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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02386-01

Fecha
29 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02386-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare, y el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 18 de agosto de 2022, por medio del cual la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado AMPARÓ los derechos fundamentales al descanso y al trabajo en condiciones dignas y justas de la señora Adriana del Pilar Arenas Niño. TERCERO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, si aún no lo hubiere hecho, solicite a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (Unidad de Planeación o a la dependencia que corresponda), la provisión de los recursos necesarios para que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo adopte las medidas que se requieren para conceder las vacaciones de la señora Adriana del Pilar Arenas Niño. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dispondrá de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la solicitud que realice el director seccional, para proveer los mencionados recursos. Una vez el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, esta última entidad lo comunicará al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, quien a su vez deberá, en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de dicha comunicación, pronunciarse sobre la concesión del disfrute de las vacaciones para la señora Adriana del Pilar Arenas Niño. CUARTO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Adriana del Pilar Arenas Niño Demandados: Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja - Boyacá y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-02386-01 […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-02386-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

29 de septiembre de 2022

Demandante: Adriana del Pilar Arenas Niño
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Tunja - Boyacá y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02386-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02386-01
Demandante: ADRIANA DEL PILAR ARENAS NIÑO
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DE TUNJA - BOYACÁ Y OTROS

Tema: Derecho al descanso laboral. Vacaciones individuales de
empleados y funcionarios de la Rama Judicial1 - Confirma
decisión que amparó derechos fundamentales

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial Tunja contra el fallo de 18 de agosto de 2022,
por medio del cual la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado amparó los derechos fundamentales de la accionante.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud

El 25 de abril de 2022, la señora Adriana del Pilar Arenas Niño instauró acción de
tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Tunja - Boyacá, el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Santa Rosa de Viterbo, Sala de Gobierno y el Consejo Seccional de la
Judicatura de Boyacá y Casanare, con el fin de obtener el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, trabajo en condiciones
dignas, descanso e igualdad.

Tales garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión de la
Resolución No. 018 de 31 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, mediante la cual se le negó el derecho
al disfrute de un periodo de vacaciones, al no contar con una partida presupuestal
para la designación de la persona que la reemplazara en tal lapso.

1 Se reitera posición de la Sala sobre el asunto en sentencias de 15 de septiembre de 2022, M.P.

Carlos Enrique Moreno Rubio, Exp: 11001-03-15-000-2020-04557-00, 1º de septiembre de 2022,
M.P. Alberto Álvarez Parra, Exp: 11001-03-15-000-2020-04278-00, 10 de diciembre de 2020, M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio, Exp: 11001-03-15-000-2020-03827-01, 6 de agosto de 2021, M.P.
Rocío Araújo Oñate, Exp: 11001-03-15-000-2020-03100-00, 9 de septiembre de 2021. M.P. Luis
Alberto Álvarez Parra, Exp: 11001-03-15-000-2020-04993-00, y 23 de septiembre de 2021 M.P.
Pedro Pablo Vanegas Gil, Exp: 11001-03-15-000-2020-05469-00.

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Demandante: Adriana del Pilar Arenas Niño
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02386-01

1.2. Pretensión

La pretensión de la demanda de tutela es la siguiente:

“1.- A la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DE TUNJA que en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe la provisión de
los recursos necesarios y/o expida el respectivo certificado de disponibilidad
presupuestal respectivo para el pago de la provisión del cargo de juez promiscuo
municipal de Tipacoque, Boyacá, vacante transitoriamente mientras la suscrita,
como titular del mismo, hace uso de su derecho al descanso. Y en consecuencia,
pueda el nominador proceder a concederme el disfrute de mis vacaciones.

(…)”.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

 La señora Adriana del Pilar Arenas Niño es una funcionaria judicial que ejerce
en propiedad el cargo de Juez Promiscuo Municipal de Tipacoque (Boyacá).

 A través del Acuerdo No. CSJBOYA21-52 del 30 de septiembre de 2021, el
Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare estableció los juzgados
que deberían prestar la función de control de garantías durante la vacancia judicial
de fin de año del periodo 2021, esto es, del 20 de diciembre de 2021 al 10 de
enero de 2022. Correspondiéndoles la unidad 13 a los juzgados promiscuos
municipales de Tipacoque y Susacón.

