RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-02569-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02569-00

Fecha
9 de junio de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02569-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO en la acción de tutela ejercida por Pilar Margarita Amador Rojas y Hilde Criosontt Farías en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-02569-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

9 de junio de 2022

Demandantes: Pilar Margarita Amador Rojas y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda
Rad: 11001-03-15-000-2022-02569-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02569-00
Demandantes: PILAR MARGARITA AMADOR ROJAS Y HILDE CRIOSONTT
FARÍAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN F

Temas: Tutela de fondo – Carencia actual de objeto por hecho superado
– mora judicial

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela formulada por Pilar
Margarita Amador Rojas y Hilde Criosontt Farías en contra del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F1.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado el 10 de mayo de 2022 por correo electrónico al buzón
web de la Secretaría General de esta corporación, la abogada Pilar Margarita
Amador Rojas actuando como apoderada de la señora Hilde Criosontt Farías
presentó en causa propia pero también en representación de su poderdante acción
de tutela contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección F.

2. Con la solicitud de amparo, la abogada Amador Rojas pretende que se
amparen los derechos fundamentales de ella y de su representada, al debido

1
Pese a que no se especificó en el escrito de tutela que la solicitud de amparo se dirigía en contra
de esta Subsección, de las pruebas que obran en el plenario se evidencia que es de está autoridad
judicial la que se predica la supuesta mora judicial que dio origen a esta acción constitucional.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Demandantes: Pilar Margarita Amador Rojas y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda
Rad: 11001-03-15-000-2022-02569-00

proceso, de acceso a la administración de justicia, de petición y al trabajo “de
abogado”.

3. La parte accionante consideró vulneradas las referidas garantías
constitucionales por la demora de la autoridad judicial accionada en resolver sobre
la admisión de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho formulada por
la señora Hilde Criosontt Farías contra el Servicio Nacional de Aprendizaje – en
adelante SENA– al interior del proceso No. 25000234200020210009000.

1.2. Pretensiones

4. Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó:

Tutelar el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, EL DE ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y AL DEL TRABAJO DEL ABOGADO LITIGANTE de
mi representado y EL MIO PROPIO 2) POR LA MORA JUDICIAL en:

1. Se surta la respectiva CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA en la debida oportunidad
y forma.

2. Impartir TRÁMITE PREFERENCIAL al proceso, ya que las pretensiones se
encaminan al reconocimiento y pago de prestaciones sociales y pensión de jubilación
de una persona de 76 años de edad.

3. Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la señora MAGISTRADA que en el
término de cuarenta y ocho (48) horas, informe y de respuesta tanto al derecho de
petición como resuelva sobre la admisión de la demanda.

4. Se requiera a la señora Magistrada para que en el futuro resuelva todas las solicitudes
dentro de los términos previstos en el Estatuto General del Proceso2.
(SIC para toda la cita).

1.3. Hechos probados y/o admitidos

5. La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio
de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

6. La señora Hilde Criosontt Farías le otorgó poder a la abogada Pilar Margarita
Amador Rojas para interponer demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra del SENA.

7. En razón del anterior mandato, el 31 de agosto de 2020, la abogada Amador
Rojas, actuando en representación de la señora Criosontt Farías, presentó
demanda en contra del SENA, con el fin de que se le reconociera a esta última la
existencia de un contrato de trabajo y el pago de sus derechos laborales.

2
Folios 2-3 de la acción de tutela. Documento 5 cargado a SAMAI.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Demandantes: Pilar Margarita Amador Rojas y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda
Rad: 11001-03-15-000-2022-02569-00

8. El asunto fue repartido al Juzgado 57 Administrativo de Oralidad del Circuito
Judicial de Bogotá, que mediante auto del 21 de octubre de 2020 ordenó remitir el
proceso ordinario por competencia al Tribunal Administrativo de Oralidad de
Cundinamarca. Este expediente fue enviado a esta última autoridad, el día 2 de
febrero de 2021.

9. El 4 de febrero de 2021, el proceso fue asignado a la Subsección F – Sección
Segunda – Tribunal Administrativo de Cundinamarca e ingresó al despacho el 12
del mismo mes y año para decidir sobre la admisión de la demanda.

