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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04005-01

Fecha
6 de octubre de 2023
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04005-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Revócase la sentencia de 30 de agosto de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que negó el amparo solicitado y, en su lugar: 1º) Ampárense los derechos fundamentales invocados por el demandante, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º) En consecuencia, ordénase a la Secretaría del Tribunal Administrativo del Meta que agilice el trámite que corresponda con el fin de que el proceso de nulidad y restablecimiento con radicación no. 50001-23-33-000-2014-00206-00 ingrese de manera inmediata al despacho para fallo. 3º) Ordénase a la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Meta que en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de este fallo, profiera la sentencia anticipada en el proceso de nulidad y restablecimiento con radicación no. 50001-23-33-000-2014-00206-00 y adelante las gestiones necesarias para notificar a la parte actora de dicha decisión. 4º) Exhórtase a la Secretaría del Tribunal Administrativo del Meta para que, en lo sucesivo, imparta con mayor celeridad el trámite correspondiente a los sorteos de conjueces a fin de no vulnerar los derechos fundamentales de las partes. 5º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-04005-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

6 de octubre de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, seis (6) de octubre de dos mil veintitrés (2023).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2023-04005-01
Demandante: LUIS CARLOS GONZÁLEZ ORTEGA
Demandado: SALA DE CONJUECES DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL META
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD PÚBLICA.
TARDANZA PARA PROFERIR SENTENCIA ANTICIPADA
EN UN PROCESO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO. SE REVOCA LA DECISIÓN QUE NEGÓ LA
ACCIÓN DE TUTELA Y, EN SU LUGAR, SE AMPARAN LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS.

Síntesis del caso: el demandante consideró que la autoridad judicial demandada ha vulnerado
sus derechos fundamentales pues no ha proferido sentencia de primera instancia dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 50001-23-33-000-2014-00206-
00, a pesar de que han transcurrido más de 9 años desde que presentó la demanda.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
de 30 de agosto de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado mediante la cual se dispuso:

“Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Luis Carlos
González Ortega, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal
Administrativo del Meta, Sala de Conjueces, de conformidad con la parte motiva
de esta providencia.”. (archivo disponible en medio magnético a través del
aplicativo SAMAI- negrillas del original).

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

El 25 de julio de 2023, el señor Luis Carlos González Ortega promovió proceso de acción
de tutela en contra de la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Meta, con el
fin de que se protegieran sus derechos constitucionales fundamentales del debido
proceso, salud, vida y acceso a la administración de justicia y, por tanto, se accediera a
las siguientes súplicas:

2
Expediente: 11001-03-15-000-2023-04005-01
Demandante: Luis Carlos González Ortega
Acción de tutela – Impugnación fallo

“1. Se declaré que el Tribunal Administrativo de Villavicencio- Sala de
Conjueces incurrió en mora judicial injustificada en vulneración de mis derechos
fundamentales.

2. Que como medida de protección a mis derechos fundamentales vulnerados
para remediar o prevenir un perjuicio irremediable, se ordene al Tribunal
Administrativo de Villavicencio- Sala de Conjueces, que en lo sucesivo respeten
los términos judiciales y procedan a resolver con inmediata urgencia las
actuaciones judiciales pendientes por resolver.

3. Que en protección de mis derechos fundamentales y ante la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, se altere de forma excepcional el sistema de turnos
para emitir fallos judiciales del Tribunal Administrativo del Meta- Sala de
conjueces, y se ordene proceder de la forma más urgente posible a proferir
sentencia de primera instancia dentro del proceso ordinario identificado con el
número de radicado 50001233300020140020600.”. (archivo disponible en
medio magnético a través del aplicativo SAMAI- negrillas del original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la acción ejercida la parte demandante señaló, en síntesis,
lo siguiente:

1) El 29 de mayo de 2014 presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho en contra de la Nación-Rama Judicial- Dirección Ejecutiva
de Administración judicial, con el fin de que se declarara la nulidad de los actos
administrativos contenidos en el Oficio no. DSV13-1819 de fecha 21 de mayo de 2013 y
la Resolución no. 6019 del 18 de diciembre del mismo año, por medio de los cuales se le
negó la reliquidación y pago de las prestaciones sociales liquidadas con base en el 30%
de la prima especial como factor salarial devengado desde 1993, asunto que
correspondió al Tribunal Administrativo del Meta 1.

2) En consideración a que transcurrieron 7 años y 6 meses sin que se hubiese admitido
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó acción de tutela2 por la
mora injustificada y, mediante fallo del 3 de junio de 2022, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado amparó sus derechos fundamentales y, en consecuencia,
ordenó al tribunal que se pronunciara sobre la admisión.

