Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00305-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00305-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2022-00305-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00305-00 (2340-2022)
Demandantes: Yolanda Briceño Bueno y Álvaro Zipaquirá Triana
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil e Instituto Nacional de
Metrología
Tema: Insuficiencia de los cargos propuestos para desvirtuar la presunción
de legalidad de los actos demandados.
Decisión: Negar las pretensiones de la demanda.
1. La Sala decide la demanda de nulidad interpuesta contra:
• El Acuerdo 0333 del 28 de noviembre de 20201 y el Acuerdo 0060 del 11 de marzo
de 20212, expedidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil (en adelante,
CNSC).
• La Resolución 516 del 18 de diciembre de 20203 y la Resolución 040 del 4 de
febrero de 20214, emitidas por el Instituto Nacional de Metrología.
• Los Decretos 0625 y 0636 del 21 de enero de 2021 proferidos por el Gobierno
nacional.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1 «Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección, en las modalidades de
Ascenso y Abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de
Carrera Administrativa de la planta de personal del Instituto Nacional de Metrología de Colombia –INM–
identificado como Proceso de Selección No. 1511 de 2020 – Nación 3».
2 «Por el cual se modifica parcialmente el artículo 16º del Acuerdo No. 20201000003336 del 28 de
noviembre del 2020, por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección, en las
modalidades de Ascenso y Abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al
Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal del Instituto Nacional de Metrología de
Colombia – INM – identificado como Proceso de Selección No. 1511 – Nación 3, modificado por el artículo
segundo del Acuerdo No. 20211000000506 del 15 de febrero del 2021».
3 «Por la cual se adopta el manual específico de funciones y competencias laborales para la planta de
personal del Instituto Nacional de Metrología».
4 «Por la cual adopta el manual de funciones, requisitos y competencias laborales para la planta de
personal del Instituto Nacional de Metrología atendiendo los decretos de reestructuración y modificación
de planta».
5 «Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Metrología».
6 «Por el cual se modifica la planta de personal del Instituto Nacional de Metrología».
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Radicación: 11001-03-25-000-2022-00305-00 (2340-2022)
Demandantes: Yolanda Briceño Bueno y Álvaro Zipaquirá Triana
2. La demanda de nulidad contra los actos administrativos controvertidos se
interpuso con fundamento en los siguientes hechos y cargos:
3. Mediante el Decreto 4175 de 2011 se escindieron algunas funciones de la
Superintendencia de Industria y Comercio para crear el Instituto Nacional de Metrología
(en adelante, INM), unidad administrativa especial de carácter técnico, científico y de
investigación, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y
presupuestal.
4. La CNSC emitió el Acuerdo 0333 de 28 de noviembre de 2020 con la finalidad de
convocar a concurso de méritos en las modalidades de ascenso y abierto para proveer
las vacantes de carrera disponibles en el INM.
5. Mediante la Resolución 516 del 18 de diciembre de 2020 se adoptó el manual
específico de funciones y de competencias laborales para la planta de personal del INM.
6. El 21 de enero de 2021 se expidieron los Decretos 062 y 063 de 2021, por medio
de los cuales se modificó la planta de personal del INM y se crearon nuevos cargos en
esa entidad.
7. Posteriormente, se expidió la Resolución 040 de 2021, por medio de la cual se
estableció un nuevo manual de funciones y competencias laborales para el INM.
Concepto de la violación
8. Para la parte demandante los actos administrativos controvertidos incurrieron en
las causales de nulidad por falta de competencia, desconocimiento de las normas
superiores en que debían fundarse, expedición irregular, falsa motivación y desviación
de poder. Manifestó que los vicios se configuraron con base en los siguientes
argumentos:
9. Los accionantes consideran que vulneró los fines esenciales del Estado y la
función pública, toda vez que los acuerdos emitidos no cumplen con los principios de
mérito y eficiencia, lo cual afecta el interés general y los objetivos esenciales de la carrera
administrativa.
10. Se quebrantó el principio de legalidad, así como los principios de seguridad jurídica
y confianza legítima porque a las personas interesadas en la convocatoria se les sometió
a pruebas presuntamente discriminatorias, en las que se evaluaron aspectos no solo
académicos y de experiencia, sino también físicos y de adaptación psicosocial.
11. Adujeron que el trato discriminatorio se presentó particularmente en relación con
el examen médico pues el resultado de «apto» o «no apto» no tiene sustento legal. Para
la parte demandante la convocatoria vulneró los principios de igualdad, mérito y acceso
a la función pública al establecer el examen médico como requisito clasificatorio
condicionado al resultado “apto”, sin una justificación objetiva y razonable, lo que
configura un trato discriminatorio.
