Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03069-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03069-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03069-01
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez
8 de septiembre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03069-01
Demandante: Jonathan Barbosa Casas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03069-01
Demandante: JONATHAN BARBOSA CASAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Contra providencia judicial. Proceso de reparación directa. Privación
injusta de la libertad. Desconocimiento del precedente y defecto
fáctico.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del
19 de julio de 2022, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, que denegó
la tutela.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 6 de junio de 2022, en ejercicio de la acción de tutela y por intermedio de apoderado
judicial, Jonathan Barbosa Casas pidió la protección de los derechos fundamentales a
la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, que estimó
vulnerados por la sentencia del 30 de noviembre de 2021, dictada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. En consecuencia, el demandante formuló las
siguientes pretensiones:
[…]
Se deje sin efecto la sentencia de fecha treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del medio de control de
reparación directa con radicado 76111-33-33-002-2017-00240-01 promovido por el señor
Jonathan Barbosa Casas y otros.
Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, que dentro de los treinta (30)
días siguientes a la ejecutoria del fallo de tutela, profiera una nueva decisión en la cual se valoren
de forma adecuada los medios de convicción oportunamente allegados y que fueron practicados
en el trámite del proceso ordinario, se apliquen y adecúen a las circunstancias fácticas puestas
de manifiesto, bajo los parámetros ampliamente desarrollados y reiterados por la jurisprudencia
del Consejo de Estado, Sección Tercera, en casos similares de privación injusta de la libertad, en
los cuales se ha declarado la responsabilidad de las demandadas, cuando la imposición de la
medida de aseguramiento, estuvo sustentada en elementos materiales probatorios que carecen
de valor persuasorio al momento de solicitarse; esto en los términos de la jurisprudencia
administrativa y constitucional y revise las pruebas que demuestran la existencia de un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia tal y como se señaló en el respectivo escrito de
apelación.
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Demandante: Jonathan Barbosa Casas
2. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2.1. Del proceso penal
2.1.1. El 10 de abril de 2015, el señor Jonathan Barbosa Casas fue capturado por
personal de la Policía Nacional, con ocasión de la diligencia de allanamiento realizada
en un inmueble en el que fueron encontradas una granada de fragmentación y 80
papeletas de marihuana.
2.1.2. El señor Barbosa Casas fue objeto de medida de aseguramiento privativa de la
libertad, por la gravedad del delito derivado de la posesión de la granada de
fragmentación.
2.1.3. El 14 de octubre de 2015, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado
de Buga declaró la preclusión de la investigación penal y levantó la medida de
aseguramiento. La preclusión se sustentó en el numeral 6 del artículo 332 del Código
de Procedimiento Penal, que alude a la imposibilidad de desvirtuar la presunción de
inocencia.
2.2. Del proceso de reparación directa
2.2.1. Jonathan Barbosa Casas, Liliana Magalid Santamaría, Ancisar Barbosa Florez,
Esperanza Casas Florez e Israel Muñoz Casas interpusieron demanda de reparación
directa contra la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (Rama Judicial), por estimar que incurrieron en privación injusta
de la libertad.
2.2.2. Mediante sentencia del 11 de diciembre de 2019, el Juzgado Segundo
Administrativo de Buga denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa,
por estimar que ocurrió la culpa exclusiva de la víctima. El juzgado consideró que el
señor Barbosa Casas actuó de manera descuidada e imprudente al haber sido
sorprendido consumiendo sustancias alucinógenas en un inmueble al que
habitualmente acudía para llevar a cabo tal actividad y en el que fueron hallados una
granada de fragmentación y una cantidad considerable de marihuana.
2.2.3. Los demandantes del proceso de reparación directa apelaron, pues, a su juicio,
el juez de primera instancia desconoció el principio de presunción de inocencia y reabrió
el debate decidido en el proceso penal. Sostuvo que la falla en el servicio se evidencia
en que el proceso penal concluyó con decisión de preclusión. Agregó que hubo un
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, dado que en el proceso
penal se vencieron los términos y debió ordenarse la libertad.
