RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-02386-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02386-00

Fecha
18 de agosto de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02386-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Amparar los derechos fundamentales al descanso y al trabajo en condiciones dignas y justas de la señora Adriana del Pilar Arenas Niño, cuya protección solicitó a través de la acción de tutela interpuesta en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja - Boyacá, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala de Gobierno, y del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare. En consecuencia, Segundo: Ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que, en el término de los cinco días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, proceda a apropiar los recursos necesarios, para que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja – Boyacá emita el certificado de disponibilidad presupuestal para el reemplazo por las vacaciones correspondientes a la vacancia judicial 2021-2022, que le fueron suspendidas a la señora Adriana del Pilar Arenas Niño, con ocasión a la expedición del Acuerdo CSJBOYA21-52 del 30 de septiembre de 2021. Tercero: Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja – Boyacá que, dentro de los cinco días siguientes a que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial le notifique de la apropiación de los recursos, proceda a emitir el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal, para el disfrute de las vacaciones mencionadas. Cuarto: Ordenar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja – Boyacá notifique la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal a favor de la señora Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 R ad ic a do : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 2 38 6- 0 0 Ac c i o na nt e : A dr ia n a d e l P i lar Ar en as N i ño Adriana del Pilar Arenas Niño, para el disfrute de sus respectivas vacaciones, […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-02386-00

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

18 de agosto de 2022

Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 2 38 6- 0 0
Ac c i o na nt e : A dr ia n a d e l P i lar Ar en as N i ño

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022)

F.T: 137
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02386-00
Accionante: ADRIANA DEL PILAR ARENAS NIÑO
Accionados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DE TUNJA – BOYACÁ Y OTROS

Temas: Acción de tutela para solicitar expedición de certificado de disponibilidad
presupuestal, para el reemplazo de juez con régimen colectivo de vacaciones.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de
tutela, decide la acción de la referencia.

HECHOS RELEVANTES

a) Solicitud de vacaciones

La señora Adriana del Pilar Arenas Niño, quien se desempeña como juez
promiscuo municipal de Tipacoque, en propiedad, desde el 18 de agosto de 2018,
afirmó que el 30 de septiembre de 2021 el Consejo Seccional de la Judicatura de
Boyacá y Casanare, por medio del Acuerdo núm. CSJBOYA21-52, definió los
juzgados que prestarían la función de control de garantías durante la vacancia
judicial en el período comprendido entre el 20 de diciembre de 2021 y el 10 de
enero de 2022, correspondiéndoles a los Juzgados Promiscuos Municipales de
Tipacoque y Susacón en la Unidad Judicial núm. 13.

Aseguró que, como consecuencia, el 26 de noviembre de 2021 el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, mediante la Resolución
045, suspendió sus vacaciones colectivas, las cuales debían disfrutarse en el
plazo mencionado. Agregó que prestó el turno de control de garantías de la forma
dispuesta en el precitado Acuerdo y aclaró que las vacaciones que disfrutó del 6 al
27 de diciembre de 2021 correspondían a otro período vacacional adeudado,
ordenado a través del fallo de tutela del 11 de noviembre de 2021, en el proceso
con número de radicado 2021-00734.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

R ad ic a do : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 2 38 6- 0 0
Ac c i o na nt e : A dr ia n a d e l P i lar Ar en as N i ño

Señaló que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja
canceló sus vacaciones comprendidas del 20 de diciembre de 2021 al 10 de enero
de 2022. Por lo anterior, expuso que el 24 de febrero del año en curso solicitó al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo concederle el
disfrute de sus vacaciones a partir del 21 de junio de 2022 y hasta el 12 de julio
del mismo año. Sin embargo, manifestó que aquella autoridad, a través de la
Resolución 018 del 31 de marzo de 2022, negó lo pretendido, al no contar con una
partida presupuestal para la designación de la persona que la reemplazaría
durante su período de descanso.

b) Inconformidad

La accionante consideró que el Consejo Superior de la Judicatura-Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja - Boyacá, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala de Gobierno, y el
Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare vulneraron sus
derechos fundamentales al mínimo vital, debido proceso, trabajo en condiciones
dignas, descanso e igualdad, puesto que la negativa del disfrute de sus
vacaciones por la falta de una partida presupuestal es una carga que no está en el
deber de soportar, comoquiera que ese descanso es de rango constitucional, por
lo que de ningún modo puede ser transgredido, mucho menos por situaciones de
carácter administrativo, o sujetar su concesión a la existencia de recursos que le
permitan al ente nominador nombrar un servidor para su reemplazo.

