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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02285-00

Fecha
30 de junio de 2022
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02285-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso de la Nación – Rama Judicial - Dirección Administrativa de Administración Judicial. En consecuencia: 2. Dejar sin efecto la sentencia del 18 de marzo de 2021, dictada por la Sala de Conjueces Ad Hoc del Tribunal Administrativo del Magdalena. 3. Ordenar a la Sala de Conjueces Ad Hoc del Tribunal Administrativo del Magdalena, conjuez ponente Camilo José David Hoyos, que, en el término de 20 días contados a partir de la notificación de esta decisión, dicte sentencia de reemplazo, en la que deberá tener en cuenta lo expuesto en la parte considerativa de la presente sentencia. 4. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-02285-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

30 de junio de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02285-00
Demandante: Nación –Rama Judicial-Dirección Administrativa de Administración
Judicial.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02285-00
Demandante: NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA -
SALA DE CONJUECES

Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL –
RECONOCIMIENTO PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS
COMO FACTOR SALARIAL – FALTA DE
CONGRUENCIA PERJUICIO IRREMEDIABLE –
FLEXIBILIZACIÓN REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD -

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela presentada por la Nación –Rama Judicial-Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial-, por intermedio del director ejecutivo Seccional
de Administración Judicial de Santa Marta, contra el Tribunal Administrativo de
Magdalena –Sala de Conjueces-, de conformidad con lo establecido en el artículo 1°
del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ejerció acción
de tutela contra la Sala de conjueces Ad Hoc del Tribunal Administrativo del
Magdalena, por considerar vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló
las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso, Acceso a la
Administración de Justicia e Igualdad, vulnerados a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL mediante Sentencia
de 18 de marzo de 2021 notificado el día 14 de diciembre de 2021 proferida por
parte de la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Magdalena con
ponencia del Honorable Conjuez CAMILO DAVID HOYOS, y de considerarlo
pertinente respecto la Sentencia de 11 de Noviembre de 2016, cuyo último
radicado fue asignado bajo el numero No. 47001-2333- 000-2018-000182-00.

SEGUNDO: Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA deje
sin efectos, bajo la aplicación del denominado control de legalidad, la providencia
de fecha 18 de marzo de 2021, por medio de la cual se confirmó la sentencia del
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Demandante: Nación –Rama Judicial-Dirección Administrativa de Administración
Judicial.

11 de noviembre de 2016, mediante la cual se conceden las pretensiones de la
demanda formuladas por NANCY EDITH BERNAL MILLAN contra la NACIÓN —
RAMA JUDICIAL — DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
radicado No. 47001-2333-000-2018-000182-00.”

2. Hechos:

Del expediente de tutela, se destacan como hechos relevantes los siguientes:

Que la señora Nancy Bernal Millán ingresó a laborar al servicio de la Rama Judicial el
1º de agosto del 2000 como juez y desde que se vinculó se le pagó la prima especial
de servicios, pero la misma no se tuvo en cuenta al momento de liquidar las
prestaciones sociales.

Que, por lo anterior, la señora Bernal Millán solicitó la reliquidación de todas las
prestaciones sociales con inclusión de la mencionada prima, sin embargo, la Dirección
Seccional de Administración Judicial, seccional Santa Marta, mediante Oficio núm.
DESAJ11-1314 del 14 de julio de 2014, negó la solicitud, acto administrativo que se
confirmó por Resolución núm.1986 del 15 de febrero de 2012.

Que la señora Bernal Millán inició acción de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Ministerios de Justicia y del Derecho y de Hacienda, con la finalidad de que se
declarara la nulidad de los actos administrativos referidos y, en consecuencia, se
reliquidaran y corrigieran los valores percibidos como prestaciones sociales con la
inclusión de la prima especial de servicios.

Del proceso en primera instancia conoció conjuez del Tribunal Administrativo del
Magdalena que, en sentencia del 11 de noviembre de 2016, accedió a las pretensiones
de la demanda al considerar que la mencionada porción del 30 % de los ingresos
percibidos bajo la denominación de prima especial, sí debía ser tomada en cuenta por
el nominador para efectos de cálculo prestacional pues de no hacerlo se causaría una
repercusión de carácter económico al régimen prestacional de la demandante.

Esta decisión fue apelada por las allí demandadas y la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo del Magdalena, en providencia del 18 de marzo de 2021, la confirmó.
Esta providencia se notificó mediante correo electrónico del 14 de diciembre de 2021.

3. Argumentos de la tutela

La demandante manifestó que la providencia atacada incurrió en defecto sustantivo,
defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial y precisó que se incurrió en
falta de congruencia entre lo planteado en la demanda y lo decidido en segunda
instancia.

En tal sentido, sostuvo que lo pretendido era el reconocimiento de la prima especial de
servicios como factor salarial y lo resuelto por la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo del Magdalena fue “determinar si la bonificación por compensación
reconocida a los Magistrados del Tribunal y otros funcionarios — incluyendo entre
estos, a los actores, por desempeñarse como Jueces de la República en el
departamento del Magdalena y en la ciudad de Santa Marta, configura o no factor
salarial para todos los efectos, en especial para la liquidación de sus salarios y
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Demandante: Nación –Rama Judicial-Dirección Administrativa de Administración
Judicial.

prestaciones sociales”. (subrayado fuera de texto). Por ende, lo decidido no guarda
relación con lo solicitado dado que en el caso objeto de estudio se solicit ó
reconocimiento de prima especial de servicios y no de bonificación por compensación
como se estudió por los conjueces.

