RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-02416-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02416-00

Fecha
25 de agosto de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02416-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: ABSTENERSE de resolver el requerimiento de desvinculación frente al presidente de la República. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación realizada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Armada Nacional y los ministerios del Interior y de Hacienda. TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora Adelfa Publia Asprilla Palacios y otros, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-02416-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

25 de agosto de 2022

Demandantes: Adelfa Publia Asprilla Palacios y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Chocó y otros
Rad: 11001-03-15-000-2022-02416-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN TUTELA
Radicación N. °: 11001-03-15-000-2022-02416-00
Demandantes: ADELFA PUBLIA ASPRILLA PALACIOS Y OTROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ Y OTROS

Temas: Tutela de fondo – Improcedencia por no superar el requisito de
subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Resuelve la Sala, en primera instancia, la acción de tutela formulada por los señores
Adelfa Publia Asprilla Palacios, y otros contra el Ministerio de Hacienda, Ministerio
de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Armada Nacional, Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito de Quibdó y el Tribunal Administrativo del Chocó.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Con escrito presentado el 29 de abril de 2022, al buzón web del aplicativo de
Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, los
señores Adelfa Publia Asprilla Palacios, y otros1, por medio de apoderado judicial,
ejercieron acción de tutela contra el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Defensa
Nacional, Ejército Nacional, Armada Nacional, Juzgado Primero Administrativo Oral
del Circuito de Quibdó y el Tribunal Administrativo del Chocó, con el fin de que les
sean amparados sus derechos fundamentales “a la vida digna, salud, dignidad humana,
acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y el obligatorio cumplimiento
de lo resuelto por los jueces y tribunales”.

2. Los accionantes consideraron vulneradas las referidas garantías
constitucionales, con ocasión de la omisión por parte de las autoridades accionadas
en darle cumplimiento a las siguientes providencias: (i) sentencia proferida el 28 de
mayo de 2015 por el Tribunal Administrativo del Chocó, que confirmó el fallo del 30
de abril de 2014, dictado por el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de
Quibdó, en el que condenó a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército

1 Los demás accionantes son los señores Libia María Palacios Asprilla, Manuel Joaquín Palacios

Asprilla, Manuel Herminio Palacios Asprilla, Adelfa Apulia Palacios Asprilla, Carmen Tulia Palacios
Asprilla, Jesús Antonio Mosquera Asprilla, Rosa Apulia Mosquera Martínez, María Pascuala Palacios
Asprilla, Manuel Santos Mosquera Díaz, Siforiano Palacios Mosquera, y Martín Palacios Asprilla.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Adelfa Publia Asprilla Palacios y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Chocó y otros
Rad: 11001-03-15-000-2022-02416-00

Nacional – Policía Nacional por la masacre de Bojayá2; y (ii) auto dictado el 30 de
noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Chocó, que confirmó el fallo
del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó del 6 de octubre de
2020, en el que se libró mandamiento de pago y se decretó el embargo de los
dineros a las entidades accionadas, al interior del proceso ejecutivo, identificado con
el radicado N.º 27001-13-333-001-2020-00149-00/02, iniciado por los accionantes
contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Policía
Nacional.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo referido, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
invocados y, en consecuencia, pidió:

“(…)

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito a ustedes ordenar al
MINISTERIO DE HACIENDA, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –
DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y TESORERIA – GRUPO
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES LITIGIODAD Y COBRO COACTIVO
DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO – POLICIA Y ARMADA
NACIONAL, para que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo,
procesa al pago de la sentencia condenatoria proferida a favor de los actores
dentro del proceso de reparación directa radicado bajo el número
27001233100020040043102 y que hoy se tramita ante el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, dentro del proceso ejecutivo bajo el
radicado No. 27001333300120200014900, de manera que pague, sin sujeción a
los intereses moratorios a que haya lugar, tal como en un caso similar ordenó el
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A, Consejo ponente: JOSÉ ROBERTO
SÁCHICA MÉNDEZ, sentencia de 24 de septiembre de 2021, Radicación número:
11001-03-15-000-2021-05141-00 (AC), Actor: LUIS EDUARDO GARCÍA
OSORNO, Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y
OTRO.

TERCERO: se ordene a las entidades judiciales accionadas para que hagan
cumplir las providencias que han expedido en los procesos
27001233100020040043102 y 27001333300120200014900”. (Sic a toda la cita)

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El 2 de mayo de 2002, varios de los familiares de los ahora accionantes fallecieron
en medio del fuego cruzado entre las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de

2 Dicho proceso sucedió al interior del medio de control de reparación directa iniciado por Libia María

Palacios Asprilla, Manuel Herminio Palacios Asprilla, Adelfa Publia Asprilla Palacios, Carmen Tulia
Palacios Asprilla, Jesús Antonio Mosquera Asprilla, Rosa Apulia Mosquera Martínez, María Pascuala
Palacios Asprilla, Manuel Santos Mosquera Díaz y Siforiano Palacios Mosquera contra el
Departamento del Chocó, el Ministerio del Interior, el Municipio de Bojayá, la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional, la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la
Nación, identificado con el radicado N.º 27001-23-31-000-2004-00431-00/02.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Adelfa Publia Asprilla Palacios y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Chocó y otros
Rad: 11001-03-15-000-2022-02416-00

Colombia – FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC; lo que se
denominó como la `Masacre de Bojayá´.

