Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02306-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02306-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-02306-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
3 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., tres (3) de junio dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-02306-00
Demandante: Luis Carlos González Ortega
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y otros
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA – AMPARA – Mora judicial injustificada.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia
dentro del recurso de amparo constitucional formulado por el señor Luis Carlos
González Ortega contra el Tribunal Administrativo del Meta, la Secretaría del
Tribunal Administrativo del Meta y la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Villavicencio.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 21 de abril de 2022, el señor Luis Carlos González Ortega interpuso acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo del Meta2, la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Meta y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Villavicencio, con el fin de que se le protejan sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso, toda
vez que desde el 20 de mayo de 2014 presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho (rad. 50001-23-33-000-2014-00206-00), contra la
Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, sin que
a la fecha se haya admitido la misma, existiendo con ello, a su juicio, una mora
judicial injustificada.
2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenida se
contraen a lo siguiente3:
1
Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y
2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho,
referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
2
la Conjuez Paula Andrea Murillo Parra.
3
Folio 3 del escrito de tutela.
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-02306-00
Demandante: Luis Carlos González Ortega
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
<<Solicito respetuosamente, se me tutele el derecho al debido proceso y acceso a
la administración de justicia, dentro del proceso con radicado No. 50001-23-44-
000-2014-00206-00, en el sentido que la conjuez ponente Doctora PAULA
ANDREA MURILLO PARRA del Tribunal Administrativo del Meta resuelva sobre
la admisión de la demanda, dentro del término de ley, ya que actualmente existe
omisión que constituye dilación injustificada del Tribunal Administrativo del Meta;
pues han trascurrido 7 años – 5 meses – 10 días, y el proceso aún sigue
estancado, lo que configura una dilación injustificada del operador judicial>>.
(negrilla por fuera del texto original).
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada,
de las pruebas allegadas al proceso y lo expuesto por la parte actora se tiene,
que4:
3.1.- El 20 de mayo de 2014, el señor Luis Carlos González Ortega, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió
demanda contenciosa administrativa contra la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de obtener el
reconocimiento y pago de la prima especial sin carácter salarial de que trata el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, equivalente al 30% de la remuneración básica
mensual que devengó como juez desde 1993 y, por consiguiente, se decrete la
nulidad de los actos administrativos DVS13-1819 de 21 de mayo de 2013 y 6019
del 18 de diciembre de 2013, que le negaron dicho emolumento.
3.2.- El asunto le correspondió, en primera instancia, al Tribunal Administrativo
del Meta, cuyos magistrados manifestaron estar impedidos para conocer el
asunto, por estar inmersos en la causal 1 del artículo 141 del C.G.P., al tener un
interés directo en las resultas del proceso5.
3.3.- En virtud de lo anterior, en decisión del 23 de octubre de 2014 6, el Consejo
de Estado – Sección Segunda declaró fundado el impedimento manifestado por
los Magistrados del Tribunal Administrativo del Meta y, en consecuencia, devolvió
al asunto a dicha autoridad judicial, con el fin de que se surtiera el sorteo de
conjueces que habrían de reemplazarlos en el conocimiento del caso.
3.4.- El 14 de abril de 20157, se realizó el sorteo de los conjueces que conocerían
el caso del señor Luis Carlos González. En dicha diligencia fueron elegidas las
doctoras Blanca Nelcy Moya de Vega, como juez ponente, Erika del Pilar Wilches
Hernández y Stella Mercedes Castro Quevedo.
3.5.- Comunicada la anterior decisión, la conjuez Blanca Nelcy Moya de Vega se
declaró impedida para conocer del asunto, toda vez que le asiste un interés
4
Folios 1 a 3 del escrito de tutela.
5
Impedimentos obran en los folios 135 a 141 del expediente digital allegado en préstamo.
6
Folio 147 del expediente digital allegado en préstamo.
7
Folio 160 del expediente digital allegado en préstamo.
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-02306-00
Demandante: Luis Carlos González Ortega
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
directo en las resultas del proceso8. El 30 de junio de 20169, la Sala de Conjueces
conformada por las doctoras Erika del Pilar Wilches y Stella Mercedes Castro
aceptaron el impedimento de la conjuez Moya de Vega y, a su vez, remitieron el
proceso al presidente de la Corporación, con el fin de que se surtiera un nuevo
sorteo de conjuez10.
