Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02518-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02518-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-02518-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
30 de junio de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02518-00
Actor: FABIÁN HOYOS RÍOS
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02518-00
Demandante: FABIÁN HOYOS RÍOS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de
reparación directa. Privación injusta de la libertad. Defectos
fáctico y desconocimiento del precedente judicial
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Fabián Hoyos Ríos, quien actúa por intermedio de
apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, en la que pide el
amparo constitucional de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de
confianza legítima, seguridad jurídica, prevalencia del derecho sustancial sobre las
formas, presunción de inocencia y cosa juzgada, supuestamente vulnerados con
la sentencia de 4 de noviembre de 2021, por medio de la cual se revocó la
decisión de primera instancia que accedió al resarcimiento de los perjuicios
solicitados en el medio de control de reparación directa que presentaron contra la
Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura y Fiscalía General de la
Nación, para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El accionante relató que el 10 de julio de 2014 fue capturado por miembros de la
Policía Judicial, por cuanto en su contra se había librado la orden de captura No.
290013075, en virtud de la denuncia penal que se interpuso por la comisión de los
delitos de homicidio en el grado de tentativa, en concurso heterogéneo con el tipo
penal de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios o
municiones, luego de que a este se le viera junto con la persona que atentó contra
la vida del señor Iván Darío Pachón Vicente y que a su vez le entregara un
revolver con el que supuestamente disparó.
Sostuvo que el 11 de julio de 2014 se legalizó su captura, asimismo, la Fiscalía
General de la Nación imputó los tipos penales de homicidio en el grado de
tentativa, en concurso heterogéneo con el delito de fabricación, tráfico, porte o
tenencia de armas de fuego, accesorios, o municiones y, por último, solicitó la
imposición de una medida de aseguramiento, la cual fue decretada por el Juzgado
Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Dosquebradas.
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Actor: FABIÁN HOYOS RÍOS
Indicó que el Juzgado Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Santa
Rosa de Cabal en sentencia de 18 de agosto de 2015, absolvió al acusado y
ordenó su liberación.
Afirmó que en ejercicio del medio de control de reparación directa presentó
demanda contra la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura y la
Fiscalía General de la Nación, en la que solicitó que se declarara la
responsabilidad del Estado por los perjuicios causados por la privación injusta de
la libertad a la que fue sometido desde el 10 de julio de 2014 hasta el 18 agosto
de 2015.
Mencionó que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pereira por fallo
de 14 de enero de 2020, accedió a las pretensiones de la demanda con sustento
en que “la privación de la libertad fue injusta y los demandantes deben ser
indemnizados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución
Política y en virtud a que la razón para la absolución del acusado obedeció a que
el imputado demostró su inocencia frente al delito del cual se le acusaba”.
Finalmente, manifestó que la parte demandada interpuso recurso de apelación
contra la anterior decisión. El Tribunal Administrativo de Risaralda en sentencia de
4 de noviembre de 2021, la revocó y negó las pretensiones, “luego de analizar
algunos medios de prueba aportados al proceso, principalmente documentales,
expuso que la captura del señor Fabián Hoyos Ríos y la imposición de la medida
de aseguramiento fueron consecuencia de la denuncia interpuesta por el señor
Iván Darío Pachón y la declaración de la señora Carolina Zambrano las cuales
dan cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se perpetuo el
punible de tentativa de homicidio del día 17 de abril de 2014, coligiendo que se
encontraron elementos suficientes para inferir la probabilidad de configuración de
la coautoría de este en estos hechos”.
2. Fundamentos de la acción
La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, así como los principios de confianza legítima, seguridad
jurídica, prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, presunción de
inocencia y cosa juzgada, supuestamente vulnerados con la decisión de 4 de
noviembre de 2021, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Risaralda
revocó la sentencia favorable de primera instancia y negó las pretensiones
tendientes al resarcimiento de los perjuicios por la privación de la libertad a la que
fue sometido.
En primer lugar, se refirió al cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia contra providencias judiciales, a lo que agregó que la decisión objeto
de reproche constitucional incurrió en defecto fáctico, por indebida valoración
probatoria, pues la medida de aseguramiento de la que fue objeto no estuvo
debidamente sustentada en los elementos materiales probatorios allegados al
proceso penal.
Afirmó que en ninguno de los elementos probatorios aportados durante la etapa de
juicio oral del proceso penal, se puede ubicar al accionante en el lugar y a la hora
en que el señor Iván Darío Pachón resultó herido con arma de fuego, pues las
versiones recogidas de los testimonios practicados coinciden en afirmar que el
demandante no fue quien causó las heridas de muerte a la víctima, a lo que
agregó que ni siquiera indicaron que lo vieron en el lugar en el que ocurrió el
ataque ni que llevara en su poder un arma de fuego, sino que esto lo cometió otra
persona quien aceptó su responsabilidad por lo sucedido.
