Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02469-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02469-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-02469-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
23 de junio de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02469-00
Accionante: Miryam Sofía Mattos de Vargas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02469-00
Accionante: MIRYAM SOFÍA MATTOS DE VARGAS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN B
Tesis: No vulnera el derecho a la seguridad social ni incurre
en defecto fáctico la providencia judicial que negó el
reconocimiento y pago de una asignación de retiro en
favor de un cónyuge supérstite.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Miryam Sofía
Mattos de Vargas en contra de la sentencia proferida el 31 de marzo de
2022 por la Subsección B, Sección Segunda, del Consejo de Estado, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el nro.
47001 2333 000 2016 00369 01.
1.- SÍNTESIS DEL CASO
La parte actora promovió acción de tutela en contra de la precitada
sentencia, con el fin de que se amparen los derechos fundamentales a la
1
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igualdad, debido proceso, defensa, mínimo vital y seguridad social; para
ello formuló las siguientes pretensiones1:
“[…] 1. Ruego a los HONORABLES MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE
ESTADO de tutela, que proteja mis derechos fundamentales, por
cuanto la Sentencia del treinta y uno (31) de marzo de dos mil
veintidós (2022), proferida por la SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS, incurrió en los
defectos o causales específicas de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales (sic) acceso a la administración
de justicia 1) Defecto sustantivo o material, 2) violación al debido
proceso y 3) al principio de legalidad, 4) Seguridad social, vida digna
y mínimo vital 5) Configuración del defecto sustantivo y 6)
configuración del defecto por desconocimiento del precedente
judicial.
2. En consecuencia, le solicito DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de
segunda instancia del treinta y uno (31) de marzo de dos mil
veintidós (2022), proferidas por la SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS para, en su
lugar, CONFIRMAR las condenas fijadas en el fallo de primera
instancia por el Tribunal Administrativo del Magdalena, a través de
la sentencia proferida en el curso de la audiencia llevada a cabo el
veinticuatro (24) de marzo de dos mil diecisiete (2017), que accedió
a las pretensiones de la demanda, declaró la nulidad del acto
administrativo demandado, condenó a la Policía Nacional al
reconocimiento y pago a la demandante, en calidad de cónyuge
supérstite del señor Oscar Vargas Aguilera, a una asignación de
retiro; todo ello sin perjuicio de las medidas que el juez de tutela
estime necesarias, pertinentes e idóneas para salvaguardar los
derechos constitucionales que se ven afectados […]”.
[Mayúsculas en el escrito de tutela]
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante informó que es la cónyuge supérstite del señor Oscar
Vargas Aguilera, quien falleció el 24 de agosto de 1992.
Sostuvo que el señor Vargas Aguilera prestó sus servicios al Ministerio de
Defensa – Policía Nacional como agente de policía.
1
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 02469 00.
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Afirmó que el 20 de mayo de 1995 solicitó el reconocimiento de la pensión
de sobreviviente al Ministerio de Defensa – Policía Nacional por cumplir
con los requisitos del artículo 58 del Decreto 609 de 1977; sin embargo,
dicha petición fue resuelta desfavorablemente.
Por lo anterior, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, la cual correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del
Magdalena que, en sentencia del 24 de marzo de 2017, accedió a las
pretensiones.
Explicó que en el “proceso se demostró fundado en el extracto de hoja de
vida y antecedentes administrativos, material probatorio allegado al
expediente por el propio MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -DIRECTOR
DE PRESTACIONES SOCIALES – POLICÍA NACIONAL, que a mi esposo
OSCAR VARGAS AGULERA (sic), se le reconocieron tiempos dobles,
motivo por el cual, reunió 16 años y 4 meses de servicios prestados.
Refirió que, en aplicación al principio de favorabilidad, y por no haber sido
tachados los documentos allegados en los antecedentes administrativos,
aportados por la entidad demandada, estableció que el causante laboró
por más de 16 años al servicio de la Policía Nacional, razón (sic)
suficientes para que conforme a lo establecido en el Decreto 609 de 1977,
tiene derecho el causante al reconocimiento de una asignación de retiro
por parte de la Caja Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, equivalente
al 50% de las partidas devengadas”2.