Por lo expuesto, precisó que el estudio se desvió sustancialmente del objeto planteado
en la demanda, desconociendo lo ordenado en los artículos 280 y 281 del CGP en
relación con el contenido y congruencia de la sentencia, además, de omitir lo señalado
en el artículo 187 del CPACA que hace alusión al contenido de la sentencia y la
motivación de esta.

Señaló que, con la decisión cuestionada, se desconocieron las normas que regulan la
Prima Especial prevista en el artículo 14 de la ley 4 de 1992, pues esa norma es clara
en señalar que dicha prima no tiene carácter salarial.

Manifestó que se incurrió en desconocimiento del precedente judicial dado que no tuvo
en cuenta la sentencia de unificación del 2 de septiembre de 2019, SUJ-016-CE-S2-
2019 radicado 2016-00041-02, en la que se ratificó que la prima especial reclamada
por la señora Nancy Bernal de conformidad con el artículo 14 de la Ley 4° de 1992, no
tiene carácter salarial; más aún cuando dicha disposición normativa fue estudiada por
la Corte Constitucional en las sentencias C-279 de 1996 y C-681 de 2003 en las que
se declaró exequible la expresión “sin carácter salarial” al hacer referencia a la prima
discutida.

Finalmente, adujo que las providencias objeto de estudio vulneran el criterio de
sostenibilidad fiscal pues de aceptarse el carácter salarial de la prima especial
eventualmente el Gobierno Nacional debe disponer de recursos públicos no previstos
que tienen incidencia en la base de liquidación de prestaciones sociales y demás
pagos laborales lo que causa un grave perjuicio al patrimonio público.

4. Trámite previo
Mediante auto del 3 de mayo de 2022, se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar a las partes la señora Nancy Edith Bernal Millán, a la Nación –Ministerio de
Justicia y del Derecho-, al – Ministerio de Hacienda y Crédito Público- y a la Conjuez
Dra. Omaira Manjarrez Palacio del Tribunal Administrativo del Magdalena, como
terceros interesados en el resultado del proceso a quienes se les remitió copia de la
demanda.

5. Oposiciones

El Conjuez Camilo José David Hoyos del Tribunal Administrativo del Magdalena,
ponente de la decisión de segunda instancia, señaló que las normas y los actos
administrativos demandados desmejoraron laboralmente el salario y derecho
prestacional de la señora Bernal Millán pues se desconoció que las primas representan
un incremento a la remuneración y no una merma de esta, que contraría la
progresividad en materia laboral.

Adujo que la decisión judicial de segunda instancia se encuentra ajustada a derecho y
a la realidad procesal, y que guarda coherencia entre lo pedido y resuelto tanto en
primera, como en segunda instancia.

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Judicial.

Señaló que, si bien en el contenido de la sentencia de segunda instancia se habla de
manera reiterada de la bonificación por compensación, se abordó el tema de la prima
especial como base esencial de la demanda y de la sentencia de primera instancia, lo
cual reafirma la coherencia entre lo argumentado en la parte considerativa y lo
decidido, muy a pesar de lo expresado al formular el problema jurídico que debió
referirse al 30% de la prima especial por servicio y no a la bonificación por
compensación como se hizo, error que, afirmó, no afecta la validez y legitimidad de la
sentencia, por lo que solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela.

La magistrada María Victoria Quiñones Triana, de presidente del Tribunal
Administrativo del Magdalena, manifestó que respecto al trámite procesal
adelantado por esa Corporación no se advierte violación alguna a las garantías
fundamentales de la actora pues esa dependencia realizó todas las diligencias
pertinentes para apoyar la labor del conjuez ponente, con la finalidad de que el asunto
fuera decidido en el menor tiempo posible, y en esa medida los derechos
fundamentales invocados no fueron vulnerados, razón por la que solicitó que se niegue
el amparo.

Finalmente advirtió que del escrito de tutela se concluye que lo pretendido por la actora
es convertir la acción de tutela en una tercera instancia pues lo alegado en el escrito
inicial se enmarca en la inconformidad de la entidad al no haber accedido a sus
pretensiones.

6. Intervenciones

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que no fue parte en la
demanda de nulidad y restablecimiento de derecho presentada por la señora Nancy
Bernal Millán, según revisión de la base de datos y aplicativos de procesos del
Ministerio y tampoco existe obligación a su cargo en la sentencia del 18 de marzo de
2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena. Por lo expuesto, solicitó
que se ordene su desvinculación.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

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Judicial.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
1
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
2 3
mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si la autoridad judicial demandada vulneró los
derechos fundamentales invocados por la parte actora, por haber incurrido en la
supuesta vulneración del principio de congruencia al dictar la sentencia del 18 de
marzo de 2021, previa verificación delos requisitos generales de procedibilidad.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala seguirá el siguiente orden: (i) Del
requisito general de la subsidiariedad, ii) Del requisito general de subsidiariedad en el
caso concreto, iii) la procedencia de la acción de tutela en el caso objeto de estudio y
iv) caso concreto.

Del requisito general de la subsidiariedad 4

Como se anticipó, de manera previa a cualquier consideración respecto del fondo del
asunto, la Sala estima necesario verificar si la presente acción de tutela cumple el
requisito de subsidiariedad.

