso las siguientes razones:
El juez de la reparación extracontractual otorgó calidad de indicio a las interceptaciones relacionadas en los informes de policía, pero no podían apreciarse con ese alcance dado que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha indicado que estos informes no pueden ser utilizados como evidencia de la responsabilidad penal de la persona implicada en ellos;
Las acusaciones formuladas por los señores Carmina Gallego y Parra Serrato no podían ser tenidas en cuenta, a efectos de eximir la responsabilidad del Estado, porque estas pruebas fueron descartadas por el juez penal.
El tribunal no evaluó la legalidad y necesidad de la medida de aseguramiento de conformidad con los presupuestos de los artículos 355, 356 y 357 de la Ley 600 del 2000.
En la providencia en la que se impuso la medida no se analizó su necesidad ni los indicios graves que la justificaban. Afirmó que “las consideraciones resultan precarias de cara a establecer la legalidad de la medida de aseguramiento y revelan que el tribunal incurrió en un defecto fáctico porque omiten el análisis de dicha decisión y su conformidad o no con los requisitos que le son exigibles, esto es, los artículos 355, 356 y 357 de la Ley 600 de 2000.”
6. Impugnación
La Fiscalía General de la Nación y el Tribunal Administrativo de Antioquia impugnaron la decisión de tutela de primera instancia.
El a quo concedió el recurso de la Fiscalía, pero rechazó por extemporáneo el que interpuso la autoridad judicial accionada.
La Dirección de Asuntos Jurídicos del ente investigador, pidió que se revocara el amparo concedido en primera instancia, porque la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia atendió a los parámetros legales y procedimientos establecidos para eventos de responsabilidad extracontractual del Estado derivados de escenarios de privación de la libertad. Esta consideración estuvo fundamentada en los siguientes argumentos:
La autoridad judicial accionada adoptó la decisión de conformidad con el acervo probatorio allegado al proceso y declaró la configuración de la eximente de responsabilidad del Estado, tal y como lo permiten las sentencias C-037 de 1996 y SU 072 de 2018.
La medida de aseguramiento que se impuso al señor Vanegas Valbuena derivó de la plena identificación que de él hicieron funcionarios de la Policía de Rionegro al calificarlo como miembro de una organización criminal dedicada al narcotráfico.
La decisión de imponer medida de aseguramiento al señor Vanegas Valbuena no desbordó los criterios de racionalidad inherente a la adopción de este tipo de decisiones, comoquiera que había pruebas que comprometían su responsabilidad frente a los delitos imputados. “El Tribunal Administrativo de Antioquia, analizó que la privación provino del cumplimiento de deberes constitucionales y legales y de la materialización de las disposiciones procedimentales contempladas para los casos en los que se cuenta con material probatorio que permita inferir razonablemente la posible autoría o participación de una persona en un hecho punible (…)”
Estimó pertinente relacionar, entre otros, el siguiente aparte de la defensa expuesta en el curso del proceso ordinario:
“no se evidenció error en la providencia que impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, pues la decisión se basó en pruebas que satisfacían en su momento los requisitos del Código de Procedimiento Penal, de manera que no se hubiere demostrado falla en el servicio de parte de la entidad, ni mucho menos un error judicial, pues la medida era una carga que el actor estaba en la obligación de soportar por existir circunstancias que era necesario investigar. (…) no se está frente a un régimen de responsabilidad objetivo, porque en ningún momento la providencia penal que decretó la absolución del actor, transformó la medida de aseguramiento en arbitraria o lo que es lo mismo, la presunción de injusta privación de la libertad, no tuvo el efecto de desvirtuar que la medida de aseguramiento hubiere sido el resultado de un indicio grave de responsabilidad.”
Los accionantes no expusieron la carga probatoria requerida para que proceda la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que pretenden los actores es retrotraer las etapas procesales de un asunto ya concluido “para establecer confusión y proyectar que se trasgreden derechos fundamentales”.
