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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03178-01

Fecha
11 de mayo de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03178-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 19 de octubre de 2022 por la Sala de Conjueces, Sección Segunda del Consejo de Estado, según lo explicado en la parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2022 03178 01 Accionante: Juan Pablo Guzmán Vásquez Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-03178-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

11 de mayo de 2023

Radicación: 11001 03 15 000 2022 03178 01
Accionante: Juan Pablo Guzmán Vásquez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03178-01
Accionante: JUAN PABLO GUZMÁN VÁSQUEZ
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Tesis: No es procedente la acción de tutela cuando está
dirigida contra un acto administrativo de contenido
particular y concreto, no se ha hecho uso de los
medios de defensa judicial y no se alega la ocurrencia
de un perjuicio irremediable.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el señor Juan Pablo Guzmán
Vásquez en contra del fallo de tutela proferido el 19 de octubre de 2022
por Sala de Conjueces, Sección Segunda, del Consejo de Estado.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El accionante promovió acción de tutela en contra del Consejo Superior
de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y para
ello formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] Con fundamento en los hechos relacionados, solicito proteger mi
derecho fundamental al debido proceso y ordenarle al Consejo Superior
de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a que
deje sin efecto la Resolución RH- 3037 del 14 de febrero de 2022

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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 03178 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2022 03178 01
Accionante: Juan Pablo Guzmán Vásquez

notificada electrónicamente el día 6 de junio de 2022 a las 12:29 p. m., y
en consecuencia de ello, emita una nueva donde dé estricto cumplimiento
a los artículos 4, 53, 93, 150 numeral 19 de la Constitución Política, 26 de
la Convención Americana de Derechos Humanos, artículos 2, 14 de la Ley
4 de 1992, los Convenios 95, 100 y 111 de la OIT, artículos 127 y 128 del
Código Sustantivo del Trabajo y artículo 42 del Decreto 1042 de 1978
junto la obligatoriedad de los siguientes precedentes: 1. La sentencia de
segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca el día 23 de enero de 2019 con ponencia de la magistrada Zoranny
Castillo Otálora dentro del proceso radicado con el No. 76001-33-33-001-
2016-00212-01, 2. La sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el día 25 de febrero de 2020
dentro del proceso radicado con el No. 76001-33-33-008-2016-00200-01,
3. La sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca el día 24 de julio de 2020 con ponencia
de la magistrada Zoranny Castillo Otálora dentro del proceso radicado con
el No. 76001-33-33-020-2018-00184-01, 4. La sentencia de segunda
instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá el día 26 de
junio de 2021 con ponencia de la magistrada Sulma Clemencia Torres
Gallo dentro del proceso radicado con el No. 15001333301520170015901
y, recientemente, 5. La sentencia de segunda instancia proferida el día 6
de abril de 2022 por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda con ponencia de la Conjuez Carmen
Anaya de Castellanos dentro del proceso radicado con el No.
15001333301520170015901. […]”. (Resaltado y mayúsculas del
original).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que el 16 de marzo de 2011 ingresó a laborar en la
Rama Judicial en provisionalidad y que posteriormente se posesionó en
propiedad como oficial mayor en el Juzgado Once Civil del Circuito de
Oralidad de Medellín, cargo que actualmente ocupa.

Sostuvo que, mediante el Decreto 383 de 2013, el Presidente de la
República creó una bonificación judicial para todos los servidores públicos
de la Rama judicial, pero limitó su reconocimiento únicamente como
factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones
y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Afirmó que el 27 de abril de 2018 radicó ante la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín una solicitud tendiente a
obtener el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor
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salarial “(…) con la intención de que se reajuste y pague mis prestaciones
sociales como la primera (sic) de navidad, bonificaciones por servicios,
prima de vacaciones, prima de servicios, prima de antigüedad,
vacaciones, cesantías, sus intereses y demás a que haya lugar desde el 1
de enero de 2013 hasta el momento exacto que se causen en mi favor;
aspecto que sustenté con una amplia línea jurisprudencial que acogía mi
pedimento (…)”.

Anotó que, por Resolución nro. DESAJMER18-9450 del 20 de diciembre
de 2018, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Medellín le negó lo pedido, por lo que presentó recurso de apelación en
contra de dicha decisión.

Señaló que, mediante la Resolución nro. RH-3037 del 14 de febrero de
2022, notificada el 6 de junio de 2022, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial confirmó el acto recurrido.