5. Por ello, los accionantes impetraron demanda en ejercicio del medio de control
de reparación directa contra la Nación – Presidencia de la República, Ministerio del
Interior – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Policía Nacional –
Armada Nacional – Procuraduría General de la Nación – Defensoría del Pueblo –
Gobernación del Chocó y el Municipio de Bojayá, con el fin de que fueran declarados
administrativamente responsables y condenados al pago de la totalidad de las
afectaciones, perjuicios morales, materiales y daño a la vida relación ocasionados.

6. En primera instancia, el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión del
Circuito de Quibdó, mediante fallo del 30 de abril de 2014, accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.

7. Conoció del recurso de apelación impetrado el Tribunal Administrativo del Chocó,
que por medio de sentencia del 28 de mayo de 2015, modificó la decisión del a quo,
para en su lugar (i) declarar a la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional
– Ejército Nacional – Policía Nacional, responsable por los daños antijurídicos
producidos por su omisión de impedir la crisis humanitaria padecida por los
habitantes del Medio Atrato chocoano y que culminaron con la Masacre en Bojayá,
Chocó, (ii) condenarlos al pago de la indemnización a título de perjuicios morales,
daño a la salud y a la reparación simbólica por la violación de los Derechos
Humanos y al Derecho Internacional Humanitario y, (iii) exhortar al Estado para que
estudiara la situación de cada una de las familias de los demandantes, para
establecer si podían recibir los beneficios relativos al restablecimiento de la
estructura familiar, dentro del marco de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos
reglamentarios3.

8. Con ocasión de lo anterior, los demandantes iniciaron proceso ejecutivo del cual
conoció el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó4. A través de
auto interlocutorio N. º 584 del 6 de octubre de 2020, dispuso librar mandamiento
de pago a favor de los ejecutantes y en contra de la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional – Armada Nacional, por las obligaciones pecuniarias y
extra patrimoniales contenidas en la sentencia del 28 de mayo de 2015.

9. Dicha providencia fue recurrida con recurso de reposición, sin embargo, fue
resuelto desfavorablemente, a través de auto N. º 790 del 1º de septiembre de 2021.

10. Igualmente, el 6 de octubre de 2020, el juzgado resolvió decretar el embargo y
retención de los dineros que poseían las entidades en distintos bancos, por medio
del auto N. º 575. Frente a este fueron presentados los recursos de reposición y
apelación, los cuales se resolvieron de forma desfavorable, al confirmar el contenido
de la providencia5.

3 Esta decisión fue aclarada mediante auto N. º 163 de 28 de julio de 2015 y complementada con

sentencia N. º 74 del 22 de junio de 2016.
44 Identificado con radicado N. º 27001-3333-001-2020-00149-00.
5 El 30 de noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo del Chocó resolvió el recurso de apelación.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Adelfa Publia Asprilla Palacios y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Chocó y otros
Rad: 11001-03-15-000-2022-02416-00

11. El 8 de octubre de 2020, mediante auto N. º 589, se dio apertura a un incidente
de desacato contra las entidades ejecutadas, en atención a la omisión de
cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia de 28 de mayo de 2015.

12. El 1º de diciembre de 2021, el juzgado declaró no probadas las excepciones de
mérito planteadas por las entidades ejecutadas, ordenó seguir adelante con la
ejecución del crédito para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el
mandamiento ejecutivo y solicitó que se practicara la liquidación del crédito, de
acuerdo con el artículo 446 del C.G.P6.

13. El anterior fallo fue apelado, sin embargo, a través de providencia de 11 de
febrero de 2022, se confirmó la decisión.

14. Posteriormente, fue acumulado al proceso de la referencia el expediente con
radicado N.º 27001-3333-001-2018-00108-007 y, se ordenó el embargo y retención
de los remanentes.

1.4. Fundamentos de la vulneración

15. El apoderado de la parte actora indicó que a pesar de la condena que tenían a
favor sus representados y el proceso ejecutivo en el cual ya se había librado
mandamiento de pago, el embargo a las cuentas de las entidades ejecutadas y la
confirmación de cada una de las decisiones proferidas, es decir que habían
agotados todos los mecanismos judiciales idóneos; las entidades accionadas no
habían cancelado el monto ordenado.

16. Ello, aunado a su situación de vulnerabilidad por su avanzada edad y estado de
salud, además de ser víctimas de la Masacre de Bojayá. Destacó el cuadro clínico
del señor Martín Palacios Asprilla de 61 años, el cual fue detectado con “(…) cáncer
de recto en estado avanzado y compromiso metastásico hepático y ganglionar (…)”.
Asimismo, se refirió a la falta de recursos de este, al no tener un empleo para
sufragar sus gastos y los de su familia.

