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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02428-01

Fecha
29 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02428-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 46 Número único de radicación: 110010315000 2022 02428 01 Actora: GLENIS ORTIZ MARRUGO TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-02428-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

29 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000 2022 02428 01
Referencia: Acción de tutela
Actora: GLENIS ORTIZ MARRUGO

TESIS: SE CONFIRMA SENTENCIA QUE DENEGÓ EL AMPARO. LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA EXPLICÓ DE FORMA
SUFICIENTE LA IMPROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LA
EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD SOLICITADA. DE IGUAL
FORMA INDICÓ LAS RAZONES POR LAS CUALES ESTIMABA QUE LOS
PRECEDENTES INVOCADOS NO ERAN APLICABLES.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al no haber obtenido la mayoría de votos el proyecto de fallo

presentado a consideración de la Sala por el Consejero doctor

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, se procede a decidir la impugnación

interpuesta por la actora contra la sentencia de 26 de mayo de 2022,

mediante la cual la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL

2

Número único de radicación: 110010315000 2022 02428 01
Actora: GLENIS ORTIZ MARRUGO

CONSEJO DE ESTADO1 denegó el amparo pretendido en la acción

de tutela de la referencia.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La señora GLENIS ORTIZ MARRUGO, actuando en nombre propio,

en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de

justicia y a los principios de seguridad jurídica y prevalencia del

derecho sustancial sobre las formas, los cuales, a su juicio, le fueron

vulnerados por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL

DEL CIRCUITO JUDICIAL DE SANTA MARTA2 y el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA3, al proferir las sentencias

de 27 de enero y 3 de noviembre de 2021, dentro del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el

número único de radicación 470013333001 2017 00274 01.

1
En adelante SECCIÓN SEGUNDA.
2
En adelante el JUZGADO.
3
En adelante el TRIBUNAL.

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Actora: GLENIS ORTIZ MARRUGO

I.2.- Hechos

Comentó que mediante el Decreto Ley 1539 del 17 de julio de 20124,

el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades

extraordinarias otorgadas en el parágrafo 1 del artículo 152 de la Ley

1530 de 20125, estableció una planta temporal de empleos en la

Contraloría General de la República6.

Explicó que a través de la Resolución núm. 2313 de 6 de septiembre

2012, el Contralor la nombró en el cargo de profesional especializado,

nivel profesional, grado 3 en la Gerencia Departamental del

Magdalena, adscrito a la Planta Temporal de Empleos de la entidad.

Indicó que por medio del artículo 42 del Decreto Ley 2190 de 28 de

diciembre 20167, el Gobierno Nacional prorrogó hasta el 31 de

diciembre de 2018 la planta temporal de la Contraloría para el

Sistema General de Regalías y facultó al Contralor para reducir,

suprimir o refundir los empleos, para ajustarlos a las nuevas

disposiciones presupuestales.

4
“Por el cual se establece una planta temporal de empleos en la Contraloría General de la República”
5
Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías
6
En adelante la Controlaría.
7
Por el cual se decreta el Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1° de enero
de 2017 al 31 de diciembre de 2018.

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Actora: GLENIS ORTIZ MARRUGO

Aseguró que mediante la Resolución núm. 81117-00971 de 6 de abril

de 2017, el Contralor ordenó su retiro del servicio motivado en la

insuficiencia de la apropiación presupuestal para financiar el empleo

y la facultad prevista en el artículo 42 del Decreto Ley 2190 de 2016

aludido.

Manifestó que promovió el medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho contra la Contraloría, con la finalidad de

discutir la legalidad del acto administrativo que dispuso su retiro,

partiendo del hecho de que, en su sentir, no podía haberse aplicado

una facultad discrecional dado que el empleo no era de libre

nombramiento y remoción.

Adujo que el proceso aludido fue identificado con el número único de

radicación 470013333001 2017 00274 00 y atribuido para su trámite

en primera instancia al JUZGADO que, a través de auto de 20 de

febrero de 2018, admitió la demanda y dispuso dar el trámite

respectivo.

Sostuvo que a través de memorial de 12 de marzo de 2019, solicitó

al JUZGADO que hiciera un control de constitucionalidad por vía de

excepción al acto administrativo demandado y se dispusiera la

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inaplicación del parágrafo del artículo 42 del Decreto Ley 2190 de

2016, en el que se facultó al Contralor para modificar la planta de

empleos temporales, por contravenir lo establecido en los artículos

121, 150 y 268 de la Constitución Política y 21 y 41 de la Ley 909 de

23 de septiembre 20048, de acuerdo con el examen jurídico realizado

por la Corte Constitucional en la sentencia C-527 de 2017, que dejó

sin piso la motivación de insuficiencia de apropiación presupuestal

como justificación para el retiro del servicio.

Anotó que, a través de sentencia de 27 de enero de 2021, el

JUZGADO negó las pretensiones de la demanda, “[…] y de la forma

más escueta, en un llano párrafo evadió estudiar y analizar de fondo

la solicitud de control por vía de excepción formulada por este

extremo in extenso […]”.

Arguyó que interpuso el recurso de apelación respectivo ante el

TRIBUNAL solicitando además la aplicación de la sentencia C-483

de 19 de noviembre de 2020 “[…] que declaró la inexequibilidad del

artículo 38 de la Ley 1942 de 2018, disposición que daba cuenta de

la creación de una planta temporal en la Contraloría General de la

8
“Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones”.

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República, y que precisamente le otorgaba facultades –como aquí

acontece– al Contralor General para suprimir cargos temporales en

dicho órgano […]”.

Explicó que mediante sentencia de 3 de noviembre de 2021 el

TRIBUNAL confirmó la providencia recurrida, al dar aplicación al

artículo 42 del Decreto Ley 2190 de 2016 pese a ser contrario a la

Constitución.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Arguyó que el presente caso reviste de relevancia constitucional en

la medida que se cuestiona una sentencia judicial que desconoce los

derechos deprecados al no aplicar la excepción de

inconstitucionalidad al artículo 42 del Decreto 2190 de 2016, por

contravenir “[…] lo dispuesto en el artículo 268 ordinales núm. 9 y

núm. 10 de la Constitución Política, en consonancia de lo preceptuado

en el ordinal núm. 7º del artículo 150 ibídem, que establece la

competencia del Congreso de la República para regular la

organización y funcionamiento de la Contraloría General de la

República […]”.

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Explicó que el TRIBUNAL incurrió en el defecto sustantivo y

violación directa de la Constitución al haber dado alcance al

artículo 42 del Decreto Ley 2190 de 2016, sin efectuar un control de

constitucionalidad vía excepción, conforme con el artículo 4 de la

Carta Política.

