Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02386-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02386-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02386-00
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
26 de mayo de 2022
Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 2 38 6- 0 0
Ac c i o na nt e : A dr ia n a d e l P i lar Ar en as N i ño
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)
F.T: 137
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02386-00
Accionante: ADRIANA DEL PILAR ARENAS NIÑO
Accionados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DE TUNJA – BOYACÁ Y OTROS
Temas: Acción de tutela para solicitar expedición de Certificado de Disponibilidad
Presupuestal, para el reemplazo de juez con régimen colectivo de vacaciones.
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de
tutela, decide la acción de la referencia.
HECHOS RELEVANTES
a) Solicitud de vacaciones
La señora Adriana del Pilar Arenas Niño, quien se desempeña como juez
promiscuo municipal de Tipacoque, en propiedad, desde el 18 de agosto de 2018,
afirmó que el 30 de septiembre de 2021 el Consejo Seccional de la Judicatura de
Boyacá y Casanare, por medio del Acuerdo núm. CSJBOYA21-52, definió los
juzgados que prestarían la función de control de garantías durante la vacancia
judicial en el período comprendido entre el 20 de diciembre de 2021 y el 10 de
enero de 2022, correspondiéndoles a los Juzgados Promiscuos Municipales de
Tipacoque y Susacón en la Unidad Judicial núm. 13.
Aseguró que, como consecuencia, el 26 de noviembre de 2021 el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, mediante la Resolución
045, suspendió sus vacaciones colectivas, las cuales debían disfrutarse en el
plazo mencionado. Agregó que prestó el turno de control de garantías de la forma
dispuesta en el precitado Acuerdo y aclaró que las vacaciones que disfrutó del 6 al
27 de diciembre de 2021 correspondían a otro período vacacional adeudado,
ordenado a través del fallo de tutela del 11 de noviembre de 2021, en el proceso
con número de radicado 2021-00734.
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Señaló que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja
canceló sus vacaciones comprendidas del 20 de diciembre de 2021 al 10 de enero
de 2022. Por lo anterior, expuso que el 24 de febrero del año en curso solicitó al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo concederle el
disfrute de sus vacaciones a partir del 21 de junio de 2022 y hasta el 12 de julio
del mismo año. Sin embargo, manifestó que aquella autoridad, a través de la
Resolución 018 del 31 de marzo de 2022, negó lo pretendido, al no contar con una
partida presupuestal para la designación de la persona que la reemplazaría
durante su período de descanso.
b) Inconformidad
La accionante consideró que el Consejo Superior de la Judicatura-Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja - Boyacá, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala de Gobierno, y el
Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare vulneraron sus
derechos fundamentales al mínimo vital, debido proceso, trabajo en condiciones
dignas, descanso e igualdad, puesto que la negativa del disfrute de sus
vacaciones por la falta de una partida presupuestal es una carga que no está en el
deber de soportar, comoquiera que ese descanso es de rango constitucional, por
lo que de ningún modo puede ser transgredido, mucho menos por situaciones de
carácter administrativo, o sujetar su concesión a la existencia de recursos que le
permitan al ente nominador nombrar un servidor para su reemplazo.
Adicionalmente, precisó que si bien es cierto que la Circular PSAC11-44 del 23 de
noviembre de 2011 regula la programación de vacaciones de los funcionarios
judiciales del régimen de vacaciones individuales, también lo es que la inexistencia
de una directriz o de un procedimiento para la asignación de rubros en favor de los
funcionarios que gozan de vacaciones colectivas, cuando estas le sean
suspendidas para la prestación ininterrumpida de la función de control de
garantías, no puede servir de excusa para desconocer sus derechos
fundamentales ni para afectar la adecuada prestación del servicio durante el
tiempo que dure el descanso.
