Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2016-00369-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2016-00369-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2016-00369-01
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
31 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Radicado : 470012333000201600369 01
No. Interno : 2471 – 2017
Demandante : MYRIAM SOFÍA MATTOS DE VARGAS
Demandado : Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional
Acción : Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Tema : Asignación de retiro – Decreto 609 de 1977
Segunda Instancia – Ley 1437 de 2011
Se desata el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida en el curso de la audiencia llevada a cabo el veinticuatro
(24) de marzo de dos mil diecisiete (2017), por medio de la cual el Tribunal
Administrativo del Magdalena, accedió a las pretensiones de la demanda
promovida por la señora Myriam Sofía Mattos de Vargas contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 4 del artículo 2471 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
Myriam Sofía Mattos de Vargas, por intermedio de apoderado judicial, en
ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó la
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“ARTÍCULO 247. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS. El recurso de apelación
contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
(…) 4. Admitido el recurso o vencido el término probatorio si a él hubiere lugar, el superior señalará fecha y hora para
la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor a veinte (20) días. Si
el Magistrado Ponente considera innecesaria la celebración de audiencia ordenará, mediante auto que no admite
recurso alguno, la presentación de los alegatos por escrito dentro de los diez (10) días siguientes, caso en el cual
dictará sentencia en el término de los veinte (20) días siguientes. Vencido el término que tienen las partes para alegar,
se surtirá traslado al Ministerio Público por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente. (…).”.
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No. Interno: 2471 – 2017
Demandante: Myriam Sofía Mattos de Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
nulidad del Oficio 07118 GRUSO UNDIN RAD E0509 – 151445 del 6 de abril
de 2006, a través del cual la Coordinadora Unidad Orientación e Información
del Grupo de Prestaciones Sociales de la Policía Nacional, negó el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes pretendida en su
condición de cónyuge supérstite del Agente (F) Oscar Vargas Aguilera.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad
demandada, a reconocer, liquidar y pagar una pensión de sobrevivientes en
su condición de beneficiaria, por el fallecimiento de Oscar Vargas Aguilera, a
partir del 20 de mayo de 1995, teniendo en cuenta todos los factores salariales
devengados como Agente de la Policía Nacional, junto con las mesadas
retroactivas, el pago de los intereses moratorios sobre los dineros
provenientes del reconocimiento de la aplicación de los porcentajes, y el pago
de los gastos y costas procesales.
1.1. Hechos
Las pretensiones de la demanda se fundan en los siguientes hechos (ff. 1 –
12):
La demandante nació el 6 de septiembre de 1947, por lo que, para la época
de presentación de la demanda, contaba con 69 años de edad. Contrajo
matrimonio con el señor Oscar Vargas Aguilera, el 24 de octubre 1971.
El señor Oscar Vargas Aguilera prestó sus servicios a la Policía Nacional como
Agente desde el 12 de enero de 1970 al 8 de abril de 1981, conforme al
extracto de la hoja de vida, fecha en que fue retirado de la institución por mala
conducta, reuniendo un total de servicios de 14 años, 3 meses y 12 días,
incluyendo diferencia de año laboral y tiempo doble conforme a lo establecido
en el Decreto 1386 de 1974.
Señaló que, el señor Oscar Vargas Aguilera falleció el 24 de agosto de 1992,
conforme al registro civil de defunción que se anexó con la demanda.
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No. Interno: 2471 – 2017
Demandante: Myriam Sofía Mattos de Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
El 20 de mayo de 1995, la demandante solicitó el reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes, y el pago de las mesadas retroactivas ante el
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, mediante derecho de
petición. La entidad demandada, a través del Oficio No. 07118 GRUSO UNDIN
RAD E0509 – 151445 del 6 de abril de 2006 (acto demandado) negó la
solicitud presentada.
1.2. Normas violadas y concepto de violación
Como normas violadas se citan en la demanda las siguientes:
Los artículos 13, 42 y 53 de la Constitución Nacional; 46 de la Ley 100 de 1993
modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, 73 y 78.
Señaló la demandante que tiene derecho a que se le apliquen las disposiciones
contenidas en la Ley 100 de 1993, como única beneficiaria supérstite de la
pensión del Agente Oscar Vargas Aguilera, por resultar más favorable que el
régimen especial de la Fuerza Pública.
Alegó que reúne las condiciones establecidas en el artículo 46 de la Ley 100 de
1993, para acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, teniendo
en cuenta el tiempo de servicio que prestó en la Policía Nacional, toda vez que
la norma señala que el afiliado al momento de la muerte haya cotizado 26
semanas al sistema, o en caso de que hubiere dejado de cotizar, efectuar
aportes durante 26 semanas en el año anterior al momento en que se produzca
la muerte.
Manifestó que el causante tuvo una afiliación con el Ministerio de Defensa
Nacional, Policía Nacional desde el 12 de enero de 1970 hasta el 8 de abril de
1981, reportando 712,12 semanas, cumpliendo con lo establecido en el artículo
73 de la Ley 100 de 1993.
2. Contestación de la demanda
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Demandante: Myriam Sofía Mattos de Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional mediante
apoderado judicial contestó la demanda en escrito visible a folios 45 a 57 del
expediente, en el cual se opuso a las pretensiones de la demanda, en cuanto
consideró que para la fecha en que ocurrió el deceso del señor Oscar Vargas
Aguilera, 21 de agosto de 1992, no tenía ningún vínculo laboral con la institución,
por haber sido retirado de la institución, por causal de mala conducta, lo que
permite concluir que 10 años después de estar retirado de la Policía Nacional,
se produce su fallecimiento, motivo por el cual no puede pretender el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes.