La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución
y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos
para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del

pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en
esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial

son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de
la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la
sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los dere chos que se
transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido

en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo;
(v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece
el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
4 Sentencia T-375 de 2018, Corte Constitucional.

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No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados.
De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los
mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la
protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte
Constitucional manifestó5:

“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o
amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene
previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr
la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por
cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del
interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la
concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la
excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio
alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin
propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya
que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con
el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las
personas una plena protección de sus derechos esenciales (…)”.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se
cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.

Flexibilización del requisito de subsidiariedad por configuración de perjuicio
irremediable, procedencia excepcional de la acción de tutela, en aras de evitar la
afectación al patrimonio público.

En esta ocasión, la entidad demandante afirmó que al proferir la sentencia del 18 de
marzo de 2021 la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Magdalena
desconoció el principio de congruencia dado que no hay correspondencia entre lo
solicitado por la señora Bernal Millán y lo decidido por la autoridad judicial demandada
en segunda instancia.

Se advierte que la tesis adoptada por esta Sala cuando se alega como vulnerado el
principio de congruencia, es que la parte actora cuenta con otro medio de defensa para
la protección de los derechos invocados, como lo es el recurso extraordinario de
revisión previsto en el artículo 248 6 de la Ley 1437 de 2011. Como se sabe, el recurso
extraordinario de revisión 7 es un medio de impugnación excepcional de las sentencias
ejecutoriadas, que permite el rompimiento del principio de cosa juzgada para

5 Sentencia C-543 de 1992. Magistrado ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
6 Artículo248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas
dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por
los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 27 de abril de 2004. M.P. María

Inés Ortiz Barbosa, expediente de N° 1999-0194.
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restablecer tanto el imperio de la justicia como del ordenamiento jurídico que suelen
resultar desconocidos por hechos externos al proceso judicial 8.

En ese punto, la Sala debe poner de presente que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, en sentencia del 7 de septiembre de 2018, Rad. REV 2014-
00440-00, señaló que, de conformidad con la sentencia de 31 de mayo de 2011, en el
expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2008-00294-00 de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, «la causal quinta del artículo 250 del CPACA
también comprende la violación del principio de congruencia cuando al accionado es
condenado por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o
por causa diferente a la invocada en ésta; también se configura en el evento que la
sentencia no se pronuncie sobre todos los puntos litigiosos objeto del debate (cifra
petita)». (subrayado fuera de texto).

Por lo expuesto, es claro para la Sala que, en principio, en aplicación a la tesis
expuesta si la parte demandante alega que la sentencia objeto de reproche desconoció
el principio de congruencia, lo procedente sería que acuda al recurso extraordinario de
revisión, con fundamento en la causal denominada «nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede el recurso de apelación».

Sin embargo, en este punto, es necesario resaltar que la jurisprudencia constitucional
ha reiterado que el presupuesto de subsidiariedad que rige la acción de tutela debe
analizarse en cada caso concreto. Por ende, en aquellos eventos en que existan otros
medios de defensa judicial, la Corporación ha determinado que existen dos
excepciones que justifican su procedibilidad 9:

(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias
del caso estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y,

(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide
la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela
procede como mecanismo transitorio.

En cuanto a la primera hipótesis, que se refiere a la idoneidad del medio de defensa
judicial al alcance del afectado, se tiene que ésta no puede determinarse en abstracto,
sino que, por el contrario, la aptitud para la efectiva protección del derecho debe
evaluarse en el contexto concreto 10. El análisis particular resulta necesario, pues en
éste podría advertirse que la acción ordinaria no permite resolver la cuestión en una
dimensión constitucional o no permite tomar las medidas necesarias para la protección
o restablecimiento de los derechos fundamentales afectados.

En cuanto a la segunda hipótesis, cabe anotar que su propósito no es otro que el de
conjurar o evitar una afectación inminente y grave a un derecho fundamental. De este
modo, la protección que puede ordenarse en este evento es temporal, tal y como lo
8 En cuanto a la naturaleza excepcional del recurso extraordinario de revisión, ver, entre otras, providencia del 30

de noviembre de 2011, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, expediente N° 1999-0207,
M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
9 Sentencia T-662 de 2016 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
10 Sobre el particular, la Corte Constitucional ha establecido que “el medio debe ser idóneo, lo que significa que debe ser

materialmente apto para producir el efecto protector de los derechos fundamentales. Además, debe ser un medio eficaz, esto es,
que debe estar diseñado de forma tal que brinde oportunamente una protección al derecho” . Sentencia T – 040 de 2016.

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Demandante: Nación –Rama Judicial-Dirección Administrativa de Administración
Judicial.

dispone el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991. Así mismo, dicha excepción al
requisito de subsidiariedad exige que se verifique: (i) una afectación inminente del
derecho -elemento temporal respecto del daño-; (ii) la urgencia de las medidas para
remediar o prevenir el perjuicio irremediable; (iii) la gravedad del perjuicio -grado o
impacto de la afectación del derecho-; y (iv) el carácter impostergable de las medidas
para la efectiva protección de las garantías fundamentales en riesgo 11.

Las anteriores reglas implican que, de verificarse la existencia de otros medios
judiciales, siempre se debe realizar una evaluación de la idoneidad de estos en el caso
concreto, para determinar si aquellos tienen la capacidad de restablecer de forma
efectiva e integral los derechos invocados. Este análisis debe ser sustancial y no
simplemente formal, y reconocer que el juez de tutela no puede suplantar al juez
ordinario. Por tanto, en caso de evidenciar la falta de idoneidad del otro mecanismo, la
acción puede proceder de forma definitiva.