PRETENSIONES
La parte accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales previamente
citados y, en consecuencia, requirió ordenar (i) a la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Tunja – Boyacá que, en el término de cuarenta y
ocho (48) horas, asigne los recursos necesarios y expida el respectivo certificado
de disponibilidad presupuestal para el pago de la persona que la reemplazará
mientras hace uso del descanso al que tiene derecho y (ii) al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo dejar sin efectos la Resolución núm. 018
del 31 de marzo de 2021, por medio de la cual le fue negado el disfrute de las
vacaciones que fueron suspendidas con ocasión a la Resolución núm. 045 del 26
de noviembre de 2021 y el Acuerdo núm. CSJBOYA21-52 del Consejo Seccional
de la Judicatura de Boyacá y Casanare, para, en su lugar, concederlas y, en esa
medida, nombrar el funcionario de reemplazo.
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CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja
La profesional del derecho Margarita Isabel Duarte Suárez afirmó que la señora
Adriana del Pilar Arenas Niño tiene la calidad de funcionaria judicial, por lo que el
disfrute de las vacaciones se encuentra a discrecionalidad del nominador del
despacho, según las necesidades del servicio, que, para su caso en concreto, es
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, conforme a lo
dispuesto en el artículo 131 de la Ley 270 de 1996.
Asimismo, indicó que en el artículo 146 de la Ley precitada se dispuso que las
vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán colectivas,
salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores y
Seccionales de la Judicatura, Tribunal Nacional, Juzgados Regionales mientras
existan, Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de
Penas y de la Fiscalía y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses. Además, expuso que en esa norma se previó que las vacaciones
individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la
Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura, por la
Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los jueces y por el respectivo
nominador en los demás casos.
En esa medida, precisó que la accionante, al pertenecer al régimen de vacaciones
colectivas, se rige por lo reglado en la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de
2011, mediante la cual el Consejo Superior de la Judicatura, en su ordinal 6.°,
aclaró que el titular que pertenece al régimen de vacaciones colectivas no debe
solicitar asignación de recursos para atender reemplazos por vacaciones y tanto
sus nominadores como los directores ejecutivos seccionales se abstendrán,
igualmente, de darles trámite por esta vía, excepto cuando la solicitud corresponda
a un funcionario judicial, cuya licencia por enfermedad o por maternidad haya
coincidido total o parcialmente con el período vacacional de este régimen.
De la misma forma, resaltó que el acto administrativo referido regula hasta el
momento, de manera expresa y general, la expedición de CDP para remplazos de
vacaciones del personal titular, solo para funcionarios de la jurisdicción penal
vinculados con el sistema de vacaciones individuales, en aras de no afectar la
normal prestación del servicio, por lo que no es posible la asignación de recursos
que permita al Tribunal, como ente nominador, efectuar el nombramiento en
provisionalidad del reemplazo de la accionante, comoquiera que el procedimiento
aplicable a esta situación es otro, máxime cuando las disposiciones que rigen el
tema de vacaciones de la Rama Judicial se encuentran contenidas en el Capítulo
VI del Decreto 1660 del 4 de agosto de 1978, cuyo texto se encuentra vigente.
Por lo anterior, consideró que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Tunja o su dependencia de Talento Humano no vulneraron los
derechos fundamentales reclamados por la accionante, ya que esa Dirección
cuenta con la debida apropiación presupuestal para cancelar la liquidación que por
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vacaciones le corresponde a la peticionaria de la salvaguarda, en calidad de jueza
promiscua municipal de Tipacoque, mas no para proveer un reemplazo que no
constituye un requisito legal para acceder al disfrute de sus vacaciones, pese a ser
exigido por la autoridad nominadora, quien con ese comportamiento estaría
contraviniendo expresamente la normatividad vigente sobre vacaciones. En
consecuencia, solicitó denegar las pretensiones formuladas, ante la ausencia de
vulneración de los derechos fundamentales reclamados y la falta de acreditación
de un inminente perjuicio irremediable que permita utilizar la acción de tutela como
mecanismo transitorio.
Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare
La presidenta, Gladys Arévalo, sostuvo que la corporación referida no se
encuentra legitimada en la causa por pasiva, comoquiera que no es la entidad
llamada a responder lo pretendido por la parte accionante y, además, que dentro
de sus funciones, relacionadas en el artículo 101 de la Ley 270 de 1996, no se
encuentra la de autorizar vacaciones, la del manejo del presupuesto de la Rama
Judicial ni, mucho menos, la de expedir el certificado de disponibilidad
presupuestal requerido para conceder vacaciones a los funcionarios y empleados
de los despachos judiciales.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo no rindió el
informe solicitado, a pesar de que fue debidamente notificado del auto admisorio
de la acción de la referencia.
CONSIDERACIONES
Competencia
La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la
competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.° del Decreto 333 de 20211, el
cual regula que: «[…] [l]as acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior
de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas
para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al
Consejo de Estado, y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección
que corresponda […]».
Problema jurídico
El problema jurídico en esta instancia puede resumirse en las siguientes
preguntas:
1 Por medio del cual se modificaron los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de
2015 referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.
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1. ¿El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala de
Gobierno, sustentó la negativa de conceder las vacaciones solicitadas por la
accionante, en atención a las necesidades del servicio?
2. ¿Resulta procedente, a través de la acción de tutela, ordenar la expedición
del certificado de disponibilidad presupuestal para el reemplazo de la señora
Adriana del Pilar Arenas Niño?
Para resolver el problema así planteado, se abordará la siguiente temática: (I)
análisis del caso bajo estudio. Veamos:
I. Análisis del caso bajo estudio
La señora Adriana del Pilar Arenas Niño solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, debido proceso, trabajo en condiciones dignas,
descanso e igualdad, los cuales consideró vulnerados por el Consejo Superior de
la Judicatura-Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja -
Boyacá, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala
de Gobierno, y el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare,
puesto que la no concesión del período vacacional a que tiene derecho por falta
de disponibilidad presupuestal no es una carga que le corresponda soportar. Al
respecto, adujo que su descanso es de rango fundamental, por lo que no puede
ser condicionado a la existencia de disponibilidad presupuestal para su reemplazo.
Además, resaltó que la inexistencia de una directriz o procedimiento diferente al
señalado por la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011 no puede servir
de excusa para desconocer sus derechos.
En ese entendido, es importante referir que el descanso ha sido reconocido por la
Corte Constitucional como un derecho fundamental derivado especialmente del
artículo 53 de la Constitución Política, que determina los principios mínimos
fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo emitido por el legislador.
Así, las vacaciones tienen como finalidad que los trabajadores obtengan un
descanso de las funciones del trabajo que han desempeñado por un tiempo
prolongado y, con ello, recuperen fuerzas intelectuales y materiales y disfruten de
espacios que proporcionen esparcimiento y relajación, con el propósito de
mantener el equilibrio mental y físico necesario para lograr su realización como
individuo.
En todo caso, debe tenerse en cuenta que el período de vacaciones puede ser
fijado por el empleador e inclusive, en casos excepcionales previstos en la ley, es
viable que sea compensado en dinero. Adicionalmente, debe resaltarse que en el
artículo 146 de la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia2, se dispone que las vacaciones de los funcionarios y empleados de la
2 “Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala
Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo
Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término de veintidós días
continuos por cada año de servicio”.
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Rama Judicial, por regla general, serán colectivas, salvo las del personal de la
Sala Administrativa de los consejos superiores y seccionales de la judicatura, los
tribunales nacionales, los juzgados regionales, mientras existan, de menores,
promiscuos de familia, penales municipales y de ejecución de penas y las de los
integrantes de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses. Además, la norma enunciada prevé que las vacaciones individuales
serán concedidas por el respectivo nominador, en atención tan solo a las
necesidades del servicio y, claro está, a su causación.
Así, en el sub lite la señora Adriana del Pilar Arenas Niño hace parte de los
funcionarios del régimen colectivo; sin embargo, la solicitud de vacaciones
individuales obedeció a que en el período de vacancia las interrumpió y debió
asumir las funciones de control de garantías, en cumplimiento del Acuerdo núm.
CSJBOYA21-52 del 30 de septiembre de 2021 expedido por el Consejo Seccional
de la Judicatura de Boyacá y Casanare.
