RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-06084-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-06084-01

Fecha
3 de febrero de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-06084-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia del 30 de septiembre de 2021 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, para en su lugar, declarar IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora Gloria Inírida Montealegre Zarta, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 4.4. de la parte considerativa de esta providencia y confirmar la decisión de NEGAR la solicitud de amparo presentado, por las razones expuestas en este proveído. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-06084-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

3 de febrero de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06084-01
Demandante: Gloria Inírida Montealegre Zarta
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda - Subsección E

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06084-01
Demandante: GLORIA INÍRIDA MONTEALEGRE ZARTA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN E

Temas: Tutela contra providencia judicial – régimen de transición de la Ley
100 de 1993 - Empleado de la Rama Judicial -

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia de
primera instancia proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera el 30 de
septiembre de 2021, mediante la cual negó al amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 8 de septiembre de 20211 al buzón
web de la Secretaría General de esta Corporación2, la señora Gloria Inírida
Montealegre Zarta, actuando en nombre propio, ejerció acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección E, con el
fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales de debido proceso, acceso
material a la justicia, igualdad, mínimo vital, vida digna, trabajo y a la justa pensión y seguridad
social.

2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales con
ocasión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -
Sección Segunda - Subsección E, el 27 de agosto de 2021, mediante la cual se
confirmó el fallo dictado por el Juzgado Único Administrativo del Circuito Judicial de
Leticia, que negó las pretensiones de la demanda que presentó la señora Gloria Inírida
Montealegre Zarta, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

1 Folio 3 del expediente digital de tutela.
2 La acción de tutela fue enviada al buzón web secgeneral@consejodeestado.gov.co

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06084-01
Demandante: Gloria Inírida Montealegre Zarta
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda - Subsección E

derecho contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social– UGPP3.

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

“1. Se amparen los derechos fundamentales referidos y los demás que llegaren a emerger
del análisis constitucional del asunto, desconocidos por la sentencia materia del amparo
que suplico.

2. En consecuencia, se deje sin efecto alguno la sentencia tutelada, disponiendo que el
Tribunal profiera otra que supere los defectos atrás referidos valorando en forma integra
(sic) y adecuada todo el material probatorio y aplicando rectamente la ley y los precedentes
jurisprudenciales, bajo absoluto respecto a los derechos adquiridos, haciendo un uso
razonable de los principios de independencia y autonomía judicial que, como lo han
reiterado las Altas Cortes, no son absolutos al encontrar sus límites en el mismo Estado
Social de Derecho que los consagró.

3. Expidiendo las demás órdenes que el Honorable Consejo de Estado, como Juez de
Constitucionalidad, considere necesarias para la materialización y protección de los
derechos fundamentales ya referidos”.

2. Hechos

4. La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

5. La señora Gloria Inírida Montealegre Zarta prestó sus servicios al Estado desde el
1º de agosto de 1976 hasta el 30 de junio de 2017, esto es por más de 32 años, con
algunas interrupciones, desempeñándose en varios cargos al interior de la Rama
Judicial, el último de ellos como juez Promiscuo Municipal.

6. Mediante Resolución 598094 del 26 de diciembre de 2007, la Caja Nacional de
Previsión Social (CAJANAL) le concedió la pensión de vejez, condicionada al retiro
definitivo del servicio para su disfrute, en cuantía de $3.287.869.35, a partir del 1º de
julio de 2007, con el 75% del promedio de lo devengado durante los últimos 10 años
de servicio (1º de julio de 1997 al 30 de junio de 2007), la cual se hizo “Efectiva a partir
del 8 de septiembre de 2013, pero con efectos fiscales una vez demuestr[ara] el retiro
definitivo”.

3 La demanda se presentó contra la Resolución RDP 013335 de 17 de abril de 2018 que revocó en

todas sus partes la Resolución 46715 de 13 de diciembre de 2017, que había negado la reliquidación y
en su lugar accedió a ella.
4 “RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y ordenar el pago a favor de la señora
MONTEALEGRE ZARTA GLORIA INIRIDA (…) de una pensión mensual vitalicia por vejez en cuantía
de ($3.287.869.35 )(…) , efectiva a partir del 1º de julio de 2007. El peticionario debe mostrar retiro
definitivo del servicio en los términos previstos por la Ley, para el disfrute de esta pensión (…)”.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06084-01
Demandante: Gloria Inírida Montealegre Zarta
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda - Subsección E

7. Inconforme con la anterior decisión por el monto concedido, la señora Gloria Inírida
Montealegre Zarta, interpuso recurso de reposición5, el cual fue resuelto mediante
Resolución PAP40775 de 28 de febrero de 2011 expedida por CAJANAL que revocó
en todas sus partes el acto administrativo referido en el párrafo anterior, y ordenó
reliquidar6 la pensión con el 75% “sobre el salario promedio de asignación mensual más
elevada devengada en el último año de servicios y la inclusión de todos los factores salariales
certificados por la Pagaduría de la Rama Judicial seccional del Cauca” con el monto
($3.764.934.05). Efectiva a partir del 1º de julio de 2007.

8. Adicionalmente, ordenó descontar de las mesadas atrasadas la suma de $4.637.565
por concepto de aportes para pensión de factores de salario no efectuados, “de
conformidad con el informe 04 de octubre de 2010, expedido por el Registro Nacional de
Afiliados de CAJANAL EICE, en liquidación”.

9. Posteriormente, la actora en ejercicio del derecho de petición, el 19 de diciembre de
2013, solicitó la reliquidación pensional reconocida en la Resolución PAP 40775 con
el calculo del IBL según la asignación más elevada del último año de servicios bajo los
presupuestos del Decreto 546 de 1971, por ser beneficiaria del régimen de transición
de la Rama Judicial y en atención a todos los factores conforme a la Circular 054 de
14 de diciembre de 2010 de la Procuraduría General de la Nación7.

10. Por medio del acto administrativo RDP001031 de 15 de enero de 2014 expedido
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, determinó que, efectuadas las operaciones
aritméticas, el valor arrojado era inferior o igual al inicialmente reconocido, por lo que
en aplicación del principio de favorabilidad denegó la solicitud de reliquidación. Al
respecto argumentó:

5 “Se revoque en punto del sueldo base de liquidación (base regulatoria) y en su lugar se aplique en

forma integral lo estipulado en el Decreto 546/71, vale decir, teniendo en cuenta para la pensión
ordinaria vitalicia de jubilación, el equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que
devengué en el último año de servicios, con la inclusión de todos los factores de salario como lo reglan
los decretos 717/79, 404/04, la Constitución Nacional la Ley y la Jurisprudencia (…)”. Cita tomada de la
Resolución PAP 040775 de 28 de febrero de 2011, por la cual se resolvió el recurso de reposición de la
señora Montealegre Zarta.
6 La señora Montealegre Zarta, “laboró un total de 9077 días, 1296 semanas

Que nació el 5 de junio de 1957 y cuenta con más de 50 años de edad

Que el último cargo desempeñado por el peticionario (sic) fue el de JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL

Que adquirió el status jurídico el 5 de junio de 2007”
7 “Asignación básica mensual, gastos de representación, prima técnica, bonificación por servicios prima

de antigüedad, prima especial de servicios mensuales, bonificación por compensación o bonificación
por gestión judicial(aplicar la más favorable), bonificación por servicios prestados, bonificación por
actividad judicial, prima ascensional, prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones, el
prorrateo de factores que se hayan causado por periodos no mensuales, de factores salariales sobre
los que no se hayan efectuado los aportes de la Ley con orden de su pago, los reajustes anuales y en
fin, sobre cualquier factor que haya devengado como retribución por mis servicios”.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06084-01
Demandante: Gloria Inírida Montealegre Zarta
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda - Subsección E

“Que de acuerdo a lo anterior, es procedente realizar la reliquidación de la pensión
conforme al inciso 3 o 6 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, aplicando un 75.00%
sobre un Ingreso Base de Liquidación conformado por el promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales ha cotizado o aportado el interesado entre el 30 de noviembre
de 2003 y el 29 de noviembre de 2013” (…)

IBL 4.049.985 X 75.00% = $3.037.489.

Efectiva a partir de 30 de noviembre de 2013, pero con efectos fiscales una vez
demuestre el retiro definitivo del servicio

Que una vez efectuada las operaciones aritméticas se observa que el valor arrojado es
inferior o igual al inicialmente reconocido por lo que este Despacho en aplicación al
principio de favorabilidad niega la reliquidación de la pensión solicitada.

Son disposiciones aplicables: SENTENCIA C-258 de 2013, Ley 100/93, Decreto
1158/94 y CCA”.