Inconforme con lo decidido, la parte demandada interpuso recurso de
apelación y la Subsección B, Sección Segunda, del Consejo de Estado, en
providencia del 31 de marzo de 2022, revocó lo resuelto en primera
instancia y negó las pretensiones.
La accionante estima que la sentencia atacada incurrió en defecto fáctico
por cuanto, para resolver, tuvo en cuenta el formato nro.5 de la
2
Ibídem.
3
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liquidación de las prestaciones sociales del señor Vargas Aguilera, pero
no el extracto de la hoja de vida que reposa en el expediente
administrativo allegado por la Policía Nacional. Anotó que en este último
documento está acreditado que fueron reconocidos tiempos dobles y, por
consiguiente, el causante reunió 16 años y 4 meses de servicios, por lo
que está cumplido el requisito del artículo 58 del Decreto 609 de 1977.
Precisó que, como en la sentencia controvertida no se tuvo en cuenta el
extracto de la hoja de vida del señor Vargas Aguilera que acredita que
prestó sus servicios por más de 16 años, se concluyó de manera errónea
que el período laborado fue de 14 años, 3 meses y 12 días, lo que conllevó
a que fuera revocada la decisión de primera instancia y se negaran las
pretensiones.
Arguyó que también se configuró el defecto por desconocimiento del
precedente y para sustentarlo afirmó que “(…) no consideró la
jurisprudencia constitucional Sentencia SU - 005/18 sobre “la
interpretación del principio de la condición más beneficiosa en materia de
pensión de sobrevivientes” (…)”3.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
3.1. Por auto del 9 de mayo de 20224 fue admitida la acción de tutela y
se dispuso notificar a los consejeros que integran la Subsección B, Sección
Segunda, del Consejo de Estado, así como, vincular, por tener interés en
las resultas del proceso, a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional5.
3
Ibídem.
4
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 02469 00.
5
Esta orden se cumplió el 11 de mayo de 2022. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 02469 00.
4
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Igualmente, se requirió al Tribunal Administrativo del Magdalena que
allegara copia digital del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado con el nro. 47001 2333 000 2016 00369 01.
3.2. El Jefe Área Jurídica de la Policía Nacional rindió informe en
oportunidad vía correo electrónico6, en el que señaló que de las
consideraciones expuestas en la sentencia atacada no se observa ninguna
transgresión a los derechos fundamentales invocados.
3.3. La Subsección B, Sección Segunda, del Consejo de Estado, no rindió
informe.
4.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 1991 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,7 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril
de 20218, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo nro.
080 del 12 de marzo de 20199 proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.
6
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 02469 00.
7
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
8
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
9
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
5
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Accionante: Miryam Sofía Mattos de Vargas
4.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente10:
4.2.1. La señora Miryam Sofía Mattos de Vargas, actuando por conducto
de apoderado, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
pretendiendo que se declare la nulidad11:
“[…] Del Oficio 07118 GRUSO UNDIN RAD E0509 – 151445 del 6 de
abril de 2006, a través del cual la Coordinadora Unidad Orientación
e Información del Grupo de Prestaciones Sociales de la Policía
Nacional, negó el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes pretendida en su condición de cónyuge supérstite del
Agente (F) Oscar Vargas Aguilera.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la
entidad demandada, a reconocer, liquidar y pagar una pensión de
sobrevivientes en su condición de beneficiaria, por el fallecimiento
de Oscar Vargas Aguilera, a partir del 20 de mayo de 1995, teniendo
en cuenta todos los factores salariales devengados como Agente de
la Policía Nacional, junto con las mesadas retroactivas, el pago de
los intereses moratorios sobre los dineros provenientes del
reconocimiento de la aplicación de los porcentajes, y el pago de los
gastos y costas procesales […]”.
