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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00134-00

Fecha
31 de marzo de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00134-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 41 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00134-00 Actor: ALBEIRO NICOLÁS CUELLO OÑATE SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00134-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

31 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00134-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: ALBEIRO NICOLÁS CUELLO OÑATE

TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. EL TRIBUNAL NO
INCURRIÓ EN LOS DEFECTOS ENDILGADOS. LA AUTORIDAD
JUDICIAL ACCIONADA ARGUMENTÓ EXTENSAMENTE LA
IMPROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE INCURRIÓ EN
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE, LA AUTORIDAD
JUDICIAL ACCIONADA INDICÓ LAS RAZONES POR LAS CUALES
NO LE ERAN APLICABLES LAS SENTENCIAS C-527 de 2017 y C-
483 de 2020. EN CUANTO A LA SENTENCIA C-618 DE 2015, EL
TRIBUNAL FUNDAMENTÓ SU DECISIÓN PRECISAMENTE EN ESA
SENTENCIA, ENTRE OTRAS, POR LO QUE TAMPOCO SE ADVIERTE
QUE SE HAYA DESCONOCIDO DICHO PRECEDENTE.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Al no haber obtenido la mayoría de votos el proyecto de fallo

presentado por el Consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, esta

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00134-00
Actor: ALBEIRO NICOLÁS CUELLO OÑATE

Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL

CIRCUITO JUDICIAL DE SANTA MARTA1 y el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA2.

I. ANTECEDENTES

I.1 La solicitud

El señor ALBEIRO NICOLÁS CUELLO OÑATE, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia y a los principios de seguridad jurídica

y primacía del derecho sustancial, los cuales, a su juicio, le fueron

vulnerados por el JUZGADO y el TRIBUNAL al haber proferido

las providencias de 2 de julio de 2021 y 18 de mayo de 2022,

respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 47001-33-33-001-2017-00238-01.

1
En adelante el Juzgado.
2
En adelante el Tribunal.

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Actor: ALBEIRO NICOLÁS CUELLO OÑATE

I.2 Hechos

Refirió que promovió demanda en ejercicio del medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Contraloría

General de la República, con el fin de que se declarara la nulidad

del acto administrativo por medio del cual fue desvinculado del

servicio, proceso al cual le fue asignado el número único de

radicación 2017-00238-01.

Relató que el proceso correspondió en primera instancia al

JUZGADO, ante el cual formuló solicitud de control por vía de

excepción al advertir sendas irregularidades al expedir el acto

demandado, petición a la que se corrió traslado a las partes.

Indicó que el JUZGADO, mediante sentencia de 2 de julio de

2021, denegó las pretensiones y, de forma escueta, evadió

analizar de fondo la solicitud de control por vía de excepción.

Adujo que interpuso recurso de apelación contra la anterior

decisión, el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, mediante

sentencia de 18 de mayo de 2022, confirmó la decisión del a quo.

I.3. Fundamentos de derecho

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Actor: ALBEIRO NICOLÁS CUELLO OÑATE

A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales accionadas

incurrieron en defecto sustantivo al aplicar el artículo 42 del

Decreto 2190 de 28 de diciembre de 20163, el cual resulta

incompatible con los artículos 150 y 268 de la Constitución Política,

toda vez que el Presidente de la República – en concurso con el

Ministerio de Hacienda y Crédito Público – no podían facultar al

Contralor General de la República para asumir empleos de su

propia entidad y habilitarlo para desvincularlo de la entidad.

Indicó que se dejaron de aplicar los artículos 21 y 41 de la Ley

909 de 23 de septiembre de 20044, que prevén expresamente las

causales de retiro del servicio de los empleados temporales.

Alegó que también se incurrió en violación directa de la

Constitución al desconocer los ordinales 7º del artículo 150 y 9º y

10º del artículo 268 de la Carta Política, que establecen la

competencia del Congreso de la República para regular la

organización y funcionamiento de la Contraloría General de la

República y resaltó que tal competencia correspondía al Congreso

de la República, tal como se mencionó en la sentencia C-483 de

2020 proferida por la Corte Constitucional.

3
por el cual se decreta el Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1° de
enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018.
4
Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones.

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Actor: ALBEIRO NICOLÁS CUELLO OÑATE

Advirtió que también se incurrió en desconocimiento del

precedente jurisprudencial al pasar por alto la sentencia C-527 de

2017 dictada por la Corte Constitucional, por medio de la cual se

declaró inexequible la disposición relacionada con una nueva

causal de retiro de los empleados de carácter temporal, por lo que

la insuficiencia de recursos no era una causal válida para el retiro

del servicio.

Destacó que tanto la Corte Constitucional5 como el Consejo de

Estado6 han establecido que cuando el funcionario no aplica la

excepción de inconstitucionalidad siendo procedente, genera así

un defecto sustantivo por inaplicación de la excepción de

inconstitucionalidad.

Por último, arguyó que de conformidad con la sentencia C-618 de

2015, los empleados temporales están cobijados por una categoría

especial y en tal efecto se equiparan a los empleados de carrera

administrativa para efectos de su retiro, por lo que su

desvinculación está reglada y se limita a las causales de retiro

contempladas en la norma.

5
SU 132 de 2013, SU 061 de 2018,
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 3 de mayo de 2018, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, radicación núm. 11001-03-15-
000-2018-00576-00.

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Actor: ALBEIRO NICOLÁS CUELLO OÑATE

I.4. Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados y, en consecuencia:

“[…] DEJAR SIN EFECTO la sentencia de segunda instancia
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena de
fecha 18 de mayo de 2022; en su lugar, se le ORDENE a éste
operador judicial en un término prudencial y razonable que
su Señoría considere, proferir una nueva sentencia de
reemplazo en la cual se declare la EXCEPCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD suma expresión de la inaplicación
del artículo 42 del Decreto 2190 de 2016 en el sub judice, y
se adopte una decisión que en derecho corresponda al
amparo de garantizar el respecto de la Constitución Política,
el derecho al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, así como, las pretensiones de la demanda, vulnerado
por esa agencia judicial […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó denegar las pretensiones, toda vez

que, a su juicio, no se advierte vulneración alguna de los derechos

fundamentales invocados.

Sostuvo que al momento de estudiar el proceso de nulidad y

restablecimiento del derecho en segunda instancia, determinó que

se debía confirmar la decisión del a quo, pues el actor no logró

desvirtuar la presunción de legalidad que recaía sobre el acto

acusado, pues el mismo estaba ajustado a lo dispuesto en el

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artículo 42 del Decreto 2190 de 2016, así como también en las

previsiones de los artículos 21 y 41 de la Ley 909 de 2004.