11. Inconforme con la anterior decisión, la señora Gloria Inírida Montealegre Zarta
interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto a través de la Resolución RDP
4350 de 10 de febrero de 2014, expedida por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social que confirmó
la decisión anterior.

12. El 25 de agosto de 2017, la accionante solicitó nuevamente la reliquidación
pensional, la cual fue negada mediante Resolución RDP 046715 del 13 de diciembre
de 2017, dictada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, contra la cual interpuso recurso
de reposición resuelto a través de la Resolución RDP 0133358 de 17 de abril de 2018,
que revocó en todas sus partes aquella para, en su lugar, ordenar la reliquidación en
cuantía de $6.265.354 a partir del 1º de julio de 2017, con efectos fiscales al momento
en que se acreditara el retiro definitivo del servicio, “con el 75% sobre un IBL conformado
entre el 1º de julio de 2007 y el 30 de junio de 2017 incluyendo los factores de asignación
básica, prima especial de servicios, bonificación por servicios prestados, bonificación por
actividad judicial y bonificación judicial”.

13. La accionante presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la UGPP, con el fin de obtener la nulidad parcial
del acto administrativo contenido en la Resolución 013335 de 17 de abril de 2018, que
revocó en todas y cada una de sus partes la Resolución 046715 del 13 de diciembre
de 2017 que le negó la reliquidación, para en su lugar, aceptar que se encuentra
cobijada por las disposiciones del Decreto 546 de 1971, pero sin aplicar el porcentaje
que ya se la había reconocido mediante la Resolución 040775 de 2011.

8
“RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: Revocar en todas y cada una de sus partes la Resolución No.46715 del
13 de diciembre de 2017, que negó la reliquidación de la pensión de VEJEZ a la señora MONTEALEGRE ZARTA
GLORIA INIRIDA ya identificada de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Reliquidar la pensión de VEJEZ a favor de la señora MONTEALEGRE ZARTA GLORIA
INIRIDA, ya identificada, elevando la cuantía a la suma de $6.265.354 (…) efectiva a partir del 1º de julio de 2017,
pero con efectos fiscales una vez demuestre el retiro definitivo del servicio. (…)”

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06084-01
Demandante: Gloria Inírida Montealegre Zarta
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda - Subsección E

14. A título de restablecimiento del derecho solicitó la reliquidación de la prestación
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 546 de 1971, es decir,
con el 75% de la asignación mensual más elevada que hubiera devengado en el último
año de servicios y con la inclusión de todos los factores salariales como ya se lo había
reconocido en la Resolución PAP 040775 de 28 de febrero de 2011, así como el pago
del retroactivo desde la fecha en que adquirió el estatus pensional debidamente
indexado, con intereses de mora y las costas, según los artículos 192 y 195 del
CPACA, comoquiera que tenía un derecho adquirido.

15. Adicionalmente, en la demanda solicitó que el reconocimiento de la prestación se
hiciera con la inclusión de todos los factores salariales percibidos y consagrados en la
ley9.

16. El conocimiento del proceso le correspondió en primera instancia al Juzgado Único
Administrativo del Circuito Judicial de Leticia, autoridad judicial que, mediante
sentencia del 16 de octubre de 2020, negó las pretensiones de la demanda10.

17. Contra la anterior decisión la demandante interpuso recurso de apelación11, cuyo
conocimiento en segunda instancia le correspondió al Tribunal Administrativo de

9 De la siguiente manera expuso su pretensión: “incluidas las primas de servicios, de navidad y
vacaciones, bonificaciones y demás que hubiere devengado, sin excluir ninguno, pues era deber del
Estado Rama – Judicial hacer los descuentos pensionales respectivos y, si no lo hizo, dicha omisión no
puede perjudicar a la servidora por no ser la responsable de hacer los descuentos y efectuar las
cotizaciones respectivas (Artículo 3 D-R 2527/00, art. 12 D 717/78y 53 CP), aclarándose que de todas
formas la UGPP, como se demuestra con los recibos correspondientes, sobre los factores que no se
cotizó, a la pensionada se le hicieron los respectivos descuentos en los primeros pagos pensionales, tal
y como se demuestran con las pruebas que se adjuntan”.
10 Consideró que en la resolución demandada se aplicó el régimen especial consagrado en el Decreto

546 de 1971, porque a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 la demandante contaba con más
de 35 años de edad y había laborado por más de 10 años al servicio de la Rama Judicial, de tal manera
que cumplía las condiciones del régimen de transición regulado en el decreto referido, en lo que respecta
a la edad, tiempo de servicio y monto.

18. Sin embargo, en lo concerniente al IBL tuvo en cuenta lo señalado en el artículo 21 de la Ley 100
de 1993, determinando que correspondía liquidar con el 75% sobre el ingreso base de liquidación entre
el 1º de julio de 2007 y el 30 de junio de 2017, conforme los precedentes judiciales establecidos por la
Corte Constitucional y por el Consejo de Estado que disponen que el IBL de las pensiones causadas
bajo el régimen de transición no se liquida conforme a la normatividad anterior (Decreto 546 de 1971)
sino según lo dispone el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con la inclusión de los factores enlistados
en el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se hubieren realizado aportes pensionales conforme a
derecho.
11 En el escrito de apelación en proceso ordinario la actora expuso que : i) el precedente del Consejo de

Estado y Corte Constitución que se tuvo en cuenta en la sentencia, no resultaban aplicables para su
caso particular, porque era posterior al reconocimiento de su pensión ii) la UGPP cometió un acto ilegal
y unilateral y sin el consentimiento de la señora Montealegre Zarta, al tomar la decisión de desconocer
el acto administrativo expedido por CAJANAL que le reconoció su pensión, en el que se constituyó un
derecho adquirido, pues la UGPP optó por modificarlo y establecer el IBL sobre los 10 últimos años
laborados, cuando ya se había adoptado que correspondía con el salario más elevado del último año,
de servicios, con lo que desconoció el principio de favorabilidad e inescindibilidad normativa iii) se dejó
de aplicar la jurisprudencia vigente para la época, iv) enunció el caso del ex juez Carlos Ernesto Corredor
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06084-01
Demandante: Gloria Inírida Montealegre Zarta
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda - Subsección E

Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E que, en proveído del 27 de agosto de
2021, confirmó el fallo dictado por el a quo, al acoger el criterio interpretativo del
Consejo de Estado establecido en la sentencia de unificación del 11 de junio de 202012,
relativo al IBL para los empleados públicos de la Rama Judicial que son beneficiarios
del régimen de transición y los factores salariales con los cuales se debe liquidar la
pensión.

18. Sobre el régimen aplicable, decidió que por tratarse de una funcionaria de la Rama
Judicial, que se encontraba vinculada con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, correspondía al contenido en el Decreto 546 de 1971, pero
solamente en lo concerniente con aspectos relacionados con la edad, el tiempo de
servicios o las semanas cotizadas y el monto de la pensión y, no para conformar el
IBL, porque en esta materia se debe dar aplicación al inciso 3º del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, en concordancia con el artículo 21 ejusdem y el Decreto 1158 de 1994
y, en todo caso, frente a los factores salariales sobre los que realizó los aportes
conforme al precedente judicial del Consejo de Estado adoptado en las sentencias de
unificación del 28 de agosto de 2018 y el 11 de junio de 202013.

19. Respecto al reparo relacionado con el actuar ilegalidad de la UGPP al modificar la
resolución que le había liquidado la prestación conforme al último año de servicios,
para en su lugar, liquidarla con base en el 75% de los salarios devengados durante los
últimos 10 año de servicios, con ocasión a los nuevos parámetros jurisprudenciales. El
tribunal estableció:

“Finalmente, esta corporación no pasa por alto que a través de la Resolución No.
PAP 040775 de 28 de febrero de 2011, la entidad de previsión demandada liquidó
la prestación pensional de la señora Gloria Inírida Montealegre Zarta en el 75%
del salario promedio de la asignación mensual más elevada devengada en el
último año de servicios, incluyendo los factores de asignación básica, prima de
navidad, bonificación por servicios prestados, prima de vacaciones y prima
especial, prestación que posteriormente fue reliquidada a través de la Resolución
No. RDP 013335 de 17 de abril de 2018”.

que contiene situación fáctica similar y v) solicitó la declaratoria de excepción por inconstitucionalidad
por violación de la Carta Política referente a los derechos adquiridos.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de Unificación CE-SUJ-S2-021-20 de 11.06.2020

13 Adicionalmente, argumentó que, contrario a lo afirmado por la demandante, no era dable acudir a la

sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, en lo que respecta a los factores salariales, conforme
a lo planteado por el Consejo de Estado (en sentencia del 25 de marzo de 2021), en la que se dispuso
que “teniendo en cuenta que esta posición varió con la sentencia de unificación proferida por el Consejo
de Estado el 28 de agosto de 2018, “cuando fijó como subregla que los factores salariales a incluirse en
el IBL son únicamente aquellos sobre los cuales se efectuaron aportes o cotizaciones al sistema de
pensiones” línea jurisprudencial que fue seguida por la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020,
al referirse al régimen especial de los servicios de la Rama Judicial””.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06084-01
Demandante: Gloria Inírida Montealegre Zarta
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda - Subsección E

3. Fundamentos de la vulneración

20. Del escrito de tutela, se puede extraer que la actora argumenta que la sentencia
controvertida adolece de los defectos sustantivo y desconocimiento del
precedente judicial, toda vez que, en su caso, la normatividad aplicable era el Decreto
546 de 1971 conforme a la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 del
Consejo de Estado, por lo que no le era dable al Tribunal accionado dar alcance a los
precedentes judiciales dictados con posterioridad, porque desconoce el derecho
adquirido que le asiste.