4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del
Magdalena que, en sentencia del 24 de marzo de 2017, “declaró la nulidad
del acto administrativo demandado, condenó a la Policía Nacional al
reconocimiento y pago a la demandante, en calidad de cónyuge supérstite
del señor Oscar Vargas Aguilera, de una asignación de retiro equivalente
al 50% del monto de las partidas de que trata el artículo 55 del Decreto
609 de 1977, por los 15 primeros años de servicio y un 4% por ciento
más por cada año que exceda de 15, sin que el total sobre pase el 85%,
con efectividad a partir del 21 de agosto de 1992. De igual forma, declaró
10
Lo que se desprende de las pruebas aportadas por la parte actora. Visto en el índice
2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2022 02469 00.
11
Lo que se extrae de la sentencia proferida el 31 de marzo de 2022 por la Subsección
B, Sección Segunda del Consejo de Estado. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 02469 00.
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probada la prescripción cuatrienal de las mesadas pensionales anteriores
al 15 de septiembre de 2012”12.
4.2.3. Inconforme con lo resuelto, la parte demandada interpuso recurso
de apelación y la Subsección B, Sección Segunda, del Consejo de Estado,
en sentencia del 31 de marzo de 2022 dispuso:
“[…] REVÓCASE la sentencia proferida en el curso de la audiencia
llevada a cabo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil diecisiete
(2017) por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por medio de
la cual accedió a las pretensiones de la demanda incoada por la
señora MYRIAM SOFÍA MATTOS DE VARGAS, en contra de la
NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, POLICÍA NACIONAL,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
En su lugar, se dispone:
PRIMERO.- DENIÉGASE la totalidad de las pretensiones de la
demanda, conforme a lo señalado en la parte considerativa del
presente proveído […]”.
(Mayúsculas en la providencia)
4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, se tiene lo siguiente:
(i) En lo atinente al requisito de relevancia constitucional, se advierte que
la parte actora señaló que la sentencia controvertida vulnera sus derechos
12
Ibídem.
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fundamentales al mínimo vital, igualdad, seguridad social, debido proceso
y defensa.
En cuanto al mínimo vital, la jurisprudencia constitucional ha indicado que
le corresponde al accionante demostrar su vulneración, señalando qué
necesidades básicas están siendo insatisfechas, pues “no sólo basta hacer
una afirmación llana respecto de la afectación del mínimo vital, sino que
dicha aseveración debe venir acompañada de pruebas fehacientes y
contundentes de tal afectación, que le permitan al juez de tutela tener la
certeza de tal situación”13; sin embargo, en este caso, la interesada no
explicó las razones por las que estima la sentencia controvertida vulneró
esta garantía, ni tampoco allegó ningún medio probatorio que acreditara
tal afectación, por lo que el requisito de relevancia constitucional no está
superado en relación con este derecho.
En lo concerniente al derecho a la igualdad, uno de los eventos en los que
puede resultar vulnerado es cuando las autoridades judiciales profieren
decisiones sin tener en cuenta el precedente o cuando se da un
tratamiento equivalente a supuestos fácticos diferentes. En este asunto,
se observa que la accionante, en el escrito de tutela, refirió a la sentencia
SU – 005 de 2018 de la Corte Constitucional, pero no cumplió con la carga
de identificar cuál fue la regla jurisprudencial que estima era aplicable al
caso y que fue desatendida; lo que implica que el interesado identifique
el problema jurídico que fue resuelto en uno y otro evento, así como las
pretensiones y los fundamentos de hecho y de derecho, argumentación
que habilitaría al juez de tutela para estudiar el reparo formulado; razón
por la que, frente a este derecho, tampoco se cumple el requisito de
relevancia.
En lo relativo al derecho a la seguridad social, la Sala considera que sí se
cumple el requisito de relevancia constitucional, en la medida que, del
13
Corte Constitucional. Sentencia T – 237 del 26 de febrero de 2001. M.P.: Rodrigo
Escobar Gil.
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escrito de tutela, se desprende que se arguye que el señor Vargas
Aguilera tenía derecho al reconocimiento de la asignación de retiro y,
como consecuencia, hay lugar a la sustitución de la misma a la accionante
en calidad de cónyuge supérstite.
Conforme con lo expuesto, el requisito de relevancia constitucional está
acreditado respecto del derecho a la seguridad social y, atendiendo la
posición mayoritaria de la Sala, se tiene que lo mismo ocurre frente al
derecho fundamental al debido proceso [cuyo núcleo esencial está
compuesto, entre otras garantías, por el derecho de defensa], sin que por
ello se comprometa igualmente el requisito general de la subsidiariedad14.
