Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02563-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02563-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-02563-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
2 de junio de 2022
Demandante: José Grigelio Rodríguez Gómez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02563-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., dos (2) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02563-00
Demandante: JOSÉ GRIGELIO RODRÍGUEZ GÓMEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN B
Temas: Tutela contra providencia judicial – declara la improcedencia de la
acción por no cumplir con el requisito de subsidiariedad
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el señor José Grigelio
Rodríguez Gómez contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Mediante escrito presentado el 9 de mayo de 20221, el señor José Grigelio Rodríguez
Gómez, por conducto de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, con el fin de obtener el amparo
de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, así como de los principios a la seguridad jurídica “y a la legalidad”.
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con la expedición
de la providencia de 25 de noviembre de 2021, mediante la cual el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B rechazó el recurso extraordinario de revisión
identificado con el radicado 11001-03-25-000-2021-00100-00, promovido por el actor
contra la decisión que puso fin al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 19001-23-33-003-2017-00366-00, el cual se ejerció contra la
Administradora Colombiana de Pensiones – en adelante Colpensiones.
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La tutela se radicó a través de la dirección secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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Demandante: José Grigelio Rodríguez Gómez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02563-00
1.2. Peticiones de amparo constitucional
Las pretensiones de la demanda fueron las siguientes:
“Primero. Se ampare mi derecho fundamental al debido proceso y a la administración
de justicia por la vulneración de los principios constitucionales a la seguridad jurídica y
a la legalidad.
Segundo. Se revoque al Auto de 25 de noviembre de 2021 que fue emitido por la
Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado dentro del proceso descrito en
el encabezado de esta acción.
Tercero. Se profiera un nuevo auto en el que de admita la procedencia del recurso
extraordinario de revisión dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho”. (Sic para la cita)
1.3. Hechos
La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes supuestos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
El señor José Grigelio Rodríguez Gómez instauró el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra Colpensiones2, con el propósito de que se le
ordenara a la entidad reliquidar la pensión que le fue reconocida en sentencia judicial,
al aplicar a su caso el régimen establecido en la Ley 71 de 1988, con los factores
salariales indicados en el Decreto Reglamentario No. 2709 de 1994, certificados por
el empleador. También solicitó que se le indexara la primera mesada pensional y que
se le pagaran los intereses moratorios a partir de la fecha del reconocimiento de la
prestación.
El asunto lo resolvió el Tribunal Administrativo del Cauca mediante sentencia dictada
en la audiencia inicial de 4 de febrero de 2020, en el sentido de reconocer la
indexación de la primera mesada y los intereses de mora, pero, no ordenó la
reliquidación de la prestación con la inclusión de todos los factores salariales que
certificó el empleador, con fundamento en que “son únicamente los que establece el
Decreto 1158 de 1994, tal como lo ha dispuesto la Corte Constitucional en las Sentencias C-
258 de 2013 y Su-230 de 2015, acatadas y reconocidas por el Consejo de Estado por medio
de su sentencia de unificación número 20120014301 del 28 de agosto de 2018”.
Con ocasión de lo anterior, el 1° de marzo de 20213 ejerció recurso extraordinario de
revisión, el cual fue rechazado por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado a través de la providencia de 25 de noviembre de 2021 por haberse
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Radicado 52001-33-31-002-2011-00282-01
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Según la información contenida en el sistema de gestión judicial SAMAI.
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radicado extemporáneamente, de conformidad con lo estipulado en el artículo 251 de
la Ley 1437 de 2011.
1.4. Fundamentos de la solicitud
1.4.1. Si bien la parte accionante adujo que el auto de 25 de noviembre de 2021
adolece de un defecto procedimental absoluto, lo cierto es que de los argumentos se
infiere que se trata de un yerro sustantivo por cuanto indicó que la autoridad judicial
censurada fundó su decisión “en una norma taxativamente contenida en una disposición
reglamentaria, su vulneración se configura al tomarse una desmedida interpretación exegética
de la disposición invocada y constituir casi que por sí sola la ratio decidendi del auto que
rechaza la procedencia del medio de control”.
Lo anterior, por cuanto, a su juicio, el tribunal reprochado desconoció que mediante
los Decretos 491 de 28 de marzo4 y 564 de 15 de abril de 20205 expedidos por el
Gobierno Nacional, los términos de caducidad fueron suspendidos con ocasión de la
pandemia generada por la enfermedad Covid-19, razón por la cual, para la fecha en
que se radicó el recurso extraordinario de revisión (1° de marzo de 2021) no había
vencido el plazo señalado en la ley.
