Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02530-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02530-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02530-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
16 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D. C. dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022).
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02530-00
Accionante: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA
NACIONAL – CASUR
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA
Tema: Tutela contra providencias judiciales / Derecho
fundamental al debido proceso / Proceso ejecutivo /
Defecto sustantivo / Reconocimiento y pago de la
asignación de retiro / Contenido del título ejecutivo /
Decreto 1212 de 1990
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR, quien actúa
por conducto de apoderada1, contra el Tribunal Administrativo del
Cauca, por la presunta vulneración de derechos fundamentales
ocurrida con ocasión de la expedición de la providencia de 31 de
marzo de 2022, proferida dentro del proceso ejecutivo radicado
número 19001-33-33-003-2018-00049-01.
1
La abogada Lizeth Andrea Mojica Valencia.
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I. ANTECEDENTES
La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia se fundamenta en los
siguientes:
1. HECHOS
El señor Humberto Lozano Rincón presentó demanda ejecutiva en
contra de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (en
adelante CASUR) con el fin que se librara mandamiento de pago por
las sumas que adeudaba la entidad conforme con lo ordenado en la
sentencia de 15 de enero de 2015, dictada por el Juzgado Quinto
Administrativo de Descongestión del Circuito de Popayán, que ordenó
el reconocimiento de su asignación de retiro.
El proceso correspondió al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
de Popayán que, a través de sentencia de 2 de diciembre de 2019,
ordenó seguir adelante con la ejecución. Contra dicha decisión se
interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal
Administrativo del Cauca que, por medio de sentencia de 31 de marzo
de 2022, confirmó lo fallado en primera instancia.
2. PRETENSIONES
Solicita la parte accionante lo siguiente:
«PRIMERO. – Que el H. Consejo de Estado tutele la protección los
derechos fundamentales de mi prohijada a la Igualdad (Articulo 13
C.N.), al acceso a la Administración de Justicia (artículo 229 Ibidem) y
al debido proceso (artículo 29 Ibidem).
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SEGUNDO. – Se deje sin efectos la sentencia No. 053 de 31 de marzo
2022, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVA DEL CAUCA MP DR.
JAIRO RESTREPO CÀCERES, dentro del proceso ejecutivo, radicado
19001 33 33 003 2018 00049 01,notificada mediante correo
electrónico el día 07 de abril de 2022, dentro del proceso ejecutivo
19001 33 33 003 2018 00049 01, a través de la cual se resolvió el
recurso de apelación impetrado y estimó en su decisión “PRIMERO.-
CONFIRMAR de la Sentencia No. 261 del dos (2) de diciembre de dos
mil diecinueve (2019) proferida por el Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito de Popayán, teniendo en cuenta las consideraciones
expuestas en esta providencia. SEGUNDO.- CONDENAR en costas a la
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, en 0,5% de
las condenas, conforme lo expresado en precedencia.”
TERCERO. – Se le ordene al señor M.P. Dr. JAIRO RESTREPO CÁCERES,
adscrito al Tribunal Administrativo del Cauca o a quien haga sus veces
al momento del cumplimiento del fallo de amparo, dictar nueva
providencia en la que se dé estricto cumplimiento a la norma que rige
el caso objeto, particularmente el Decreto 1212 de 1990 y se abstenga
de incorporar una liquidación del crédito a la Sentencia que resolvió el
recurso de alzada interpuesto por mi representada, por cuanto ha
omitido dar cumplimiento a las etapas y oportunidades que tienen las
partes y el Juez en el desarrollo del proceso ejecutivo, específicamente
la establecida en artículo el artículo 446 del Código General del
Proceso.
CUARTO. – Que el Juez de tutela dicte providencia de remplazo en el
evento que la accionada sean renuentes en el cumplimiento de la orden
constitucional.
QUINTO. – Que se impartan las demás órdenes, previsiones y
comunicaciones conforme lo exija la naturaleza de esta acción de
tutela.
[…]». (sic en toda la cita)
3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Sostiene la parte accionante que el Tribunal Administrativo del Cauca,
con la expedición de la providencia de 31 de marzo de 2022, incurrió
en:
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Defecto sustantivo: por cuanto las normas sobre derechos
laborales y prestaciones contenidas en el Decreto 1091 de 1995
rigen para aquellos uniformados que ingresaron nuevos en la
Policía Nacional en el nivel ejecutivo, pero no para los
suboficiales trasladados como es el caso del señor Humberto
Lozano Rincón.
Por lo anterior, considera que en la sentencia acusada se aborda
el asunto de manera errada porque se usa un postulado que es
aplicable por una parte para el régimen prestacional contenido
en el Decreto 1212 de 1990 y por otra parte extrae a beneficio
del ejecutante lo que le es favorable del Decreto 1091 de 1995,
lo que demarca flagrantemente la violación del principio de
inescindibilidad normativa, situación injusta y desproporcionada
que trasgrede sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia.