7. Oposición a la impugnación
Los accionantes presentaron escrito de réplica frente a la impugnación, en el que solicitaron “CONFIRMAR EN TODAS SUS PARTES la sentencia proferida el día 19 de marzo de 2021, por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.”
Entre otros argumentos, señalaron que la Fiscalía General de la Nación se limitó a relacionar citas jurisprudenciales que no guardan relación alguna con el asunto que se analiza. La argumentación del escrito es general y no refiere de manera específica a la ratio de la sentencia de tutela.
No le asiste razón al ente investigador cuando indica que la sentencia de reparación directa se hubiere fundamentado en las sentencias de la Corte Constitucional mencionadas ni en el material probatorio del proceso. El Tribunal Administrativo de Antioquia omitió el análisis de la razonabilidad y legalidad de la medida privativa de la libertad de cara a los requisitos que establecía el código de procedimiento penal vigente. Ninguna referencia hizo frente a la configuración de los dos indicios graves exigidos para su imposición.
Recordó que el eximente de responsabilidad fue declarado con fundamento en informes de policía judicial y entrevistas que por mandato del artículo 314 de la Ley 600 del 2000 no tienen el estatus de prueba, sino apenas de criterio orientador de la investigación. Agregó que las pruebas relacionadas por el Tribunal para sustentar su decisión fueron descartadas en el proceso penal por el juez de la causa.
Al sustentar la medida de aseguramiento la Fiscalía le atribuye al investigado los indicios de mentiras y falsa justificación, a pesar de que el señor Vanegas Valbuena no rindió indagatoria sobre los hechos, porque se acogió a su derecho de guardar silencio.
También está demostrado el defecto fáctico relativo a la omisión de sustentación de la necesidad de la medida que deriva de la lectura de la Resolución del 13 de diciembre de 2007.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso.
Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso
3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y concretamente los argumentos del escrito de impugnación, corresponde a la Sala establecer si le asistió o no razón al juez de tutela de primera instancia al amparar los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, y si la medida de aseguramiento de que fue objeto el señor Julián Mauricio Vanegas Valbuena, atendió a los criterios de razonabilidad y legalidad exigidos por el código procesal penal aplicable al caso sub examine
4. Análisis de los argumentos propuestos en la impugnación
4.1. Dado el alegato de que la acción de tutela no supera el requisito de la relevancia constitucional, sino que se promueve con la intención de retrotraer etapas procesales ya surtidas, conviene recordar que la jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento.
Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T–248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
Así bien, tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales, corresponde al juez de tutela verificar que la controversia propuesta suponga un verdadero cuestionamiento a la sentencia del juez natural, y no simplemente que este mecanismo constitucional se utilice como si se tratara de una instancia judicial adicional a las previstas para el proceso ordinario.
4.2. A juicio de la Sala, el escrito de tutela cumplió con el deber de motivación dirigido a explicar las razones que sustentan la vulneración de derechos fundamentales y de ubicarlas en las causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Los accionantes advirtieron que el juez de la reparación en segunda instancia expuso un juicio probatorio que no atendió al estándar exigido en la norma para imponer medida de aseguramiento y soslayó las exigencias jurisprudenciales para proceder con el análisis de la razonabilidad y necesidad de la medida de detención preventiva.
La motivación de la acción de tutela no evidencia una reiteración de los alegatos presentados en el curso del proceso de reparación directa ni un simple desacuerdo con el sentido de la decisión. Por el contrario, la parte actora expone de manera objetiva las razones por las que estima que la providencia vulneró sus derechos fundamentales.
Así que, se acoge lo indicado por el juez de tutela de primera instancia al concluir que el asunto tiene relevancia constitucional. Además, se precisa que la motivación del escrito de tutela no evidencia que se hubiera interpuesto con el propósito de retrotraer actuaciones o instancias judiciales.
4.3. Ahora, en cuanto al fondo del asunto, la Fiscalía General de la Nación expuso que la medida de aseguramiento en el curso del proceso penal se dictó atendiendo a parámetros de razonabilidad a la luz del material probatorio que comprometía la responsabilidad penal del investigado. Agregó que, en la imposición de la medida, la autoridad atendió a las exigencias del Código de Procedimiento Penal aplicable al caso.