De otro lado, frente a los demás requisitos generales se observa que (i)
la accionante no cuenta con otro medio de defensa para proteger el
derecho a la seguridad social; (ii) la petición de amparo se presentó
dentro de un término razonable15 habida cuenta que la providencia
cuestionada fue proferida el 31 de marzo de 2022 y la tutela fue enviada
el 2 de mayo de 2022; (iii) la irregularidad manifestada por la accionante
corresponde al defecto fáctico; (iv) la situación que se afirma generó la
vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente
puntualizada, y (v) no se trata de una providencia contentiva de una
sentencia de tutela.
Por consiguiente, ante una eventual vulneración de las garantías
señaladas, es procedente descender al estudio del defecto invocado.
14
El magistrado ponente advierte que no comparte la posición mayoritaria de la Sala.
15
Consejo de Estado- Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de
agosto de 2014, Radicado nro. 11001-03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio
Ramírez Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., Demandado: Consejo de
Estado – Sección Primera, donde se dijo que acogiendo la jurisprudencia de la Corte
Constitucional era razonable que se presentara el amparo máximo en seis (6) meses
después de notificada la providencia que se cuestionaba en sede constitucional, sin
perjuicio de estudiar en cada caso, las circunstancias particulares para determinar el
cumplimiento del requisito de inmediatez.
9
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Defecto fáctico
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el defecto
fáctico tiene lugar “cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en
que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente
inadecuado”16. Así, la jurisprudencia ha entendido que el mencionado
defecto surge: “(…) cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
Se estructura, entonces, siempre que existan fallas sustanciales en la
decisión, que sean atribuibles a deficiencias probatorias del proceso.
Según esta Corporación, el fundamento de la intervención del juez de
tutela por deficiencias probatorias en el proceso radica en que, no
obstante, las amplias facultades discrecionales con que cuenta el juez del
proceso para el análisis del material probatorio, éste debe actuar de
acuerdo con los principios de la sana crítica, es decir, con base en criterios
objetivos y racionales (…)”17.
La jurisprudencia constitucional ha identificado dos dimensiones en las
que es posible se configure el defecto fáctico18. La primera de ellas
corresponde a una dimensión negativa que surge cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa19, situación
que se presenta cuando (i) no decreta, ignora o hace una valoración
defectuosa de la prueba20 o (ii) sin una razón válida da por no probado
un hecho que emerge claramente, y, una dimensión positiva, que se
produce cuando (i) el juez aprecia pruebas que fueron determinantes en
la decisión de la providencia cuestionada, las cuales no ha debido tener
en cuenta porque, por ejemplo, se recaudaron indebidamente o (ii) da
16
Corte Constitucional, Sentencia T-567 de 1998, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.
17
Corte Constitucional, Sentencia T-419 de 2011, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
18
Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
19
Corte Constitucional, Sentencias T-567 de 1998 y T-417 de 2008, entre otras.
20
Cfr. Sentencias T-239 de 1996 y T-747 de 2009.
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por ciertas algunas circunstancias sin que exista material probatorio que
fundamente su decisión21.
En todo caso, para que se verifique la existencia de este defecto, el error
debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y debe tener una
incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la evaluación fáctica de la
autoridad judicial que ordinariamente conoce de un asunto, ya que con
ello invadiría la órbita de la competencia y la autonomía de que son
titulares los jueces ordinarios.
En el asunto bajo examen, la accionante alega que la sentencia atacada
incurrió en este defecto porque no se tuvo en cuenta el extracto de la
hoja de vida del señor Vargas Aguilera que reposa en el expediente
administrativo que fue allegado por la Policía Nacional al proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, y en el que está acreditado que
el mencionado señor laboró durante 16 años y 4 meses para la entidad.