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Actor: FABIÁN HOYOS RÍOS
Agregó que Tribunal Administrativo de Risaralda le restó “caprichosamente” valor
probatorio a la denuncia, a la imposición de la medida de aseguramiento y a la
sentencia penal, las cuales daban por ciertos unos hechos debidamente probados
sobre la falta de relación del accionante con el objeto de la investigación.
Sostuvo que al momento en que se impuso la medida de aseguramiento no
existían elementos materiales probatorios de los que se pudiera inferir
razonablemente la autoría o participación en la comisión de los delitos imputados,
más aún cuando la autoridad judicial accionada revisó la detención a partir de la
acusación, lo cual corresponde a una etapa posterior.
Indicó que en la sentencia objetada se refirió a la existencia de unos testimonios
que generaban una duda frente a la presunción de inocencia del accionante, sin
embargo, no queda claro si dichos testimonios sirvieron como fundamento para la
imposición de la medida de aseguramiento, toda vez que de los enunciados en el
escrito de acusación solo recibió el de una persona en el juicio oral y fue quien
aceptó ser responsable por el delito que se investigaba al demandante.
Señaló que en la providencia objetada no se observa ningún análisis de las
pruebas con las que la Fiscalía General de la Nación solicitó la medida de
aseguramiento, pues solo se hizo mención a una denuncia, unos testimonios y un
informe de policía.
Afirmó que el tribunal accionado no verificó que el sustento de la decisión
absolutoria no fue la aplicación del principio de in dubio pro reo, sino la
inexistencia de pruebas que vincularon al demandante con el acto delictivo.
De otra parte, el accionante consideró que el fallo de 4 de noviembre de 2021
incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial,
en razón a que se apartaron de los pronunciamientos de 3 de abril de 20201 de la
Sección Tercera, Subsección “A” y de 31 de julio de 20202 de la Sección Tercera,
Subsección “B”, ambos del Consejo de Estado.
Mencionó que las providencias que invoca guardan similitud fáctica con su caso,
toda vez que el proceso penal se tramitó en vigencia de la Ley 906 de 2004,
norma que dispone que la Fiscalía General de la Nación solicitará la imposición de
la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios se
pueda inferir razonablemente que el imputado pueda ser autor o participe de la
conducta punible y que corresponde a la Rama Judicial decidir sobre su
procedencia, a través del Juzgado de Control de Garantías.
Resaltó que en las dos sentencias que invoca como precedente judicial los
procesados fueron cobijados con detención preventiva por existir en su contra
sindicaciones contenidas en testimonios e informes de policía, sin embargo, se
consideró que la medida de aseguramiento no fue razonable, adecuada ni
proporcional, toda vez que no existía material probatorio ni evidencia física que
permitiera inferir razonadamente la participación de la parte actora en esas dos
decisiones en la configuración del delito imputado.
Igualmente, el accionante se refirió a la sentencia de tutela de 15 de julio de 20213,
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en la que se accedió al
amparo solicitado contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, “por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, buena fe,
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Radicado No. 41001-23-31-000-2010-00017-01, C.P.: María Adriana Marín.
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Radicado No. 05001-23-31-000-2010-00048-01, C.P.: Martín Bermúdez Muñoz.
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Radicado No. 11001-03-15-000-2021-00238-01, C.P.: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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Actor: FABIÁN HOYOS RÍOS
derecho de defensa, presunción de inocencia y acceso a la administración de
justicia porque al decidirse la segunda instancia del medio de control, el tribunal
revocó la sentencia se primera en la que se había declarado la Responsabilidad
del Estado para en su lugar declarar probada la excepción del hecho exclusivo y
determinante de un tercero con base en las manifestaciones vertidas en un
informe de policía”.
Finalmente, consideró que el análisis a realizar sobre el caso particular debió
sustentarse en los lineamientos contemplados en la sentencia de unificación de 17
de octubre de 2013 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, sin que esto
implique el rechazo de la nueva tesis, sino la observación de sus mismos términos
de aplicación para procesos que se promuevan después de su adopción
jurisprudencial, por consiguiente el tribunal accionado debió observar los
lineamientos del régimen objetivo con fundamento en el título de daño especial,
por ser el operante “en la época de actuación de la parte que represento”.
3. Pretensiones
La parte accionante formuló las siguientes:
“PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, así como los principios de confianza legítima,
seguridad jurídica, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, presunción de
inocencia, cosa juzgada y juez natural, vulnerados por la Sala Primera de Decisión del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, con la decisión proferida en
segunda instancia el pasado cuatro (04) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)
dentro del medio de control de reparación directa con radicado No. 66001-33-33-003-
2017-00317-01 promovido por el señor Fabián Hoyos Ríos y otros.
SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la sentencia de
fecha cuatro (04) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) proferida por la Sala
Primera de Decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda dentro
del medio de control de reparación directa con radicado 66001-33-33-003-2017-00317-
01 promovido por el señor Fabián Hoyos Ríos y otros.
