Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02519-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02519-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-02519-00
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez
9 de junio de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02519-00
Demandante: Yolanda Briceño Bueno y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02519-00
Demandante: YOLANDA BRICEÑO BUENO Y ÁLVARO ZIPAQUIRÁ TRIANA
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECRETARÍA DE LA SECCIÓN
SEGUNDA Y DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL
Temas: Acción de tutela por la falta de radicación y reparto de la demanda
de nulidad simple que radicaron en el aplicativo Web de “recepción
demandas en línea”. Carencia actual de objeto.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por los señores Yolanda Briceño Bueno
y Álvaro Zipaquirá Triana contra la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de
Estado y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
1.1. El 5 de mayo de 2022, los señores Yolanda Briceño Bueno y Álvaro Zipaquirá
Triana interpusieron acción de tutela con el objeto de que se amparen los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia, que estimaron vulnerados por la Secretaría de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. En
consecuencia, propusieron, textualmente, las siguientes pretensiones:
PRIMERA. Se tutelen los derechos fundamentales de los señores YOLANDA BRICEÑO BUENO
y ÁLVARO ZIPAQUIRA TRIANA a la dignidad humana, artículo 1; la igualdad, artículo 13; al libre
desarrollo de la personalidad; artículo 16; al derecho de petición; artículo 23; debido proceso,
artículo 29; a la libre escogencia de profesión u oficio; artículo 26; protección especial de los
discapacitados o sujetos en condición de debilidad manifiesta, artículo 47; la seguridad social,
artículo 48; al trabajo, artículo 53; a la carrera administrativa; artículo 125 y acceso a la
administración de justicia; artículo 229 de la Carta Política, respectivamente.
SEGUNDA. Ordenar a la RAMA JUDICIAL “OFICINA DE REPARTO” y CONSEJO DE ESTADO
“SECCIÓN II”, que, en el término de 48 horas, contadas a partir de la notificación de la
providencia que resuelva la presente tutela, realice de manera efectiva y eficaz la
correspondiente asignación de despacho de conocimiento de la acción de nulidad simple,
radicada el 18 de marzo de 2022 mediante la plataforma de “recepción de demandas en línea”,
(https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/demandaenlinea) y directamente al CONSEJO DE
ESTADO, mediante correo electrónico fechado a 19 de abril de 2022 (por requerimiento de la
oficina de reparto de esa entidad).
(…)
2. Hechos y argumentos de la tutela
2.1. El 18 de marzo del 2022, los demandantes radicaron, a través del aplicativo Web
de “recepción demandas en línea” de la Rama Judicial, demanda de nulidad simple
contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Instituto Nacional de Metrología, para
que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos:
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Demandante: Yolanda Briceño Bueno y otro
• Acuerdo 0333 del 28 de noviembre del 2020, “Por el cual se convoca y se
establecen las reglas del Proceso de Selección, en las modalidades de Ascenso y
Abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema
General de Carrera Administrativa de la planta de personal del INSTITUTO
NACIONAL DE METROLOGÍA DE COLOMBIA -INM- identificado como Proceso
de Selección No. 1511 de 2020 - Nación 3”.
• Acuerdo Modificatorio 0060 del 11 de marzo de 2021, “Por el cual se modifica
parcialmente el artículo 16° del Acuerdo No. 20201000003336 del 28 de noviembre
del 2020”.
• Resolución No. 516 del 18 de diciembre de 2020, mediante el cual se adopta el
manual específico de funciones y de competencias laborales para la planta de
personal del Instituto Nacional de Metrología (INM).
• Decreto 062 del 21 de enero de 2021, “Por el cual se modifica la estructura del
Instituto Nacional de Metrología - INM”.
• Decreto 063 del 21 de enero de 2021, “Por el cual se modifica la planta de personal
del Instituto Nacional de Metrología -IMN”
• Resolución 40 del 4 de febrero de 2021, “Por la cual adopta el manual de funciones,
requisitos y competencias laborales para la planta de personal del Instituto
Nacional de Metrología (INM) atendiendo los decretos de reestructuración y
modificación de planta”.
2.1.1. Además, señalaron que con la demanda se solicitó el decreto de la medida
cautelar tendiente a suspender provisionalmente los efectos del Acuerdo CNSC 0333
de 2020 y el acuerdo modificatorio CNSC 0060 de 2021.