Argumentó que el TRIBUNAL desconoció que el Gobierno Nacional

carece de competencia para atribuirle al Contralor la función para

suprimir cargos de la entidad, como lo hizo a través del artículo 42

del Decreto Ley 2190 de 2016.

Manifestó que la “[…] Constitución instruyó al Congreso de la

República ser el órgano responsable y competente de determinar la

estructura de la administración nacional y aprobar toda reforma de

las plantas de personal de las entidades nacionales (art. 150 núm.

7), en tal virtud, le corresponde mediante ley la organización y

funcionamiento de la Contraloría General de la República (art. 268

núm. 9), determinar su régimen especial de carrera administrativa

para la selección, promoción y retiro de sus funcionarios (art. 268

núm. 10) […]”.

Sostuvo que el Decreto Ley 2190 de 2016 estaba dirigido a fijar el

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presupuesto del sistema general de regalías, por lo cual el contenido

del artículo 42 de dicha norma, al revestir al Contralor de facultades

para modificar su planta de personal, desconoce el principio de

unidad de materia, conforme con lo dispuesto por la Corte

Constitucional en sentencia C-483 de 2020 también desconocida.

Comentó que, además, el TRIBUNNAL dio una interpretación errada

a los artículos 21 y 41 de la Ley 909 de 2004, que prevén el

procedimiento y causales taxativas para la desvinculación de los

empleados temporales.

Aclaró que “[…] si bien estos servidores desempeñan un empleo cuya

naturaleza no es de carrera administrativa, sí están cobijados en

tanto su vinculación, permanencia y retiro del servicio por las

disposiciones previstas en la Ley 909 de 2004, en especial, al prever

la aplicación de las causales de desvinculación dispuestas en los

artículos 21 y 41 […]”.

Anotó que el TRIBUNAL incurrió en desconocimiento del

precedente judicial contenido en la sentencia C-527 de 2017 en la

cual la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad parcial del

artículo 6 del Decreto Ley 894 de 2017, en lo que concernía con la

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causal de retiro de los empleos de carácter temporal por la falta de

disponibilidad presupuestal.

Apuntó que el artículo 6° del Decreto Ley 894 de 2017 presenta el

mismo contenido de materia que el artículo 42 del Decreto Ley 2190

de 2016, esto es, la creación de una nueva causal de retiro del

servicio de los empleos temporales, por lo que debió aplicarse dicho

precedente.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la accionante pretende lo

siguiente:

“[…] PRIMERA: Por ser esta acción el mecanismo idóneo y
definitivo ruego a los Honorables Consejeros de Estado,
AMPARAR mis derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
(art 29 CP), al ACCESO EFICAZ A LA ADMINISTRACIÓN de
JUSTICIA (art. 228 y 229 C.P.), SEGURIDAD JURÍDICA,
PRIMACÍA DEL DERECHO SUSTANCIAL ANTE EL PROCESAL,
vulnerados con la Sentencia de fecha 3 de noviembre de 2021 -
notificada vía correo electrónico el día 25 de noviembre de 2021-
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena
magistrado ponente Dr. Adonay Ferrari Padilla dentro del
proceso radicado Nº 4701333300120170027400, en cuanto
incurre en los defectos material o sustantivo, desconocimiento
del precedente judicial y violación directa de la Constitución.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN
EFECTO la sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena de fecha 3 de noviembre

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de 2021; en su lugar, se le ORDENE a éste operador judicial en
un término prudencial y razonable que su Señoría considere,
proferir una nueva sentencia de reemplazo en la cual se declare
la EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD suma expresión de
la inaplicación del artículo 42 del Decreto 2190 de 2016 en el
sub judice, y se adopte una decisión que en derecho corresponda
al amparo de garantizar el respeto de la Constitución Política, el
derecho al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, así como, las pretensiones de la demanda, vulnerado
por esa agencia judicial […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que, en su sentir, la actora pretende

utilizar la acción de tutela como una instancia adicional para hacer

variar una decisión que fue proferida conforme a derecho.

Indicó que al proferir la sentencia cuestionada, tuvo en cuenta que

para que proceda la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad

es necesario que la incompatibilidad entre la Constitución y la norma

cuestionada sea manifiesta, es decir, que resulte evidente.

Manifestó que, bajo dicha premisa, determinó que al cotejar las

normas invocadas por la actora con el artículo 42 del Decreto Ley

2190 de 2016, no surgía con claridad la presunta incompatibilidad

que aquella alegaba.

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Concluyó que, en ese orden de ideas, al no estructurarse las causales

genéricas de procedibilidad de la acción de tutela, sin que se advierta

vulneración alguna a los derechos deprecados, la solicitud de amparo

de la referencia debe ser declarada improcedente.

I.5.2.- El JUZGADO hizo un relato de las actuaciones procesales que

se surtieron en el trámite ordinario origen de la controversia y remitió

el expediente electrónico respectivo, sin pronunciarse sobre los

argumentos de la acción de tutela.

I.5.3.- La CONTRALORÍA, vinculada en calidad de tercera con

interés directo en las resultas del proceso, indicó que la sentencia

cuestionada no incurrió en ninguno de los defectos alegados, porque

el TRIBUNAL motivó con precisión las razones por las cuales no era

aplicable la excepción de inconstitucionalidad y explicó de forma

suficiente los motivos por los cuales se denegaron las pretensiones

de la demanda.

Agregó que, además, la interpretación que el TRIBUNAL hizo de las

fuentes jurídicas aplicables fue razonable y concordante con las

pruebas y argumentos planteados por las partes, por lo que solicitó

denegar el amparo solicitado.

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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 26 de mayo de 2022, luego de advertir que la

acción de tutela de la referencia cumplía con los requisitos generales

de procedibilidad, la SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación

efectuó el estudio del fondo del asunto y denegó el amparo

pretendido.

Para tal efecto, indicó que, en relación con el defecto sustantivo,

advertía que “[…] contrario a lo afirmado por la accionante, en la

providencia objeto de censura el Tribunal Administrativo del

Magdalena, al resolver el recurso de apelación que confirmó la

decisión del a quo, sí se pronunció sobre la solicitud de inaplicación

del parágrafo del artículo 42 del Decreto 2190 de 2016 […]”.

Sostuvo que no era dable invadir la órbita de competencia del citado

órgano judicial comoquiera que la interpretación jurídica que realizó

no resulta arbitraria, desproporcionada, irrazonable o caprichosa.

Explicó que, en relación con el desconocimiento del precedente

judicial, advertía que el TRIBUNAL “[…] examinó la ratio decidendi

de las sentencias C-527 de 2007 y C-483 de 2020 y, concluyó, que

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no existía contrariedad entre dichas decisiones con el artículo 42 del

Decreto 2190 de 2016 y, como corolario, con el acto administrativo

objeto de nulidad […]”.