17. De igual forma, adujo que no ha existido solidaridad ni coherencia de los jueces
de instancia para darle cumplimiento a sus fallos ni para proferirlos, en atención a
que cada uno de ellos ha sido dictado lentamente, sin tener en cuenta los 20 años
de trámite judicial que llevan los accionantes.

18. Finalmente, como fundamento de lo anterior, hizo referencia a las sentencias C-
242 de 2020, T-441 de 2013 y T-349 de 2014, proferidas por la Corte Constitucional,
las cuales hacen hincapié en el obligatorio cumplimiento de lo resuelto por los jueces
y tribunales y la procedencia del mecanismo constitucional para obtener el pago de
providencias judiciales, tanto para obligaciones de `dar´ como de `hacer´.

6 Lo anterior, mediante sentencia N. º 226.
7 Proceso iniciado por Elmer Martínez Rentería contra las mismas entidades por los mismos hechos.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Adelfa Publia Asprilla Palacios y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Chocó y otros
Rad: 11001-03-15-000-2022-02416-00

1.5. Trámite de la acción de tutela

1.5.1. Auto inadmisorio

19. Mediante auto de 5 de mayo de 2022, la magistrada ponente inadmitió la
demanda de tutela y ordenó al abogado José Ignacio Romaña Tello: (i) allegar el
correspondiente poder que acredite el ius postulandi que le asiste para instaurar la
acción de tutela de la referencia, en nombre y representación de los accionantes,
y/o (ii) explicar las razones por las cuales los actores no pueden interponer la acción
de tutela por su cuenta.

1.5.2. Auto admisorio

20. En atención a la subsanación allegada el 11 de mayo del presente año, en la
que aportó el poder otorgado por todos los accionantes, se dispuso admitir la acción
de tutela el 31 del mismo mes y año. Por lo cual, se notificó a la parte actora y a los
magistrados del Tribunal Administrativo del Chocó, como autoridad judicial
accionada.

21. De igual forma, se vinculó en calidad de terceros con interés a la Presidencia de
la República, al Ministerio del Interior, a la Procuraduría General de la Nación, a la
Defensoría del Pueblo, a la Gobernación del Chocó, al municipio de Bojayá y al
Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión del Circuito de Quibdó, por haber
intervenido en el proceso ordinario.

22. Asimismo, se reconoció al abogado José Ignacio Romaña Tello, la calidad de
apoderado judicial de los actores.

1.5.3. Auto de nulidad saneable

23. Por medio de providencia del 25 de julio de 2022, se integró debidamente el
contradictorio, al poner en conocimiento de la acción de tutela a los ministerios de
Hacienda y de Defensa Nacional, el Ejército Nacional y a la Armada Nacional,
quienes conformaron el extremo pasivo de la reparación directa.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con la constancia visible
en el expediente, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín,
Antioquia

24. Mediante escrito remitido el 23 de junio de 2022, la jefe de la Oficina Judicial (E)
informó que el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión del Circuito de
Quibdó fue objeto de medida de reordenamiento (supresión) y por ello, el despacho
judicial que tenía el expediente del proceso ordinario era el Juzgado Primero Oral
Administrativo del Circuito de Quibdó.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Adelfa Publia Asprilla Palacios y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Chocó y otros
Rad: 11001-03-15-000-2022-02416-00

1.6.2. Armada Nacional

25. Por medio de documento allegado el 28 de julio del año en curso, la asesora
Disciplinaria y Administrativa encargada de las Funciones de la Asesoría Jurídica,
manifestó que la competencia para dar cumplimiento a las pretensiones de la tutela
era el Grupo de Pago de Sentencias y Obligaciones Litigiosas del Ministerio de
Defensa Nacional, razón por la cual los documentos habían sido remitidos para que
se pronunciaran sobre los hechos. Por consiguiente, solicitó su desvinculación.

1.6.3. Ministerio de Defensa Nacional

26. A través de correo electrónico enviado el 1º de agosto de 2022, la coordinadora
del Grupo Contencioso Constitucional expuso que en el presente caso se
configuraba un hecho superado. Indicó que, al momento de la presentación de la
demanda de tutela, el ministerio se encontraba buscando los recursos para cancelar
la deuda, sin embargo, desde el 16 de junio de 2022, el monto correspondiente a la
condena fue consignado a la cuenta bancaria del abogado José Ignacio Romaña
Tello.