4. TRÁMITE PROCESAL
Mediante auto de 11 de mayo de 2022, esta Subsección admitió la
acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal
Administrativo del Cauca, como accionado, y al señor Humberto
Lozano Rincón, como tercero interesado en las resultas del proceso,
para que ejercieran su derecho de defensa.
Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el
presente asunto.
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5. INTERVENCIONES
5.1. El Tribunal Administrativo del Cauca, a través del magistrado
Jairo Restrepo Cáceres, solicitó que se desestimen las pretensiones de
la acción de tutela, porque no se ha violado derecho fundamental
alguno y la totalidad de actuaciones adelantadas se ajustaron a las
previsiones normativas y jurisprudenciales aplicables.
Manifestó que el Tribunal Administrativo del Cauca en ningún
momento desatendió las garantías constitucionales de CASUR, pues
aplicó en debida forma los parámetros legales y jurisprudenciales
analizando en su integridad la prueba obrante en el expediente,
garantizando su derecho al debido proceso, aducido erróneamente
como vulnerado.
Indicó que lo que pretende la demandante con la acción de tutela es,
una vez más, reabrir el debate respecto una situación particular que
desfavorece sus intereses, pues no se demuestra sino la intención de
utilizarla como un medio alternativo, adicional o complementario al
que en su momento adelantara la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
5.2. El señor Humberto Lozano Rincón, actuando por conducto de
apoderado, solicitó que se rechace por improcedente la acción de la
referencia, por cuanto la tutela se instituyó como mecanismo procesal
inmediato, efectivo, ágil, preferente, de tramitación sumaria,
subsidiario y residual de protección de los derechos fundamentales en
los casos en que por acción o por omisión de las autoridades públicas
aquello resulten vulnerados, y no como una instancia adicional para
debatir nuevamente lo ya resuelto por el juez natural de la causa.
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II. CONSIDERACIONES
1. COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución
Política:
«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señala este decreto».2
Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales, por la acción u omisión
de las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.
2. PROBLEMA JURÍDICO
De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que
el problema jurídico se circunscribe a responder si:
¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos fijados
en la jurisprudencia para su procedibilidad contra providencias
judiciales?
2
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
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De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:
¿El Tribunal Administrativo del Cauca, con la expedición de la
sentencia de 31 de marzo de 2022, dictada dentro del proceso
ejecutivo radicado número 19001-33-33-003-2018-00049-01,
incurrió en un defecto sustantivo y, por consiguiente, en la
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia de la parte accionante?
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) los
requisitos de procedibilidad, iii) el defecto sustantivo y iv) el caso
concreto.
3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
3.1. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando estos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello,
atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
3
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
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administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda
los límites que la carta le impone.
Ahora bien, al ser la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el
ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el
contexto del proceso.
De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que
tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el
principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los
jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia
efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son:
i. Que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente
relevancia constitucional. Sobre este punto, corresponde al juez
de tutela, señalar de forma clara y precisa las razones por las
cuales el asunto a resolver tiene tal entidad que afecta derechos
fundamentales de alguna de las partes.
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ii. Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se
encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro
está, que se busque evitar un perjuicio irremediable.
iii. Que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez.
iv. Que la irregularidad procesal devenga en sustancial.
v. Identificación de la situación fáctica que devino en la
vulneración de derechos.
vi. Que no se trate sentencias de tutela.
3.1.1. En el presente caso, advierte la Sala de Subsección que la
pretensión de amparo es de marcada relevancia constitucional, en la
medida en que se contrae a establecer de manera central si la parte
accionada incurrió en la violación de los derechos fundamentales ya
señalados.
Así mismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo; y se
tiene, igualmente, que la interposición del mecanismo se dio en un
lapso «razonable y proporcionado», por cuanto la providencia
cuestionada se profirió el 31 de marzo de 2022 y la acción de tutela
se presentó el 6 de mayo de 2022.
No se trata de irregularidades procesales ni de una tutela contra
tutela.
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3.2. DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO
De conformidad con la jurisprudencia constitucional4, el defecto
material o sustantivo se origina en primer término, cuando la
autoridad judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia,
fundamenta su decisión en normas que son inexistentes o
inconstitucionales5, es decir, se da en los casos en que la autoridad
judicial se basa en, «(i) una norma no aplicable al caso, ya sea,
porque la norma, (a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó
cuando fue derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es
inexistente, (d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e) está
vigente y es constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a
la cual se aplicó, (ii) su interpretación no se encuentra dentro del
margen de interpretación razonable o es errada, (iii) no se da
aplicación a las sentencias con efecto erga omnes, que son aquellas
de aplicación general, (iv) la norma aplicada se torna
injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, y
finalmente, (v) cuando un poder concedido al juez por el
ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no previsto en la
disposición»6.