Arguyó que el examen de la no contrariedad jurisprudencial de las

citadas sentencias de constitucionalidad con las normas que

fundamentaron el acto administrativo cuya legalidad se discutió en

el proceso ordinario, también obedece a la autonomía del juzgador

natural, en tanto que el juicio de valor que realizó no resulta

irrazonable, desproporcionado, arbitrario o caprichoso.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora impugnó la decisión proferida en primera instancia,

manifestando que es necesario que se aborde el fondo del asunto,

dado que pese a que expuso en detalle las irregularidades que hacían

visible la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, el

TRIBUNAL evadió estudiar y analizar dicho aspecto.

Manifestó que no compartía el argumento del a quo entorno a que el

TRIBUNAL había analizado la sentencia C–483 de 2020, dado que

hubiera llegado a la conclusión de anular el acto administrativo del

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retiro del servicio porque el otorgamiento de facultades por parte del

Ejecutivo al Contralor para suprimir los cargos temporales es

inconstitucional.

Sostuvo que el a quo erró “[…] al respaldar la postura del Tribunal

accionado, desconociendo flagrantemente lo dispuesto en el artículo

268 ordinales núm. 9 y núm. 10 de la Constitución Política, en

consonancia de lo preceptuado en el ordinal núm. 7º del artículo 150

ibídem, que establecen la competencia privativa del Congreso de la

República para regular la organización y funcionamiento de la

Contraloría General de la República, así como, lo concerniente a su

régimen especial de carrera administrativa […]”.

Indicó que la SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación se limitó a

respaldar la postura del TRIBUNAL, sin analizar las razones de la

sentencia C-527 de 2017, a través de la cual la Corte Constitucional

declaró la inexequibilidad del artículo 6° del Decreto Ley 894 de

2017, relacionado con la adición de la causal del retiro del servicio

de los empleados de carácter temporal por razones de insuficiencia

presupuestal.

Finalmente, reiteró de forma literal cada uno de los argumentos que

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expuso en el escrito introductorio.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las Secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

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unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no

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puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente

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de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo

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probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado
fuera del texto)

En el presente caso, la actora pretende que se deje sin efecto la

sentencia de 3 de noviembre de 2021, mediante la cual el

TRIBUNAL confirmó la providencia en la que fueron negadas las

pretensiones que elevó dentro del medio de control de nulidad y

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restablecimiento del derecho, identificado con el número único de

radicación 470013333001 2017 00274 01.

La controversia tiene origen en el hecho de que mediante la

Resolución núm. 81117-00971 de 6 de abril de 2017, el Contralor

ordenó el retiro del servicio de la actora de un empleo temporal de

la entidad, motivado en la insuficiencia de la apropiación

presupuestal para financiarlo, conforme con la facultad prevista en el

artículo 42 del Decreto Ley 2190 de 2016, expedido por el Gobierno

Nacional.

El disenso de la actora radica en que, en su sentir, el Gobierno

Nacional no tenía competencia para atribuirle al Contralor la función

de modificar la planta temporal de la entidad, por lo que en

consecuencia el acto administrativo que dispuso su desvinculación

era ilegal.

A partir de lo anterior, la actora atribuyó a la sentencia cuestionada

la vulneración de los derechos fundamentales deprecados, habida

cuenta que, a su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en los

defectos sustantivo y violación directa a la Constitución, por no haber

aplicado la excepción de inconstitucionalidad al artículo 42 del

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Decreto Ley 2190 de 2016, así como por desconocer los artículos 21

y 41 de la Ley 909 de 2004, que prevén el procedimiento para

desvincular a los servidores que ocupan cargos temporales.

Además, la actora señaló que la providencia cuestionada incurrió en

desconocimiento del precedente judicial contenido en las

sentencias C-483 de 2020 y C-527 de 2017, relacionadas con la

competencia del Congreso de la República para definir la

organización y funcionamiento de la Contraloría.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación que denegó el amparo

solicitado, al estimar que el TRIBUNAL había efectuado el análisis

de todos los argumentos planteados por la actora y, en particular,

que sus conclusiones resultaban razonables conforme con los

lineamientos del principio de autonomía judicial.

En la impugnación la actora manifestó que debía efectuarse un

análisis al fondo del asunto que planteaba e iteró todos los

argumentos que desarrolló en el escrito introductorio.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los

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presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de

ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados

e incurrió en los defectos sustantivo, violación directa a la

Constitución y desconocimiento del precedente judicial, al

proferir la sentencia de 3 de noviembre de 2021 aludida.

La Sala observa que en el presente caso se cumple con el requisito

de la relevancia constitucional, por cuanto la actora plantea con

suficiente carga argumentativa las razones por las cuales, en su

criterio, se han vulnerado sus derechos fundamentales y se

configuraron los defectos aludidos; contra la decisión cuestionada no

proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los

recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y

unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de

tutela se interpuso en un plazo razonable9, la solicitud identifica los

hechos y derechos que se estiman lesionados; y, por último, no se

trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Visto que el presente caso cumple con los requisitos generales de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, la

9
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).

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Sala hará mención al marco jurídico general de los defectos alegados,

para enseguida resolver el fondo del asunto.

Del defecto sustantivo

En relación con el defecto sustantivo, la Corte Constitucional10 ha

precisado que este se presenta cuando “[…] la autoridad judicial

aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la

que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraría

los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica […]”.

En ese orden de ideas, respecto de los eventos que dan lugar a

conceder el amparo a los derechos fundamentales que resulten

vulnerados por la configuración del defecto sustantivo, en sentencia

T-949 de 200911, la Corte Constitucional señaló los siguientes:

“[…] (i) cuando la decisión judicial tiene como fundamento una
norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente b) ha
perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es inexistente d)
ha sido declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que
la norma en cuestión está vigente y es constitucional, “no se
adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la
norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a
los expresamente señalados por el legislador”.

10 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
11
M.P Mauricio González Cuervo.

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(ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima
facie, dentro del margen de interpretación razonable o “la
aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las
partes” o cuando en una decisión judicial “se aplica una norma
jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco
de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal
decisión judicial […]”

De igual forma, la Corte Constitucional12 ha dicho que al examinar

estos eventos, el Juez de tutela se debe limitar a verificar esa ruptura

con el ordenamiento constitucional o legal, pues su decisión “[…]no

puede constituirse en un escenario para la evaluación acerca del

grado de convencimiento que ofrecen los razonamientos elaborados

por el Juez ordinario, sino que se restringe a identificar la

incompatibilidad entre estos y las normas jurídicas que regulan la

materia debatida en sede jurisdiccional […]”.