En esa vía, considera que la medida de privación de la libertad era una carga que el investigado estaba en la obligación de soportar, en razón a las circunstancias que acreditaban la necesidad de la decisión.
Con estos alegatos, se sustenta el disenso y solicitud de revocatoria de la sentencia de tutela de primera instancia. Así que, para decidir sobre su vocación de prosperidad pasa la Sala a contrastarlos con lo indicado por el juez constitucional para declarar configurado el defecto fáctico.
4.4. Uno de los argumentos que sustentaron la decisión de amparo adoptada por el a quo refiere a que la autoridad judicial accionada atribuyó a las interceptaciones contenidas en los informes de policía judicial la calidad de indicios para justificar la imposición de la medida de aseguramiento. No obstante, el a quo precisó que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, estas interceptaciones no tienen valor probatorio en sí mismo por lo que no pueden constituir evidencia de la responsabilidad penal del implicado.
Al consultar la sentencia de reparación directa que se acusa, se observa que el Tribunal Administrativo de Antioquia indicó que la orden de captura y la medida de aseguramiento proferidas en contra del señor Mauricio Vanegas Valbuena fueron producto de la incriminación que de él hicieron, de una parte, un funcionario de la Policía Judicial que en informe del 24 de octubre de 2007 lo señaló como integrante con rol preponderante de una organización de narcotráfico, conclusión a la que llegó a partir de interceptaciones telefónicas y, de otra, el señor Mauricio Parra Serrato en entrevista rendida ante la policía judicial de Rionegro.
En la sentencia acusada, se lee:
“Por ello, al margen de que el señor Julián Vanegas Valbuena, lograra la emisión de una decisión absolutoria de la responsabilidad penal endilgada por la Delegada de la Fiscalía General de la Nación, por los delitos (…), luego de considerar el Juez Adjunto al Primero Penal del Circuito de Antioquia y la Sala Penal de Descongestión que no podía emitir sentencia condenatoria con base en exclusivas pruebas que solo ofrecían dudas sobre la responsabilidad del actor, lo cierto es que fue la plena identificación y reconocimiento como partícipe de la actividad de narcotráfico que hicieron (…) Subintendente y funcionario de la Policía Judicial de Rionegro y Mauricio Parra Serrato.”
Es pertinente en este punto recordar que, en la Resolución del 13 de diciembre de 2007, la fiscal 10 de la Unidad Nacional de Fiscalías de Antinarcóticos y de Interdicción Marítima resolvió la situación jurídica del señor Vanegas Valbuena y le impuso medida de aseguramiento. En la página 18 de la providencia, se evidencia en efecto que el informe suscrito por un funcionario de policía judicial, fechado del 24 de octubre de 2007 fue considerado para imponer la medida de aseguramiento.
Se destaca el aparte pertinente de la Resolución:
“APORTES SUMARIALES:
1.- Informes policiales suscritos, por el capitán BERNARDO ALONSO RIOS ORTIZ (…) y los informes obrantes en el cuaderno anexo 5, en los cuales se reseñan las actuaciones surtidas a partir de la apertura de la instrucción previa (…)
2.- Interceptaciones telefónicas (…)
3.- Declaración rendida por el capitán BERNARDO ALONSO RIOS ORTIZ, actuación en la cual hace una breve referencia a la noticia criminal, las labores de policía judicial adelantadas con base en ella y la identificación de los presuntos partícipes de los episodios investigados.
4.- Diligencias de descargos en las cuales (…) JULIÁN MAURICIO VANEGAS VALBUENA, JOSE IGNACIO JARAMILLO ACEVEDO (…) se acogieron al derecho constitucional a guardar silencio.