3) El 13 de julio de 2022, el Tribunal Administrativo del Meta admitió la demanda.

1 Proceso con radicación 50001-23-33-000-2014-00206-00.

2 Acción de tutela con radicación 11001-03-15-000-2022-02306-00.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-04005-01
Demandante: Luis Carlos González Ortega
Acción de tutela – Impugnación fallo

4) En providencia del 6 de febrero de 2023, el tribunal decidió seguir el procedimiento
para proferir sentencia anticipada, por lo cual se abstuvo de decretar la práctica de
pruebas y corrió traslado para alegar de conclusión, término que venció el 21 de febrero
del mismo año.

5) El 16 de junio de 2023 se realizó el sorteo de conjueces para proferir la sentencia
anticipada.

6) El 15 de junio y 11 de julio de 2023, solicitó el impulso del proceso teniendo en cuenta
que han transcurrido más de 9 años sin que se adopte una decisión de fondo; además,
puso de presente su grave estado de salud, pues se encuentra a la espera de un
trasplante renal.

3. El fundamento de la vulneración

La parte demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
constitucionales fundamentales, pues, a pesar de que han transcurrido más de 9 años
desde que presentó la demanda, no se ha proferido la sentencia de primera instancia en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Se encuentra en un estado de salud bastante delicado, lo cual ha complicado su situación
económica y personal, por cuanto ha requerido de tratamientos médicos bastante
rigurosos que les ha impedido llevar una vida normal y desarrollar alguna actividad
laboral.

Destacó que actualmente se encuentra en un proceso de lista de espera para recibir un
trasplante de riñón, el cual es fundamental para su supervivencia.

4. Actuación de primer grado

Mediante providencia de 27 de julio de 2023, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la Sala de Conjueces
del Tribunal Administrativo del Meta y a la Nación – Rama Judicial, para que allegaran un
informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción .

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-04005-01
Demandante: Luis Carlos González Ortega
Acción de tutela – Impugnación fallo

5. Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 30 de
agosto de 2023 negó el amparo invocado.

Señaló que no existe una mora injustificada, pues desde la fecha en que venció el término
para alegar de conclusión no ha transcurrido un término que pueda ser calificado como
desproporcionado.

En todo caso, le informó al demandante que, ante presuntas moras judiciales
injustificadas, podía acudir a la vigilancia judicial administrativa.

Advirtió que, si bien la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Meta contestó
la demanda, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial guardó silencio frente a las
pretensiones de la demanda, a pesar de haber sido notificada en debida forma.

6. Impugnación

La parte demandante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia,
concedida en auto de 22 de septiembre de 2023.

Sostuvo que el a quo hizo un análisis incompleto del periodo en que se ocasionó la
excesiva mora judicial, pues desde que presentó la demanda a la fecha han transcurrido
más de 9 años sin que la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Meta haya
proferido una decisión de fondo.

Desde el 28 de junio de 2023, fecha en que se notificó la designación como conjuez del
señor Javier Montoya, el proceso permanece “en ubicación en Secretaría”, totalmente
paralizado.

El término que establece el artículo 182 de la Ley 1437 de 2011 se en cuentra más que
vencido, pues el tribunal debía dictar sentencia anticipada el 21 de febrero de 2023,
teniendo en cuenta que, mediante el auto de 6 de febrero del mismo año, se otorgaron
10 días para presentar alegatos de conclusión .

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-04005-01
Demandante: Luis Carlos González Ortega
Acción de tutela – Impugnación fallo

Puso de presente que el a quo constitucional incurrió en una errónea interpretación de
las pruebas, pues quien contestó la demanda no fue la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo del Meta sino la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Villavicencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precl uidos o
acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional a
la Sala de conjueces del Tribunal Administrativo del Meta, con el fin de que se protejan
los derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, salud, vida y acceso a
la administración de justicia presuntamente vulnerados por la supuesta mora injustificada
en proferir la sentencia anticipada en el proceso de nulidad y restablecimiento con
radicación 50001-23-33-000-2014-00206-00.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-04005-01
Demandante: Luis Carlos González Ortega
Acción de tutela – Impugnación fallo

En la sentencia de primera instancia la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado negó el amparo invocado, por cuanto no existía una mora injustificada;
además, instó al demandante para que presentara la vigilancia judicial administrativa ante
la presunta mora judicial.