Para lo anterior, analizó que el retiro de servicio del actor se

produjo por la supresión de su cargo con fundamento en la

reducción del presupuesto de regalías para el bienio 2017-2018,

de tal forma que la causal de retiro fue la descrita en el ordinal I

del señalado artículo 41, sin que se avizorara que la norma que

sustentó el retiro fuera contraria a la Constitución Política.

I.5.2.- El JUZGADO pese a ser notificado en debida forma del

presente trámite constitucional, guardó silencio.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- La Contraloría General de la República alegó que las

decisiones cuestionadas no incurrieron en el defecto sustantivo

alegado, pues se fundamentaron en las normas y principios

constitucionales aplicables al presente caso, por lo que no se

configuró una contradicción en el asunto.

Recalcó que el TRIBUNAL analizó detenidamente por qué no

procedía la solicitud de aplicar la excepción de inconstitucionalidad

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en atención a la situación fáctico y jurídica del caso, por lo que lo

pretendido es desconocer el principio de cosa juzgada y convertir

la solicitud de amparo en una tercera instancia.

Sostuvo que la presente acción de tutela resulta improcedente,

dado que desconoce el carácter residual o subsidiario de este

mecanismo constitucional.

Finalmente, solicitó que se tenga en cuenta la sentencia proferida

dentro de la acción de tutela identificada con el número único de

radicación 11001-03-15-000-2022-02428-01, a través de la cual

se denegó el amparo solicitado en un caso con identidad fáctica a

la presente.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6

de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número

377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de

Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre

las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de

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2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento

de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de

lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de

20127, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y

con miras a unificar la jurisprudencia, luego de analizar la

evolución jurisprudencial de la acción de tutela contra

providencias judiciales tanto en la Corte Constitucional como en

esta Corporación, concluyó que si bien es cierto que el criterio

mayoritario de la Sala había sido el de considerar improcedente la

acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que

las distintas Secciones que la componen han abierto paso a dicha

acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha

advertido la vulneración de derechos constitucionales

fundamentales. De ahí que a partir de tal pronunciamiento se

modificó ese criterio radical y se declaró la procedencia de la

acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en

presencia de la violación de derechos constitucionales

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P.
Dra. María Elizabeth García González, número de radicación: 2009-01328.

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fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros

fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

aquella, elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo8.

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción

de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de
2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación 11001 03 15 000 2012
02201 01

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b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa
de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la
acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias
de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a
ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que
la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la
acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre
que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No
obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de
derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio
y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible . Esta exigencia es comprensible pues, sin que la
[8]

acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias
formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que
imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior

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del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida,
mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas
a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación,
proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan
definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados,
para que proceda una acción de tutela contra una sentencia
judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o
causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha
señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una
sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los
vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos
en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño
lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que

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precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].

i. Violación directa de la Constitución. […]”

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que

se dejen sin efecto las providencias de 2 de julio de 2021 y 18

de mayo de 2022, proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL,

respectivamente, por medio de las cuales se denegó las

pretensiones de la demanda promovida dentro del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con

el número único de radicación 2017-00238-01.

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia y a los principios de seguridad jurídica

y primacía del derecho sustancial, habida cuenta que, a juicio del

accionante, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en

los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y

violación directa de la Constitución.

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La controversia de la referencia tiene su génesis en el hecho de

que mediante Resolución núm. 81117-00969 de 6 de abril de

2017, la Contraloría General de la República ordenó el retiro del

servicio del actor de un empleo temporal, motivado en la

supresión del cargo por insuficiencia de presupuesto para

financiarlo, de conformidad con el artículo 42 del Decreto 2190 de

2016, expedido por el Gobierno Nacional.

En este punto la Sala destaca que aun cuando la parte actora

pretende que se dejen sin efectos tanto la providencia dictada el

2 de julio de 2021, como la proferida el 18 de mayo de 2022,

limitará su análisis a la sentencia dictada por el TRIBUNAL,

comoquiera que está confirmó en su integridad la decisión del a

quo y fue la que puso fin al proceso.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que

debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso

cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la

acción de tutela contra providencia judicial y, de superarse tal

derrotero, ii) establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos

fundamentales invocados al proferir la providencia de 18 de mayo

de 2022, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento

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del derecho identificado con el número único de radicación 2017-

00238-01.

La Sala observa que en el presente caso se cumple con el requisito

de la relevancia constitucional, por cuanto la parte actora plantea

con suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en

su criterio, la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos

fundamentales y se configuraron los defectos aludidos; contra la

decisión cuestionada no proceden recursos y tampoco se

estructuran las causales de los recursos extraordinarios de

revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de

jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de tutela se

interpuso en un plazo razonable9 y, por último, la solicitud

identifica los hechos y derechos que se estiman lesionados.

Verificado lo anterior y superado el análisis de procedibilidad,

corresponde determinar si el TRIBUNAL incurrió en los yerros

endilgados al proferir la sentencia de 18 de mayo de 2022, dentro

del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 2017-00238-01,

por lo que la Sala hará mención al marco jurídico de los defectos

9
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente:
doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).

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alegados, para enseguida resolver el fondo del asunto en el caso

concreto.

Del defecto sustantivo

En relación con el defecto sustantivo, la Corte Constitucional10

ha precisado que este se presenta cuando “[…] la autoridad

judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de

aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación

que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica

[…]”.

En ese orden de ideas, respecto de los eventos que dan lugar a

conceder el amparo a los derechos fundamentales que resulten

vulnerados por la configuración del defecto sustantivo, en

sentencia T-949 de 200911, la Corte Constitucional señaló los

siguientes:

“[…] (i) cuando la decisión judicial tiene como fundamento
una norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente b)
ha perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es
inexistente d) ha sido declarada contraria a la Constitución,
e) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es
constitucional, “no se adecúa a la situación fáctica a la cual
se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le

10 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
11
M.P Mauricio González Cuervo.

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reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por
el legislador”.

(ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto, no se
encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación
razonable o “la aplicación final de la regla es inaceptable por
tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación
contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes” o cuando en una decisión
judicial “se aplica una norma jurídica de manera
manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad
y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial
[…]”

De igual forma, la Corte Constitucional12 ha dicho que al examinar

estos eventos, el Juez de tutela se debe limitar a verificar esa

ruptura con el ordenamiento constitucional o legal, pues su

decisión “[…]no puede constituirse en un escenario para la

evaluación acerca del grado de convencimiento que ofrecen los

razonamientos elaborados por el Juez ordinario, sino que se

restringe a identificar la incompatibilidad entre estos y las normas

jurídicas que regulan la materia debatida en sede jurisdiccional

[…]”.