Condiciones que en el presente caso están dadas, porque, pese a que la controversia
planteada por la entidad actora es un asunto que puede ser ventilado mediante el
ejercicio del recurso extraordinario de revisión, amparada en la causal 5 del artículo
250 del CPACA, el perjuicio irremediable es inminente, si se tiene en cuenta que, lo
reconocido y ordenado en la providencia objeto de reproche no guarda relación con el
objeto de la demanda e incluso se observa que la bonificación por compensación se
trata de una partida que no fue devengada por la señora Nancy Bernal Millán lo cual
sin duda afecta de manera irreversible el patrimonio público, dado que, de mantener
vigente la decisión objeto de estudio, se aceptaría que se realicen pagos con sustento
en una providencia judicial errónea, lo que no permitiría resarcir el daño.

Por ende, el referido mecanismo judicial se torna ineficaz, por cuanto el recurso no es
lo suficientemente expedito para proteger el patrimonio público, ante el grave riesgo
de afectación y consumación del daño que se pretende evitar precisamente en
ejercicio del presente mecanismo constitucional.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T–147 de 2020 señaló:

“(…) Debe tenerse en cuenta que, aun existiendo otros mecanismos a los cuales puede
acudir la parte demandante (como lo es el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia), en este caso, este mecanismo judicial es ineficaz, y la acción de tutela
está llamada a prosperar por cuanto el recurso no es lo suficientemente expedito para
proteger el patrimonio público, ante el grave riesgo de afectación y consumación del
daño. Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente caso se observa que la acción de
tutela, no sólo buscaba garantizar el derecho al debido proceso, sino además proteger
los recursos públicos comprometidos con la condena impuesta en el Proceso 2016-345.
(…)”.

La Sala destaca que en anteriores oportunidades el requisito de subsidiariedad sea
flexibilizado12 con sustento en la afectación al interés general y al patrimonio público,

11 Sentencias: T – 225 de 1993, T – 789 de 2003, entre otras, Corte Constitucional.

12 Ver entre otras: sentencia del 30 de abril de 2020, CP Julio Roberto Piza Rodríguez expediente: 11001-03-15-

000-2019-04220-00, sentencia del 24 de junio de 2021, CP Milton Chaves García expediente: 11001-03-15-000-
2021-00074-01
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causado con la consolidación de una prestación económica que resulta
manifiestamente desproporcionada e ilegal.

Además, respecto a la defensa del patrimonio público, la Corte Constitucional ha
señalado13:

“(…) el juez de tutela está en la obligación de actuar con vocación de protección del
patrimonio que envuelva interés público, es decir, aunque se trate de controversias
económicas, la intervención del juez de amparo en estas circunstancias puede
justificarse y se encontraría legitimada ante la afectación de intereses públicos que las
tales vulneraciones a los derechos fundamentales puedan ocasionar. En otras
palabras, el juez de tutela no puede excluir, prima facie, el estudio de aquellas
controversias económicas que revistan una afectación del patrimonio público. (…)”.

Siendo así, dadas las especiales circunstancias del caso objeto de estudio, la Sala tiene
por cumplido el requisito de subsidiariedad.

La procedencia de la acción de tutela en el presente caso

Mediante el ejercicio de la presente acción la parte actora pretende que se deje sin
efecto la sentencia del 18 de marzo de 2021, por medio de la cual la Sala de Conjueces
del Tribunal Administrativo del Magdalena confirmó la decisión del 11 de noviembre de
2016.

En el caso concreto, se tiene que la señora Nancy Bernal Millán prestó sus servicios
a la Rama Judicial y durante su vinculación siempre devengó prima especial de
servicio, sin embargo, esta no era incluida como factor salarial al momento de la
liquidación de las cesantías ni de las prestaciones sociales, razón por la que solicitó
el reconocimiento de esta prestación con carácter salarial y la consecuente
reliquidación, sin embargo, dicha petición fue negada.

Ante la negativa, la señora Nancy Bernal Millán ejerció medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con la finalidad de que le fuera reconocido el carácter
salarial de la prima especial de servicio y en consecuencia se ordenara la reliquidación
de sus prestaciones sociales.

En primera instancia Conjuez del Tribunal Administrativo del Magdalena, en sentencia
del 11 de noviembre de 2016, accedió a las pretensiones de la demanda al considerar
que la mencionada porción del 30 % de los ingresos percibidos bajo la denominación
de prima especial de servicios, sí debía ser tomada en cuenta por el nominador para
efectos de cálculo prestacional pues de no hacerlo se causaría una repercusión de
carácter económico al régimen prestacional de la demandante.

Esta decisión fue apelada por las allí demandadas y la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo del Magdalena en providencia del 18 de marzo de 2021, la confirmó.

Ahora, la demandante afirma que se desconoció el principio de congruencia entre lo
solicitado en el proceso ordinario y lo resuelto en el mismo, lo que en principio,
conduciría a señalar que se cuenta con otro medio de defensa judicial idóneo para
reclamar dicha vulneración, que haría improcedente el amparo solicitado por falta de

13 Sentencia T–610 de 2015.

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cumplimiento del requisito de subsidiariedad, justamente porque dicho argumento es
objeto del recurso extraordinario de revisión.