2.2.4. Por sentencia del 30 de noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca confirmó la decisión denegatoria, pero porque la medida de aseguramiento
estuvo debidamente justificada.
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Demandante: Jonathan Barbosa Casas
3. Argumentos de la acción de tutela
3.1. La parte actora adujo que la sentencia del 30 de noviembre de 2021, dictada por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en defecto fáctico, toda vez que
dio valor probatorio al informe de policía judicial utilizado para sustentar la medida de
aseguramiento.
3.1.1. Dijo que no fue dado valor probatorio a los elementos que evidenciaban la
existencia de falla en el servicio, como la providencia que decretó la preclusión de la
investigación penal.
3.2. El demandante también alegó desconocimiento del precedente judicial,
habida cuenta de que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de
Justicia y el Consejo de Estado señalan que los informes de policía no constituyen
prueba indiciaria, sino que solo puede ser utilizado como criterio de investigación. Que
la autoridad judicial demandada «desconoció los precedentes identificados porque
abandonó el hecho que, dentro del proceso ordinario de reparación directa, quedó
demostrada que para el momento de imponerse la medida de aseguramiento que pesó,
en contra del señor Jonathan Barbosa Casas, la misma, solo se fundamentó en el
informe de policía, suscrito el pasado 10 de abril de 2015 durante la diligencia de
registro y allanamiento efectuada en la morada del señor Jhonny Alexander Valencia
Torres con ocasión, al cual se le otorgó un valor probatorio del que carece».
3.2.1. Manifestó que la autoridad judicial demandada desconoció los precedentes
judiciales fijados por el Consejo de Estado en sentencia de tutela del 23 de abril de
20211, del 15 de julio de 20212 y del 30 de julio de 20213, que, en casos similares al
presente, encontraron acreditada la vulneración de los derechos fundamentales y
desestimaron el valor probatorio de los informes de policía judicial.
3.2.2. Sostuvo que fue omitida la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013,
que señala la responsabilidad objetiva del Estado en casos de privación de la libertad
y que estaba vigente cuando fue interpuesta la demanda de reparación directa.
3.2.3. Que «la Sala de Decisión del Tribunal debió estudiar el presente asunto, iniciado
en el año 2017, bajo la directriz jurisprudencial vigente en ese entonces, la cual
básicamente se aviene a la adopción del régimen de imputación de responsabilidad
objetivo por daño especial». Que, por consiguiente, bastaba la decisión absolutoria para
considerar que hubo responsabilidad del Estado.
4. Intervenciones
4.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca pidió que se denegara la tutela,
puesto que la sentencia cuestionada está acorde con el precedente fijado por el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Que el precedente vigente y aplicable
proscribe la responsabilidad objetiva en los casos de privación injusta de la libertad.
1 Expediente 11001-03-15-000-2021-00600-01.
2 Expediente 11001-03-15-000-2021-00238-01.
3 Expediente 11001-03-15-000-2021-00882-01.
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4.1.1. Que lo que debe demostrarse en los casos de privación de la libertad es el
carácter injusto de la medida de aseguramiento. Que ese elemento no fue acreditado,
por cuando, en el marco del proceso penal, el demandante se atribuyó la propiedad del
arma y los estupefacientes encontrados en el allanamiento.
4.1.2. Que se evidenció que la medida de aseguramiento estuvo debidamente
justificada y que, en últimas, el demandante pretende imponer su criterio.
4.2. La Fiscalía General de la Nación pidió que se denegara la tutela, por cuanto,
en su criterio, la parte actora simplemente pretende reabrir una discusión debidamente
agotada. Que lo cierto es que la parte actora no demuestra la vulneración de derechos
fundamentales.
4.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Liliana Magalid
Santamaría, Ancisar Barbosa Florez, Esperanza Casas Florez e Israel Muñoz
Casas no intervinieron, pese a que fueron notificados de la admisión de la demanda de
tutela de la referencia4.