De la violación directa de la Constitución

Esta causal especial de procedibilidad de la acción de tutela,

encuentra su sustento en el artículo 4° de la Constitución Política,

12
Sentencia T-310 de 2009, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.

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según el cual “[…] la Constitución es norma de normas. En todo

caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra

norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales

[…]”.

La referida Corporación Judicial13 ha señalado que este defecto se

estructura cuando una sentencia judicial desconoce o inaplica

determinados postulados del texto superior, bien sea porque los

omite por completo, los contradice, o les atribuye un alcance

insuficiente.

En cuanto a la configuración de esta causal como requisito de

procedibilidad, la Corte14 ha sostenido que el juez ordinario

desconoce la Constitución Política cuando:

“[…]
(i) Deja de aplicar una disposición ius fundamental a un
caso concreto, es decir, cuando (a) en la solución del caso
se deja de interpretar y aplicar una disposición legal de
conformidad con el precedente constitucional, (b) se trata
de un derecho fundamental de aplicación inmediata, y (c)
el juez en sus decisiones vulnera derechos fundamentales
y no tiene en cuenta el principio de interpretación conforme
con la Constitución.
(ii) Aplica la ley al margen de los dictados de la
Constitución. Hace referencia al deber de aplicar las
normas constitucionales con preferencia a las

13
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-490 de 13 de septiembre de 2016, M.P.: GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO.

14
Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, sentencia T-587 de 21 de septiembre de 2017, C.P.:
ALBERTO ROJAS RÍOS.

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legales, mediante el ejercicio de la excepción de
inconstitucionalidad.
[…]”. (Destacado fuera de texto).

Del desconocimiento del precedente judicial

En lo que respecta a este defecto se ha determinado que de

acuerdo con lo establecido en los artículos 228 y 230 de la

Constitución Política, el poder judicial es autónomo e

independiente y los Jueces en sus providencias solo están

sometidos al imperio de la ley. Esta regla general de

independencia y autonomía no es absoluta, ya que encuentra sus

límites en la realización de otros valores constitucionales, según lo

ha definido la Jurisprudencia constitucional.

En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional

puntualizó:

“[…] Es así como, en materia de decisiones judiciales, se
destaca el respeto por el principio de igualdad (artículo 13
de la Carta), que supone no solamente la igualdad ante la
ley sino también de trato por parte de las autoridades y
concretamente igualdad en la interpretación y aplicación de
la ley por las autoridades judiciales, garantizándose de esta
forma la seguridad jurídica y con ella la certeza de la
comunidad respecto a la forma en la que se van a decidir
los casos iguales. Como resultado de lo anterior, surge como
límite a la autonomía e independencia de los Jueces el
respeto por el precedente15 […]”.

15
Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-
571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de la Corte
Constitucional.

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De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte

Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente

constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela

cuando la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las

partes. En especial, respecto del precedente vertical, la

Jurisprudencia de esa Corporación ha sido enfática en sostener

que el Juez no sólo está vinculado por el artículo 13 de la

Constitución Política, que impone la igualdad de trato jurídico en

la aplicación de la ley, sino también que su autonomía se

encuentra limitada por la eficacia de los derechos fundamentales

y, en particular, del debido proceso judicial16.

No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también

ha admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio

precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre

y cuando se sustenten debidamente las razones de su

posición (principio de razón suficiente)17.

Caso concreto

16
Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
17
Ver sentencia T-292 de 2006.

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Mediante la sentencia de 18 de mayo de 2022, aquí cuestionada,

el TRIBUNAL confirmó la decisión de denegar la nulidad del acto

administrativo mediante el cual el Contralor ordenó el retiro del

servicio del actor, motivado en la supresión del cargo fundado en

la reducción del presupuesto de regalías para el bienio 2017-2018

y la facultad prevista en el artículo 42 del Decreto Ley 2190 de

2016, con base en el siguiente análisis:

“[…] Tesis del Tribunal: Se confirmará la sentencia apelada,
por cuanto en este asunto el señor Cuello Oñate no
desvirtuó la presunción de legalidad que recaía sobre
el acto acusado, toda vez que este se encuentra
ajustado a lo dispuesto en el artículo 42 del Decreto
2190 de 2016, pero también tiene fundamento en las
previsiones del artículos 21 y 41 de la Ley 909 de 2004
en la medida en que el retiro del servicio se dio por
supresión del cargo fundado ese retiro en la reducción
del presupuesto de regalías para el bienio 2017-2018,
aspecto efectivamente corroborado en el estudio
técnico preparado por la Contraloría General de la
República, de ahí que la causal de retiro es la del
ordinal l) de señalado artículo 41, y no la invocada en
la demanda y en el recurso de apelación, esto es,
insuficiencia presupuestal, entre otras cosas porque tal
norma solo aparece después de expedido el acto acusado, es
decir con el Decreto 894 de 28 de mayo de 2017, tampoco se
aprecia que la norma sobre la cual se sustentó el retiro del
empleado temporal sea contraria a la Constitución Política
como para inaplicarla, entre otras cosas, porque tal solicitud
fue elevada por fuera del término para reformar las
pretensiones de la demanda.

[…]

En el proceso de la referencia se tienen probadas las
siguientes situaciones, en orden a resolver la alzada, que el
señor Albeiro Nicolás Cuello Oñate fue nombrado en la Planta
Temporal de la CGR como profesional especializado grado 04
en virtud de lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley 1530 de
2012 y Decreto 1539 de ese mismo año tal como lo reseña la

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Resolución Ordinaria 002236 de 5 de septiembre de 2012
visible en el folio 18 archivo 01 del expediente digital,
tomando posesión del cargo el 17 de septiembre, según acta
visible el folio 19 del mismo archivo 01.

El 9 de febrero de 2017 la Contraloría General de la República
elabora un estudio técnico que denominó “reducción de
empleos ocupados en la planta asignada", del cual se extrae
el siguiente aparte:

[…]

En el caso de autos, se tiene que mediante Resolución
Ordinaria 81117-00969 de 6 de abril de 201718 se ordenó el
retiro del servicio al señor Albeiro Nicolás Cuello Oñate, con
sustento en las consideraciones que siguen:

[…]

El régimen de los empleados temporales se encuentra,
como ya se dejó expuesto, previsto en la Ley 909 de
2004 y el Decreto 1227 de 2005 (compilado en el
Decreto 1083 de 2015), normas que no previeron las
causales de retiro de estos empleos comoquiera que no
se trata de empleados de libre nombramiento y
remoción como lo dejó dicho la Corte Constitucional en
la sentencia C-618-15, de ahí que los vacíos deban ser
cubiertos con la regla general del empleo público antes
indicada, incluso debe advertirse desde ya que el
artículo 4 del citado decreto señala indefectiblemente
que el término de duración del nombramiento, está
sujeto a la disponibilidad presupuestal, ello es así
porque una de las razones que viene dada legalmente
para que se puedan crear aquellos cargos es que exista
disponibilidad presupuestal esto en atención a lo
dispuesto en el numeral 2 del artículo 21 de la
reseñada ley de empleo público.