27. Puntualmente indicó que el Ministerio de Defensa Nacional a través de la Policía
Nacional ya había cancelado tiempo atrás el 33.33% de la condena y el Ejército
Nacional se dispuso a pagar el 66% restante mediante Resolución 2136 de 22 de
mayo de 2022. Así, señaló como hechos relevantes al interior de la actuación
administrativa los siguientes:

“1. El Día 16 de julio de 2015 mediante memorial con radicado No. EXT15- 74880 el
Doctor JOSÉ IGNACIO ROMAÑA TELLO presento ante el Ministerio de Defensa
Nacional solicitud de reconocimiento de pago de indemnización frente a las
obligaciones derivadas en la providencia proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CHOCO el 28 de mayo de 2015, identificada con número
de proceso 27001233100020040043102, donde se declara responsable a la
NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-
ARMADA NACIONAL- POLICIA NACIONAL por los perjuicios causados a los
beneficiarios relacionados en el cuadro presentado a continuación por los daños
causados en hechos ocurridos el día 2 de mayo de 2002 en el municipio de Bojayá
Choco

2. El día 4 de agosto de 2015, mediante correo oficial de la entidad se informó que
la solicitud de pago cumplía con todos los requisitos estipulados en el Decreto 768
de 1993, 818 del 1994 y 1328 de 1994 y se asignó turno de pago No.5380 de 2015.

3. El día 13 de mayo de 2016, mediante radicado EXT 16-43084 el doctor JOSÉ
IGNACIO ROMAÑA TELLO allegó escritura pública de sucesión No.116 del 1 de
marzo de 2016 sobre la obligación reconocida a la señora PALACIOS ASPRILLA
MARIA PASCUALA contenida en la providencia objeto de la litis donde se reconoce
como única heredera a la señora ADELFA PUBLIA ASPRILLA PALACIOS.

4. El 5 de diciembre de 2016 mediante Resolución 1601 de 2016 la NACIÓN
POLICIA NACIONAL reconoció, autorizó y ordenó el pago de un tercio de la
obligación correspondiente a la proporción en la que se condenó a esta entidad

4.1. Resolución que en su parte considerativa refiere a dos contratos de cesión, uno
por el 35% y otro por el 65% radicados el día 16 de noviembre de 2016 cuyo objeto
fue la transferencia de dominio de la totalidad del crédito excluyendo las costas;

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Adelfa Publia Asprilla Palacios y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Chocó y otros
Rad: 11001-03-15-000-2022-02416-00

teniendo como beneficiario final a la sociedad LEGAL BUSINESS SAS identificada
con NIT 900988261. 4.2. El 30 de marzo de 2017, el FONDO ABIERTO CON
PACTO DE PERMANENCIA C*C identificado con Nit. 900.058.687 radico
notificación de suscripción de contrato de cesión donde adjunta tres contratos.

4.3. El 2 de mayo de 2017 mediante oficio No. OFI17-33659-MDN-DSG-
DALGROLJC esta cartera ministerial acepto las cesiones referidas al 35% y 65%
del total del crédito tal como se evidencia en el documento de aceptación adjunto
excluyendo únicamente los derechos de MARIA PASCUALA PALACIOS ASPRILLA
y acepto de manera condicionada el contrato del 100% suscrito entre LEGAL
BUSINESS SAS y FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA C*C. el
cual se acepto mediante oficio del 11 de mayo de 2017 mediante oficio No.OFI-
173676-MDN-DSG-DAL-GROLJC, sin que a la fecha luego de notificada la
comunicación de aceptación de los contratos de cesión alguna de las partes se
pronunciara sobre dicha aceptación, siendo entendido por la Entidad que se
encontraba ajustada a la Cesión realizada.

4.4. El 2 de mayo de 2022 esta cartera expide Resolución 2136 de 2022 donde
reconoce autoriza y paga la obligación

4.5. Mediante dicha resolución y teniendo en cuenta los contratos de cesión antes
mencionados se realizó el desembolso del 100% de los créditos correspondientes a
los beneficiarios objeto de cesión, a favor del Cesionario FONDO ABIERTO CON
PACTO DE PERMANENCIA C*C, y se realizó el desembolso de los derechos
económicos reconocidos a la señora PALACIOS ASPRILLA MARIA PASCUALA, a
favor del apoderado Doctor JOSÉ IGNACIO ROMAÑA TELLO.

Una vez hecho el pago, se recibe el requerimiento del Doctor JOSE IGNACIO
ROMAÑA, quien manifestaba inconformidad por el pago, toda ve que alegaba una
indebida liquidación del crédito. Se procedió a realizar una verificación de la totalidad
del expediente encontrándose que había habido entre los Cesionarios imprecisiones
en el objeto del contrato de Cesión lo cual llevo al Ministerio de Defensa a cancelar
la cuenta como se realizó.

Verificado este tema, se tomó contacto con el Fondo Abierto con Pacto de
Permanencia C*C, con el fin de verificar la situación siendo aceptado por éstos que
se les había consignado de más en la Resolución No 2136 del 02 de mayo de 2022,
se realizan las reuniones pertinentes con el fin de lograr la devolución del dinero, y
efectivamente le es entregado la totalidad de la acreencia”. (Sic a toda la cita)

28. Asimismo, expresó que “(…) el Estado mediante ceremonia pública e inauguración y
entrega de un parque en conmemoración de las víctimas, el Ministerio de defensa, guiado
por una comisión conformada por líderes sociales y la diócesis de Quibdó, presentó
excusas públicas a todos los habitantes de Bojayá”. Por lo tanto, solicitó negar las
pretensiones del amparo solicitado.