No obstante, la parte actora invoca la protección constitucional al debido proceso pues
es evidente a simple vista que i) lo resuelto en la sentencia objeto de reproche no
guarda la mínima relación ni coherencia con el objeto de la demanda lo que hace que
se hayan desconocido los hechos alegados y las pruebas aportadas al proceso, ii) se
desconoce en su totalidad el principio de justicia rogada, iii) al ejecutar la decisión
contenida en la sentencia se pueden afectar los recursos públicos, más aún cuando la
decisión se fundamentó en un tema ajeno a lo requerido, lo que permitiría incluso que
se le tenga que pagar un concepto que ni siquiera fue devengado por la demandante
del proceso ordinario.

Por lo anterior, por las circunstancias particulares que aduce la parte actora y en
particular en aplicación al principio de economía procesal y celeridad, la Sala habilita
el mecanismo constitucional de la referencia y, en consecuencia, procede con el
estudio del presente caso, en los siguientes términos.

Caso concreto:

La Sala advierte que en el caso concreto se habilita el estudio de fondo de lo planteado
por la actora bajo la configuración del defecto sustantivo 14 , pues se alegó que la
providencia objeto de estudio incurrió en incongruencia entre los fundamentos jurídicos
y la decisión, pues la resolución del juez no corresponde con las motivaciones
expuestas en la providencia.

De los hechos acreditados en el caso objeto de estudio

Visto el expediente, del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho allegado
en medio magnético, y con la finalidad de determinar si existe incongruencia entre lo
solicitado y lo resuelto en el proceso ordinario, la Sala observa que, en lo que aquí
interesa, dentro del trámite se surtieron las siguientes actuaciones:

La señora Nancy Bernal Millán laboró al servicio de la Rama Judicial desde el 1º de
agosto del 2000 como juez. Desde que se vinculó se le pagó la prima especial de
servicios, pero no se tuvo en cuenta al momento de liquidar las prestaciones sociales,
razón por la que solicitó la reliquidación de todas sus prestaciones sociales con
14
El defecto sustantivo se materializa cuando la decisión que adopta el juez desborda el marco de acción que la Constitución y
la ley le reconoce, lo cual, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional puede darse en los siguientes casos:

“(i) Cuando existe carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión se sustenta en una norma inexistente,
derogada, o que ha sido declarada inconstitucional. (ii) La decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable
por no ser pertinente. A pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, su aplicación no resulta adecuada a
la situación fáctica objeto de estudio como, por ejemplo, cuando se le reconocen efectos distintos a los señalados por el legislador
(iv) Cuando se aplica una norma cuya interpretación desconoce una sentencia con efectos erga omnes. En esta hipótesis se
aplica una norma cuyo sentido contraría la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento jurídico.
(v) La disposición aplicada se muestra injustificadamente regresiva o claramente contraria a la Constitución. (vi) Cuando un poder
concedido al juez se utiliza para un fin no previsto en la disposición. (vii) La decisión se funda en una interpretación no sistemática
del derecho, omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso. (viii) El servidor judicial da una insuficiente
sustentación o justificación de una actuación que afecta derechos fundamentales. (ix) Se desconoce el precedente judicial sin
ofrecer un mínimo razonable de argumentación. (x) Cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad
ante una violación manifiesta de la Constitución. Se trata de la aplicación de normas abiertamente inconstitucionales, evento en
el cual si bien el contenido normativo no ha sido declarado inexequible, este es contrario a la constitución, o al ser aplicada al
caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe ser igualmente inaplicada. (xi) Cuando la providencia
incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión. Esta situación se configura cuando la resolución
del juez no corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia”.

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Judicial.

inclusión de la mencionada prima. La decisión fue resuelta de manera negativa.

La señora Bernal Millán inició acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra
la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Ministerio de
Justicia y Derecho y Ministerio de Hacienda y elevó las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio
No. DESAJ11-1314 de fecha 14 de julio de 2011 “por medio de la cual se negó la
reliquidación de las cesantías y demás prestaciones sociales incluyendo en la citada
liquidación la prima especial de servicios equivalente al 30% del salario percibido”, lo
anterior por ser irregular, ilegal e inconstitucional, según se infiere de las
consideraciones que más adelante se resaltarán. Igualmente, se declare la nulidad
de la Resolución 1986 de 15 de febrero de 2012, por medio de la cual se resolvió un
recurso de apelación, recurso que se solicitó en aras que se revocara el acto
administrativo contenido en el Oficio DESAJ11-1314 de fecha 14 de julio de 2011 “por
medio de la cual se negó la reliquidación de las cesantías y demás prestaciones
sociales incluyendo en la citada liquidación la prima especial de servicios equivalente
al 30% del salario percibido”, lo anterior por ser irregular, ilegal e inconstitucional,
según se colige de las consideraciones que más adelante de destacarán.