2.2. Que la Rama Judicial, vía correo electrónico, confirmó la recepción de la demanda
con el número 386436.
2.3. Que, sin embargo, pasaron más de tres semanas sin aparecer radicada y repartida
la demanda. Que, por lo tanto, solicitaron a la Secretaría de la Sección Segunda y a la
presidencia de esta Corporación información sobre el reparto de la demanda, “toda
vez que a la fecha no se cuenta con acta de reparto ni con número de radicado”.
2.4. Que, el 8 de abril de 2022, la Presidencia del Consejo de Estado señaló que
“revisada la sede electrónica de gestión judicial SAMAI y el módulo de consulta
unificada de procesos en la página web de la Rama Judicial no se encontró información
relacionada con el medio de control instaurado”.
2.5. Por su parte, el 18 de abril del 2022, la Secretaría Sección Segunda del Consejo
de Estado solicitó a los demandantes que "a fin de atender la solicitud, informarán “si
la demanda fue radicada por la ventanilla virtual, la fecha y las partes del proceso”.
2.6. Que luego de atender el requerimiento y adjuntar las pruebas de la radicación de
la demanda, dicha dependencia, mediante correo electrónico del 19 de abril del 2022,
les solicitó a los demandantes “que con el fin de darle mayor celeridad a la radicación
de su demanda, proceda a remitir como respuesta a este correo electrónico, la
demanda y los anexos que pretende radicar en la Corporación”.
2.7. Indicaron que ese mismo día dieron respuesta al requerimiento y mediante correo
electrónico remitieron la demanda y sus anexos con la finalidad de que quedara
efectivamente radicada y se procediera a la designación de un despacho judicial de
conocimiento.
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2.8. Que, a pesar de lo anterior, a la fecha de presentación de la demanda de tutela,
no se ha procedido a radicar y repartir la demanda de nulidad simple que presentaron
contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Instituto Nacional de Metrología.
2.9. Explicó que si bien no existe un término para que la rama judicial asigne un
proceso a un despacho de conocimiento, lo cierto es que la demora en dicho trámite
perjudica y afecta los derechos fundamentales de los demandantes, más aún cuando
se solicitó el decreto de medidas cautelares para evitar un perjuicio irremediable.
3. Trámite
3.1. Por auto del 12 de mayo de 2022, el Despacho Sustanciador admitió la demanda
de tutela, denegó la medida cautelar solicitada y ordenó notificar, en calidad de
demandados, al Presidente del Consejo de Estado, a la Secretaría de la Sección
Segunda de la misma Corporación y al director ejecutivo de administración judicial.
3.2. La Secretaría General del Consejo de Estado realizó las notificaciones ordenadas
en el auto admisorio, mediante correos electrónicos del 18 de mayo de 20221.
4. Intervenciones
4.1. El Presidente del Consejo de Estado explicó que, en el marco de sus
competencias, atendió de manera oportuna la petición elevada por los demandantes,
“en la medida en que realizó la búsqueda del proceso indagado y pidió que se allegara
más información para guiarlo en su propósito” y se remitió la respuesta al correo
electrónico suministrado.
4.1.1. Que, respecto de los demás asuntos referidos en el escrito de tutela, “deberán
ser atendidos por la Presidencia y la Secretaría de la Sección Segunda de esta
Corporación, en atención a lo dispuesto en los artículos 9º y 56 del Acuerdo 080 de
2019 -reglamento interno del Consejo de Estado-, que establece las funciones de los
presidentes de salas y secciones de la Corporación, quienes desempeñarán, en lo
pertinente, la función de « […] 6. Verificar el reparto de los asuntos […]», y respecto
de los secretarios, recibir las demandas y sus anexos e impartir el trámite
correspondiente a los expedientes, entre otras”.
4.2. La Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado informó que la
demanda de nulidad simple presentada por los señores Yolanda Briceño Bueno y
Álvaro Zipaquirá Triana fue radicada el 12 de mayo de 2022 con el número de radicado
11001032500020220030500 (2340-2022), correspondiéndole al magistrado Rafael
Francisco Suárez y que pasó al despacho el 18 de mayo siguiente.
4.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no intervino, pese a que,
como se vio, fue notificada de la admisión de la demanda de tutela.
CONSIDERACIONES
1. De la acción de tutela. Generalidades
1.1. La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas
las personas reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos
fundamentales que sean vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de
cualquier autoridad o de los particulares, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.
