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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03178-00

Fecha
19 de octubre de 2022
Consejero ponente
Conjuez Jorge Hernan Beltran Pardo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03178-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Juan Pablo Guzmán Vásquez, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. CUARTO: Si no fuere impugnada la presente decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, envíese la misma a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, según lo normado en el artículo 31 del Decreto ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-03178-00

Consejero ponente: Conjuez Jorge Hernan Beltran Pardo

19 de octubre de 2022

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03178-00
Demandante: Juan Pablo Guzmán Vásquez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA

CONJUEZ PONENTE: JORGE HERNÁN BELTRÁN PARDO

Bogotá, D.C., 19 de octubre de 2022

Referencia: Acción de tutela

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03178-00

Accionante: Juan Pablo Guzmán Vásquez

Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial

Temas: Tutela contra acto administrativo de contenido particular y
concreto - Existencia de mecanismos alternativos de defensa
judicial – Inexistencia de perjuicio irremediable.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Juan Pablo
Guzmán Vásquez contra el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, por considerar lesionado su derecho
fundamental al debido proceso.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones1

En ejercicio de la acción de tutela el señor Juan Pablo Guzmán Vásquez, en
nombre propio, elevó las siguientes pretensiones ante la jurisdicción:
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Página
1 Folio 11 y 12, Documento 5, Expediente Digital.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03178-00
Demandante: Juan Pablo Guzmán Vásquez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Con fundamento en los hechos relacionados, solicito
proteger mi derecho fundamental debido proceso y
ordenarle al Consejo Superior de la Judicatura – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial a que deje sin efecto la
resolución RH-3037 del 14 de febrero de 2022 notificada
electrónicamente el día 6 de junio de 2022 a las 12:29 p.m.,
y en consecuencia de ello, emita una nueva donde dé (sic)
estricto cumplimiento a los artículos 4, 53, 93, 150 numeral 19
de la Constitución Política, 26 de la Convención Americana
de Derechos Humanos, artículos 2, 14 de la Ley 4 de 1992,
los Convenios 95, 100 y 111 de la OIT, artículos 127 y 128 del
Código Sustantivo del Trabajo (…)

(Negrillas propias).

2. Hechos2

En sustento de sus pretensiones el actor narró, en síntesis, los siguientes
hechos:

2.1. Manifiesta que el 16 de marzo de 2011 ingresó a laborar en la Rama
Judicial como empleado público en provisionalidad y, luego, se posesionó en
propiedad en el cargo de oficial mayor en el Juzgado Undécimo Civil del
Circuito de Oralidad de Medellín.

2.2. A su vez, indica que el 27 de abril de 2018 radicó ante la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, una petición
solicitando el reconocimiento y pago la bonificación judicial como factor
salarial, con el propósito de que se reajusten y paguen sus prestaciones
sociales, desde el primero (1º) de enero de 2013.

2.3. En ese sentido, cuenta que la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, despachó negativamente su petición, mediante Resolución No.
DESAJMER18-9450 del 20 de diciembre de 2018.

2.4. A su turno, comenta que, contra el precitado acto administrativo
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2 Folios 2 a 4, Documento 5, Expediente Digital.

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Demandante: Juan Pablo Guzmán Vásquez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
presentó recurso de apelación el 06 de marzo de 2019, el cual, fue resuelto
por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante Resolución
RH-3037 del 14 de febrero de 2022, notificada el 06 de junio de 2022, a través
de la cual, resolvió confirmar la Resolución DESAJMER18-9450 del 20 de
diciembre de 2018.

3. Argumentos de la tutela

3.1. Para el accionante, la Resolución No. RH-3037 del 14 de febrero de
2022, que confirmó la Resolución No. DESAJMER 18-9450 del 20 de diciembre
de 2018, desconoce los artículos 4, 53, 93 y 150 numeral 19 de la Constitución
Política, 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, los artículos
2 y 14 de la Ley 4 de 1992, los Convenios 95, 100 y 11 de la OIT, los artículos 127
y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, así como, varios fallos emitidos por
autoridades jurisdiccionales; en tanto y cuanto, negó el reconocimiento de la
bonificación judicial como factor salarial, para el cálculo de las prestaciones
sociales del actor.

3.2. Para el accionante, el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial debió aplicar la excepción de
inconstitucionalidad respecto del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y, en
consecuencia, reliquidar las prestaciones sociales del tutelante, desde el año
2013, teniendo en cuenta -como factor salarial con efectos prestacionales- la
bonificación judicial de que trata el precitado artículo.