3.6.- El 13 de octubre de 2016, el apoderado judicial del señor Luis Carlos
González solicitó que se llevara a cabo el sorteo de conjueces11. Posteriormente,
el 8 de marzo de 2017, envió otro memorial en el cual requirió que “se ordene a
quien corresponda se decida sobre la admisión de la demanda”12.
3.7.- Mediante Oficio 0934 del 15 de marzo de 2017, el Secretario del Tribunal
Administrativo del Meta pasó al despacho los procesos administrativos
pendientes de sorteo de conjueces13. En respuesta al anterior Oficio, la
presidenta del Tribunal Administrativo del Meta, a través de proveído de 16 de
marzo de 2017, devolvió a la Secretaría el expediente del señor Luis Carlos
González, toda vez que la providencia por medio de la cual se aceptó el
impedimento a la conjuez Blanca Nelcy Moya de Vega “carece de fecha y no se
encuentra suscrita por todos los miembros de la Sala que allí se dice profirió la
decisión”14, por tanto, ordenó subsanar dichas omisiones, para que después se
surtiera el respectivo sorteo.
3.8.- El 26 de octubre de 201715, 5 de septiembre de 201816, 19 de noviembre de
201817 y 18 de marzo de 201918, el apoderado judicial del señor Luis Carlos
González solicitó que se llevara a cabo el sorteo del conjuez.
3.9.- El 21 de agosto de 2018, la conjuez Stella Mercedes Castro también
presentó impedimento para conocer del asunto19; pero, mediante auto de 3 de
mayo de 2019 el mismo no fue aceptado20.
3.10.- Finalmente, el 21 de octubre de 2019, se realizó de nuevo el sorteo de
conjueces, en el que fue elegida la doctora Paula Andrea Murillo Parra, para
conocer del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el
8
Folios 160 y 170 del expediente digital allegado en préstamo.
9
Folio 180 del expediente digital allegado en préstamo.
10
El auto solo está firmado por la conjuez Erika del Pilar Wilches.
11
Folio 182 del expediente digital allegado en préstamo.
12
Folio 184 del expediente digital allegado en préstamo.
13
Folio 185 del expediente digital allegado en préstamo.
14
Folio 187 del expediente digital allegado en préstamo.
15
Folio 190 del expediente digital allegado en préstamo.
16
Folio 198 del expediente digital allegado en préstamo.
17
Folio 199 del expediente digital allegado en préstamo.
18
Folio 202 del expediente digital allegado en préstamo.
19
Folio 194 del expediente digital allegado en préstamo.
20
Folio 205 del expediente digital allegado en préstamo.
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-02306-00
Demandante: Luis Carlos González Ortega
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
señor Luis Carlos González; no obstante, hasta la fecha, no se ha proferido algún
tipo de decisión dentro del medio de control. Por lo que, el 5 de octubre de 2020 21,
el apoderado del señor González presentó solicitud, en la que pidió dar celeridad
al asunto, la cual fue respondida el 9 de octubre siguiente22, en la que le indicaron
que su petición había sido enviada a los respectivos conjueces.
4.- Como fundamento de derecho de las pretensiones23, la parte actora
manifiesta que, a pesar de haber transcurrido 7 años, 5 meses y 10 días desde
la presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, su
proceso aún sigue estancado, a pesar de poner en conocimiento dicha situación
en varias ocasiones al Tribunal Administrativo del Meta. Aunado a ello, señaló
que el incumplimiento y tardanza de los términos judiciales se debe a la falta de
diligencia de los funcionarios judiciales y no a la complejidad del asunto, toda vez
que frente al tema, el Consejo de Estado – Sección Segunda mediante fallo de 2
de septiembre de 2019 unificó la jurisprudencia relacionada con la prima especial
de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, por lo que no existe
razón que justifique la tardanza en la resolución del caso, máxime, cuando la
demanda ni siquiera ha sido admitida. En razón a lo anterior, la parte actora
considera que existe una mora judicial injustificada, la cual está generando la
vulneración de sus derechos fundamentales.
4.1.- Así mismo, expuso que el Tribunal Administrativo del Meta, frente a la
renuncia y designación de cada uno de los jueces ad-hoc ha dejado pasar lapsos
de tiempo muy largos, lo que ralentiza aún más el trámite.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
5.- Mediante auto de 28 de abril de 2022, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela, ordenó notificar de su presentación a las autoridades
demandadas, así como a la Nación – Rama Judicial, como tercero interesado en
las resultas del proceso. Además, ordenó comunicar la decisión a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
5.1.- Igualmente, requirió al Tribunal Administrativo del Meta para que allegara,
en calidad de préstamo, el expediente identificado con el número de radicado
0001-23-33-000-2014-00206-00.