10. El 26 de mayo de 2021, la apoderada judicial presentó memorial en el que
solicitó la calificación de la demanda y que se le diera trámite preferencial al proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho en cuestión en atención a su naturaleza
y a la edad de la señora Criosontt Farías (76 años3). Esta petición fue reiterada por
la accionante mediante escrito del 9 de febrero de 2022, con el fin de dar impulso.

11. La parte accionante señaló que para la fecha en que presentó la demanda
de tutela, el tribunal accionado no había proferido decisión alguna relativa a la
admisión de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

1.4. Fundamentos de la vulneración

12. Las peticionarias consideraron que la autoridad judicial accionada vulneró
sus garantías fundamentales, pues no se ha pronunciado sobre la admisión del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que presentó en nombre
de la señora Criosontt Farías.

13. Además, refirió que la demandante se encuentra en el “más absoluto
abandono4” y “no cuenta con recursos económicos para su congrua subsistencia5”,
pues no “cuenta con pensión, ni otros ingresos que le permitan hacerse cargo de
[sus] necesidades básicas6”.

14. Finalmente, la abogada mencionó que como profesional del derecho ve
truncada la posibilidad de “obtener la remuneración adecuada por prestación de
servicios profesionales7” y ha propiciado “desconfianza8” de su “gestión9” por parte
de su representada.

3
Según lo dicho en la acción de tutela. Folio 2. Ibídem.
4
Folio 2 del escrito de tutela. Ibídem.
5
Ibídem.
6
Ibídem.
7
Folio 3 del escrito de tutela. Ibídem
8
Ibídem.
9
Ibídem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Demandantes: Pilar Margarita Amador Rojas y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda
Rad: 11001-03-15-000-2022-02569-00

1.5. Trámite de la acción de tutela

15. Mediante proveído de 13 de mayo de 202210, el Despacho ponente admitió
la acción de tutela y dispuso su notificación a las accionantes y a la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Subsección F.

16. Así mismo, se vinculó en calidad de tercero con interés jurídico legítimo al
Juzgado 57 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, por ser el
despacho que remitió por competencia el asunto a la autoridad judicial accionada y
que según la accionante demoró el envío del expediente.

17. Finalmente, solicitó a las Secretarías del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y del Juzgado 57 Administrativo de Oralidad de Bogotá, que
remitieran un informe de las actuaciones surtidas dentro del proceso con rad.
25000234200020210009000.

1.6. Intervenciones

18. Realizadas las notificaciones11 ordenadas de manera electrónica, se
presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Secretaría de la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca

19. La Secretaría de la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca12 rindió informe en el que señaló sobre el trámite
del proceso con radicado 25000234200020210009000, lo siguiente:

Que revisada el aplicativo de SAMAI, se observa que el expediente de nulidad fue
repartido a esta Subsección el día 4 de febrero de 2021 y fue ingresado al despacho
el 12 de febrero del mismo año.
Que el 26 de mayo de 2021 se registró memorial – derecho de petición- allegado
por la apoderada de la parte demandante, el cual ingresó al despacho en la misma
fecha.
Que el 9 de febrero de 2022 la apoderada de la parte demandante allegó memorial
de impulso procesal, el cual ingresó en la misma fecha al Despacho.
Se observa registrado auto que remite proceso por competencia de fecha 16 de
mayo el cual se notificará el 19 de mayo del año en curso13.

10
Documento 8 cargado a SAMAI.
11
Documento 15 cargado a SAMAI.
12
Documento 17 cargado a SAMAI.
13
Folio 1. Ibídem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Demandantes: Pilar Margarita Amador Rojas y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda
Rad: 11001-03-15-000-2022-02569-00

1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección F (Despacho ponente)

20. El Despacho ponente rindió informe14 en el que señaló que mediante auto del
16 de mayo de 2022, se pronunció dentro del medio de control en cuestión y declaró
la falta de competencia para conocer en primera instancia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por el factor cuantía; y que este proveído fue
notificado por estado a las partes del proceso el “17 de mayo de 2022”.