Adicionó que, el Consejo Superior de la Judicatura suspendió los términos judiciales
mediante el Acuerdo PCJA20-1151 de 15 de marzo de 2020, prorrogado con los
Acuerdos PCSJA20-11518 y PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526,
PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549, PCSJA20-11556 y PCSJA20-
11567.
En ese orden, concluyó que con el proveído cuestionado se le vulneraron sus
derechos al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y los principios
a la seguridad jurídica y de legalidad, debido a que no se aplicaron de manera integral,
además de las “leyes o códigos”, las disposiciones de menor jerarquía.
Finalmente, señaló que cumple con los requisitos adjetivos de procedibilidad de la
acción.
1.5. Trámite de la acción
Con auto de 13 de mayo de 2022, el despacho ponente admitió la acción de tutela y
ordenó su notificación al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; vinculó
4
“Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios
por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman
medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades
públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.”
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“Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del sistema de
justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.”
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en calidad de terceros interesados al Tribunal Administrativo del Cauca y a
Colpensiones; y finalmente requirió a la oficina de sistemas de la Corporación para
que realizara la publicación de la información relativa al proceso de la referencia en la
página web del Consejo de Estado.
1.6. Intervención
El Tribunal Administrativo del Cauca, a través de correo electrónico enviado el 20
de mayo de 2022, se limitó a allegar el expediente digitalizado del recurso
extraordinario de revisión.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor José Grigelio Rodríguez Gómez contra el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, de conformidad con lo establecido por el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el
Acuerdo 080 de 2019, de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si conforme con los argumentos expuestos en el
escrito de tutela, procede la protección de las garantías fundamentales invocadas por
la parte actora respecto de lo decidido en la providencia de 25 de noviembre de 2021,
mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B rechazó el
recurso extraordinario de revisión promovido por el señor José Grigelio Rodríguez
Gómez contra la sentencia de 4 de febrero de 2020 dictada por el Tribunal
Administrativo del Cauca en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho ejercido por el actor contra Colpensiones, por cuanto con
dicha resolutiva, a juicio del accionante, se incurrió en el defecto sustantivo.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) la
naturaleza subsidiaria de la acción de tutela; (iii) los requisitos de procedibilidad
adjetiva de la acción de tutela de la referencia y, solo en caso de encontrarse
superados; (iv) las generalidades de los defectos alegados; y (v) el análisis del caso
concreto.
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2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20126
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema7.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales8.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el
momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia
de la acción constitucional contra providencia judicial.
A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede interponer
contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado,
autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada
caso deberá probarse y, en donde el actor tendrá la carga de argumentar las razones
de la violación.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela
El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de subsidiariedad
como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que “[e]sta acción
sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto
reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
6
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
7
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
8
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
9
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Del texto de la norma referida se evidencia que, cuando existen otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no
a la tutela.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia10.
Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que la
protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto reservado
exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos judiciales deben
buscar la defensa de aquellos.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Para la Sala resulta necesario precisar que, el caso objeto de estudio está
revestido de relevancia constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio origen
a la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las
pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora
solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a
la administración de justicia, así como los principios a la seguridad jurídica y de
legalidad.
De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto se evidencia una tensión o
contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de los derechos
fundamentales alegados por la parte actora, en tanto a su juicio, la autoridad judicial
incurrió en el defecto sustantivo, por lo que se evidencia que trasciende un estudio de
lo meramente legal.
2.5.2. La acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia de la
misma naturaleza, puesto que la providencia judicial que censura la parte accionante
fue proferida en el marco del recurso extraordinario de revisión identificado con el
10
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución
y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el
contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la
Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada
una de las jurisdicciones.”
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02563-00
radicado 11001-03-25-000-2021-00100-00, promovido por la parte actora contra la
providencia de 25 de noviembre de 2021 dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 19001-23-33-003-2017-00366-00.