 En vista de lo anterior, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa
de Viterbo, mediante la Resolución No. 045 del 26 de noviembre de 2021, le
suspendió a la accionante las vacaciones colectivas a las que tenía derecho y que
debían ser disfrutadas en el plazo en mención.

 La demandante, como juez promiscuo municipal de Tipacoque, Boyacá, durante
el periodo designado por el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y
Casanare, prestó el turno como funcionaria de control de garantías.

 Aclaró que, si bien es cierto entre el 6 y el 27 de diciembre de 2021 disfrutó de
sus vacaciones, estas correspondían a otro periodo vacacional adeudado;
comprendido entre el 20 de diciembre de 2018 y el 10 de enero de 2019, las
cuales se ordenó reconocerlas a través de fallo de tutela (Exp. 15001-23-33-000-
2021-00734-00), proferido por el Tribunal Administrativo de Tunja en el año 2021,
vacaciones que también habían sido suspendidas por la prestación del servicio
como juez con función de control de garantías durante la vacancia de fin de año.

 Manifestó que aunque le fue cancelado por parte de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Tunja el periodo vacacional comprendido
entre el 20 de diciembre de 2021 y el 10 de enero de 2022, su disfrute le ha sido
negado, toda vez que el 24 de febrero de 2022 elevó, vía correo electrónico, la
solicitud de vacaciones correspondiente ante el Tribunal Superior del Distrito
judicial de Santa Rosa de Viterbo, sin embargo, su requerimiento le fue negado

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Demandante: Adriana del Pilar Arenas Niño
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mediante Resolución No. 018 de 31 de marzo de 2022, al aducir que no contaba
con una partida presupuestal para la designación de la persona que la
reemplazaría en el lapso peticionado. Particularmente expuso:

“TERCERO.- Que es importante informar que esa Dirección Ejecutiva, no puede ir
en contravía de la prohibición contenida en el Artículo 17 del Decreto 111 de 1996
compilatorio del Artículo 86 de la Ley 38 de 1989 y en el Artículo 2.8.3.2.1 del
Decreto 1068 de 2015, según los cuales ninguna autoridad podrá contraer
obligaciones que no cuenten con la disponibilidad presupuestal y para el cabo objeto
de estudio la Circular PSAJ11-44 de noviembre de 2011, contiene los apartes que
establece la Ley 270 de 1996 y por ello la Seccional no se puede apartar de dicho
preceptos, para el caso de la servidora. Que la Circular PSAC11-44 de 201 (sic),
proferida por la Sala Administrativa del Consejo superior de la Judicatura, sólo
permite que se soliciten rubros para el reemplazo del Juez que entra a periodo de
vacaciones individuales, en el caso que no pueda encargarse a un empleado en
dicho cargo. Señala que esa Seccional da cumplimiento estricto a la Constitución, la
Ley y los reglamentos establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y la
Dirección Ejecutiva de Administración judicial, por tanto, apartarse de dicho precepto
para arrogar competencia exclusiva y excluyente del Consejo Superior de la
Judicatura, funciones que no se su competencia, tal como lo establece el Artículo
121 de la Carta Política. Por ello, aclara en cuanto a la expedición del CDP para
amparar los reemplazos por vacaciones, que acatan las disposiciones contenidas en
la circular PSAC11-44 de noviembre 3 de 2011.” (Sic a toda la cita)

1.4. Fundamentos de la solicitud

A juicio de la accionante, se le han vulnerado sus derechos fundamentales al
debido proceso, mínimo vital, trabajo en condiciones dignas, descanso e igualdad,
ante la “no concesión del periodo vacacional a que tengo derecho por falta de
disponibilidad presupuestal -porque- no es una carga que me corresponda soportar ya
que mi derecho a las vacaciones es de rango fundamental, por lo que en modo alguno
puede ser trasgredido y menos aún por situaciones de carácter administrativo, ni sujetar
su concesión a la existencia de disponibilidad presupuestal para la designación de un
servidor en reemplazo”2.

Precisó que la circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011 regula la
programación de vacaciones de los funcionarios judiciales del régimen de
vacaciones individuales. “No obstante, la inexistencia de una directriz o de un
procedimiento para la asignación de rubros en favor de los funcionarios que gozando de
vacaciones colectivas las mismas le son suspendidas para la prestación ininterrumpida de
la función de control de garantías, no puede servir de excusa para desconocer mis
derechos fundamentales, ni para afectar la adecuada prestación del servicio durante el
tiempo que dure el descanso”.