Sobre el retiro de los empleados temporales, el Consejo de
Estado, recientemente con providencia de 20 de enero de
202219, aclaró:

[…]

Así entonces, queda claro que el cargo temporal puede
ser acabado cuando falten los recursos para financiar
pues no puede olvidarse que “la designación en un empleo

18
Folios 20 a 22 del archivo 01 del expediente digital pdf.
19
Sección Segunda, consejero ponente. William Hernández Gómez, radicación número: 25000-23-
42-000-2015-05676-01 (2858- 2019)

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temporal conlleva la oportunidad de acceder a un empleo
público en forma transitoria, luego aun cuando el empleado
temporal no pueda ser desvinculado discrecionalmente, ello
no le otorga derechos de estabilidad definitiva, ni mucho
menos de carrera, pues su relación está establecida por un
plazo determinado"20.

El que no se permita la desvinculación discrecional porque no
se trata, como tanto se ha dicho, de un empleado de libre
nombramiento y remoción, no impide que se declare su
insubsistencia o se retire del servicio por supresión del cargo
motivando el acto, entre otros apoyos, en la falta o
agotamiento de los recursos del presupuesto para
sostener ese cargo y sus prestaciones, tal como lo señala
la ley, de ahí que las razones vertidas por la Contraloría
General de la República en el estudio técnico y en el acto
acusado se entiendan ajustadas a la legalidad, puesto que
ninguna entidad puede hacer erogaciones que no tengan
disponibilidad presupuestal, incluso, aquí nada distinto se
puede decir a que el retiro del servicio se apuntaló en la
reducción del presupuesto en el Sistema General de
Regalías, que soportaba la existencia y pago de los
cargos creados por el Decreto Ley 1539 de 2012,
prorrogado, entre otros, por el artículo 42 del Decreto
2190 de 2016, normativa que además autorizó al
nominador de esos cargos temporales a reducir,
suprimir o refundir empleos, para ajustarla a las
nuevas disponibilidades presupuestales.

En un caso de contornos análogos al que ahora se analiza, el
Consejo de Estado en providencia de 27 de enero de 202221,
precisó:

[…]

Al margen de la prórroga y de la facultad otorgada a la CGR
para reducir, refundir o suprimir los empleos temporales en
aquella entidad de control ordenado por el Decreto 2190 de
2016, lo cierto es que la desvinculación o retiro del
servicio de la parte actora halla justificación en lo
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 909 de 2004 y en
el artículo 4 del Decreto 1227 de 2005, normas según
las cuales la creación y la duración del empleo
temporal están sujetos a estudios técnicos y a la
disponibilidad presupuestal, condiciones que
indiscutiblemente se previeron en el acto acusado para dar

20
Consejo de Estado, Sección Segunda, providencia de 18 de noviembre de 2021, consejero
ponente Rafael Francisco Suárez Vargas, radicación número: 25000-23»42-000-2016-04516-
01(3216-20).
21
Sección Segunda, consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas, radicación número 25000
23 42 000 2017 04325 01 (2959—20)

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por terminada la relación legal y reglamentaria, vinculación
que inicialmente se instituyó hasta el 31 de diciembre de
2014 —plazo que se cumplió— así como lo dispuso el artículo
1 del Decreto 1539 de 2012, siendo esos cargos temporales
prolongados hasta 2016 por virtud de lo ordenado en el
artículo 39 de la Ley 1744 de 2015 (bienio 2015-2016), para
nuevamente ser prorrogados según lo señalado en el artículo
42 del Decreto 2190 de 2016 para el bienio 2017 y 2018,
ampliación que en todo caso quedó sujeta a que contaran con
disponibilidad presupuestal, sin embargo el estudio técnico
que afloró en este debate determinó la reducción de aquellos
cargos para adecuarse al valor adjudicado como presupuesto
para ese bienio.

Así entonces, la insuficiencia presupuestal es la razón
o motivo para que la Contraloría General de la
República decida, autorizado normativamente, hacer
un recorte o reducción de los empleos temporales que
fueron creados por el Decreto 1539 de 2012, de tal suerte
que, como lo dijo el Consejo de Estado, se dio una reducción
de cargos, detalle que permite advertir a la Sala que la
causal de retiro por efecto de aquella reducción es la
supresión del empleo prevista en el ordinal l) del
artículo 41 de la Ley 909 de 2004, incluso, tal causal se
haya ratificada en el artículo 42 del Decreto 2190 de
2016.

[…]

Para este Tribunal resulta evidente, como quedó anotado,
que se dictó el Decreto Ley 894 el 28 de mayo de 2017 en
cumplimiento del Acuerdo de Paz, acto que contiene en el
artículo 6 una adición a las causales de retiro del servicio
previstas en el artículo 41 de La Ley 909 de 2004, mientras
que el acto acusado data del 6 de abril de 2017, es
decir, el acto administrativo de retiro del servicio del
señor Cuello Oñate es anterior a dicho decreto, por eso,
no puede afirmarse que el estudio de legalidad se
pueda efectuar sobre tales causales y la interpretación
e inexequibilidad que se ordenó en la sentencia C-527-
17, dado que las sentencias de constitucionalidad por
disposición del artículo 45 de la Ley 270 de 1996, no tiene
efectos retroactivos, de ahí que resulta imposible
jurídicamente hablando analizar el caso bajo tales reglas e
interpretaciones, pero además porque aun cuando se declaró
inexequible en esta sentencia la frase “o darlo por terminado,
cuando no se cuente con las disponibilidades y apropiaciones
para financiar el empleo de carácter temporal, como
consecuencia de los ajustes a los montos aprobados para su
financiación", contenidas en el artículo 6º del Decreto Ley 894

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de 2017, este precepto no fue sustento ni fundamento del
acto administrativo demandado, no obstante, se resalta que
permanece vigente en nuestra legislación el contenido
normativo de los artículos 21 de la Ley 909 de 2004 y
4 del Decreto 1227 de 2005 que establecen como pauta
de terminación de los empleos temporales no contar
con disponibilidad presupuestal, cimiento este que si se
haya vertido en la resolución de retiro del servicio como
fundamento del acto administrativo, pues la causal de retiro
indiscutiblemente es la de supresión o reducción del cargo
ostentado por la parte actora, además de tener sustento
constitucional, pues el artículo 122 determina que “los
emolumentos de los cargos estén previstos en el presupuesto
correspondiente".