5. Sentencia impugnada
5.1. Mediante sentencia del 19 de julio de 2022, la Sección Primera del Consejo de
Estado denegó la tutela, por lo siguiente:
5.1.1. Que la sentencia cuestionada estuvo debidamente sustentada, habida cuenta
de que se evidenció que la medida de aseguramiento cumplió los requisitos legalmente
previstos. Que «la autoridad judicial accionada logró concluir que, si bien se ordenó la
preclusión de la acción penal, ello no conllevaba la ilegalidad de la medida se
aseguramiento intramural, la cual en su momento contó con respaldo legal y probatorio,
que evidenciaba la necesidad y procedencia de la adopción de la medida, en
cumplimiento de los requisitos exigidos por el Estatuto Procesal Penal».
5.1.2. Que era razonable inferir la posible responsabilidad penal del señor Barbosa
Casas, toda vez que fue capturado en diligencia de allanamiento y en el sitio se
encontraron estupefacientes y una granada de fragmentación.
5.1.3. Que no es cierto que la medida de aseguramiento está sustentada
exclusivamente en el informe de policía, habida cuenta de que también hubo apoyo en
la propia granada de fragmentación y los estupefacientes encontrados en la diligencia
de allanamiento.
5.1.4. Que no hubo desconocimiento del precedente, puesto que la sentencia
cuestionada tuvo sustento en las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018, dictadas
por la Corte Constitucional. Que dichas sentencias fijan los criterios generales para
efecto de estimar la responsabilidad del estado frente a casos de privación de la
libertad.
5.1.5. Que la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, proferida por la Sala
Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, no resultaba aplicable, por cuanto
la tesis vigente era la señalada en las aludidas sentencias de la Corte Constitucional.
4 Ver índices 8, 9 y 17 de Samai.
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Que la Corte Constitucional ha definido que el cambio en la postura jurisprudencial de
un tema por el respectivo órgano de cierre conlleva un carácter vinculante general e
inmediato del precedente.
5.1.6. Que las sentencias de tutela no resultan vinculantes, habida cuenta de que no
son de unificación ni dan cuenta de reglas de obligatorio cumplimiento. Que dichos
fallos «no constituyen precedente judicial, toda vez que en los mismos no se unificó
jurisprudencia alguna frente al tema objeto de controversia, tampoco se fijaron reglas
jurisprudenciales que deban ser aplicadas por la autoridad judicial y los hechos difieren
a los expuestos en el caso sub examine».
6. Impugnación
6.1. La parte actora impugnó la sentencia del 19 de julio de 2022 y, en ese sentido,
reiteró los argumentos expuestos en la demanda de tutela.
CONSIDERACIONES
1. De la acción de tutela contra providencias judiciales
1.1. A partir del año 20125, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 6, se precisó que la
acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas
por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución
Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad pública.
1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos
generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la
sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los
medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una
sentencia de tutela.
1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez
puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los
siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela:
(i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv)
defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento
del precedente, y (viii) violación directa de la Constitución.
1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han
venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se
convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas
que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por
negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.
1.5. Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo
de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de
cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un
5 Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
6 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.
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requisito adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad que
exija la imperiosa intervención del juez constitucional»7.
2. Planteamiento y respuesta al problema jurídico
2.1. En los términos de la impugnación, la Sala debe decidir si el a quo acertó al
denegar las pretensiones de la tutela de la referencia, por estimar que la sentencia del
30 de noviembre de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
no incurrió en desconocimiento del precedente judicial obligatorio o en defecto fáctico.
2.1.1. En el caso concreto, la providencia cuestionada aludió a que, inicialmente, la
Sección Tercera de Consejo de Estado fijó un régimen de responsabilidad objetivo con
respecto a los casos de privación injusta de la libertad. Asimismo, fueron citadas las
sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018, que, en términos generales, regulan lo
concerniente a la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. Así, el
tribunal demandado advirtió que «se debe examinar la actuación que dio lugar a la
medida restrictiva de este derecho fundamental, pues, según su criterio, no resulta
viable la reparación automática de los perjuicios en dichos eventos […] en cualquier
caso, se deberá analizar todo el procedimiento llevado a cabo por los diferentes entes
jurisdiccionales; con el fin de no condenar sin antes establecer cómo ocurrieron los
hechos y bajo qué circunstancias, vigilando así tanto los derechos de las personas
como la labor investigativa y punitiva del Estado».