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12. Así las cosas, se sostuvo que la exigencia del examen médico como requisito
clasificatorio implica la introducción de criterios de diferenciación basados en condiciones
físicas o de salud, que pertenecen al ámbito personal del individuo, lo cual puede derivar
en un trato discriminatorio, en la medida en que tales condiciones no dependen de la
voluntad del aspirante ni necesariamente guardan relación directa con la idoneidad para
el ejercicio del empleo público.
13. En similar sentido, también se reprochó que los costos del examen los deban
asumir los participantes, lo que, en su criterio, da lugar a una exclusión socioeconómica
que impacta de manera desproporcionada en las personas con recursos económicos
limitados.
14. Sostuvieron que el manual de funciones, las necesidades del servicio y los
requerimientos de la entidad deben estar acordes con los requisitos y las actividades
desempeñadas en cada cargo. En este caso particular, dicha correspondencia no se
cumple en los cargos de los subdirectores de Metrología Física y de Metrología Química
y Biología, ya que no se les exige desarrollar actividades de investigación, pero dentro
de sus funciones sí deben adelantar proyectos de esa naturaleza.
15. Además, señalaron que existen incongruencias entre las actuaciones de la
administración y el concurso de méritos, dado que el INM emitió varios actos en los que
reformó su planta de personal y adoptó un nuevo manual de funciones. Sin embargo, a
pesar de estos cambios, la convocatoria no fue modificada para ajustarse a las nuevas
circunstancias fácticas y jurídicas de la entidad.
16. Finalmente, alegaron que en los concursos de méritos los ciudadanos confían en
que las reglas de la convocatoria se cumplirán de manera efectiva, sin circunstancias que
sugieran una intención oculta contraria a los fines esenciales del Estado. Por lo anterior,
manifestaron que la imposición de requisitos arbitrarios y discriminatorios genera una
brecha entre los aspirantes que acceden al empleo público por mérito y aquellos que
pueden cumplir subjetivamente tales exigencias. Para los accionantes, este escenario
podría conllevar al clientelismo en la selección de empleados públicos.
Contestaciones de la demanda
17. La CNSC se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas por la parte
demandante y, para tal efecto, alegó que la demanda no era clara, cierta ni concreta, lo
que, a su juicio, impide realizar un juicio abstracto de legalidad.
18. Además, señaló que no ha incurrido en ningún favorecimiento o clientelismo
respecto de los aspirantes, pues la convocatoria, sus modificatorios y su anexo técnico
fueron expedidos de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004.
19. En este orden, sostuvo que aplicó correctamente el examen médico, cuyo
propósito es valorar el estado de salud, detectar patologías y evaluar las condiciones
físicas de cada participante para el desempeño del cargo al que aspira, así como la
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prueba de personalidad, cuyo objetivo es indagar sobre aspectos cognitivos, emocionales
y conductuales de las personas, sin que con ello configure un trato discriminatorio.
20. Finalmente, sostuvo que la convocatoria se basó en el manual de funciones
vigente para el momento en que se inició el proceso de selección y que las modificaciones
realizadas con posterioridad por el INM no afectan la legalidad de dicho proceso.
21. El INM se opuso a la prosperidad de las pretensiones incoadas, grosso modo,
porque considera que los actos administrativos enjuiciados se profirieron conforme a
derecho y porque la parte demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad
dado la generalidad e indeterminación de los cargos propuestos.
Trámite de sentencia anticipada
22. Mediante auto del 16 de noviembre de 2023 se dispuso el trámite de sentencia
anticipada, en los términos del artículo 182A del CPACA, al advertirse la concurrencia de
las causales previstas en los literales a), b) y c) del numeral 1 de dicha disposición. Para
tal efecto, se resolvió sobre el decreto de pruebas y se fijó el litigio.
23. Posteriormente, mediante providencia del 22 de febrero de 2024, se corrió traslado
a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para rendir
concepto.
Alegatos de conclusión
24. La CNSC sostuvo que para iniciar el proceso de selección y expedir el acto de
convocatoria tuvo en cuenta el manual específico de funciones y competencias laborales
vigente para ese momento. Asimismo, señaló que no tiene competencia para la adopción,
modificación, actualización o derogatoria de los manuales de funciones, pues dicha
atribución corresponde a la entidad beneficiaria del concurso.