Refirió que “la institución, realiza de manera expedita y oficiosamente el reconocimiento
de pensión al personal que se encuentra en servicio al momento de su fallecimiento, no
siendo así, para quienes se encuentran fuera de ella.”
Alegó que la demandante, en calidad de cónyuge del extinto Agente, reclama el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, conforme a las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, sin tener en cuenta que el causante no tenía ningún vínculo
legal con la institución al momento del fallecimiento, además que su deceso se
presentó el 21 de agosto de 1992, cuando aún no se encontraba vigente la Ley
100 de 1993, motivo por el cual no es viable aplicar lo concerniente al régimen
general de pensiones, al no existir en el mundo jurídico ni haber entrado en
vigencia.
Señaló que para la fecha en que falleció el ex policial, el reconocimiento
prestacional y pensional se encontraba señalado en el Decreto 1213 de 1990,
norma de carácter legal, que establece un tiempo mínimo de 15 o más años de
servicio, requisito que no cumplía el causante, puesto que el tiempo laborado en
la institución fue de 14 años, 3 meses y 12 días, sin que se haya generado el
derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
Propuso las excepciones inexistencia del derecho reclamado y que acto
administrativo se encontraba ajustado a la Constitución y a la ley.
3. Sentencia de primera instancia
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Demandante: Myriam Sofía Mattos de Vargas
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El Tribunal Administrativo del Magdalena, a través de la sentencia proferida en
el curso de la audiencia llevada a cabo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil
diecisiete (2017), accedió a las pretensiones de la demanda, declaró la nulidad
del acto administrativo demandado, condenó a la Policía Nacional al
reconocimiento y pago a la demandante, en calidad de cónyuge supérstite del
señor Oscar Vargas Aguilera, de una asignación de retiro equivalente al 50% del
monto de las partidas de que trata el artículo 55 del Decreto 609 de 1977, por los
15 primeros años de servicio y un 4% por ciento más por cada año que exceda
de 15, sin que el total sobre pase el 85%, con efectividad a partir del 21 de agosto
de 1992. De igual forma, declaró probada la prescripción cuatrienal de las
mesadas pensionales anteriores al 15 de septiembre de 2012 (ff. 86 – 87
reverso).
Estimó que en este caso no es procedente aplicar las disposiciones contenidas
en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, por favorabilidad, conforme lo solicitó la
demandante, por cuanto la vigencia de dicha norma fue a partir del 1 de abril de
1994, y no se puede aplicar en forma retroactiva, conforme a la jurisprudencia
de esta Corporación.
Encontró que a la demandante se le debe aplicar lo contenido en el Decreto 1213
de 1990, es decir, la sustitución por asignación de retiro, al encontrar probado en
el proceso, aun cuando no fue planteado como argumento que el causante
laboró al servicio de la Policía Nacional durante 16 años y 4 meses, conforme a
lo obrante en el expediente administrativo.
Refirió que se trata de una situación especial, y al advertir una prueba nueva,
conforme a lo establecido en el Código General del Proceso, permite que la
prueba allegada antes de dictar sentencia, posee valor probatorio. Con
fundamento en ello, estableció que al causante se le aplican las disposiciones
contenidas en el Decreto 609 de 1977.
Con relación al saneamiento del proceso, respecto a la convocatoria de la Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, consideró que, por haberse citado a
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No. Interno: 2471 – 2017
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la Nación, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, es quien debe
entrar a responder en caso de acceder a las pretensiones de la demanda.
Analizó el material probatorio allegado al expediente, y encontró que el causante
se le reconocieron tiempos dobles, motivo por el cual, reunió 16 años y 4 meses
de servicios prestados. Refirió que, en aplicación al principio de favorabilidad, y
por no haber sido tachados los documentos allegados en los antecedentes
administrativo, aportados por la entidad demandada, estableció que el causante
laboró por más de 16 años al servicio de la Policía Nacional, razón suficientes
para que conforme a lo establecido en el Decreto 609 de 1977, tiene derecho el
causante al reconocimiento de una asignación de retiro por parte de la Caja
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, equivalente al 50% de las partidas
devengadas.
4. Recurso de apelación
El apoderado de la entidad demandada formuló recurso de apelación en contra
de la sentencia del 24 de marzo de 2017, en la cual solicita se revoque la
decisión de primera instancia y en su lugar se nieguen las pretensiones de la
demanda, con las siguientes consideraciones (ff. 90 a 106 del expediente):
Refirió que el causante no tenía ningún vínculo laboral con la institución al
momento en que ocurrió el fallecimiento, teniendo en cuenta que fue retirado
del servicio por causal de mala conducta, el 8 de abril de 1981, y 10 años
después de estar retirado de la Policía Nacional, se produce el deceso.