TERCERO: Ordenar a la Sala Primera de Decisión del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo de Risaralda, que dentro de los treinta (30) días siguientes a la
ejecutoria del fallo de tutela, profiera una nueva decisión en la cual se valoren de forma
adecuada los medios de convicción oportunamente allegados y que fueron practicados
en el trámite del proceso ordinario, se apliquen y adecúen a las circunstancias fácticas
puestas de manifiesto, bajo los parámetros ampliamente desarrollados y reiterados por
la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, en casos similares de
privación injusta de la libertad, en los cuales se ha declarado la responsabilidad de las
demandadas, cuando la imposición de la medida de aseguramiento, estuvo sustentada
en elementos materiales probatorios que carecen de valor suasorio al momento de
solicitarse; esto en los términos de la jurisprudencia administrativa y constitucional”.
4. Pruebas relevantes
En correo electrónico de 20 de mayo de 2022, el Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito de Pereira, copia digital del expediente con radicado No. 66001-33-33-
003-2017-00317-00, correspondiente al medio de control de reparación directa
que adelantó el señor Fabián Hoyos Ríos contra la Nación, Rama Judicial,
Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación.
5. Trámite procesal
Por auto de 9 de mayo de 2022, el despacho de la Magistrada Sustanciadora
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada,
así como al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pereira, a la Nación,
Rama Judicial, a la Fiscalía General de la Nación, a los señores Alonso Ríos
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Actor: FABIÁN HOYOS RÍOS
Henao, Luz Adiela Londoño Cardona, Laura Rosa Ríos Henao, Eledien Hoyos
González, Diana Marcela Hoyos Ríos, Gloria Patricia Bermúdez Ríos, Geovanny
Hoyos Ríos, Jorge Andrés Hoyos Ríos, Marisol López Bermúdez, Daniela López
Bermúdez, Valeria Restrepo Hoyos, Víctor Daniel López Bermúdez, Jhon Edison
Restrepo Hoyos, Edwin Alexander Restrepo Hoyos, Manuela Hoyos Hernández,
Jhulder Andrés Hoyos Uribe, Justin Santiago Mazo López y Esteban Escudero
López, así como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 53784 a 53789 de 13
de mayo de 20224, con el fin de dar cumplimiento de la anterior providencia.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Risaralda
En escrito de 17 de mayo de 2022, el magistrado ponente de la decisión objeto de
tutela pidió que se declarara la improcedencia de la acción de tutela o, en su
defecto, se nieguen las pretensiones de la solicitud.
Afirmó que respecto de la captura del señor Fabián Hoyos Ríos se probó que la
misma obedeció a la orden expedida en su contra, la cual tuvo como fundamento
la denuncia realizada por el señor Iván Darío Pachón Vicente y la entrevista de la
señora Carolina Zambrano Álzate, quienes lo señalaron como la persona que
entregó el arma de fuego al señor Harold Sánchez Cano, persona que disparó en
contra de la humanidad del denunciante, tras una discusión sostenida el 17 de
abril de 2014, captura que se declaró legal por el Juzgado Primero Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Dosquebradas, decisión que
fue confirmada en segunda instancia y respecto de la cual no existe reparo.
Sostuvo que los elementos materiales probatorios que puso a disposición la
Fiscalía General de la Nación y que el Juzgado Primero Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Dosquebradas sirvieron de sustento para
adoptar la decisión de imponer la medida de aseguramiento, la cual, a juicio del
Tribunal Administrativo de Risaralda, fueron en su momento razonables y que de
ellos se infería la posible comisión de las conductas punibles que señalaban como
coautor o partícipe del hecho delictivo al señor Fabián Hoyos Ríos.
Resaltó que si bien es se declaró la absolución del accionante en el proceso
penal, lo cierto es que esto fue como consecuencia de que la víctima denunciante
y la señora Carolina Zambrano Álzate no fueron localizados para llevar a juicio oral
tales medios probatorios, y además que no se sabe nada más de lo afirmado por
ellos de manera escrita. Por consiguiente, frente a las dudas de que el arma
entregada hubiere sido la misma que recibió la persona que efectuó el disparo, el
juez penal resolvió las dudas a favor del procesado.
Indicó que con el actual criterio de responsabilidad por privación de la libertad, la
sentencia absolutoria del proceso penal no resulta suficiente para imputar
responsabilidad patrimonial al Estado, toda vez que se debe analizar si el daño
que se deriva de la privación resulta antijurídico a la luz de lo dispuesto en el
artículo 90 de la Constitución Política, en consideración a que el derecho a la
4
El accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes direcciones de
correo electrónico: contacto@legalgroup.info, stadmper@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadminrsd@notificacionesrj.gov.co;
sg02tadminrsd@notificacionesrj.gov.co, procesosnacionales@defensajuridica.gov.co;
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co;
jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co, adm03per@cendoj.ramajudicial.gov.co;
j03admadjper@cendoj.ramajudicial.gov.co; jadmin03pei@notificacionesrj.gov.co, pespinoj@deaj.ramajudicial.gov.co y
deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co.
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Actor: FABIÁN HOYOS RÍOS
libertad no es absoluto y, por tanto, hay lugar a su limitación con sujeción a los
requisitos previstos en la ley, dado que las medidas preventivas de privación de la
libertad también son constitucionales y tienen una connotación cautelar mas no
definitiva, por lo que no pugnan con el principio de presunción de inocencia.