[…]

Dicho esto y revisado el contenido del Diario Oficial 50100 de
28 de diciembre de 2016 que contiene el articulado y los
anexos del Decreto 2190, se aprecia que tal acto
administrativo fue proferido por el presidente de la
República, el ministro de Hacienda y Crédito Público y
el ministro de Minas y Energía, luego entonces,
conformaron estos el gobierno, por lo que no tiene razón
la parte actora cuando intenta descalificar la jerarquía del
señalado decreto dando a entender que fue el ministro el que
concedió la autorización al contralor para reducir, suprimir y
refundir cargos dela planta temporal creada por el Decreto
1539 de 2012, cuando lo correcto acorde con el enunciado
del artículo 115 constitucional, que fue el gobierno, aspecto
de suyo importante para efectos del raigambre normativo, lo
que además denota que la autorización introducida en el
decreto que expidió el presupuesto de regalías para el bienio
2017-2018, no del ministro, sino del gobierno.

[…]

Conforme con lo expuesto, la referencia de la alta corporación
es que la planta de cargos de la Contraloría que desarrolle las
funciones del artículo 267 superior debe ser expedida por el
legislador mediante ley ordinaria o ley de facultades
extraordinarias, por eso las leyes especiales como la ley del
plan, ley de presupuesto o leyes orgánicas del plan, no cabe
aquella temática del empleo en la CGR, pero ello no
presupone que para el caso de esta entidad de control, todos
los empleos, incluidos los temporales, deban ser de creación
legal, pues se desconocería que el legislador autorizó que los
temporales se puedan crear previo estudio técnico por actos
administrativos distintos de la ley en sentido formal, como se
prevé en el mentado artículo 21 de la Ley 909 de 2004 y

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artículo 1 del Decreto 1227 de 2005.

Adicionalmente, se observa que el estudio de
constitucionalidad abordado en la sentencia C-483-20
atiende únicamente a la creación de cargos temporales
en leyes especiales o de contenidos prefigurados con
anterioridad, pero nada se dijo en relación con las
prórrogas de los cargos creados legalmente ni con la
autorización al contralor para reducir, refundir o
suprimir los empleos temporales, que es el tema del
artículo 42 del Decreto 2190 de 2016, por lo tanto, no
existe correspondencia ni semejanzas entre las normas
estudiadas como para que pueda advertirse un asomo de
inconstitucionalidad en esta última regla, tampoco es posible
advertir que refiera a la incompetencia a la que se alude en
el escrito de apelación, puesto que aquella decisión no
examinó tales aspectos ni se desprende de la lectura de esta,
tales afirmaciones.

[…]

Se releva por el Tribunal que las funciones y el tratamiento
de la planta de cargos de la Contraloría General de la
República previsto en los numerales 9 y 10 del artículo 268
constitucional apuntan a los empleos de carrera
administrativa y de libre nombramiento y remoción, porque
los empleos temporales poseen reglas y funciones
distintas a las previstas en aquella norma superior, de
ahí que su regulación está prevista en una ley -
909/2004- que autoriza la creación y finalización
también vía acto administrativo previo estudio técnico,
por ello, como atrás se dijo, el Decreto 2190 de 2016
no se estima inconstitucional, pues no encuadra en los
supuestos de estudio de la referida inexequibilidad
expresada en la comentada sentencia […]”.

De los apartes trascritos de la providencia cuestionada, la Sala

extrae que el TRIBUNAL al conocer del proceso ordinario en

segunda instancia, determinó que el actor no desvirtuó la

presunción de legalidad del acto acusado, comoquiera que este se

encontró ajustado a lo previsto en el artículo 42 del Decreto 2190

de 2016, así como a los artículos 21 y 41 de la Ley 909 de 2004,

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pues el retiro del servicio se dio por supresión del cargo fundado

en la reducción del presupuesto de regalías para el bienio 2017-

2018, lo cual fue corroborado en el estudio técnico realizado por

la Contraloría General de la República.

Advirtió el TRIBUNAL que los empleos temporales gozan del

régimen previsto en la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1227 de 2005

(compilado en el Decreto 1083 de 2015), decreto este último en

el cual su artículo 4º estipula que el término de duración del

nombramiento está sujeto a la disponibilidad presupuestal, pues

una de las razones para que se puedan crear cargos es que exista

la disponibilidad presupuestal.

En ese orden de ideas, concluyó la autoridad judicial accionada

que el cargo temporal puede ser terminado cuando se carezca de

recursos para financiarlo, de tal forma que la supresión del cargo

encuentra su razón en el agotamiento de recursos del presupuesto

para sostenerlo, lo cual deja en evidencia que las razones vertidas

por la Contraloría General de la República están revestidas de

legalidad, de conformidad con el artículo 42 del Decreto 2190 de

2016 y, especialmente, en el artículo 21 de la Ley 909 de 2004 y

el Decreto 1227 de 2005.

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Para la autoridad judicial accionada, la génesis de la inconformidad

del actor se circunscribió a la aplicación de la excepción de

inconstitucionalidad del artículo 42 del Decreto Ley 2190 de

201622, conforme con el cual, en efecto, la planta temporal de la

Contraloría General de la República, creada en virtud del Decreto

1539 de 26 de junio de 2012, fue prorrogada inicialmente hasta

el año 2016 y posteriormente hasta el 31 diciembre de 2018 y se

facultó al Contralor para efectuar los ajustes necesarios para que

fuere consistente con los montos apropiados a dicho órgano de

control, para lo cual podría reducir, suprimir o refundir empleos.

Así las cosas, la autoridad judicial accionada advirtió que la figura

de la excepción de inconstitucionalidad procedía cuando la

incompatibilidad entre la Constitución y la Ley invocada fuera

manifiesta, esto es, que riñeran de tal manera que resultara

evidente, situación que no ocurrió en el asunto de marras, en la

medida que la facultad conferida al Contralor estaba supeditada a

los montos apropiados a dicha entidad, lo que guardaba

correspondencia con el hecho de que se hubiere encontrado

necesaria la reducción de los empleos temporales, sin que dicha

situación desconociera los artículos 115, 122, 150 y 268, entre

otros, de la Constitución Política.

22
Por medio de la cual se implementa el certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia
de armas de fuego y se dictan otras disposiciones.