4. Trámite procesal

4.1. El 10 junio de 2022, se reparte el presente proceso ante el Consejo de
Estado, correspondiéndole por reparto al Consejero Doctor Rafael Francisco
Suárez Vargas3.

4.2. Mediante auto del 16 de junio de 2022, el Dr. Suárez Franco admite la
acción tutelar y ordena: i) notificar al Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, ii) notificar al Juzgado 11 Civil
del Circuito de Medellín y al Consejo Seccional de la Judicatura – Dirección
de Administración Judicial Seccional Medellín, y iii) requerir al Consejo
Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,

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3 Documento 2, Expediente Digital.

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Demandante: Juan Pablo Guzmán Vásquez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
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para que envíe con destino al proceso, copia del expediente administrativo4.

4.3. Mediante Oficio No. PCSJ022-393 del 30 de junio de 2022, el Consejo
Superior de la Judicatura presentó respuesta a la acción de tutela5.

4.4, Mediante auto del 25 de julio de 2022, los magistrados de la Sección
Segunda -Subsección A del Consejo de Estado, con fundamento en lo
normado en la causal 56-1 del CPP, formularon manifestación de
impedimento para conocer del asunto6.

4.4. El 23 de agosto de 2022, se surtió el sorteo de conjueces, resultando
escogidos los doctores Hugo Alberto Marín Hernández, Bertha Lucía del
Socorro González Zúñiga y Jorge Hernán Beltrán Pardo (Conjuez Ponente)7. La
Designación fue notificada a los conjueces mediante correo electrónico del
30 de agosto de 20228.

4.4. El 31 de agosto de 2022 pasa al Despacho el proceso para aceptar el
impedimento presentado por los Honorables Conjueces de la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado9.

4.5 Mediante auto del 02 de septiembre de 2022, el Conjuez Ponente declaró
fundado el impedimento manifestado por los Magistrados integrantes de la
Sección Segunda, disponiendo su separación para el conocimiento del
presente asunto10.

4.6. El asunto arribó para fallo el día 03 de octubre de 202211.

5. Intervención de la demandada

Þ Consejo Superior de la Judicatura

El Consejo Superior de la Judicatura presentó escrito de contestación, en el
cual manifestó que el acto administrativo reprochado fue expedido por la

4 Documento 8, Expediente Digital.
5 Documento 12, Expediente Digital.
6 Documento 14, Expediente Digital.
7 Documento 17, Expediente Digital.
8 Documento 18, Expediente Digital.
9 Documento 19, Expediente Digital.
10 Ver Expediente SAMAI.
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Página
11 Ver Expediente SAMAI.

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Demandante: Juan Pablo Guzmán Vásquez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, que no, por el Consejo Superior de la Judicatura, razón por la cual,
no le asiste ninguna responsabilidad en el presente asunto.

En virtud de lo anterior, solicitó se declare la falta de legitimación en la causa
por pasiva y, en consecuencia, se desvincule a la Entidad del presente
proceso.

Þ Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

No presentó contestación al escrito de tutela.

II. CONSIDERACIONES

En orden a resolver el presente asunto la Sala se referirá, en primer lugar, a los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, seguidamente, si hubiere
lugar a ello, formulará el problema jurídico a resolver y, por último, adoptará
la decisión que corresponda en el caso en concreto.

2.1. Marco normativo y jurisprudencial

2.1.1. De la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política consagra que toda persona tendrá
acción de tutela ante los jueces, para solicitar la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública. La norma es del siguiente tenor:

ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales,
cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

La protección consistirá en una orden para que aquel 5
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga
de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, Página

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podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso,
éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Esta acción solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la
solicitud de tutela y su resolución.

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela
procede contra particulares encargados de la prestación
de un servicio público o cuya conducta afecte grave y
directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el
solicitante se halle en estado de subordinación o
indefensión.

De la lectura del precitado artículo, se extraen como características
esenciales de la acción de tutela, las siguientes: i) puede ser interpuesta por
cualquier persona, ii) propende por la protección inmediata de los derechos
fundamentales, y iii) solo procede cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial.