SEGUNDA: que, como consecuencia lógica de la anterior declaración, a título de
restablecimiento del derecho o reparación del daño, se ordene y condene a la
NACIÓN COLOMBIANA – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISRACIÓN JUDICIAL a lo siguiente:

a.- A corregir y practicar una nueva liquidación de las cesantías y demás prestaciones
sociales de mi poderhabiente, doctora NANCY EDITH BERNAL MILLAN, empero
considerando como base para ello el treinta por ciento (30%) correspondiente a la
prima especial de servicios, desde la fecha de su posesión hasta la fecha y en
adelante inclusive.

b. A la suma que resultare de esta liquidación, se le deduzca la cantidad pagada por
concepto de cesantías parciales reconocidas y prestaciones sociales igualmente
reconocidas.

c. Que para efectos de la actualización del saldo no reconocido (30%), se disponga
tener en cuenta los índices de precios al consumidor certificados por el DANE, para
lo cual se actualizará gravitado en la siguiente fórmula:

V.A= V.H x I.P.C.F
-----------------------
I.P.C.I.
En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), por
el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios del consumidor, certificado
por el DANE, (vigente a la fecha de ejecutoria de la respectiva sentencia), por el índice
inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el respectivo pago).

d. Que se cancelan los intereses moratorios por la diferencia dejada de pagar
causados desde la fecha en que se hizo exigible la obligación, hasta la fecha en que
efectivamente se produzca dicho pago.

TERCERA: el organismo demandado, Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial dará cumplimiento a la sentencia que ponga fin a la
sentencia que ponga fin a la presente demanda, conforme a lo preceptuado por la Ley
1437 de 2011, en sus artículos 192 y 195.

11
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Judicial.

CUARTA: que se condene al demandado a pagar agencias y costas del proceso.”

Del proceso en primera instancia conoció la juez Ad Hoc del Tribunal Administrativo
del Magdalena Omaira Manjarrez que, en sentencia del 11 de noviembre de 2016
consideró y resolvió:

“El problema jurídico se contrae a establecer si en el presente asunto, la señora
NANCY EDITH BERNAL efectivamente cumplía con los requisitos para que le fuese
reconocida una nueva liquidación de cesantías y demás prestaciones sociales
considerando como base de un treinta por ciento 30 % correspondiente a la prima
especial de servicios.

(…)

Esta judicatura, llega al convencimiento de que la mencionada porción del 30 % de
los ingresos percibidos por la actora bajo la denominación de PRIMA ESPECIAL con
ocasión de su desempeño como JUEZ si debía ser tomada en cuenta por el
nominador para efectos de cálculo prestacional.

Así mismo, declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, por medio
de los cuales se negó la reliquidación de sus prestaciones sociales incluyendo el 30%
de la prima especial de servicio, por haberse abstenido de incluir la prima especial del
30% como factor salarial, por generar graves repercusiones u desmedro de carácter
económico al régimen prestacional de la demandante, contradicen principios
constitucionales como los contenidos en los artículos 1º, 2º, 35, 53, 150 – 19 literal e
y 215 superiores, además de trasgredir el concepto cerrado consagrado
expresamente en el artículo 2 de la Ley 4ª de 1992 (ley marco sobre el sistema y
criterio de la estructura salarial de la función pública), cuyo sentido en materia de
PRIMAS dentro del ámbito remuneratorio del servidor público fue establecido por el
H. Consejo de Estado en las sentencias referidas en los numerales 3.4.1 y 3.4.2 cuyo
contenido y alcance hoy se reitera.

En consecuencia, deberá ordenarse a la entidad demandada que proceda al
restablecimiento de los derechos prestacionales que fueron denegados por medio de
tales decisiones, debiendo entonces reconocer y pagar la diferencia dineraria que
resulte de la reliquidación de todas las prestaciones y cesantías devengadas o
generadas a favor de la actora como consecuencia de su desempeño en el cargo
Juez desde el momento de su vinculación hasta la fecha y en adelante advirtiendo
que dicha reliquidación deberá ser efectuada por la Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial computando como factor salarial, la prima
especial de 30 %, la cual como ya se dijo fue despejada de ese carácter en forma
inconstitucional e ilegal.

(…)

Resolvió:

1. INAPLÍCASEN POR INCONSTITUCIONALES los artículos 7º de los decreto 57 de
enero 7 de 1993 ( norma que fue replicada anualmente por el ejecutivo al momento
de fijar el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Rama
Judicial y de la justicia penal militar); decreto 1474 de 19 de julio de 2001, artículo 7;
decreto 673 del 10 de abril de 2002 artículo 6, Decreto 3569 del 11 de diciembre de
2003, articulo 6 decreto 417 del 10 de diciembre de 2004, decreto 935 de 30 de marzo
de 2005, decreto 398-7 del 8 de febrero de 2006, 618-6 del 2 de marzo de2007, Nº
658-6 del 4 de marzo de 2008; Nº 723-8 del 6 de marzo de 2009, Nº 1388-8 del 26 de
abril de 2010, 1405 de 2010 y 1041 de 2011 y las normas pertinentes contenidas en
12
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Judicial.

los Decretos 1039 del 4 de abril de 2011; 0874-8 del 27 de abril de 2012, 1034-4 del
21 de mayo de 2013, 194-8 del 7 de febrero de 2014 y en general toda la normatividad
que fija y llegue a fijar el régimen prestacional de los servidores públicos de la Rama
Judicial, en cuanto previeron o prevean como prima sin carácter salarial, el treinta por
ciento (30 %) del salario básico mensual devengado por la doctora NANCY EDITH
BERNAL MILLAN quien fungió desde 01 de agosto de 2000, hasta 15 de agosto de
2001 como JUEZ 02 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO CIRCUITO DE
SANTA MARTA, desde el 01 de agosto del 2001, hasta el 29 de septiembre del 2011,
desempeñando el cargo de JUEZ PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTA
MARTA, desde el 30 de septiembre de 2011 hasta el 19 de diciembre de 2011, en el
cargo de MAGISTRADA DE DESCONGESTIÓN DE LA SALA LABORAL DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE SANTA MARTA.