La Sala, en aras de establecer si se configuró el aludido defecto, estima
pertinente retrotraerse a lo analizado en la sentencia proferida el 31 de
marzo de 2022 por la Subsección B, Sección Segunda, del Consejo de
Estado. Al respecto, se advierte que en el acápite de hechos probados se
relacionaron los siguientes22:
“[…] 2.3. Hechos probados
Conforme al cuaderno administrativo allegado al plenario (Cuaderno
nro. 2), se estableció:
El señor Oscar Vargas Aguilera se vinculó al servicio de la Policía
Nacional, como Agente Alumno a partir del 12 de enero de 1970, a
través de la Resolución 5896 de 1970.
21
Ver Corte Constitucional, Sentencias T-538 de 1994, T-086 de 2007 y T-747 de 2009,
entre otras.
22
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 02469 00.
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El mencionado Agente y la demandante, contrajeron matrimonio el
24 de octubre de 1971, conforme a la certificación notarial, de cuya
unión nacieron 3 hijos (ff. 5 – 9 cuaderno nro. 2).
El Agente Oscar Vargas Aguilera, fue sancionado con separación en
forma absoluta de la institución por habérsele comprobado que
incurrió en faltas constitutivas de mala conducta, conforme a lo
establecido en el artículo 37 del Decreto 609 de 1977 (literal b)
numeral 2) – ff. 49 cuaderno 2 –, a partir del 8 de abril de 1981.
Obra a folio 113 del Cuaderno nro. 2 – antecedentes administrativos
-, respuesta a la solicitud presentada por el causante por parte del
Jefe Sección Archivo General de la Policía Nacional, con fecha 8 de
agosto de 1986, relacionado con el reconocimiento de los tres (3)
meses de alta y tiempo dobles, en los cuales le manifestó:
“(…) 1o. Con fecha 16 de Octubre de 1981 se le elaboró
liquidación de tiempo de servicio para efectos de
reconocimiento y pago de auxilio de Cesantías, con un tiempo
de: catorce (14) años, tres (03) meses y doce (12) días; la
cual es correcta.
2o. De acuerdo con el tiempo liquidado y por haber sido
retirado por mala conducta comprobada no tiene derecho a
los tres (3) meses de alta de acuerdo con lo estipulado en los
art. 58 y 59 del decreto nro. 00609/77.
3o. De igual manera le comunicó que en el computo de tiempo
total se le incluyó el tiempo doble de servicio reconocido
según Decreto 01386/74 y al cual tiene derecho de acuerdo
con los tiempos dobles reconocidos hasta la fecha (…).”
A folios 115 a 116 del Cuaderno nro. 2, obra copia del Extracto de
Hoja de Vida del Agente Oscar Vargas Aguilera, en el cual se observa
el resumen de tiempo de servicio, así:
(…)
Que, conforme a lo anterior, se registró en el extracto de hoja de
vida, que el causante Oscar Vargas Aguilera, laboró al servicio de la
Policía Nacional, durante 16 años y 4 meses.
De la misma forma se encontró probado que, al causante, le fue
reconocido 2 años, 10 meses y 3 días de tiempo dobles según el
Decreto 1386 de 1974, entre el 26 de febrero de 1971 al 29 de
diciembre de 1973 (f. 117 Cuaderno nro. 2).
A folios 122 a 125 del Cuaderno nro. 2, obra Acta nro. 0033 del 21
de agosto de 1981, en el cual se registró el retiro del señor Oscar
Vargas Aguilera, a partir del 8 de abril de 1981, por causal de mala
conducta, y en la cual se reiteró que acreditó como tiempo de
servicio, 16 años y 4 meses en la Policía Nacional.
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El señor Oscar Vargas Aguilera, falleció el 21 de agosto de 1992,
conforme a la copia del registro de defunción, obrante a folio 2 del
expediente.