En este orden de ideas, se produce cuando la decisión «(vi) se funda
en una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión
del análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando
desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en
concreto, (viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende
afecta derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de
4
Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-567 de
2015, entre otras.
5
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
6
Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
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argumentación se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el
juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una
manifiesta violación de la Constitución»7.
4. CASO CONCRETO
En el presente asunto, se resuelve la acción de tutela instaurada por
CASUR, actuando por conducto de apoderada, en contra del Tribunal
Administrativo del Cauca, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, ocurrida con ocasión de la expedición de la sentencia de 31
de marzo de 2022, proferida dentro del proceso ejecutivo radicado
número 19001-33-33-003-2018-00049-01.
La parte accionante señala que se incurrió en un defecto sustantivo,
por cuanto las normas sobre derechos laborales y prestaciones
contenidas en el Decreto 1091 de 1995, rigen para aquellos
uniformados que ingresaron nuevos en la institución en el nivel
ejecutivo, pero no para los suboficiales trasladados como es el caso
del señor Humberto Lozano Rincón, por lo que considera que se
aborda el asunto de manera errada al aplicar un postulado que rige
por una parte para el régimen prestacional contenido en el Decreto
1212 de 1990 y por otra extrae a beneficio del ejecutante lo que le es
favorable del Decreto 1091 de 1995.
Para resolver, esta Sala de Subsección considera:
De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se
advierte que el Tribunal Administrativo del Cauca fundamentó su
7
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
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decisión en el título ejecutivo que constituye la sentencia de 15 de
enero de 2015, mediante la cual el Juzgado Quinto Administrativo de
Descongestión del Circuito de Popayán (i) declaró la nulidad parcial
del acto administrativo expedido por CASUR por medio del cual le
había reconocido una asignación de retiro en favor del señor
Humberto Lozano Rincón, (ii) ordenó el reconocimiento y pago de la
asignación con el guarismo máximo, esto es en un 95% teniendo en
cuenta que laboró por más de 30 años en la institución y con la
inclusión de las partidas dispuestas en el artículo 140 del Decreto
1212 de 1990, acreencias que percibía antes de su homologación a
partir del 16 de abril de 2008.
En la sentencia acusada se indicó que la asignación de retiro en favor
del señor Lozano Rincón se reconoció con los parámetros previstos en
el Decreto 1212 de 1990 y pese a que ostentaba el grado de
comisario para el momento del retiro de la institución, aquel por la
Ley 180 de 1995, luego de su homologación hacia el nivel ejecutivo,
preservó los beneficios en materia pensional incluidos en el régimen
de los suboficiales, lo cual era un incentivo para fomentar el ingreso al
nuevo nivel ejecutivo de la entidad.
Por lo anterior, el Tribunal considera que si bien las condiciones de la
prestación a reconocer mantienen el régimen y prerrogativas del
Decreto 1212 de 1990, estos se deben liquidar teniendo en cuenta la
asignación básica que devengaba en señor Lozano Rincón para el
momento de su retiro, es decir la de comisario.
Sobre ello, indicó:
«En consonancia, para dar respuesta al problema jurídico arriba
planteado, esta Corporación encuentra que las partes en sus
intervenciones coinciden en afirmar que para el momento del retiro el
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señor Humberto Lozano Rincón tenía el grado de Comisario – Nivel
Ejecutivo en la Policía Nacional, por ende, sería una condición
regresiva en materia laboral y pensional, permitir que CASUR liquide
la asignación de retiro del Comisario retirado con una asignación
básica que no corresponde a la última labor desempeñada, pues
además de ser de menor valor según se comprueba en la certificación
allegada por la misma entidad, tampoco respeta los derechos
adquiridos por el actor desde el mismo momento de su homologación
desde el grado de suboficial hacia el nivel ejecutivo en el año 1995».
Dicha posición fijada en la decisión acusada encuentra fundamento en
la jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual ha tratado casos
semejantes en los que el personal de la Policía Nacional a pesar de
haber ingresado en el nivel ejecutivo de la institución en virtud de
homologación, fueron acreedores a su asignación de retiro conforme
con el régimen establecido en el Decreto 1212 de 1990, sin que por
dicha situación se pudiera inferir o concluir que debía omitirse para la
liquidación de la misma el último salario que ostentaba al momento
de su retiro.