De la violación directa de la Constitución

Esta causal especial de procedibilidad de la acción de tutela,

encuentra su sustento en el artículo 4° de la Constitución Política,

según el cual “[…] la Constitución es norma de normas. En todo caso

12
Sentencia T-310 de 2009, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.

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de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma

jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales […]”.

La referida Corporación Judicial13 ha señalado que este defecto se

estructura cuando una sentencia judicial desconoce o inaplica

determinados postulados del texto superior, bien sea porque los

omite por completo, los contradice, o les atribuye un alcance

insuficiente.

En cuanto a la configuración de esta causal como requisito de

procedibilidad, la Corte14 ha sostenido que el juez ordinario

desconoce la Constitución Política cuando:

“[…]
(i) Deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso
concreto, es decir, cuando (a) en la solución del caso se deja
de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad
con el precedente constitucional, (b) se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata, y (c) el juez en sus
decisiones vulnera derechos fundamentales y no tiene en
cuenta el principio de interpretación conforme con la
Constitución.
(ii) Aplica la ley al margen de los dictados de la
Constitución. Hace referencia al deber de aplicar las
normas constitucionales con preferencia a las legales,

Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-490 de 13 de septiembre de 2016, M.P.: GABRIEL EDUARDO
13

MENDOZA MARTELO.

14
Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, sentencia T-587 de 21 de septiembre de 2017, C.P.:
ALBERTO ROJAS RÍOS.

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mediante el ejercicio de la excepción de
inconstitucionalidad.
[…]”. (Destacado fuera de texto).

Del desconocimiento del precedente judicial

En lo que respecta a este defecto se ha determinado que de acuerdo

con lo establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución

Política, el poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces

en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta

regla general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que

encuentra sus límites en la realización de otros valores

constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia

constitucional.

En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional

puntualizó:

“[…] Es así como, en materia de decisiones judiciales, se
destaca el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de
la Carta), que supone no solamente la igualdad ante la ley sino
también de trato por parte de las autoridades y concretamente
igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por las
autoridades judiciales, garantizándose de esta forma la
seguridad jurídica y con ella la certeza de la comunidad
respecto a la forma en la que se van a decidir los casos iguales.
Como resultado de lo anterior, surge como límite a la
autonomía e independencia de los Jueces el respeto por el

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precedente15 […]”.

De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte

Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente

constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando

la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En

especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa

Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está

vinculado por el artículo 13 de la Constitución Política, que impone la

igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que

su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos

fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial16.

No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha

admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio

precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y

cuando se sustenten debidamente las razones de su posición

(principio de razón suficiente)17.

15
Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571
de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de la Corte Constitucional.

16
Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
17
Ver sentencia T-292 de 2006.

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Caso concreto

Mediante la sentencia de 3 de noviembre de 2021, el TRIBUNAL

confirmó la decisión de denegar la nulidad del acto administrativo

mediante el cual el Contralor ordenó el retiro del servicio de la actora,

motivado en la insuficiencia de la apropiación presupuestal para

financiar su empleo y la facultad prevista en el artículo 42 del Decreto

Ley 2190 de 2016, con base en el siguiente análisis:

“[…] Adentrándose en el busilis de la cuestión litigiosa deberá
acotar la Colegiatura que el mismo se circunscribe a establecer
si, en efecto, hay lugar declarar la nulidad de la resolución
ordinaria N* 81117-00971 del 6 de abril de 2017, “por la cual se
ordenó el retiro del servicio de un funcionario”. de conformidad
con los argumentos planteados por la parte recurrente en el
recurso de alzada formulado contra la decisión proferida en sede
de primera instancia. En caso afirmativo, se deberá establecer
si resulta procedente ordenar a la entidad accionada a que
proceda a reintegrar a la señora GLENIS ORTIZ MARRUGO en un
cargo igual o superior al que ocupaba, con el pago de los salarios
y prestaciones sociales dejados de percibir desde su retiro, como
así lo pretende la parte demandante.

[…]

Delineado lo anterior, y descendiendo al quid del asunto sub
examine, encuentra el Tribunal que la principal inconformidad
del recurrente se circunscribe al hecho de que el A-quo no
accedió a su solicitud de inaplicar por vía de excepción de
inconstitucionalidad artículo 42 del Decreto 2190 de 2016 “por
el cual se decreta el Presupuesto del Sistema General de
Regalías para el bienio del 1º de enero de 2017 al 31 de
diciembre de 2018”, normativa que en lo particular señala:

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“ARTÍCULO 42. Plantas de Personal de Carácter Temporal para
la Contraloría General de la República. Prorrogar hasta el 31 de
diciembre de 2018 la planta temporal de la Con-traloría General
de la República para el Sistema General de Regalías, creados
mediante Decreto-ley 1539 de 2012.

Corresponderá al Contralor General de la República efectuar los
ajustes necesarios para que la Planta de Personal sea
consistente con los montos apropiados en el presente decreto a
dicho órgano de control. Para tal efecto podrá reducir, suprimir
o refundir empleos en la Planta temporal que se está
prorrogando en el presente artículo”.

[…]
En concordancia con el precepto normativo precitado, se infiere
que el Decreto 2190 de 2016, por el cual se estableció el
Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del
1° de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018, dispuso
prorrogar hasta el 31 diciembre de 2018 la planta temporal de
la Contraloría General de la República para el Sistema General
Regalías, creada en virtud del Decreto 1539 de 2012 y, facultó
al Contralor General de la República para efectuar los ajustes
necesarios para que fuere consistente con los montos
apropiados a dicho órgano control, para lo cual, podría reducir,
suprimir o refundir empleos.

[…]

En efecto, analizada la norma en comento se colige que las
facultades conferidas al Contralor se circunscribían a elegir,
específicamente, si recurría a la modificación de la planta
transitoria u optar por otros ajustes que considerara necesarios
para que la Planta de Personal fuera consistente con los montos
apropiados en el presente decreto a dicho órgano de control, sin
que se deba entender como imperativa la supresión de los
cargos de la planta temporal, lo cual guarda absoluta
correspondencia con el hecho de que la medida que se consideró
necesaria fue únicamente la reducción en la ocupación de
empleos que en nada vulnera la disposición normativa contenida
en el Decreto o en los artículos 121, 150 y 268 de la Constitución
Política; máxime si se tiene en consideración que en
concordancia con el numeral segundo del artículo 35 del Decreto
267 de 22 de febrero de 2002 , son funciones del Contralor
General de la República adoptar las políticas, planes, programas
y estrategias necesarias para el adecuado manejo administrativo
y financiero de la Contraloría General de la República, en
desarrollo de la autonomía administrativa y presupuestal

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otorgada por la Constitución y la ley.