Aseveró que la decisión adoptada vulnera sus derechos fundamentales
contenidos “(…) en los artículos 4, 53, 93, 150 numeral 19 de la
Constitución Política, 26 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, artículos 2, 14 de la Ley 4 de 1992, los Convenios 95, 100 y
111 de la OIT, artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo y
artículo 42 del Decreto 1042 de 1978; abultada violación que permite
flexibilizar -para tenerlo por superado- el requisito de subsidiariedad para
preservar el orden constitucional que aquí se ha echado de menos tal
como lo ha sostenido la férrea línea jurisprudencial de nuestra Corte
Suprema de Justicia en sentencias STC8751 de 2014, STP5717 de 2015,
STC4726 de 2015, STC13387 de 2017 y STC3956 de 2020; jurisprudencia
de tutela de obligatoria fuerza vinculante por expresa determinación de
la sentencia C-335 de 2008 (…)”.

Respecto al requisito subsidiariedad, expresó que la jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha permitido flexibilizarlo cuando existe una

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Accionante: Juan Pablo Guzmán Vásquez

protuberante vulneración a los derechos fundamentales o a las normas
constitucionales. Además, citó la sentencia STC3956-2020 de la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y la sentencia STP5717-
2015 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en las
que también, según afirma, se flexibilizó el requisito general de
subsidiariedad.

Consideró que la Resolución RH-3037 del 14 de febrero de 2022 “(…)
proviene de un error protuberante y ostensible porque se basa en la
aplicación de un artículo -específicamente el primero- del Decreto 0383
de 2013 que contraría abultada y abiertamente los artículos 53, 93, 150
numeral 19 de la Constitución Política, 26 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, artículos 2, 14 de la Ley 4 de 1992, los Convenios
95, 100 y 111 de la OIT, artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del
Trabajo y artículo 42 del Decreto 1042 de 1978 (…)”.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. Por auto del 9 de junio de 20222 la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, M.P. Fernando Castillo Cadena, ordenó remitir
el expediente a esta Corporación debido a que estaba dirigida en contra
del Consejo Superior de la Judicatura y el accionante es un empleado de
la jurisdicción ordinaria.

3.2. El conocimiento del asunto le correspondió a la Subsección A, Sección
Segunda, del Consejo de Estado, despacho del Consejero de Estado Rafael
Francisco Suárez Vargas, quien, por auto del 16 de junio de 20223,
admitió la acción de tutela, ordenó notificar al Consejo Superior de la

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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 03178 00.
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Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Accionante: Juan Pablo Guzmán Vásquez

Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, así como
vincular al Juzgado Once Civil del Circuito de Oralidad de Medellín y al
Consejo Seccional de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín4.

Igualmente, requirió al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, para que allegara copia del
expediente correspondiente a la Resolución RH 3037 del 14 de febrero de
2022, en el que también se incluyera la Resolución DESAJMER 189450 del
20 de diciembre de 2018, expedida por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial Seccional Medellín. El expediente administrativo
no fue aportado.

3.3. La magistrada auxiliar de la Oficina del Despacho de la Presidencia
del Consejo Superior de la Judicatura presentó escrito vía correo
electrónico5 en el que manifestó que el Consejo Superior de la Judicatura
es un órgano de gobierno y de administración de la Rama Judicial que
ejerce funciones netamente administrativas, sujetas al marco normativo
dispuesto en la Constitución Política y la Ley 270 de 1996.

Puntualizó que, conforme a la Ley 270 de 1996, el Consejo Superior de la
Judicatura, los Consejos Seccionales de la Judicatura, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de
Administración Judicial tienen funciones propias y diferentes, por lo tanto,
responden de manera independiente.

Por lo anterior, sostuvo que no es viable endilgarle responsabilidad alguna
al Consejo Superior de la Judicatura, toda vez que las acciones u
omisiones que atribuye el accionante como vulneradoras recaen
exclusivamente sobre la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección

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Esta orden se cumplió el 24 de junio de 2022. Visto en el índice 6 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 03178 00.
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Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Ejecutiva de Administración Judicial. En ese orden de ideas, solicitó que
se le desvincule del presente trámite tutelar.

3.4. Mediante escrito del 25 de junio de 20226, los Consejeros de Estado
William Hernández Gómez, Gabriel Valbuena Hernández y Rafael
Francisco Suárez Vargas, integrantes de la Subsección A, Sección
Segunda, de esta Corporación, manifestaron su impedimento para
conocer del presente asunto, con fundamento en lo establecido en el
numeral 1 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, debido a
que “(…) en el presente caso se trata de juzgar el reconocimiento de la
bonificación por actividad judicial, la que desde el punto de vista salarial
beneficia a los magistrados de tribunal, magistrados auxiliares del
Consejo de Estado y procuradores judiciales, prestación de la que somos
potencialmente beneficiarios (…)”.