1.6.4. Tribunal Administrativo del Chocó

29. Mediante escrito remitido el 9 de junio del presente año, el magistrado ponente
de las providencias de 30 de noviembre de 2021 y 11 de febrero de 2022, afirmó
que por su parte no había existido vulneración de los derechos fundamentales, por
el contrario, todas las decisiones proferidas por este eran protectoras de los
derechos de las víctimas conforme a derecho. En consecuencia solicitó que se
negara la acción de tutela.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Adelfa Publia Asprilla Palacios y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Chocó y otros
Rad: 11001-03-15-000-2022-02416-00

1.6.5. Presidencia de la República

30. A través de documento allegado el 10 de junio del año en curso, el apoderado
judicial de dicha dependencia solicitó declarar la improcedencia del mecanismo
constitucional por la inexistencia de vulneración de los derechos invocados, toda
vez que no se evidenciaba ninguna actuación u omisión por parte de la entidad.

31. En consecuencia, señaló que la acción de tutela no era el mecanismo idóneo
para reclamar acreencias económicas y/o el pago de sentencias, pues de accederse
al amparo invocado se estaría vulnerando prerrogativas superiores de aquellos que
ostentan mejor posición en el “orden cronológico de turnos”.

32. Adicionalmente, manifestó la falta de legitimación en la causa por pasiva tanto
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República como del
Presidente de la República.

1.6.6. Ministerio del Interior

33. Con documento remitido el 10 de junio del año en curso, la jefe de la Oficina
Asesora Jurídica del ministerio indicó que, la parte actora no cumplía con su carga
procesal de advertir la relevancia constitucional y la irregularidad procesal que
afectaba sus derechos fundamentales. Por lo cual, el asunto debía ser resuelto por
el juez de instancia y no el constitucional.

34. Aunado a ello, puso de presente que los tutelantes tenían a su disposición otros
mecanismos judiciales y la acción de tutela no era el escenario para surtir la
discusión y por ende, no se superaba el requisito de la subsidiariedad. Así, expresó
que:

“Como quiera que lo que pretende el accionante es el cumplimiento y ejecución de
providencias judiciales, las mismas se debe cumplir dentro de los mencionados
procesos en virtud del poder de ejecución de que gozan los jueces, y el cumplimiento
forzado a través de las cautelas. Si las autoridades no dan cumplimiento a las
órdenes judiciales de embargo ye (sic) retención de dineros, la ley procesal le otorga
al juez los poderes de dirección y de instrucción para hacerlos cumplir. De tal manera
que el accionante cuenta con instrumentos procesales que puede ejercer dentro de
los procesos que se adelantan ante el Tribunal”.

35. Asimismo, solicitó que se declarara la falta de legitima en la causa por pasiva,
ya que no existía nexo de causalidad entre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora y la acción u omisión por parte del
ministerio.

1.6.7. Ministerio de Hacienda

36. Por medio de memorial remitido el 1º de agosto de 2022, la delegada del
ministro, solicitó que se desestimaran las pretensiones de la acción de tutela
respecto del ministerio, pues no tenía la competencia para resolver solicitudes de
carácter administrativo y por ende, no existía vulneración alguna de los derechos

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Adelfa Publia Asprilla Palacios y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Chocó y otros
Rad: 11001-03-15-000-2022-02416-00

fundamentales de los accionantes, ejercida por su parte. Además solicitó su
desvinculación.

37. Pese a que, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo,
la Gobernación del Chocó y el municipio de Bojayá fueron notificados en debida
forma, guardaron silencio8.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

38. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por la señora Adelfa Publia Asprilla Palacios y otros, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591
de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo
de la Sala Plena del Consejo de Estado N. º 080 de 12 de marzo de 2019
(Reglamento Interno de la Corporación).

39. Lo anterior, por cuanto una de las autoridades judiciales contra la que se dirige
la acción de tutela es el Tribunal Administrativo del Chocó y, en tal sentido, debe
aplicarse el numeral 5° del Decreto 333 de 2021.

2.2. Solicitud de desvinculación

40. Se tiene que tanto el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República como el presidente de la República, la Armada Nacional y los ministerio
del Interior y de Hacienda, solicitaron la desvinculación del presente trámite
constitucional, pues, a su juicio, carecen de legitimación en la causa por pasiva.

41. La solicitud será negada respecto al Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, la Armada Nacional y el Ministerio de Hacienda dado
que los demandantes, los vincularon en la demanda de tutela como accionados,
razón por la cual, se mantendrán con el fin de garantizar los derechos de los
accionantes.

42. En cuanto al Ministerio del Interior, la solicitud será igualmente negada, ya que
la vinculación al proceso se realizó en calidad de tercero, mas no como la entidad
contra la cual se encuentre dirigido el reparo señalado por la parte actora, en
atención al interés que les asiste en las resultas del presente trámite.