Adicionalmente, precisó que si bien es cierto que la Circular PSAC11-44 del 23 de
noviembre de 2011 regula la programación de vacaciones de los funcionarios
judiciales del régimen de vacaciones individuales, también lo es que la inexistencia
de una directriz o de un procedimiento para la asignación de rubros en favor de los
funcionarios que gozan de vacaciones colectivas, cuando estas le sean
suspendidas para la prestación ininterrumpida de la función de control de
garantías, no puede servir de excusa para desconocer sus derechos
fundamentales ni para afectar la adecuada prestación del servicio durante el
tiempo que dure el descanso.

PRETENSIONES

La parte accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales previamente
citados y, en consecuencia, requirió ordenar (i) a la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Tunja – Boyacá que, en el término de cuarenta y
ocho (48) horas, asigne los recursos necesarios y expida el respectivo certificado
de disponibilidad presupuestal para el pago de la persona que la reemplazará
mientras hace uso del descanso al que tiene derecho y (ii) al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo dejar sin efectos la Resolución núm. 018
del 31 de marzo de 2021, por medio de la cual le fue negado el disfrute de las
vacaciones que fueron suspendidas con ocasión a la Resolución núm. 045 del 26
de noviembre de 2021 y el Acuerdo núm. CSJBOYA21-52 del Consejo Seccional
de la Judicatura de Boyacá y Casanare, para, en su lugar, concederlas y, en esa
medida, nombrar el funcionario de reemplazo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

R ad ic a do : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 2 38 6- 0 0
Ac c i o na nt e : A dr ia n a d e l P i lar Ar en as N i ño

CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja

La profesional del derecho Margarita Isabel Duarte Suárez afirmó que la señora
Adriana del Pilar Arenas Niño tiene la calidad de funcionaria judicial, por lo que el
disfrute de las vacaciones se encuentra a discrecionalidad del nominador del
despacho, según las necesidades del servicio, que, para su caso en concreto, es
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, conforme a lo
dispuesto en el artículo 131 de la Ley 270 de 1996.

Asimismo, indicó que en el artículo 146 de la Ley precitada se dispuso que las
vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán colectivas,
salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores y
Seccionales de la Judicatura, Tribunal Nacional, Juzgados Regionales mientras
existan, Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de
Penas y de la Fiscalía y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses. Además, expuso que en esa norma se previó que las vacaciones
individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la
Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura, por la
Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los jueces y por el respectivo
nominador en los demás casos.

En esa medida, precisó que la accionante, al pertenecer al régimen de vacaciones
colectivas, se rige por lo reglado en la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de
2011, mediante la cual el Consejo Superior de la Judicatura, en su ordinal 6.°,
aclaró que el titular que pertenece al régimen de vacaciones colectivas no debe
solicitar asignación de recursos para atender reemplazos por vacaciones y tanto
sus nominadores como los directores ejecutivos seccionales se abstendrán,
igualmente, de darles trámite por esta vía, excepto cuando la solicitud corresponda
a un funcionario judicial, cuya licencia por enfermedad o por maternidad haya
coincidido total o parcialmente con el período vacacional de este régimen.

De la misma forma, resaltó que el acto administrativo referido regula hasta el
momento, de manera expresa y general, la expedición de CDP para remplazos de
vacaciones del personal titular, solo para funcionarios de la jurisdicción penal
vinculados con el sistema de vacaciones individuales, en aras de no afectar la
normal prestación del servicio, por lo que no es posible la asignación de recursos
que permita al Tribunal, como ente nominador, efectuar el nombramiento en
provisionalidad del reemplazo de la accionante, comoquiera que el procedimiento
aplicable a esta situación es otro, máxime cuando las disposiciones que rigen el
tema de vacaciones de la Rama Judicial se encuentran contenidas en el Capítulo
VI del Decreto 1660 del 4 de agosto de 1978, cuyo texto se encuentra vigente.