Agregó que de ser rechazada esta premisa nunca procedería una medida de
aseguramiento, pues siempre habría que esperar las resultas del proceso penal.
Señaló que es dable concluir que a la parte demandante no se le vulneraron los
derechos fundamentales invocados, toda vez que la decisión objetada estuvo
fundamentada bajo los criterios legales y jurisprudenciales establecidos para el
caso concreto.
Resaltó que el accionante no logró demostrar un daño antijurídico imputable a la
Fiscalía General de la Nación, en la medida en que el ente acusador tenía la
atribución y el deber de adelantar la investigación penal, toda vez que existían
elementos materiales probatorios e información legalmente obtenida que
indicaban la presunta comisión del delito endilgado al demandante, por cuanto las
pruebas recaudadas hasta ese momento daban cuenta que el mismo habría
participado en la conducta delictiva investigada.
Mencionó que el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Dosquebradas contaba con los elementos probatorios requeridos
para decretar la medida de aseguramiento de detención preventiva, todo ello ante
la validez que se le otorgó a varios de ellos, que le permitieron al funcionario
judicial presumir de manera legítima y razonable, que el procesado participó en la
producción del hecho ilícito y en atención a la obligación de identificar e
individualizar al imputado que le asiste al ente investigador fue considerada
necesaria la solicitud de medida de aseguramiento, no solo para asegurar la
comparecencia del presunto autor al proceso penal iniciado en su contra, sino
también para recabar en el material probatorio de forma exhaustiva y determinar
quién era el autor de esa actividad ilícita.
Agregó que el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Dosquebradas cumplió con la verificación de la exigencia probatoria
y actuó conforme lo contempla el artículo 308 de la Ley 906 de 2004, por lo que se
llegó a concluir que la privación de la libertad de la que fue objeto la parte
demandante estaba obligado a soportarla por virtud de la denuncia y los
señalamientos que dieron lugar a la captura y comprometieron de manera grave la
responsabilidad penal del señor Hoyos Ríos. Destacó que si bien no adquirieron la
entidad suficiente para sustentar la responsabilidad penal de manera certera como
lo exige la ley, el señalamiento del denunciante, los agentes policiales captores así
como la entrevista y los actos urgentes de la investigación, eran indicadores con
alta probabilidad del hecho por el cual se le investigó y eran suficientes para
sustentar la imposición de la medida de aseguramiento al momento de la
imputación, sin que ello significara un señalamiento definitivo de su participación
en el delito o un desconocimiento de su presunción de inocencia.
Finalmente, manifestó que con sustento a las recientes sentencias de unificación
del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, la solicitud de medida de
aseguramiento de detención preventiva no es desproporcionada, arbitraria o ilegal,
y por el contrario se sustentó en los elementos materiales probatorios que llevaban
a inferir razonablemente que el señor Fabián Hoyos Ríos pudo participar en el
concurso punible.
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6.2. Respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
En oficio de 20 de mayo de 2022, la abogada de la División de Procesos de la
Unidad de Asistencia Legal pidió que se declare la falta de legitimación en la
causa por pasiva o, en su defecto, la improcedencia de la acción de tutela por
inexistencia de las causales de procedencia contra providencias judiciales, a lo
que agregó que no se demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Afirmó que la entidad no puede intervenir en las decisiones judiciales de jueces y
magistrados que conforman la Rama Judicial, pues no está dentro de las
funciones establecidas en la ley.
Por último, sostuvo que los derechos alegados por el accionante no son
consecuencia de una acción u omisión atribuible a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, por lo que debe prescindirse de librar cualquier orden de
apremio en este sentido, toda vez que dentro de las atribuciones de la entidad no
se encuentra la de ordenar a los despachos judiciales dictar providencias en algún
sentido.
6.3. La Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Risaralda, los señores Alonso Ríos Henao, Luz Adiela Londoño
Cardona, Laura Rosa Ríos Henao, Eledien Hoyos González, Diana Marcela
Hoyos Ríos, Gloria Patricia Bermúdez Ríos, Geovanny Hoyos Ríos, Jorge
Andrés Hoyos Ríos, Marisol López Bermúdez, Daniela López Bermúdez,
Valeria Restrepo Hoyos, Victor Daniel López Bermúdez, Jhon Edison
Restrepo Hoyos, Edwin Alexander Restrepo Hoyos, Manuela Hoyos
Hernández, Jhulder Andrés Hoyos Uribe, Justin Santiago Mazo López y
Esteban Escudero López, guardaron silencio a pesar que se les notificó en
debida forma.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda el 4 de noviembre de 2021, en el marco del medio de
control de reparación directa que adelantó el accionante contra la Nación, Rama
Judicial, Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación,
vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia, así como los principios de confianza legítima,
seguridad jurídica, prevalencia del derecho sustancial sobre las formas,
presunción de inocencia y cosa juzgada, al incurrir supuestamente en los defectos
i) fáctico, por indebida valoración de la denuncia, la imposición de la medida de
aseguramiento y la sentencia penal, las cuales demostraban la falta de relación
del actor con los hechos delictivos por los que fue capturado y, posteriormente, se
le impuso medida de aseguramiento y ii) sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial, porque se apartó de los fallos de 3 de abril de 20205 de la
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Radicado No. 41001-23-31-000-2010-00017-01, C.P.: María Adriana Marín.