[…]

Ahora bien, teniendo en cuenta que la parte demandante
pretende que se haga uso de la figura de la excepción de
inconstitucionalidad para inaplicar el artículo 42 del Decreto
2190 de 2016, resulta ilustrativo señalar que dicha figura fue
consagrada en el artículo 4° de la Constitución Nacional. Al
respecto, debe advertir la Sala que, para hacer uso de esta
figura excepcional, es necesario que la incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica sea manifiesta, vale
decir, que la norma Constitucional y legal riñan de tal manera,
que del simple cotejo resulte absolutamente incompatible su
aplicación simultánea, tal y como lo señaló el Consejo de Estado
la sentencia de fecha primero (1) de noviembre de dos mil siete
(2007), proferida dentro del proceso radicado con el número
1999-00004-01, y ponencia del Consejero RAFAEL E. OSTAU DE
LAFONT PIANETA, en la cual se dispuso:

[…]

Del mismo modo, resulta ilustrativo traer a colación lo
establecido en la sentencia de fecha cinco (5) de julio de dos
mil dos (2002), proferida dentro del proceso radicado con el
número 1996-7762-01 (7212) y con potencia de la Consejera
OLGA INÉS NAVARRETE BARRERA, en la cual se discurrió en lo
pertinente:

“Pero esta excepción de inconstitucionalidad debe reunir
ciertos requisitos para su procedencia, uno de los cuales
es la palmaria y flagrante oposición entre los textos
constitucionales y la norma cuya inaplicación se
pretende.

[…]

Acogiendo el criterio jurisprudencial señalado, considera la Sala
que del simple cotejo entre de los artículos 121, 150 numeral 7,
y 268 numerales 9 y 10, de la Constitución Política con el artículo
42 del Decreto 2190 de 2016, expedido por el Presidente de la
Republica de Colombia, no surge con claridad meridiana que
ambas riñan de tal manera que se haga improcedente su
aplicación simultánea. Al no evidenciarse la violación de normas
de rango Constitucional, de conformidad con la jurisprudencia

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transcrita, es improcedente la aplicación de la referida excepción
y, por ende, la prosperidad de este cargo.

De otra parte, es menester precisar que el estudio de
constitucionalidad del Decreto 2190 de 2016 desborda la órbita
de competencia de este Tribunal, máxime si se considera que
dicho tópico no guarda correspondencia con las pretensiones de
la demanda y con la litis planteada en el proceso sub lite.

Así pues, al no vislumbrarse diáfanamente la incompatibilidad
entre la Constitución y el artículo 42 del Decreto 2190 de 2016,
será desestimado el argumento del recurso según el cual se
debió inaplicar por inconstitucionalidad el artículo 42 del Decreto
2190 de 2016.

En este mismo orden de ideas, se advierte que en el hipotético
caso de que se considerara procedente la inaplicación por
inconstitucionalidad del artículo 42 del Decreto 2190 de 2016,
dicha situación no implicaría que se desvirtuara la presunción de
legalidad del acto administrativo demandado, pues la referida
norma dispuso prorrogar hasta el 31 diciembre de 2018 la planta
temporal de la Contraloría General de la República para el
Sistema General Regalías, creada en virtud del Decreto 1539 de
2012 y estableció los recursos con los cuales se financiaría,
razón por la cual al acceder a su inaplicación se materializaría la
ausencia de disponibilidad presupuestal correspondiente a las
respectivas apropiaciones, lo cual implicaría la terminación del
empleo temporal que ocupaba la demandante en los términos
del artículo 2 del Decreto 1539 de 2012 en concordancia con lo
dispuesto en el Decreto 1744 de 2014, “por la cual se decreta el
presupuesto del Sistema General de Regalías para el año del 1°
de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016”.

Continuando con el análisis de las censuras planteadas por la
parte recurrente, advierte la Sala que en el recurso de alzada la
parte demandante exteriorizó su inconformidad con la sentencia
apelada, toda vez que a su juicio se desconoció el procedimiento
reglado de desvinculación de los empleados temporales al
amparo de las causales del retiro del servicio existentes; y que
se aplicó una causal inexistente de retiro para el empleado
temporal.

[…]

Al respecto, resulta necesario precisar que de conformidad con
los lineamientos jurisprudenciales traídos a colación en los
párrafos que anteceden, y de la lectura de las disposiciones

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consagradas en la Ley 909 de 2004, se deduce en forma palmar
que sólo se establecieron como causales específicas de retiro del
servicio de los empleados temporales, el término de duración
fijado en el acto de nombramiento, las consagradas en los
literales d), h), i), j), k), m) y n) del artículo 41 de la Ley 909 de
2004 y antes de cumplirse el término del contrato, el nominador
en ejercicio de la facultad nominadora puede declarar la
insubsistencia del nombramiento, cuando el servidor no cumpla
las metas del proyecto o actividades que dieron lugar a la
creación de los mismos, de acuerdo con la evaluación que se
establezca para el efecto y mediante acto administrativo
motivado.

[…]

Así pues, se avizora que en la señora GLENIS ORTIZ MARRUGO
fue nombrada en un empleo temporal de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 1539 de 2012 “por medio de la cual se
regula la organización y el funcionamiento del Sistema General
de Regalías”, el cual inicialmente fue concebido hasta el 31 de
diciembre de 2014, fecha en la cual perfectamente pudo darse
por terminado el vínculo temporal de la demandante y la
Contraloría General de la Republica en los términos del artículo
21 de la Ley 909 de 2004.

[…]

Al respecto, se advierte que la Contraloría General de la
República tuvo conocimiento de que el Gobierno Nacional redujo
aproximadamente en un treinta y dos por ciento (32%) el monto
que venían asignando a la entidad para financiar esa planta, y
mediante el estudio técnico efectuado por dicha entidad de fecha
9 de febrero de 2017 , se estableció la necesidad de reducir la
planta empleos temporales de la entidad lo cual dio lugar a la
terminación del nombramiento de la ahora demandante, lo cual
no implicó la desaparición de la necesidad o la supresión del
empleo, pues lo que realmente aconteció fue la reducción en la
ocupación de empleos por circunstancias asociadas a la falta de
financiación.

[…]

Así las cosas, emerge de forma diáfana que las razones que
fundamentan el retiro de la demandante, tienen sustento en el
estudio técnico que señaló la necesidad de reducir los empleos
temporales de la Contraloría General de la Republica objeto de
prórroga, como consecuencia de la reducción presupuestal para

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el bienio 2017-2018, sustentado en el estudio técnico de febrero
de 2017, el cual huelga acotar, no fue objetado ni desvirtuado
de forma alguna por la parte demandante.