2.1.2. El tribunal demandado hizo un detallado recuento de los hechos probados en el
proceso de reparación directa y advirtió que la medida de aseguramiento estuvo
debidamente justificada y sustentada en las normas que la regulan. En lo que interesa,
la autoridad judicial demandada señaló lo siguiente:
En este punto se dice en el formato único de noticia criminal y en el informe ejecutivo -FPJ-3, que
el 10 de abril de 2015 en diligencia de allanamiento en el inmueble donde se encontraba el señor
Jonathan Barbosa Casas junto a otras dos personas de nombres Robinson Jiménez Henao y
Jhonny Alexander Valencia Torres se encontró una granada de uso privativo de la Fuerza Pública
y 80 envolturas de papel con sustancias psicoactivas (marihuana).
Añaden los servidores de la Policía Nacional, que una vez logran entrar al lugar de los hechos, el
señor Jonathan Barbosa Casas y los otros sujetos referenciados, intentaron huir por la parte
trasera del inmueble.
Así pues, el Juez de Control de Garantías sostuvo igualmente, que el indiciado junto con los
demás capturados también constituían un peligro para la comunidad al señalar que el hallazgo
del artefacto explosivo (granada), afectaría de manera grave a la población, teniendo en cuenta
que su radio de destrucción oscilaba entre los 4 o 5 metros.
Agrega que, igual resultaba probable que ante la cantidad de la sustancia psicoactiva incautada
(marihuana) el actor podría pertenecer a grupos de violencia organizada dedicadas al narcotráfico.
Concluyó entonces el juez de control de garantías que, dados los estudios preliminares y las
características de los delitos, así como las circunstancias que rodean su ejecución, se llegaba a
la convicción de que el procesado requería un tratamiento penitenciario.
Entonces, de conformidad con lo antes expuesto, la Sala considera que la medida de
aseguramiento impuesta correspondió a cada uno de los presupuestos legales establecidos en el
Código de Procedimiento Penal, cumpliéndose con los requisitos objetivos y subjetivos para su
7 SU-573 de 2017.
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procedencia. En efecto, la pena mínima de la conducta punible de tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes consagrado en el artículo 376 del Código Penal, así como delito de fabricación,
tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas
o explosivos (366 del Código Penal) que fueron objeto de investigación excedían los cuatro (4)
años de prisión de que trata el artículo 313 numeral 2 de la Ley 906 de 2004. Así mismo, existía
una prohibición expresa contenida en el artículo 314 de la citada Ley al contemplar que no es
procedente la sustitución de medida domiciliaria cuando se trate de delito contemplado en el
artículo 366 del Código Penal.
2.1.3. A juicio de la Sala, no hubo desconocimiento del precedente, pues el estudio
realizado por el tribunal demandado estuvo sustentado en las sentencias SU-072 de
2018 y C-037 de 1996, que definen los elementos para tener en cuenta en los casos de
privación injusta de la libertad. Dichas sentencias sí resultan aplicables, pues tienen
efecto a futuro y frente a los casos pendientes de decisión. Al respecto, en sentencia
SU-406 de 2016, la Corte Constitucional explicó lo siguiente:
La jurisprudencia fijada por los órganos de cierre se convierte en aplicable de manera
general e inmediata, en sentido horizontal y vertical. A partir de ello, la lectura de la
normatividad debe hacerse a la luz de los lineamientos y definiciones establecidas por el tribunal
de cierre, sin perjuicio de las reglas establecidas para efectos de que de manera excepcional una
autoridad judicial pueda apartarse del precedente judicial. Lo anterior significa que la realización
de la igualdad material en la administración de justicia, exige que el precedente no ha de aplicarse
de forma automática e irreflexiva, de manera que, si por un lado, ante casos semejantes debe
darse el mismo tratamiento legal, por el otro, frente a casos distintos se dé un trato diferenciado,
cuando ello resulte razonablemente justificado. Es decir que, ante el presupuesto de la
vinculación general e inmediata de la jurisprudencia, deben tenerse en cuenta las
condiciones sustanciales y procesales de cada caso para evitar que, so pretexto de la
aplicación formal del precedente, se desconozcan derechos fundamentales. De modo que,
en tanto que la garantía del principio de igualdad no obedece a un quantum matemático, la
aplicación de la jurisprudencia debe atender las situaciones particulares del caso, para que,
cuando éstas lo ameriten y con una adecuada sustentación, el operador judicial adopte las
medidas necesarias para que la aplicación del precedente se corresponda con la garantía de los
derechos fundamentales de los sujetos procesales (Resalta la Sala).