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Actor: FABIÁN HOYOS RÍOS
Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado y de 31 de julio de 2020 6
de la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, así como la
sentencia de tutela de 15 de julio de 20217 de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, los que considera guardan similitud fáctica y jurídica en los que se
condenó al Estado por la privación injusta de la libertad.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos8 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos9, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 201210, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias
judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
201411, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200512.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico13; (ii) Defecto procedimental absoluto14; (iii)
6
Radicado No. 05001-23-31-000-2010-00048-01, C.P.: Martín Bermúdez Muñoz.
7
Radicado No. 11001-03-15-000-2021-00238-01, C.P.: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
8
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
9
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
10
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
11
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
13
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia
para ello.
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Actor: FABIÁN HOYOS RÍOS
Defecto fáctico15; (iv) Defecto material o sustantivo16; (v) Error inducido17; (vi)
Decisión sin motivación18; (vii) Desconocimiento del precedente19 y (viiii) Violación
directa de la Constitución.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo20 y de la Corte
Constitucional21.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
La Sala encuentra que los requisitos generales de procedencia están cumplidos
en el asunto bajo estudio, por cuanto (i) goza de relevancia constitucional, pues el
accionante invoca una presunta vulneración de los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así como
los principios de confianza legítima, seguridad jurídica, prevalencia del derecho
sustancial sobre las formas, presunción de inocencia y cosa juzgada, por el
Tribunal Administrativo de Risaralda al dictar la sentencia de 4 de noviembre de
2021, en la que se revocó la decisión favorable de primera instancia y negó las
pretensiones tendientes al resarcimiento de los perjuicios causados por la
privación de la libertad del señor Fabián Hoyos Ríos. De igual manera, la solicitud
cumple con la carga argumentativa mínima y no pretende revivir la discusión
litigiosa que ya fue resuelta.
Igualmente, (ii) la providencia objetada se dictó en el marco del recurso de
apelación, por lo que el demandante no cuenta con otro mecanismo de defensa
22
judicial; (iii) la solicitud de amparo se instauró dentro de los seis (6) meses
establecidos como plazo razonable precisado por esta Corporación y la Corte
14
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
15
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
16
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
17
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
18
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
19
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
20
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7
de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de
2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
21
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.
P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
22
La providencia atacada se profirió el 4 de noviembre de 2021 y se notificó mediante correo electrónico el 8 de noviembre
de 2021, mientras que la acción de tutela se instauró el 5 de mayo de 2022, es decir, dentro del plazo razonable de los seis
(6) meses.
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Actor: FABIÁN HOYOS RÍOS
Constitucional23; (iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera
clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.
4.2. La autoridad judicial demandada no incurrió en los defectos fáctico y
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial alegados por la parte
actora
4.2.1. El accionante manifestó que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, así como los principios de confianza legítima, seguridad
jurídica, prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, presunción de
inocencia y cosa juzgada, al incurrir supuestamente en los defectos i) fáctico, por
indebida valoración de la denuncia, la imposición de la medida de aseguramiento y
la sentencia penal, las cuales demostraban la falta de relación del actor con los
hechos delictivos por los que fue capturado y, posteriormente, se le impuso
medida de aseguramiento y ii) sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, en tanto se apartó de los fallos del Consejo de Estado con data 3 de abril
de 202024 de la Sección Tercera, Subsección “A” y de 31 de julio de 202025 de la
Sección Tercera, Subsección “B”, así como la sentencia de tutela de 15 de julio de
202126 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, asuntos en los que consideró
de similitud fáctica y jurídica en donde se condenó al Estado por privación injusta
de la libertad.
4.2.2. El Tribunal Administrativo de Risaralda en la providencia objetada revocó la
decisión favorable de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda de
reparación directa, para lo cual, en primer término, se refirió a la responsabilidad
de la Fiscalía General de la Nación al manifestar que el ente investigador solicitó
la medida de aseguramiento con sustento en elementos materiales probatorios
como la denuncia formulada por el señor Iván Darío Pachón Vicente, así como la
entrevista realizada a la señora Carolina Zambrano Alzate, la cual se aportó junto
con el informe de policía judicial, quienes señalaron al señor Fabián Hoyos Ríos
de entregarle un arma a la persona que disparó contra el señor Pachón Vicente.
Adicionalmente, señaló que la solicitud cumplía con los requisitos establecidos en
el artículo 313 de la Ley 906 de 2004, pues la imputación formulada por la Fiscalía
General de la Nación fue por el concurso punible de homicidio en modalidad de
tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios y
municiones, delitos que se investigan de oficio y que comportan una pena mínima
prevista de 4 años. Por consiguiente, consideró razonable la medida de
aseguramiento solicitada por el ente investigador indistintamente de que la
decisión del proceso penal fuera absolutoria.