21. En razón de lo anterior, señaló que en el caso concreto se configuró un hecho
superado, dado que en el trámite de esta acción constitucional cesó la presunta
vulneración de los derechos fundamentales alegados por la parte accionante. Esto,
por cuanto si bien no admitió la demanda, si le dio trámite al proceso ordinario.

22. Finalmente, la autoridad judicial accionada señaló que por “error involuntario
con el manejo interno de los procesos digitales repartidos al Despacho no se le dio
un trámite expedito al proceso15”. Sin embargo, refirió que “se están tomando todas
las medidas necesarias para que tal situación no se presente con otros procesos
ordinarios16”.

23. El Juzgado 57 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá,
pese a que fue notificado del trámite constitucional guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la demanda presentada por las señoras
Pilar Margarita Amador Rojas y Hilde Criosontt Farías en contra del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F. Esto, de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el
artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.

2.2. Legitimación en la causa

24. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen, y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente
a quien deben reclamarse y controvertirse estas. Así estarían definidas la
legitimación en la causa por activa y por pasiva, respectivamente.

14
Documento 20 cargado a SAMAI.
15
Folio 3 del informe de contestación. Ibídem.
16
Ibídem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Demandantes: Pilar Margarita Amador Rojas y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda
Rad: 11001-03-15-000-2022-02569-00

25. Sobre el estudio de este presupuesto procesal en materia de tutela, la Corte
Constitucional, en la sentencia SU- 454 de 2016, señaló que el estudio de la
legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y
constituye un presupuesto procesal de la demanda17.

26. Con fundamento en lo anterior, la Sala procede a verificar la existencia de la
legitimación en la causa, en su orden: i) por activa y ii) por pasiva. Después, en este
mismo acápite, se realizará un análisis de la legitimidad como terceros con interés
de cada una de las personas –naturales y jurídicas– que fueron vinculados al
proceso en el auto admisorio.

2.2.1. Legitimación en la causa por activa

27. En materia de tutela, el inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el
derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales
cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento
preferente y sumario.

28. En desarrollo de lo anterior, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991
establece que cada persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí misma, mediante
representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos
vulnerados o amenazados no este en condiciones de promover su propia defensa.

29. En el caso bajo estudio, la abogada Pilar Margarita Amador Rojas actúa en
causa propia. Sin embargo, también aduce actuar en representación de la señora
Hilde Criosontt Farías. Por esto, la Sala considera pertinente estudiar su interés en
el proceso de forma separada. Esto, atendiendo a las calidades en las que tal se
presenta en esta acción constitucional, como se pasa a explicar.

30. En primer lugar, la Sala advierte que la abogada Pilar Margarita Amador
Rojas presentó la acción de tutela en nombre propio en tanto que consideró
vulnerados sus derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial
accionada.

31. Lo anterior, por cuanto como profesional del derecho y ante las demoras en
las que incurrió el operador judicial accionado para decidir sobre la admisión de la
demanda, no ha podido obtener la remuneración por concepto de los servicios
profesionales prestados a la señora Criosontt Farías; y su representada no confía
en su gestión.

17
Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sentencia T-511 de 2017. Así mismo, Corte
Constitucional, Sentencia T-318 de 2018, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de
amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del
artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de
legitimación en la causa por activa y por pasiva (…), entre otros”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Demandantes: Pilar Margarita Amador Rojas y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda
Rad: 11001-03-15-000-2022-02569-00

32. En ese sentido, esta Sección encuentra que la señora Pilar Margarita Amador
Rojas goza de legitimación para actuar en esta acción de tutela a nombre propio.
Esto porque le asiste un interés directo en este trámite constitucional, pues
considera que las garantías fundamentales que en su sentir le asisten como
abogada, se han visto vulneradas por la mora judicial en que ha incurrido el tribunal
accionado en decidir sobre la admisión de la demanda presentada como apoderada
de la señora Criosontt Farías.

33. Por otro lado, la Sala nota que la abogada Pilar Margarita Amador presentó
la acción de tutela en representación de la señora Criossont Farías, en razón del
poder que aquella le otorgó para actuar en esta acción constitucional.