Por lo anterior, consideró que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Tunja o su dependencia de Talento Humano no vulneraron los
derechos fundamentales reclamados por la accionante, ya que esa Dirección
cuenta con la debida apropiación presupuestal para cancelar la liquidación que por

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

R ad ic a do : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 2 38 6- 0 0
Ac c i o na nt e : A dr ia n a d e l P i lar Ar en as N i ño

vacaciones le corresponde a la peticionaria de la salvaguarda, en calidad de jueza
promiscua municipal de Tipacoque, mas no para proveer un reemplazo que no
constituye un requisito legal para acceder al disfrute de sus vacaciones, pese a ser
exigido por la autoridad nominadora, quien con ese comportamiento estaría
contraviniendo expresamente la normatividad vigente sobre vacaciones. En
consecuencia, solicitó denegar las pretensiones formuladas, ante la ausencia de
vulneración de los derechos fundamentales reclamados y la falta de acreditación
de un inminente perjuicio irremediable que permita utilizar la acción de tutela como
mecanismo transitorio.

Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare

La presidenta, Gladys Arévalo, sostuvo que la corporación referida no se
encuentra legitimada en la causa por pasiva, comoquiera que no es la entidad
llamada a responder por lo pretendido por la parte accionante y, además, que
dentro de sus funciones, relacionadas en el artículo 101 de la Ley 270 de 1996, no
se encuentra la de autorizar vacaciones, la del manejo del presupuesto de la
Rama Judicial ni, mucho menos, la de expedir el certificado de disponibilidad
presupuestal requerido para conceder vacaciones a los funcionarios y empleados
de los despachos judiciales.

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

El abogado de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal Luis
Felipe Delgado Hernández afirmó que el Consejo Seccional de la Judicatura de
Boyacá y Casanare es el competente para otorgar las vacaciones a la accionante,
pues este funge como su ente nominador, el cual no puede negar la concesión de
ese descanso por falta o ilegalidad de apropiación de recursos para la contratación
del reemplazo de la peticionaria.

Adicionalmente, expuso que la encargada de sufragar y expedir las respectivas
resoluciones mediante las cuales se define el período de vacaciones y valores a
sufragar por este concepto es la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la
Ley 270 de 1996, actuación en la que solo interviene la entidad a la que
representa para resolver el recurso de apelación contra ese acto administrativo, en
caso de que la accionante llegase a considerar afectados sus derechos laborales,
prestacionales o salariales.

De igual forma, indicó que el pronunciamiento de esa entidad guarda relación con
la interpretación que se le dio a la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de
2011, donde solo se consagró la prohibición de adjudicar recursos de la Rama
Judicial para la contratación de reemplazos de los empleados de los despachos
judiciales con régimen individual de vacaciones en los que se cuente con tres o
más servidores incluidos el titular del despacho, pero no se prohibió la disposición
de recursos para la contratación del reemplazo de los funcionarios judiciales,
aclarando que el titular debe presentar un plan de atención o de reemplazo con

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

R ad ic a do : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 2 38 6- 0 0
Ac c i o na nt e : A dr ia n a d e l P i lar Ar en as N i ño

alguno de los empleados del despacho, si ello no es posible efectivamente hará la
debida solicitud para que se asignen los recursos respectivos.

Por lo anterior, solicitó (i) decretar la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva, al no estar la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial llamada ni
obligada a la disposición de recursos que permitan la contratación del remplazo
para la concesión del periodo de vacaciones y (ii) ordenar a la autoridad
nominadora conceder, de forma inmediata y sin condicionamientos, el período de
vacaciones reclamado por la accionante.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo no rindió el
informe solicitado, a pesar de que fue debidamente notificado del auto admisorio
de la acción de la referencia.

TRÁMITE POSTERIOR

El 26 del mismo mes y año esta Subsección dictó sentencia de primera instancia,
en la que rechazó por improcedente la presente acción. Por lo anterior, la parte
accionante interpuso recurso de impugnación en contra de esa decisión, el cual
fue concedido el 17 de junio de igual anualidad. El 7 de julio del mismo año la
Sección Quinta del Consejo de Estado estimó que debía vincularse al Consejo
Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al ser la
encargada, en el evento de amparar los derechos de la accionante, de proveer los
recursos necesarios, para que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa
Rosa de Viterbo adoptara las medidas que se requirieran para conceder las
vacaciones y, en esa medida, ordenó ponerle en conocimiento la nulidad
saneable, conforme a los artículos 133, ordinal 8.°, 136 y 137 del Código General
del Proceso, para que si era de su interés (i) alegara la nulidad si a bien lo tenía,
(ii) se pronunciara sobre la solicitud de amparo sin alegar aquella o (iii) guardara
silencio.