1.5. Vinculaciones en primera instancia

Mediante auto de 3 de mayo de 2022, el ponente de la primera instancia admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a la tutelante, y en calidad de demandados, al
Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva Seccional de Administración

2En este punto, destacó el siguiente antecedente, proferido por esta Colegiatura: “Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. CARLOS ENRIQUE
MORENO RUBIO, radicado: 11001-03-15- 000-2021-01826-01, al resolver una acción de tutela por
hechos semejantes a los que hoy se exponen, precisó: (…)”

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Judicial de Tunja - Boyacá, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa
de Viterbo, Sala de Gobierno, y al Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y
Casanare.

1.6. Intervenciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja

Mediante apoderada, la dependencia en mención solicitó que se niegue la solicitud
de amparo, comoquiera que, al ostentar la accionante la calidad de funcionaria
judicial, el disfrute de las vacaciones se encuentra a discrecionalidad del
nominador del despacho, según las necesidades del servicio, que, para su caso,
es el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, conforme a
lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley 270 de 1996.

Precisó que la demandante al pertenecer al régimen de vacaciones colectivas, se
rige por lo reglado en la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011,
mediante la cual el Consejo Superior de la Judicatura, en su ordinal 6°, aclaró que
el titular que pertenece al régimen de vacaciones colectivas no debe solicitar
asignación de recursos para atender reemplazos por vacaciones y tanto sus
nominadores como los directores ejecutivos seccionales se abstendrán,
igualmente, de darles trámite por esta vía, excepto cuando la solicitud corresponda
a un funcionario judicial, cuya licencia por enfermedad o por maternidad haya
coincidido total o parcialmente con el período vacacional de este régimen.

Por ello, no es posible la asignación de recursos que permita al tribunal, como
ente nominador, efectuar el nombramiento en provisionalidad del reemplazo de la
accionante, máxime cuando las disposiciones que rigen el tema de vacaciones de
la Rama Judicial se encuentran contenidas en el Capítulo VI del Decreto 1660 del
4 de agosto de 1978, cuyo texto se encuentra vigente.

Por lo anterior, consideró que la Dirección que representa no vulneró los derechos
fundamentales reclamados por la tutelante, porque de acceder a la solicitud de
vacaciones, estaría contradiciendo la normatividad vigente sobre vacaciones.

1.6.2. Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare

La presidenta de la seccional de la referencia, manifestó que tal dependencia no
está legitimada en la causa por pasiva para actuar, comoquiera que no es la
entidad llamada a responder por lo pretendido, ello, si se tiene en cuenta que
dentro de sus funciones (artículo 101 de la Ley 270 de 1996), no se encuentra la
de autorizar vacaciones, la del manejo del presupuesto de la Rama Judicial ni, la
de expedir el certificado de disponibilidad presupuestal requerido para conceder
vacaciones a los funcionarios y empleados de los despachos judiciales.

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1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia de 26 de mayo de 2022 la Subsección “A” de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró la improcedencia del mecanismo
constitucional, al considerar que “la acción de tutela no procede, para que se ordene a
las autoridades adelantar las medidas correspondientes para garantizar la provisión de
recursos, en este caso la expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal, con
el fin de cubrir vacantes provisionales por vacaciones individuales, ya que al juez
constitucional no le está permitido inmiscuirse en las decisiones administrativas ni
quebrantar las competencias asignadas, en el ordenamiento jurídico, a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y a las seccionales, (…)”.

1.8. Impugnación al fallo de 26 de mayo de 20223

La accionante solicitó revocar el fallo de primera instancia al no compartir los
argumentos del a quo constitucional, para lo cual, reiteró lo expuesto en el escrito
inicial. Particularmente requirió:

“Por lo anterior, de manera comedida solicito se revoque la decisión de primera
instancia, y en su lugar se conceda el amparo solicitado para mis derechos
fundamentales al descanso, desconexión labora, igualdad, y trabajo en condiciones
dignas. En consecuencia, se ordene a las accionadas adoptar las decisiones y/o
trámites correspondientes para la concesión de mi periodo de disfrute vacacional
que debía gozar entre el 19 de diciembre de 2021 y el 10 de enero de 2011, el cual
me fuera suspendido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de
Viterbo para la prestación de la función de control de garantías durante dicho
periodo.” (Sic a toda la cita)

1.9. Trámite en segunda instancia

1.9.1. Por medio de auto de 7 de julio de 20224, el magistrado ponente de la
decisión de segunda instancia vinculó al Consejo Superior de la Judicatura -
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en calidad de tercero con interés en
el resultado del asunto de la referencia.