(…)
3.- JULIÁN MAURICIO VANEGAS VALBUENA
De acuerdo al informe de octubre 24 del año en curso, (…) se asigna un rol importante en la organización situada en el aeropuerto en mención, al punto que se afirma que durante su periodo de vacaciones en el mes de noviembre de 2006, la red había frenado sus actividades tal como se deduce del control telefónico captado en el abonado celular usado por HUMBEIRO (…) en el cual dialoga con ELKIN, en el que se dice “Estor (sic) aquí está muerto… ESPERANDO A QUE VENGA VANEGAS,” (…)
Igualmente se tiene la comunicación número 225 del 29 de noviembre de 2.006, captada en el mismo abonado móvil (…) en el que se hace alusión a “este muchacho V” (…)
Se concluyó que formaba parte de la red investigada, tras la interpretación y análisis de las siguientes interceptaciones telefónicas (…).”
Tal como lo indicó el a quo la jurisprudencia del Consejo de Estado, en asuntos de responsabilidad extracontractual por privación de la libertad, ha indicado que los informes de inteligencia de policía judicial suscritos en virtud de las labores de instrucción previa no tienen valor probatorio, sólo constituyen criterio orientador de las investigaciones.
Recuérdese que el artículo 314 de la Ley 600 del 2000, aplicable al caso que se analiza, establece que: “La policía judicial podrá antes de la judicialización de las actuaciones y bajo la dirección y control del jefe inmediato, allegar documentación, realizar análisis de información, escuchar en exposición o entrevista a quienes considere pueden tener conocimiento de la posible comisión de una conducta punible. Estas exposiciones no tendrán valor de testimonio ni de indicios y sólo podrán servir como criterios orientadores de la investigación.”
Ahora, relativo al poder probatorio de los informes de policía judicial en el curso del proceso penal, la Subsección C de la Sección Tercera, que al respecto en sentencia del 7 de octubre de 2020, expuso:
“[L]a decisión adoptada el 28 de enero de 2009 se fundó en los informes de policía 4169 del 31 de julio de 2007, 873438-21 del 31 de diciembre de 2007, 873438-40 del 14 de marzo de 2008 y 831 del 30 de septiembre de 2008 (…). Sin embargo, es menester destacar que estos documentos solo sirven como criterios orientadores de la investigación, y no tiene valor probatorio, tal y como lo dispone el artículo 314 de la Ley 600 de 2000 y como lo ha sostenido esta Corporación en reiterados pronunciamientos.
En vista de lo expuesto, se constata que la medida cautelar no fue legalmente impuesta, pues no cumplió con las exigencias mínimas dispuestas en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, lo que a la postre tornó la detención del investigado en injusta, dado que la providencia mediante la cual se impuso medida de aseguramiento en contra del hoy demandante no contaba con el sustento probatorio que exige el ordenamiento penal.”
En la misma línea, la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación en sentencia del 4 de septiembre de 2020, indicó que:
“16.- Con la resolución del 11 de febrero de 2004, mediante la cual la Fiscalía 7ª Delegada – Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos definió la situación jurídica del demandante y le impuso la medida de aseguramiento (…)
17.- Los anteriores medios de convicción no permitían construir dos indicios graves de la responsabilidad penal de Josué Arístides Prieto Sopo porque:
17.1.- En atención a lo dispuesto en el artículo 314 de la Ley 600 de 2000, la Fiscalía no podía inferir un indicio de responsabilidad a partir del informe de policía mediante el cual los demandantes fueron puestos a disposición del ente acusatorio. Lo anterior, debido a que esta norma disponía que «la policía judicial podrá antes de la judicialización de las actuaciones y bajo la dirección y control del jefe inmediato, allegar documentación, realizar análisis de información, escuchar en exposición o entrevista a quienes considere pueden tener conocimiento de la posible comisión de una conducta punible. Estas exposiciones no tendrán valor de testimonio ni de indicios y sólo podrán servir como criterios orientadores de la investigación». En este caso es evidente que el razonamiento hecho y expuesto por los agentes de la policía para considerar al sindicado como involucrado en la comisión de un delito y proceder a su captura, no podía justificar su decisión por parte de la Fiscalía.” (Subraya la Sala)
Esta tesis también es compartida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 25 de julio de 2019, indicó:
“En consecuencia, la Sala procede a verificar si dichos medios probatorios constituían indicios graves y ameritaban la adopción de la medida de aseguramiento de detención preventiva, conforme a lo requerido por el artículo 356 de la Ley 600 de 2000.