En segundo lugar, analizó la responsabilidad de la Rama Judicial al imponer la
medida de aseguramiento al señor Fabián Hoyos Ríos, para lo cual constató que
el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Dosquebradas analizó la orden de captura, el acta de derechos del capturado, la
denuncia presentada por el señor Iván Darío Pachón Vicente, la entrevista
realizada a la señora Carolina Zambrano Álzate y el “informe ejecutivo de actor
urgentes de los funcionarios de policía judicial”. Es decir, que contaba con los
suficientes elementos materiales probatorios para concluir de manera razonable
23
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo
de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.:
Antonio José Lizarazo Ocampo.
24
Radicado No. 41001-23-31-000-2010-00017-01, C.P.: María Adriana Marín.
25
Radicado No. 05001-23-31-000-2010-00048-01, C.P.: Martín Bermúdez Muñoz.
26
Radicado No. 11001-03-15-000-2021-00238-01, C.P.: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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Actor: FABIÁN HOYOS RÍOS
que el procesado participó en el hecho ilícito y así decretar la mencionada medida
cautelar en cumplimiento del artículo 308 de la Ley 906 de 2004.
Finalmente, resaltó que “le asiste a las entidades demandadas recurrentes en
señalar que, las decisiones y medidas proferidas en contra del señor Fabián
Hoyos Ríos, no fueron injustas y, por el contrario, fueron el resultado de la
convergencia de los elementos recaudados y los requisitos que el estatuto
procesal penal vigente para esa época exigía; ahora, es cierto que, el Juzgado de
conocimiento absolvió, ese solo hecho no tiene la virtualidad suficiente para
comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado y generarle el deber de
indemnizar el daño que pudo causarse a la parte actora con la privación de su
libertad, pues respecto de tal daño no puede predicarse antijuridicidad alguna,
teniendo en cuenta que, como viene de explicarse, aquél provino del cumplimiento
de deberes constitucionales y legales y de la materialización de las disposiciones
procedimentales contempladas para los casos en los que se cuenta con
suficientes elementos probatorios que presuntamente derivan su responsabilidad”.
De lo anterior, se observa que la autoridad judicial accionada consideró que la
Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, no habían causado al
demandante un daño antijurídico que no estuviera en la obligación de soportar,
pues la medida de aseguramiento que se le impuso fue con sustento en varios
elementos materiales probatorios como la denuncia y la declaración en contra del
accionante que podía inferir que participó en el hecho ilícito, razón por la cual la
privación de la libertad a la que fue sometido se ajustó al ordenamiento jurídico.
4.2.3. En torno al defecto fáctico, la Corte Constitucional ha considerado que se
configura cuando “(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al
proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya
desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos
casos, que la prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal
trascendencia que sea capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos
supuestos es posible la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, de manera que cuando los mismos no
satisfagan estas exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de
situaciones que se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción”.
Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse el
defecto fáctico: 1) una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su
valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que
de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad
de los hechos analizados por el juez; 2) una dimensión positiva, que se presenta
generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de
lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar
porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador
desconoce la Constitución27, o cuando se dan por establecidas circunstancias sin
que exista material probatorio que respalde su decisión28.
Es decir que, dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el
debate probatorio o de la interpretación de las normas legales utilizadas para
resolver el caso. Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores
manifiestos del fallo, que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.
27
Sentencia T-781 de 2011. M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
28
Sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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4.2.4. La Sala observa que la sentencia objetada no incurrió en el defecto fáctico
alegado por el demandante, con sustento en lo siguiente:
El Tribunal Administrativo de Risaralda en la sentencia objetada analizó la
responsabilidad de las entidades demandadas a partir de las competencias de
cada una de estas, para lo cual concluyó que tanto la Fiscalía General de la
Nación como la Rama Judicial al solicitar y decretar la medida de aseguramiento
en contra del accionante se cumplió con los requisitos de razonabilidad,
proporcionalidad y legalidad, pues contaron con los elementos materiales
probatorios para inferir razonablemente la participación del actor en el hecho
ilícito.
En efecto, la autoridad judicial accionada verificó que el ente investigador con la
solicitud de medida de aseguramiento aportó un informe de la policía judicial, la
denuncia del señor Iván Darío Pachón Vicente y la entrevista rendida por la
señora Carolina Zambrano Álzate y, con sustento en estas, se decretó la
mencionada medida.
En algunos en apartes de la denuncia formulada por el señor Iván Darío Pacheco
Vicente se lee lo siguiente:
“más o menos las siete y media, cuando llegó Harold y Fabián y le gritaban pacho
baje, baje… y Carolina se asomó y le dijo a fobia (sic) que el por qué había venido y
este le respondió que el ya se iba a ir y en ese momento Iván Darío vio cuando Fabián
le pasaba un revolver de color negro a Harold y este lo guardó en el bolsillo del buso,
luego Fabián le dijo a Harold todo bien parcerito se cuida, y Fabián se fue para el frente
de un asadero de pollos (…)”.