Al respecto, el Tribunal Administrativo del Cauca se basó en la
posición que ha sostenido la Sección Segunda8 de esta corporación
para los casos en los cuales:
«Al ser declarado nulo el parágrafo dos del artículo 25 del Decreto
4433 de 2004, norma cuyos destinatarios eran los miembros del nivel
ejecutivo que habían ingresado antes de la vigencia del referido
decreto, esto es el 30 de diciembre de 2004, (sin que se discrimine
entre los homologados y los de incorporación directa), se tiene que
para determinar la normatividad aplicable para el reconocimiento de
la asignación de retiro para los miembros del nivel ejecutivo hay que
en primer lugar descartar las normas que perdieron vigencia, esto es,
los Decretos 1091 de 1995, 2070 de 2003 y 4433 de 2004, par. 2 del
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, (i) sentencia del 11 de
abril de 2018, Rad. 25000-23-42-000-2015-01949-01, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez (ii) sentencia del 7
de septiembre de 2018, Rad. 25000-23-42-000-2015-01064-01(4247-17), C.P. Sandra Lisset Ibarra
Vélez.
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art. 25, como se explicó anteriormente, y en segundo lugar hay que
remitirse a la normas vigentes que regulan el reconocimiento de la
asignación de retiro para los miembros de la Policía Nacional, es decir,
los Decretos 1212 y 1213 de 1990, que por disposición del parágrafo
del artículo 7 de la Ley 180 de 1995 , constituían para ese momento
los mínimos para quienes estando al servicio de la Policía Nacional
decidieron ingresar al Nivel Ejecutivo.
[…]
Así las cosas, […] los efectos de la sentencia de nulidad se retrotraen
al momento en que nació el acto administrativo viciado de nulidad, sin
que ello afecte las situaciones consolidadas o los derechos reconocidos
bajo el amparo de la disposición anulada. Igualmente, la sentencia de
nulidad que recaiga sobre un acto de carácter general, afecta las
situaciones particulares que no se encuentren consolidadas, esto es,
que al momento de producirse el fallo se debatían o eran susceptibles
de debatirse ante las autoridades administrativas o ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo».
Asimismo, en lo relacionado con los miembros de la Policía Nacional
que son acreedores de la asignación de retiro pese a que ingresaron a
la homologación en el nivel ejecutivo, la sentencia de 31 de marzo de
2022 utilizó el precedente fijado por el Consejo de Estado9 en el cual
se señala que, de acuerdo con el régimen de transición de la Ley 923
de 2004, no debe distinguirse entre el tipo de vinculación para efectos
de garantizar las expectativas legítimas de quienes se encontraban en
servicio activo, a saber:
«A la altura de lo enunciado, es pertinente señalar que al demandante
no se le puede aplicar el Decreto 1858 del 2012 para el
reconocimiento de la asignación de retiro, pues de hacerlo se
desconocería que el régimen de transición establecido en la Ley 923
del 2004 (ley marco o cuadro), la cual garantizaba la expectativa para
que la situación de quienes se encontraban en servicio activo de la
Policía Nacional, sin distinción alguna en cuanto al tipo de vinculación
9
Consejo de Estado – Sección Segunda. Sentencia del 5 de octubre del 2017. Radicado
180012333000201400085 01 (3034-2016). Consejera: Sandra Lisset Ibarra Vélez
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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02530-00
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Policía Nacional
al Nivel Ejecutivo, continuara rigiéndose por el Decreto 1212 de 1990,
en lo que tiene que ver con el tiempo de servicio».
En este orden de ideas, no encuentra esta Sala de Subsección que se
haya incurrido en un defecto sustantivo, por cuanto la decisión de 31
de marzo de 2022 aplicó la normativa vigente para concluir que se
debe reconocer la asignación con la integridad del régimen previsto en
el Decreto 1212 de 1990, siendo esto lo ordenado en el título
ejecutivo, pero teniendo como base del IBL el salario del nivel de
comisario que ostentaba el señor Lozano Rincón para la fecha de su
retiro.
Así las cosas, teniendo en cuenta que las conclusiones a las que llegó
la parte accionada para resolver el caso no obedecieron a un capricho
o arbitrariedad, sino que se basaron en las normas jurídicas aplicables
al asunto, no se encuentra que se haya incurrido en ninguna de las
causales específicas de procedibilidad, situación que impone negar la
acción de tutela presentada por la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional – CASUR, actuando por conducto de apoderada, en
contra del Tribunal Administrativo del Cauca.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
IV. FALLA
PRIMERO.- NIÉGASE el amparo solicitado mediante la acción de
tutela presentada por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02530-00
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Policía Nacional
Nacional – CASUR, actuando por conducto de apoderada, en contra
del Tribunal Administrativo del Cauca, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.
TERCERO.- De no ser impugnada la decisión, REMÍTASE el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
de la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
ACLARACIÓN DE VOTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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