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Para lo anterior, recalcó que no se vislumbraba diáfanamente la

incompatibilidad entre la Constitución Política y el artículo 42 del

Decreto 2190 de 2016; además, que las razones que sustentaron

el retiro del servicio tuvieron fundamento en el estudio técnico

realizado por la entidad, que señaló la necesidad de reducir los

empleos temporales de la Contraloría General de la República,

como consecuencia de la reducción presupuestal para el bienio

2017-2018.

Sumado a lo anterior, el TRIBUNAL resaltó que el Decreto 2190

de 2016 fue proferido por el Presidente de la República y los

ministerios de Hacienda y Crédito y de Minas y Energía, por lo que

la misma fue expedida en debida forma por el Gobierno Nacional,

contrario a lo advertido por el actor.

Respecto de lo anterior, la parte actora alega la configuración de

los defectos sustantivo y violación directa de la Constitución,

habida cuenta que, a su juicio, el TRIBUNAL omitió analizar la

excepción de inconstitucionalidad del artículo 42 del Decreto Ley

2190 de 2016, por lo que que el Contralor desatendió el

procedimiento para la desvinculación de los empleados

temporales.

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Al respecto la Sala señala que la Corte Constitucional23 ha

aceptado la configuración de los defectos sustantivo y violación

directa a la Constitución cuando, habiendo lugar a ello, se ha

dejado de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, así:

“[…] la jurisprudencia ha establecido que, cuando el
funcionario inaplica la excepción solicitada por las partes,
siendo procedente, genera específicamente, un defecto
sustantivo por inaplicación de la excepción de
inconstitucionalidad. Este defecto se presenta cuando “la
actuación controvertida se funda en una norma
indiscutiblemente inaplicable, ya sea porque (a) la norma
perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley, (b) es
inconstitucional, (c) o porque el contenido de la disposición
no tiene conexidad material con los presupuestos del caso.
También puede darse en circunstancias en las que a pesar del
amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce
a las autoridades judiciales, se produce (d) un grave error en
la interpretación de la norma constitucional pertinente, el cual
puede darse por desconocimiento de sentencias de la Corte
Constitucional con efectos erga omnes, o cuando la decisión
judicial se apoya en una interpretación claramente contraria
a la Constitución.

Se considera igualmente defecto sustantivo el hecho de que
la providencia judicial tenga problemas determinantes
relacionados, (e) con una insuficiente sustentación o
justificación de la actuación que afecte derechos
fundamentales; (f) cuando se desconoce el precedente
judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación,
que hubiese permitido una decisión diferente; o (g) cuando
el juez se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la
Constitución siempre que se solicite su declaración por alguna
de las partes en el proceso.” [9] (Negrilla fuera del texto)

La razón por la cual se considera que el no hacer uso de la
excepción de inconstitucionalidad da lugar a un defecto
sustantivo es debido a que, el juez competente empleó una
interpretación normativa sin tener en cuenta que ésta
resultaba contraria a los derechos y principios consagrados
en la Carta Fundamental. Por lo tanto, basó su decisión en
una norma que, de acuerdo con el principio de interpretación

23
Corte Constitucional, sentencia SU 132 de 2013, M.P Alexei Julio Estrada.

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Actor: ALBEIRO NICOLÁS CUELLO OÑATE

conforme a la Constitución, no podría existir en nuestro
ordenamiento. En consecuencia, se expide un fallo con
fundamento en normas que, siendo de menor jerarquía, van
en contra de los principios y derechos establecidos en la
Constitución Política y, así, se genera un quebrantamiento de
la misma.

Además, existe una causal específica de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales determinada
como violación directa a la Constitución cuyo origen deviene
de la interpretación legal inconstitucional o inaplicación de la
excepción de inconstitucionalidad[10], es decir, se configura
cuando el funcionario judicial adopta una decisión que
desconoce los principios y derechos contenidos en la
Constitución Política o inaplica la excepción de
inconstitucionalidad de una norma inferior a las
constitucionales y contraria a las mismas […]”.

En este punto la Sala advierte que, contrario a lo señalado por el

actor, el TRIBUNAL sí realizó un estudio de fondo a su solicitud

de aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, sin que la

conclusión a la que arribó constituya la configuración de los

defectos aludidos debido a que su análisis resulta admisible desde

la perspectiva de la hermenéutica jurídica razonable y en atención

al principio de autonomía judicial.

En efecto, como se indicó, la autoridad judicial accionada analizó

el marco jurídico del cual hace parte el artículo 42 del Decreto Ley

2190 de 2016 y estableció que no advertía que fuera

manifiestamente contrario a la Constitución, premisa necesaria

para la procedencia de la excepción de inconstitucionalidad,

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respecto de la cual esta Sección24 ha indicado:

“[…] La figura de la excepción de inconstitucionalidad es un
instrumento establecido por el artículo 4° de la Constitución
Política, cuya aplicación se alega para que en caso de
presentarse contradicción entre una norma de rango legal y
otra de rango constitucional, se aplique esta última, con el fin
de preservar las garantías constitucionales, que sólo procede
para resolver casos o situaciones concretas o subjetivas, de
modo que quien la hace efectiva es la autoridad que conoce
del correspondiente caso y sus efectos, por consiguiente, son
subjetivos o inter partes.

[…]

Ahora bien, para hacer uso de este medio excepcional es
necesario que la contradicción sea manifiesta, esto es,
que la norma constitucional y la legal riñan de tal
manera que del simple cotejo resulte absolutamente
incompatible su aplicación simultánea. En este sentido la
Sección prohíja la sentencia de 5 de julio de 2002, radicado
1996-7762-01 (7212) Consejera Ponente, Dra Olga Inés
Navarrete Barrera4, en la cual se sostuvo:

“Pero esta excepción de inconstitucionalidad debe reunir
ciertos requisitos para su procedencia, uno de los cuales es
la palmaria y flagrante oposición entre los textos
constitucionales y la norma cuya inaplicación se
pretende. (resalta la Sección) Es pertinente aludir a la
sentencia C-600 de 1998, en la cual la Corte Constitucional
precisó el alcance de esta figura:

La inaplicación de una norma de jerarquía inferior con apoyo
en el artículo 4 de la Carta supone necesariamente la
incompatibilidad entre su contenido y el de los preceptos
constitucionales. Si tal incompatibilidad no existe, no cabe la
inaplicación y la circunstancia no es otra que la de
incumplimiento o violación de los mandatos dejados de
aplicar.