2. DECLÁRASE la nulidad del oficio Nº DESAJ11-1314 DE FECHA 14 DE JULIO DE
2011 y la RESOLUCIÓN 1896 DEL FECHA 15 DE FEBRERO DE 2012, por medio de
las cuales se denegó la inaplicación por inconstitucionalidad delas normas que
previeron como prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30 %) del salario
básico mensual devengado por la doctora NANCY EDITH BERNAL MILLAN como
juez de la república desde el año 2000 hasta la fecha en adelante y se negaron la
solicitud de reliquidación de prestaciones y cesantías deprecada.

3. CONDÉNASE a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial a reconocer y pagar a la actora a título de restablecimiento del derecho, la
suma que resulte como diferencia de la reliquidación de las prestaciones legales y
cesantías generada o causadas a favor de la actora desde el momento de su
vinculación en el año 2000 hasta la fecha, teniendo en cuenta la asignación básica
mensual más la prima especial de servicio equivalente al 30 % de la asignación
mensual, sumar que deberán ser ajustadas conforme quedó expuesto en la parte
motiva, advirtiendo a la demandada que en adelante la prima especial del 30 %
deberá ser tenida en cuenta como factor salarial, para liquidación de todas las
prestaciones sociales ( entre otras prima semestral; prima de navidad, vacaciones,
prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados, cesantías, intereses de
cesantías, bonificación de actividad judicial, y las de más que por Ley correspondan).
(subrayado fuera de texto).

Esta decisión fue apelada por las autoridades demandadas con sustento en que la
administración, al no tener como factor salarial la prima especial de servicios del 30 %,
únicamente, daba aplicación a lo consagrado en la ley 4ª de 1992 y la Ley 332 de
1996, que no la incluyeron con ese carácter, más aún cuando dichas disposiciones ya
fueron estudiadas por la Corte Constitucional en sentencias C-279 de 1996 y C- 681
de 2003 en las que se declaró exequible la expresión “sin carácter salarial”.

En segunda instancia, la Sala de Conjueces Ad Hoc del Tribunal Administrativo del
Magdalena, en providencia del 18 de marzo de 2021, confirmó la decisión apelada al
considerar:

“Problema jurídico:

El problema jurídico se contrae a determinar si la bonificación por compensación
reconocida a los magistrados del tribunal y otros funcionarios incluyendo entre estos,
los actores, por desempeñarse como jueces de la República en el departamento del
Magdalena y en la ciudad de Santa Marta, configura o no factor salarial para todos
los efectos, ¿en especial para liquidación de sus salarios y prestaciones sociales?

(…)
13
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Caso concreto

La Dra. Nancy Bernal Millán, ingresó a laboral al servicio de la Rama Judicial como
juez del Distrito Judicial del Magdalena desde el 1º de agostos de 2000, hasta el 156
de agosto de 2001, como juez 02 penal del circuito especializado de Santa Marta
desde el 16 de agosto de 2001, hasta el 29 de septiembre del 2011, desempeñando
el cargo de Juez primero Laboral del Circuito de Santa Marta, desde el 30 de
septiembre de 2011 hasta el 19 de diciembre de 2011, en el cargo de magistrada en
descongestión de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta, según consta
en las certificaciones expedidas por la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Santa Marta, siendo beneficiarios de la bonificación por compensación de que
tratan los Decretos 610 y 1239 de 1998, lo cual no admite discusión en tratándose de
un derecho cierto e irrenunciable en favor de sus destinatarios, lo que conlleva a
reconocer que las pretensiones de la demanda sobre restablecimiento del derecho y
demás, han de prosperar, en lo que atañe al derecho sustancial pretendido, por lo
que la sentencia recurrida será confirmada.

Se colige entonces que el derecho a la bonificación por compensación sigue en vigor
y por tanto constituye un derecho adquirido y vigente para los demandantes. Ello,
teniendo en cuenta la evolución normativa y jurisprudencial desarrollada, en la que se
evidencia la coexistencia transitoria de dos regímenes salariales cuyos beneficiarios
son los mismo de que trata el artículo 2 del decreto 610 de 1998, situación creada con
la expedición del Decreto 4040 de 2004 y que finalizó con la declaratoria de nulidad
del mismo en cuanto consideró el Consejo de Estado que era violatorio del bloque de
constitucionalidad amén de ser regresivo de los derechos laborales consagrados en
el Decreto 610 de 1998.

Con fundamento en ello expidió la Ley 4ª de 1992, por medio de la cual se señalan,
normas objetivos y criterios que debe observar el gobierno nacional para la fijación
del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, los miembros del
congreso nacional y de la fuerza pública. En el parágrafo del artículo 14 de la
mencionada ley, se dispuso “dentro del mismo término se revisará el sistema de
remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la
nivelación o reclasificación atendiendo a el criterio de equidad”.

En ejercicio de la facultad conferida en la normatividad antes citada el gobierno
nacional expidió el decreto 610 de 1996 “por el cual se establece una bonificación por
compensación de los magistrados de tribunal y otros funcionarios” el artículo 1º crea
la bonificación por compensación en los siguientes términos:

“crease para los funcionarios enunciados en el artículo 2º del presente decreto, una
bonificación por compensación con carácter permanente que sumada a la prima
especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguales al sesenta por
ciento (60 %) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte
Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura.