(i) Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de
Administración Judicial de Villavicencio24
21
Folio 231 de las pruebas allegadas con el escrito de tutela.
22
Folio 229 de las pruebas allegadas con el escrito de tutela.
23
Folio 2 a 6 del escrito de tutela.
24
Expediente digital, intervención contenida en 8 folios con anexos, enviada a través de correo
electrónico el 10 de mayo.
4
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Demandante: Luis Carlos González Ortega
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
6.- Indicó que, en su momento, dentro del trámite administrativo, la entidad le dio
respuesta a las peticiones efectuadas por el accionante dentro de los términos
de Ley; por lo que solicitó ser desvinculada por falta de legitimación en la causa
por pasiva, en la medida en que de su parte no existe una actuación directa o
indirecta que pueda comprometer los derechos fundamentales del actor.
(ii) las demás partes guardaron silencio, pese a haber sido debidamente
notificadas25.
II. CONSIDERACIONES
C. Cuestión previa.
7.- La Sala accederá a la solicitud de desvinculación que hace el Consejo
Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de
Villavicencio, al considerar que, en efecto, dicha entidad carece de legitimación
en la causa por pasiva, pues la mora judicial fue endilgada de forma específica
al Tribunal Administrativo del Meta y su Secretaría, quienes, según el actor,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (rad. 50001-23-33-
000-2014-00206-00), que promovió contra la Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, han presentado dilaciones injustificadas.
D. Análisis del caso concreto
8.- En el presente asunto, la parte actora manifiesta que el tiempo que ha
trascurrido desde la presentación de la demanda -20 de mayo de 2014- hasta la
fecha de presentación de la acción de amparo es de aproximadamente 7 años, 5
meses y 10 días, sin que hasta la fecha se haya siquiera admitido la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, pese haber solicitado de manera
insistente, no solo la admisión del asunto, sino que se realizara el respectivo
sorteo de conjueces que conocerían el caso para darle celeridad al mismo.
Aunado a ello, señaló que el incumplimiento y tardanza de los términos judiciales
se debe a la falta de diligencia de los funcionarios judiciales y no a la complejidad
del asunto, toda vez que frente al tema relacionado con la prima especial de
servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el Consejo de Estado –
Sección Segunda unificó la jurisprudencia, tema del que trata su demanda.
Además, que el Tribunal Administrativo del Meta, frente a la renuncia y
designación de cada uno de los jueces ad-hoc ha dejado pasar lapsos de tiempo
muy largos, lo que ralentiza aún más el trámite. Por ello, alude una mora judicial
injustificada que vulnera sus derechos fundamentales.
8.1.- En cuanto a la mora judicial, esta Corporación ha sido categórica en advertir
que el juez de tutela en cada caso específico deberá valorar si la conducta del
25
Según consta en el aplicativo SAMAI. Notificaciones 50750, 50751, 50752, 50753, 50754 y
50755.
5
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funcionario o de la corporación judicial es injustificada y negligente, toda vez que
“no toda dilación en proferir una decisión judicial genera la llamada mora judicial
ni vulnera derechos fundamentales”26. Lo anterior, en atención a que existen
causas imprevisibles o externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden
que los jueces cumplan con los plazos para decidir o para dictar alguna decisión.
Existen, por ejemplo, condiciones estructurales, tales como la excesiva carga
laboral, la falta de una infraestructura básica en los despachos judiciales, que
impiden que los funcionarios judiciales adopten decisiones oportunas 27.
8.2.- Así pues, se advierte que para determinar si la autoridad judicial demandada
ha incurrido en una mora judicial injustificada, y previo a verificar si tal mora se
proyecta como afrenta a un derecho constitucional iusfundamental, se debe
analizar i) la complejidad del asunto; ii) la actividad procesal del interesado; iii) la
conducta de la autoridad judicial competente; iv) el análisis global de
procedimiento; y iv) el turno en el que el expediente pasó al despacho, de
conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 446 de 199828.
8.3.- En ese contexto, esta Corporación ha considerado que la acción de tutela
se abre paso por mora judicial cuando se trate de una dilación injustificada como
resultado de la falta de diligencia en el actuar del funcionario judicial. Esto
significa que “no existe mora judicial por el solo transcurso del tiempo, sino que
ésta debe ser injustificada y estar probada la negligencia de la autoridad judicial
accionada”29.