2.1.2. Presupuestos de procedibilidad de la acción de tutela

La Corte Constitucional en pacífica jurisprudencia ha señalado que, en
principio, son tres (3) los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela, cuales son: i) que el asunto revista de relevancia constitucional, ii)
inmediatez, y iii) subsidiariedad. En palabras de la Corte:

Este mecanismo privilegiado de protección, debe cumplir, sin
embargo, con los requisitos de (i) relevancia constitucional,
en cuanto sea una cuestión que plantea una discusión de
orden constitucional al evidenciarse una afectación de un
derecho fundamental; (ii) inmediatez, en cuanto la acción
de tutela se concibe como un mecanismo de protección 6
inmediata de los derechos fundamentales, de acuerdo con
los criterios de razonabilidad y proporcionalidad; y (iii) Página

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subsidiariedad, en razón a que este mecanismo sólo procede
cuando se han agotado todas los medios de defensa por las
vías judiciales ordinarias antes de acudir al juez de tutela12.

En relación con el último de los precitados requisitos, el alto Tribunal
Constitucional ha manifestado que la acción tutelar, por regla general, solo
procede cuando: i) el afectado no dispone de otro medio de defensa
judicial, o ii) existiendo otro medio de defensa judicial este no resulta idóneo,
o iii) se utiliza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

En cuanto a que el mecanismo de tutela es un requisito
residual y subsidiario, esta Corte ha establecido que solo
procede cuando (i) el afectado no dispone de otro medio
de defensa judicial en el ordenamiento, - caso en el cual la
tutela entra a salvaguardar de manera inmediata los
derechos fundamentales invocados -, o (ii) cuando existiendo
otro medio de defensa judicial, éste (iii) o no resulta idóneo
para el amparo de los derechos vulnerados o amenazados, o
(iv) la tutela procede como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable13.

(Negrillas de la Sala).

Siguiendo esa misma línea, para determinar la idoneidad del mecanismo de
protección alternativo, debe tenerse en cuenta lo prescrito en el artículo
sexto (6º) del Decreto 2591 de 1991, que señala que “la existencia de dichos
mecanismos será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo a las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.

Por otra parte, cuando la acción de tutela sea utilizada como un mecanismo
transitorio, corresponde al accionante acreditar la existencia de un perjuicio
irremediable14, para lo cual, deberá, cuanto menos, probar los siguientes
elementos:

12 Corte Constitucional, Sentencia T-127 de 2014.
13 Ibid.
14 La Corte ha definido el perjuicio irremediable como “el riesgo de consumación de un daño

o afectación cierta, negativa, jurídica o fáctica, a los derechos fundamentales, que debe ser 7
invocada por el juez constitucional, dada la alta probabilidad de su ocurrencia”. Corte
Página
Constitucional, Sentencia T-003 de 2022.

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• Que el perjuicio ha de ser inminente, es decir, que
amenaza o está por suceder prontamente.
• Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable han de ser urgentes, es decir, hay una
necesidad de actuar de inmediato.
• El perjuicio debe ser grave, es decir, equivalente a una
gran intensidad del daño en el haber jurídico de la persona.
• La acción de tutela ha de ser impostergable (conforme
a las notas de urgencia y gravedad), en tanto necesaria
para restablecer la integridad del derecho)15.

2.1.3. Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de
contenido particular y concreto

La Corte Constitucional ha manifestado que la acción de tutela procede,
excepcionalmente, contra actos administrativos de contenido particular y
concreto, siempre y cuando, se utilice como un mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable, pues, la legalidad del acto administrativo
deberá debatirse -necesariamente- ante la jurisdicción contencioso
administrativa.

Específicamente, tratándose de la acción de tutela contra
actos administrativos de carácter particular y concreto, la
Corte ha indicado que la excepcionalidad del recurso de
amparo se torna especialmente estricta, en tanto no es el
mecanismo idóneo para atacarlos ya que, por su propia
naturaleza, se encuentran amparados por el principio de
legalidad, pues se parte del presupuesto de que la
administración, al momento de manifestarse a través de un
acto, debe acatar las prerrogativas constitucionales y legales
a las que se encuentra subordinada. De allí que la legalidad
de un acto administrativo se presuma, obligando a demostrar
a quien pretende controvertirlo que aquel se apartó, sin
justificación alguna, del ordenamiento jurídico, debate que
se debe adelantar ante la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.

15 QUINCHE RAMIREZ, Manuel. Acción de Tutela, Editorial Temis, 2022, página 79. Citando a la
8
Página
Corte Constitucional en sentencias T-225 de 1993 y T-007 de 2010.