El 13 de julio de 2022 el abogado de la División de Procesos de la Unidad de
Asistencia Legal de la Dirección precitada Luis Felipe Delgado Hernández solicitó
declarar la nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio, con fundamento en
las causales de nulidad previstas en los ordinales 5.° y 8.° del artículo 133 del
Código General del Proceso. El 15 del mismo mes y año la Sección referida
decretó la nulidad de lo actuado a partir de la notificación del auto que admitió la
tutela, con excepción de las pruebas e informes rendidos en el curso de la
actuación y, en ese sentido, ordenó remitir el expediente a esta Subsección para
que se surtiera nuevamente la actuación judicial con la vinculación de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.

En cumplimiento de lo anterior, el 27 de julio hogaño el despacho del magistrado
sustanciador de la presente providencia vinculó al Consejo Superior de la
Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, para que se
pronunciara sobre los hechos aducidos en el escrito de tutela y allegara las
pruebas que considerara pertinentes.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

R ad ic a do : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 2 38 6- 0 0
Ac c i o na nt e : A dr ia n a d e l P i lar Ar en as N i ño

CONSIDERACIONES

Competencia

La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la
competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.° del Decreto 333 de 20211, el
cual regula que: «[…] [l]as acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior
de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas
para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al
Consejo de Estado, y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección
que corresponda […]».

Problema jurídico

El problema jurídico en esta instancia puede resumirse en las siguientes
preguntas:

1. ¿Resulta procedente, a través de la acción de tutela, ordenar la expedición
del certificado de disponibilidad presupuestal para el reemplazo de la señora
Adriana del Pilar Arenas Niño en el cargo que ocupa, mientras esta disfruta
de sus vacaciones?

2. En caso de una respuesta afirmativa, deberá resolverse el siguiente
interrogante: ¿La decisión de negar la concesión de las vacaciones de la
accionante, con ocasión a la falta de disponibilidad presupuestal para la
designación de reemplazo, vulnera su derecho fundamental al descanso y
trabajo en condiciones dignas y justas?

Para resolver el problema así planteado, se abordará la siguiente temática: (I)
análisis del caso bajo estudio. Veamos:

I. Análisis del caso bajo estudio

La señora Adriana del Pilar Arenas Niño solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, debido proceso, trabajo en condiciones dignas,
descanso e igualdad, los cuales consideró vulnerados por el Consejo Superior de
la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja -
Boyacá, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala
de Gobierno, y el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare,
puesto que la no concesión del período vacacional a que tiene derecho por falta
de disponibilidad presupuestal no es una carga que le corresponda soportar. Al
respecto, adujo que su descanso es de rango fundamental, por lo que no puede
ser condicionado a la existencia de disponibilidad presupuestal para su reemplazo.

1 Por medio del cual se modificaron los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de

2015 referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

R ad ic a do : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 2 38 6- 0 0
Ac c i o na nt e : A dr ia n a d e l P i lar Ar en as N i ño

Además, resaltó que la inexistencia de una directriz o procedimiento diferente al
señalado por la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011 no puede servir
de excusa para desconocer sus derechos.

Pues bien, de las pruebas aportadas al expediente, se advierte que el 31 de marzo
de 2022 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo,
mediante la Resolución 018, negó la solicitud de vacaciones presentada por la
accionante, al no contar con una partida presupuestal para la designación de la
persona que la reemplazaría durante su período de descanso, debido a que el 29
de marzo de 2022 la Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja,
mediante el Oficio DESAJTUO22-923, le informó que la Circular PSAC 11-44 de
2011, proferida por la Sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,
solo permite que se soliciten rubros para el reemplazo del Juez que entra a
período de vacaciones individuales, en el caso de que no pueda encargarse a un
empleado en dicho cargo, por lo que, según lo allí expuesto, esa entidad no puede
ir en contravía de la prohibición contenida en el artículo 17 del Decreto 111 de
1996 compilatorio del artículo 86 de la Ley 38 de 1989 y en el artículo 2.8.3.2.1 del
Decreto 1068 de 2015, según las cuales ninguna autoridad podrá contraer
obligaciones que no cuenten con disponibilidad presupuestal.

Al respecto, la Subsección, en primer lugar, advierte que si bien es cierto que tanto
la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, proferida por el Consejo
Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, como el Oficio DESAJTUO22-923
del 29 de marzo de 2022, emitido por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Tunja – Boyacá, y la Resolución núm. 018 del 31 de
marzo de 2021, dictada por el Tribunal accionado, son susceptibles de control
judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través de los medios
de control de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso,
también lo es que en el asunto se discute la negativa a disfrutar del derecho a
vacaciones, por la no expedición del certificado de disponibilidad presupuestal que
garantice el nombramiento de un reemplazo, por lo que esos mecanismos
judiciales no son eficaces para lograr lo pretendido en esta instancia
constitucional, de tal manera que resulta procedente la acción de tutela como
mecanismo definitivo de protección y, en esa medida, procederá a analizarse de
fondo el asunto en concreto.