21. Afirmó que la decisión censurada vulneró sus garantías fundamentales, porque en
su caso se tuvo en cuenta una tesis jurisprudencial regresiva, caprichosa y que no
estaba vigente para la época en que se le otorgó el reconocimiento pensional,
sustentada en las sentencias de la Corte Constitucional C-258 de 2013, SU-230 de
2015, 427 de 2016 y 395 de 2017, además de las sentencias de unificación del Consejo
de Estado de 28 de agosto de 2018 y del 11 de junio de 2020, desconociéndose, que
“los efectos retrospectivos no son absolutos sino limitados por el principio constitucional de
favorabilidad pensional”.

22. Adujo que el Tribunal accionado cometió un error al afirmar que su derecho
pensional se encontraba condicionado al retiro del servicio, porque no distinguió entre
el reconocimiento de la prestación y el disfrute de aquella.

23. Refirió que la Corte Constitucional, en casos similares al suyo, los cuales fueron
resueltos antes de los nuevos precedentes judiciales, reconoció innumerables
pensiones a servidores judiciales bajo los parámetros del Decreto 546 de 1971,
“pensiones que no han sido revocadas”, a saber, en las sentencias T-189 de 2001; T-571
de 2002; T- 631 de 2002; T- 180 de 2008, entre otras.

24. Adicionalmente, trajo a colación la sentencia 1623, proferida el 16 de febrero de
2005 (Rad. 760011102000 200401623 01) por el Consejo Superior de la Judicatura, y
la sentencia 0501 de 2008 (Rad. 11001074008200090) de la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bogotá.

25. Finalmente, expuso que existen dos casos idénticos al suyo en los que se
reconoció el derecho pensional para la época en la que se le otorgó su prestación: i)
uno relativo a la pensión reconocida al “ex juez Carlos Ernesto Gózales Corredor”, que
mediante sentencia de 29 de abril de 2010 (exp. 25000232500020040273201), se le
otorgó con el 75% del salario más alto devengado en el último año, con la inclusión de
todos los factores salariales, funcionario que prestó sus servicios por 23 años, tiempo
inferior al que la accionante trabajó en la Rama Judicial, (que correspondió a 32 años,
desde el 1º de agosto de 1976 al 30 de junio de 2017), y la pensión le fue otorgada al
año siguiente por resolución de 2011 (PAP 040775 de 28 de febrero de 2011), pero
con la diferencia de que se liquidó conforme a los últimos 10 años de servicio.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06084-01
Demandante: Gloria Inírida Montealegre Zarta
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda - Subsección E

26. Adicionó que, el segundo caso, hace relación a la prestación pensional reconocida
a la señora “Alicia Peña Rodríguez”, mediante sentencia de 18 de noviembre de 2020
(Exp. 25000), en la que el Consejo de Estado determinó que la situación jurídica de
aquella ya estaba definida por la administración y que no podían variarse las
condiciones, por cuanto contaba con derechos adquiridos, debido a que la decisión
adoptada por la administración había quedado en firme. Asemeja su caso a este, con
el argumento que mediante la Resolución 040775 del 28 de febrero de 2011, le fue
reconocida su pensión, esto es con anterioridad a la que le fue concedida a la señora
Peña Rodríguez.

27. En ese sentido, solicitó que se ampararan sus derechos fundamentales, para
efectos que su pensión sea reliquidada en los términos que fue ordenada en el año
2011, esto es, con el 75% del salario más alto del último año y conforme con el Decreto
546 de 1971.

4. Trámite de la acción de tutela

28. Mediante auto del 10 de septiembre de 202114, el magistrado ponente de la
Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda de tutela, ordenó la
notificación a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, como autoridad judicial accionada y al Ministerio Público.

29. Así mismo, vinculó, en calidad de tercero con interés de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, al Juzgado Único
Administrativo del Circuito de Leticia y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-.

4.1. Intervenciones: Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las
siguientes intervenciones.

4.1.1. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP-

30. La UGPP por intermedio del subdirector de Defensa Judicial pensional manifestó
que no le asiste razón a la accionante, en la medida en que la providencia censurada
se ajustó a derecho, toda vez que se sustentó razonadamente en la normatividad
vigente para la época y en el precedente judicial que regula el tema.

31. Afirmó que la parte actora pretende reabrir un debate jurídico utilizando la acción
de tutela como una tercera instancia, por lo que resulta improcedente, en la medida en
que el juez natural del asunto dirimió la controversia suscitada por la señora Gloría
Inírida Montealegre Zarta en el proceso objeto de debate, mediante fallo que quedó
debidamente ejecutoriado.

14 Folios 11 del expediente digital.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06084-01
Demandante: Gloria Inírida Montealegre Zarta
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda - Subsección E

4.1.2. Juzgado Único Administrativo del Circuito Judicial de Leticia

32. El Juez titular del despacho señaló que profirió la sentencia de primera instancia
en el asunto que se debate.

33. Argumentó que el hecho de que se estudie el asunto en sede de tutela constituiría
una tercera instancia, porque las pretensiones de la accionante están encaminadas a
que se realice nuevamente la revisión del caso y la modificación de las providencias
que quedaron debidamente ejecutoriadas, dictadas por las autoridades judiciales de lo
contencioso administrativo.

34. Adicionalmente, aportó el expediente del proceso ordinario por intermedio de la
secretaría.

4.1.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E15.

35. El Tribunal accionado, a través del magistrado ponente de la decisión aquí
enjuiciada, rindió informe en el que señaló que la acción de tutela busca reabrir un
debate en tercera instancia, porque los planteamientos fácticos y jurídicos ya fueron
materia de controversia al interior del proceso contencioso. Razón por la cual, solicitó
que se declarara la improcedencia del mecanismo de amparo por carecer del requisito
de relevancia constitucional.

36. Agregó que la decisión que se debate en el proceso de la referencia, cuenta con
los requisitos de procedibilidad y con los fundamentos normativos y jurisprudenciales
que rigen en la actualidad sobre la materia, a saber, la sentencia de unificación de 11
de junio de 2020, proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, de imperativo cumplimiento en los procesos que se encuentran en curso.

5. Sentencia de primera instancia

37. El Consejo de Estado – Sección Primera, mediante sentencia del 30 de septiembre
de 2021, negó el amparo constitucional, al considerar que la Sala Plena del Consejo
de Estado en sentencia del 28 de agosto de 2018 y, en particular, con el fallo del 11
de junio de 2020, unificó el criterio jurisprudencial correspondiente al régimen especial
aplicable a la pensión de jubilación de la Rama Judicial y del Ministerio Público,
respecto de aquellos servidores beneficiarios del régimen de transición previsto en la
Ley 100 de 1993, fijando las reglas de unificación a las cuales les asignó efectos
retrospectivos.

38. Consideró que no se configuró un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente en razón a que la decisión del Tribunal tutelado se ajustó a los postulados

15 Los argumentos de esta autoridad judicial fueron extraídos de la sentencia de proferida en primera

instancia del vocativo de la referencia, por cuanto no se halló en el sistema SAMAI

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06084-01
Demandante: Gloria Inírida Montealegre Zarta
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda - Subsección E

fijados por la Sala Plena del Consejo de Estado conforme a la sentencia de unificación
vigente, esto es la proferida el 28 de agosto de 2018, que modificó sustancialmente el
criterio previamente adoptado en el fallo del 4 de agosto de 2010, adicionalmente, se
ciñó a las reglas adoptadas en la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020.