Lo anterior, en el entendido de que se debía garantizar su comparecencia al
trámite de la referencia, por cuanto, cualquier decisión que se tomara en la
presente acción constitucional podría resultar de su interés, teniendo en cuenta
que, de prosperar este mecanismo de defensa judicial, sería la encargada de
proveer los recursos necesarios para que el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Santa Rosa de Viterbo adopte las medidas que se requieren para conceder las
vacaciones de la señora Adriana del Pilar Arenas Niño.

En consideración a lo anterior, expuso que el proceso estaba incurso en una
nulidad de carácter saneable, de acuerdo con los artículos 133 numeral 8°, 136 y
137 del Código General del Proceso. Por lo tanto, se ordenó poner en
conocimiento la posible nulidad al Consejo Superior de la Judicatura - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, para que, si era de su interés: (i) la alegara;

3 El fallo fue notificado el 3 de junio de 2022 y la impugnación se presentó el 8 de junio de 2022.
4 Se notificó el 12 de julio de 2022.

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(ii) se pronunciara sobre la solicitud de amparo sin alegar la nulidad; o, (iii)
guardara silencio.

1.9.2. El Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, por medio de abogado de la División Procesos de la Unidad de Asistencia
Legal, mediante escrito enviado el 13 de julio de 2022 al correo electrónico de la
Secretaría General de esta Corporación, solicitó declarar la nulidad del proceso,
con fundamento en la causal establecida en los numerales 5º y 8º del artículo 133
del Código General del Proceso, y en consecuencia requirió que “se reanude el
proceso desde la admisión de la demanda”.

1.9.3. El 15 de junio de 2022 el despacho sustanciador estimó procedente declarar
la nulidad de lo actuado a partir de la notificación del auto que admitió la tutela y
dejó a salvo las pruebas e informes rendidos en el curso de la actuación.

Lo anterior, debido a que era claro que el Consejo Superior de la Judicatura -
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial sería la entidad encargada, en el
evento de amparar los derechos de la accionante, de proveer los recursos
necesarios para que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de
Viterbo adopte las medidas que se requieren para conceder las vacaciones de la
señora Adriana del Pilar Arenas Niño, y este no fue notificado de la existencia de
la presente tutela, aun cuando era necesaria su vinculación en calidad de tercero
con interés en la presente acción, pues de prosperar este trámite constitucional
podría verse afectado con dicha decisión.

1.10. Trámite posterior a la declaratoria de nulidad

1.10.1. Vinculación

El 27 de julio de 2022, el magistrado ponente de la primera instancia
Constitucional, en cumplimiento de lo dispuesto en la providencia de 15 de junio
de 2022, procedió a vincular al Consejo Superior de la Judicatura – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.

1.10.2. Intervenciones

1.10.2.1. El Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, por intermedio de abogado de la División de Procesos
de la Unidad de Asistencia Legal de esa dependencia, solicitó su desvinculación,
al considerar que carece de legitimación por pasiva, comoquiera que “los derechos
alegados por la parte actora como vulnerados, no son consecuencia de una acción u
omisión atribuible a la Dirección (…)”.

Agregó que en este asunto se debe ordenar y conminar “al Nominador de la
Accionante, para que de forma inmediata y sin poner más condicionamientos, conceda el
periodo de vacaciones solicitado por la Accionante”.

1.10.2.2. Por su parte, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Tunja se ratificó en los argumentos inicialmente advertidos.

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1.10.3. Fallo de primera instancia

El 18 de agosto de 2022, la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado amparó los derechos fundamentales de la accionante, en atención a que
“no es de recibo el argumento (…) consistente en que solo puede solicitarse la
apropiación presupuestal para el reemplazo del juez que entra a período de vacaciones
individuales, pues, como se expuso en precedencia, a la peticionaria no le fue posible
disfrutar de sus vacaciones colectivas debido a que se encontraba cumpliendo las
funciones asignadas por el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare”.

Agregó que “tampoco es admisible que solo se permita ese rubro en caso de que no
pueda encargarse a un empleado en dicho cargo, pues la ausencia de una persona,
debido al disfrute de las vacaciones, no puede emplearse como una justificación, para que
los demás miembros del despacho deban asumir mayores obligaciones laborales, pues
ello representa una carga desproporcionada, que puede repercutir desfavorablemente en
aquellos y en el servicio de la administración de justicia”.