Por el contrario, en el supuesto de un palmario
enfrentamiento entre la norma y la Constitución, la obligación
del funcionario o autoridad que en principio debería aplicar
aquélla es la contraria: no darle aplicación […]”.

24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de
noviembre de 2010, CP María Elizabeth García González número único de radicación, 66001-23-
31-000-2007-00070-01.

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Actor: ALBEIRO NICOLÁS CUELLO OÑATE

De igual forma, la Sala tampoco advierte que el TRIBUNAL haya

desconocido las normas que regulan la desvinculación de los

empleados temporales de la Contraloría, dado que como se indicó,

dicha autoridad analizó todo el marco legal del cargo que ocupaba

el actor, para concluir que la supresión de este había atendido a

las normas establecidas para tal efecto.

La Sala destaca que la acción de tutela no es una instancia para

perseguir la imposición de una determinada interpretación

normativa en detrimento de la actividad hermenéutica de la

autoridad judicial que ordinariamente conoce de un asunto, pues

la intervención del juez constitucional está dada para eventos en

que resulta evidente que hubo una actuación abiertamente

arbitraria, situación que en el presente caso no se vislumbra, dado

que, se insiste, más allá de cualquier otra lectura que pueda darse

al caso, lo cierto es que el análisis que efectuó el TRIBUNAL sobre

los aspectos aludidos es razonable, admisible y atiende al principio

de autonomía judicial.

Ahora bien, la aplicación de las sentencias C-618 de 2015, C-527

de 2017 y C-483 de 2020, también fue un asunto frente al cual el

TRIBUNAL se pronunció en la providencia cuestionada, así:

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Actor: ALBEIRO NICOLÁS CUELLO OÑATE

“[…] La Corte Constitucional con sentencia C-618-15, declaró
la inexequibilidad de las expresiones “son de libre
nombramiento y remoción” y “por tanto no", por cuanto
encontró que al ser una categoría especial de empleo no cabe
dentro del concepto de libre nombramiento y remoción pues
tienen su propia reglamentación, de tal suerte que aquellos
empleos temporales están sometidos a la Ley 909 de 2004.

[…]

No obstante que la falta o disminución de presupuesto no es
la causal de retiro sino la justificación para decretar la
reducción y supresión de algunos cargos, entre ellos el de la
parte actora, la parte apelante sostiene que la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-527-17 declaró
inexequible la causal de insuficiencia presupuestal, por ello
afirma que la causal extendida en el acto acusado es esta,
por lo tanto, debe restablecerse el derecho del señor Cuello
Oñate.

Para este Tribunal resulta evidente, como quedó anotado,
que se dictó el Decreto Ley 894 el 28 de mayo de 2017 en
cumplimiento del Acuerdo de Paz, acto que contiene en el
artículo 6 una adición a las causales de retiro del servicio
previstas en el artículo 41 de La Ley 909 de 2004, mientras
que el acto acusado data del 6 de abril de 2017, es
decir, el acto administrativo de retiro del servicio del
señor Cuello Oñate es anterior a dicho decreto, por eso,
no puede afirmarse que el estudio de legalidad se
pueda efectuar sobre tales causales y la interpretación
e inexequibilidad que se ordenó en la sentencia C-527-
17, dado que las sentencias de constitucionalidad por
disposición del artículo 45 de la Ley 270 de 1996, no tiene
efectos retroactivos, de ahí que resulta imposible
jurídicamente hablando analizar el caso bajo tales reglas e
interpretaciones, pero además porque aun cuando se declaró
inexequible en esta sentencia la frase “o darlo por terminado,
cuando no se cuente con las disponibilidades y apropiaciones
para financiar el empleo de carácter temporal, como
consecuencia de los ajustes a los montos aprobados para su
financiación", contenidas en el artículo 6º del Decreto Ley 894
de 2017, este precepto no fue sustento ni fundamento del
acto administrativo demandado, no obstante, se resalta que
permanece vigente en nuestra legislación el contenido
normativo de los artículos 21 de la Ley 909 de 2004 y
4 del Decreto 1227 de 2005 que establecen como pauta
de terminación de los empleos temporales no contar
con disponibilidad presupuestal, cimiento este que si se
haya vertido en la resolución de retiro del servicio como
fundamento del acto administrativo, pues la causal de retiro

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indiscutiblemente es la de supresión o reducción del cargo
ostentado por la parte actora, además de tener sustento
constitucional, pues el artículo 122 determina que “los
emolumentos de los cargos estén previstos en el presupuesto
correspondiente".

Reprocha el apoderado de la parte actora el desconocimiento
del precedente de la Corte Constitucional en la sentencia C-
483-20 y la falta de estudio al control por vía de excepción
al no inaplicarse por inconstitucionalidad el artículo 42 del
Decreto 2190 de 2016, pues según dice “no es
constitucionalmente admisible que un Ministro a través del
decreto que fija el presupuesto de regalías faculte al Contralor
General (…) que es un órgano autónomo e independiente y
que no hace parte de la rama ejecutiva para suprimir cargos
de su propia entidad, lo cual no solo no lo puede hacer, sino
que ello es abiertamente arbitrario e inconstitucional', tesis
respaldada en aquella providencia de constitucionalidad.

El articulo 115 superior establece en cabeza del presidente de
la República la condición de jefe de Estado, jefe del gobierno
y suprema autoridad administrativa, también estatuye que
constituyen gobierno el presidente y el ministro o director de
departamento administrativo correspondiente en cada
negocio particular, por ello deben concurrir en esos actos de
gobierno no solo la firma del presidente sino la del ministro o
la del director del departamento.

Dicho esto y revisado el contenido del Diario Oficial 50100 de
28 de diciembre de 2016 que contiene el articulado y los
anexos del Decreto 2190, se aprecia que tal acto
administrativo fue proferido por el presidente de la
República, el ministro de Hacienda y Crédito Público y
el ministro de Minas y Energía, luego entonces,
conformaron estos el gobierno, por lo que no tiene razón
la parte actora cuando intenta descalificar la jerarquía del
señalado decreto dando a entender que fue el ministro el que
concedió la autorización al contralor para reducir, suprimir y
refundir cargos dela planta temporal creada por el Decreto
1539 de 2012, cuando lo correcto acorde con el enunciado
del artículo 115 constitucional, que fue el gobierno, aspecto
de suyo importante para efectos del raigambre normativo, lo
que además denota que la autorización introducida en el
decreto que expidió el presupuesto de regalías para el bienio
2017-2018, no del ministro, sino del gobierno.