39. Indicó que la demandante no contaba con un derecho adquirido o una situación
jurídica consolidada, toda vez que no había operado el fenómeno jurídico de la cosa
juzgada, en consecuencia, era plenamente aplicable la sentencia de unificación
proferida el 11 de junio de 2020, dado que el asunto se encontraba en trámite para la
fecha que se fijaron las reglas en dicho precedente judicial.

40. Adujo que, conforme a la línea argumentativa anterior, los factores salariales que
se debían incluir en el IBL son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado
las cotizaciones al Sistema General de Pensiones, razón por la cual no se debían
incluir otros, respecto de los que no se hubieren realizado los aportes, lo cual se
fundamenta en el principio de solidaridad “-pilar fundamental del Estado Social de Derecho-
, así como en el artículo 48 superior, adicionado por el Acto Legislativo 1 de 2005, en el sentido
que para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales
cada persona hubiere efectuado las cotizaciones”.

41. Concluyó que la decisión adoptada en sede de lo contencioso administrativo en el
marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se debate, se ajustó
a los cambios efectuados sobre el precedente judicial, particularmente de las
sentencias de unificación del 28 de agosto de 2018 y del 11 de junio de 2020, de
manera que estuvo debidamente razonada.

42. La sentencia de tutela les fue notificada a las partes e intervinientes el 26 octubre
de 2021 según constancia obrante en el índice 17 de SAMAI.

6. Impugnación

43. Con escrito enviado por correo electrónico el 28 de octubre de 2021 al buzón web
de la Secretaría del Consejo de Estado, la parte accionante impugnó la decisión de
primera instancia, debido a que se encuentra inconforme con el análisis que efectuó el
a quo, toda vez que no se abordó el asunto relativo a la ilegalidad en la que -a su
juicio– incurrió la UGPP al revocar unilateralmente y sin su consentimiento la
Resolución PAP 040775 del 28 de febrero de 2011 que le había reconocido la pensión
con el 75% del salario más alto devengado en el último año de servicio según el
Decreto 546 de 1971 y la sentencia de unificación del Consejo de Estado proferida el
4 de agosto de 2010, de lo cual se podía determinar la figura de la cosa juzgada
administrativa y la sentencia vigente para la época.

44. Refirió que el juez constitucional de primera instancia transcribió los argumentos
expuestos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, que negó las pretensiones de la demanda ordinaria, sin abordar el eje
central de la acción de tutela que correspondía a analizar lo relativo a la revocatoria
que hizo la UGPP unilateralmente del acto que le había reconocido su pensión, de la
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06084-01
Demandante: Gloria Inírida Montealegre Zarta
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda - Subsección E

siguiente manera enfatizó su petitum:

“...La presente acción de tutela tiene como núcleo la aprobación que el Tribunal tutelado
hizo de (i) la revocatoria unilateral que la UGPP realizó mediante la resolución No. RDP-
013335 de 17 de abril de 2018 de la resolución No. PAP- 040775 de 28 de febrero de
2011 por la cual reconoció que mi pensión debía ser liquidada con el 75% del salario
más alto del último año de servicio como Juez de la República, desconociendo que
tal orden se ajustaba al precedente de la Sala Plena del Consejo de Estado por
entonces vigente, contenido en la sentencia 2012-00143, MP Dr. César Palomino
Cortes, de 4 de agosto de 2010, y (ii) la desprotección que ello implicó a mis
derechos adquiridos en materia pensional con afectación grave a mi mínimo vital
y a los demás derechos fundamentales referidos, más cuando tal revocatoria fue
unilateral y sin mi consentimiento o voluntad...”.

45. En ese sentido reiteró que, la Resolución PAP 040775 de 28 de febrero de 2011
hizo tránsito a cosa juzgada administrativa, razón por la cual su derecho pensional
había sido consolidado, en ese sentido se generó un derecho adquirido sobre la
prestación, por lo que cuestiona el hecho de que la administración “revocara
unilateralmente y sin su voluntad” en el año 2018 el acto administrativo de 2011, lo
cual cataloga como un actuar “ilegal” porque contraría el artículo 975 del CPACA.

46. Agregó que el precedente aplicable a su caso correspondía a la sentencia de
unificación del 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado que sirvió como sustento
del acto administrativo principal, por medio del cual se le otorgó su prestación
económica, por lo que no comparte el hecho de que la autoridad modifique su derecho,
con el argumento del cambio jurisprudencial que se generó con las sentencias del 28
de agosto de 2018 y del 11 de junio de 2020, fechas para las cuales ya no tenía una
mera expectativa, sino una situación jurídica consolidada desde el 28 de febrero de
2011, con el acto administrativo (Resolución 40775) que creó su derecho pensional.

47. Expresó que no es procedente la modificación del acto administrativo que le
reconoció su derecho, porque el Consejo de Estado en la sentencia de 28 de agosto
de 2018 ha establecido que “por regla general, ha dado aplicación al precedente en forma
retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las reglas
jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los casos
pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones
ordinarias; SALVO LOS CASOS EN LOS QUE HA OPERADO LA COSA JUZGADA QUE,
EN VIRTUD DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, RESULTAN INMODIFICABLES”.
Sin embargo, afirma que en su caso se aplicó indebidamente dicho proveído para
negar sus pretensiones, con la consecuente inseguridad jurídica que ello implica.

48. Enfatizó que, la autoridad judicial del proceso ordinario realizó erróneamente la
aplicación retrospectiva de los nuevos precedentes judiciales, toda vez que esa figura
no es absoluta, debido a que el artículo 270 del CPACA entró en vigencia hasta el 2
de julio de 2012 y por otro lado, el reconocimiento de su pensión se le otorgó el 28 de
febrero de 2011, con el 75% del salario más alto del último año de servicios, quedando
ejecutoriado y, en consecuencia, haciendo transito a cosa juzgada administrativa.

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06084-01
Demandante: Gloria Inírida Montealegre Zarta
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda - Subsección E

49. De manera que, para el momento que se profirió la sentencia de unificación del 11
de junio de 2020, tenía a su favor una situación jurídica consolidada y no es de recibo
que a estas alturas, después de transcurridos 9 años, sea acogido dicho precedente
para su caso, argumentando que la sentencia del 4 de agosto de 2010 “desconocía el
principio de solidaridad en materia de seguridad social y la voluntad del legislador de delimitar
los factores salariales que conforman la base de liquidación”, principio que no tiene la
virtualidad suficiente para destruir el carácter de cosa juzgada administrativa que
adquirió la resolución del año 2011 que le reconoció la pensión.

50. Agregó que el a quo no hizo un estudio juicioso de su caso, toda vez que omitió
realizar el análisis de varios planteamientos incluidos en el escrito de tutela, a saber el
numeral 5.2 relacionado con la violación al principio de igualdad de trato judicial y
pensional, en el que señaló los casos de dos funcionarios de la Rama Judicial16 a
quienes se les reconoció la pensión y las condiciones han sido respetadas hasta la
fecha; sentencias que aportó con la acción de tutela, las cuales fueron proferidas en
los años 2010 y 2020, acogiendo el precepto normativo del Decreto 546 de 1971 con
el 75% de la asignación mensual más alta del último año y requiere que se estudie su
asunto de fondo, conforme a aquellos.

51. Agregó que el a quo no se pronunció sobre las sentencias de unificación ni las de
tutela, conforme a la sentencia (SU 055 de 2018) que dispone el deber de analizar y
argumentar el hecho de apartarse de los precedentes judiciales, pues lo que hizo fue
centrarse en el carácter retrospectivo de la sentencia del 28 de agosto de 2018 del
Consejo de Estado, sin ahondar en el estudio, lo cual no satisface los presupuestos de
argumentación que se exigen según la sentencia de la Corte Constitucional .

52. En razón a lo anterior, solicitó que fuera revocado el fallo de primera instancia, para
en su lugar, acceder a las pretensiones del escrito de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

53. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela interpuesta por la
señora Gloria Inírida Montealegre Zarta contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, de conformidad con los artículos 32
del Decreto 2591 de 1991 y 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015 y 333 de 2021,
modificado por el Decreto 1983 de 2017 y el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

54. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de
primera instancia del 30 de septiembre de 2021 proferida por la Sección Primera del

16 Hizo alusión a la pensión reconocida al exjuez Carlos Ernesto Gonzáles corredor mediante

sentencia de 29 de abril de 2010 y a la prestación otorgada a la señora Alicia Peá de Rodríguez
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06084-01
Demandante: Gloria Inírida Montealegre Zarta
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda - Subsección E

Consejo de Estado, por medio de cual negó la solicitud de amparo, por no encontrar
configurados los defectos sustantivo y de desconocimiento de precedente. Para
determinar lo anterior, se deberán resolver los siguientes interrogantes:

 ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
tutela contra providencia judicial?

55. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, se resolverá:

 ¿Vulneró la autoridad judicial los derechos fundamentales invocados en la
tutela, por incurrir en los defectos sustantivo y por desconocimiento del
precedente judicial, al no acceder al reconocimiento pensional con el 75% del
salario más alto devengado en el último año de servicios de la accionante como
empleada de la Rama Judicial?

56. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) generalidades
del defecto sustantivo y del desconocimiento del precedente; y (iii) análisis del caso
concreto.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

57. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 2012, 17
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema. 18

58. Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.19

59. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.

60. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201420, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la Corte

17 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente No. 2009-01328-01.

Actora: Nery Germania Álvarez Bello. M.P. María Elizabeth García González.
18 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
19 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
20 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014,

Expediente No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06084-01
Demandante: Gloria Inírida Montealegre Zarta
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda - Subsección E

Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y
reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de
derechos fundamentales, como lo señala el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el
amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

61. A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede interponer
contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado,
autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada
caso deberá probarse y, en donde el actor tendrá la carga de argumentar las razones
de la violación.

4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
4.1. Relevancia constitucional

62. En el presente caso la Sala entiende superado este requisito, por cuanto al realizar
el test de procedibilidad de la acción en relación con los supuestos fácticos de la
demanda, las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria que justifica la
protección de los derechos fundamentales de debido proceso, acceso material a la
justicia, igualdad, mínimo vital, vida digna, trabajo y a la justa pensión y seguridad
social, cuya protección solicita la parte actora, pues los considera vulnerados con la
providencia censurada que negó las pretensiones de reliquidación pensional con el
75% del salario más alto devengado en el último año de servicios de la Rama Judicial.

63. En consecuencia, el caso se debe analizar desde una perspectiva de protección
del contenido constitucionalmente vinculante de los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, los cuales
tienen ese rango, al tenor de lo dispuesto en los artículos 29 y 229 de la Carta, lo que
implica que la misma trascienda el ámbito meramente legal.

64. Así las cosas, se observa que no se trata de un debate de orden exclusivamente
legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular del derecho o
el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, de tal manera que al existir
la eventualidad de que no haya obtenido la protección de sus derechos ante el juez
contencioso administrativo, natural de la causa ordinaria, quien tenía igualmente la
obligación de constituirse en garante de los derechos fundamentales asumiendo el rol
de juez de constitucionalidad y/o de convencionalidad, puede comparecer a dicho juez,
quien deberá realizar el análisis del caso a la luz de los postulados del Estado Social
de Derecho, como garante de la dignidad humana.

65. La conclusión anterior deviene de la consideración de que el asunto es de
relevancia constitucional cuando resulta necesario verificar si subsiste la violación o
amenaza al derecho fundamental, después de haber agotado el procedimiento legal
administrativo de policía o judicial establecido por la ley para su protección.
Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la acción de tutela
tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su

14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06084-01
Demandante: Gloria Inírida Montealegre Zarta
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda - Subsección E

eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales y libertades públicas.

4.2. Tutela contra tutela

66. La Sala observa que no existe reparo alguno en cuanto hace referencia al juicio de
procedibilidad, toda vez que, frente al primero de estos aspectos, no se trata de una
tutela contra decisión de tutela, pues la providencia cuestionada fue proferida dentro
del trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado
la señora Gloria Inírida Montealegre Zarta al que se le asignó el radicado 91001-33-
33-001-2018-00088-01.

4.3. Inmediatez21

67. En relación con el acatamiento del referido requisito, no se advierte ningún
reproche, en vista de que la providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección E, fue proferida el 27 de agosto de 2021 y notificada
el 1 de septiembre del mismo año; dado que el accionante interpuso la tutela el 8 de
septiembre del 2021, la Sala considera que se presentó dentro de un término razonable
para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.

68. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 , en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los
criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial, y
reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de
los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias
judiciales.

4.4. Subsidiariedad

69. En consideración al requisito de subsidiariedad, la Sala advierte que la acción de
tutela no lo supera, por las razones que pasan a explicarse:

70. Para abordar el asunto, la Sala encuentra necesario hacer una línea del tiempo
que corresponde al derecho pensional de la demandante del proceso ordinario, quien
prestó sus servicios como juez Promiscuo Municipal desde 1º de agosto de 1976 hasta
el 30 de junio de 2017.

21 Al respecto consultarConsejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 20.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-15-
000-2019-05167-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20,
Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00;
Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-
000-2019-04693-01; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia
20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06084-01
Demandante: Gloria Inírida Montealegre Zarta
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda - Subsección E

Reconocimiento de la pensión 26.12.2007

Resolución No. 59809 del 26 de diciembre de 2007,
expedida por la gerente General de la Caja Nacional de
Previsión Social, se reconoció la pensión de la
accionante, condicionada a la fecha de retiro efectivo del
servicio activo, por valor de $3.287.869,35, efectiva a
partir del 1º de julio de 2007.

La liquidación se efetuó con el 75% del promedio de lo
devengado sobre el salario promedio de 10 años
(artículo 36, Ley 100 de 1993). “Entre el 1º de julio de
1997 y el 20 de junio de 2007”

Primera reliquidación 28.02.2011

Resolución No. PAP 040775 del 28 de febrero de 2011,
por la suma de $3.764.934,05.

En atención a la Circular 054 del 14 de diciembre de
2010 de la Procuraduría General de la Nación, a los
empelados publicos que prestaron sus servicios en la
Rama Judicial se les respetará el régimen contenido en
el Decreto 546 de 1971.

Para la liquidación se aplicó el 75% sobre el salario
promedio de asignación mensual más elevada
devengada en el último año de servicio y la inclusión de
todos los factores salariales certificados por la
Pagaduría de la Rama Judicial Secciónal del Cauca.

Descontó de las mesadas atrasadas por concepto de
aportes para pensión de factores de salarios no
efectuados.

Solicitud de reliquidación 19.12.2013

Mediante escrito presentado el 19 de diciembre de 2013
la peticionaria solicitó la reliquidación “de la pensión de
vejez que fue reconocida mediante resolución PAP
040775 de 28 de febrero de 2011 (…) calculando mi
ingreso base de liquidación más elevada del último año
de servicios, por tratarse de una pensión regida por el
Decreto 546 de 1971 y cobijarme el régimen de
transición (Rama Judicial)” y con la inclusión de los
factores salariales dispuestos en la Circular 054 de 14
de dicmebre de 2010

Acto administrativo que negó 15.01.2014
la reliquidación solicitada
Resolución No. RDP 001031 del 15 de enero de 2014,
notificada personalmente el 20 de enero de la misma

16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06084-01
Demandante: Gloria Inírida Montealegre Zarta
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda - Subsección E

anualidad.

Solicitud de reliquidación 10.02.2014

La señora Montealegre Zarta solicitó la reliquidación
pensional, en los siguientes terminos:

“(…) la reliquidación debe efectuarse teniendo en cuenta
el 75% del mes del último año de servicio de mayor
remuneración, como lo prescribe el artículo6 del Decreto
546 de 1971, incluyéndose todos los factores
devengados”

Acto administrativo que negó 13.12.2017
la reliquidación solicitada
Resolución RDP 046715 de 13 de diciembre de 2017,
negó la reliquidación reiterando que los factores a tener
en cuenta se encontraban previstos en el Decreto 1158
de1994.

Se respeta la edad, tiempoy monto del régimen anterior
(Decreto 546 de 1971), pero liquida la mesada con los
últimos 10 años de servicio o tiempo que le hiciere faltay
la inclusión unicamente de los fáctores salariales
establecidos en el Decreto 1158 de 1994.

Resolución del recurso de 17.04.2018
apelación interpuesto en sede
Relución RDP 013335 de 17 de abril de 2018, revocó la
administrativa
resolución No. 46715 de 13 de diciembre de 2017, que
negó la reliquidación solicitada, para en su lugar,
reliquidar la pensión de vejez con la cuantía $6.265.354.

Para determinar el IBL da cumplimiento al artículo 21 de
la Ley 100 de 1993, aplicando el 75% sobre el ingreso
base de liquidación conformado entre el 1º de julio de
2007 y el 30 de junio de 2017, con los factores bases
establecidos en el Decreto 1158 de 1994

Lo anterior, con base en el argumento dispuesto en la
sentencia de la Corte Constitucional C-258 de 2013,
para llegar a la conclusión de que:

"[E]s claro que al aplicar los líneamientos señalados por
la Corte Constitucional el valor de la mesada pensional
del interesado desmejoraríapor lo tanto no es posible
acceder a la solicitud de reliquidación con la asignación
más elevada en el último año de servicios, con el 75%.