Señaló que de las pruebas allegadas al proceso, se adjuntó extracto de la
historia laboral, en la cual se observa que el causante acreditó un tiempo de
servicio de 14 años, 3 meses y 12 días; sin embargo, de los antecedentes
administrativos se indició que laboró como miembro de la Policía Nacional,
durante 13 años, 5 meses y 27 días, que al sumarse los 2 años, 10 meses y 3
días de tiempo doble, da un total de 16 años y 4 meses, razón por la cual, el a
quo, accedió al reconocimiento de la asignación de retiro, lo cual no
corresponde a la realidad, pues de la documentación allegada, manifestó que
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Demandante: Myriam Sofía Mattos de Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
el tiempo realmente laborado por el causante corresponde a 14 años y 4
meses, por lo que al ser menor de 15 años de servicio, no es procedente el
reconocimiento de la asignación de retiro, conforme a lo establecido en el
Decreto 609 de 1977.
Mencionó que en este caso se configura falta de legitimación en la causa por
pasiva, en razón a que no fue convocado al proceso la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional, entidad competente para reconocer las
asignaciones de retiro.
Con relación al reconocimiento de tiempos dobles, señaló que el último tiempo
reconocido por el Gobierno Nacional para el personal de la Policía Nacional,
se realizó el 26 de febrero de 1971 hasta el 29 de diciembre de 1973, bajo el
Decreto 1386 de 1974, sin que con posterioridad se hayan presentado otro
reconocimiento, lo cual equivale a 2 años, 10 meses y 3 días, por lo que el
tiempo laborado por el causante en la institución, fue de 14 días, 3 meses y 12
días, que no genera ningún derecho de carácter pensional a sus beneficiarios.
Manifestó que no es procedente aplicar la norma general de la Ley 100 de
1993, por cuanto no había nacido a la vida jurídica para el momento del
fallecimiento del causante, por lo que no se puede pretender que se aplique
de forma retrospectiva.
5. Alegatos de conclusión
5.1. Por la parte demandante
Mediante escrito visible a folios 134 a 135 del expediente, la demandante
mediante apoderado judicial, presentó alegatos de conclusión en el curso de
la segunda instancia, a través de los cuales solicitó se confirme la decisión de
primera instancia, en la cual se accedieron a las pretensiones de la
demandante, en el que se concluyó que el causante tenía 16 años y 4 meses
de servicios, por lo que de acuerdo con el Decreto 609 de 1977, tiene derecho
a la asignación de retiro.
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Demandante: Myriam Sofía Mattos de Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Solicitó condenar en costas a la entidad demandada, por realizar acciones
tendientes a entorpecer la labor de la justicia y que agudiza la situación
precaria de la demandante.
Refirió que el artículo 58 del Decreto 609 de 1977, establece el derecho al
reconocimiento de la asignación de retiro a los agentes de la Policía Nacional
que sean retirados del servicio activo después de 15 años, entre otras
causales, por causal de mala conducta. Teniendo en cuenta que el causante
tenía más de 16 años de servicios, por tal razón la demandante en su condición
de cónyuge supérstite, tiene derecho a acceder al derecho a la pensión de
sobrevivientes.
Señaló que conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Constitución, que
establece el derecho fundamental al mínimo vital, la demandante se encuentra
en condiciones de debilidad manifiesta, por ser adulto mayor desprotegido.
5.2. Por la parte demandada
La apoderada de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional,
en escrito visible a folios 145 a 146 del expediente, presentó alegatos de
conclusión, en los cuales manifestó, la sentencia de primera instancia debe
ser revocada y en su lugar negar las pretensiones de la demanda, como quiera
que el causante fue retirado de la institución por mala conducta, momento para
el cual contaba con 14 años, 3 meses y 12 días de servicios, conforme al
certificado del 16 de octubre de 1981, suscrito por el Jefe de Archivo de la
entidad, tiempo que no permite el reconocimiento de la asignación de retiro.
Alegó que la sentencia de primera instancia realizó una sumatoria errónea al
afirmar que el tiempo laborado por el causante fue de 13 años 5 meses y 17
días, cuando en realidad tuvo un tiempo de servicio de 10 años, 9 meses y 7
días, correspondientes al 1 de julio de 1970 al 8 de abril de 1981, motivo por
el cual no cumple con el requisito de los 15 años de servicio para acceder a la
asignación de retiro. Lo anterior fue confirmado mediante comunicación de
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Demandante: Myriam Sofía Mattos de Vargas
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fecha 8 de agosto de 1986, en el cual el extinto agente solicita la inclusión de
3 meses de alta y el tiempo doble, para un total de 14 años, 3 meses y 12 días.
Reiteró que el causante no tenía vínculo con la entidad demandada para el
momento del fallecimiento, motivo por el cual no se puede realizar
reconocimiento alguno.
6. Concepto del Agente del Ministerio Público
Vencido el término de presentar alegatos de conclusión, dispuesto mediante
auto de fecha 22 de septiembre de 2017, el Agente del Ministerio Público,
guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.
2.2. Problema jurídico
Se trata de determinar si en el presente asunto, resulta procedente el
reconocimiento y pago de la asignación de retiro en favor de la señora Myriam
Sofía Mattos de Vargas, en su condición de cónyuge supérstite del señor
Oscar Vargas Aguilera (q.e.p.d.), de acuerdo con lo previsto en el artículo 55
del Decreto 609 de 1977.
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El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles
de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los
tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de
unificación de jurisprudencia.
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Demandante: Myriam Sofía Mattos de Vargas
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El Tribunal Administrativo del Magdalena, a través de la sentencia proferida en
el curso de la audiencia llevada a cabo el 24 de marzo de 2017, accedió a las
pretensiones de la demanda, ordenó el reconocimiento a la demandante de la
asignación de retiro a la que tenía derecho el señor Vargas Aguilera (q.e.p.d.),
conforme a lo establecido en el Decreto 609 de 1977, efectiva a partir del 21
de agosto de 1992, pero con efectos a partir del 15 de septiembre de 2012, en
aplicación al fenómeno de la prescripción.