Como corolario de todo lo expuesto, se advierte que la
terminación del vínculo temporal entre la demandante y la
entidad demandada se produjo durante la prórroga del empleo
temporal, vale decir, cuando ya debía haber finalizado el empleo
temporal; evidenciándose que las razones esbozadas para su
terminación están estrictamente ligadas a la falta de recursos
para la financiación de la prórroga, por lo cual se colige que dicha
situación no afectó el carácter temporal del mismo, pues al estar
supeditada la creación de estos empleos a las causales
establecidas en la Ley, en particular a la garantía presupuestal
resulta apenas lógico que la administración se abstenga de
prorrogarlos ante la carencia de recursos para su financiación,
de lo cual no puede predicarse que su terminación haya sido
producto de la falta de gestiones presupuestales, sino al
vencimiento del empleo temporal ante la imposibilidad financiera
de disponer su prorroga, y que ya había fenecido el plazo
concebido para el empleo temporal e inclusive su prorroga inicial
[…]”.

De los apartes trascritos de la providencia acusada, la Sala observa

que el TRIBUNAL estableció que la principal inconformidad de la

actora en el proceso ordinario se circunscribía a la aplicación de la

excepción de inconstitucionalidad del artículo 42 del Decreto Ley

2190 de 2016, conforme con el cual, en efecto, la planta temporal de

la Contraloría, creada en virtud del Decreto 1539 de 2012, fue

prorrogada hasta el 31 diciembre de 2018 y se facultó al Contralor

para efectuar los ajustes necesarios para que fuere consistente con

los montos apropiados a dicho órgano de control, para lo cual podría

reducir, suprimir o refundir empleos.

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A partir de un análisis jurisprudencial, el TRIBUNAL estableció que

la figura de la excepción de inconstitucionalidad procedía cuando la

incompatibilidad entre la Constitución y la Ley invocada fuera

manifiesta, esto es que riñeran de tal manera que resultara evidente.

Con base en la anterior premisa, el TRIBUNAL estimó que la facultad

conferida al Contralor estaba supeditada a los montos apropiados a

dicha entidad, lo que guardaba correspondencia con el hecho de que

se hubiere encontrado necesaria la reducción de los empleos

temporales, sin que dicha situación desconociera los artículos 121,

150 y 268 de la Constitución Política.

El TRIBUNAL concluyó que debía desestimarse la aplicación de la

excepción de inconstitucionalidad al no vislumbrarse diáfanamente la

incompatibilidad entre la Constitución Política y el artículo 42 del

Decreto 2190 de 2016, agregando que en todo caso si en gracia de

discusión llegare aceptarse la inaplicación de esta norma, con ello no

se desvirtuaría la presunción de legalidad del acto administrativo

demandado, pues al disponer la referida norma la prórroga de la

planta temporal de la Contraloría hasta el 31 de diciembre de 2018,

ello implicaba la terminación del empleo temporal que ocupaba la

demandante, ante la ausencia de disponibilidad presupuestal.

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Por otro lado, en relación con el reproche de la actora relativo a que

el Contralor desconoció el procedimiento reglado para la

desvinculación de los empleados temporales previsto en los artículos

21 y 41 de la Ley 909 de 2004, luego de efectuar un análisis del

marco jurídico aplicable a la vinculación laboral origen de la

controversia, el TRIBUNAL señaló que las razones que fundamentan

el retiro de la demandante, tienen sustento en un estudio técnico que

señaló la necesidad de reducir los empleos temporales de la

Contraloría, como consecuencia de la reducción presupuestal para el

bienio 2017-2018, documento que no había sido objetado ni

desvirtuado de forma alguna por la parte demandante, lo cual en

todo caso se ajustaba a lo previsto en el artículo 42 del Decreto Ley

2190 de 2016.

Ahora bien, la actora fundamenta la configuración de los defectos

sustantivo y violación directa a la Constitución en el hecho de que la

autoridad judicial accionada no haya estudiado la excepción de

inconstitucionalidad al artículo 42 del Decreto Ley 2190 de 2016, sin

advertir que además el Contralor desatendió el procedimiento para

la desvinculación de los empleados temporales.

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Al respecto la Sala señala que la Corte Constitucional18 ha aceptado

la configuración de los defectos sustantivo y violación directa a la

Constitución cuando, habiendo lugar a ello, se ha dejado de aplicar

la excepción de inconstitucionalidad, así:

“[…] la jurisprudencia ha establecido que, cuando el funcionario
inaplica la excepción solicitada por las partes, siendo
procedente, genera específicamente, un defecto sustantivo por
inaplicación de la excepción de inconstitucionalidad. Éste defecto
se presenta cuando “la actuación controvertida se funda en una
norma indiscutiblemente inaplicable, ya sea porque (a) la norma
perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley, (b) es
inconstitucional, (c) o porque el contenido de la disposición no
tiene conexidad material con los presupuestos del caso.
También puede darse en circunstancias en las que a pesar del
amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a
las autoridades judiciales, se produce (d) un grave error en la
interpretación de la norma constitucional pertinente, el cual
puede darse por desconocimiento de sentencias de la Corte
Constitucional con efectos erga omnes, o cuando la decisión
judicial se apoya en una interpretación claramente contraria a la
Constitución.

Se considera igualmente defecto sustantivo el hecho de que la
providencia judicial tenga problemas determinantes
relacionados, (e) con una insuficiente sustentación o
justificación de la actuación que afecte derechos
fundamentales; (f) cuando se desconoce el precedente judicial
sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que hubiese
permitido una decisión diferente; o (g) cuando el juez se
abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una
violación manifiesta de la Constitución siempre que se solicite su
declaración por alguna de las partes en el proceso.” [9] (Negrilla
fuera del texto)

La razón por la cual se considera que el no hacer uso de la
excepción de inconstitucionalidad da lugar a un defecto
sustantivo es debido a que, el juez competente empleó una

18
Corte Constitucional, sentencia SU 132 de 2013, M.P Alexei Julio Estrada.

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interpretación normativa sin tener en cuenta que ésta resultaba
contraria a los derechos y principios consagrados en la Carta
Fundamental. Por lo tanto, basó su decisión en una norma que,
de acuerdo con el principio de interpretación conforme a la
Constitución, no podría existir en nuestro ordenamiento. En
consecuencia, se expide un fallo con fundamento en normas que,
siendo de menor jerarquía, van en contra de los principios y
derechos establecidos en la Constitución Política y, así, se genera
un quebrantamiento de la misma.