Por lo anterior es necesario manifestar que es
procedente la reliquidaciónde la pensión pero de
conformidad con los nuevos lineamientos señalados por
la Corte Constitucional, es decir conel promedio de los
salarios o rentas devengadosen los últimos 10 años de

17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06084-01
Demandante: Gloria Inírida Montealegre Zarta
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda - Subsección E

servicio”

Efectiva a partir del 1º de julio de 2017 pero con efectos
fiscales una vez se demuestre el retiro defenitivo.

Sentencia de primera Sentencia dictada por el Juzgado Único
instancia de nulidad y Administrativo del Circuito Judicial de Leticia, que
restablecimiento del derecho. negó las pretensiones al considerar que en la resolución
demandada se aplicó el régimen especial consagrado en
el Decreto 546 de 1971, porque a la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993 la demandante contaba con más
de 35 años de edad y había laborado por más de 10
años al servicio de la Rama Judicial, de tal manera que
cumplía las condiciones del régimen de transición, en lo
que respecta a la edad, tiempo de servicio y monto,

Sin embargo, en lo concerniente al IBL tuvo en cuenta lo
señalado en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993,
determinando que correspondía liquidar con el 75%
sobre el ingreso base de liquidación entre el 1º de julio
de 2007 y el 30 de junio de 2017, conforme los
precedentes judiciales establecidos por la Corte
Constitucional y por el Consejo de Estado que disponen
que el IBL de las pensiones causadas bajo el régimen de
transición no se liquida conforme a la normatividad
anterior (Ley 546 de 1971) sino según lo dispone el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con la inclusión de los
factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994, sobre
los que se hubieren realizado aportes pensionales
conforme a derecho.

Sentencia de segunda 27 de agosto de 2021
instancia
Tribunal Administrativo de Cundinarmarca Sección
Segunda Subsección E, confirmó la decisión de primera
instancia, dispuso que a la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, correspondía dar alcance al
contenido del Decreto 546 de 1971, pero solamente
en lo concerniente con aspectos relacionados con
la edad, el tiempo de servicios o las semanas
cotizadas y el monto de la pensión y, no para
confirmar el IBL, porque en esta materia se debe dar
aplicación al inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100
de 1993, en concordancia con el artículo 21
ejusdem y el Decreto 1158 de 1994 y sobre aquellos
factores salariales que realizó los aportes conforme
al precedente judicial del Consejo de Estado
adoptado en las sentencias de unificación del 28 de

18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06084-01
Demandante: Gloria Inírida Montealegre Zarta
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda - Subsección E

agosto de 2018 y el 11 de junio de 2020.
Nótese que esta sentencia se dictó con posterioridad al
28 de agosto de 2018 cuando se había dispuesto por la
Sala Plena del Consejo de Estado que no era posible
reliquidar pensiones incluyendo factores sobre los
cuales no se hubieran realizado aportes.

71. Como se expuso, la señora Gloria Inírida Montealegre Zarta presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de
obtener la reliquidación de la pensión conforme a la reconocida en la Resolución PAP
040775 de 28 de febrero de 2011, que dispuso la liquidación sobre el 75% con el
salario más alto devengado en el último año de servicios y con todos los factores
salariales de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 546 de 1971, régimen
aplicable a los empleados de la Rama Judicial.

72. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial para
obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte actora considera
vulnerados, la Sala precisa que la accionante agotó el recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, que corresponde al medio de impugnación ordinario
que procedía, en el cual argumentó que no se respetó el derecho adquirido que se
había consolidado mediante el acto administrativo PAP 040775 de 2011, con la
aplicación del 75% de la asignación más elevada del último año y con la inclusión de
todos los factores salariales, disponiendo el descuento por concepto de aportes para
pensión sobre los factores salariales que no cotizó, el cual quedó debidamente
ejecutoriado.

73. Agregó que, pese a que dicho acto ya había consolidado su derecho,
posteriormente mediante la Resolución 13335 de 2018, la UGPP modificó y estableció
el IBL sobre los últimos 10 años laborados, con lo cual cometió un acto ilegal de
manera unilateral con desconocimiento del derecho a su prestación, pues no contó
con su manifestación para realizar dicho cambio, con el argumento de la aplicación de
las sentencias del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, proferidas con
posterioridad a su derecho pensional y, por otro lado, dejando de aplicar la
jurisprudencia vigente para su caso particular.

74. Al respecto advierte la Sala que, en lo atiente a que se revocó unilateralmente y
sin el consentimiento de la demandante, el acto administrativo PAP 040775 de 2011,
encuentra que este argumento no lo incluyó en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, esto es, no indicó como causal de nulidad del acto
administrativo que el mismo hubiera sido revocado sin el consentimiento expreso y
escrito del particular, motivo por el cual no les correspondía a los jueces realizar un
pronunciamiento sobre este aspecto, siendo en consecuencia un argumento nuevo
sobre el cual las partes del proceso no tuvieron oportunidad de pronunciarse, por lo
que no concurre con respecto al mismo el requisito de subsidiariedad.

19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06084-01
Demandante: Gloria Inírida Montealegre Zarta
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda - Subsección E

5. Generalidades de los defectos alegados

5.1. Defecto sustantivo

75. La Corte Constitucional22, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar
la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos
de la razonabilidad jurídica”23.

76. Puntualmente, el defecto sustantivo lo configuran los siguientes supuestos: el
fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto,
por impertinente24 o porque ha sido derogada25, es inexistente26, inexequible27 o se le
reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador28.

77. La Corte Constitucional también ha previsto los siguientes supuestos para la
configuración del defecto referido: no se hace una interpretación razonable de la
norma29; la disposición aplicada es regresiva30 o contraria a la Constitución31; el
ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la
disposición32; la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma33;
se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o
justificó de manera insuficiente su actuación.

78. Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de
un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente.

5.2. Generalidades del desconocimiento del precedente

79. La Sala precisa que constituye precedente aquella regla creada por una Alta
Corte para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un

22 Corte Constitucional, Sentencia SU-195, 12.03.12, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio
23 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU.159, 06.03.02, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa;
Sentencia T-043, 27.01.05, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; Sentencia T-295, 31.03.05, M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa; Sentencia T-657, 10.08.06, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra;
Sentencia T-686, 31.08.07, M.P. Jaime Córdoba Triviño; Sentencia T-743, 24.07.06, M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa, Sentencia T-033, 01.02.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, Sentencia T-792,
01.10.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, entre otras.
24 Corte Constitucional, Sentencia T-189, 03.03.05, M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
25 Corte Constitucional, Sentencia T-205, 04.03.04, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
26 Corte Constitucional, Sentencia T-800, 22.09.06, M.P. Jaime Araújo Rentería.
27 Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
28 Corte Constitucional, Sentencia SU-159, 06.03.02, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

29 Corte Constitucional, Sentencias T-051, 30.01.09, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101,

28.10.2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
30 Corte Constitucional, Sentencia T-018, 22.01.08, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
31 Corte Constitucional, Sentencia T-086, 08,02,07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

32 Corte Constitucional, Sentencia T-231, 13.04.94, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
33 Corte Constitucional, Sentencia T-807, 26.08.04, M.P. Clara Inés Vargas

20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06084-01
Demandante: Gloria Inírida Montealegre Zarta
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda - Subsección E

número plural de decisiones en el mismo sentido para que dicha regla sea considerada
como precedente. También se considera que constituyen precedente las sentencias
de constitucionalidad y las sentencias de unificación expedidas tanto por la Corte
Constitucional, como por el Consejo de Estado.

80. Sin embargo, resulta necesario advertir que “…debe aceptarse que no todas las
decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes, generan una regla o subregla, pues son
el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sin una actividad
creadora del juez”34

6 Caso concreto

81. En este orden de ideas, se tiene que la accionante afirma que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E, mediante
sentencia del 27 de agosto de 2021, que confirmó la decisión dictada el 16 de octubre
de 2020 por el Juzgado Único Administrativo del Circuito de Leticia, que negó las
pretensiones en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la UGPP, vulneró sus derechos fundamentales de debido proceso,
acceso material a la justicia, igualdad, mínimo vital, vida digna, trabajo, además a la
justa pensión y seguridad social.

82. Del escrito de tutela se logró inferir que la parte actora propone que la autoridad
judicial demandada, al proferir la sentencia incurrió en defecto sustantivo, y
desconocimiento del precedente judicial por las razones expuestas del numeral 16
al 23 de la presente providencia.