34. En relación con este tema la Corte Constitucional ha estimado que la
legitimación de los abogados para instaurar la acción de tutela aduciendo
representación judicial o contractual exige la presentación de un poder especial18
para presentar la solicitud de amparo en nombre de los intereses en una persona
en punto de los derechos fundamentales que alega como vulnerados, contra cierta
autoridad o persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su
pretensión19.

35. En el caso concreto, se encuentra en el expediente de tutela el poder
especial20 conferido por la señora Hilde Criosontt Farías a la abogada Pilar
Margarita Amador Rojas para que ejerza la representación judicial de sus intereses
en esta acción constitucional.

36. Así, la Sala considera que también le asiste un interés a la profesional del
derecho Amador Rojas, debido al mandato a ella conferido para promover esta
acción constitucional en nombre de la señora Criosontt Farías.

37. En conclusión y por los motivos aquí expuestos esta Sección encuentra que
la abogada Pilar Margarita Rojas que actúa en causa propia y como apoderada
judicial de la señora Hilde Criosontt Farías.

38. Por otro lado, esta Sección nota que la señora Hilde Criosontt Farías es la
titular de los derechos fundamentales que reclama a través de su apoderada judicial.
Esto, porque es la parte demandante dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el cual se alega que se presentó demora en el
trámite de la admisión de dicha causa. En consecuencia, la tutelante goza de
legitimación en la causa por activa.

18
Código General del Proceso. Artículo 74. Poderes. “(…) El poder especial puede conferirse
verbalmente en audiencia o diligencia o por memorial dirigido al juez del conocimiento. El poder
especial para efectos judiciales deberá ser presentado personalmente por el poderdante ante juez,
oficina judicial de apoyo o notario
(…) Se podrá conferir poder especial por mensaje de datos con firma digital. (…)”.
19
Corte Constitucional. Sentencia T-768 de 2003.
20
Obra poder especial. Documento 6 cargado a SAMAI.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Demandantes: Pilar Margarita Amador Rojas y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda
Rad: 11001-03-15-000-2022-02569-00

2.2.2. Legitimación en la causa por pasiva

39. La legitimación en la causa por pasiva en la acción de tutela hace referencia
a la aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente
la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental. En
la medida que refleja la calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el
interés sustancial que se discute en el proceso”, la misma, en principio, no se predica
del funcionario que comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada,
quien finalmente será la llamada a responder por la vulneración del derecho
fundamental, en caso de que haya lugar a ello21.

40. En el caso concreto, la demanda se dirigió en contra de la Subsección F de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativa de Cundinamarca, porque la parte
accionante consideró que vulneró sus derechos fundamentales, en razón de la
presunta mora judicial en la que ha incurrido al no decidir sobre la admisión del
medio de control pluricitado. Por esto y en aras de que dicho operador judicial pueda
ejercer su derecho de defensa y contradicción se encuentra legitimado en la causa
por pasiva.

2.3. Problema jurídico

41. Con fundamento en el examen de la situación fáctica y de los argumentos
expuestos por la parte actora en el libelo introductorio y de las causales de
procedibilidad de la acción de tutela, le corresponde a la Sala dar respuesta al
siguiente interrogante

• ¿La Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, de petición y al trabajo “de abogado”
invocados por la parte accionante, en vista de que, en su sentir ha demorado
el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, al
no proferir decisión sobre su admisión?.

42. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas:
(i) las generalidades de la acción de tutela; (ii) de la carencia actual de objeto y (iii)
el análisis del caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

43. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.

21
Corte Constitucional, Sentencia T-1015 de 2016.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Demandantes: Pilar Margarita Amador Rojas y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda
Rad: 11001-03-15-000-2022-02569-00

44. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción
a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la
lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar
sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como
mecanismo transitorio.

2.5. Carencia actual de objeto

45. La Corte Constitucional ha considerado que la acción de tutela, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 Constitucional y el desarrollo
consagrado en el Decreto Legislativo 2591 de 1991 tiene como objetivo la
protección efectiva, cierta e inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos
resulten vulnerados o amenazados por las actuaciones u omisiones de las
autoridades y de los particulares, en los casos específicamente previstos por el
legislador22.