La bonificación por compensación solo constituirá factor salarial para efectos de
determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, en los mismos términos
de la prima especial de servicios de los magistrados de altas cortes.

Siendo este realmente el problema del asunto debatido en el presente proceso en
cuanto la expresión “solo” contenido en el inciso 2º de la norma transcrita que delimita
el alcance y contenido de la bonificación misma, en cuanto se debe aplicar con efectos

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salariales únicamente para determinar la pensión de vejez, invalidez y sobrevivientes
de los beneficiarios de dicha bonificación.

En este orden de ideas, el decreto 610 de 1998 que en apariencia es un acto de
carácter general y abstracto, en realidad no lo es en razón de los efectos a particulares
que produce, en cuanto afecta o produce agravios a los específicos destinatarios de
dicha normatividad, estos los enlistados en su artículo 2.

(…)

Por lo antes expuesto, esta agencia judicial inaplicará en el caso sub examine, la
expresión “solo” contenida en el inciso 2º del artículo 1 del Decreto 610 de 1998 por
ser contraria a la constitución política, toda vez que desconocer el artículo 15 superior
en cuanto es al congreso de la república que le corresponde expedir las leyes
relacionadas con el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos y que
en ellas debe estar sujeto el Gobierno Nacional al que sus salarios y prestaciones.
Empero en el presente caso, el ejecutivo en ejercicio de la potestad reglamentaria
conferida en la Ley 4ª de 1992, introduce una limitación no establecida en dicha norma
al señalar que “la bonificación por compensación sólo constituirá factor salarial para
efectos de determinar las pensiones de vejez, de invalidez y sobrevivientes en los
mismos términos de la prima especial de servicios de los magistrados de altas cortes”
cuando la facultad no se extendía a escindir el alcance y contenido salarial de la
bonificación por compensación.

Como se ha afirmado precedentemente la expresión “solo” contenido en el inciso 2º
del artículo 1º del Decreto 610 de 1998 deviene a ser inaplicada por inconstitucional;
sucede que en consecuencia de tal inaplicación los actos demandados contrarían el
orden jurídico superior, porque se declarará su nulidad y se restablecerá el derecho
de la demandante, ordenando que la entidad accionada reliquide las cesantías del
actor incluyendo la bonificación por compensación como factor salarial.

(…)

Acorde con las probanzas allegadas se concluye que al momento de liquidar las
cesantías del demandante correspondiente al año 2000, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial no tuvo en cuenta la bonificación por compensación
devengada durante esta anualidad, la cual, se estudió anteriormente constituyo
salario y como tal debió sumarse a la asignación básica para tales efectos.

(…)

En este entendido habrá lugar a confirmar la sentencia de primera instancia tal como
se hará constar en la parte resolutiva de esta providencia.” (subrayado fuera de
texto).

Analizadas las pruebas obrantes en el proceso y la decisión objeto de tutela, se puede
constatar que la autoridad judicial demandada incurrió en el defecto sustantivo dado
que la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la
decisión, pues las consideraciones expuestas en la sentencia del 18 de marzo de
2021, no tienen relación alguna con los fundamentos planteados en la demanda, dado
que la señora Bernal Millán solicitó en la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho el reconocimiento de la prima especial de servicios como factor salarial y,
como consecuencia, que se reliquidaran las prestaciones sociales.

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Judicial.

Mientras que, en segunda instancia, el estudio abordado por el juez natural se
enmarcó en la posibilidad de reconocer la bonificación por compensación como factor
salarial de los empleados de la Rama Judicial, lo que sin duda alguna vulnera el
principio de congruencia pues no hay relación entre lo pedido y lo resuelto. En esa
medida, es evidente que con la expedición de la providencia objeto de estudio, se
vulneró el derecho al debido proceso de la demandante pues la decisión de confirmar
la condena de primera instancia en su contra no guardó entidad alguna en su parte
considerativa con lo realmente planteado y solicitado de la demanda. Como se vio, la
violación al principio de congruencia se dio porque la resolución del juez no
corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia.

Por lo expuesto, se amparará el derecho fundamental al debido proceso de la parte
actora y, en consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia del 18 de marzo de 2021
proferida por la Sala de Conjueces Ad Hoc del Tribunal Administrativo del Magdalena
y se ordenará que, en el término de 20 días posteriores a la notificación de la presente
decisión, dicte sentencia de reemplazo, en la que tenga en cuenta lo expuesto en
precedencia y se de prevalencia al requisito de congruencia entre lo solicitado y lo
resuelto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta – Sala
de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso de la Nación – Rama
Judicial - Dirección Administrativa de Administración Judicial. En consecuencia:

2. Dejar sin efecto la sentencia del 18 de marzo de 2021, dictada por la Sala de
Conjueces Ad Hoc del Tribunal Administrativo del Magdalena.

3. Ordenar a la Sala de Conjueces Ad Hoc del Tribunal Administrativo del
Magdalena, conjuez ponente Camilo José David Hoyos, que, en el término de 20 días
contados a partir de la notificación de esta decisión, dicte sentencia de reemplazo, en
la que deberá tener en cuenta lo expuesto en la parte considerativa de la presente
sentencia.

4. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.

6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02285-00
Demandante: Nación –Rama Judicial-Dirección Administrativa de Administración
Judicial.

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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