25. La parte accionante reiteró los argumentos expuestos en la demanda.
26. El INM solicitó negar las pretensiones de la demanda al considerar que los actos
administrativos cuestionados —relativos a la adopción y modificación del manual
específico de funciones, así como a la reestructuración de la entidad y al proceso de
selección de personal— fueron expedidos dentro del marco de las competencias legales
y constitucionales de la entidad. Señaló que el manual de funciones constituye un
instrumento esencial para la gestión del empleo público, en cuanto define las funciones,
competencias y requisitos de los cargos, conforme a lo previsto en la Constitución, la Ley
909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015.
27. Igualmente, adujo que los demandantes no demostraron los supuestos vicios de
nulidad alegados, pues los reproches esgrimidos son ambiguos y abstractos. En
consecuencia, afirmó que dichos actos se encuentran amparados por la presunción de
legalidad y que, al no haberse demostrado los cargos formulados en la demanda, deben
desestimarse las pretensiones de la demanda.
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28. El Ministerio Público guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
29. De conformidad con lo previsto en el artículo 149 del CPACA, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en única
instancia de la nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del
orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan
funciones administrativas en el mismo nivel. A su vez, el artículo 13 del Acuerdo 080 de
2019, reglamento interno del Consejo de Estado, consigna que la Sección Segunda está
facultada para decidir los procesos de simple nulidad de actos administrativos que versen
sobre asuntos laborales.
Problemas jurídicos
30. De conformidad con los cargos formulados por la parte demandante, los
argumentos de defensa expuestos por las entidades demandadas y el auto que fijó el
litigio, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en determinar si los actos
administrativos enjuiciados fueron expedidos con infracción de las normas en que debían
fundarse, con falta de competencia, con expedición irregular, con falsa motivación o con
desviación de las atribuciones propias del funcionario que los profirió.
31. En este orden, se deberá resolver si la exigencia del examen médico, en los
términos previstos en el Acuerdo No. 0333 de 2020 y sus actos modificatorios, como
requisito clasificatorio dentro del proceso de selección es discriminatorio por lo que
vulnera los principios de igualdad, mérito y acceso a la función pública, por carecer de
una motivación suficiente y de una relación razonable con las funciones del empleo.
Análisis de los problemas jurídicos
32. La Sala negará las pretensiones de la demanda porque los cargos formulados y el
concepto de la violación expuestos por la parte accionante no son suficientes para
desvirtuar la presunción de legalidad de los actos demandados. En efecto, en relación
con el cargo contra el examen médico se advierte que el reproche fue expuesto de
manera general sin relacionarlo con los empleos específicos ofertados en la convocatoria.
33. En este sentido, el artículo 2.2.6.3 del Decreto 1083, en especial su numeral 7, le
otorgan a la CNSC la facultad para establecer las pruebas a aplicar, clase, carácter
eliminatorio o clasificatorio, puntaje mínimo aprobatorio y el valor dentro del concurso; lo
anterior de conformidad con los requisitos y el perfil de competencias de los empleos
ofertados.
34. Si bien es cierto que la CNSC pueden establecer requisitos y pruebas dentro de
los concursos de méritos, tales exigencias deben cumplir dos condiciones: (i) guardar una
relación directa con las funciones del empleo, y (ii) estar debidamente motivadas, de
manera que se justifique su necesidad dentro del proceso de selección.
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35. Es por ello por lo que la CNSC cuenta con discrecionalidad para definir, por medio
del acto de convocatoria, las clases de pruebas que ha de aplicar en un determinado
proceso de selección, siempre y cuando estas permitan evaluar el mérito de los
aspirantes con objetividad, transparencia e igualdad y en relación con las funciones de
los empleos ofertados7.
36. En este asunto, la parte demandante no tuvo en cuenta que de conformidad con
lo establecido en los artículos 3 y 16 del Acuerdo 333 de 2020 (convocatoria demandada)
el examen médico solo fue establecido para algunos cargos y no para todos los empleos
ofertados. Al respecto es importante tener en cuenta lo dispuesto en el acto demandado:
Artículo 16: (…) El examen médico y prueba de ejecución se aplicará únicamente a los
aspirantes que superen las pruebas de competencias funcionales (las cuales tienen
carácter eliminatorio) y que se hayan inscrito en alguno de los siguientes empleos:
OPEC DENOMINACION DEL EMPLEO CODIGO GRADO
15526 Profesional Especializado 2028 17
15065 Profesional Especializado 2028 16
14171 Profesional Especializado 2028 15
13532 Profesional Especializado 2028 14
138038 Profesional Especializado 2028 13
34008 Profesional Universitario 2044 10
132205 Profesional Universitario 2044 09
68887 Profesional Universitario 2044 03
1558 Profesional Universitario 2044 01
37. A su vez, en el anexo técnico, que forma parte integral de la convocatoria
demandada, se explicó que el examen médico tenía como objetivo determinar las
condiciones de salud necesarias para el desempeño de las labores en espacios bajo
condiciones de humedad o temperatura baja.