En ese entendido, es importante referir que el descanso ha sido reconocido por la
Corte Constitucional2 como un derecho fundamental derivado especialmente del
artículo 53 de la Constitución Política, que determina los principios mínimos
fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo emitido por el legislador.
Así, las vacaciones tienen como finalidad que los trabajadores obtengan un
descanso de las funciones del trabajo que han desempeñado por un tiempo
prolongado y, con ello, recuperen fuerzas intelectuales y materiales y disfruten de
espacios que proporcionen esparcimiento y relajación, con el propósito de

2
Ver, entre otras, sentencias C-710 de 1996, C-059 de 1996, C-897 de 2003, C-019 de 2004, C-035 de 2005.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

R ad ic a do : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 2 38 6- 0 0
Ac c i o na nt e : A dr ia n a d e l P i lar Ar en as N i ño

mantener el equilibrio mental y físico necesario para lograr su realización como
individuo.

En ese orden de ideas, se tiene que la señora Adriana del Pilar Arenas Niño se
desempeña como juez promiscuo municipal de Tipacoque (Boyacá), cuyo régimen
de vacaciones corresponde al colectivo, conforme a lo previsto en el artículo 146
de la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia3, en el cual
se dispuso que las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama
Judicial, por regla general, serán colectivas, salvo las del personal de la Sala
Administrativa de los consejos superiores y seccionales de la judicatura, los
tribunales nacionales, los juzgados regionales, mientras existan, de menores,
promiscuos de familia, penales municipales y de ejecución de penas y las de los
integrantes de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses.

Sin embargo, se observa que su solicitud de vacaciones individuales obedece a
que en el período de vacancia judicial el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa Rosa de Viterbo las interrumpió, con ocasión a la expedición del Acuerdo
CSJBOYA21-52 del 30 de septiembre de 2021, mediante el cual el Consejo
Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare le designó a ese despacho
judicial la atención de las audiencias de control de garantías dentro del sistema
penal acusatorio durante el período comprendido entre el 20 de diciembre de 2021
y el 10 de enero de 2022.

Aclarado lo anterior, la Subsección considera que el acto administrativo expedido
por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja – Boyacá,
mediante el Oficio DESAJTUO22-923 del 29 de marzo de 2022, a través del cual
negó la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, para que el
nominador de la accionante nombrara el remplazo con ocasión del disfrute de sus
vacaciones, constituye una vulneración de sus derechos fundamentales al
descanso y al trabajo en condiciones dignas y justas, puesto que le impone a
aquella una carga que no está en el deber de soportar para la materialización de
dichas garantías, máxime si se tiene en cuenta que fue el mismo Consejo
Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare, el que, mediante el Acuerdo
CSJBOYA21-52 del 30 de septiembre de 2021, designó los turnos para asumir las
funciones de control de garantías durante el período de vacancia judicial, es decir,
durante el tiempo que le correspondía a la hoy peticionaria disfrutar de ellas,
conforme al régimen de vacaciones colectivas al que pertenece.

Al respecto, debe precisarse que la privación del derecho al descanso impuesta a
la señora Adriana del Pilar Arenas Niño, por la no expedición del certificado de
disponibilidad presupuestal para el nombramiento de la persona que la
reemplazaría durante su período de descanso, configura un sacrificio que no tiene

3 “Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala

Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo
Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término de veintidós días
continuos por cada año de servicio”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

R ad ic a do : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 2 38 6- 0 0
Ac c i o na nt e : A dr ia n a d e l P i lar Ar en as N i ño

respaldo en el ordenamiento jurídico, puesto que las implicaciones presupuestales
no son un factor imprevisible para los ordenadores del gasto, en tanto que la
funcionaria tiene derecho a las vacaciones, más aún cuando, como en el presente
asunto, el no goce de ellas se debió a una decisión administrativa.

En esa medida, no es de recibo el argumento que empleó la coordinadora del
Área de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Tunja – Boyacá, consistente en que solo puede solicitarse la
apropiación presupuestal para el reemplazo del juez que entra a período de
vacaciones individuales, pues, como se expuso en precedencia, a la peticionaria
no le fue posible disfrutar de sus vacaciones colectivas debido a que se
encontraba cumpliendo las funciones asignadas por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Boyacá y Casanare.