46. Al considerar la finalidad de la acción, la referida Corporación ha señalado
que, frente a una situación de hecho cuya vulneración o amenaza sea superada, en
el sentido de que la pretensión alegada se encuentre satisfecha, o cuando se ha
producido el perjuicio que se pretendía evitar por medio del amparo constitucional,
la acción de tutela resulta inocua o insustancial, es decir, “cae en el vacío”23. A la
primera de las hipótesis planteadas la jurisprudencia constitucional la ha
denominado hecho superado y, a la segunda, daño consumado.

47. Por otra parte, la Corte Constitucional24 también ha reconocido, como lo ha
hecho igualmente esta Sección recientemente25, que existen situaciones en las que
la carencia actual de objeto no necesariamente encuadra en las dos figuras jurídicas
referidas, sino que obedece a otras circunstancias asociadas a un evento posterior
a la solicitud de tutela. En esos casos, se ha considerado que la decisión que
pudiere proferir el juez de tutela resultaría igualmente inane por sustracción de
materia o por lo que en sede de unificación denominó “acaecimiento de una
situación sobreviniente”.

48. Sobre el tema cabe destacar la sentencia de unificación de jurisprudencia
sobre el tema –SU 522 de 201926–, en la que se precisó que si luego de acudir a la
autoridad judicial, “la situación ha sido superada o resuelta de alguna forma”, no
tendría sentido un pronunciamiento, puesto que “la posible orden que impartiera el

22
Corte Constitucional, ver, entre otras, las sentencias T-082 de 2015 y T-484 de 2016.
23
Consultar, entre otras, las sentencias T-496 de 2003, T-309 de 2006, T-855 de 2007, T-159 de
2014, T-484 de 2016, T-021 de 2017 y T-657 de 2017 y la T-189 del 15.05.2018, M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
24
Corte Constitucional, Sentencia T-419 de 2017, M.P. Diana Fajardo Rivera.
25
En este sentido, esta Sección se pronunció recientemente. Al respecto consultar: Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 26 de mayo de 2022.
Rad. 11001-03-15-000-2021-11570-01. C.P. Rocío Araujo Oñate.
26
Corte Constitucional, Sentencia SU-522 de 2019, M.P. Diana Fajardo Rivera
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Demandantes: Pilar Margarita Amador Rojas y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda
Rad: 11001-03-15-000-2022-02569-00

juez caería en el vacío”, siendo esta la “idea central que soporta el concepto de
carencia actual de objeto”.

49. En esa providencia la Corte aclaró que “el juez de tutela no ha sido concebido
como un órgano consultivo que emite conceptos o decisiones inocuas una vez ha
dejado de existir el objeto jurídico, sobre escenarios hipotéticos, consumados o ya
superados”.

50. Es importante hacer referencia a las subreglas que en materia de carencia
actual de objeto rigen a partir de la sentencia de unificación:

(i) En los casos de daño consumado: es perentorio un pronunciamiento de fondo
del juez de tutela (incluida la Corte Constitucional) cuando el daño ocurre durante
el trámite de la tutela; precisando si se presentó o no la vulneración que dio origen
a la acción de amparo. Además, el juez de tutela podrá, dadas las particularidades
del expediente, considerar medidas adicionales tales como: a) hacer una
advertencia a la autoridad o particular responsable para que en ningún caso vuelva
a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela; b)
informar al actor/a o a sus familiares sobre las acciones jurídicas de toda índole a
las que puede acudir para la reparación del daño; c) compulsar copias del
expediente a las autoridades competentes; o d) proteger la dimensión objetiva de
los derechos fundamentales trasgredidos y tomar medidas para que los hechos
vulneradores no se repitan;

(ii) En los casos de hecho superado o situación sobreviniente: no es perentorio que
el juez de tutela haga un pronunciamiento de fondo. Sin embargo, y especialmente
tratándose de la Corte Constitucional actuando en sede de revisión, podrá emitir un
pronunciamiento de fondo cuando lo considere necesario para, entre otros: a) llamar
la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó
la tutela y tomar medidas para que los hechos vulneradores no se repitan; b) advertir
la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes; c) corregir
las decisiones judiciales de instancia; o d) avanzar en la comprensión de un derecho
fundamental. (Subrayado fuera de texto)

2.6. Caso concreto

51. En el sub judice el alegato principal planteado por la parte accionante,
consiste en la presunta demora en que ha incurrido el Tribunal accionado en decidir
sobre la admisión del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
No. 25000234200020210009000.