Además, existe una causal específica de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales determinada como
violación directa a la Constitución cuyo origen deviene de la
interpretación legal inconstitucional o inaplicación de la
excepción de inconstitucionalidad[10], es decir, se configura
cuando el funcionario judicial adopta una decisión que desconoce
los principios y derechos contenidos en la Constitución Política o
inaplica la excepción de inconstitucionalidad de una norma
inferior a las constitucionales y contraria a las mismas […]”.

No obstante, la Sala advierte que, contrario a lo señalado por la

actora, el TRIBUNAL sí realizó un estudio de fondo a su solicitud de

aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, sin que la

conclusión a la que arribó constituya la configuración de los defectos

aludidos debido a que su análisis resulta admisible desde la

perspectiva de la hermenéutica jurídica razonable y en atención al

principio de autonomía judicial.

En efecto, como se indicó, la autoridad judicial accionada analizó el

marco jurídico del cual hace parte el artículo 42 del Decreto Ley 2190

de 2016 y estableció que no advertía que fuera manifiestamente

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contrario a la Constitución, premisa necesaria para la procedencia de

la excepción de inconstitucionalidad, respecto de la cual esta

Sección19 ha indicado:

“[…] La figura de la excepción de inconstitucionalidad es un
instrumento establecido por el artículo 4° de la Constitución
Política, cuya aplicación se alega para que en caso de
presentarse contradicción entre una norma de rango legal y otra
de rango constitucional, se aplique esta última, con el fin de
preservar las garantías constitucionales, que sólo procede para
resolver casos o situaciones concretas o subjetivas, de modo que
quien la hace efectiva es la autoridad que conoce del
correspondiente caso y sus efectos, por consiguiente, son
subjetivos o inter partes.

[…]

Ahora bien, para hacer uso de este medio excepcional es
necesario que la contradicción sea manifiesta, esto es,
que la norma constitucional y la legal riñan de tal manera
que del simple cotejo resulte absolutamente incompatible
su aplicación simultánea. En este sentido la Sección prohíja
la sentencia de 5 de julio de 2002, radicado 1996-7762-01
(7212) Consejera Ponente, Dra Olga Inés Navarrete Barrera4,
en la cual se sostuvo:

“Pero esta excepción de inconstitucionalidad debe reunir ciertos
requisitos para su procedencia, uno de los cuales es la
palmaria y flagrante oposición entre los textos
constitucionales y la norma cuya inaplicación se
pretende. (resalta la Sección) Es pertinente aludir a la
sentencia C-600 de 1998, en la cual la Corte Constitucional
precisó el alcance de esta figura:

La inaplicación de una norma de jerarquía inferior con apoyo en
el artículo 4 de la Carta supone necesariamente la
incompatibilidad entre su contenido y el de los preceptos
constitucionales. Si tal incompatibilidad no existe, no cabe la

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de
noviembre de 2010, CP María Elizabeth García González número único de radicación, 66001-23-31-
000-2007-00070-01.

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inaplicación y la circunstancia no es otra que la de
incumplimiento o violación de los mandatos dejados de aplicar.

Por el contrario, en el supuesto de un palmario enfrentamiento
entre la norma y la Constitución, la obligación del funcionario o
autoridad que en principio debería aplicar aquélla es la contraria:
no darle aplicación […]”.

De igual forma, la Sala tampoco advierte que el TRIBUNAL haya

desconocido las normas que regulan la desvinculación de los

empleados temporales de la Contraloría, dado que como se indicó,

dicha autoridad analizó todo el marco legal del cargo que ocupaba la

actora, para concluir que la supresión de este había atendido a las

normas establecidas para tal efecto.

La Sala destaca que la acción de tutela no es una instancia para

perseguir la imposición de determinada interpretación normativa en

detrimento de la actividad hermenéutica de la autoridad judicial que

ordinariamente conoce de un asunto, pues la intervención del juez

constitucional está dada para eventos en que resulta evidente que

hubo una actuación abiertamente arbitraria, situación que en el

presente caso no se vislumbra, dado que, se insiste, más allá de

cualquier otra lectura que pueda darse al caso, lo cierto es que el

análisis que efectuó el TRIBUNAL sobre los aspectos aludidos es

razonable, admisible y atiende al principio de autonomía judicial.

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Ahora bien, la aplicación de las sentencias C-483 de 2020 y C-527

de 2017, también fue un asunto frente al cual el TRIBUNAL se

pronunció en la providencia cuestionada, así:

“[…] De otra parte, continuando con el estudio de los
argumentos del recurso de alzada, se tiene que el recurrente
manifiesta que se desconoció al precedente jurisprudencial
contenido en las sentencias C-527 de 2017 a través de la cual
se declararon inexequibles las expresiones “o darlo por
terminado, cuando no se cuente con las disponibilidades y
apropiaciones para financiar el empleo de carácter temporal,
como consecuencia de los ajustes a los montos aprobados para
su financiación” del artículo 6 del Decreto 894 de 2017, y la C-
483 de 2020, mediante la cual se declaró inexequible el artículo
38 de la Ley 1942 de 2018 “Por la cual se decreta el presupuesto
del Sistema General de Regalías para el bienio del 1° de enero
de 2019 al 31 de diciembre de 2020”.

Así las cosas, es necesario señalar que en la sentencia C-527 de
2017, se estudió la exequibilidad del artículo 6 del Decreto 894
de 2017, el cual disponía:

“ARTÍCULO 6. Adicionar el siguiente numeral al artículo 21 de
la Ley 909 de 2004 relacionado con los empleos de carácter
temporal, así: "4. El nombramiento en los empleos temporales
se efectuará mediante acto administrativo en el que se indicará
el término de su duración, al vencimiento del cual quien lo ocupe
quedará retirado del servicio automáticamente.

Sin embargo, antes de cumplirse dicho término, el nominador
en ejercicio de la facultad nominadora podrá declarar la
insubsistencia del nombramiento, cuando el servidor no cumpla
las metas del proyecto o actividades que dieron lugar a la
creación de los mismos, de acuerdo con la evaluación que se
establezca para el efecto y mediante acto administrativo
motivado; o darlo por terminado, cuando no se cuente con las
disponibilidades y apropiaciones para financiar el empleo de
carácter temporal, como consecuencia de los ajustes a los
montos aprobados para su financiación.