2.3. Hechos probados
Conforme al cuaderno administrativo allegado al plenario (Cuaderno No. 2), se
estableció:
El señor Oscar Vargas Aguilera se vinculó al servicio de la Policía Nacional,
como Agente Alumno a partir del 12 de enero de 1970, a través de la
Resolución 5896 de 1970.
El mencionado Agente y la demandante, contrajeron matrimonio el 24 de
octubre de 1971, conforme a la certificación notarial, de cuya unión nacieron 3
hijos (ff. 5 – 9 cuaderno No. 2).
El Agente Oscar Vargas Aguilera, fue sancionado con separación en forma
absoluta de la institución por habérsele comprobado que incurrió en faltas
constitutivas de mala conducta, conforme a lo establecido en el artículo 37 del
Decreto 609 de 1977 (literal b) numeral 2) – ff. 49 cuaderno 2 –, a partir del 8
de abril de 1981.
Obra a folio 113 del Cuaderno No. 2 – antecedentes administrativos -,
respuesta a la solicitud presentada por el causante por parte del Jefe Sección
Archivo General de la Policía Nacional, con fecha 8 de agosto de 1986,
relacionado con el reconocimiento de los tres (3) meses de alta y tiempo
dobles, en los cuales le manifestó:
“(…)
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Demandante: Myriam Sofía Mattos de Vargas
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1o. Con fecha 16 de Octubre de 1981 se le elaboró liquidación de tiempo
de servicio para efectos de reconocimiento y pago de auxilio de
Cesantías, con un tiempo de: catorce (14) años, tres (03) meses y doce
(12) días; la cual es correcta.
2o. De acuerdo con el tiempo liquidado y por haber sido retirado por Mala
conducta comprobada no tiene derecho a los tres (3) meses de alta de
acuerdo con lo estipulado en los art. 58 y 59 del decreto No. 00609/77.
3o. De igual manera le comunicó que en el computo de tiempo total se le
incluyó el tiempo doble de servicio reconocido según Decreto 01386/74 y
al cual tiene derecho de acuerdo con los tiempos dobles reconocidos
hasta la fecha.-
(…).”
A folios 115 a 116 del Cuaderno No. 2, obra copia del Extracto de Hoja de Vida
del Agente Oscar Vargas Aguilera, en el cual se observa el resumen de tiempo
de servicio, así:
Que, conforme a lo anterior, se registró en el extracto de hoja de vida, que el
causante Oscar Vargas Aguilera, laboró al servicio de la Policía Nacional,
durante 16 años y 4 meses.
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De la misma forma se encontró probado que, al causante, le fue reconocido 2
años, 10 meses y 3 días de tiempo dobles según el Decreto 1386 de 1974,
entre el 26 de febrero de 1971 al 29 de diciembre de 1973 (f. 117 Cuaderno
No. 2).
A folios122 a 125 del Cuaderno No. 2, obra Acta No. 0033 del 21 de agosto de
1981, en el cual se registró el retiro del señor Oscar Vargas Aguilera, a partir
del 8 de abril de 1981, por causal de mala conducta, y en la cual se reiteró que
acreditó como tiempo de servicio, 16 años y 4 meses en la Policía Nacional.
El señor Oscar Vargas Aguilera, falleció el 21 de agosto de 1992, conforme a
la copia del registro de defunción, obrante a folio 2 del expediente.
A través del Oficio No. 07118 GRUSO UNDIN RAD E0509 – 151445 del 6 de
abril de 2006 (f. 20), el Coordinador Unidad Orientación e Información del
grupo de Prestaciones Sociales de la Secretaría General de la Policía
Nacional, en respuesta a la solicitud presentada por la demandante, manifestó:
“(…)
En atención a su petición radicada en esta dependencia, relacionada con
el reconocimiento y pago de pensión ante la Caja de Sueldos de Retiro a
su favor, por el tiempo que laboró en la institución el señor AG ® VARGAS
AGUILERA OSCAR, de manera atenta me permito indicarle que el
personal uniformado que laboró en la Institución, para acceder a la
asignación de retiro por el tiempo igual o superior a Quince (15) años de
servicio y que la causal de retiro hubiese sido por disposición de la
Dirección General o por sobrepasar la edad máxima correspondiente a
su categoría, o por la diminución de la Capacidad Sicofísica, o por
Conducta Deficiente y lo que se retiren a Solicitud Propia después de los
20 años de servicio. Como quiera que el no cumplió con los requisitos
aquí expuestos no dio lugar a dicho reconocimiento ya que el mismo
laboró por espacio de 14 años, 03 meses y 12 días.
(…).”
2.4. Análisis de la Sala
Procede la Sala a analizar, los argumentos expuestos por la entidad
demandada en el recurso de apelación, en contra de la sentencia a través de
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la cual, accedió al reconocimiento de la asignación de retiro en favor de la
demandante, en su condición de cónyuge supérstite del Agente ® Oscar
Vargas Aguilera.
Conforme a las pretensiones de la demanda, se pretende el reconocimiento y
pago de la pensión de sobrevivientes, amparada en la aplicación retrospectiva
de la Ley 100 de 1993, régimen general de la seguridad social.