52. Al revisar las actuaciones que obran en el aplicativo SAMAI y que fueron
surtidas en ese proceso ordinario27, se advierte lo siguiente:

53. El día 31 de agosto de 2020 la abogada Amador Rojas actuando en
representación de la señora Criosontt Farías presentó demanda en contra del
SENA, con el fin de que se le reconociera a esta última la existencia de un contrato
de trabajo y el pago de sus derechos laborales.

27
Según consulta realizada el 2 de junio de 2022.
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Demandantes: Pilar Margarita Amador Rojas y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda
Rad: 11001-03-15-000-2022-02569-00

54. El asunto inicialmente fue repartido al Juzgado 57 Administrativo de Oralidad
del Circuito Judicial de Bogotá que una vez asumió su conocimiento, mediante auto
del 21 de octubre de 2020 declaró la falta de competencia para conocer, tramitar y
decidir el asunto y lo remitió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para ser
repartido entre los magistrados de la Sección Segunda de esa Corporación.

55. Por lo anterior, el 4 de febrero de 2021 el proceso fue asignado a la
Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
para conocer en primera instancia sobre ese asunto e ingresado al Despacho del
ponente correspondiente, el 12 del mismo mes y año.

56. El 26 de mayo de 2021, la apoderada judicial presentó memorial en el que
solicitó la calificación de la demanda e impartir trámite preferencial al proceso, en
atención a su naturaleza y a la edad de la demandante. Esta petición fue reiterada
por mediante escrito del 9 de febrero de 2022.

57. Ahora bien, en el trámite de la presente acción de tutela, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F mediante auto
del 16 de mayo de 202228 luego de realizar “el estudio de admisión” resolvió:

PRIMERO: DECLÁRESE la falta de competencia de este Tribunal por el factor
cuantía para conocer en primera instancia el proceso de la referencia.

SEGUNDO: REMÍTASE el proceso de la referencia al Juzgado 57 Administrativo de
Bogotá (SIC), para que se le dé el trámite correspondiente.

58. Finalmente, se evidencia que la anterior providencia fue notificada a las
partes por estado fijado el día 19 de mayo de 2022, tal como se evidencia en el
sistema de consulta de la Rama Judicial:

59. De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra que lo pretendido por la
parte accionante en su escrito de tutela se limita a la tardanza en la que incurrió la

28
Documento 19 cargado a SAMAI.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Demandantes: Pilar Margarita Amador Rojas y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda
Rad: 11001-03-15-000-2022-02569-00

Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
para tramitar la demanda. Por esto, inicialmente sería del caso determinar si en el
caso en estudio se logró demostrar la mora judicial injustificada29, no obstante, lo
que se advierte es la configuración de la carencia actual de objeto por hecho
superado.

60. En otras palabras, para la Sección se configuró el fenómeno en cuestión toda
vez que entre la presentación de esta acción de tutela y el momento en que se
dictará la respectiva sentencia, se calificó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho por parte de la autoridad judicial accionada,
mediante auto del 16 de mayo de 2022 que además ya fue notificado a la parte
accionante. Por esto, ya se garantizó por completo lo pretendido en el escrito del
amparo.

61. Así las cosas, la Sala observa que comoquiera que la finalidad de la acción
de tutela de la referencia era que el Tribunal se pronunciara en la etapa de admisión
de la demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
aludido, lo cual ya sucedió en el trámite de la presente acción constitucional, al
desaparecer las circunstancias fácticas que generaron la presente solicitud de
amparo, junto con la presunta vulneración de derechos fundamentales alegada, se
entiende que se ha configurado la carencia actual de objeto, por hecho superado.