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En este sentido, la Corte ha determinado que la acción de
tutela no procede como mecanismo principal para la
protección de derechos fundamentales que resulten
amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de
actos administrativos, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable, evento en el que el juez de tutela únicamente
podrá suspender la aplicación del acto administrativo
mientras se surte el respectivo proceso ante la Jurisdicción
Contencioso Administrativa (artículos 7 y 8 del Decreto 2591
de 1991).

De conformidad con lo anterior, se tiene que en este último
evento, la persona que solicita el amparo deberá demostrar
de forma suficiente la necesidad de la medida para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable16(…).

(Subrayado y Negrillas propias)

La precitada posición jurisprudencial ha sido reiterada -entre otras- en las
sentencias: T-002 de 2019, T-094 de 2013, T-596 de 2011, T-451 de 2010, T-514
de 2003, proferidas por la Corte Constitucional.

2.2. Caso Concreto

En el sub judice el actor solicita que se ordene a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial dejar sin efectos la Resolución No. RH-3037 del 14 de
febrero de 2022, que confirmó la Resolución No. DESAJMER 18-9450 del 20 de
diciembre de 2018, expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial – Seccional Medellín, que, a su vez, negó la solicitud de reliquidación
de prestaciones sociales del tutelante.

En primer lugar, tenemos que los precitados actos administrativos son de
carácter particular y concreto, en tanto y cuanto, su contenido está dirigido
a producir efectos respecto de una situación particular, consistente en
determinar si resultaba procedente, o no, la reliquidación de las prestaciones
9
Página
16 Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2018.

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sociales del actor, teniendo en cuenta la bonificación judicial como factor
salarial para dichos efectos.

Así las cosas, y conforme se indicó, la acción de tutela resulta procedente
cuando se presenta contra actos administrativos de contenido particular y
concreto, siempre y cuando, se utilice como un mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Bajo esa línea, para que la tutela resultare procedente, correspondería al
actor demostrar la existencia de un perjuicio irremediable, para lo cual,
tendría que acreditar que: i) se trata de un perjuicio inminente, ii) las medidas
para conjurarlo se muestran urgentes, iii) se trata de un perjuicio grave, es
decir, de tal magnitud que genera un daño considerable en el haber de la
persona, y iv) que la tutela resulta impostergable.

En el sub examine, el actor más allá de exponer sus motivos de inconformidad
contra los actos administrativos objeto de controversia, no advirtió, ni
acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que torne imperiosa la
intervención de esta Corporación, en sede constitucional; pues, estudiado el
escrito tutelar y sus anexos, de estos, no puede extractarse la existencia de un
perjuicio de tal magnitud, que afecte considerablemente el haber del
accionante ni que la tutela resulta impostergable.

Aunado a lo liminar, el tutelante cuenta con un mecanismo alternativo de
defensa judicial para controvertir los actos administrativos proferidos por la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por ejemplo, ejercer el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho (Artículo 138 CPACA) el
cual, en todo caso, se muestra idóneo y eficaz, teniendo en cuenta que,
dentro de las circunstancias acreditadas por el solicitante, se constata que: i)
la litis gira en torno a un tema eminentemente económico, y ii) el tutelante no
es sujeto de especial de protección constitucional, por cuanto, no acreditó
tal situación y, esta no se extrae de las pruebas obrantes en el sumario.

En virtud de todo lo anterior, habida consideración que el actor no probó la
existencia de un perjuicio irremediable y, que aquel cuenta con un
mecanismo alternativo de defensa judicial, esta Corporación declarará la
improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor Juan Pablo
Guzmán Vásquez en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Dirección 10
Ejecutiva de Administración Judicial.
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Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso
Administrativo - Sección Segunda - Sala de Conjueces, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Juan Pablo Guzmán Vásquez, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de
Estado.

CUARTO: Si no fuere impugnada la presente decisión dentro de los tres (3)
días siguientes a su notificación, envíese la misma a la Corte Constitucional,
para su eventual revisión, según lo normado en el artículo 31 del Decreto ley
2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior decisión fue estudiada por la Sala en sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE HERNÁN BELTRÁN PARDO
Conjuez ponente

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
HUGO MARÍN HERNÁNDEZ BERTHA GONZÁLEZ ZUÑIGA
Conjuez Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la
Sala de Conjueces en la plataforma del Consejo de Estado denominada
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.

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