8.4.- A su vez, la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha señalado
que la congestión y la mora judicial afectan gravemente los derechos de acceso
a la administración de justicia y al debido proceso, por dilación injustificada e
inobservancia de los términos judiciales; sin embargo, esa misma Corporación
ha sostenido que no todo desconocimiento de los plazos establecidos en la ley
por parte del operador judicial puede dar lugar a la violación de los mencionados
derechos, pues se configura en los eventos en los cuales el juez no puede
justificar su retardo.
8.5.- En Sentencia SU-394 de 201630, el referido tribunal constitucional indicó que
la mora judicial injustificada se presenta cuando: (i) existe un incumplimiento
26
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 22 de octubre de 2020, radicado: Expediente
11001-03-15-000-2020-04601-00. M.P. Milton Chaves García.
27
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de septiembre de 2016, radicado:
Expediente: Nº 11001-03-15-000-2016-01884-00. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
28
«Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que
hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo
en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal».
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 18 de
febrero de 2009, exp. 25000-23-15-000-2008-01246-01 (AC), M.P. Martha Teresa Briceño de
Valencia.
30
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo razonable que justifique la
dilación; y, (iii) la tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión
sistemática de los deberes del funcionario judicial31.
8.6.- De lo expuesto anteriormente, se advierte que el simple hecho de
sobrepasar los términos legales dispuestos para el desarrollo de la actuación
judicial no configura una mora injustificada, pues deben analizarse otras
circunstancias particulares.
8.7.- En el presente asunto, la Sala advierte, luego de verificar el expediente
ordinario que, en efecto, se configura la mora judicial alegada, toda vez que la
autoridad judicial accionada no ha adelantado las actuaciones pertinentes
tendientes a resolver la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
interpuesta por el señor Luis Carlos González Ortega, identificado con el número
50001-23-33-000-2014-00206-00, la cual fue radicada el 20 de mayo de 2014,
pues para la fecha en que se profiere esta decisión no ha admitido la misma, ni
ha realizado ningún trámite desde el año 2019, tendiente a resolver el asunto
puesto a su consideración32.
8.8.- Del material probatorio arrimado al proceso, se observa, en concreto, que
el Tribunal Administrativo del Meta ha realizado las siguientes actuaciones: i) el
20 de mayo de 2014, se presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, ii) Los magistrados del Tribunal Administrativo del Meta manifiestan
estar impedidos para conocer el asunto iii) el 23 de octubre de 2014, el Consejo
de Estado – Sección Segunda declaró fundado el impedimento, iv) el 14 de abril
de 2015, se realizó el sorteo de los conjueces que conocerían el caso del señor
Luis Carlos González, siendo designadas las doctoras Blanca Nelcy Moya de
Vega, como juez ponente, Erika del Pilar Wilches Hernández y Stella Mercedes
Castro Quevedo v) la conjuez Blanca Nelcy Moya de Vega se declaró impedida
para conocer del asunto y el 30 de junio de 2016, la Sala de Conjueces aceptó el
mismo, vi) remitieron el proceso al presidente de la Corporación, con el fin de que
se surtiera un nuevo sorteo de conjuez, vii) mediante Oficio 0934 del 15 de marzo
de 2017, el Secretario del Tribunal Administrativo del Meta pasó al despacho los
procesos administrativos pendientes de sorteo de conjueces, viii) el asunto fue
devuelto a la Secretaria por parte del Presidente de la corporación a través de
proveído de 16 de marzo de 2017, toda vez que la providencia por medio de la
cual se aceptó el impedimento a la conjuez Blanca Nelcy Moya de Vega tenía
inconsistencias que debían ser subsanadas33, ix) el 21 de agosto de 2018, la
conjuez Stella Mercedes Castro presentó impedimento para conocer del asunto
31
En este aspecto, la Corte Constitucional reiteró los criterios enunciados en la sentencia T-230
de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
32
Información sustraída del expediente allegado en préstamo, así como del sistema Consulta de
Procesos Siglo XXI.
33
No se tiene conocimiento si dicho yerro fue subsanado, porque la información no reposa en el
expediente ni en el sistema Consulta de Procesos Siglo XXI.