1.2. La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa,
1 De conformidad con el índice 8 de Samai.
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salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
determinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los
argumentos que proponga el demandante.
2. Planteamiento y solución del problema jurídico
2.1. Previo a cualquier pronunciamiento sobre el fondo del asunto, la Sala estima
necesario determinar si, en este caso, se presentó una carencia de objeto por hecho
superado.
2.2. Como se sabe, el fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza
principalmente por hacer que la orden impartida por el juez en la sentencia de tutela
se torne inocua. Es decir, que resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie
de fondo frente a la vulneración o amenaza de derechos fundamentales.
2.2.1. En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la
carencia actual de objeto puede presentarse a partir de dos eventos que sugieren
consecuencias distintas: el hecho superado y el daño consumado 2. En particular, el
hecho superado se configura cuando se pone fin a la situación que generaba la
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales. Al respecto, ha dicho la Corte
Constitucional:
3.4 Pues bien, a partir de allí, la Corte ha aclarado que el fenómeno de la carencia actual de
objeto se produce cuando ocurren dos situaciones específicas: (i) el hecho superado y (ii) el daño
consumado. Así las cosas, la primera hipótesis “se presenta cuando, por la acción u omisión
(según sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal
manera que “carece” de objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha
comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras que componen la
expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela”. Es decir, el
hecho superado significa la observancia de las pretensiones del accionante a partir de una
conducta desplegada por el agente transgresor. En otros términos, la omisión o acción
reprochada por el tutelante, ya fue superada por parte del accionado. También se ha señalado
que se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, entre otras circunstancias, por
ausencia de interés jurídico o sustracción de materia.
2.3. En el caso concreto, el 18 de marzo de 2022, los señores Yolanda Briceño Bueno
y Álvaro Zipaquirá Triana vía correo electrónico, presentaron demanda de nulidad
simple a través del aplicativo Web de “RECEPCIÓN DEMANDAS EN LÍNEA” de la
Rama Judicial, sin que, a la fecha de presentación de la acción de tutela (5 de mayo
de 2022), se hubiere realizado la radicación ni reparto.
2.4. Al respecto, la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la
intervención realizada en la presente acción de tutela, informó que:
(…) revisado el sistema de gestión judicial SAMAI, se observa que en esta Sección figura radicado
el proceso No. 11001032500020220030500 (2340-2022), actor: YOLANDA BRICEÑO BUENO Y
OTRO, el cual fue radicado y repartido el 12 de mayo de 2022, correspondiendo al despacho del
H. Magistrado Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas y el 18 de mayo de 2022 entró al despacho
para considerar la admisión de la demanda y el traslado de la solicitud de suspensión provisional.
En la fecha, vía correo electrónico se informó a la señora Briceño Bueno los datos del proceso
enunciado. Se adjunta soporte.
2.5. Además, la Sala encuentra que la respuesta fue enviada al correo electrónico
señalado por los demandantes, como se puede ver a continuación:
2 Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007 y T-585 de 2010, ambas con ponencia del magistrado Humberto
Antonio Sierra Porto, y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
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Demandante: Yolanda Briceño Bueno y otro
2.5.1. Adicionalmente, de la revisión del aplicativo Samai, la Sala corroboró que
efectivamente la demanda ya fue radicada, repartida y se encuentra al despacho del
magistrado ponente para que se decida sobre su admisión. Veamos:
2.6. Como se corrigió la conducta que se reprochaba de la autoridad demandada,
carece de objeto cualquier pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela, en
los términos del artículo 26 del Decreto 2591 de 19913. La solicitud de amparo perdió
cualquier motivo que la justifique.
3 Decreto 2591 de 1991. ARTÍCULO 26. CESACIÓN DE LA ACTUACIÓN IMPUGNADA. Si, estando en curso la
tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada,
se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes.
El recurrente podrá desistir de la tutela, en cuyo caso se archivará el expediente.
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2.7. En consecuencia, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
FALLA
1. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, por las razones
expuestas en esta providencia.
2. Notificar a las partes de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Si no se impugna, enviar el expediente a la Corte Constitucional para lo de su
cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL
Presidente BASTO
Ausente con permiso
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ
ARGÜELLO
Cuando el desistimiento hubiere tenido origen en una satisfacción extraprocesal de los derechos reclamados por el
interesado, el expediente podrá reabrirse en cualquier tiempo, si se demuestra que la satisfacción acordada ha
resultado incumplida o tardía.
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