83. En lo que respecta al defecto sustantivo, por los argumentos que a continuación
se exponen, la Sala no encuentra motivos para establecer que el operador judicial dejó
de aplicar la norma correspondiente para la solución del caso en concreto o que el
ejercicio hermenéutico que realizó fue contrario a los mínimos de razonabilidad jurídica
exigidos por el juez de tutela, toda vez que la decisión proferida se encuentra
debidamente justificada y sustentada conforme a derecho.

84. En efecto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección E llevó a cabo el ejercicio de delimitar la normatividad aplicable al caso
concreto, en primer lugar, señaló, que el régimen pensional que cobijaba a la
demandante correspondía al Decreto 546 de 1971, porque aquella se encontraba
vinculada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

85. Dicho régimen fue acogido en lo que respecta a la edad, tiempo de servicios o las
semanas cotizadas y al monto de la pensión, más no para conformar el IBL debido a
que para calcularlo se realizó conforme a lo enunciado en el inciso 3º del artículo 36

34 Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.

11001-03-15-000-2013-02690-01.

21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06084-01
Demandante: Gloria Inírida Montealegre Zarta
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda - Subsección E

de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 21 ejusdem y el Decreto 1158
de 1994, teniendo en cuenta los factores salariales sobre los cuales la actora realizó
los aportes, conforme al precedente sentado por el Consejo de Estado en las
sentencias de unificación del 28 de agosto de 2018 y del 11 de junio de 2020.

86. Por lo tanto, frente a la decisión del juez ordinario, es dable afirmar que la autoridad
accionada, contrario a lo expuesto en el escrito de tutela, sí tuvo en cuenta que la
señora Gloria Inírida Montealegre Zarta se le mantuviera el régimen contemplado en
el Decreto 546 de 1971, pero ello únicamente resultaba aplicable en cuanto a la edad,
monto y semanas de cotización, sin incluir el Ingreso Base de Liquidación exigido por
la demandante; por tal motivo, los factores salariales que conforman la base de
liquidación pensional, son los enunciados expresamente por el régimen vigente, esto
es, el de la Ley 100 de 1993, razón por la cual no se configura el cargo alegado.

87. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala no encuentra que la providencia proferida
por la autoridad judicial accionada esté revestida de arbitrariedad o capricho, en la
medida en que la interpretación y aplicación de las disposiciones normativas sobre el
régimen pensional que cobija a los funcionarios de la Rama Judicial, fueron producto
de un razonable proceder hermenéutico por parte del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, como se ha demostrado.

88. Con respecto a la labor del juez de tutela en los casos en los que debe estudiar de
fondo la existencia o no de un defecto sustantivo, es menester traer a colación lo
señalado por la Corte Constitucional en sentencia T-192 del 17 de abril de 2015,
pronunciamiento mediante el cual se precisa que el operador jurídico se enfrenta a
múltiples posibilidades hermenéuticas en su labor de interpretación y aplicación de
normas a un caso en específico.

89. En tal sentido, argumenta el Máximo Tribunal que no es labor del juez
constitucional señalar cuál de tales posibilidades es la “correcta” o aquella que más
conviene en un caso en concreto, pues ello vulneraría la independencia y autonomía
con la que cuenta el juez en el trámite ordinario; no obstante, dicha autonomía
encuentra su límite en las interpretaciones arbitrarias o caprichosas que pueda llevar
a cabo y, por tanto, el juez constitucional debe constatar, caso a caso, que el ejercicio
hermenéutico del juez se ajusta a una interpretación razonable de la Constitución, la
ley y los precedentes sobre la materia.

90. De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que abordar una discusión sobre la
especificidad legal de la materia estudiada implicaría, en el presente caso, trascender
la órbita en la que debe actuar el juez constitucional, toda vez que ya se ha advertido
que el Tribunal Administrativo Cundinamarca -Sección Segunda – Subsección E, actuó
conforme a derecho y su proceder argumentativo estuvo acorde con los mínimos de
razonabilidad jurídica.

91. En ese orden de ideas, esta Sala también comparte el argumento del el a quo
constitucional en el que se señaló que no le asiste razón a la actora, cuando afirma

22
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06084-01
Demandante: Gloria Inírida Montealegre Zarta
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda - Subsección E

que tenía “un derecho adquirido o una situación jurídica consolidada, dado que para que
se pueda predicar dicha figura es necesario que hubiese operado el fenómeno de la cosa
juzgada, lo cual es claro que en el sub examine no había ocurrido, por ende, era plenamente
aplicable la sentencia de unificación de 11 de junio de 2020, puesto que la controversia se
encontraba en trámite para la fecha en que se fijaron las nuevas reglas jurisprudenciales”.

92. Agrega la Sala que el Tribunal tutelado argumentó en la sentencia censurada que
no pasó por alto el hecho de que mediante la resolución 040775 de 28 de febrero de
2011 se había liquidado la prestación de la demandante, sin embargo de las pruebas
recaudadas se logró determinar que posteriormente fue reliquidada la prestación a
través de la Resolución 013335 de 17 de abril de 2018, acorde con la cual se resolvió
un recurso de reposición interpuesto por la parte actora contra la Resolución 46715
que le había negado la reliquidación pensional solicitada, para en su lugar, reliquidarla
bajo los nuevos parámetros fijados por el Consejo de Estado, en la medida en que
continuaba en controversia dicho reconocimiento.

93. De manera que no le asiste razón a la tutelante al afirmar que tenía un derecho
consolidado comoquiera que, a petición de parte, se solicitó la reliquidación pensional
y al realizar el estudio se determinó que para ese momento regían las nuevas
disposiciones contenidas en los precedentes judiciales de la Sala Plena de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.

94. Respecto al cargo de desconocimiento del precedente judicial, es menester
precisar que el defecto que fue alegado por la accionante, en el sentido de considerar
que se aplicó indebidamente el precedente jurisprudencial de las sentencias de
unificación del 28 de agosto de 201835 y del 11 de junio de 2020, proferidas por la Sala
Plena del Consejo de Estado; expresó la demandante que dichas providencias fueron
emitidas con posterioridad al reconocimiento de su pensión como empleada de la
Rama Judicial, por lo cual no era posible que se aplicaran a su caso, comoquiera que
la sentencia que la cobijaba, era la proferida por la misma Corporación, el 4 de agosto
de 2010.

95. En este sentido advierte la Sala que, el Tribunal tutelado de manera razonada
argumentó que no era aplicable al caso bajo debate la sentencia de 4 de agosto de
2010, toda vez que esa posición había variado con la sentencia de unificación proferida
por el Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018, en la que fijó las subreglas
consistente en que aquellos factores salariales que se deben incluir en el IBL
corresponden únicamente sobre los cuales se efectuaron aportes o cotizaciones al
sistema de pensiones, línea jurisprudencial que fue acogida en la nueva sentencia de
unificación del 11 de junio de 2020, que se refiere específicamente al régimen especial
de los servidores de la Rama Judicial36 y acoge el criterio de retrospectividad, siempre

35 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia del 28.08.18., M.P. Cesar Palomino Cortés, Rad. 52001-

23-33-000-2012-00143-01 (2120821)
36 criterio que adecuó el Tribunal tutelado conforme a la sentencia de 25 de marzo de 2021 (Consejo de

Estado, Sección Segunda. Sentencia 2013-00426-01, marzo 21 de 2021 M.P. Cesar Palomino Cortes)

23
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06084-01
Demandante: Gloria Inírida Montealegre Zarta
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda - Subsección E

y cuando se encuentre en debate el derecho que se solicita.

96. Siguiendo con los reparos presentados por la parte actora, en lo que concierne a
la afirmación que se acogiera el criterio de la sentencia de unificación del Consejo de
Estado proferida “el 4 de agosto de 2010”, encuentra la Sala que conforme al material
probatorio el Tribunal tutelado encontró que la nueva reliquidación se efectuó debido
a que el asunto no se encontraba en firme, razón por la cual no se había consolidado
el derecho pensional de la demandante, aunado a que la misma estaba “condicionada
al retiro definitivo de la funcionaria”, por lo que acogió los postulados jurisprudenciales
vigentes al momento de tomar la decisión.

97. Es así, que dentro de la providencia objeto de estudio se analizó y se determinó
que resultaba vinculante y obligatorio el precedente judicial fijado por el Consejo de
Estado en la sentencia del 11 de junio de 2020 y no aquel vigente a la fecha de la
interposición de la demanda o la adquisición del estatus pensional por parte de la
accionante, comoquiera que en la misma providencia se estableció el carácter
retrospectivo sobre aquellos asuntos similares que se encuentran en trámite en los
juzgados, tribunales y Consejo de Estado, como acorre en efecto con el caso objeto
de análisis.