43. El presidente de la República no fue vinculado al presente trámite, por lo que no
hay razón para pronunciarse sobre su petición.

8 Índices 26, 27, 33 y 37 de SAMAI.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Adelfa Publia Asprilla Palacios y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Chocó y otros
Rad: 11001-03-15-000-2022-02416-00

2.3. Problema jurídico

44. Corresponde a la Sala dar respuesta al siguiente interrogante:

 ¿La parte demandada vulneró los derechos fundamentales de la señora
Adelfa Publia Asprilla Palacios y otros, por la presunta omisión en el pago de
la condena de la cual son beneficiarios con ocasión de la sentencia del 28 de
mayo de 2015 proferida al interior del medio de control de reparación directa
o, por el contrario, no se superó el requisito de la subsidiariedad ante la
existencia de un proceso ejecutivo en curso?

45. Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas:
(i) panorama general de la acción de tutela; y (ii) subsidiariedad.

2.4. Panorama general de la acción de tutela

46. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.

47. Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la subsidiariedad.
El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho fundamental
que se dice vulnerado o amenazado.

48. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio
de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental.

2.5. Subsidiariedad

49. La Sala considera necesario indicar que el inciso 3º del artículo 86 de la
Constitución consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la acción
de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo
6º del Decreto 2591 de 1991.

50. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos
y no a la tutela.

51. En el presente caso, el apoderado judicial de la parte actora manifestó que el
Ministerio de Hacienda, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Armada
Nacional, Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó y el Tribunal
Administrativo del Chocó, vulneraron los derechos fundamentales “a la vida digna,
salud, dignidad humana, acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y el
obligatorio cumplimiento de lo resuelto por los jueces y tribunales”, de los señores Adelfa

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Adelfa Publia Asprilla Palacios y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Chocó y otros
Rad: 11001-03-15-000-2022-02416-00

Publia Asprilla Palacios, Libia María Palacios Asprilla, Manuel Joaquín Palacios
Asprilla, Manuel Herminio Palacios Asprilla, Adelfa Apulia Palacios Asprilla, Carmen
Tulia Palacios Asprilla, Jesús Antonio Mosquera Asprilla, Rosa Apulia Mosquera
Martínez, María Pascuala Palacios Asprilla, Manuel Santos Mosquera Díaz,
Siforiano Palacios Mosquera, y Martín Palacios Asprilla.

52. Lo anterior en atención a que, por medio de sentencia del 28 de mayo de 2015,
el Tribunal Administrativo del Chocó accedió a las pretensiones de la demanda de
reparación directa, condenando a la Nación – Ministerio de Defensa – Armada
Nacional – Ejercito Nacional – Policía Nacional a la indemnización de perjuicios a
título de perjuicios morales, daño a la salud y a la reparación simbólica por la
violación de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, con
ocasión de la `Masacre de Bojayá´; sin embargo, a pesar de haber adelantado un
proceso ejecutivo en contra de las entidades, hasta la fecha de presentación de la
acción de tutela, el monto correspondiente no había sido cancelado.

53. Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional puso de presente que mediante
la Resolución N.º 2136 de 22 de mayo de 2022, ordenó el pago correspondiente al
36% de la condena, ya que el 33.33% ya había sido cancelado por la Policía
Nacional. Por lo tanto, el 16 de junio de 2022, a través de la cuenta del abogado
José Ignacio Romaña Tello, el dinero fue depositado en cumplimiento del acto
administrativo y la sentencia del 28 de mayo de 2015.

54. Teniendo en cuenta el escrito de contestación allegado por la entidad, en
principio, sería procedente declarar la carencia actual de objeto por hecho superado,
no obstante, ninguna prueba fue aportada como acreditación de dicho pago. Así,
con el fin de corroborar lo anterior, el despacho se comunicó telefónicamente con el
abogado Romaña Tello, quien manifestó que en efecto el Ministerio de Defensa
Nacional sí había cancelado el dinero en su cuenta, pero no de forma completa, ya
que existió un faltante correspondiente a las costas procesales ordenadas a favor
de sus representados, suma que ascendía a los ochocientos millones de pesos,
razón por la cual las pretensiones no se encontraban del todo satisfechas.

55. Atendiendo a la manifestación del apoderado, esta Sala considera que las
pretensiones iniciales del mecanismo constitucional siguen en pie, pues el monto
total adeudado a la parte actora no ha sido cancelado completamente, por lo tanto,
es pertinente estudiar la procedencia de la acción de tutela para el cumplimiento de
fallos judiciales y el pago de condenas.

56. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado la importancia del
cumplimiento de los fallos judiciales, catalogándolo como un derecho fundamental
de aquellas personas que han sido beneficiarias de tales decisiones. Al respecto en
sentencia T-533 de 1995 se determinó lo siguiente:

“La exactitud y oportunidad en el cumplimiento de los fallos judiciales resulta
esencial para garantizar no solamente el cometido de la persona - que se constituye
en su derecho fundamental- de acceder materialmente a la administración de justicia
sino para sostener el principio democrático y los valores del Estado de Derecho.