Resaltó que “si bien es cierto que en la sentencia proferida anteriormente, y que luego
fue anulada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, se rechazó por improcedente la
acción de la referencia (…) también lo es que la decisión que hoy se profiere, fue
adoptada con base en el cambio de postura acogido por esta Subsección en la acción de
tutela con número de radicado 2022-00602-01”.

1.11. Impugnación de fallo de 18 de agosto de 20225

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja solicitó
revocar el fallo de primera instancia al no compartir los argumentos del a quo
Constitucional, para lo cual reiteró lo expuesto en su escrito inicial. Particularmente
expuso que tal dependencia “cuenta con la debida apropiación presupuestal para
cancelar la liquidación que por vacaciones le corresponda al accionante como Juez
Promiscuo Municipal de Tipacoque, como es su obligación legal, más (sic) no para
proveer un reemplazo, (…).

Precisó que su actuar se encuentra acorde a las “directrices nacionales y la
normatividad vigente”. Sumado a que “el disfrute de las vacaciones está bajo la
discrecionalidad del Nominador del Despacho según la necesidad del servicio, y para su
caso concreto, corresponde al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, (…)”.

En este punto citó, con el fin de fundamentar la improcedencia de la acción, el fallo
de tutela que fue anulado por esta Sección el 15 de junio de 2022. En efecto
expuso:

“Finalmente es importante señalar nuevamente a Su Señoría, que en una situación
fáctica similar a la que ocupa la presente Acción Constitucional, promovida por la
doctora ADRIANA DEL PILAR ARENAS NIÑO, dentro de la Acción de Tutela
número 11001-03-15-000-2022-02386-00, instaurada ante la Subsección A, Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, siendo
Magistrado Ponente el doctor WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, a través de la

5 El fallo fue notificado el 30 de agosto de 2022 y la impugnación se presentó ese mismo día.

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Sentencia proferida el 26 de mayo de 2022, se dispuso rechazar por improcedente
la Acción de Tutela, por lo siguiente (…).”

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, de conformidad con el
Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado los Decretos 1983 de
2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

2.2. Cuestión Previa

La Sala encuentra que, en la contestación allegada por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Boyacá y Casanare, y el Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, manifestaron que carecen de
legitimación en la causa por pasiva para dar cumplimiento a lo solicitado por la
accionante, pues no tienen competencia para atender los reclamos de la tutelante.

Ahora, y si bien el a quo constitucional no se pronunció, esta Sección negará tales
solicitudes, ya que su comparecencia radica en el hecho de que, frente a la
primera su llamado al proceso se hizo justamente en calidad de demandada.
Además, de que esta sería la dependencia encargada de solicitar a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial (Unidad de Planeación o a la dependencia
que corresponda), la provisión de los recursos necesarios para que el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo adopte las medidas para
conceder las vacaciones de la señora Adriana del Pilar Arenas Niño.

Por su parte, respecto a la segunda, ello se hizo como tercero con interés en las
resultas del proceso.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 18 de agosto de 2022, de la Subsección “A” de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, que amparó los derechos
fundamentales de la accionante.

Para lo cual, la Sala determinará si la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Tunja vulneró las garantías constitucionales aludidas
por la demandante con ocasión a la negativa de expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal para nombrar un reemplazo a fin de que la señora
Arenas Niño pueda acceder al disfrute de un periodo de vacaciones, por haber
laborado como juez Promiscuo Municipal de Tipacoque (Boyacá), en forma
continua.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) las
generalidades de la acción de tutela y ii) el caso concreto.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02386-01

2.4. Panorama general de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.

Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la subsidiariedad. El
primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho fundamental que
se dice vulnerado o amenazado. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción
a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la
lesión del derecho fundamental.

2.5. Caso concreto – Reiteración de jurisprudencia6

En el sub examine, la señora Adriana del Pilar Arenas Niño solicitó al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo que le concediera el
periodo de vacaciones al que tiene derecho, sin embargo, su requerimiento le fue
negado mediante la Resolución No. 018 del 31 de marzo de 2022, con el
fundamento de que no se cuenta con una partida presupuestal para la designación
de la persona que la reemplazará en el lapso peticionado.