En efecto, a través de la referida sentencia C-527 de 2017 la
Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de las

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expresiones “o darlo por terminado, cuando no se cuente con las
disponibilidades y apropiaciones para financiar el empleo de
carácter temporal, como consecuencia de los ajustes a los
montos aprobados para su financiación” contenidas en el artículo
6 del Decreto 894 de 2017, bajo los argumentos que
seguidamente se transcriben:

[…]

En lo concerniente a los efectos de la referida declaratoria de
inexequibilidad de las expresiones “o darlo por terminado,
cuando no se cuente con las disponibilidades y apropiaciones
para financiar el empleo de carácter temporal, como
consecuencia de los ajustes a los montos aprobados para su
financiación” contenidas en el artículo 6 del Decreto 894 de
2017, se permite precisar el Tribunal que en nada afectaron la
situación de la demandante, pues se reitera que la señora
GLENIS ORTIZ MARRUGO fue nombrada en un empleo temporal
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1539 de 2012
“por medio de la cual se regula la organización y el
funcionamiento del Sistema General de Regalías”, el cual
inicialmente fue concebido hasta el 31 de diciembre de 2014,
por lo cual no puede considerarse que el empleo temporal haya
sido creado sin contar con la apropiación y disponibilidad
presupuestal para cubrir el pago de salarios y prestaciones
sociales pues el empleo temporal inclusive superó el lapso para
el cual había sido concebido, y contrariu sensu, lo que ocurrió
fue que la ocupación del empleo temporal de la demandante no
fue prorrogada por falta de fuentes de financiación, lo cual
guarda absoluta correspondencia con el principio constitucional
de legalidad del gasto, establecido en el artículo 122 de la
Constitución Política, el cual dispone que no puede existir empleo
público sin que sus emolumentos estén previstos en el
presupuesto público.

Finalmente, se advierte que la parte recurrente pretende que se
inaplique el artículo 42 del Decreto 2190 de 2016, en virtud, de
que en la sentencia C-483 de 2020, se declaró inexequible el
artículo 38 de la Ley 1942 de 2018 “Por la cual se decreta el
presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del
1° de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020”. Al respecto,
se advierte que en la sentencia C-483 de 2020, la Corte
Constitucional, argumentó lo siguiente:

[…]

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En concordancia con lo dispuesto en la norma precitada, se
advierte que a través de la misma fueron creados cargos
relacionados con fines no previstos en la ley de apropiaciones
del sistema de regalías, lo cual evidentemente no guarda
correspondencia con la situación analizada en el asunto sub lite.

En efecto, en la sentencia C-483 de 2020 la Corte Constitucional
consideró que en el trámite para la expedición de dicha norma
se desconocieron los principios de publicidad y consecutividad,
dado que en el contexto del debate que se adelantó, la Cámara
de Representantes impartió en blanco la aprobación en segundo
debate de un texto que no conoció.

Así mismo, en la pluricitada sentencia de constitucionalidad la
Corte Constitucional concluyó que la creación de dependencias
y planta temporal y los gastos ordenados para soportarla en el
artículo acusado, se destinaron a fines no previstos en la ley de
apropiaciones del sistema de regalías. Sin embargo, decidió
diferir los efectos de la inexequibilidad del artículo 38 de la Ley
1942 de 2018 hasta el 1 de enero de 2021, en razón a la
afectación de que una declaratoria de inexequibilidad simple
podría generar en el control fiscal de los recursos del Sistema
General de Regalías y la estabilidad en el empleo de las personas
vinculadas a la planta temporal creada mediante la norma
acusada, tiempo durante el cual, el Presidente de la República
podría ejercer las facultades extraordinarias conferidas por el
parágrafo segundo del artículo 183 de la Ley 2056 de 2020.

Delineado lo anterior, se advierte que el artículo 42 del Decreto
2190 de 2016 no creó la planta temporal de personal de la
Contraloría General de la República, pues a través del mismo
simplemente se estableció la prórroga hasta el 31 de diciembre
de 2018 de todos los empleos de la planta temporal de la
Contraloría General de la República, y facultó al Contralor
General de la República para ajustar la planta temporal a la
disponibilidad presupuestal, a fin de que fuese concordante con
los rubros apropiados en el mismo decreto para la prórroga de
los nombramientos […]”.

Conforme con la transcripción en cita, la Sala advierte que el

TRIBUNAL analizó el contenido de las sentencias invocadas por la

actora y concluyó que no eran aplicables al caso, porque recaían

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sobre situaciones diferentes a las relacionadas con el artículo 42 del

Decreto Ley 2190 de 2016.

En relación con la sentencia C-527 de 2017 el TRIBUNAL encontró

que si bien la Corte Constitucional había declarado la inexequibilidad

de las expresiones “[…] o darlo por terminado, cuando no se cuente

con las disponibilidades y apropiaciones para financiar el empleo de

carácter temporal, como consecuencia de los ajustes a los montos

aprobados para su financiación […]” contenidas en el artículo 6° del

Decreto Ley 849 de 2017, relativas a una forma de terminación de

los nombramientos en empleos temporales por la falta de

disponibilidad presupuestal, tal situación obedecía a que no podía

crearse un cargo sin contarse con los recursos económicos para

cubrir los salarios y prestaciones respectivas, situación que no se

acompasaba con la situación origen de la controversia.

Lo anterior en razón a que el TRIBUNAL determinó que la actora

había sido nombrada en un empleo temporal frente al cual sí hubo la

apropiación y disponibilidad presupuestal para cubrir el pago de

salarios y prestaciones sociales durante el lapso para el cual había

sido concebido inicialmente, no obstante, no podía seguir

prorrogándose por falta de fuentes de financiación.

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En lo que concernía la sentencia C-483 de 2020, el TRIBUNAL

destacó que la Corte Constitucional había declarado la

inexequibilidad del artículo 38 de la Ley 1942 de 2018, a través del

cual se habían creado unos cargos en la planta global de la

Contraloría, situación que difería de la derivada del artículo 42 del

Decreto 2190 de 2016, dado que a través de este no se había creado

empleo alguno, sino que se prorrogaron los previamente ya

establecidos y se facultó al Contralor para ajustar la planta conforme

con los rubros apropiados en esa misma norma.

De manera que esta Sala no advierte que la autoridad judicial

accionada haya incurrido en desconocimiento del precedente

judicial, porque explicó las razones por las cuales se había apartado

de las tesis que contienen las sentencias invocadas por la actora,

situación que atiende al principio de razón suficiente, pues como se

indicó la sujeción a los precedentes horizontales o verticales no es

absoluta.

En ese orden de ideas, para la Sala ni el análisis ni la decisión

contenida en la providencia controvertida resultan caprichosos o

arbitrarios, sino que fueron adoptados a partir del alcance dado a las

fuentes jurídicas aplicables al caso y a un análisis de las

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Actora: GLENIS ORTIZ MARRUGO

particularidades de este.

Situación distinta es que la accionante no comparta la tesis allí

dispuesta, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que

de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de

conocimiento, el TRIBUNAL confirmó la decisión del JUZGADO en

la que se habían denegado las pretensiones de la demanda.

Así entonces, la Sala confirmará en su integridad la sentencia

impugnada que denegó el amparo solicitado, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de septiembre de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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