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Adelfa Publia Asprilla Palacios y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Chocó y otros
Rad: 11001-03-15-000-2022-02416-00

(…)

La actitud de desacato a las providencias de los jueces, por lo que significa como
forma de desestabilización del sistema jurídico debe ser sancionada con severidad.
Frente a ella por supuesto, cabe la tutela para proteger los derechos fundamentales
que, como consecuencia, puedan resultar afectados.

(…)

El cumplimiento de las sentencias judiciales es parte integrante de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia pues la
circunstancia de una persona a cuyo favor se ha resuelto tiene derecho garantizado
por el Estado, a que lo judicialmente ordenado se cumpla con exactitud y
oportunidad (…)9.

57. A pesar de ello, se ha suscitado una controversia en torno a si el mecanismo de
la acción constitucional es el adecuado para solicitar lo anterior. Frente a esto, la
máxima autoridad constitucional ha indicado que: “(…) no obstante su carácter residual
y subsidiario, la acción de tutela es procedente para hacer cumplir un fallo judicial cuando
la inobservancia del mismo ha conllevado a la clara afectación de derechos fundamentales
y los mecanismos judiciales alternativos no son lo suficientemente eficaces, de acuerdo con
las circunstancias de cada caso. Ello implica que el juez de tutela está en la obligación de
determinar si en el asunto que se somete a su consideración se hace necesario la
protección por esta vía10”. (Subrayado propio)

58. Es así que, es deber del juez de tutela estudiar las particularidades de cada caso
con el fin de determinar si la acción constitucional es procedente para exigir el
cumplimiento de sentencias judiciales.

59. Por ello, la jurisprudencia de la Corporación constitucional ha dilucidado con
respecto al tema que, para determinar la superación del requisito de subsidiariedad,
se debe diferenciar si lo ordenado en el fallo corresponde a una obligación de `dar´
o de `hacer´. En sentencia T-394 de 201411, se explicó que:

“(…) La Corte Constitucional ha establecido una diferenciación dependiendo de la
naturaleza de la obligación contenida en la sentencia judicial que se incumple, con
la finalidad de establecer la procedencia de la acción de tutela para su cumplimiento.
Ha reiterado que el mecanismo tutelar resulta procedente cuando se encuentra ante
el incumplimiento de una obligación de hacer, como por ejemplo, cuando la
sentencia judicial ordena el reintegro de un trabajador; en estos eventos la Corte ha
aceptado la tutela como el mecanismo idóneo para exigir el cumplimiento de la
sentencia judicial. Por el contrario, cuando la providencia ordena una obligación de
dar, en principio, la acción de tutela es improcedente para ordenar el cumplimiento
de la orden; en esos eventos, la jurisprudencia constitucional ha afirmado que el
ordenamiento jurídico contempla un mecanismo principal e idóneo para exigir el
cumplimiento de éste tipo de obligaciones, como es el proceso ejecutivo (…)12”.
(Subrayado propio)

9 Corte Constitucional, Sentencia T-553 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

10 Corte Constitucional, Sentencia T-131 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

11 Es preciso anotar que las sentencias de tutela son consideradas mayoritariamente por esta Sala

como criterio auxiliar. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 03.02.22, Rad. 11001-03-15-000-2021-06084-01.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-394 de 2014, M.P. Alberto Rojas Ríos.

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Adelfa Publia Asprilla Palacios y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Chocó y otros
Rad: 11001-03-15-000-2022-02416-00

60. En el caso concreto, se advierte que la parte actora solicita que las entidades
paguen el monto por concepto de perjuicios morales y daño a la salud con ocasión
de la sentencia de 28 de mayo de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del
Chocó, al interior del medio de control de reparación directa. Por lo tanto, la
obligación presente es de `dar´, por lo que se consideraría a primera vista que la
acción tutelar es improcedente de acuerdo con lo referido por la jurisprudencia
constitucional.

61. Sin embargo, en sentencia T-441 de 201313, la Corte Constitucional aseguró
que la improcedencia de la acción de tutela ejercida para lograr el cumplimiento de
sentencias judiciales donde la obligación pendiente sea de `dar´, resulta
excepcional, pero no constituye una regla absoluta. De igual forma en la sentencia
T-349 de 2014, se establecieron unos requisitos para determinar lo anterior:

“[…] 4.2.6. Así, la procedencia excepcional de la tutela para solicitar el cumplimiento
de una orden judicial que establezca una obligación de dar, exige: (i) la afectación
de otros derechos fundamentales del accionante y (ii) que los mecanismos judiciales
ordinarios no sean eficaces o idóneos para el resguardo de los mismos. En tal
sentido, se ha declarado la procedencia en este tipo de casos cuando existe una
violación al mínimo vital, la dignidad humana, la integridad física, entre otros y ésta
se configure en un perjuicio irremediable.