Advierte la Sala que, en lo que respecta a los actos administrativos que niegan el
disfrute de las vacaciones, el mecanismo para controvertirlos es el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de
la Ley 1437 de 20117, en el cual se puede solicitar el decreto de las medidas
cautelares en los términos de los artículos 229 y 230 ibídem, por lo tanto, en
principio, el juez de lo contencioso administrativo es el llamado a dirimir las
controversias que de él surjan.

6 Al respecto ver las sentencias 10 de diciembre de 2020, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Exp:

11001-03-15-000-2020-03827-01, 6 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, Exp: 11001-03-
15-000-2020-03100-00, 9 de septiembre de 2021. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Exp: 11001-03-
15-000-2020-04993-00, y 23 de septiembre de 2021 M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, Exp: 11001-
03-15-000-2020-05469-00, en los cuales, la Sección Quina del Consejo de Estado analizó casos
similares al presente.
7 “Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la
reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se
presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe
un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a
partir de la notificación de aquel.”

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No obstante, esta Sala ha considerado8 que en ciertos eventos las circunstancias
particulares del caso desbordan la eficacia de dicho mecanismo judicial para
precaver la eventual vulneración de derechos fundamentales, lo cual torna
imperiosa la intervención del juez constitucional como garante de su primacía
dentro del ordenamiento jurídico.

En primer lugar, para establecer la procedencia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, el
accionante debe alegar que un acto particular y concreto vulnera un derecho
subjetivo por incurrir en alguna de las causales de nulidad previstas en el
ordenamiento jurídico.

En este caso, los argumentos expuestos por la parte actora contra la decisión del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo de negarse a
conceder las vacaciones por falta de certificado de disponibilidad presupuestal, se
enmarcan en el derecho adquirido al descanso por laborar todo un año de forma
ininterrumpida en el Juzgado Promiscuo Municipal de Tipacoque (Boyacá), por lo
cual solicita que se apropien las partidas presupuestales para el nombramiento de
su reemplazo y se emita el correspondiente certificado de disponibilidad
presupuestal.

De lo solicitado por la tutelante no se puede inferir que pretenda atacar la legalidad
de la Resolución No. 18 de 31 de marzo de 2022, presupuesto indispensable para
la procedencia de la pretensión del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.

Por lo tanto, aunque en principio el acto administrativo que negó el disfrute de las
vacaciones podría ser controvertido a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y solicitarse la medida cautelar pertinente, la Sala
considera que, la accionante no posee un instrumento jurídico idóneo para el
amparo de sus prerrogativas, toda vez que, como se evidenció, no pretende atacar
su legalidad y su inconformidad no se encuadra en ninguna de las causales para
la procedencia del referido medio de control.

En ese orden de ideas, este carecería de la idoneidad suficiente, precisamente
porque no le ofrecería a la tutelante una solución a sus pretensiones, ni mucho
menos resolvería de fondo su situación.

Lo anterior, resulta suficiente para que este juez constitucional, de acuerdo con lo
hasta aquí explicado, sea competente para conocer el fondo de esta controversia,
dado que con la petición de amparo no se solicita una revisión de legalidad del
acto administrativo a través del cual se negó el disfrute a las vacaciones a un
funcionario judicial.

8 Ver las Sentencias del Consejo de Estado, Sección Quinta, del 30 de junio de 2016. M.P. Lucy

Jeannette Bermúdez Bermúdez. Rad. 25000-23-41-000-2016-00617-01 y del 30 de agosto de
2018. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 50001-23-33-000-2018-00171-01.

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Ahora bien, al descender al estudio concreto de los hechos objeto de discusión, se
encuentra demostrado que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa
de Viterbo expidió la Resolución No. 18 de 31 de marzo de 2022, a través de la
cual, denegó la solicitud de vacaciones presentada por la accionante.

En resumen, las razones para no acceder a su petición se enmarcan en la
necesidad del servicio y la falta de asignación de presupuesto para su reemplazo.

Al respecto, la Sección Quinta considera que, el descanso debe entenderse como
uno de los derechos fundamentales del trabajador y constituye una condición
mínima que ofrece la posibilidad de que el empleado renueve la fuerza tanto
intelectual como física, para así proteger su salud corporal y mental, y fortalecer su
dedicación para el desarrollo de sus actividades.