38. En este orden, para la Sala poder determinar si tal exigencia es desproporcionada
y puede llegar a ser discriminatoria se debió realizar un juicio de contrastación entre las
funciones de cada uno de los cargos reseñados y la justificación del examen. Como
quiera que la parte demandante no realizó tal juicio, la Sala se abstendrá de ahondar en
razonamiento y negará este cargo.
39. Así las cosas, es pertinente recordar que, si bien «la Jurisdicción de lo Contencioso
está facultada para interpretar la demanda, no es posible suplantar la obligación del
demandante de alegar adecuadamente sus reclamos y de probar los supuestos de la
demanda»8.
7 Al respecto, véanse, entro otras, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5
de octubre de 2023, Rad. No. 11001-03-25-000-2021-00350-00 (1811-2021) y Corte Constitucional,
Sentencia C-172 de 2021.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicado
1100103-25-000-2016-00146-00 (0658-16). En similar sentido pueden consultarse las siguientes
sentencias proferidas por esta corporación: i) del 24 de febrero de 2022, radicado: 76001-23-33-000-2013-
00151-01 (4392-2018); ii) del 3 de febrero de 2022, radicado: 25000-23-42-000-2016-04361-01 (5517-
2019); y iii) del 22 de marzo de 2013, radicado 63001-23-31-000-2010-00110-01 (19136).
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40. En similar sentido, aunque se enunciaron diversas normas que se consideran
vulneradas, lo cierto es que no se expuso de forma concreta la manera en que el
contenido de los actos acusados contraviene tales disposiciones, ni se desarrolló un juicio
de confrontación normativa suficiente que permita evidenciar la supuesta infracción del
ordenamiento jurídico.
41. La argumentación presentada para controvertir los actos demandados fue
expuesta de maneral general, sin precisar si los reproches y cargos iban dirigidos a un
acto en particular. En este orden, en cada cuestión planteada no se explicó si la ilegalidad
invocada recaía en todos o algunos de las decisiones administrativas demandadas.
42. Los reproches se limitaron a afirmaciones generales sobre la supuesta afectación
de principios como el mérito, la eficiencia, la legalidad, la seguridad jurídica o la confianza
legítima, sin desarrollar suficientemente un juicio de confrontación normativa entre el
contenido de los acuerdos, resoluciones y decretos demandados y las disposiciones
constitucionales o legales invocadas como infringidas.
43. Asimismo, las aseveraciones relativas a la presunta existencia de pruebas
discriminatorias dentro del proceso de selección, a la incongruencia entre el manual de
funciones y las actividades asignadas a ciertos cargos fueron formuladas sin precisar las
circunstancias concretas que permitan establecer la configuración de alguno de los vicios
de nulidad alegados.
44. Así las cosas, las afirmaciones y reproches realizados en el concepto de la
violación no permiten que se advierta la ilegalidad de los actos administrativos
demandados. En consecuencia, se negarán las pretensiones de la demanda.
Condena en costas
45. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma no significó un apartamiento o
alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia. La pretensión del legislador fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, únicamente en asuntos de interés público; creando así una excepción a la regla
general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.
46. En este contexto, el artículo 188 del CPACA establece que, por regla general, no
habrá condena en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de interés público; y que,
excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este escenario cuando la
demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal. La norma hace referencia
a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo particular al abordar asuntos de
provecho general o común que pueden ser promovidos por cualquier persona y no
persiguen el reconocimiento de derechos subjetivos en favor de un sujeto determinado.
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47. En el caso concreto, se tiene que la acción fue incoada en ejercicio del medio de
control de nulidad, el cual trasciende de la esfera particular a la general al abordar asuntos
de interés común que pueden ser promovidos por cualquier persona y no persigue el
reconocimiento de derecho subjetivo alguno. Adicionalmente, no se advierte que la
demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal, toda vez que se
plantearon sendos cuestionamientos jurídicos contra los actos administrativos
demandados que debieron ser analizados tanto al decidir la medida cautelar como en la
sentencia. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en el presente
proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
III. RESUELVE
PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. NO CONDENAR en costas en el presente proceso.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y ARCHIVAR el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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