A través del Oficio nro. 07118 GRUSO UNDIN RAD E0509 – 151445
del 6 de abril de 2006 (f. 20), el Coordinador Unidad Orientación e
Información del grupo de Prestaciones Sociales de la Secretaría
General de la Policía Nacional, en respuesta a la solicitud presentada
por la demandante, manifestó:
“(…) En atención a su petición radicada en esta dependencia,
relacionada con el reconocimiento y pago de pensión ante la
Caja de Sueldos de Retiro a su favor, por el tiempo que laboró
en la institución el señor AG ® VARGAS AGUILERA OSCAR,
de manera atenta me permito indicarle que el personal
uniformado que laboró en la Institución, para acceder a la
asignación de retiro por el tiempo igual o superior a quince
(15) años de servicio y que la causal de retiro hubiese sido
por disposición de la Dirección General o por sobrepasar la
edad máxima correspondiente a su categoría, o por la
diminución de la Capacidad Sicofísica, o por Conducta
Deficiente y los que se retiren a Solicitud Propia después de
los 20 años de servicio. Como quiera que el (sic) no cumplió
con los requisitos aquí expuestos no dio lugar a dicho
reconocimiento ya que el mismo laboró por espacio de 14
años, 03 meses y 12 días. (…).”
[…]”.
En el análisis del caso concreto y frente al reproche formulado por la parte
actora se observa que la autoridad judicial accionada consideró23:
“[…] Ahora bien, el a quo consideró que, en este caso, lo pertinente
era analizar, si era procedente el reconocimiento de la asignación de
retiro al señor Vargas Aguilera, y como consecuencia de ello, la
sustitución de la misma a la cónyuge supérstite, teniendo en cuenta
los antecedentes administrativos allegados al plenario.
En la sentencia objeto de alzada, encontró probado que, conforme
al material probatorio, el señor Oscar Vargas Aguilera, durante el
tiempo que estuvo vinculado como Agente a la Policía Nacional,
cumplió con los presupuestos del Decreto 609 de 1977, para acceder
al reconocimiento de la asignación de retiro, por haber acreditado
más de 15 años de servicio a la Policía Nacional, y haber sido retirado
por mala conducta de la institución, circunstancia por la cual
consideró que tiene derecho a que la demandante, en su condición
de beneficiaria, se le reconozca la asignación de retiro.
23
Ibídem.
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La entidad demandada, en el recurso de apelación, manifestó su
inconformismo respecto del reconocimiento de la asignación de
retiro del señor Vargas Aguilera, y la consecuente sustitución a la
demandante en su condición de cónyuge supérstite, al argumentar
que conforme a los certificados que obran en el expediente, el
causante no logró acreditar más de 15 años de servicio a la
institución, para hacerse acreedor a la asignación de retiro
reconocida mediante la sentencia apelada.
Del material probatorio obrante en el expediente, se estableció que
el señor Oscar Vargas Aguilera se vinculó al servicio de la Policía
Nacional, como Agente Alumno a partir del 12 de enero de 1970, a
través de la Resolución 5896 de 1970.
Que según el Decreto 1386 de 1974, al Agente Vargas Aguilera se
le reconoció tiempos dobles por los servicios prestados entre el 26
de febrero de 1971 al 29 de diciembre de 1973, para un total de
servicios equivalente a dos (2) años, diez (10) meses y tres (3) días
(f. 18).
Posteriormente, fue sancionado con separación en forma absoluta
de la institución, por haber incurrido en causal de mala conducta,
conforme a lo establecido en el artículo 37 del Decreto 609 de 1977,
a partir del 8 de abril de 1981, momento a partir del cual fue retirado
de la institución.
Que conforme a la respuesta dada por el Jefe Sección Archivo
General de la Policía Nacional, con fecha 8 de agosto de 1986, el
señor Vargas Aguilera, no tiene derecho al reconocimiento de los 3
meses de alta, por haber sido retirado por mala conducta, conforme
a lo establecido en los artículos 58 y 59 del Decreto 609 de 1977 (f.
113 de los antecedentes administrativos).