Por lo tanto, impedir el goce del mencionado derecho con fundamento en
restricciones administrativas, no es una carga que deba soportar la señora Adriana
del Pilar Arenas Niño, pues, se reitera, jurisprudencial y legalmente se ha
considerado que las vacaciones constituyen un derecho fundamental que tienen
todos los empleados, por lo que, no puede ser trasgredido en función del servicio.
Tan es así, que esta Corporación ha amparado el derecho fundamental al
descanso en acciones de tutelas con similares supuestos fácticos9.

Así mismo, la Organización Internacional del Trabajo ha establecido que “se
considerará nulo todo acuerdo que implique el abandono del derecho a vacaciones
anuales pagadas o la renuncia a las mismas”10.

En el presente caso, la accionante pretende única y exclusivamente el goce o
disfrute material del periodo de tiempo al que tiene derecho por concepto de
vacaciones que, por razones de presupuesto y necesidad del servicio, no le fue
concedido.

Sin embargo, esta Sala considera que, el argumento de la necesidad del servicio y
la omisión de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja,
de autorizar el rubro presupuestal correspondiente para designar provisionalmente
a quien la reemplazaría en su ausencia a la demandante, no puede usarse para
desconocer el derecho al disfrute de las vacaciones al cual tiene derecho, toda vez
que, el carácter fundamental de dicha garantía ha sido reconocido por la Corte
Constitucional, sin que sea válido oponer trabas administrativas, que afecten el
núcleo fundamental de este derecho.

9 Consultar las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. 11001-03-15-000-

2020-04490-0 M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A. Rad. 17001-23-31-000-2010-00041-01. M.P. Luis Rafael Vergara Quintero; Consejo de Estado,
Sección Cuarta, Sentencia del 12 de diciembre de 2018. Rad. 08001-23-33-000-2018-00756-01
M.P. Milton Chaves García. Consejo de Estado, Sección Segunda. Rad.: 19001-23-33-000-2014-
00469-01. M.P.: Gustavo Gómez Aranguren, sentencia del 5 de febrero de 2015.
10 Convenio 52 de la OIT, aprobado mediante la Ley 54 de 1962 y ratificado por Colombia el 7 de

junio de 1963.

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En efecto, esta Sección no desconoce la necesidad del servicio que apremia al
Juzgado Promiscuo Municipal de Tipacoque (Boyacá), ante la gran carga laboral
que tiene bajo su responsabilidad, por lo que resulta necesario que la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja provea las medidas
necesarias para que el despacho pueda cumplir con sus funciones, sin que ello
implique que el funcionario judicial a su cargo no pueda disfrutar del derecho a las
vacaciones, una vez cumplan con los requisitos legales para acceder a las
mismas.

En otras palabras, la autoridad no puede imponer trabas administrativas a la
accionante que le impida ejercer su derecho fundamental, máxime cuando escapa
del resorte de la tutelante el encontrar las medidas de orden presupuestal u
organizacional para proveer el cargo en su ausencia temporal.

Así las cosas, negarle el derecho al disfrute de las vacaciones por cuenta de
limitaciones de carácter administrativo, no es una carga que deba soportar los
funcionarios judiciales, si se tiene en cuenta que, en la misma circular PSAC11-44
del 23 de noviembre de 2011, expedida por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, se exige solamente al interesado reportar ante el
Consejo Seccional la correspondiente programación de vacaciones, para que sea
incluido en los turnos.

En ese sentido, una vez cumplido el tiempo de servicios para acceder al disfrute
del derecho, el empleado debe comunicar al nominador sobre la programación de
las vacaciones, sin que deba resolver problemas de tipo presupuestal o
administrativo, para poder acceder al descanso remunerado. Es decir, la
administración no puede trasladar en ellos su propia función.

De otro lado, la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura profirió la Circular PSAC-0589 de 18 de noviembre de 2005, cuyo
asunto fue “asignación de recursos para reemplazos por vacaciones del personal titular
en los despachos judiciales, excepto los juzgados del sistema penal acusatorio”, y la
Circular No. 44 de 12 de mayo de 2005, en la que estableció el procedimiento para
la programación de vacaciones individuales de los servidores judiciales del
Sistema Penal Acusatorio.