En ese mismo sentido, lo manifestado por la señora Carolina Zambrano Álzate
quien indicó que observó que el accionante le entregó a su acompañante un
revolver mientras le solicitaban al señor Iván Darío Pachón Vicente que bajara,
siendo este último elemento material probatorio sometido a valoración probatoria.
Por lo anterior, en la sentencia objetada se consideró que los elementos
materiales probatorios con que contaba la Fiscalía General de la Nación y el
Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Dosquebradas eran razonables y de ellos se podía inferir la posible comisión de
las conductas punibles y de las cuales se señalaban al accionante como coautor o
participe del hecho delictivo.
De otro lado, el tribunal accionado se refirió a la sentencia absolutoria, para lo
cual manifestó que “la víctima denunciante y la señora Carolina Zambrano Alzate
que señalaron su participación no fueron localizados para efectos de llevar a juicio
oral tales medios probatorios, y toda vez que se estipularon sus dichos no se sabe
nada más de lo referido por ellos de manera escrita, y frente a las dudas de que el
arma entregada hubiere sido la misma que él recibió, no quedó otro camino que
resolver las dudas a favor del procesado”, sin embargo, precisó que dicha
decisión no torna infundada la actuación desplegada por las entidades
demandadas ni convertía en injusta la medida de detención preventiva, para lo
cual se refirió a la sentencia de 6 de marzo de 2020 de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, con el fin de sustentar que “la sentencia absolutoria del
proceso penal ya no resulta suficiente por sí misma para imputar responsabilidad
patrimonial al Estado”.
En vista de lo anterior, la Sala considera que, contrario a lo manifestado por el
accionante, la autoridad judicial accionada valoró razonablemente las pruebas con
las que contó la Fiscalía General de la Nación y el Juzgado Primero Penal
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Municipal con Función de Control de Garantías de Dosquebradas, como la
denuncia presentada por el señor Iván Darío Pachón Vicente y la entrevista de la
señora Carolina Zambrano Alzate. Igualmente, se refirió a la sentencia penal
absolutoria y a partir de dichos elementos de convicción el tribunal accionado
consideró que las entidades demandadas contaban con el elemento material
probatorio suficiente para decretar la medida de aseguramiento contra el señor
Fabián Hoyos Ríos, pues de estos se podía inferir alguna relación con el hecho
ilícito que se investigaba.
Por consiguiente, el hecho de que se dictara una decisión favorable en el proceso
penal no tornaba la medida de aseguramiento dictada contra del accionante en
injusta, puesto que esta se ajustó a los elementos materiales probatorios
recaudados en la etapa de indagación, lo que a su vez está acorde con los
criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad.
29
Al respecto, es necesario aclarar que esta Sala ha manifestado reiteradamente
que las valoraciones que se efectúan en el proceso penal son distintas a aquellas
que se hacen en el contencioso administrativo, pues en el primero van
encaminadas a determinar si la conducta es típica, antijurídica y culpable. En
cambio, en el contencioso, en los casos de privación de la libertad se realiza un
análisis con elementos de juicio propios del dolo y la culpa civil, al punto que el
hecho de que no se declare la responsabilidad penal, no establece per se la
responsabilidad del Estado.
Ahora bien, se debe precisar que, contrario a lo manifestado por el demandante,
el tribunal accionado no analizó la privación de la libertad del señor Fabián Hoyos
Ríos a partir del escrito de acusación, pues si bien mencionó este y transcribió
apartes, lo cierto es que la detención preventiva se estudió a partir de la denuncia,
la entrevista a la señora Carolina Zambrano Alzate y el informe de policía judicial.
Finalmente, respecto al alegato relacionado con el supuesto error del tribunal
accionado al considerar que la absolución fue por aplicación del principio in dubio
pro reo, se advierte que en la sentencia objetada al hacer alusión a las razones
del juez penal para dictar la sentencia absolutoria, no se mencionó dicho
fundamento, simplemente se indicó que por la falta de comparecencia del
denunciante y la persona entrevistada que servía como testigo, no se pudo
corroborar la participación del demandante en el hecho ilícito.
Así las cosas, la Sala observa que el accionante no demostró que la autoridad
judicial accionada incurriera en el defecto fáctico alegado, toda vez que i) la
denuncia, ii) la entrevista a la señora Carolina Zambrano Alzate y iii) la sentencia
del proceso penal se valoraron en conjunto y de acuerdo a las reglas
jurisprudencial relacionadas con el estudio de los elementos de convicción del
proceso penal por parte del juez de la jurisdicción contencioso administrativa,
cuestión diferente es que con las mencionadas pruebas no se logró la certeza
pretendida por el demandante, lo que per se, no configura el defecto bajo estudio.
4.2.5. La Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente judicial
implica que30: «un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con
el (los) caso (s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el
29
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 27 de agosto de 2020, exp. Nº 11001-03-15-000-2020-02585-00, C.P.
Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 22 de mayo de 2019, exp. Nº 11001-03-15-000-2018-04479-00, C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 5 de marzo de 2020, exp. Nº 11001-03-15-000-2019-05114-00, C.P. Julio Roberto
Piza Rodríguez; sentencia de 17 de febrero de 2022, exp. No°. 11001-03-15-000-2021-10435-00, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto.
30
Sentencia T-158 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso
pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial
no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que
modifique algún supuesto de hecho para su aplicación»
El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas31:
1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y
exponer las razones por las que estima que se desconoció15.
2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado
de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido.
3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.
4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre
el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del
precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del precedente
judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente
si el juez expone las razones para apartarse.
5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de la
decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que el
juez hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso
concreto32.
6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del
derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la
confianza legítima.
4.2.6. En la sentencia de 3 de abril de 2020, proferida por la Sección Tercera,
Subsección “A” del Consejo de Estado se accedió a las pretensiones de una
demanda de reparación directa por privación injusta de la libertad, al constatar que
la solicitud y el decreto de una medida de aseguramiento se realizó sin contar con
pruebas de que la persona imputada hubiera cometido el ilícito, razón por la cual
se declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado, lo que
conllevó la condena al pago de los perjuicios irrogados, lo que no guarda similitud
con el asunto bajo análisis.
De otra parte, la sentencia de 31 de julio de 2020, emanada de la Sección
Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado condenó al Estado por los
perjuicios causados a una persona al privarla injustamente de la libertad, con
sustento en que la medida de aseguramiento que se le impuso no justificó en
debida forma la necesidad de imponer dicha medida, sino que fueron afirmaciones
en abstracto, lo que también fácticamente difiere del asunto bajo estudio por las
razones previamente expuestas.
En la sentencia de tutela de 15 de julio de 2021, dictada por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, se accedió al amparo de los derechos fundamentales de la
parte actora y ordenó a la autoridad judicial accionada que dictara una decisión de
reemplazo, en la que se tuviera en consideración que la medida de aseguramiento
impuesta en el marco de la Ley 600 de 2000, carecía de valor probatorio, supuesto
31
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
32
Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya
dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se
demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de
juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se
refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el
caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica” (se destaca).
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14
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fáctico que es distinto al que ahora se analiza, en tanto la investigación como el
proceso penal se adelantaron bajo los cánones procesales de la Ley 906 de 2004.
Al respecto, es necesario recordar que esta Sala33, ha considerado que si bien “los
informes de Policía Nacional ya sean de vigilancia, inteligencia o de campo, no
tienen valor probatorio alguno como prueba autónoma en los casos en el que las
labores previas de verificación al proceso penal se adelantan en vigencia de la Ley
600 del 2000, en tanto hay norma expresa en ese sentido, lo cierto es que no
ocurre lo mismo respecto a los procesos tramitados con la Ley 906 de 2004, los
cuales se rigen por el principio de libertad probatoria”.
Así las cosas, la Sala observa que las decisiones que el demandante invoca no
guardan similitud fáctica y jurídica con el presente asunto, en tanto la Fiscalía
General de la Nación y el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Dosquebradas contaron con elementos materiales
probatorios, como la denuncia del afectado, una entrevista y el informe de policía,
que señalaban al demandante como la persona que entregó el arma al sujeto que
atentó contra el señor Pachón Vicente.
Por último, respecto del alegato relacionado con la aplicación de la sentencia de
unificación de 17 de octubre de 2013 de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, por medio de la cual se unificó sobre el título de imputación aplicable en
los casos de privación injusta de la libertad cuando se exonera por in dubio pro
reo, se advierte que la privación injusta de la libertad ha tenido un desarrollo
jurisprudencial amplio por parte del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional
desde el 2013 hasta 4 de noviembre de 2021, fecha en la que se dictó la sentencia
objetada. Al respecto, en la providencia cuestionada se hizo alusión a las últimas
posturas que se han acogido por el órgano de cierre en materia de
responsabilidad extracontractual del Estado, como la sentencia SU-072 de 201834,
en la cual se estableció que indistintamente del régimen de responsabilidad que se
aplique en los casos de privación, se debe verificar la razonabilidad,
proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, postura que fue
aplicada por el Tribunal Administrativo de Risaralda y que se ajusta al precedente
judicial sobre la materia objeto de estudio.
Por las razones expuestas, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela,
al encontrar que las anomalías alegadas en la decisión objeto de reproche
constitucional no se configuran.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por el
señor Fabián Hoyos Ríos, quien actúa por intermedio de apoderado judicial,
contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, por las razones aquí expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
33
Sentencia de 2 de diciembre de 2021, radicado No. 11001-03-15-000-2021-05367-01, C.P.: Stella Jeannette Carvajal
Basto y fallo de 31 de marzo de 2022, radicado No. 11001-03-15-000-2022-00481-00, C.P.: Milton Chaves García.
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M.P.: José Fernando Reyes Cuartas
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02518-00
Actor: FABIÁN HOYOS RÍOS
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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