Revisado el acervo probatorio obrante en el expediente, esta Sala
advierte que conforme a la certificación de fecha 16 de octubre de
1981 suscrita por el jefe de Archivo general de la Policía Nacional, a
través de la cual se realiza la liquidación de servicios para cesantías
y prestaciones prestados por el causante, se encontró:
(…)
De la anterior relación, se puede observar que computados los
tiempos de servicio prestados por el señor Oscar Vargas Aguilera, al
servicio de la Policía Nacional, entre el 12 de enero de 1970 al 8 de
abril de 1981, equivalen a 11 años, 2 meses y 26 días, que
sumados a los tiempos dobles que le fueron reconocidos a través del
Decreto 1386 de 1974, entre el 26 de febrero de 1971 al 29 de
diciembre de 1973 (f. 117 Cuaderno nro. 2), corresponden a 2 años,
10 meses y 3 días, es decir, reunió 14 años y 1 mes de servicios
policiales, más la diferencia de año laboral reconocido por la
institución, equivalente a 2 meses y 13 días, para un total de
tiempo de servicio de 14 años, 3 meses y 12 días. La anterior
información, fue corroborada por el Extracto de la Historia Laboral
de fecha 28 de julio de 2011, obrante a folio 14 del expediente,
expedida por el Jefe Área Archivo General de la Policía Nacional.
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Teniendo en cuenta que, para el presente caso, la norma aplicable
es la contenida en el Decreto 609 de 1977, el cual en su artículo 58
dispone:
(…)
De la anterior disposición se concluye que los Agentes de Policía que
cuenten con más de 15 años de servicio en la Institución Policial,
tienen derecho a que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional, les reconozca y pague una asignación de retiro equivalente
al 50% del monto de liquidación, que se incrementa en un 4% por
cada año adicional, siempre y cuando el retiro se haya producido
por:
A. Disposición del director general de la Policía Nacional.
B. Incapacidad sicofísica.
C. Mala conducta comprobada.
D. Haber cumplido 60 años y por
E. Conducta deficiente.
Igualmente dispone que se benefician con asignación de retiro del
50%, los Agentes que se retiran por solicitud propia, después de 20
años de servicio en la Policía Nacional.
Así las cosas, para acceder a la asignación de retiro contemplada en
el artículo 58 del Decreto 609 de 1977, se requiere que el Agente
cumpla con los requisitos allí establecidos, esto es, haber prestado
servicio por más de 15 años y que el retiro se haya producido por
las causales anteriormente señaladas, o por retiro voluntario, pero
con 20 años de servicio.
Conforme con lo anterior, se encuentra acreditado que el señor
Oscar Vargas Aguilera fue retirado del servicio por mala conducta
comprobada, es decir, que en su caso se presenta una de las
causales establecidas en el artículo 58 del Decreto 609 de 1977, por
lo que era menester acreditar más de 15 años de servicio, para
acceder al reconocimiento de la asignación de retiro, presupuesto
que como se advirtió en líneas anteriores, no cumple, puesto que
realizado el conteo de los tiempos de servicios prestados a la Policía
Nacional, en su condición de Agente, únicamente laboró un total de
14 años, 3 meses y 12 días, razón por la cual no tenía derecho al
reconocimiento de la asignación de retiro, y la correspondiente
sustitución a la demandante, en su condición de beneficiaria del
señor Vargas Aguilera, como en forma errada lo consideró el a quo
en la sentencia apelada.
La Sala no desconoce que, en el expediente administrativo allegado
por la Policía Nacional en el curso de la primera instancia, aparece
el Extracto de la Hoja de Vida del Agente Vargas Aguilera, en la cual
se registró como tiempo de servicios 16 años y 4 meses, y fue la
prueba que tuvo en cuenta el a quo para acceder al reconocimiento
de la asignación de retiro. Sin embargo, tal y como se dejó analizado
anteriormente, realizada la sumatoria de los tiempos de servicios
prestados por el señor Oscar Vargas y que se encuentran
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acreditados en el plenario, se pudo establecer con claridad, que solo
fueron 14 años, 3 meses y 12 días, que se desempeñó como Agente
de la Policía Nacional, en el cual se le incluyó los tiempos dobles
reconocidos por la institución, conforme a las certificaciones
allegadas al proceso. No entiende la Sala, porqué el a quo da pleno
valor probatorio a dichos documentos, que si bien fueron allegados
por la entidad, ya que conforman el cuaderno administrativo, omitió
realizar un estudio detallado de la respetiva (sic) sumatoria de los
tiempos de servicios efectivamente prestados, para advertir que aun
cuando lo registrado en las certificaciones, no han sido tachadas de
falsas, no corresponden a la realidad, y por ende, no le da derecho
para acceder al reconocimiento de la asignación de retiro, como en
forma desacertada lo realizó el a quo en la sentencia apelada.