[…]

Conforme con lo expuesto, la referencia de la alta corporación
es que la planta de cargos de la Contraloría que desarrolle las

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funciones del artículo 267 superior debe ser expedida por el
legislador mediante ley ordinaria o ley de facultades
extraordinarias, por eso las leyes especiales como la ley del
plan, ley de presupuesto o leyes orgánicas del plan, no cabe
aquella temática del empleo en la CGR, pero ello no
presupone que para el caso de esta entidad de control, todos
los empleos, incluidos los temporales, deban ser de creación
legal, pues se desconocería que el legislador autorizó que los
temporales se puedan crear previo estudio técnico por actos
administrativos distintos de la ley en sentido formal, como se
prevé en el mentado artículo 21 de la Ley 909 de 2004 y
artículo 1 del Decreto 1227 de 2005.

Adicionalmente, se observa que el estudio de
constitucionalidad abordado en la sentencia C-483-20
atiende únicamente a la creación de cargos temporales
en leyes especiales o de contenidos prefigurados con
anterioridad, pero nada se dijo en relación con las
prórrogas de los cargos creados legalmente ni con la
autorización al contralor para reducir, refundir o
suprimir los empleos temporales, que es el tema del
artículo 42 del Decreto 2190 de 2016, por lo tanto, no
existe correspondencia ni semejanzas entre las normas
estudiadas como para que pueda advertirse un asomo de
inconstitucionalidad en esta última regla, tampoco es posible
advertir que refiera a la incompetencia a la que se alude en
el escrito de apelación, puesto que aquella decisión no
examinó tales aspectos ni se desprende de la lectura de esta,
tales afirmaciones. […]” (destacado fuera de texto).

Conforme con la transcripción en cita, la Sala advierte que el

TRIBUNAL analizó la sentencia C-618 de 2015, para lo cual

fundamentó su decisión, entre otras, en dicho pronunciamiento;

además, también estudió el contenido de las sentencias C-527 de

2017 y C-483 de 2020 invocadas por el actor como desconocidas

y concluyó que no eran aplicables al caso, porque recaían sobre

situaciones diferentes a las relacionadas con el artículo 42 del

Decreto Ley 2190 de 2016.

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En cuanto a la sentencia C-618 de 2015, el TRIBUNAL sustentó

que la Corte Constitucional en esa oportunidad dispuso que los

empleos temporales conforman una categoría especial distinta a

los empleos de carrera administrativa y los de libre

nombramiento y remoción, por lo que estaban sometidos a la

Ley 909 de 2004 y no era dable aplicarle el mismo régimen de

estos, lo que es contrario a lo expuesto por el actor.

En relación con la sentencia C-527 de 2017, el TRIBUNAL

encontró que en ese asunto se analizó el Decreto Ley 894 de 28

de mayo de 2017 expedido en cumplimiento del Acuerdo de Paz,

el cual contiene en su artículo 6º una adición a las causales de

retiro del servicio previstas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004,

mientras que el acto acusado que retiró al actor del servicio fue

anterior a dicho decreto, por lo que no podía afirmarse que el

estudio de legalidad se pudiera efectuar sobre tales causales y la

interpretación de exequibilidad que ordenó dicho pronunciamiento

de la Corte Constitucional, toda vez que las sentencias de

constitucionalidad, de conformidad con el artículo 45 de la Ley 270

de 1996, no tienen efectos retroactivos, por lo que no era posible

jurídicamente analizar el asunto bajo tales reglas.

Sumado a ello, estimó que aun cuando la Corte Constitucional

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había declarado la inexequibilidad de las expresiones “[…] o darlo

por terminado, cuando no se cuente con las disponibilidades y

apropiaciones para financiar el empleo de carácter temporal, como

consecuencia de los ajustes a los montos aprobados para su

financiación […]” contenidas en el artículo 6° del Decreto Ley 849

de 2017, relativas a una forma de terminación de los

nombramientos en empleos temporales por la falta de

disponibilidad presupuestal, dicho precepto no fue sustento ni

fundamento del acto acusado, además, los artículos 21 de la Ley

909 de 2004 y 4 del decreto 1227 de 2005, permanecen vigentes

en nuestra legislación.

Por su parte, en lo que concernía a la sentencia C-483 de 2020, el

TRIBUNAL destacó que la Corte Constitucional abordó el asunto

únicamente en lo se refiere a la creación de cargos temporales en

leyes especiales y de contenidos prefigurados con anterioridad, sin

emitir pronunciamiento alguno frente a las prorrogas de cargos

creados legalmente ni con la autorización al Contralor para

reducir, refundir o suprimir los empleos temporales, de tal forma

que no existía correspondencia ni semejanzas entre las normas

estudiadas que permitieran aplicar tales reglas.

De manera que esta Sala no advierte que la autoridad judicial

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accionada haya incurrido en desconocimiento del precedente

judicial, toda vez que, de una parte, fundamentó su decisión

precisamente en la sentencia C-618 de 2015 y, de otra parte,

explicó las razones por las cuales se había apartado de las tesis

que contienen las sentencias C-527 de 2017 y C-483 de 2020

invocadas como desconocidas por el actor, situación que atiende

al principio de razón suficiente, pues como se indicó la sujeción a

los precedentes horizontales o verticales no es absoluta.

En este punto se considera necesario precisar que esta Sala, en

sentencia de 29 de septiembre de 202225, dentro de la acción de

tutela identificada con el número único de radicación 2022-02428-

01, analizó la solicitud de amparo presentada por la señora

GLENIS ORTIZ MARRUGO, la cual contaba con identidad fáctica

a la presente y en la que se resolvió denegar las pretensiones de

la demanda por estimar que no se incurrió en los defectos

sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento

del precedente judicial alegados.

De lo expuesto en precedencia, se infiere que la autoridad judicial

accionada no incurrió en los yerros endilgados, pues como se

25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de
septiembre de 2022, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente identificado con el número único
de radicación 11001-03-15-000-2022-02428-01.

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explicó, aplicó en debida forma la improcedencia de la aplicación

de la excepción de inconstitucionalidad, por lo que para la Sala ni

el análisis ni la decisión contenida en las providencias

controvertidas, resultan caprichosos o excedidos, sino que fueron

adoptados a partir del alcance dado a la situación fáctica de la

demanda respectiva y a la jurisprudencia aplicable al caso, de tal

suerte que lo que se advierte es la inconformidad de la parte

actora con las razones de la providencia judicial acusada, no así la

configuración de las falencias que se alegan.

Consecuente con lo anterior, al no vislumbrarse vulneración

alguna de los derechos fundamentales invocados por el actor, la

Sala denegará el amparo solicitado, como en efecto se dispondrá

en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera,

administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado, de conformidad con

lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito

y eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 31 de marzo

de 2023.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente (E) Ausente con permiso

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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