3.5. El 23 de agosto de 20227 se llevó a cabo el sorteo de la Sala de
Conjueces, la cual quedó conformada por los doctores Hugo Alberto Marín
Hernández, Bertha Lucía del Socorro González Zúñiga y Jorge Hernán
Beltrán Pardo, este último elegido como conjuez ponente.

3.6. Por auto del 2 de septiembre de 20228 la Sala de Conjueces declaró
fundado el impedimento manifestado por los Consejeros de Estado de la
Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de Estado.

3.7. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Juzgado Once
Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, el Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia y la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín, guardaron silencio.

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Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 03178 00.
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Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala de Conjueces, mediante sentencia del 19 de octubre de 2022,
declaró improcedente la tutela presentada por el señor Juan Pablo
Guzmán Vásquez9.

Para dilucidar el asunto sostuvo que los actos administrativos
cuestionados son de carácter particular y concreto, en tanto su contenido
está dirigido a producir efectos respecto de una situación particular,
consistente en determinar si resultaba procedente, o no, la reliquidación
de las prestaciones sociales del actor teniendo en cuenta la bonificación
judicial como factor salarial.

Señaló que la acción de tutela resulta procedente cuando se presenta
contra actos administrativos de contenido particular y concreto, siempre
y cuando se utilice como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Expuso que el accionante, más allá de exponer sus motivos de
inconformidad contra los actos administrativos objeto de controversia, no
advirtió ni acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que torne
imperiosa la intervención de esta Corporación en sede constitucional.

Agregó que el señor Juan Pablo Guzmán Vásquez cuenta con un
mecanismo alternativo de defensa judicial para controvertir los actos
administrativos proferidos por la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, como por ejemplo, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, “(…) el cual, en todo caso, se muestra
idóneo y eficaz, teniendo en cuenta que, dentro de las circunstancias
acreditadas por el solicitante, se constata que: i) la litis gira en torno a
un tema eminentemente económico, y ii) el tutelante no es sujeto de

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Visto en el índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Accionante: Juan Pablo Guzmán Vásquez

especial de protección constitucional, por cuanto, no acreditó tal situación
y, esta no se extrae de las pruebas obrantes en el sumario (…)”.

5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con el fallo de primera instancia, el señor Juan Pablo Guzmán
Vásquez lo impugnó en los siguientes términos10:

Señaló que la sentencia de primera instancia no se ocupó de estudiar el
precedente jurisprudencial indicado en el escrito de tutela, en el que se
flexibiliza el requisito de subsidiariedad cuando se está en presencia de
errores protuberantes que afectan garantías constitucionales.

Anotó que la Sección Cuarta de esta Corporación, en sentencia del 30 de
junio de 2022, proferida en el proceso con radicado nro. 11001 03 15 000
2022 02285 00, flexibilizó la subsidiariedad con el propósito de proteger
el interés general y el patrimonio público, en un asunto semejante al que
se estudia en esta oportunidad, por cuanto es un hecho notorio que el
reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial deriva de
un derecho constitucional “(…) uno del que durante años se nos ha negado
su reconocimiento, pese a existir a nuestro favor decisiones de la justicia
contenciosa administrativa –apoyadas en la excepción de
inconstitucionalidad prevista en el artículo 4 de la Constitución Política
(control constitucional difuso)-; convirtiéndose aquellas en lo que
coloquialmente conocemos como “letra muerta”; es de ahí que, exista un
claro interés general que está siendo burlado groseramente con los
argumentos –revestidos de yerros constitucionalmente protuberantes-
expuestos en el acto administrativo que la honorable sala de conjueces
esquivó profundizar; interés general, que, sin duda, repercute en un daño
al patrimonio público (…)”.

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Visto en el índice 31 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 03178 00.
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Accionante: Juan Pablo Guzmán Vásquez

Afirmó que puede ser esta la oportunidad para que la parte accionada, en
cumplimiento del interés general, tenga a la bonificación judicial como
factor salarial y evite erogaciones innecesarias del erario público.

Por auto del 28 de febrero de 2023 se concedió la impugnación11 y la
misma fue asignada por acta de reparto el 21 de marzo de 202312.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199113, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201514, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202115, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201916 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
que regula la distribución de negocios entre las secciones.