2.5.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la providencia
censurada fue proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
el 25 de noviembre de 2021, la cual fue notificada vía electrónica el 22 de marzo de
2022, y por estado electrónico el 25 siguiente, razón por la que sin que sea necesario
determinar la fecha en que quedó ejecutoriada, resulta ser un término que a juicio de
la Sala es razonable por cuanto el mecanismo constitucional fue interpuesto el 9 de
mayo de 2022, es decir, antes de transcurridos 6 meses.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201411, en la que
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los
criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200512, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales y
reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de
los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.
2.5.4. Frente al agotamiento de los medios de defensa judicial, en consonancia
con la postura de la Sala,13 se advierte que este requisito no se cumple en el asunto
de la referencia, en atención a que la providencia que se cuestiona a través de este
mecanismo constitucional es la proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B con fecha de 25 de noviembre de 2021, en la que la referida autoridad
rechazó el recurso extraordinario de revisión elevado por el señor José Grigelio
Rodríguez Gómez, contra la cual procede el mecanismo de súplica de conformidad
con lo estipulado en el artículo 246 de la Ley 1437 de 2011:
“ARTÍCULO 246. SÚPLICA. <Artículo modificado por el artículo 66 de la Ley 2080 de
2021. El nuevo texto es el siguiente:> El recurso de súplica procede contra los siguientes
autos dictados por el magistrado ponente:
1. Los que declaren la falta de competencia o de jurisdicción en cualquier instancia.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12
“c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.”
13
Entre otras, ver: (i) sentencia de 18 de julio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2019-00467-01,
M.P. Rocío Araújo Oñate; (ii) sentencia de 3 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2017-
01702-00, M.P. Rocío Araújo Oñate; y (iii) sentencia de 1° de septiembre de 2016, expediente 11001-
03-15-000-2016-00820-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02563-00
2. Los enlistados en los numerales 1 a 8 del artículo 243 de este código cuando sean
dictados en el curso de la única instancia, o durante el trámite de la apelación o de los
recursos extraordinarios.
3. Los que durante el trámite de la apelación o de los recursos extraordinarios; los
rechace o declare desiertos.
4. Los que rechacen de plano la extensión de jurisprudencia.
Este recurso no procede contra los autos mediante los cuales se resuelva la apelación
o queja.
(…)
c) Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y sustentarse por
escrito ante quien lo profirió dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación o a la
del auto que niega total o parcialmente la reposición. En el medio de control electoral
este término será de dos (2) días.” (Énfasis propio)
Conforme con lo establecido en la norma ejusdem, en el caso objeto de estudio
procedía el recurso de súplica, debido a que la providencia cuestionada a través de
esta solicitud de amparo es el auto proferido por el magistrado ponente de la
Subsección B, de la Sección Segunda del Consejo de Estado que rechazó por
extemporáneo el recurso extraordinario de revisión promovido contra la sentencia de
4 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, con la cual se
definió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el
actor contra Colpensiones.
Al respecto, es preciso resaltar que la acción de tutela es un medio de carácter residual
y subsidiario que procede únicamente cuando no existen otros medios de defensa
judiciales idóneos, razón por la cual no puede ser utilizada como una acción alternativa
para sustituir los trámites judiciales que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para el
efecto.
Esta Colegiatura recalca que en el marco de esta acción no se pueden desplazar o
suplantar los medios judiciales comunes con los que cuentan los ciudadanos, máxime
cuando estos son idóneos y eficaces.
En conclusión, la solicitud de amparo no constituye un mecanismo alternativo a los
recursos de defensa consagrados en la ley, ni puede convertirse en una tercera
instancia a la que se pueda recurrir con el fin de controvertir unos argumentos que
deben ser materia de estudio por el juez natural, pues permitir tal posibilidad
desconocería que la acción de tutela es un instrumento de carácter residual y
subsidiario para la protección de los derechos fundamentales, máxime, si se tiene en
cuenta que no estamos ante la existencia de un perjuicio irremediable que justifique
la intervención del juez constitucional.
En atención a los argumentos expuestos, resulta evidente que en el sub examine no
procede la intervención del juez constitucional, por tanto, habrá de declararse la
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improcedencia del trámite de la referencia por no cumplir con el requisito de la
subsidiariedad.
2.6. Conclusión
La Sala de Decisión declarará improcedente la solicitud de tutela promovida por el
señor José Grigelio Rodríguez Gómez contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, por no satisfacer el análisis relativo al agotamiento de los medios
judiciales.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por el señor José
Grigelio Rodríguez Gómez contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Si no se impugna esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
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(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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