La Ley 100 de 1993 consagra el régimen general de seguridad social, y en su
artículo 46 establece quienes son los beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes y los requisitos para acceder a ella, entre los cuales exige como
presupuesto, que el afiliado esté cotizando al sistema y que lo hubiere hecho
por lo menos 26 semanas antes de su deceso. No obstante, la misma norma,
en el artículo 279 ibidem, excluyó a los miembros de la Fuerza Pública de su
aplicación.
Unido a lo anterior, el artículo 151 de la Ley 100 de 1993 3, determinó que el
sistema general de pensiones, empezaría a regir a nivel nacional, a partir del
1 de abril de 1994.
Ahora bien, esta Corporación había desarrollado una tesis, según la cual, la
existencia de los regímenes especial se justifica, en la medida en que
consagren beneficios para un grupo determinado de personas, lo que conllevó
a hacer una aplicación retrospectiva de los regímenes generales, como el
establecido en la Ley 100 de 1993, por resultar más favorable en el
reconocimiento de las prestaciones. Fue así como en la sentencia de 29 de
abril de 20104, con ponencia del Dr. Gustavo Gómez Aranguren, se reconoció
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ARTICULO. 151.- Vigencia del sistema general de pensiones. El sistema general de pensiones previsto en la presente
ley, regirá a partir del 1º de abril de 1994. No obstante, el gobierno podrá autorizar el funcionamiento de las administradoras
de los fondos de pensiones y de cesantía con sujeción a las disposiciones contempladas en la presente ley, a partir de la
vigencia de la misma (….).
4
Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicación No. 25000-23-25-000-2007-00832-01 (0548-09) Consejero
Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Actor: Eulalia Guerrero de Orjuela: “(…) Si bien alega la demandada
la imposibilidad jurídica de aplicar retroactivamente el contenido de las Leyes 33 de 1973 y 12 de 1975 a un hecho
sucedido con anterioridad a su expedición, como lo fue la muerte del Agente ocurrida el 6 de octubre de 1970, debe
precisar la Sala que en materia laboral y por virtud del principio de favorabilidad se admite la aplicación retrospectiva
de la Ley, tal como lo ha sostenido esta Corporación en diferentes oportunidades e incluso la Corte Constitucional,
quien ha señalado particularmente en materia pensional que la norma más favorable se aplique retrospectivamente,
por cuanto la Ley nueva si puede regular ciertas situaciones o hechos jurídicos que aun cuando han acaecido bajo la
vigencia de una Ley, no tuvieron la virtud de obtener su consolidación de manera definitiva como derecho bajo la Ley
antigua.(…)”.
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No. Interno: 2471 – 2017
Demandante: Myriam Sofía Mattos de Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la
Ley 12 de 1975, aun cuando el fallecimiento había ocurrido en 1970. Esta
posición había sido acogida para casos similares al presente, en los que se
analizaba el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, a los
beneficiarios de quienes habían fallecido antes de la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, aplicando de manera retrospectiva el régimen general, en
virtud de los principios de favorabilidad e igualdad5.
Sin embargo, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante sentencia del 25 de abril de 20136, rectificó la anterior posición, al
estimar que el derecho a la pensión de sobrevivientes, se causa al momento
en que ocurre el fallecimiento; en tal virtud, son aplicables las normas vigentes
para la época de ocurrencia de los hechos, por lo que resolver un caso con
fundamento en una disposición expedida con posterioridad, se estaría
incurriendo en violación a la regla de la irretroactividad de la ley.
En esta oportunidad, dijo la Corporación7:
“La jurisprudencia de esta Corporación8 ha considerado que en
circunstancias especiales, cuando un régimen pensional especial no
satisface las mínimas garantías que sí satisface el régimen general y
cuando éste resulta más favorable que el especial, debe preferirse su
aplicación; no obstante, es necesario tener en cuenta que la ley favorable
que se debe aplicar es la que esté vigente al momento en que se habría
causado el derecho. El derecho a la pensión de sobrevivientes se causa
al momento del fallecimiento del pensionado, es decir, en el caso
analizado las normas que gobiernan la pensión de sobrevivientes que
hubiera podido surgir con ocasión del fallecimiento del señor Jaime Reyes
son las que estaban vigentes el 19 de octubre de 1985, pues fue durante
su vigencia cuando se produjo el deceso y por tanto, cuando se pudo
consolidar el presunto derecho reclamado. La Ley 100 de 1993, que
consagra el derecho pensional de sobrevivientes solicitado por la
accionante, entró en vigencia el 1º de abril de 1994, de conformidad con
lo previsto en su artículo 151, que es del siguiente tenor literal:
5
Ver: Consejo de Estado. Sección Segunda. Magistrado Ponente Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila Radicación No.
13001-23-31-000-2005-02358-01 (0682-11). Actor: María Bernarda Ramos Pedroza. Sentencia 1 de noviembre de 2012.
6
Consejo de Estado. Sección Segunda. Magistrado Ponente Dr. Luis Rafael Vergara Quintero. Radicación No. 76001 23
31 000 2007 01611 01 (1605-09) Actora: María Emilsen Larrahondo Molina. Demandado: Nación- Ministerio de Defensa-
Policía Nacional.
7
Nota: Los pie de página 8 a 11 son citas realizadas en la sentencia del 25 de abril de 2013.