11
Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 03178 00.
12
Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 03178 01.
13
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
14
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
15
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
16
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
9
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Accionante: Juan Pablo Guzmán Vásquez

6.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente17:

6.2.1. El 27 de abril de 2018 el señor Juan Pablo Guzmán Vásquez
presentó una reclamación administrativa ante la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín, en la que solicitó18:

“[…] 1. Que me sea reconocida y pagada la BONIFICACIÓN JUDICIAL
COMO FACTOR SALARIAL y por tanto reliquide, el reajuste y pago de mis
prestaciones sociales como LA PRIMA DE NAVIDAD, BONIFICACIONES
POR SERVICIOS, PRIMA DE VACACIONES, PRIMA DE SERVICIOS, PRIMA
DE ANTIGÜEDAD - VACACIONES, CESANTÍAS, INTERESES A LAS
CESANTÍAS, y demás a que haya lugar desde el 1 de enero de 2013 hasta
el momento exacto que se causen a mi favor.

2. Que se incluya en adelante como factor salarial la mentada
BONIFICACION JUDICIAL a la que tengo derecho.

3. Que el valor que resulte adeudado a mi favor, sea reajustado con el
IPC, o al reajuste que establezca el Gobierno sin que sea por debajo del
IPC en Colombia […]” (mayúsculas del original).

6.2.2. Por Resolución nro. DESAJMER18-9450 del 20 de diciembre de
2018, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Medellín negó la petición formulada por el ahora accionante19.

6.2.3. Inconforme con la decisión, el señor Guzmán Vásquez presentó
recurso de apelación, que fue decidido mediante la Resolución nro. RH-
3037 del 14 de febrero de 2022, proferida por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, en el sentido de confirmar el acto recurrido20.

17
Lo que se extrae de las pruebas aportadas por la parte accionante. Visto en el índice
2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03
15 000 2022 03178 00.
18
Ibidem.
19
Ibidem.
20
Ibidem.
10
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6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

La Sala comenzará por precisar que los integrantes de la Sección Primera
del Consejo de Estado pueden conocer de este asunto, comoquiera que lo
controvertido por el accionante versa sobre la bonificación judicial
prevista en el Decreto 383 del 6 de marzo de 2013, que es aplicable a
unos cargos específicos de la Rama Judicial, pero no a los magistrados de
Altas Cortes.

Es de anotar que los miembros de la Subsección A, Sección Segunda, de
la Corporación, manifestaron el impedimento con fundamento en que esta
acción de tutela giraba en torno al reconocimiento de la “bonificación por
actividad judicial”, de la que señalaron se benefician los magistrados de
tribunal, magistrados auxiliares del Consejo de Estado y procuradores
judiciales, agregando que es una “prestación de la que somos
potencialmente beneficiarios”; sin embargo, la bonificación por actividad
judicial se trata de una prestación distinta a la bonificación judicial, que
es la que se reclama mediante la presente acción.

Precisado lo anterior, se tiene que la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 19 de octubre de 2022,
declaró improcedente la acción de tutela, bajo la consideración de que no
cumple con el requisito general de la subsidiariedad.

El accionante, en el escrito de impugnación, señaló que la sentencia de
primera instancia no se pronunció sobre la flexibilización de este requisito
cuando se está en presencia de errores protuberantes que afectan
garantías constitucionales y, además, sostuvo que la Sección Cuarta de
esta Corporación, en sentencia del 30 de junio de 2022, proferida en el
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 02285 00, lo flexibilizó
con el propósito de proteger el interés general y el patrimonio público.

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Radicación: 11001 03 15 000 2022 03178 01
Accionante: Juan Pablo Guzmán Vásquez

Por consiguiente, en los términos en los que se formuló la impugnación,
le corresponde a la Sala determinar si en este asunto es procedente
flexibilizar el requisito general de subsidiariedad.

El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela
sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable21.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que la tutela solo
es procedente (i) cuando no exista otro mecanismo de defensa judicial;
(ii) si existe otro medio, la intervención del juez constitucional es
necesaria para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en
el que, la acción procederá de manera transitoria y, (iii) en el evento en
que los mecanismos de defensa judicial no resultan idóneos o eficaces
para lograr la protección de los derechos presuntamente vulnerados,
evento en el que procede de manera definitiva22.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha explicado que, cuando la acción
de tutela está dirigida contra actos administrativos de carácter particular
y concreto, la excepcionalidad del recurso de amparo se torna
especialmente estricta, en tanto que no es el mecanismo idóneo para
atacarlos ya que, por su propia naturaleza, se encuentran amparados por
el principio de legalidad, “pues se parte del presupuesto de que la
administración al momento de manifestarse a través de un acto, debe
acatar las prerrogativas constitucionales y legales a la que se encuentra
subordinada. De allí que la legalidad del acto administrativo se presuma
obligando a demostrar a quien pretende controvertirlo que aquel se
apartó, sin justificación alguna del ordenamiento jurídico, debate que se
debe adelantar ante la jurisdicción contenciosa administrativa”23.