Así las cosas, al encontrar que no cumple con los presupuestos
consagrados en la ley, para acceder a la asignación de retiro, la
sentencia de primera instancia deberá ser revocada, para en su
lugar, negar las pretensiones de la demanda, sin analizar los otros
argumentos presentados por la entidad demandada, por
considerarlos innecesarios […]”.
[Negrillas en la providencia]
Acorde con las consideraciones expuestas en la sentencia atacada, la Sala
concluye que no está configurado el defecto fáctico, en la medida que no
se omitió la valoración de la hoja de vida del señor Vargas Aguilera en la
que se registró como tiempo de servicios 16 años y 4 meses, ni tampoco
pasó por alto el reconocimiento de tiempos dobles por los servicios
prestados entre el 26 de febrero de 1971 al 29 de diciembre de 1973,
como lo afirma la parte actora en el escrito de tutela.
Situación distinta es que el juez natural de la causa, a partir del examen
de todo el material probatorio y la sumatoria de los tiempos de servicio,
haya explicado de manera razonable que solo estaban acreditados 14
años, 3 meses y 12 días en los que el mencionado señor se desempeñó
como agente de la Policía Nacional.
A lo dicho, cabe agregar que no se advierte que en la providencia
controvertida se haya valorado de manera arbitraria alguna prueba, ni
que el juez de la causa omitió decretar o examinar alguna de las pruebas
indicadas por la parte actora, o que no tuvo por probado un hecho que
emerge claramente del material probatorio, y tampoco se desprende de
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las consideraciones trascritas que se haya dado por probado un hecho sin
que exista prueba del mismo; por el contrario, lo que se observa es que
la parte actora pretende a través de este mecanismo constitucional
controvertir las conclusiones a las que llegó el juez natural de la causa
luego de examinar el acervo probatorio. En este punto es importante
destacar que la competencia del juez constitucional consiste en examinar
los yerros que se les endilgan a las providencias judiciales y que han sido
desarrollados por la jurisprudencia, pero ello no implica rebatir el análisis
fáctico y jurídico efectuado por los jueces ordinarios.
Al efecto, cabe recordar que la jurisprudencia constitucional ha señalado
que “en la circunstancia de alegarse la posible existencia de un defecto
fáctico, el juez de tutela debe restringirse a un ámbito muy limitado de
análisis ya que no puede dejar de lado la discrecionalidad y autonomía
judicial cobijadas por la sana crítica del juez ordinario. En palabras de la
Corte: “la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo dado
por el juez natural al material probatorio es extremadamente reducida,
pues el respeto por los principios de autonomía judicial, juez natural, e
inmediación, impide que el juez constitucional realice un examen
exhaustivo del material probatorio” (…)”24.
Así las cosas, la Sala advierte que la acción de tutela no fue instituida
para impugnar o controvertir asuntos fallados en derecho por los jueces
de conocimiento de conformidad con su autonomía y competencias
constitucionales y legales, como si se tratara de una tercera instancia,
pues es un mecanismo excepcional y subsidiario al que pueden acudir los
ciudadanos de manera extraordinaria cuando las decisiones judiciales
adolezcan de los defectos que ha desarrollado la jurisprudencia
constitucional.
Lo señalado significa que no le corresponde al juez de tutela entrar a
debatir las decisiones a las que llegaron los jueces ordinarios, pues ello
24
Corte Constitucional. Sentencia SU – 448 del 22 de agosto de 2016. M.P.: Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
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está dentro de la autonomía funcional del llamado a resolver el caso, por
lo que la intervención del juez constitucional se circunscribe a verificar si
se configuran o no los defectos que se le endilguen a la providencia judicial
cuestionada, lo que en este caso no se acreditó, razón por la cual será
denegado el amparo de los derechos fundamentales invocados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela en relación
con los derechos fundamentales al mínimo vital e igualdad, según lo
explicado en la parte motiva.
SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela interpuesta por la señora Miryam
Sofía Mattos de Vargas en contra de la sentencia proferida el 31 de marzo
de 2022 por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, de
acuerdo con lo señalado en precedencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.
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Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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