Sin embargo, el 23 de noviembre de 2013, el Consejo Superior de la Judicatura,
Sala Administrativa profirió la Circular PSAC11-44, que señaló de manera expresa
la derogatoria de lo establecido en las referidas circulares “para efectos de no incluir
condicionamientos para el nombramiento de reemplazos en provisionalidad de los
funcionarios judiciales, que se encuentran sujetos al régimen de vacaciones individuales
cuando pretendan hacer uso de este derecho, para lo cual deberán seguir el
procedimiento de aquí (sic) se señala y que permitirá gestionar los recursos para el
nombramiento en provisionalidad de los reemplazos, cuando haya lugar a ello”.

Circular que está dirigida a los nominadores de la Rama Judicial (jueces y
magistrados) y a los directores Seccionales de Administración Judicial, ya que su
asunto trata de “vacaciones de los funcionarios judiciales del Régimen de Vacaciones
Individuales”.

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Así las cosas, se considera que, si bien la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura profirió una circular en la que dispuso directrices
dirigidas a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del país atinentes a la
programación de vacaciones de los funcionarios judiciales y la expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal para garantizar los reemplazos, donde la
omisión de establecer un procedimiento para el efecto, lo cierto es que dicho acto
administrativo no puede servir de fundamento para desconocer el derecho al
descanso.

Es claro entonces que, salvo las excepciones legales, todo empleado público tiene
derecho a disfrutar de descanso remunerado, por cada año de servicios prestado
en cualquiera de las entidades del Estado (artículos 8º Decretos 3135 de 1968 y
1045 de 1978).

En cuanto a los servidores judiciales, las vacaciones se encuentran establecidas
en el artículo 146 de la Ley 270 de 1996, de modo que, los funcionarios de los
Juzgados Promiscuos pertenecen al régimen de vacaciones individuales, que
deben ser concedidas por el respectivo nominador, de acuerdo con las
necesidades del servicio, por el término de 22 días continuos por cada año de
servicios, máxime cuando para el caso concreto, estos fueron designados como
jueces de control de garantías11.

En este orden y conforme a lo expuesto ampliamente en precedencia, la Sala
considera vulnerado el derecho al trabajo en condiciones dignas de la señora
Adriana del Pilar Arenas Niño, por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Tunja, por lo que, se confirmará la decisión de primera
instancia, y en consecuencia se dispondrá:

i) Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja
que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación
de la presente sentencia, si aún no lo hubiere hecho, solicite a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial (Unidad de Planeación o a la dependencia
que corresponda), la provisión de los recursos necesarios para que el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo adopte las medidas que se
requieren para conceder las vacaciones de la señora Adriana del Pilar Arenas
Niño. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dispondrá de cinco (5) días
hábiles, contados a partir de la solicitud que realice el director seccional, para
proveer los mencionados recursos.

Lo anterior, por cuanto “cualquier afectación presupuestal deberá contar con las
respectivas autorizaciones y actos administrativos que así lo respalden”.

ii) Una vez el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Tunja, esta última entidad lo comunicará
al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, quien a su vez

11 Acuerdo no. CSJBOYA21-52 del 30 de septiembre de 2021.

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deberá, en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de dicha
comunicación, pronunciarse sobre la concesión del disfrute de las vacaciones para
la señora Adriana del Pilar Arenas Niño.

2.6. Conclusión

En este orden de ideas, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que
accedió a la solicitud de amparo deprecada por la señora Adriana del Pilar Arenas
Niño, quien funge en propiedad como Juez Promiscuo Municipal de Tipacoque
(Boyacá).

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare, y el Consejo Superior de la
Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 18 de agosto de 2022, por medio del
cual la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado AMPARÓ
los derechos fundamentales al descanso y al trabajo en condiciones dignas y
justas de la señora Adriana del Pilar Arenas Niño.

TERCERO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Tunja que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir
de la notificación de la presente sentencia, si aún no lo hubiere hecho, solicite a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (Unidad de Planeación o a la
dependencia que corresponda), la provisión de los recursos necesarios para que
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo adopte las
medidas que se requieren para conceder las vacaciones de la señora Adriana del
Pilar Arenas Niño. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dispondrá de
cinco (5) días hábiles, contados a partir de la solicitud que realice el director
seccional, para proveer los mencionados recursos.

Una vez el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Tunja, esta última entidad lo comunicará
al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, quien a su vez
deberá, en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de dicha
comunicación, pronunciarse sobre la concesión del disfrute de las vacaciones para
la señora Adriana del Pilar Arenas Niño.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto No. 2591 de 1991.

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QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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