En el escrito de impugnación la parte demandante reiteró que desde que presentó la
demanda a la fecha han transcurrido más de 9 años sin que la Sala de Conjueces del
Tribunal Administrativo del Meta haya proferido una decisión de fondo, aunado a que no
rindió informe en el que justificara dicho retardo.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia, la Sala revocará la sentencia
de primera instancia que negó la acción de tutela y, en su lugar, amparará los derechos
invocados, por las razones que procederán a exponerse:

1) En cuanto a la mora, la Sala debe afirmar que, en diferentes oportunidades, la Corte
Constitucional 3 resaltó la importancia de que los jueces dicten las providencias dentro de
los términos legales con el fin de evitar que se vulneren los derechos fundamentales del
debido proceso y acceso a la administración de justicia.

2) Sin embargo, también señaló que, en la mayoría de los casos el incumplimiento de los
términos procesales no es imputable a las actuaciones de los funcionarios judiciales, sino
a las dificultades que debe afrontar la Rama Judicial por el exceso de carga laboral o de
congestión judicial y la complejidad de los asuntos, entre otras, lo cual justifica, de cierto
modo, el retardo para adelantar alguna actuación.

3) En esa medida, se ha dicho que para establecer si una dilación es o no injustificada es
preciso tener en cuenta i) la complejidad del asunto, ii) la actividad procesal del
interesado, iii) la conducta de las autoridades judiciales y iv) el análisis global del
procedimiento.

3 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, sentencia T-052 de 22 de f ebrero de 2018,

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-04005-01
Demandante: Luis Carlos González Ortega
Acción de tutela – Impugnación fallo

4) Por su parte, el Consejo de Estado 4 manifestó que existen condiciones estructurales
en la Rama Judicial no imputables a los jueces que producen congestión y lentitud en los
despachos que dificultan la resolución oportuna de los asuntos.

5) En conclusión, todo ciudadano tiene derecho a una pronta y oportuna resolución de
sus solicitudes; por lo cual, para que se estructure una violación del derecho fundamental
del debido proceso u otro por el incumplimiento de los términos judiciales resulta
imprescindible analizar i) si no existe un motivo razonable que justifique dicha demora y
ii) si la tardanza es imputable a la dilación en el cumplimiento de las funciones por parte
de la autoridad judicial.

6) En el caso concreto, el demandante manifestó que la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo del Meta, incurrió en una supuesta mora injustificada, pues, a pesar de
que han transcurrido más de nueve años desde que presentó la demanda, a la fecha no
se ha adoptado una decisión de fondo en el proceso de nulidad y restablecimiento con
radicación 50001-23-33-000-2014-00206-00.

7) Ahora bien, a afectos de verificar la presunta mora judicial, la Sala hizo una revisión
de los medios de prueba aportados al expediente y del proceso de nulidad y
restablecimiento con radicación 50001-23-33-000-2014-00206-00 en el Sistema de
Gestión Judicial (SAMAI), a partir de la cual constató las siguientes actuaciones que se
surtieron con posterioridad a la presentación de la demanda:

• El 29 de mayo de 2014 se radicó la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho.

• Mediante autos de 31 de julio y 13 de agosto de 2014 los magistrados del Tribunal
Administrativo del Meta se declaran impedidos para conocer el asunto.

• El 25 de marzo de 2015 se declaró fundado el impedimento manifestado por los
magistrados.

• El 15 de marzo de 2017 pasó el proceso a presidencia para sorteo de conjuez.

4 Consejo de Estado. Sentencia de 4 de septiembre de 2014, radicación: 11001-03-15-000-2014-014 44 -
00. MP Jorge Octavio Ramírez.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-04005-01
Demandante: Luis Carlos González Ortega
Acción de tutela – Impugnación fallo

• El 21 de octubre de 2019 se llevó a cabo el sorteo de conjueces.

• El 15 de enero, 25 de junio y 26 de octubre de 2021 el demandante presentó
solicitudes de impulso procesal.

• El 13 de julio de 2022, la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Meta,
en virtud de una orden judicial, admitió la demanda y ordenó notificar a las autoridades
demandadas.

• El 6 de febrero de 2023 el tribunal decidió seguir el procedimiento para proferir
sentencia anticipada, por lo cual se abstuvo de decretar la práctica de pruebas y corrió
traslado para alegar de conclusión, término que venció el 21 de febrero del mismo año.

• El 16 de junio de 2023 se realizó el sorteo de conjueces para proferir la sentencia
anticipada.

• El 15 de junio, 11 de julio y 25 de agosto de 2023 solicitó el impulso del proceso.

• El 27 de septiembre de 2023 el demandante presentó solicitud de vigilancia judicial
administrativa.