2.1.4. A juicio de la Sala, en este caso no existen circunstancias especiales para efecto
de inaplicar el precedente vigente cuando fue dictada la sentencia cuestionada. No se
advierte que la aplicación del precedente comprometa el derecho de acceso a la
administración de justicia, por cuanto no fija condiciones especiales para el ejercicio del
derecho de acción. Además, la aplicación del precedente vigente no implica el
desconocimiento de derechos de contenido sustancial, pues, en últimas, el asunto se
encontraba en discusión y resulta imperioso garantizar la aplicación uniforme del
derecho.
2.1.5. La obligatoriedad de la jurisprudencia de las altas cortes es una exigencia dirigida
a que las decisiones judiciales estén guiadas por un parámetro de igualdad, en
búsqueda de condiciones de seguridad jurídica en la aplicación del Derecho. La
aplicación uniforme del precedente también permite que los usuarios de la
administración de justicia puedan tener confianza legítima sobre las normas que
regulan las relaciones jurídicas.
2.1.6. En últimas, la Sala advierte que la parte actora simplemente pretende que, a toda
costa, sea aplicado un precedente que perdió vigencia y que se desconozca el carácter
obligatorio de las sentencias de unificación y de constitucionalidad de la Corte
Constitucional, como lo son las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018. En
sentencia C-634 de 2011, la Corte Constitucional estudió las normas que regulan el
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precedente en materia de lo contencioso administrativo y explicó que «tanto el artículo
10 como los artículos 103 y 269 (CPACA), deben leerse y aplicarse en el sentido de
aplicar preferencialmente las sentencias de unificación de la Corte Constitucional». Por
consiguiente, para la Sala, no existe de duda de que el tribunal no cometió ningún error
al aplicar la sentencia SU-072 de 2018.
2.2. La Sala tampoco encuentra desconocido el precedente relacionado con el valor
probatorio de los informes de policía o de inteligencia.
2.2.1. Debe decirse que el artículo 308 de la Ley 906 de 2004 establece que se
«decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales
probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos
legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o
partícipe de la conducta delictiva que se investiga». Por consiguiente, la autoridad
judicial demandada, al verificar la actuación de la Fiscalía General de la Nación y del
Juez de Control de Garantías, debe constatar que, para ese momento, existían
suficientes elementos para inferir razonablemente que el investigado posiblemente
había incurrido en una conducta típica, antijurídica y culpable.
2.2.2. También debe aclararse que la Sección Tercera del Consejo de Estado ha
manifestado de manera reiterada que los informes de Policía Nacional, sean de
vigilancia, inteligencia o de campo, no tienen valor como prueba autónoma. Sin
embargo, esa tesis tiene sentido bajo la norma procesal del artículo 314 de la Ley 600
de 2000, que señala lo siguiente: «LABORES PREVIAS DE VERIFICACION. La policía
judicial podrá antes de la judicialización de las actuaciones y bajo la dirección y control
del jefe inmediato, allegar documentación, realizar análisis de información, escuchar en
exposición o entrevista a quienes considere pueden tener conocimiento de la posible
comisión de una conducta punible. Estas exposiciones no tendrán valor de testimonio
ni de indicios y sólo podrán servir como criterios orientadores de la investigación».