98. En ese orden, la autoridad judicial no desconoció el precedente aplicable al caso,
de conformidad con la regla establecida en la providencia, y en consecuencia no se
configuró el defecto alegado, además, tampoco se le vulneró su “derecho adquirido”.

99. Adicionalmente, la Sala procede a referirse sobre las providencias consideradas
como desconocidas, en el siguiente orden: i) Sentencias T de la Corte Constitucional
(T-189 de 2001; T-571 de 2002; T- 631 de 2002; T- 180 de 2008, “entre otras”), ii)
sentencia de 29 de abril de 2010 del Consejo de Estado (exp.
25000232500020040273201), relacionada con el caso del “ex juez Carlos Ernesto
Gózales Corredor”, a quien se le otorgó la pensión con el 75% del salario más alto
devengado en el último año con la inclusión de todos los factores salariales y; iii) la
sentencia de 18 de noviembre de 2020 del Consejo de Estado (Exp. 25000),
concerniente al asunto de la señora “Alicia Peña Rodríguez”, a quien se le respetaron
las condiciones de su prestación, en la medida en que la situación ya estaba definida
por la administración, entonces no podían variarse las condiciones por cuanto la
demandante contaba con derechos adquiridos, toda vez que la decisión había cobrado
firmeza.

100. En relación con las sentencias que refiere la accionante en el escrito introductorio
y, reitera en la impugnación, relacionadas con el presunto desconocimiento de las
sentencias de tutela de la Corte Constitucional: (T-189 de 2001; T-571 de 2002; T- 631
de 2002; T- 180 de 2008, “entre otras”), la Sala considera que este defecto no tiene
vocación de prosperidad, dado que las providencias proferidas en trámites de acciones
de tutela no establecen reglas jurisprudenciales vinculantes para las autoridades
judiciales, comoquiera que no fueron proferidas por la Sala Plena de la Corte
Constitucional sino por sus salas de revisión, razón por la cual no se puede predicar
24
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06084-01
Demandante: Gloria Inírida Montealegre Zarta
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda - Subsección E

un presunto desconocimiento de los fallos mencionados por la señora Gloria Inírida
Montealegre Zarta, por parte de la autoridad judicial accionada.

2.7.1.3.1. Sentencias de 29 de abril de 2010, dictadas por el Consejo de Estado
con ponencia del magistrado Luis Rafael Vergara Quintero (exp.
25000232500020040273201)

101. En relación con este proveído, el cual considera la accionante que se desconoció,
la sala constata que no guardaría identidad fáctica con el caso bajo estudio, porque el
asunto que se abordó correspondió a un ex funcionario de la Rama Judicial con
circunstancias jurídicas distintas a las de la accionante, comoquiera que en su
momento el señor Carlos Ernesto González Corredor demandó el acto ficto o presunto
que le negó la reliquidación pensional conforme al Decreto 546 de 1971, aunado a que
por medio de la Resolución No. 7990 de 22 de abril de 2003 se le reconoció la pensión
sin tener en cuenta el tiempo prestado al servicio oficial durante más de 20 años y
encontrándose retirado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, faltando solamente el cumplimiento del requisito de la edad37.

102. En ese caso, se concluyó que no se tuvo en cuenta la excepción señalada en la
Ley 33 de 1985 en cuanto al régimen especial de que gozan los empleados de la Rama
Jurisdiccional y del Ministerio Público (Decreto 546 de 1971, 717 de 1978, modificado
por el Decreto 911 de la misma fecha).

103. Lo anterior, quiere decir que el ex funcionario consolidó su derecho pensional con
anterioridad a que entrara en vigencia la Ley 100 de 1993 y sobre la materia se profirió
sentencia el 29 de abril de 2010, en la que se tomaron las disposiciones vigentes para
la época.

104. Caso que difiere del asunto objeto de debate, comoquiera que la accionante del
vocativo de la referencia al momento que se tomaron las disposiciones del régimen
pensional aplicable a su caso, se hizo conforme a la norma especial (Decreto 546 de
1971), pero en lo que respecta con la edad, el tiempo de servicios o las semanas
cotizadas y el monto de la pensión y, no para conformar el IBL, porque en esta materia
se dio aplicación al artículo 21 y al inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
además al Decreto 1158 de 1994 y, sobre los factores salariales en los que había
realizado los aportes conforme al precedente judicial del Consejo de Estado adoptado
en las sentencias de unificación del 28 de agosto de 2018 y el 11 de junio de 2020.

37 Se identificó que en dicho asunto, el actor prestó sus servicios a la Rama Judicial desde el 13 de

enero de 1969 hasta el 30 de marzo de 1992, lo que quiere decir que para el 1º de abril de 1994, cuando
entró a regir el sistema pensional de la Ley 100 de 1993, ya había consolidado el derecho a la pensión
especial de la Rama Judicial y sólo le faltaba cumplir la edad de 55 años, lo cual ocurrió el 2 de julio de
2001 (nació en el año 1946)

25
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06084-01
Demandante: Gloria Inírida Montealegre Zarta
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda - Subsección E

2.7.1.3.6. Sentencia del 18 de noviembre de 2020, dictada por el Consejo de
Estado, con ponencia del magistrado William Hernández Gómez (Exp. 25000)

105. Por otro lado, respecto de la sentencia proferida por esta Corporación,
concerniente al asunto de la señora “Alicia Peña Rodríguez”, la cual considera la
accionante que se desconoció, no guarda identidad fáctica con el caso bajo estudio;
porque el asunto que se abordó correspondió a una persona pensionada que solicitó
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento la inclusión en nómina
de la pensión de vejez conforme al monto que le había sido reconocido mediante la
Resolución 020240 de 16 de junio de 2011, toda vez que la suma fue modificado por
una inferior, por la entidad demandada, en la medida en que expidió actos
administrativos posteriores, pese a que la resolución antedicha había quedado en
firme, además de que la señora Alicia Peña Rodríguez no había pedido en ningún
momento la reliquidación de su pensión.

106. Advierte la Sala que dentro de las pretensiones de dicho asunto no se encuentra
la reliquidación de la prestación ni en sede administrativa ni en sede judicial, de manera
que no guarda relación con el asunto que se estudia en el vocativo de la referencia.

107. En consecuencia, es preciso concluir que el defecto por el presunto
desconocimiento del precedente no es de recibo, toda vez que las consideraciones
de las sentencias traídas a colación resultan improcedentes como para desvirtuar la
valoración realizada por el Tribunal, como quedó visto en líneas anteriores.

108. Como consecuencia de lo expuesto, se confirmará la sentencia del 30 de
septiembre de 2021 que negó la acción de tutela interpuesta por la señora Gloría
Inírida Montealegre Zarta, por las razones expuestas en precedencia, toda vez que no
hay lugar para conceder el amparo constitucional, pues se desestima la configuración
de defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial en la providencia
censurada.

109. Finalmente, la Sala encuentra que la señora Gloria Inírida Montealegre allegó un
memorial el 14 de diciembre de 2021, en el que pretende que se tenga en cuenta otra
sentencia proferida por el Consejo de Estado (expediente 2500023420002014042555-
01), lo cual constituye un argumento nuevo que no fue expuesto en el escrito inicial del
vocativo de la referencia, por lo que la Sala no abordará su análisis, toda vez que de
aceptarse, se afectaría el derecho de contradicción y defensa de las demás partes.

2.8. Conclusión

110. La Sala, por un lado, declarará la improcedencia por no cumplir con el requisito
de subsidiariedad de la presente tutela contra providencia judicial en lo atinente al
cuestionamiento que no fue puesto de presente dentro del trámite ordinario, esto es,
el concerniente a la decisión de la administración de haber revocado unilateralmente
el acto por el cual le fue reliquidada su pensión en el año 2011 (Resolución PAP
040775), y por otro, negará el amparo de los derechos solicitados, toda vez que se

26
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06084-01
Demandante: Gloria Inírida Montealegre Zarta
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda - Subsección E

concluye que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, al proferir la sentencia censurada, no incurrió en los defectos sustantivo
ni desconocimiento del precedente judicial y, en consecuencia, no vulneró los
derechos fundamentales invocados.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia del 30 de septiembre de 2021
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, para
en su lugar, declarar IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora
Gloria Inírida Montealegre Zarta, de conformidad con los argumentos expuestos en el
numeral 4.4. de la parte considerativa de esta providencia y confirmar la decisión de
NEGAR la solicitud de amparo presentado, por las razones expuestas en este
proveído.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(con aclaración de voto)

ROCÍO ARAUJO OÑATE
Magistrada

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

27
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.