62. En este sentido, la Sala se pronunció en reciente oportunidad30 en un caso
similar:

62. En ese orden, el estudio que en este caso debería realizar el juez constitucional
carece de objeto actual, puesto que lo pretendido por la parte accionante se
circunscribía a la falta de pronunciamiento de fallo por parte de la autoridad judicial
accionada en el trámite de segunda instancia, lo cual ya se decidió.

(…)
67. En consecuencia, se declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado frente al cargo consistente en que la Sección Segunda, Subsección B
del Consejo de Estado incurrió en mora judicial, ya que, en el transcurso de la
presente acción de tutela, fue decidido lo cuestionado a través de esta vía
constitucional.

63. Por otro lado, es preciso aclarar que si bien el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F en el auto del 16 de mayo de
2022, notificado el 19 del mismo mes y año a la parte accionante, no admitió la

29
La Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada en relación con la existencia
de la mora judicial, según la cual sólo se predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos
sometidos a la competencia del juez. En el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación
al derecho de acceso a la administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes.
En el mismo sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia del 12 de mayo de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-01536-00. C.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 26 de
mayo de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-02396-00. C.P. Rocío Araujo Oñate.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Demandantes: Pilar Margarita Amador Rojas y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda
Rad: 11001-03-15-000-2022-02569-00

demanda, tal como se pretende en el escrito de tutela, ello no significa que estemos
ante una situación que de origen a una amenaza o vulneración de derechos
fundamentales.

64. Lo anterior, por cuanto se insiste que la autoridad judicial accionada ya le dio
trámite al proceso ordinario, pues luego de hacer el estudio correspondiente en la
etapa de admisión de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
resolvió declarar su falta de competencia y remitir el expediente al Juzgado 57
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá.

65. Lo precedente, pone de manifiesto que se configuró la carencia actual de
objeto por hecho superado, habida cuenta que la decisión del juez de tutela pierde
o carece de objeto cuando, al momento de proferir sentencia, se advierte que la
situación fáctica expuesta por la parte accionante ya ha sido saneada, por lo que se
insiste, desaparece toda posibilidad de amenaza o vulneración a los derechos
fundamentales aludidos.

66. En razón de lo anterior, la Sala procederá a declarar la carencia actual de
objeto frente al cargo en cuestión, esto es, frente a la posible transgresión de los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, de petición invocados por la parte accionante en el escrito de tutela.

67. Finalmente, respecto de los alegatos presentados por la abogada Amador
Rojas en el escrito de tutela relacionados con que se afectaron sus derechos porque
la ausencia en la sustanciación del proceso ordinario atrasaba el pago de sus
honorarios y daba lugar a la pérdida de confianza por parte de su cliente, la Sala
advierte que no es procedente hacer pronunciamiento alguno frente a tal cargo,
comoquiera que se configuró el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho
superado. Esto, por cuanto se reitera, que durante el trámite constitucional, el actuar
de la autoridad judicial accionada ocasionó que el supuesto fáctico –la mora en la
calificación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho– que motivó
este cargo se superara y desapareciera. Lo anterior, sin perjuicio que la Sala
recuerde en esta oportunidad que la acción constitucional no es procedente cuando
se trata de hacer efectivo el pago de honorarios profesionales. Esto porque tal como
lo ha afirmado la Corte Constitucional, la regla general que rige la administración de
justicia es que los conflictos de naturaleza contractual en los que además está en
juego un interés patrimonial, deben resolverse a través de los canales ordinarios y
a partir de los procedimientos comunes31.

68. En razón de lo anterior, la Sala procederá a declarar la carencia actual de
objeto por hecho superado, por los motivos aquí expuestos.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad

31
Corte Constitucional. Sentencia T-279 de 2016.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13

Demandantes: Pilar Margarita Amador Rojas y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda
Rad: 11001-03-15-000-2022-02569-00

de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO en la acción de tutela ejercida por Pilar Margarita Amador Rojas y Hilde
Criosontt Farías en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia
a la Corte Constitucional para su eventual revisión

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.