4.2.7. En conclusión, esta Corporación ha sostenido que el proceso ejecutivo es más
idóneo para garantizar el cumplimiento de obligaciones de dar que para hacer
efectivas las obligaciones de hacer, pues respecto a aquellas, existen mecanismos
procesales para hacer más eficaz el acatamiento. No obstante, “en ambos casos,
depende del carácter fundamental del derecho amenazado por la ausencia de
ejecución de la providencia judicial -más allá de la violación al debido proceso y al
derecho a la administración de justicia, desconocidos ambos por la ausencia de
ejecución de la providencia-, lo que determina si el trámite ejecutivo constituye o no
un mecanismo idóneo que haga improcedente la acción de tutela14”.

62. Así entonces, se deben examinar las condiciones de la parte demandante con
el fin de comprobar la existencia de violación a derechos fundamentales como al
mínimo vital, a la dignidad humana e integridad física y la idoneidad de los otros
mecanismos.

63. En el caso que ocupa la atención de la Sala, el apoderado judicial adujo que la
edad de todos sus representados oscilaba entre los 60 y los 74 años y de manera
específica mencionó que el señor Martín Palacios Asprilla padecía una enfermedad
terminal y no contaba con un empleo que le permitiera sufragar sus gastos ni los de
su familia.

64. Pese a que la afirmación de las edades de los accionantes no fue discriminada,
atendiendo a otras circunstancias de vulnerabilidad, se puede encontrar la
enfermedad que padece uno de los tutelantes, sin embargo, al constatar que el
Ministerio de Defensa Nacional canceló una parte de la condena y la Policía
Nacional ya había cancelado otro porcentaje con anterioridad, y que de acuerdo con

13 Corte Constitucional, Sentencia T-441 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

14 Corte Constitucional, Sentencia T-349 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.

13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Adelfa Publia Asprilla Palacios y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Chocó y otros
Rad: 11001-03-15-000-2022-02416-00

lo señalado en el documento asciende a 660 SMLMV para el señor Martín Palacios
Asprilla, puede afirmarse que le permite cubrir sus necesidades básicas.

65. Además, es importante recordar que los ahora accionantes iniciaron un proceso
ejecutivo el cual ha cumplido su finalidad, como es el pago de una parte de la
condena por parte del Ministerio de Defensa Nacional.

66. En consecuencia, al evidenciarse que el proceso ejecutivo se encuentra en
curso, se ha librado mandamiento de pago, decretado embargos y resuelto todos
los recursos interpuestos en favor de los tutelantes, es posible afirmar que ese
mecanismo es el idóneo para obtener lo pretendido.

67. Por otro lado, no es posible la intervención del juez constitucional en este caso,
ya que es el juez ordinario el único que puede dar por terminado el proceso, una
vez este verifique que la obligación clara, expresa y exigible que tiene origen en las
órdenes de la sentencia del 28 de mayo de 2015, se ha cumplido totalmente.

68. Con el fin de verificar si la anterior situación había sucedido o por lo menos se
había aportado al proceso ejecutivo el comprobante de pago, la magistrada ponente
procedió a verificar el Sistema de Gestión Judicial – Siglo XXI, sin embargo, la última
actuación registrada data del 1º de marzo del 2022, cuando se solicitó la
acumulación de dos expedientes.

69. Por lo tanto, al no conjurarse un perjuicio irremediable, que permita hacer uso
de la acción de tutela como mecanismo transitorio, y encontrar el proceso ejecutivo
que se encuentra en curso como el medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
proteger los derechos fundamentales invocados, esta Sala de Decisión declarará la
improcedencia del amparo por no superarse el requisito de subsidiariedad.

2.6. Conclusión

70. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela instaurada por los
señores Adelfa Publia Asprilla Palacios, Libia María Palacios Asprilla, Manuel

14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Adelfa Publia Asprilla Palacios y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Chocó y otros
Rad: 11001-03-15-000-2022-02416-00

Joaquín Palacios Asprilla, Manuel Herminio Palacios Asprilla, Adelfa Apulia Palacios
Asprilla, Carmen Tulia Palacios Asprilla, Jesús Antonio Mosquera Asprilla, Rosa
Apulia Mosquera Martínez, María Pascuala Palacios Asprilla, Manuel Santos
Mosquera Díaz, Siforiano Palacios Mosquera, y Martín Palacios Asprilla, por no
superarse el requisito de la subsidiariedad, en virtud de que tienen a su disposición
el mecanismo idóneo del proceso ejecutivo para hacer cumplir sus pretensiones, el
cual actualmente se encuentra en curso y en el que se ha logrado el pago de gran
parte de la condena.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: ABSTENERSE de resolver el requerimiento de desvinculación frente al
presidente de la República.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación realizada por el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, la Armada Nacional y los
ministerios del Interior y de Hacienda.

TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Adelfa Publia Asprilla Palacios y otros, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Adelfa Publia Asprilla Palacios y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Chocó y otros
Rad: 11001-03-15-000-2022-02416-00

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.