8
“Ver, entre otras, las sentencia de octubre 7 de 2010, Consejero ponente LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO, radicación
No. 76001-23-31-000-2007-00062-01(0761-09); febrero 18 de 2010, Consejero ponente GUSTAVO EDUARDO GOMEZ
ARANGUREN, radicación No. 08001-23-31-000-2004-00283-01(1514-08); abril 16 de 2009, Consejero ponente VICTOR
HERNANDO ALVARADO ARDILA, radicación No. 76001-23-31-000-2004-00293-01(2300-06)”.
15
No. Interno: 2471 – 2017
Demandante: Myriam Sofía Mattos de Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
“ARTÍCULO 151. VIGENCIA DEL SISTEMA GENERAL DE
PENSIONES. El Sistema General de Pensiones previsto en la
presente Ley, regirá a partir del 1o. de Abril de 1.994.”
Es decir, no estaba en vigencia al momento del fallecimiento del
causante, razón por la cual no puede aplicarse para resolver la situación
pensional aquí reclamada.
Para la Sala es evidente que lo que pretende la demandante es la
aplicación retroactiva de la Ley 100 de 1993, pues considera que le es
benéfica y favorece sus pretensiones; no obstante, los derechos
prestacionales derivados de la muerte del señor Reyes se consolidaron
a la luz de las normas vigentes al momento de su fallecimiento, lo que
lleva a afirmar que no es viable la aplicación de la ley que se pretende,
toda vez que ello iría en contravía del principio de irretroactividad de la
ley, derivado de la Ley 153 de 1887.
La ley sustancial, por lo general, tiene la virtud de entrar a regir las
situaciones que se produzcan a partir de su vigencia, pues aún no se
encuentran consolidadas y, solo por excepción, rigen de manera
retroactiva; sin embargo, para que ello ocurra, el contenido de la ley debe
precisar lo pertinente, lo que no sucede en el caso de la Ley 100 de 1993,
pues al tenor de lo dispuesto en su artículo 151 empezó a regir a partir
del 1º de abril de 1994.
En las anteriores condiciones, la demandante no tiene derecho a acceder
al derecho pensional consagrado en los artículos 46 a 48 de la Ley 100
de 1993, toda vez que los derechos prestacionales causados con la
muerte de su cónyuge se consolidaron en vigencia de la normatividad
anterior9, la que exigía el requisito de tener 15 o más años de servicio
activo y, como no cumplió ese requisito, no era viable su reconocimiento.
Con los argumentos expuestos en forma antecedente, la Sala rectifica la
posición adoptada en sentencias de abril 29 de 201010 y noviembre 1º de
201211, en las que, en materia de sustitución pensional se aplicó una ley
nueva o posterior a hechos acaecidos antes de su vigencia, en ejercicio
de la retrospectividad de la ley, precisando que no hay lugar a la
aplicación de tal figura, toda vez que la ley que gobierna el
reconocimiento de la pensión de beneficiarios es la vigente al momento
del fallecimiento del causante y no una posterior.
9
“Artículo 120 del Decreto 2063 de 1984.
10
“Radicación No. 25000-23-25-000-2007-00832-01 (0548-09) Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, en
la que se reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 12 de 1975, a pesar de
que el fallecimiento había ocurrido en octubre de 1970.”
11
“Reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, a pesar de que
el deceso del causante se produjo el 20 de febrero de 1991. En esta oportunidad el doctor Gerardo Arenas Monsalve salvó el
voto en los siguientes términos: “Nótese además, desde el punto de vista práctico, el complejo problema que surge con la
tesis mayoritaria que no se comparte, de aplicar el régimen general de la Ley 100 de 1993 a situaciones que se resolvieron
plenamente antes de su vigencia. Como se trata de pensiones, y éstas no tienen término de prescripción, todos los derechos
pensionales de sobrevivientes, resueltos en su momento aplicando válidamente la legislación anterior, resultan ahora
sorpresivamente litigiosos, es decir, susceptibles de discusión judicial, así el fallecimiento del causante se haya producido en
vigencia de esa legislación anterior, y así se hayan reconocido los derechos derivados del régimen anterior. El principio
constitucional de la sostenibilidad financiera, establecido en la Carta desde el Acto Legislativo No. 1 de 2005 queda en
entredicho, con una extensión tan amplia y generalizada de la aplicación del régimen general”.
16
No. Interno: 2471 – 2017
Demandante: Myriam Sofía Mattos de Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Lo anterior, permite concluir que no se desvirtuó la legalidad del acto
demandado, razón por la cual se confirmará la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda, pero por las
consideraciones antes expuestas.”
Del examen anterior se advierte que revisadas las pruebas obrantes en el
expediente, se observa que el señor Oscar Vargas Aguilera (q.e.p.d.), falleció
el 21 de agosto de 1992, por lo que la norma que regula la situación particular
es la especial, y vigente para ese momento, por lo que en virtud a la sentencia
proferida por esta Corporación, no es procedente acceder al reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes, aplicando lo establecido en el artículo 46 de
la Ley 100 de 1993, por cuanto se estaría desconociendo el principio de
irretroactividad de la ley, establecido en la Ley 153 de 1887, tal y como así lo
estableció la sentencia de primera instancia.
Así las cosas, no es procedente estudiar el presunto reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes con fundamento en lo establecido en la Ley 100 de
1993, teniendo en cuenta que dicha normatividad no se encontraba vigente al
momento en que ocurrieron los hechos, por lo que mal haría en pretender dar
una aplicación retroactiva a la ley.