En línea con lo manifestado por la Corte Constitucional y lo previsto en el artículo 314 de la Ley 600 de 2000, la jurisprudencia reiterada de esta Corporación entiende que la información contenida en los informes de inteligencia puede servir como criterio orientador de las investigaciones, pero no pueden tener valor probatorio, “por tratarse de actuaciones extraprocesales, que no han sido controvertidas por las personas contra las cuales se les oponen en un proceso penal”. Por ende, dichos informes “pueden ser utilizados como guía o referente para buscar nuevas pruebas, o lograr su autorización, mas no como evidencia de la responsabilidad penal de la persona implicada por ellos, en ningún momento procesal, ni en la sentencia, ni en decisiones precedentes”.
En este orden de ideas, el informe de inteligencia referenciado debe descartarse como indicio grave de responsabilidad en contra del señor Coronado Alfaro, como autor del delito de rebelión y, en consecuencia, como fundamento de la detención preventiva ordenada en su contra.”
Como se observa, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de manera pacífica, ha aceptado que los informes y razonamientos de los agentes de Policía Judicial no tienen valor probatorio frente a la responsabilidad penal del procesado y, en esa medida, no se pueden tener como fundamento de la imposición de una medida de aseguramiento. De manera que será injusta la detención preventiva que se fundamente en estos informes.
Dicho esto, en armonía con el análisis del caso concreto, conviene indagar si en atención al valor probatorio que la jurisprudencia penal y contenciosa administrativa ha dado a estos documentos, ¿pueden los informes de policía judicial soportar la configuración de la eximente de responsabilidad del hecho de un tercero?
Para hallar solución a esta cuestión conviene acudir a la sentencia del 8 de febrero de 2017, en la cual la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado al analizar un asunto de privación injusta de la libertad, expuso que en atención al valor probatorio que el artículo 314 de la Ley 600 del 2000 otorgó a estas documentales, no pueden ser tenidas en cuenta para sustentar la eximente de responsabilidad del hecho de un tercero. En palabras de esta autoridad judicial:
“Adicional a lo anterior, a pesar de que, en su contestación, el ente investigador manifestó que en el caso sub examine operó la causal eximente de responsabilidad de hecho de un tercero, toda vez que fue con base en el informe de policía judicial No. 6951 del 24 de noviembre de 2004 que se vinculó al señor Oñate Carrillo al proceso penal, tal afirmación cae por su propio peso, pues, de conformidad con el Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos -Ley 600 de 2000-, en la fase de investigación, la acción penal le correspondía a la Fiscalía General de la Nación y era ésta quien dentro de sus atribuciones legales tenía la facultad de imponer medida de aseguramiento en contra de una persona, después de verificar que se cumpliera con los requisitos señalados en la norma para tal fin.
La Fiscalía es una entidad autónoma en sus providencias, que no dependía del informe presentado por la policía judicial para imponer la medida de aseguramiento en contra del señor Oñate Carrillo, causa determinante del daño aquí alegado, pues, este tipo de información, ni siquiera constituye medio probatorio alguno, ya que su finalidad únicamente radica en servir como criterio orientador del funcionario judicial.”
En la sentencia citada, se descartó la prosperidad de la eximente de responsabilidad del hecho de un tercero, por dos motivos: el primero, es que el ente investigador no está atado al contenido del informe de Policía Judicial para imponer la medida de aseguramiento, sino que es su deber fundamentar su decisión en el cumplimiento de los requisitos legales (art. 356 Ley 600). El segundo, es que los informes de Policía Judicial no constituyen medio probatorio, pues la Ley define su alcance en el sentido de indicar que sólo sirven como criterios orientadores de la investigación.