Al respecto, se observa que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa
Rosa de Viterbo, Sala de Gobierno, en la Resolución 018 del 31 de marzo de
2022, negó las vacaciones requeridas por la señora Adriana del Pilar Arenas Niño,
juez promiscuo municipal de Tipacoque, por razones del servicio. En efecto, se
advierte que aquella autoridad señaló que no era posible conceder las vacaciones
solicitadas por la funcionaria judicial a partir del 21 de junio de 2022 hasta el 12 de
julio del mismo año, comoquiera que se requería nombrar un reemplazo con la
suficiencia de derechos, para garantizar la prestación del servicio, facultad legal
que ejerció de manera discrecional y para la que consideró la eficiente marcha del
despacho.
Así las cosas, la Subsección, en primer lugar, denota que la negativa frente a la
concesión de las vacaciones de la funcionaria obedeció a las necesidades del
servicio, pues el nominador, en atención a las situaciones especiales del caso,
determinó que no era posible el disfrute del derecho en las fechas mencionadas,
ante la imposibilidad de designar a una persona que la reemplazara en el ejercicio
de sus funciones. En esa medida, se negará el amparo requerido en relación con
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala de
Gobierno3.
En segundo término, según la información que reposa en el acto administrativo
precitado, se observa que el 29 de marzo de 2022 la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Tunja, mediante el Oficio DESAJTUO22-923, informó
que la Circular PSAC 11-44 de 2011, proferida por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, solo permite que se soliciten rubros para el
reemplazo del juez que entra a período de vacaciones individuales, en el caso de
que no pueda encargarse a un empleado en dicho cargo, por lo que, según lo allí
expuesto, esa entidad no puede ir en contravía de la prohibición contenida en el
artículo 17 del Decreto 111 de 1996 compilatorio del artículo 86 de la Ley 38 de
3 Al respecto, se aclara que, si bien en una oportunidad previa, en un asunto similar, se rechazó por
improcedente la acción, lo cierto es que resulta más apropiado negar el amparo frente al nominador.
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1989 y en el artículo 2.8.3.2.1 del Decreto 1068 de 2015, conforme a los cuales
ninguna autoridad podrá contraer obligaciones que no cuenten con disponibilidad
presupuestal.
Sobre el particular, se repara en que la acción de tutela no procede, para que se
ordene a las autoridades adelantar las medidas correspondientes para garantizar
la provisión de recursos, en este caso la expedición de un certificado de
disponibilidad presupuestal, con el fin de cubrir vacantes provisionales por
vacaciones individuales, ya que al juez constitucional no le está permitido
inmiscuirse en las decisiones administrativas ni quebrantar las competencias
asignadas, en el ordenamiento jurídico, a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y a las seccionales, pues ello implicaría una indebida intromisión en el
ejercicio de funciones que son propias de dichas entidades y conllevaría que el
juez de tutela actuara como ordenador del gasto público.
Por tanto, se concluye que no existe la transgresión de los derechos referidos por
la parte accionante, puesto que la negativa de la expedición del certificado de
disponibilidad presupuestal por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Tunja – Boyacá atendió a su función como responsable del manejo
presupuestal del circuito judicial al que pertenece el juzgado del que la accionante
hace parte y a la determinación de que debía aplicarse la figura del encargo en
esos casos.
En consecuencia, la Subsección rechazará por improcedente el mecanismo
constitucional incoado por la señora Adriana del Pilar Arenas Niño en contra del
Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Tunja – Boyacá y del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y
Casanare, con el fin de obtener la expedición de un certificado de disponibilidad
presupuestal, para que se designe a la persona que la reemplazará durante su
período de vacaciones, y negará el amparo solicitado con respecto al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala de Gobierno.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela instaurada por la señora
Adriana del Pilar Arenas Niño en contra del Consejo Superior de la Judicatura-
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja - Boyacá y del
Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare y negar el amparo
solicitado con respecto al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de
Viterbo, Sala de Gobierno, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
Segundo: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días
siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no
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fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el cuaderno original de la
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firma electrónica
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firma electrónica
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firma electrónica
ARF
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