21
Artículo 86 C.P.: “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable (…)”.
22
Corte Constitucional. Sentencia T- 332 de 2018.
23
Ibidem.
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Por ello, la Corte Constitucional ha determinado que la acción de tutela
no procede como mecanismo principal para la protección de derechos
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la
expedición de actos administrativos, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable,
evento en el que el juez de tutela únicamente podrá suspender la
aplicación del acto administrativo mientras se surte el respectivo proceso
ante la jurisdicción contenciosa administrativa24.

Bajo dicho contexto, el ciudadano que presenta una acción de tutela
contra un acto administrativo de contenido particular y concreto, deberá
demostrar que el amparo busca evitar la configuración de un perjuicio
irremediable, elementos que han sido fijados por la jurisprudencia
constitucional así: el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder;
debe ser grave, esto es, que implique la afectación de un bien susceptible
de determinación jurídica, altamente significativo para la persona; que
requiera medidas urgentes para superar el daño y que las medidas de
protección sean impostergables25.

En el asunto bajo examen, se advierte que el accionante cuestiona las
Resoluciones nros. DESAJMER18-9450 del 20 de diciembre de 2018 y RH-
3037 del 14 de febrero de 2022, proferidas por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín y por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, respectivamente, que le negaron el
reconocimiento de la bonificación judicial de que trata el Decreto 383 de
2013 como factor salarial y la correspondiente reliquidación de sus
primas, bonificación por servicios, cesantías e intereses a las cesantías
desde el 1 de enero de 2013.

La Sala observa que el accionante cuenta con un medio idóneo y eficaz
para controvertir la legalidad de los actos administrativos cuestionados,

24
Ibidem.
25
Corte Constitucional. Sentencia T-318 de 2017.
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dado que puede acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo para solicitar la nulidad de tales
decisiones. Igualmente, podrá pedir junto con la presentación de la
demanda o en cualquier estado del proceso, medidas cautelares, como la
suspensión de los actos administrativos. En el mismo sentido, será
entonces el juez competente para estudiar el asunto el que establecerá
si, en efecto, hay errores protuberantes en las decisiones que adoptó la
administración o si, por el contrario, ellas se ajustan prima facie al
ordenamiento jurídico.

Cabe agregar que el señor Juan Pablo Guzmán Vásquez no expuso las
razones por las que considera que en este caso se configuran
circunstancias especiales que tornen el medio de defensa judicial
dispuesto por la ley en ineficaz o carente de idoneidad. Tampoco alegó ni
probó que la acción de tutela la promovió con el fin de evitar la
configuración de un perjuicio irremediable.

Por último, en lo relacionado con la sentencia que invoca en el escrito de
impugnación, esto es, la proferida el 30 de junio de 2022 por la Sección
Cuarta de esta Corporación, en el proceso radicado con el nro. 11001 03
15 000 2022 02285 00, se tiene que, además de que no fue citada en el
escrito de tutela sino solamente en la impugnación, tampoco es aplicable
al caso, puesto que se trata de una petición de amparo que promovió la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contra una sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena en la que se ordenó
a favor de una persona que había ejercido el cargo de juez, el
reconocimiento de la reliquidación de todas las prestaciones sociales con
la inclusión de la prima especial de servicios. En el examen de la
subsidiariedad, se indicó que lo alegado era que la providencia atacada
afectaba el principio de congruencia, y que, por ello, la accionante podía
promover el recurso extraordinario de revisión; sin embargo, en aras de

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evitar la configuración de un perjuicio irremediable frente al patrimonio
público tuvo por superado este requisito.

La precitada providencia no guarda identidad fáctica y jurídica con el
presente asunto, puesto que, en ese caso, la acción se dirigió contra una
providencia judicial y no contra un acto administrativo, quien la promovió
fue la entidad reconocedora de la prestación y, en ese sentido, el requisito
de subsidiariedad se flexibilizó en aras de proteger el patrimonio público;
a lo que se agrega que, en este evento, el actor no alegó ni acreditó la
irremediabilidad del perjuicio.

Por consiguiente, la Sala confirmará la sentencia del 19 de octubre de
2022, proferida por la Sala de Conjueces, Sección Segunda, del Consejo
de Estado, a través de la que se declaró improcedente la acción de tutela
presentada por el señor Juan Pablo Guzmán Vásquez, por no cumplir con
el requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 19 de octubre de
2022 por la Sala de Conjueces, Sección Segunda del Consejo de Estado,
según lo explicado en la parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.

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Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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