En esa medida y con base en la jurisprudencia contenciosa citada, se tiene que, por regla general, los informes de Policía Judicial no pueden ser tenidos en cuenta para justificar la razonabilidad de la medida de aseguramiento ni para fundamentar la configuración de la eximente de responsabilidad del hecho determinante de un tercero en asuntos de privación injusta de la libertad.
De conformidad con lo indicado, la Sala observa que el argumento del a quo en relación con el valor probatorio de los informes de policía judicial dentro de la fase de instrucción previa está acorde con la normativa y jurisprudencia aplicable, por lo que no hay lugar a modificar o revocar en este punto la providencia de tutela de primera instancia.
4.5. Ahora, en lo que respecta al dicho del señor Mauricio Parra Serrato, en la sentencia penal de primera instancia calendada del 6 de septiembre de 2010, se indicó:
“Dentro del expediente no hay prueba que demuestre el nexo causal de la droga con él, solo está lo afirmado por MAURICIO PARRA SERRATO, donde asegura que VANEGAS participa en un envío de una droga precisamente en una fecha en que estaba en vacaciones, no hay forma de probar que este conocía a HUMBERTO, DAZA si era ampliamente conocido en el aeropuerto, pero no por ello podemos indicar que este conocimiento venía precisamente del tráfico de droga o que hiciera parte de la organización criminal, no hay hilo conductor entre ellos.
(…)
Se le ha dado demasiada credibilidad a lo manifestado por PARRA en todas las diligencias, pero las intervenciones del mencionado dejan mucho que desear y por el contrario generan dudas.”
De otra parte, en sentencia de segunda instancia del 2 de febrero de 2012 el Tribunal Superior de Antioquia- Sala Penal de Descongestión expuso el siguiente razonamiento frente a las declaraciones que rindió el señor Parra Serrato:
“Según el relato del testigo de cargos Mauricio Parra Serrato, por boca del mismo acusado le dijo que dejaba pasar las maletas de don Gerardo y Juan Carlos Serraza inicialmente describió a Vanegas de manera muy distinta a como es en realidad esta persona dice que primero se enteró de lo que ocurría porque vio los movimientos extraños en las maletas, luego dijo que por chismes de pasillo y finalmente que fue Vanegas quien le contó cómo era el negocio ilícito que Vanegas asignaba los turnos pero según la minuta de Guardia las órdenes de impartir en el comandante de la estación del aeropuerto.
En la audiencia pública declaró y se observan varias contradicciones pues asegura que vio a Vanegas en un envío de droga el 29 de noviembre de 2006, cuando se probó que para esa fecha él estaba de vacaciones y la del 20 de abril de 2007 Vanegas tampoco estaba en Rionegro.
(…)
Pero como ya se dijo el testimonio del señor Mauricio Parra Serrato no lo podemos aceptar pues no se trata de simples contradicciones como lo asegura la Fiscalía, sino que tiene que ver con que todo lo que dijo que sabía en contra de los procesados no pudo demostrarse lo único que se probó fue que algunos procesados trabajan en el aeropuerto JMC”
Expuesto lo anterior, la Sala considera que también asistió razón al a quo al advertir que a los señalamientos del señor Parra Serrato no se les otorgó fuerza de convicción en ninguna de las instancias del proceso penal en razón a la debilidad de la calidad y fiabilidad de su dicho, cuestión que fue fácilmente identificada por los jueces penales en cada una de las instancias. Esta era una cuestión que no podía ser desconocida por la autoridad judicial accionada a la hora de fundamentar su decisión.
Finalmente, aunque en la impugnación la Fiscalía pretendió reivindicar la razonabilidad de la medida de aseguramiento que dictó en contra del señor Julián Mauricio Vanegas Valbuena y, en consecuencia, la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, lo cierto es que no expuso razonamiento que de manera concreta legitimara los insumos que sirvieron a la autoridad judicial accionada para fundamentar su decisión.
5. Conclusión
En línea con lo indicado, concluye la Sala que los argumentos expuestos en el escrito de impugnación no demuestran un desacierto en la decisión de amparo de la primera instancia de la presente acción de tutela. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de tutela del 19 de marzo de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección B.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el 19 de marzo de 2021, por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Cópiese, notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
(Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Pág. 8 de la sentencia de tutela de primera instancia (expediente digitalizado).