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y, mediante auto de 3 de mayo de 2019, el mismo no fue aceptado, x) el 21 de
octubre de 2019 se realizó de nuevo el sorteo de conjueces, donde fue elegida
la doctora Paula Andrea Murillo Parra, para conocer del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurado por el señor Luis Carlos González, xi) el
13 de noviembre de 2019, se le envió comunicación de su asignación a la conjuez
Paula Andrea Murillo Parra.
8.9.- Así mismo, se observan las siguientes solicitudes elevadas por el apoderado
del señor González: i) 13 de octubre de 2016, solicitó que se llevara a cabo el
sorteo de conjueces, ii) el 8 de marzo de 2017, pidió que se decida sobre la
admisión de la demanda, iii) 26 de octubre de 2017, solicitó que se realizara el
sorteo de conjueces, iv) 5 de septiembre de 2018, pidió que se efectuara el sorteo
de conjueces, v) 19 de noviembre de 2018, requirió que se hiciera el sorteo de
conjueces, vi) 18 de marzo de 2019, solicitó el sorteo de conjueces, vii) 5 de
octubre de 2020, pidió celeridad en el asunto, viii) 15 de enero de 2021, requirió
que se resolviera sobre la admisión de la demanda, ix) 25 de junio de 2021,
solicitó que se resolviera sobre la admisión de la demanda y, x) 26 de octubre de
2021, reiteró su petición, en el sentido de pedir que se resolviera sobre la
admisión de la demanda.
8.10.- Posteriormente, desde el 13 de noviembre de 2019, fecha en la que se le
notificó a la doctora Murillo Parra sobre su designación como conjuez en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho del señor Luis Carlos
González Ortega, no se observa actuación alguna frente al asunto por parte de
las autoridades accionadas. Así mismo, se advierte que los tiempos que ha
utilizado el tribunal accionado para designar los conjueces quienes conocerán del
asunto han sido extensos y, dentro del expediente no se advierte ninguna causa
que justifique esa demora, lo que, en efecto, ha provocado que el caso se
extienda de forma irracional, a tal punto que la demanda ni siquiera ha sido
admitida, pese a haber sido presentada hace aproximadamente 8 años, y
tampoco se ha realizado alguna gestión para que los conjueces designados le
den celeridad al caso, pese a las reiteradas solicitudes de la parte demandante.
9.- Aunado a lo anterior, se observa que la autoridad judicial accionada no refiere
ninguna razón que justifique la mora judicial presentada en el proceso ordinario
interpuesto por el señor Luis Carlos González, pues, al contestar la presente
acción se limitó a allegar el expediente sin hacer ningún tipo de pronunciamiento
en relación con los hechos planteados por el demandante.
9.1.-Sobre el particular, cabe señalar que, aun cuando la Sala reconoce que la
jurisdicción contenciosa administrativa presenta unos altos índices de congestión
judicial, en razón a la alta carga laboral y a los problemas estructurales que
presenta que dificultan el poder cumplir a cabalidad con los términos judiciales;
el silencio de la autoridad accionada en el caso objeto de estudio privilegia la
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certeza de los derechos que se estiman violentados y conlleva a la activación del
mecanismo de protección constitucional.
10.- Verificada entonces la citada omisión, que se proyecta sobre los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la
parte actora, al incurrir, como ya tuvo la oportunidad de indicarse, en una mora
judicial injustificada, la Sala amparará los derechos fundamentales invocados por
el señor Luis Carlos González Ortega, de suerte que se ordenará al Presidente
del Tribunal Administrativo del Meta, doctor Héctor Enrique Reyes Moreno para
que, en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de la
presente providencia, ordene a los respectivos conjueces que conocen del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado con el número
50001-23-33-000-2014-00206-00, que se pronuncien sobre la admisibilidad de la
demanda.
11.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
III.- FALLA
PRIMERO: DESVINCULAR al Consejo Superior de la Judicatura – Dirección
Seccional de Administración Judicial de Villavicencio del trámite de tutela, de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.
SEGUNDO. - AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia invocados por el señor Luis Carlos
González Ortega, relacionadas con la mora judicial injustificada, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia. En consecuencia, se
ORDENA al Presidente del Tribunal Administrativo del Meta, doctor Héctor
Enrique Reyes Moreno para que, en el término de diez (10) días contados a partir
de la notificación de la presente providencia, ordene a los respectivos conjueces
que conocen del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado con
el número 50001-23-33-000-2014-00206-00, que se pronuncien sobre la
admisibilidad de la demanda.
TERCERO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
9
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-02306-00
Demandante: Luis Carlos González Ortega
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE34
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
34
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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