Ahora bien, el a quo consideró que, en este caso, lo pertinente era analizar, si
era procedente el reconocimiento de la asignación de retiro al señor Vargas
Aguilera, y como consecuencia de ello, la sustitución de la misma a la cónyuge
supérstite, teniendo en cuenta los antecedentes administrativos allegados al
plenario.
En la sentencia objeto de alzada, encontró probado que, conforme al material
probatorio, el señor Oscar Vargas Aguilera, durante el tiempo que estuvo
vinculado como Agente a la Policía Nacional, cumplió con los presupuestos
del Decreto 609 de 1977, para acceder al reconocimiento de la asignación de
retiro, por haber acreditado más de 15 años de servicio a la Policía Nacional,
y haber sido retirado por mala conducta de la institución, circunstancia por la
cual consideró que tiene derecho a que la demandante, en su condición de
beneficiaria, se le reconozca la asignación de retiro.
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No. Interno: 2471 – 2017
Demandante: Myriam Sofía Mattos de Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
La entidad demandada, en el recurso de apelación, manifestó su
inconformismo respecto del reconocimiento de la asignación de retiro del señor
Vargas Aguilera, y la consecuente sustitución a la demandante en su condición
de cónyuge supérstite, al argumentar que conforme a los certificados que
obran en el expediente, el causante no logró acreditar más de 15 años de
servicio a la institución, para hacerse acreedor a la asignación de retiro
reconocida mediante la sentencia apelada.
Del material probatorio obrante en el expediente, se estableció que el señor
Oscar Vargas Aguilera se vinculó al servicio de la Policía Nacional, como
Agente Alumno a partir del 12 de enero de 1970, a través de la Resolución
5896 de 1970.
Que según el Decreto 1386 de 1974, al Agente Vargas Aguilera se le reconoció
tiempo dobles por los servicios prestados entre el 26 de febrero de 1971 al 29
de diciembre de 1973, para un total de servicios equivalente a dos (2) años,
diez (10) meses y tres (3) días (f. 18).
Posteriormente, fue sancionado con separación en forma absoluta de la
institución, por haber incurrido en causal de mala conducta, conforme a lo
establecido en el artículo 37 del Decreto 609 de 1977, a partir del 8 de abril de
1981, momento a partir del cual fue retirado de la institución.
Que conforme a la respuesta dada por el Jefe Sección Archivo General de la
Policía Nacional, con fecha 8 de agosto de 1986, el señor Vargas Aguilera, no
tiene derecho al reconocimiento de los 3 meses de alta, por haber sido retirado
por mala conducta, conforme a lo establecido en los artículos 58 y 59 del
Decreto 609 de 1977 (f. 113 de los antecedentes administrativos).
Revisado el acervo probatorio obrante en el expediente, esta Sala advierte que
conforme a la certificación de fecha 16 de octubre de 1981 suscrita por el jefe
de Archivo general de la Policía Nacional12, a través de la cual se realiza la
12
Ver folios 111 a 112 del Cuaderno No. 2
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No. Interno: 2471 – 2017
Demandante: Myriam Sofía Mattos de Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
liquidación de servicios para cesantías y prestaciones prestados por el
causante, se encontró:
De la anterior relación, se puede observar que computados los tiempos de
servicio prestados por el señor Oscar Vargas Aguilera, al servicio de la Policía
Nacional, entre el 12 de enero de 1970 al 8 de abril de 1981, equivalen a 11
años, 2 meses y 26 días, que sumados a los tiempos dobles que le fueron
reconocidos a través del Decreto 1386 de 1974, entre el 26 de febrero de 1971
19
No. Interno: 2471 – 2017
Demandante: Myriam Sofía Mattos de Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
al 29 de diciembre de 1973 (f. 117 Cuaderno No. 2), corresponden a 2 años,
10 meses y 3 días, es decir, reunió 14 años y 1 mes de servicios policiales,
más la diferencia de año laboral reconocido por la institución, equivalente a 2
meses y 13 días, para un total de tiempo de servicio de 14 años, 3 meses y
12 días. La anterior información, fue corroborada por el Extracto de la Historia
Laboral de fecha 28 de julio de 2011, obrante a folio 14 del expediente,
expedida por el Jefe Área Archivo General de la Policía Nacional.
Teniendo en cuenta que, para el presente caso, la norma aplicable es la
contenida en el Decreto 609 de 1977, el cual en su artículo 58 dispone:
“ARTÍCULO 58. ASIGNACIÓN DE RETIRO. Los Agentes que sean
retirados del servicio activo después de quince (15) años por disposición
de la Dirección General de la Policía Nacional, por incapacidad sicofísica,
por mala conducta comprobada, por haber cumplido la edad de sesenta
(60) años, por conducta deficiente o por solicitud propia después de
veinte (20) años, tendrá derecho a partir de la fecha en que termine los
tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Retiro de sueldos se les pague
una asignación mensual de retiro equivalente a un cincuenta por ciento (
50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 55 de este estatuto
por los quince (15) primeros años de servicio y un cuatro por ciento (4%)
más por cada año que exceda de los (15), sin que el total sobre pase el
ochenta y cinco por ciento (85%).
PARÁGRAFO. El aumento de tiempo para el retiro voluntario de los
Agentes de la Policía Nacional, solo regirá para quienes al entrar en
vigencia el Decreto 3187 de 1968 no habían cumplido quince (15) años
de servicio.”.