La acción de tutela se interpuso a través de la plataforma tutela en línea de la Rama Judicial y le correspondió la radicación Nro. 206209.
Páginas 39 y 40 de la acción de tutela. Págs. 5 y 6 del escrito de tutela (expediente digital). Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R. Ibidem
En relación con el valor probatorio de los informes de policía, se pueden ver las siguientes sentencias de la jurisdicción Penal: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 8 de septiembre de 2015. Radicación 39419. M.P. José Leónidas Bustos Martínez; sentencia del 6 de julio de 2011. Radicación 32597. M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. Expediente 56.082. M.P. Nicolás Yepes Corrales.
“Artículo 314. Labores previas de verificación. La policía judicial podrá antes de la judicialización de las actuaciones y bajo la dirección y control del jefe inmediato, allegar documentación, realizar análisis de información, escuchar en exposición o entrevista a quienes considere pueden tener conocimiento de la posible comisión de una conducta punible. Estas exposiciones no tendrán valor de testimonio ni de indicios y sólo podrán servir como criterios orientadores de la investigación.”
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de diciembre del 2018, rad. 42933. Sobre los informes de policía judicial, la Corte Constitucional ha expresado: “El art. 50 incorpora un inciso final. 313 del C.P.P., en el sentido de señalar que en ningún caso los informes de Policía Judicial y las versiones suministradas por informantes tendrán valor probatorio dentro del proceso. La mencionada disposición se ajusta plenamente a la Constitución, en la medida en que no le asigna valor probatorio a los mencionados informes y versiones, por tratarse de actuaciones extraprocesales no controvertidas por las personas a las cuales se podían oponer dentro del proceso”. Corte Constitucional. Sentencia C- 392 de 2000.
Asimismo, el artículo 314 de la Ley 600 de 2000, afirma que la información contenida en los informes de inteligencia puede servir como criterio orientador de las investigaciones, pero no pueden tener valor probatorio, por ende, dichos informes “[…] pueden ser utilizados como guía o referente para buscar nuevas pruebas, o lograr su autorización, mas no como evidencia de la responsabilidad penal de la persona implicada por ellos, en ningún momento procesal, ni en la sentencia, ni en decisiones precedentes”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 27 de junio de 2017, rad. 39127 y Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2014, rad. 27709. Expediente Nro. 43.514. M.P. Martín Bermúdez Muñoz. Expediente Nro. 54760. M.P. María Adriana Marín.
“El art. 50 incorpora un inciso final al art. 313 del C.P.P., en el sentido de señalar que en ningún caso los informes de la Policía Judicial y las versiones suministradas por informantes tendrán valor probatorio en el proceso. || La mencionada disposición se ajusta plenamente a la Constitución, en la medida en que no le asigna valor probatorio a los mencionados informes y versiones, por tratarse de actuaciones extraprocesales no controvertidas por las personas a las cuales se podían oponer dentro del proceso”. Corte Constitucional. Sentencia C-392 de 2000. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 24 de octubre de 2013, Exp. 25822. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 27 de junio de 2017, Exp. 39127. Radicado interno Nro. 45622 con ponencia de la magistrada Marta Nubia Velásquez Rico.
“Artículo 26. Titularidad. La acción penal corresponde al Estado y se ejerce por la Fiscalía General de la Nación durante la etapa de la investigación y los jueces competentes durante la etapa del juzgamiento; la Corte Suprema de Justicia adelanta la investigación y el juzgamiento en los casos contemplados en la Constitución Política. El Congreso ejerce la acción penal excepcionalmente”.
“Artículo 356. Requisitos. Solamente se tendrá como medida de aseguramiento para los imputables la detención preventiva. Se impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso. No procederá la medida de aseguramiento cuando la prueba sea indicativa de que el imputado pudo haber actuado en cualquiera de las causales de ausencia de responsabilidad”.
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