8) De conformidad con lo anterior, la Sala observa que, a pesar de que la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho se presentó en mayo de 2014 y la parte
demandante radicó varias solicitudes de impulso procesal e inclusive una acción de tutela
anterior, han transcurrido más de nueve años sin que el tribunal haya proferido sentencia
de primera instancia, a pesar del grave estado de salud en que se encuentra el señor
González Ortega5 y de la vigilancia judicial administrativa que se presentó por la mora
judicial en el trámite del proceso.

9) En esa medida, la Sala concluye que, si bien desde que se corrió traslado para alegar
de conclusión a la fecha no ha transcurrido un término desproporcionado, el tiempo que
el tribunal demandado se ha tomado para dar trámite al proceso de nulidad y
restablecimiento, desde que se admitió la demanda ordinaria, no es razonable y no se

5 Del inf orme médico que se allegó junto con la demanda se advierte que el demandante se encuentra bajo

tratamiento de diálisis peritoneal como soporte vital.

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Demandante: Luis Carlos González Ortega
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encuentra justificado, por lo cual se ampararán los derechos fundamentales invocados
por la parte demandante.

10) Lo anterior cobra mayor sentido si se considera que desde febrero de 2023 se
decidió que el asunto se decidiría en sentencia anticipada y, por lo tanto, se corrió el
término para alegar de conclusión , plazo que ya venció.

11) Es preciso anotar que, contrario a lo afirmado por el a quo constitucional, frente a las
afirmaciones del escrito de tutela la autoridad judicial demandada guardó silencio y se
abstuvo de rendir informe, pese a que fue debidamente notificada.

12) Así las cosas, como no se rindió informe y no hay pruebas adicionales a partir de las
cuales se pueda tener por justificado dicho retardo, la Sala no tiene otra salida que aplicar
la presunción de veracidad contenida en el artículo del Decreto-Ley 2591 de 1991 y tener
como ciertos los hechos de la demanda, pues no se justificaron las razones del retardo.

13) Además, como lo ha dicho esta Sala de Subsección en anteriores oportunidades la
solicitud de vigilancia administrativa no constituye un medio judicial idóneo ni eficaz
cuando lo que se pretende la protección de derechos fundamentales ante la mora en
procesos judiciales.

14) En consideración a lo antes expuesto, se accederá al amparo deprecado por cuanto,
a la fecha, no se advierte que se haya impartido el trámite correspondiente al proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho y ni siquiera se justificaron los motivos por los
cuales no se ha proferido una decisión de fondo en el asunto.

15) Por lo anterior, se ordenará i) a la Secretaría del Tribunal Administrativo del Meta que
agilice el trámite que corresponda con el fin de que el expediente ingrese de manera
inmediata al despacho para fallo y ii) a la Sala de Conjueces de dicha autoridad judicial
demandada para que profiera la sentencia anticipada y notifique dicha decisión a la parte
interesada.

16) De igual manera, se exhortará a la Secretaría del Tribunal Administrativo del Meta
para que en lo sucesivo imparta con mayor celeridad el trámite correspondiente a los
sorteos de conjueces a fin de no vulnerar los derechos fundamentales de las partes.

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Demandante: Luis Carlos González Ortega
Acción de tutela – Impugnación fallo

17) En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia que negó el amparo
solicitado y, en su lugar, se ampararán los derechos fundamentales invocados.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

Revócase la sentencia de 30 de agosto de 2023 proferida por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado que negó el amparo solicitado y, en su lugar:

1º) Ampárense los derechos fundamentales invocados por el demandante, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) En consecuencia, ordénase a la Secretaría del Tribunal Administrativo del Meta que
agilice el trámite que corresponda con el fin de que el proceso de nulidad y
restablecimiento con radicación no. 50001-23-33-000-2014-00206-00 ingrese de manera
inmediata al despacho para fallo.

3º) Ordénase a la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Meta que en el
término de diez (10) días contados a partir de la notificación de este fallo, profiera la
sentencia anticipada en el proceso de nulidad y restablecimiento con radicación no.
50001-23-33-000-2014-00206-00 y adelante las gestiones necesarias para notificar a la
parte actora de dicha decisión.

4º) Exhórtase a la Secretaría del Tribunal Administrativo del Meta para que, en lo
sucesivo, imparta con mayor celeridad el trámite correspondiente a los sorteos de
conjueces a fin de no vulnerar los derechos fundamentales de las partes.

5º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

6º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.

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Demandante: Luis Carlos González Ortega
Acción de tutela – Impugnación fallo

7º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Salva voto

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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