2.2.3. La valoración de los informes de policía cambia bajo la Ley 906 de 2004, habida
cuenta de que se rige por el principio de libertad probatoria. En efecto, el artículo 373
de la Ley 906 indica que «los hechos y circunstancias de interés para la solución
correcta del caso, se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este
código o por cualquier otro medio técnico o científico, que no viole los derechos
humanos».
2.2.4. La Corte Suprema de Justicia ha sostenido que en la Ley 906 de 2004 «no existe
una norma que niegue la posibilidad de valorar dichos informes ni les atribuye la
condición de criterios orientadores de la investigación»8, máxime cuando los medios de
conocimiento aportados al proceso penal acusatorio sólo tendrán la calidad de prueba
cuando son producidos e incorporados en forma pública, oral, concentrada y sujeta a
confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento, esto es, durante la etapa
del juicio oral, a excepción de la prueba anticipada, de acuerdo con el artículo 16 de la
Ley 906 de 2004.
2.2.5. En el sub lite, el proceso penal fue adelantado con base en la Ley 906 de 2004
y, por ende, se tiene que el informe de policía referido a la diligencia de allanamiento
8 Auto de 16 de abril de 2015, exp. No. 44557.
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del 10 de abril de 2015 sí gozaba de valor probatorio para efecto de sustentar la medida
de aseguramiento. En todo caso, conviene decir que el informe de policía judicial no fue
el sustento exclusivo de la medida de aseguramiento, pues, como bien lo explicó la
autoridad judicial demandada, fue contrastado con otros medios de prueba, como las
dosis de marihuana, los informes técnicos, el acta de allanamiento y la propia granada
de fragmentación.
2.3. Las sentencias de tutela invocadas por la parte actora tampoco pueden servir de
sustento para un estudio sobre el desconocimiento del precedente, puesto que no
resultan vinculantes para los jueces de los procesos de reparación directa. Lo cierto es
que no existe identidad en el análisis propio de los procesos de reparación directa y los
trámites de tutela. Los primeros están dirigidos a verificar la responsabilidad del Estado
y los segundos buscan la protección de derechos fundamentales.
2.4. La Sala también desestima el mentado defecto fáctico, pues, como se vio, el
estudio probatorio del caso estuvo ajustado a los lineamientos fijados en la sentencia
de unificación SU-072 de 2018, que señala la obligación de estudiar el carácter
antijurídico del daño, esto es, el carácter injusto de la decisión que decreta la medida
de aseguramiento.
2.4.1. Conviene precisar que el hecho de la absolución penal no es suficiente para
predicar la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. Se reitera, el
precedente constitucional indica que la responsabilidad por privación injusta de la
libertad ocurre cuando se evidencia el carácter injusto de la medida y no por el simple
hecho de la absolución.
2.4.2. La Sala advierte que no fue desconocida la presunción de inocencia, habida
cuenta de que, justamente, la medida de aseguramiento es una institución excepcional
y rigurosamente sometida a requisitos legales, que están debidamente acreditados.
Conviene decir que, en sentencia C-695 de 2013, la Corte Constitucional explicó que
«eliminar la posibilidad de adoptar una medida preventiva como la analizada, exigiendo
la previa culminación íntegra del proceso, desnaturalizaría su carácter preventivo y
podría tornar inoficiosa la función judicial, impidiendo la efectividad de la pena, en
aquellos eventos en los cuales el procesado se aparte del cumplimiento de la misma,
generando con ello no solo impunidad, sino descontento social, que conllevaría el
horrendo riesgo de que, ante la inoperancia de la justicia estatal, alguien pretendiese
ejecutarla por sí mismo».
2.5. Siendo así, queda resuelto el problema jurídico: el a quo acertó al denegar las
pretensiones de la tutela de la referencia, por estimar que la sentencia del 30 de
noviembre de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no
incurrió en desconocimiento del precedente judicial obligatorio ni en defecto fáctico. Por
consiguiente, será confirmada la providencia impugnada.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas.
9
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03069-01
Demandante: Jonathan Barbosa Casas
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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