De la anterior disposición se concluye que los Agentes de Policía que cuenten
con más de 15 años de servicio en la Institución Policial, tienen derecho a que
la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, les reconozca y pague una
asignación de retiro equivalente al 50% del monto de liquidación, que se
incrementa en un 4% por cada año adicional, siempre y cuando el retiro se
haya producido por:
a. Disposición del director general de la Policía Nacional.
b. Incapacidad sicofísica.
c. Mala conducta comprobada
d. Haber cumplido 60 años y por,
20
No. Interno: 2471 – 2017
Demandante: Myriam Sofía Mattos de Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
e. Conducta deficiente.
Igualmente dispone que se benefician con asignación de retiro del 50%, los
Agentes que se retiran por solicitud propia, después de 20 años de servicio en
la Policía Nacional.
Así las cosas, para acceder a la asignación de retiro contemplada en el artículo
58 del Decreto 609 de 1977, se requiere que el Agente cumpla con los
requisitos allí establecidos, esto es, haber prestado servicio por más de 15
años y que el retiro se haya producido por las causales anteriormente
señaladas, o por retiro voluntario, pero con 20 años de servicio.
Conforme con lo anterior, se encuentra acreditado que el señor Oscar Vargas
Aguilera fue retirado del servicio por mala conducta comprobada, es decir, que
en su caso se presenta una de las causales establecidas en el artículo 58 del
Decreto 609 de 1977, por lo que era menester acreditar más de 15 años de
servicio, para acceder al reconocimiento de la asignación de retiro,
presupuesto que como se advirtió en líneas anteriores, no cumple, puesto que
realizado el conteo de los tiempos de servicios prestados a la Policía Nacional,
en su condición de Agente, únicamente laboró un total de 14 años, 3 meses
y 12 días, razón por la cual no tenía derecho al reconocimiento de la
asignación de retiro, y la correspondiente sustitución a la demandante, en su
condición de beneficiaria del señor Vargas Aguilera, como en forma errada lo
consideró el a quo en la sentencia apelada.
La Sala no desconoce que, en el expediente administrativo allegado por la
Policía Nacional en el curso de la primera instancia, aparece el Extracto de la
Hoja de Vida del Agente Vargas Aguilera, en la cual se registró como tiempo
de servicios 16 años y 4 meses, y fue la prueba que tuvo en cuenta el a quo
para acceder al reconocimiento de la asignación de retiro. Sin embargo, tal y
como se dejó analizado anteriormente, realizada la sumatoria de los tiempos
de servicios prestados por el señor Oscar Vargas y que se encuentran
acreditados en el plenario, se pudo establecer con claridad, que solo fueron
14 años, 3 meses y 12 días, que se desempeñó como Agente de la Policía
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Demandante: Myriam Sofía Mattos de Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Nacional, en el cual se le incluyó los tiempos dobles reconocidos por la
institución, conforme a las certificaciones allegadas al proceso. No entiende la
Sala, porque el a quo da pleno valor probatorio a dichos documentos, que si
bien fueron allegados por la entidad, ya que conforman el cuaderno
administrativo, omitió realizar un estudio detallado de la respetiva sumatoria
de los tiempos de servicios efectivamente prestados, para advertir que aun
cuando lo registrado en las certificaciones, no han sido tachadas de falsas, no
corresponden a la realidad, y por ende, no le da derecho para acceder al
reconocimiento de la asignación de retiro, como en forma desacertada lo
realizó el a quo en la sentencia apelada.
Así las cosas, al encontrar que no cumple con los presupuestos consagrados
en la ley, para acceder a la asignación de retiro, la sentencia de primera
instancia deberá ser revocada, para en su lugar, negar las pretensiones de la
demanda, sin analizar los otros argumentos presentados por la entidad
demandada, por considerarlos innecesarios.
III. DECISIÓN
La Sala revocará la sentencia proferida el 24 de marzo de 2017, por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, mediante la cual se accedió a las pretensiones
incoadas, teniendo en cuenta que del material probatorio allegado al
expediente, se pudo constar que el señor Oscar Vargas Aguilera, no reunió los
15 años de servicio a la Policía Nacional, para ser acreedor al reconocimiento
de la asignación de retiro y la consecuente sustitución de la misma a la
demandante, en razón a que realizada la sumatoria de los tiempos de
servicios, junto con los tiempos dobles reconocidos por la institución, solo se
acreditó 14 años 3 meses y 12 días, servicios que no le dan derecho a la
prestación pretendida.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,
22
No. Interno: 2471 – 2017
Demandante: Myriam Sofía Mattos de Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
FALLA
REVÓCASE la sentencia proferida en el curso de la audiencia llevada a cabo
el veinticuatro (24) de marzo de dos mil diecisiete (2017) por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, por medio de la cual accedió a las pretensiones
de la demanda incoada por la señora MYRIAM SOFÍA MATTOS DE VARGAS,
en contra de la NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, POLICÍA
NACIONAL, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
En su lugar, se dispone:
PRIMERO.- DENIÉGASE la totalidad de las pretensiones de la demanda,
conforme a lo señalado en la parte considerativa del presente proveído.
SEGUNDO.- RECONÓZCASE a la doctora GEISEL RODGERS POMARES,
abogada con T. P No. 176.340 del Consejo Superior de la Judicatura, como
apoderada de la entidad demandada, en los términos y para los efectos del
poder visible a folio 140 a 144 del expediente.
TERCERO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente) Ausente en comisión
SANDRA LISETT IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
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