Igualmente, tampoco es admisible que solo se permita ese rubro en caso de que
no pueda encargarse a un empleado en dicho cargo, pues la ausencia de una
persona, debido al disfrute de las vacaciones, no puede emplearse como una
justificación, para que los demás miembros del despacho deban asumir mayores
obligaciones laborales, pues ello representa una carga desproporcionada, que
puede repercutir desfavorablemente en aquellos y en el servicio de la
administración de justicia.

Así las cosas, la Subsección amparará los derechos fundamentales al descanso y
al trabajo en condiciones dignas y justas de la señora Adriana del Pilar Arenas
Niño y, en consecuencia, ordenará (i) a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, como órgano encargado de administrar los recursos destinados para el
funcionamiento de la Rama Judicial4, apropiar, en el término de los cinco días
siguientes a la ejecutoria de esta providencia, los recursos necesarios, para que la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja – Boyacá emita
el certificado de disponibilidad presupuestal para el reemplazo por vacaciones de
la accionante, (ii) a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Tunja – Boyacá, para que, dentro de los cinco días siguientes a que la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial le notifique de la apropiación de los recursos,
proceda a emitir el certificado de disponibilidad presupuestal para las respectivas
vacaciones, y (iii) al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de
Viterbo, como autoridad nominadora de la peticionaria, con el fin de que, dentro de
las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de la expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal, proceda a emitir el acto administrativo

4 Al respecto, debe precisarse que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, conforme a lo dispuesto

en el artículo 98 de la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, ejecuta las
actividades administrativas de la Rama Judicial y, en esa medida, a su director le corresponde administrar los
bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta
aplicación o utilización, en virtud de lo previsto en el ordinal 2.° del artículo 99 ibidem; y, en segundo lugar, es
el director ejecutivo seccional de la Rama Judicial el que ejerce, en el ámbito de su jurisdicción y conforme a
las órdenes, directrices y orientaciones del primero de los mencionados, la función de actuar como ordenador
del gasto, para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan, tal y como lo señala el artículo 103
ejusdem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

R ad ic a do : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 2 38 6- 0 0
Ac c i o na nt e : A dr ia n a d e l P i lar Ar en as N i ño

en el que resuelva sobre la concesión del período vacacional solicitado por
aquella.

Por último, se aclara que si bien es cierto que en la sentencia proferida
anteriormente, y que luego fue anulada por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, se rechazó por improcedente la acción de la referencia con respecto al
Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Tunja - Boyacá y del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y
Casanare y se negó el amparo solicitado frente al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala de Gobierno, también lo es que la
decisión que hoy se profiere, fue adoptada con base en el cambio de postura
acogido por esta Subsección en la acción de tutela con número de radicado 2022-
00602-01.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Amparar los derechos fundamentales al descanso y al trabajo en
condiciones dignas y justas de la señora Adriana del Pilar Arenas Niño, cuya
protección solicitó a través de la acción de tutela interpuesta en contra del Consejo
Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja - Boyacá, del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala de Gobierno,
y del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare. En
consecuencia,

Segundo: Ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que, en el
término de los cinco días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, proceda a
apropiar los recursos necesarios, para que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Tunja – Boyacá emita el certificado de disponibilidad
presupuestal para el reemplazo por las vacaciones correspondientes a la vacancia
judicial 2021-2022, que le fueron suspendidas a la señora Adriana del Pilar Arenas
Niño, con ocasión a la expedición del Acuerdo CSJBOYA21-52 del 30 de
septiembre de 2021.

Tercero: Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Tunja – Boyacá que, dentro de los cinco días siguientes a que la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial le notifique de la apropiación de los recursos,
proceda a emitir el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal, para el
disfrute de las vacaciones mencionadas.

Cuarto: Ordenar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de
Viterbo que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja – Boyacá notifique la
expedición del certificado de disponibilidad presupuestal a favor de la señora

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

R ad ic a do : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 2 38 6- 0 0
Ac c i o na nt e : A dr ia n a d e l P i lar Ar en as N i ño

Adriana del Pilar Arenas Niño, para el disfrute de sus respectivas vacaciones,
proceda a emitir el acto administrativo en el que resuelva sobre la concesión de
ese período vacacional.

Quinto: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días
siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no
fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el cuaderno original de la
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Sexto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Séptimo: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firma electrónica
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firma electrónica

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firma electrónica

ARF

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.